Con invitados, arranca en Diputados el debate por la reducción de la jornada laboral

Con la presencia de la ministra de Trabajo, se reunirá este martes la Comisión de Legislación del Trabajo para analizar siete proyectos sobre el tema. Será una reunión informativa.

Presidida por Vanesa Siley, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a partir de las 13, para comenzar a analizar los proyectos que hay sobre la reducción de la jornada de trabajo.

Según se anticipa, serán puestas a consideración siete iniciativas que hay sobre el tema. Cinco son de diputados oficialistas, a saber: Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo. Las dos restantes son de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y el socialista Enrique Estévez

La reunión contará con la participación de especialistas, dirigentes sindicales y autoridades nacionales.

Según se anticipa, estarán presentes en esta reunión informativa Raquel Cecilia Kismer de Olmos, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Claudio Marín, secretario General FOETRA y Secretario Gremial de la CTA de los Trabajadores; Ricardo Peidró, secretario General Adjunto de la CTA Autónoma. Secretario General de AAPM; Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Luis Padin, integrante de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Pablo Anino, economista, editor de Economía de La Izquierda Diario y en el programa radial El Círculo Rojo; Svenja Blanke, integrante de la Fundación Frederich Ebert; y Cristina Faciaben, secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España.

Según anticiparon fuentes legislativas, tras este diálogo social tripartito con las instituciones invitadas a participar, se espera continuar la próxima semana con el tratamiento de los proyectos para modificar la ley 11.544 que lleva 94 años de vigencia.

Los proyectos a considerar

La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de 6 horas diarias o 30 semanales; mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky -quien había anticipado el 11 de septiembre pasado el inicio de este debate-, propone que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales.

Por otro lado, el socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

La experiencia internacional

A propósito de la visita de funcionarias extranjeras, viene a cuento de conocer la experiencia de la puesta en marcha de este tema en otros países.

En España, la duración máxima de la jornada laboral es de 40 horas semanales. Allí se prevé llegar a 32 horas semanales. Un primer paso sería que en 2024 entrara en vigor una reducción para llegar a 37,5 horas semanales.

En Chile, la norma permite trabajar hasta 45 horas por semana, jornada que se redujo desde las 48 horas en 2005. Ya desde junio del año pasado, el Ministerio del Trabajo de Chile creó el sello 40 horas, certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida.

Se conformó el Grupo Parlamentario de Amistad con Portugal

Como titular fue elegida Claudia Ormachea, quien expresó su deseo de consolidar el grupo como una herramienta plural.

Representantes de distintas fuerzas políticas participaron de la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad (GAP) con Portugal. El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco del Congreso, y allí la diputada nacional del Frente de Todos Claudia Ormachea fue elegida por sus pares como presidente del GPA.

El diputado Juan Martín, de Juntos por el Cambio, fue formalizado como vicepresidente. Tras su designación, la nueva presidenta hizo saber sus colegas la voluntad de que el grupo se consolide como una herramienta plural para afianzar aún más la cooperación y los vínculos bilaterales entre Argentina y Portugal.

Una vez definidas las autoridades, los y las integrantes del GPA recibieron al Embajador de la República Portuguesa en Argentina, José Ludovice, con quien analizaron los últimos hitos de la agenda binacional, así como también las perspectivas de trabajo para los próximos años. Sobre este punto destacaron que, tal como sucede a nivel de los poderes ejecutivos, la diplomacia parlamentaria entre ambos países tiene una larga historia y tradición. Al respecto, cabe destacar que Portugal fue el primer país en reconocer la independencia argentina.

La unión de ambos pueblos producto de la inmigración, así como las confluencias en espacios multilaterales vinculados en especial al cuidado del medio ambiente y la protección del océano, fueron otros de los puntos resaltados durante la reunión de trabajo. Portugal fue sede este año de la Cumbre de los Océanos de ONU, mientras que el Congreso argentino viene trabajando hace años en leyes importantes de protección del entorno y la biodiversidad marina.

Integran el GPA con la República Portuguesa los diputados y diputadas nacionales Mónica Fein, Lucas Godoy, Carlos Heller, Susana Landriscini, Gabriela Pedrali, Hernán Pérez Araujo, Liliana Yambrún, Sabrina Ajmechet, María de las Mercedes Joury, Jimena Latorre, María Luján Rey y Gustavo Santos. Participó también de la reunión constitutiva el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo.

Tuvieron dictamen varios proyectos laborales, entre ellos uno de la izquierda

En el marco de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja se avanzó con la firma de dictámenes de casi una decena de proyectos.

Al cabo de la reunión informativa con invitados para exponer sobre el proyecto de Comisiones Mixtas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que preside Vanesa Siley se abocó al rápido debate de una serie de proyectos que no ameritaban controversia.

No hubo debate con ninguno de los proyectos, sobre los cuales solo expusieron sucesivamente sus autores, como fue el caso de Claudia Ormachea, quien aceptó los cambios introducidos al proyecto que incorpora la individualización del correo electrónico del empleador/a y el convenio colectivo aplicable al trabajador. Contó la legisladora oficialista que habá quienes solicitaban que la empresa tuviera la posibilidad de que además del domicilio electrónico se pusiera el de la empresa. “Este proyecto tiene otro artículo importante: los derechos y obligaciones necesarios corren por las partes y la modificación en el recibo de haberes, nos pareció importantísimo que esté asentado el último domicilio registrado por el trabajador de la empresa, pero fundamentalmente el convenio colectivo aplicable al trabajador, para que sepa los derechos que le asisten en cuanto a liquidaciones”.

Después fue el turno de un proyecto para que establece la gratuidad de los telegramas y cartas documentos para los trabajadores y sus derechohabientes. El proyecto era originalmente del radical Luis Petri, pero perdió estado parlamentario en 2021, por lo que volvió a presentarlo el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos), quien lo defendió diciendo que si bien la gratuidad está establecida para todos los telegramas en cuanto a los trabajadores, tenemos un caso, que es un inciso, el segundo, por el cual se amplía ese derecho para los derechohabientes y pasa en la práctica más a aquellos que nos ha tocado ser delegados de establecimientos, nos ha marcado a fuego cuando fallece el trabajador y quedan situaciones con la familia”.

El diputado contó que hay “empleadores muy responsables que acompañan a la familia, no hace falta mandarles carta documento; pero otros que muchas veces se hacen los distraídos, les niegan la liquidación final, y el trabajador al haber fallecido el derechohabeinte queda con ese problema y empiezan las dificultades. Por eso nos parece muy atinado legislar en ese sentido”. 

Luego fue el turno de un proyecto impulsado por los diputados de la izquierda, Romina del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Milman, que incluye iniciativas de los diputados del Frente de Todos Gustavo González, Paola Vesvessian y Jorge Verón. La iniciativa instituye el 17 de junio de cada año como Día nacional de los trabajadores caídos y desaparecidos en el mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte, y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades. Asimismo establece a todo el mes de junio como de memoria para los tripulantes desaparecidos en el Mar Argentino.

Habló la diputada Del Plá, para recordar que a este proyecto solo le faltaba tener dictamen de esta comisión (también pasó por Legislación General y Asuntos Marítimos), y contó que había sido unificado con el proyecto de los citados legisladores oficialistas. La idea es, contó, “visibilizar la problemática y contribuir a evitar que estas situaciones se repitan”.

Comentó también que “en los últimos veinte años hubo 52 hundimientos y hay más de 1340 tripulantes muertos o desaparecidos en el mar. En general, no hay registro de la magnitud de los hundimientos que se producen. Es un problema muy serio y por eso nos parecía muy importante que se apruebe este dictamen.

Valoró la tarea de los familiares de víctimas, uno de cuyos logros fue, dijo, constituir en 2020 un organismo técnico descentralizado que entre otras cosa logró establecer que “cada barco que sale tiene la obligación de que haya trajes de abandono para todos los integrantes de la tripulación.

También tuvo dictamen un proyecto de Vanesa Siley y otros diputados de su bancada que instituye el 23 de agosto como el Día de la Militancia Sindical, en homenaje a Felipe Vallese.

Con el hijo de Felipe Vallese presente en la reunión, María Rosa Martínez contó que “Felipe fue un militante sindical, de la UOM, también militante territorial, perteneciente a la Juventud Peronista, en años de gobiernos de dictaduras y gobiernos democráticos condicionados. Era un participante muy activo, muchas veces detenido, luchando por la vuelta del peronismo y la eliminación de la proscripción”.

Comentó luego que Vallese desapareció con otros militantes, pero fue el único que no volvió a aparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado y la policía jamás reconoció haberlo detenido. “Se supone que falleció en un hecho de tortura. También detuvieron al hijo y al hijo de 8 años de una compañera, todos brutalmente torturados”.

También tuvo dictamen un proyecto de equidad laboral que unifica iniciativas de diputadas como Silvia Lospennato, María Lucila Masín y Vanesa Siley, que deroga una iniciativa que prohíbe el trabajo de mujeres en diferentes sectores como en la actividad marítima y portuaria.

Además, se aprobó un proyecto del diputado del Frente de Todos Sergio Palazzo, que busca modificar el artículo 256 de la Ley Contrato de Trabajo respecto a los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones por créditos laborales, llevando a 5 años ese plazo que se origina durante la vigencia de la relación laboral y ampliando a 3 años el lapso de prescripción por los créditos que derivan de su extinción.

Al defender su iniciativa, Palazzo habló de “dejar de lado una ley originada de una dictadura”, y sugirió que “en algún momento todos los legisladores tenemos que dar por tierra con leyes que fueron pergeñadas por una dictadura militar”.

Asimismo se avanzó con la firma de un proyecto del diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone que el trabajador puede prestar servicios para otras empresas o por cuenta propia, salvo que ello derive de un daño cierto y determinado para su empleador o que la exclusividad de su trabajo hubiese sido expresamente pactada a cambio de una compensación económica.

Por último, se suscribió el dictamen de un pedido de informes impulsado por la  oposición sobre cuestiones relacionadas con el decreto 144/22 para que establecimientos de trabajo ofrezcan espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y  3 años de edad. Lo defendió la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) que para conseguir la firma de sus pares aclaró que la iniciativa no tenía ningún componente ideológico.

Se viene el debate sobre la reducción de la jornada laboral

El tema comenzó a instalarse en una reunión de asesores, prolegómeno del comienzo de la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados.

En lo que representa el preludio de su tratamiento en comisión entre los propios diputados, comenzaron a analizarse entre los asesores los proyectos presentados por los diputados del Frente de Todos Hugo Yasky y Claudia Ormachea que apuntan a reducir las horas de la jornada laboral, sin que esto implique una reducción de los derechos adquiridos por los trabajadores, incluyendo el salario percibido.

Los proyectos cuentan con estado parlamentario y fueron remitidos para su evaluación al grupo de asesores de diputados que son parte de la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce la oficialista Vanesa Siley.

Según pudo saber parlamentario.com, en el inicio de esas discusiones hubo aportes de todos los bloques presentes y también algunas reticencias de parte de Juntos por el Cambio. De todas maneras, según confiaron las fuentes consultadas, el debate se encuentra abierto a fines de modernizar la norma vigente en nuestro país que data de 1929 y que se pretende adecuar a los debates mundiales.

Los proyectos existentes

Como hemos dicho, hay en la actualidad dos proyectos con estado parlamentario que se refieren a la reducción de la jornada laboral. El de Hugo Yasky fue presentado el 25 de septiembre de 2020 y tiene también las firmas de sus pares Pablo Carro, Blanca Osuna, Fernanda Vallejos, Rosana Bertone, Patricia Mounier, Gladys Medina, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Claudia Ormachea y Juan Carlos Alderete.

La iniciativa modifica las leyes 11.544 y 20.744. Precisamente sustituye el artículo 1° de la Ley 11.544 estableciendo que “la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal”.

Agrega ese artículo que “la limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas”.

El proyecto establece además que “no podrá ocuparse a personas de 16 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 horas diarias o 36 semanales. La distribución desigual de las horas laborables no podrá superar las 7 horas diarias. La jornada de las personas menores de más de 16 años, previa autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, podrá extenderse a 8 horas diarias o 40 semanales”.

El proyecto de Claudia Ormachea es más reciente -data del 2 de marzo de 2022-, pero en rigor de verdad ella ya había presentado una iniciativa en ese sentido en noviembre de 2020 junto a su par tucumano Carlos Cisneros.

Esta iniciativa es más extrema, pues establece que “la duración del trabajo no podrá exceder de 6 horas diarias o 36 semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”.

La norma no comprende a los trabajos en los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. Agrega el proyecto que “la limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 6 horas diarias o 36 semanales para las explotaciones señaladas”.

También el artículo 1° señala que “la jornada máxima diaria salubre podrá ser ampliada a 7 horas diarias siempre que las tareas se desarrollen exclusivamente entre lunes y viernes”.

El artículo 2° del proyecto de Ormachea establece que “la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de 5 horas y 15 minutos, entendiéndose como tal la comprendida entre las 21 y las 6 horas”. Para casos de lugares insalubres, la duración del trabajo no deberá exceder de 4 horas y media diarias o 27 semanales.

Antecedentes

Hay en el Senado también proyectos que van en el mismo sentido, como el que presentó el jujeño Guillermo Snopek en agosto de 2021, que también limita la duración de la jornada a 6 horas diarias o 36 semanales; en tanto que ya perdió estado parlamentario una iniciativa del puntano Daniel Pérsico presentada en 2017.

También en 2017 el diputado (MC) Héctor Recalde presentó un proyecto para reducir el horario de trabajo de los menores de edad, en tanto que Facundo Moyano impulsó en noviembre de 2017 un proyecto de disminución dela jornada laboral a 40 horas semanales.

La experiencia mundial

Cuando a mediados de 2021 la entonces diputada Fernanda Vallejos salió a respaldar la reducción de la jornada laboral, puso como ejemplo el debate que el tema genera en otros países. Por caso, contó que el gobierno español había lanzado entonces una prueba piloto para establecer la semana laboral de cuatro días y destinar 50 millones de euros a empresas en su adaptación a este nuevo modelo.

En Islandia dos ensayos realizados entre 2015 y 2019 comprobaron que llevar a 35 y 36 horas semanales la jornada laboral, sin reducción de sueldo, mantuvo o mejoró la productividad al igual que la salud.

En la región, Colombia avanza en la reducción de la jornada laboral actual de 48 horas semanales, a 42. La iniciativa plantea que la reducción sea gradual, es decir, cada año se bajarían 2 horas de la jornada actual, desde 2023 y hasta 2026, hasta llegar a las 42 que prevé la ley.

En tanto, en Chile a fines de junio la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 4 días y extender los días de descanso a 3.