En su participación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que debate el Presupuesto 2023, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó la tasa de creciente del empleo asalariado como “uno de los niveles más altos de actividad que se han medido”, y señaló el compromiso del Gobierno en impulsar programas de asistencia y formación laboral. 

Al comienzo de su exposición, el ministro advirtió la “absolutamente disímil” estructura del Presupuesto 2023, en comparación a las previas iteraciones, tras la salida de la pandemia de Covid 19. 

“La situación cambió diametralmente, la realidad es que el panorama que tenemos ahora es totalmente distinto”, consideró el funcionario, por lo que en el nuevo Presupuesto “lo que hicimos fue poner más esfuerzo en programas como el Fomentar Empleo; largamos el Portal Empleo; fortalecimos las negociaciones colectivas, y lo que estamos trabajando muy fuerte también es en la asistencia a la regulación del teletrabajo, que es un fenómeno que se va a sostener”. 

En esta línea, señaló que el diagnóstico de la situación sobre el que trabajaron en este proyecto “es otro distinto del 2021 y 2020: la realidad es que los últimos datos que tenemos que son al mes de julio y agosto, es que la tasa de creciente del empleo asalariado privado es del 0,6 y es una tasa muy alta para la Argentina, significa 36 mil puestos de trabajo mensuales. Y esta tasa se viene casi repitiendo, entre el 0,4 y el 0,6 durante los últimos 19 meses. A diferencia del momento anterior que estábamos en una situación de empleo decreciente, hoy estamos en una situación de empleo creciente a tasas altas para lo que es la historia argentina”. 

“Hoy tenemos uno de los niveles más altos de actividad que se han medido, que es 47,9; una de las tasas de desempleo más bajas que es 6,9 y creemos que puede seguir bajando; la mayor cantidad de inscriptos en el sistema de seguridad social; y la mayor cantidad de trabajadores”, agregó en este sentido. 

En este punto, destacó, además que desde que se cuentan con estadísticas, estamos ante la mayor cantidad de mujeres trabajadoras registradas: “Si bien todavía es una población más afectada por el desempleo que los hombres, hoy la reducción de la tasa de desempleo de las mujeres ha sido muy marcada, y hoy es el mayor número de cantidad de mujeres trabajadoras ocupadas”. 

En cuanto a los convenios colectivos, advirtió que, “pese a la aceleración inflacionaria que hemos tenido, al mes de agosto la inflación acumulada estaba en 56,4% y el promedio de los convenios colectivos estaba en 57,1%. La realidad es que frente a un fenómeno como inflaciones altas y poco previsibles como las que tuvimos estos meses, la negociación colectiva viene demostrando que va ajustando salarios con la inflación”. 

Por otra parte, respecto a lo que están viendo para el 2023, consideró que, ante el panorama donde el empleo y la actividad económica están creciendo, “buscamos apuntar a otros aspectos, sobre todo lo que es fomentar, que va a estar apuntado a determinadas poblaciones que son las más afectadas por el desempleo: mujeres, jóvenes, mayores de 45, diversidades sexuales, discapacitados. Vamos a concentrar esfuerzos no en poblaciones generales, si no en específicas”. 

Asimismo, aseguró que concentrará muchos esfuerzos en formación profesional, y advirtió las dificultades que tienen las empresas en contratar trabajadores especializados: “En periodos de crecimiento del empleo como este, la cantidad de empresas que suele declarar tener puestos sin cubrir es aproximadamente el 4%, la realidad de hoy es que estamos casi en el 13% por no encontrar gente con las habilidades necesarias”, y reiteró: “En nuestro presupuesto, una de las principales actividades en el fomentar va a ser insistir en lo que son entrenamientos y formación profesional”. 

Sobre el final de su exposición, Moroni señaló que en 2023 promoverán la inserción de empleo laboral formal productivo de poblaciones vulnerables, priorizando las Medianas y Pequeñas Empresas: “En la actualidad, los programas de inserción laboral alcanzan a 32 mil trabajadores, estamos estimando para diciembre de 2023 elevar esa cifra a 56 mil trabajadores”. 

En este sentido, indicó que los programas de entrenamiento para el trabajo en este momento están en 157 mil, y “esperamos llegar a diciembre del 2023 a 272 mil entrenamientos para el trabajo. En general estos programas han dado muy buen resultado, porque quien pasa por un entrenamiento para el trabajo, que ya es dentro de una empresa, tiene varias veces más probabilidades de ser contratado que quien no ha pasado nunca por una formación de este tipo”. 

“Hoy estamos en 160 mil personas formando parte de cursos de formación y esperamos llegar a través del Portal Empleo llegar a 300 mil en diciembre del 23. En total, lo que engloba el programa FomentAR y todos los programas de empleo esperamos llegar a 500 mil personas”, precisó el ministro. 

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) participa de la 110° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebra del 27 de mayo hasta el 11 de junio, en Ginebra (Suiza). La entidad argentina está representada por la doctora Verónica Sánchez, prosecretaria a cargo del Departamento de Política Laboral y Social, quien fue nombrada Consejera Técnica Titular por el Sector Empleador argentino. 

La reunión convoca a representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores de los 187 Estados miembros, quienes debaten sobre las principales problemáticas que actualmente enfrenta el Trabajo en el mundo. Durante el primer día del encuentro, se eligió a Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina, como presidente de la Conferencia durante su duración. 

Comprometida desde hace años con la tarea de analizar la importancia de la Hotelería, la Gastronomía y el Turismo en el desarrollo de las relaciones laborales, la Federación integra este foro tripartito con labores específicas en la Comisión Normativa que aborda el tema “Aprendizajes”. La Comisión elaborará un instrumento de recomendación sobre los aprendizajes de calidad y prácticas profesionales, que se transformará en una Norma Internacional del Trabajo. 

También forman parte de la CIT las Comisiones de Cuestiones Financieras, Aplicación de Normas, Asuntos Generales, Empleo, Trabajo Decente, Economía Social y Solidaria, y Verificación de Poderes. 

Las Comisiones comienzan sus trabajos el 30 de mayo. Las sesiones plenarias se celebrarán entre el 6 y el 11 de junio. El 10 de junio, una Cumbre de alto nivel sobre el Mundo del Trabajo analizará el tema “Abordar las múltiples crisis mundiales: Promover la recuperación y la resiliencia centradas en las personas“. 

La Conferencia tiene la misión prioritaria de impulsar políticas y programas para la promoción del trabajo decente, los derechos laborales, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social como herramienta para superar los distintos temas que se plantean en materia laboral en el mundo.  

La OIT es la única agencia de las Naciones Unidas que está conducida por una estructura tripartita, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, quienes comparten experiencias y comparan políticas nacionales. 

El diputado nacional Hugo Yasky (FdT) lanzó críticas este jueves hacia el interior del Gobierno y cuestionó que hay “un Ministerio de Trabajo absolutamente ausente” que “realiza trámites administrativos y tiene una especie de compulsión por acordar con la UIA, que en realidad hace que uno se pregunte ¿cuál es el papel del Ministerio de Trabajo?”.

Al recordar que este Ministerio “fue creado por el peronismo”, el legislador señaló que “era para poder compensar la asimetría de la relación entre el poderoso, que es el empresario, y el débil, que es el trabajador”, con el “objetivo muy claro de siempre bancando la posición del trabajador”. Pero hoy “veo más cerca de la UIA al ministro de Trabajo (Claudio Moroni) que de la posición del laburante”, disparó.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores opinó además que, en el orden económico, hace falta tomar medidas que “tienen que ver con el coraje político y la predisposición a enfrentarse con los poderosos”.

“Creo que el ministro (Martín) Guzmán apostó a tranquilizar la economía, pensando que una vez que se firmara el acuerdo con el FMI los empresarios poderosos de este país iban a bajarse de la máquina de remarcar precios y especular con el dólar, y no lo han hecho”, observó.

El legislador enfatizó entonces que “medidas, acciones y definiciones que en algún momento van a significar que te enfrentas con esos sectores poderosos, eso es lo que falta”.

Sobre algunas de esas decisiones, el dirigente sindical consideró que “habría que determinar un aumento de salarios a través de una suma fija” de modo de “acelerar la recomposición salarial”. Asimismo, “intensificar los controles de precios” y “pensar en la producción de alimentos y en la generación del circuito de comercialización a través de un gran emprendimiento del sector público”.

Respecto a esa última propuesta, el oficialista resaltó que “hay que terminar con la idea de que no se puede interferir en el libre funcionamiento del mercado, como dicen los ortodoxos neoliberales”.

“Necesitamos demostrarle a nuestro pueblo que hay un Gobierno que trabaja 24 horas al día para resolver el tema del aumento de los precios de los alimentos y garantizar la mesa de los argentinos”, sostuvo.

En cuanto a una “institucionalización” del Frente de Todos, Yasky expresó que “no” ve “algún hecho concreto, más allá de declaraciones o expresiones de deseo. Creo que la situación económica hace más necesario que nunca la posibilidad de recomponer un ámbito, un espacio, donde se tomen decisiones”.

“Hay que llegar a una instancia en la que Cristina (Kirchner) forme parte de una mesa estratégica o de un ámbito reducido donde se tomen decisiones”, agregó.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, asistió este lunes a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde ratificó que el acuerdo con el FMI “no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral”.

“Tampoco tiene ninguna pauta de reforma previsional. Lo único que habla es de hacer estudios, cosa que ningún país serio del mundo se niega a hacer, los estudios de cómo funciona su sistema previsional y cuáles son las consecuencias”, agregó.

Al exponer en el Salón Azul, el funcionario defendió que “este es el mejor acuerdo posible” y “se enmarca dentro de estas mismas pautas que nos han permitido estos niveles de recuperación del empleo”, sostuvo en relación a los datos que aportó sobre empleo.

Para Moroni, el acuerdo permite “un esquema de recuperación que necesitamos que se sostenga; si nosotros sostenemos eso vamos a poder sostener un proyecto de desarrollo inclusivo”.

“Este acuerdo se inscribe dentro de la política general llevada adelante por el Gobierno, que es la de un proyecto de desarrollo”, insistió.

Al recordar que la pandemia “nos provocó la caída de 10 puntos del producto”, valoró las “soluciones ingeniosas” que “mostraron ser eficaces, porque Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo: perdimos 3 puntos de empleo frente a una caída de 10 puntos del PBI”.

En alusión a los ATP y Repro, además de la prohibición de despidos, el ministro señaló que “son medidas pasadas pero los efectos de esas medidas es lo que está pasando ahora. Si nosotros no hubiéramos hecho todo eso hoy no tendríamos la recuperación que tuvimos”.

En esa línea, informó que en 2020 había “700 mil trabajadores suspendidos”, de los cuales “190 mil volvieron al trabajo” y además “durante 2020 se crearon más de 200 mil puestos de trabajo”.

“Hoy estamos en niveles de empleo por encima de lo que estábamos antes de la pandemia y un 0,2% arriba de lo que era diciembre de 2019”, afirmó.

Sobre los salarios, el titular de la cartera laboral ponderó las negociaciones paritarias y apuntó que “durante el peor momento de la pandemia el salario cayó, pero cayó 0,1%; y saliendo de la pandemia el salario ha crecido 3,4%”, lo que representa “un crecimiento no sólo respecto de 2020, sino 3 puntos respecto de 2019”.

Por otro lado, Moroni ponderó que “a fin de 2021 tenemos la mayor cantidad de trabajadoras mujeres ocupadas en el sector privado asalariado”. “Ha crecido la población activa de mujeres, está en 50,4%, cuando sus niveles normalmente eran cercanos al 46%”, detalló.

También indicó que “el desempleo en general es del 8,2%” y “el desempleo en mujeres estaba en más de 10 puntos y ahora está en 9 puntos”.

“Todos los indicadores en materia de empleo son buenos. Por supuesto quisiéramos que fueran mejores, pero la verdad que venimos de las circunstancias de las que venimos”, completó.

Durante una reunión presencial que se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendieron este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto de ley que promueve la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

En primer lugar, Moroni señaló que “Argentina tiene una larga tradición en reparación de los accidentes de trabajo”, pero “en lo que no ha habido mucho avance es en el tema de la prevención”. “La implementación de criterios que ayuden a tener un ambiente sano de trabajo no han tenido, salvo algunas excepciones, políticas muy eficaces”, continuó.

El funcionario recordó que provincias como Buenos Aires y Santa Fe tienen leyes similares a la que se presenta, “hay empresas que han avanzado y otras no tanto, hay un grado de implementación heterogénea”, por lo que consideraron desde el Gobierno la necesidad de tener “una norma general para todo el país”.

“Generar un ambiente sano de trabajo no requiere solamente las normas de prevención, sino un mecanismo dentro de la empresa”, apuntó, en referencia a la creación de los comités, y ponderó que en la tradición de la relación entre empleadores y trabajadores el país tiene “muy incorporada” la instancia paritaria.

En ese sentido, el titular de la cartera laboral resaltó que “Argentina durante el peor año de su historia económica, que fue el año pasado, mantuvo vigente las negociaciones paritarias y la verdad que el nivel de conflictividad fue bajísimo”. “Hemos tenido un muy bajo nivel de contagios de Covid en los lugares de trabajo gracias al trabajo paritario”, agregó.

Y sostuvo que los protocolos Covid “casi todos fueron realizados en modo conjunto entre sindicatos, trabajadores, y en algunos casos con participación del Estado”.

Por eso, insistió que para la política de prevención de accidentes de trabajo “el mejor método es el método con el que manejamos gran parte de las relaciones laborales en Argentina, que es la negociación paritaria”.

Además, Moroni subrayó que a través de distintos convenios y recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene “planteando la necesidad de que haya ámbitos de diálogo para la prevención de accidentes dentro de la empresa”.

El ministro admitió que la implementación de esta ley “va a requerir mucho esfuerzo, tanto de sindicatos, como de empresarios y el Estado”.

Sobre la obligatoriedad de la creación de comités en empresas que tengan más de 100 trabajadores, el funcionario calificó como “una medida razonable” ese número, aunque aclaró que en los lugares con menos trabajadores se mantendrán “los mismos criterios” para la participación de los delegados.

“Un ambiente de trabajo sano no es solo aquel que no tiene ruido, sino aquel en el que se trabaja en una comunidad con parámetros razonables de convivencia”, argumentó Moroni, en referencia a la violencia y el acoso laboral.

Finalmente, opinó que es “un momento oportuno” para tratar esta ley que “no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores” y “no faculta ninguna intervención estatal”, enfatizó. “Es un proyecto muy razonable, muy adecuado a normas internacionales y muy necesario”, cerró.

Por su parte, Gómez Alcorta dijo que esta norma “coloca en primer lugar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras” desde “una perspectiva integral de la salud” que contemple no solo “los factores físicos, sino también los psíquicos y emocionales”.

“Incorpora de un modo cabal la perspectiva de género dentro del mundo laboral”, celebró y remarcó que “Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta a nivel nacional con comités que incluyan la participación de trabajadores y trabajadoras”.

También, la funcionaria indicó que la OIT, a través de diferentes convenios “insta a los Estados a que se establezcan mecanismos de participación a estos fines” y expresa que “la creación de estos mecanismos es una de las maneras de cumplir” con estos convenios.

“Si bien el sujeto empleador es quien tiene la responsabilidad del cuidado y la protección en el ámbito del trabajo, son los trabajadores y trabajadoras los que mejor conocen los riesgos físicos y psicosociales de cada una de las actividades”, explicó.

En esta línea, la ministra afirmó que “las mujeres trabajadoras de todo el mundo, y las argentinas claramente no son la excepción, continúan infrarepresentadas en los órganos y en los procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral y en los espacios de trabajo, incluso en aquellos que son mayoría en la fuerza de trabajo”, lo cual “no solamente es injusto para las mujeres y las personas LGBTIQ+, es contraproducente para las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto”.

Puntualmente, Gómez Alcorta valoró que los comités tendrán facultades para la prevención y la atención de los riesgos de trabajo vinculados a la violencia, el hostigamiento y el acoso por cuestiones de género, situaciones que generan “daños psicofísicos”.

No solo deberán elaborarse “protocolos de prevención para poder erradicar la violencia en el ámbito laboral”, sino también “canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales para que se puedan llevar a cabo las denuncias”, señaló.

En su exposición, la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que estos casos perjudican “en el modo en que las trabajadoras llevan adelante las tareas”, además de ser “un obstáculo para la permanencia en los puestos laborales”.

La palabra de los “dipusindicales”

En el tramo de las intervenciones de diputados, la legisladora de extracción sindical Patricia Mounier (FdT) señaló que tiene presentado un proyecto similar, con algunas diferencias, y consideró que “la implementación de los comités mixtos es un derecho que tenemos que ampliar para todos y todas. Cuanto más ampliemos la posibilidad de participación para trabajadores y trabajadoras me parece que más justicia vamos a hacer”.

“Me parece muy atinado -en el proyecto del Ejecutivo- que cuando no se llegue al mínimo de trabajadores sean los delegados de prevención los que participen y se implemente de todos modos”, coincidió.

Por su parte, otro “dipusindical”, Walter Correa (FdT), recordó que proviene del partido bonaerense de Moreno y pidió que en la ley se tenga en cuenta “el reconocimiento a Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), dos compañeros que han fallecido víctimas de la desidia”, durante la explosión de la Escuela Primaria N°49 en 2018. “Tal vez si estos comités hubieran estado articulados, por ahí se hubiera evitado”, dijo.

Para el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (FdT), esta ley “nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo, y esto hay que resaltarlo, porque no hay dolor más grande que la muerte de un compañero o una compañera en el lugar de trabajo”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Dolores Martínez (UCR) lamentó que el ministro Moroni se haya retirado tras su exposición y manifestó la solicitud de enviarle preguntas por escrito, a lo que Siley asintió. En alusión a la exposición de Gómez Alcorta, la radical apuntó que “si bien este proyecto establece canales de denuncias y capacitación, no explica claramente cuáles van a ser esas herramientas que favorezcan el acompañamiento, la asistencia y reparación a las víctimas” de violencia y acoso laboral, como establece el Convenio 190 de la OIT, al que Argentina adhirió recientemente.

“Las actuaciones y decisiones del comité mixto no desplazan las disposiciones del Convenio 190” que “están dirigidas tanto al Estado como a los privados”, respondió Gómez Alcorta; mientras que Eduardo Álvarez, asesor del Ministerio de Trabajo, reveló que se encuentra en elaboración un proyecto complementario que sea un “marco normativo” sobre el Convenio 190 y funcione como “una ley de operatividad” que tenga “coherencia con esta ley de comités mixtos”.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y prevé la creación de los comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, en aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y/o trabajadoras y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expondrán este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

La reunión se realizará desde las 12 en el Anexo “C” de la Cámara baja y, en ese contexto, los funcionarios informarán sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno referido a la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

La iniciativa, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de estos comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La propuesta apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención, en tanto que la implementación de los comités será obligatoria para las empresas en las que se desempeñan más de cien trabajadores.

En tanto, en las unidades productivas de dimensiones inferiores se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, junto con la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la participación de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

La diputada y candidata del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta se reunió con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y analizaron la implementación del programa ‘Te Sumo’, un programa que promueve incentivos a las PyMEs para la incorporación de jóvenes al trabajo formal.  

El programa, destinado a las pequeñas y medianas empresas, fue lanzado a finales de julio y ya se anotaron más de 16 mil jóvenes en más de 600 empresas.  

“La cantidad de jóvenes que se inscribieron al programa ‘Te Sumo’ refleja el éxito de la política que está implementando el Gobierno nacional y la necesidad de dar respuestas a una de las franjas etarias más afectadas”, afirmó Marziotta, luego del encuentro en la sede ministerial.  

Además, agregó que junto a Moroni comenzaron a trabajar en una serie de proyectos de ley para promover y cuidar el empleo joven: “El trabajo es la columna vertebral del modelo de país que queremos desde el Frente de Todos y en ese sentido desde el Congreso de la Nación vamos a presentar proyectos que acompañen y consoliden el empleo formal en el sector joven”. 

La senadora nacional Clara Vega (bloque Mediar Argentina – La Rioja) se reunió con el titular de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), Marcelo Peretta, para analizar alternativas que promuevan condiciones laborales dignas, justas e inclusivas.

Al respecto, Vega señaló que “otorgar personería sindical a organizaciones como la que lidera Juan Grabois solo contribuye a legitimar la precarización y la carencia de derechos. Por eso, vamos a presentar un proyecto de repudio del Senado a la arbitraria decisión del ministro de Trabajo (Claudio) Moroni”.

Y prosiguió: “Es una decisión demagógica que viola la Ley 23.551 de Asociaciones Gremiales y atenta contra el modelo sindical argentino. Mientras tanto, esta figura legal le es injustamente negada a repartidores, enfermeros, contadores, veterinarios y policías, que hace años la solicitan”.

Por su parte, Peretta propone una reforma sindical que incluye volver a la cultura del trabajo, estimulando la producción y registración laboral, facilitando el ingreso y la salida al empleo formal y reduciendo la carga laboral, sin tocar el salario real.

“Hay que articular el trabajo del 90% de las 500 mil empresas que son pyme, con el papel de los sindicatos chicos, que también son el 90% de los 5 mil existentes”, sostiene el sindicalista que lidera a los farmacéuticos y bioquímicos.

En la oportunidad, el dirigente gremial y la legisladora riojana suscribieron un convenio para “colaborar con el desarrollo de un nuevo sindicalismo, facilitar el acceso a productos y servicios farmacéuticos y bioquímicos de la población de La Rioja, poner en valor el servicio farmacéutico y bioquímico del país y registrar a los trabajadores bioquímicos y farmacéuticos riojanos en los Convenios Colectivos correspondientes”, entre otras cuestiones.

Para finalizar, Vega señaló que “la unidad de todos los sectores que velamos por el desarrollo de condiciones de vida dignas en un marco democrático y republicano, es fundamental para juntar fuerzas frente al patoterismo y el avasallamiento de las instituciones que vivimos estos últimos dos años. Por eso, seguiremos trabajando en este tipo de iniciativas”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expuso este martes ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social del Senado, donde ratificó su rechazo a que los conceptos de horas extras y bono por productividad puedan deducirse del impuesto a las Ganancias, como lo había planteado durante el debate en la Cámara baja.

El funcionario se refirió a las incorporaciones que tuvo la iniciativa en la discusión en Diputados -que dio media sanción al texto el pasado domingo-, y manifestó no estar de acuerdo con “la intensificación del trabajo” porque “no es correcto que se incentive el trabajo en exceso de la jornada”.

En ese sentido, dijo que el trabajo en exceso “tiene un montón de problemas; en el mundo y Argentina no es visto bien” ya que “aumenta los accidentes y el trabajador tiene menos tiempo con su familia”. “Es una cosa extraordinaria que no tiene debe ser incentivada”, insistió.

En cuanto al bono por productividad, agregado a última hora en el proyecto, también señaló que “no puede ser intensificación de las tareas ni que estemos premiando la aceleración de la línea de producción. No es un buen método, afecta al trabajador”.

“Tenemos que pensar que sea un esquema que no exija un esfuerzo extraordinario de intensificación de las tareas por parte de los trabajadores”, pidió Moroni.

En cuanto al proyecto, el titular de la cartera laboral sostuvo que “es una larga aspiración que hoy vamos a ver cumplida, gracias a este impulso que ha tenido tanto en el Congreso como de parte del Gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández”.

“Es una ley que todos estábamos esperando”, destacó y apuntó que va en línea con “uno de los objetivos que se planteó el Gobierno, que es que los salarios crezcan en términos reales”. Además, afirmó que la medida ayuda “a la reactivación”.

El ministro recordó que “la tradición argentina indicaba que el impuesto a las Ganancias alcanzaba algo así como el 10% de los trabajadores”. “Como consecuencia de la falta de modificación o adecuación del rango que quedaba alcanzado, en la actualidad estamos llegando casi al 20%”, indicó.

A partir de esta nueva norma, “vamos a volver a lo que es cercano a lo que normalmente ha sido la tradición”. El funcionario precisó entonces que, de acuerdo a las cifras de noviembre de 2020, los trabajadores que ganan por encima de 150 mil pesos están “entre el 7 y 8%”. “Nos parece justo que este sea el rango” que pague el tributo, aseveró. Asimismo, puntualizó que ese porcentaje “representa el 25% de la masa salarial total”.

En cuanto a la facultad del Poder Ejecutivo para establecer deducciones especiales para los salarios entre 150 y 173 mil pesos mensuales, argumentó que “va a permitir corregir un problema básico que tenía el sistema del impuesto a las Ganancias que es los saltos por escalera”.

“La ley permite que mediante reglamentaciones del Ejecutivo esto se convierta en una curva”, agregó y aclaró que servirá para que “el crecimiento del haber bruto nunca pueda implicar la pérdida del haber neto”.

Moroni enfatizó que “es un proyecto adecuado, esperado, y el sector que queda gravado corresponde que quede gravado, porque tiene un ingreso promedio mucho más alto que el resto de la población”.

Ante una pregunta del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, el ministro manifestó que alcanzará a alrededor de 1.300.000 trabajadores y jubilados, pero “esto es dinámico, va variando, estamos trabajando con números de noviembre y diciembre de 2020, pero esa es la cifra adecuada”.

El Senado pone un pie en el acelerador para dar un rápido tratamiento a los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del régimen del monotributo, aprobados este fin de semana en la Cámara de Diputados. Será este martes y miércoles, en dos reuniones que contarán con la participación de funcionarios.

En primer lugar, este martes a las 12.30 se reunirán en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Caserio, y de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Daniel Lovera, para abordar la iniciativa sobre Ganancias, que eleva el piso a partir del cual se paga el tributo a 150.000 pesos brutos y otorga varios beneficios para trabajadores, entre ellos la eximición del aguinaldo, con el fin de brindar un alivio fiscal en tiempos de pandemia.

A ese plenario fueron convocados a exponer, en forma virtual, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, quienes defenderán el proyecto que en Diputados recibió 241 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones, tras la maratónica sesión que culminó el domingo por la mañana.

El proyecto permitirá que 1.267.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados dejen de pagar Ganancias gracias al nuevo piso establecido, que se actualizará anualmente a través del índice de variación salarial (RIPTE). En el caso de los jubilados, el impuesto comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.

Luego del debate de Ganancias será el turno del proyecto que establece “un puente” entre el régimen de monotributo y el general, para aliviar la carga tributaria de aquellos contribuyentes que al pasar a ser autónomos acumulan deudas fiscales difíciles de afrontar. En este caso, la discusión será solo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que escuchará a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, este miércoles a partir de las 15.

La intención del oficialismo es firmar rápidamente los dos dictámenes para que queden en condiciones de ser tratados en el recinto del Senado la próxima semana.

La ley de regulación del teletrabajo, que el Congreso sancionó en julio del año pasado, no regirá para aquellos trabajadores que se hayan tenido que volcar a la modalidad home office debido a la pandemia del Covid-19, hasta tanto finalicen las restricciones sanitarias.

Así lo dispuso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que dirige Claudio Moroni, a través de la Resolución 142/21, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En el texto se considera que dado que las medidas de distanciamiento social continúan vigentes, el hecho de que muchos trabajadores hayan tenido que adoptar la modalidad de teletrabajo “no podrá sustituir el acuerdo de voluntad de las partes en los términos del artículo 7 de la Ley 27.555”.

En otras palabras, la situación de los empleados que no retornaron a sus puestos de trabajo habituales no podrá encuadrarse en el principio de “voluntariedad” establecido en la norma, y por eso recién podrán acogerse a los beneficios de la misma cuando finalicen las restricciones.

La resolución indica que “a partir del inicio de la vigencia de la Ley N 27.555 y mientras se mantengan las restricciones y/o recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades nacionales, provinciales o locales, la circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de lo dispuesto por el Decreto 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y la Resolución 207 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorias, o de las medidas que el empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión de voluntad de las partes”.

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.

Las dudas de la oposición

Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.

En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.

El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

#ImpuestoALasGanancias@luispastori afirmó: “Un jubilado que pague Bienes Personales no va a tener acceso al beneficio de descuento de Ganancias, en comparación a un trabajador en relación de dependencia que pague BBPP y perciba el mismo monto. Eso es injusto”. pic.twitter.com/ed44L5G9Pr

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) March 9, 2021

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.

Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.

“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.

Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.

El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.

Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.

Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.

Más de 1.200.000 trabajadores y jubiladas y jubilados van a dejar de pagar ganancias con esta Ley: refiere al mundo del trabajo, al poder adquisitivo y por ende a reparar su calidad de vida

👇 Gracias por sus exposiciones Ministro Moroni, Mercedes Marcó del Pont y Roberto Arias. pic.twitter.com/GZNtsdtS5F

— Vanesa Siley (@Vsiley) March 9, 2021

El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.

Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.

Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.

Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.

También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.

En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.

Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.

Durante la primera reunión informativa que realizaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados sobre modificaciones en el impuesto a las Ganancias, la diputada oficialista Lucía Corpacci solicitó la posibilidad de eximir a las guardias médicas del tributo.

En el tramo de preguntas a los funcionarios, la catamarqueña dijo que quería transmitir “un planteo del personal de salud” de su provincia, y enfatizó que “en medio de esta pandemia necesitamos como nunca del personal de salud”.

La legisladora del Frente de Todos señaló entonces que en caso de anestesistas y médicos de terapia intensiva, realizan “hasta dos guardias semanales” y “en el interior provincial a veces tienen que hacer 15 días corridos de guardia pasiva”.

“Aplicando los diferenciales que cobran por estar en zona desfavorable o por ser especialidades críticas, cuando superan las cuatro guardias mensuales, más el salario de planta, superan ampliamente el monto fijado para no pagar Ganancias”, explicó.

Por eso, Corpacci aclaró que valoraba “el esfuerzo enorme que está haciendo el Gobierno nacional”, pero pidió “si se puede exceptuar las guardias médicas en estos casos, o por lo menos aquellas guardias que superen las cuatro mensuales”.

“Nos va a resultar muy difícil a todos conseguir médicos que quieran hacer guardias cuando en realidad entran en otra categoría y pierden la ventaja de esta disminución del mínimo no imponible”, agregó.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respondió: “Entendemos la situación, pero creemos que no es el impuesto a las Ganancias el mecanismo para resolver estas situaciones puntuales que se dan, sobre todo en este momento”.

“El Poder Ejecutivo Nacional se hizo cargo del pago de un bono a todos los trabajadores de la salud durante el período de la pandemia, de modo tal de corregir estas posibles afectaciones o situaciones de estrés, como las que están pasando ahora”, recordó.

El funcionario manifestó que reconocían que “hay situaciones específicas”, pero consideró que “debemos ir buscando mecanismos de jornadas laborales que dejen estas situaciones”. “El mundo no incentiva las jornadas en exceso, no corresponden”, remarcó.

Y reforzó: “Plantear que armemos, a través del impuesto a las Ganancias, incentivos a las jornadas en exceso, que son desaconsejadas, no es el mejor mecanismo”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este martes la ronda de exposiciones sobre los proyectos de reformas en el impuesto a las Ganancias y en el régimen de monotributo y sostuvo que “la vocación de este gobierno es que el salario real crezca”.

Así lo aseguró el funcionario al participar del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que analiza los proyectos impulsados por el bloque del Frente de Todos y el Poder Ejecutivo.

“Ambos proyectos tienen que ver con lo que llamamos el mundo del trabajo y tienden a mejorar la situación de ambos sectores”, tanto la de los trabajadores en relación de dependencia como los monotributistas, explicó Moroni.

En cuanto a la suba del mínimo no imponible de Ganancias a 150.000 pesos, señaló que “se está intentando volver a la población histórica que fue sujeto pasivo de este impuesto”.

“El mínimo no imponible estaba en valores que llegaban a más de 2 millones de personas con salarios que no podían ser calificados como una renta importante”, advirtió Moroni, y aseguró que con la nueva ley “solo entre el 8% y 10% de la población asalariada va a tributar este impuesto”.

También destacó que se incorporan “deducciones que corrigen ciertas injusticias, como las uniones de hecho”, es decir los concubinatos, un cambio que no estaba incluido en el proyecto original y se anunció este martes.

También se conoció, en la previa del plenario, que aquellos jubilados que perciban ingresos de otra categoría -como intereses de un plazo fijo o rentas de alquileres- también podrán acceder al beneficio de la ley, que eleva el piso de Ganancias de seis a ocho jubilaciones mínimas.

“Desde el punto de vista laboral, esto está dentro de las mismas políticas que hemos estado haciendo. La vocación de este gobierno es que el salario real crezca”, remarcó el ministro, y agregó que la ley permitirá que los trabajadores “tengan un salario efectivo, real, de bolsillo, que cumpla con ese objetivo del gobierno”.

Por otra parte, indicó que el segundo proyecto, vinculado al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, apunta a “distribuirlo más equitativamente entre las distintas categorías y ayudar a la formalización”.

Según señaló, “a veces determinadas regulaciones tributarias, en lugar de ayudar a la formalización terminan siendo una barrera de acceso”.

Por eso, Moroni dijo que se busca “ordenar la distribución de cargas tributarias dentro de las distintas categorías del monotributo” para “evitar saltos al vacío entre el Régimen Simplificado y la situación  normal de quien es autónomo y paga impuesto a las Ganancias”.

Ya tiene fecha el inicio del debate sobre el impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados: será el próximo martes, a partir de las 15, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, que escucharán a invitados antes de la firma del dictamen.

El mismo día y en el mismo ámbito se tratará el proyecto de ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de Presupuesto y Hacienda, confirmó que ese día se realizará el primer plenario virtual, donde asistirían el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. El MARTES 9 de Marzo comenzamos el tratamiento formal en Plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo. El objetivo es subir el mínimo no imponible, para que los trabajadores que ganen menos de $ 150 mil no paguen ganancias. pic.twitter.com/ncREkp1i1H

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) March 5, 2021

La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.

El titular de la Cámara, Sergio Massa, había enviado este jueves una nota a Heller en la que le solicitó convocar al debate, luego de que el presidente Alberto Fernández pidiera avanzar con la ley durante su discurso de apertura de sesiones.

Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.

El proyecto del Frente de Todos busca elevar a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto para que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagarlo. La iniciativa propone que ese piso se actualice anualmente según el índice de variación salarial (RIPTE).

Por su parte, la CGT y diputados de extracción sindical que integran el bloque oficialista reclaman eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que convoque a tratar el proyecto de suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en reuniones informativas, en conjunto con Legislación del Trabajo.

A través de una nota remitida este jueves, Massa instó a Heller a que cite a los ministros Martín Guzmán (Economía) y Claudio Moroni (Trabajo), así como a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y representantes del sector sindical.

La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima en el plenario de comisiones, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.

El proyecto del Frente de Todos busca que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar Ganancias a partir de una suba del mínimo no imponible, que se fijará inicialmente en 150.000 pesos y se actualizará anualmente según el índice de variación salarial.

Por estos días, Heller se puso al hombro la tarea de analizar en conjunto con Economía la viabilidad de los numerosos pedidos formulados por la CGT y los diputados de extracción sindical, que tienen que ver con incorporar una serie de exenciones al pago del impuesto.

Puntualmente, la central obrera pide eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos que serán evaluados según su costo fiscal.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.

En el caso de Ganancias, todo el arco opositor manifestó su apoyo a la suba del mínimo no imponible, aunque desde Juntos por el Cambio proponen revisar la inclusión de autónomos, el método de actualización y el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos, entre otros aspectos.

Tras las negociaciones con el sector empresario, que cuestionaba algunos puntos de la norma, el Poder Ejecutivo reglamentó de forma parcial la Ley 27.555, que regula el teletrabajo y que fue sancionada a fines de julio en el Senado en el contexto de la pandemia del Covid-19.

A través del decreto 27/2021, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reglamentó la ley que establece principios generales para el ejercicio del teletrabajo.

Los artículos 2, 3, 4, 7, 11, 12, 16 y 17, referidos respectivamente al contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones de las partes, la jornada laboral, la voluntariedad, las capacitaciones, los derechos colectivos, la protección de la información laboral, las prestaciones trasnacionales quedaron sin reglamentar en el decreto y se espera que cada gremio acuerde esos aspectos en el marco de las negociaciones colectivas.

En el artículo primero, se establece que las disposiciones de la ley “no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”.

Respecto de la entrada en vigencia, se establecía en la ley que sería 90 días después de finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que en el decreto se estableció que el Ministerio de Trabajo dictará una resolución fijando la fecha de inicio del cómputo de esos días.

Entre los derechos establecidos en la ley figura el de la desconexión digital, y en ese sentido se dispuso en la reglamentación que “cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral”.

De todos modos, “en todos los supuestos la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada”, salvo en casos de peligro o accidentes de fuerza mayor, o por exigencias excepcionales de la economía nacional o de la empresa.

Por otra parte, se estableció que aquellos trabajadores que ejerzan el derecho a interrumpir sus tareas por razones de cuidado de otras personas, “deberán comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuándo finaliza”.

A su vez, “en los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva”.

Otro aspecto interesante es que tanto empleadores como trabajadores “deberán velar por un uso equitativo, en términos de género”, de las tareas de cuidado, “promoviendo la participación de los varones” para que no recaigan solo en mujeres.

Respecto del principio de reversibilidad, uno de los artículos más polémicos de la ley, se indicó que una vez recibida la solicitud de parte del trabajador de volver al formato de trabajo anterior, “con la sola invocación de una motivación razonable y sobreviniente, el empleador deberá cumplir con su obligación en el menor plazo que permita la situación del establecimiento al momento del pedido”, y “en ningún caso dicho plazo podrá ser superior a 30 días”.

Los trabajadores “que hubiesen pactado la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la relación laboral no pueden revocar su consentimiento ni ejercer el derecho a que se les otorguen tareas presenciales, salvo lo dispuesto en los convenios colectivos del trabajo o en los contratos individuales”, agrega el decreto.

También indica, en otro artículo, que “la provisión de elementos de trabajo no se considera remuneratoria y, en consecuencia, no integra la base retributiva para el cómputo de ningún rubro emergente del contrato de trabajo, ni contribuciones sindicales o de la seguridad social”.

En el mismo sentido, la compensación de gastos, aun sin comprobantes, tampoco se considera remuneratoria.

En cuanto al derecho a la representación sindical, “tendrá lugar en el establecimiento donde la persona que trabaja prestaba servicios presenciales con anterioridad”, y en los casos en que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, la actividad deberá llevarse a cabo con previa consulta con la entidad gremial.

Por otro lado, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tendrá que “elaborar un estudio sobre las condiciones de higiene y seguridad aplicables y de la eventual necesidad de incorporar” al listado de la Ley de Contrato de Trabajo “las enfermedades profesionales relativas a la modalidad laboral del teletrabajo”.

Otro aspecto regulado en la ley tiene que ver con la participación sindical en los sistemas de control para proteger el derecho a la intimidad del trabajador, y en ese sentido se dispuso que esa intervención “tendrá lugar mediante auditorías conjuntas, compuestas por técnicos designados por la asociación sindical y por la empresa, garantizándose la confidencialidad de los procesos y datos”.

Por último, el Ministerio de Trabajo podrá delegar en las autoridades administrativas locales las tareas de registración de los trabajadores que se encuentren bajo la modalidad de teletrabajo.

El decreto de reglamentación

anexo_6235066_1

Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda exigieron este lunes que el proyecto de movilidad jubilatoria incluya una cláusula para que los aumentos no queden por debajo de la inflación, aunque el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió la propuesta oficial.

Fue en el marco del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse, con la presencia de funcionarios, la iniciativa que establece un nuevo cálculo de actualización de los haberes.

“Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base de que el presupuesto plantea una inflación del 29% y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50%, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó Negri.

El legislador habló de “las contradicciones del relato kirchnerista” al señalar que en el acto del último viernes, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner pidió “alinear inflación y jubilaciones, pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios”.

En el mismo sentido, los radicales Alejandro Cacace y Luis Pastori lamentaron que “está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”.

Para subsanar ese aspecto, Pastori pidió modificar el artículo primero del proyecto estableciendo que “en ningún caso” la aplicación del índice podrá significar la disminución del haber “real” (y no nominal) que percibe el beneficiario.

#Jubilaciones El Gobierno se niega a garantizar que los haberes jubolatorios no pierdan contra la inflación.

— Alejandro Cacace (@alejandrocacace) December 21, 2020

Por su parte, Nicolás Del Caño alertó que el proyecto “está pensado desde un criterio fiscalista, no desde la suficiencia del haber”.

“Si el Gobierno plantea que quiere cuidar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ¿cuál es el problema de establecer una cláusula para que, si los aumentos que se dieron durante un año quedan por debajo de la inflación, no puedan ser compensados de manera automática?”, cuestionó el representante del PTS.

Al momento de las respuestas, Moroni llamó a “desindexar la economía”, ya que con este fenómeno “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó este lunes que la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno “demostró que los haberes crecieron” durante su aplicación, entre 2008 y 2017, y por otra parte defendió que el nuevo cálculo no contemple la variable inflacionaria.

El funcionario formuló esos conceptos al participar, desde el Anexo A de la Cámara de Diputados, del plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que analizará el proyecto y emitirá dictamen este miércoles.

“Prácticamente volvemos a la fórmula de 2008 porque fue la que demostró, a lo largo de su vigencia, que los haberes crecieron”, sostuvo Moroni ante los diputados, conectados en su mayoría de modo virtual.

El ministro recordó que la propuesta combina el RIPTE (el índice de remuneraciones promedio de los trabajadores formales) o el índice de variación salarial del INDEC (el que resulte más alto), y la recaudación tributaria de la ANSES.

“Este esquema permitió durante su vigencia que los haberes crecieran en términos reales más de 25 puntos”, repasó.

Además, explicó que “ninguna fórmula funciona en el vacío, ninguna fórmula es una abstracción que por sí sola explica que va a funcionar”, sino que “funciona en el marco de un proyecto político y económico”.

“El proyecto político y económico de este gobierno es de desarrollo, y en un proyecto de desarrollo los salarios en términos reales crecen”, puntualizó el funcionario.

En ese sentido, resaltó que “vamos a terminar el peor año de la historia económica del país con un promedio del 37% de incremento nominal en las remuneraciones”, y agregó que esto se debió, en parte, a que “en plena crisis se mantuvieron las negociaciones paritarias”.

“Si los salarios crecen, el modo de que los haberes previsionales crezcan es que acompañen la suerte de los salarios”, señaló, y concluyó que “el jubilado no tiene por qué quedar desenganchado ni del crecimiento de la economía ni del crecimiento del salario real”.

La cuestión de la inflación

Ante los cuestionamientos de la oposición respecto de la ausencia del componente inflacionario en el proyecto del Ejecutivo, Moroni descartó la necesidad de incorporar esa variable y sostuvo que “tenemos que desindexar la economía”.

“Lo ha planteado hasta el hartazgo el ministro (Martín) Guzmán, lo ha planteado el presidente: el modo para que la economía crezca es desindexar la economía. Si volvemos a meter la inflación, conceptualmente volvemos a incorporar la idea de que algo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor”, advirtió Moroni.

Según Moroni, con la indexación de la economía “se termina generando mayor nominalidad y terminan afectados los sectores de ingresos fijos, que es a los que decimos que queremos proteger”.

“Lo que corresponde es que los jubilados sigan la situación de los (trabajadores) activos, que va a mejorar, porque ese es nuestro proyecto”, insistió el ministro de Trabajo.

En esa línea, subrayó que “salvo algún período histórico de políticas equivocadas, los salarios y la recaudación superan a la inflación rápidamente”.

“Creemos que es una fórmula sustentable, empíricamente lo ha demostrado, funcionó muy bien y se enmarca dentro de un proyecto económico y político”, sintetizó.

Arranca esta semana corta en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado este lunes a las 14 en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Asistirán al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

Tendrá tiempo de hacerlo durante toda la semana, pues las reuniones de las comisiones continuarán el martes a partir de las 10 y concluirán el miércoles a las 10, fecha en la que debe suscribirse el dictamen correspondiente.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

“Volvemos a la fórmula de 2008 con la que los jubilados ganaron un 26% por encima de la inflación, y salimos de la fórmula de Macri de 2017 con la que los jubilados perdieron un 19%”, ratificó el diputado Marcelo Casaretto en vísperas del debate. Agregó el legislador que “la Argentina crecerá en 2021, y crecerán los salarios y la recaudación. Queremos que los jubilados tengan aumentos por encima de la inflación y mejoren su poder adquisitivo”.

Comenzará la semana próxima en Diputados el debate sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que ya cuenta con aprobación del Senado y es resistida por el grueso de la oposición en la Cámara baja.

El proyecto será tratado el próximo lunes -en horario a confirmar- en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, que conducen, respectivamente, Marcelo Casaretto y Carlos Heller.

Según supo parlamentario.com, ese día asistirían al plenario el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quienes ya se presentaron en el Senado.

La intención del oficialismo es sancionar la ley el próximo martes 29, pero lo cierto es que está obligado a negociar con bloques minoritarios de la oposición, ante el rechazo de Juntos por el Cambio y de parte del Interbloque Federal.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Por Melisa Jofré

Luego de casi tres horas de debate, el bloque Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Tras las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, el oficialismo avanzó con el despacho para poder tratarlo en el recinto la semana próxima. El interbloque Juntos por el Cambio ratificó su oposición a la propuesta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector.

A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Las exposiciones de los funcionarios

En primer término, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recordó que la fórmula de movilidad sancionada durante la gestión de Cambiemos se suspendió en diciembre pasado en “una situación de emergencia”.

Luego, con la llegada de la pandemia, el funcionario habló del 2020 como “el peor año de la historia económica argentina”. “No tengamos duda, esto fue peor que 2002”, agregó, y dijo que en ese momento los jubilados “perdieron más de 20 puntos”.

Sin embargo, ante este contexto “hemos conseguido que el 75% de los haberes previsionales van a terminar el año levemente arriba o empatando con la inflación, cosa que no sucedía hace muchos años”. En ese sentido, Moroni destacó que los haberes mínimos tuvieron “un 34,9% de incremento, sin contar lo que dimos como bonos fijos”, que representó “un 8% más de incremento”.

“No puede considerarse esto un fracaso, al contrario es un gran éxito”, resaltó el titular de la cartera laboral, al tiempo que aseguró que la nueva fórmula debe verse “acorde con nuestro proyecto económico, político y social” de “una Argentina en crecimiento”, por eso justificó las variables de variación salarial y recaudación.

En su exposición también defendió que a partir de 2008, cuando empezó a regir la fórmula impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, se dio “el período de mayor incremento de los haberes previsionales”. A continuación, el ministro valoró que se volverá a este esquema y que además “el período de ajuste en vez de ser semestral va a pasar a ser trimestral”.

“Esta fórmula, en un proyecto de país creciente, es lo que debe ser. Hay que atar los ingresos de los queridos pasivos a los ingresos de los trabajadores activos. Es el mejor modo de garantizarles un crecimiento real. No podemos seguir pensando que solo hay que mantener el nivel adquisitivo, tenemos que lograr el crecimiento del salario, y logrando ese crecimiento vamos a lograr el crecimiento de los haberes previsionales. Ese es el proyecto de país y eso es lo que vamos a hacer”, completó.

Luego fue el turno de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien mencionó que “en la historia argentina hubo solo dos leyes que implementaron fórmulas de movilidad” y ambas “han tenido características muy distintas”.

Con diapositivas en pantalla, la funcionaria comparó que el esquema utilizado entre 2008 y 2017 “logró que los jubilados y jubiladas crecieran en su valor adquisitivo y capacidad de compra un 25,8%”, mientras que el cálculo impulsado por el gobierno macrista hizo que “los jubilados perdieran en un 19,5%, casi 20 su capacidad de compra”.

Al referirse a la pandemia, la directora del organismo mostró los números de “un año que puso de manifiesto una crisis mundial, global y sanitaria”. Entre ellos, apuntó que se registró un 4,4% de caída del PBI mundial; un 8,1% de caída del PBI en América del Sur; y un 12,1% de caída del PBI de Argentina.

A pesar de ese escenario, Raverta defendió que la decisión del Gobierno fue “no dejar sin cuidado, sin protección a una enorme cantidad de argentinos”. Por ello, se realizó “un esfuerzo presupuestario en términos de acompañamiento”, con medidas que alcanzaron el 6,7% del PBI, y específicamente en las relacionadas con la ANSeS representaron más de dos puntos del PBI -IFE, ATP, bonos de salud y bonos Sostener Cultura-.

“Durante este año el Estado nacional estuvo a la altura de acompañar a cada argentino y argentina”, enfatizó y habló de la “preocupación” por los jubilados: “Los aumentos que se dieron por decreto durante 2020 lograron que los jubilados crecieran en su haber un 35,3%, mayor al de cualquier actividad de trabajadores”.

La titular de la ANSeS afirmó que se logró “que más del 70% de los jubilados le ganara a la inflación”, sumado a “medidas de ingreso indirecto” para el sector pasivo como la reducción de la tasa de interés de los créditos del organismo, la suspensión de la capitalización de los intereses en los meses que no pagaron, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos sin cargo a los afiliados de PAMI.

“Los decretos fueron decisiones a favor de los jubilados”, ponderó y sobre la nueva fórmula, que restituye la de los años de los mandatos de Cristina Kirchner, consideró que “trae certeza y seguridad” y es “una ecuación que les da previsibilidad” a los jubilados.

La funcionaria diferenció: “El círculo virtuoso de la producción, la industria, el trabajo, el salario y el consumo hace que las dos fórmulas sean bien distintas, antagónicas. En una obviamente aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la recaudación, por el modelo económico instrumentado en 2008, y obviamente aumentaron los haberes. Y en la otra obviamente cayó el PBI, los salarios, la recaudación y los haberes de las jubilaciones”.

Raverta manifestó tener “orgullo” por el “día histórico” de presentar una fórmula que “le permite a los argentinos y argentinas crecer” y “dejará a los jubilados por encima de la inflación”. “Se proyecta una recuperación de los salarios y, obviamente, que aumente la recaudación en términos reales”, pronosticó y añadió: “Estos aumentos van a ser superiores a la fórmula que fue suspendida”.

Intercambio con los senadores

Durante la extensa reunión, Raverta contestó varias preguntas de los senadores, incluyendo en algunos tramos las quejas de senadores de Juntos por el Cambio por las “no respuestas” de la funcionaria, o incluso la “tergiversación” de los dichos, como le reprochó Martín Lousteau (UCR). Por momentos, el encuentro se vio envuelto con gritos por interrupciones en los discursos, protagonizados por Lousteau y también Esteban Bullrich (Pro).

Tras hacer un repaso de la historia del sistema previsional argentino desde el ’94 hasta la actualidad, Lousteau planteó la necesidad de contar con “cálculos, análisis de sustentabilidad y evolución de los beneficios reales”, y pidió a los funcionarios que si los tenían “por favor nos lo den, porque es la manera más responsable que tenemos de votar”.

“Para poder discutir esto en profundidad necesitamos poder estar tranquilos que lo que se vota hoy no tiene un problema mañana”, reiteró. Al momento de las respuestas, el secretario general de la ANSeS, Santiago Fraschina, aseguró que durante la gestión de Cambiemos “no se hizo ningún estudio actuarial” y que “el último se había hecho en 2015”. “Este año lo hicimos y lo vamos a mandar”, afirmó.

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) consultó, entre otras cuestiones: “¿En qué plazo se estima que se va a dar la recuperación de los haberes jubilatorios de nuestros jubilados a partir de la aplicación de esta fórmula?”.

“Nosotros estamos partiendo la recuperación de los haberes de los jubilados y jubiladas no en cero, no en menos diez, sino en menos veinte. Por lo tanto, la temporalidad para poder recuperar los haberes no la podemos precisar”, sostuvo Raverta, que hizo énfasis entonces en la “recuperación del 35% de los haberes mínimos” este año.

Y remarcó: “Con la fórmula anterior, la que estuvo vigente entre 2017 y 2019, que contemplaba la inflación, los jubilados y jubiladas perdieron ante la inflación”.

A favor de la iniciativa, el chubutense Mario Pais (FdT) opinó que la nueva fórmula “implica una absoluta mejora”. Además, recordó que cuando se votó la fórmula en diciembre de 2017 “no se requirió ningún cálculo actuarial y se votó”.

Para el oficialista, “las paritarias hacen prever que el año que viene va a haber una recuperación de salario”. “Esta movilidad es realmente positiva y me remito a los antecedentes”, expresó y agregó que “estamos reinstalando un mecanismo que cumple el artículo 14 bis de la Constitución”.

“¿Los jubilados con la suspensión de la fórmula en 2020 ganaron más o ganaron menos?”, preguntó el macrista Esteban Bullrich, que argumentó que la fórmula impulsada por Cambiemos “tenía virtuosismo en el largo plazo”, y por eso lamentó que se suspendiera.

“Los jubilados tienen más ingreso de lo que hubieran tenido con la fórmula de Macri”, respondió la titular de la ANSeS. Pero más tarde Bullrich reclamó que no le había contestado, al igual que sus pares los radicales Julio Cobos, María Belén Tapia y Julio Martínez, que consultaron la misma duda.

Al final de su exposición, Raverta informó: “Entre los aumentos por decreto y los bonos, los jubilados de la mínima en Argentina ganaron 7.000 pesos más que lo que hubieran ganado con la fórmula macrista”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó que durante la gestión anterior los jubilados “sufrieron” y “vieron cómo día a día iba cayendo el valor de las asignaciones que tenían”. También, recordó que cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015 “no había déficit del sistema previsional”.

“Ahora volvemos a la fórmula que les dio garantía de crecimiento. Está en las pruebas”, manifestó y advirtió que la caída de la economía, producto de la pandemia, “no está para nada superada, por supuesto”, pero “la visión es recuperar los ingresos de los jubilados”. “No venimos a improvisar, venimos con una fórmula que ya demostramos que funciona, por eso Macri la cortó”, añadió.

La diputada Claudia Bernazza, autora del proyecto de ley para crear un régimen de promoción y regularización del trabajo en organizaciones comunitarias, mantuvo una reunión con el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni, a fin de avanzar en el reconocimiento y regularización de los trabajadores comunitarios.

El ministro Claudio Moroni manifestó el interés del Ministerio de Trabajo en la regularización y mejora de las condiciones laborales en estas organizaciones dedicadas al cuidado comunitario así como a la acción social y cultural. El proyecto de ley forma parte de la agenda legislativa “Niñez y Comunidad” que promueven comedores, jardines comunitarios, organizaciones de niñez, bibliotecas populares, radios comunitarias, clubes de barrio y el conjunto de organizaciones comunitarias cuyo valor ha quedado de manifiesto durante esta pandemia.

El proyecto también lleva la firma de Juan Carlos Alderete, Mara Brawer, Lía Verónica Caliva, Mabel Luisa Caparrós, Jimena López, María Rosa Martínez, Gladys Medina, María Liliana Schwindt,  Ayelén Spósito, Patricia Mounier, Pablo Carro, Laura Russo, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Carlos Ybrahin Ponce y María Carolina Moisés.

El diputado nacional Luis Petri, junto a Alfredo Cornejo, Alejandro Cacace y Hugo Romero, citaron al ministro de Producción, Matías Kulfas y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía, Trabajo y Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de informar detalladamente respecto de las medidas a implementar para evitar el éxodo de empresas del país o su cierre definitivo con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo y el deterioro de la situación social en el país.

“No hay voluntad política para avanzar en una agenda de producción y empleo, ya que las prioridades legislativas del Gobierno son otras, con solo revisar las últimas sesiones del Senado abocadas a avanzar sobre la Justicia de manera excluyente, se da cuenta de ello”, explicó el autor del proyecto.

Además, consideró que “el Gobierno toma medidas que generan incertidumbre e inseguridad jurídica, como el Decreto 522/20, que dispuso la intervención de una empresa privada o el 690/20 de Telecomunicaciones; o desalienta la inversión como es el caso de la Industria del Conocimiento, donde inexplicablemente suspendió su aplicación por una resolución del Ministerio de la Producción a comienzos de año, para posteriormente enviar una modificación al Congreso que aún no logra ser tratada en el Senado, como tampoco es tratada la modificación a la ley de Concursos y Quiebras, que evitaría el cierre definitivo de miles de empresas que atraviesan graves problemas para mantenerse en pie, pese a contar el oficialismo con una abrumadora mayoría, como quedó demostrado al momento de tratar la Reforma Judicial y la destitución de tres jueces federales”.

Por su parte, Cornejo manifestó que “las medidas que viene tomando el Gobierno destruyen el empleo privado y desalientan la inversión. En lugar de generar confianza se empecinan con atropellar las instituciones y el costo es altísimo, con empresas que cierran o se van y empleos trabajos que se pierden”.

En ese sentido Petri detalló que “la economía se desploma y el presupuesto anunciado por el Poder Ejecutivo contiene inconsistencias en torno a las expectativas de crecimiento, inflación y tipo de cambio. Un ejemplo de ello es la inflación donde el Ministerio de Economía calcula el 29%, mientras que el Banco Central, al medir las expectativas inflacionarias para el 2021, concluye que estarán en el orden del 46%”.

También, el presidente de la UCR aseguró que “el Gobierno repite sus propios errores con mucha carga sobre el sector privado, altos impuestos y cepo cambiario”.

Finalmente, Petri concluyó: “El Gobierno, así como carece de un plan sanitario para salir de una cuarentena interminable, que demuestra su ineficacia teniendo en cuenta los altos niveles de contagios y muertes que registra el país, carece de un plan económico y productivo post pandemia, que transmita confianza,  previsibilidad y seguridad jurídica a quienes deciden invertir en la Argentina y generar empleo”.

Una vez más visitó el Congreso el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, este jueves para abordar en esta oportunidad el proyecto de teletrabajo, que debate ahora el Senado luego de haber recibido media sanción en la Cámara baja. Al respecto, el funcionario aclaró que conocía esa iniciativa, que en líneas generales avaló, mas no los proyectos presentados sobre el tema en el Senado. Por eso, dijo que no le parecería “prudente ni fundado opinar sobre lo que no conozco”.

El ministro definió al teletrabajo como “un fenómeno irreversible. Un fenómeno que avanza, sobre todo en el área de los servicios”. El funcionario puso como ejemplo la experiencia española, donde el 7% de los trabajadores ya estaban desarrollando tareas bajo esa modalidad, y estimó que terminada la pandemia ese porcentaje se duplicará. “Durante la pandemia, los números no reflejan el fenómeno”, aclaró Moroni, apuntando que “la realidad es que hoy, por el aislamiento social obligatorio está sobredimensionado el fenómeno del teletrabajo, pero no podemos desconocer que va a estar ahí cuando termine esto”.

Con todo, advirtió respecto al virus que nos aqueja que es algo que “ha venido para permanecer con nosotros un tiempo”. Como sea, señaló que “hay una necesidad de regular esto”, y en ese marco admitió que el tema “tiene una serie de problemas”. Al respecto, señaló que “el trabajo es un modo de pertenencia a un grupo colectivo, genera lazos de grupo, entonces uno de los problemas es cómo hacer para que alguien que no está trabajando en grupo no se desconecte del grupo”.

“El otro punto es que estamos mezclando el ámbito laboral con el personal -agregó-. Estamos desarrollando la tarea en al ámbito de la intimidad del trabajador, no en la sede física del trabajo. Debemos ver cómo hacer para replicar los mismos derechos de los trabajadores en un ámbito distinto de la empresa”.

Para el ministro de Trabajo, los empleados que desarrollen el teletrabajo “deben tener los mismos derechos que el trabajador que está en la empresa”. En esta modalidad, agregó, “no hay huella digital, timbre”, por lo que se deben encontrar los mecanismos digitales que permitan garantizar que el trabajador “tenga un jornada adecuada e igual a la que tienen el resto de los trabajadores de la empresa”.

Con relación a uno de los temas más controvertidos de la norma, la reversibilidad, el ministro señaló que “la conversión requiere la aceptación del trabajador, porque estás cambiando las condiciones por las que fue contratado”. Así las cosas, consideró que el tema recibió “críticas exageradas”, porque consideró que “no es cierto que la reversibilidad rompe esquemas”, apuntando que esto “debe mantenerse y regularse”. En ese sentido sostuvo que cualquier cambio que pudiera operarse en la condición laboral determinada no será nunca de un día para otro.

Para el ministro, debe establecerse “cómo controlamos el cumplimiento de las relaciones laborales en un domicilio que no es la empresa. Controlar si el empleado cumple, vamos a tener que pensar en recurrir a mecanismos informáticos, que no están bien desarrollados en ningún lado. Averiguamos con la OIT, sin violar la intimidad, que hay que protegerla”. Por otra parte apuntó que “no sería lo ideal que el trabajador comparta la computadora personal”, y destacó la solución razonable que aporta el proyecto de Diputados para los problemas existentes “darle un margen de acción a los convenios colectivos para que vayan precisando en términos simples cómo deben desarrollarse esas cuestiones”.

Con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los titulares de la CGT y la CTA, Héctor Daer y Hugo Yasky, respectivamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social comenzó a debatir este jueves el proyecto de teletrabajo que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 25 de junio. Durante el encuentro desarrollado de manera telemática, desde la oposición se solicitó la presencia del sector empresario para que pueda expresarse sobre el tema; el oficialismo no puso reparos en que eso suceda, pero anticiparon que tratarán de firmar dictamen la próxima semana.

En el inicio de la reunión, la vicepresidenta de la comisión, la santacruceña María Belén Tapia, señaló que había pedidos del sector privado para que les dieran espacio para hacer sus planteos ante la comisión, por lo que consultó si se pretendía emitir dictamen este mismo jueves, a lo que el titular de la comisión, Daniel Lovera, aclaró que se trataba de una reunión informativa y que no iban a sacar dictamen todavía. Admitió que la idea es avanzar rápidamente con el tema, por lo que tratarán “la semana próxima, lunes, martes o miércoles, avanzar con un dictamen”.

El tema es que los senadores tienen desde hace tiempo sus propios proyectos. Nueve en particular, correspondientes a los senadores Gladys González, Silvina García Larraburu, Eugenia Catalfamo, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Alberto Weretilneck, Mariano Recalde, Mario Pais y Julio Cobos. Pero el que está en tratamiento es el proyecto proveniente de Diputados. “Veremos cómo consensuamos esto”, puntualizó el pampeano Daniel Lovera, “atento a que no es un proyecto del Poder Ejecutivo el que estamos tratando”, subrayó.

Sobre el final del debate, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, señaló que se reunirá en estos días el oficialismo para analizar si deciden introducir modificaciones al proyecto. “Vamos a tomar una decisión y con la misma vamos a ir a la firma de un despacho”, señaló el formoseño.

En su intervención, Moroni planteó dos problemas que genera el tema del teletrabajo. Uno, cómo mantener con el trabajo en el domicilio la vinculación grupal, esto es, que el que no está trabajando dentro de la empresa “no se desconecte del grupo”. Y el otro, que obviamente “estamos mezclando el ámbito laboral con el personal”.

El ministro de Trabajo definió el tema como “un fenómeno irreversible”, aunque luego minimizó su alcance, pues una vez que la pandemia sea superada va a disminuir tal metodología. “Pero no podemos desconocer que va a estar ahí cuando termine esto”, admitió, destacando también que el coronavirus es algo que “ha venido para permanecer con nosotros un tiempo”.

“Hay una necesidad de regular esto”, puntualizó Moroni, que consideró que el tema registra dos problemas: uno, el impacto en la vinculación grupal del trabajador que pasa a hacer teletrabajo; el otro, es la mezcla del ámbito laboral con el personal. Como sea, esos trabajadores deben tener “los mismos derechos que el que está en la empresa”, señaló el ministro, que por otra parte consideró “exageradas” las críticas formuladas al tema de la “reversibilidad”.

A la hora de las preguntas, la senadora del Pro Gladys González -autora de un proyecto sobre el tema en la Cámara alta- consideró que esa es “una modalidad tan dinámica que no hay que encorsetarla. Estamos experimentando sobre la marcha”, dijo, y comentó que los jóvenes desarrollan sus tareas no necesariamente desde su casa, sino también desde la universidad, desde un bar, o desde otra provincia, por lo que desaconsejó “definir en un artículo cómo legislamos”, atento a que la norma tiene en cuenta que el trabajador se desempeñe desde su domicilio. Por eso recomendó tener “una mirada federal” que permita “generar empleo”.

“Me da temor que en vez de promover la modalidad, la obstaculicen, en el afán de regular, regular y regular”, añadió la senadora, que sostuvo que “los empleos del futuro no van a tener nada que ver con los que estamos acostumbrados”.

“La ley no lo impide”, aclaró Moroni a su turno, en referencia a la posibilidad de que alguien trabaje desde otra provincia, y atento a los reparos de Gladys González sobre la reversibilidad, dijo que “tal como está puesta no resiste análisis jurídico; lo que dice la ley es que debe ser reversible; la fantasía de que el trabajador diga ‘mañana vuelvo’ (a la oficina) no es así, porque el resto del derecho establece determinadas condiciones y un marco de buena fe. El proyecto de Diputados deja abierta la reversibilidad a los convenios colectivos a los que les tengo mucha confianza”, enfatizó, asegurando que los mismos representan “una herramienta muy ágil”.

El presidente de la comisión, Daniel Lovera, apuntó que no coincidía en nada de lo que había dicho la senadora del Pro. Y lo explicó: “Lo que digo es que esta es una modalidad, no estamos ante una nueva actividad, y este proyecto de ley, si logramos avanzar y es ley, va a entrar en vigencia cuando se termine el aislamiento. Las empresas van a decidir o no tener la modalidad de teletrabajo, y hay que regular para que no se afecten derechos. No estamos promocionando el teletrabajo, es una modalidad de distintas actividades que se vienen dando y regulando”.

“Hay regulaciones que pueden ir contra la ampliación del empleo”, observó más tarde el senador Esteban Bullrich, muy participativo durante la reunión, quien puso reparos respecto a que el texto del proyecto aprobado en Diputados plantee la necesidad de establecer cuál es la plataforma utilizada. “Para nosotros es un obstáculo”, sostuvo, y luego expresó sus reparos respecto de que una excesiva reglamentación lleve a empresas extranjeras a no contratar aquí. Dijo que el teletrabajo “elimina las fronteras, si obstaculizamos, van a buscar otros lugares. Competimos contra nuestros vecinos. Por cercanía, una mala ley provocaría un flujo de trabajadores”.

“Hay reglamentaciones que obstaculizan y otras que promueven, trabajemos para que sea la que promueve”, sugirió.

Como respuesta, Moroni señaló que “tenemos que hacer que esa herramienta funcione en base a parámetros adecuados”. Y respecto de los reparos de Bullrich, señaló que no le parecía adecuado “entrar en la competencia de naciones con las regulaciones laborales, porque entramos en algo que no forma parte de los objetivos tradicionales de Argentina”.

“Lo aprobado en Diputados deja apertura para no hacer una reglamentación rígida, no debemos interpretar tan severamente los principios que pone la ley de pensar que está puesto de forma negativa para complicar las relaciones del trabajo”, agregó.

La voz de los gremios

Al tomar la palabra, el titular de la CTA, Hugo Yasky, consideró que la aprobada en Diputados es “una ley que parte de la idea de establecer presupuestos mínimos, porque acordamos las centrales sindicales que hay que poner un piso a partir del cual los convenios colectivos son los que deberán definir temas como la modalidad y especificidad”.

Recordó que el teletrabajo abarca diferentes ramas laborales, y al ser todas de distintas características, “eso no se puede contener en una ley, de manera tal que acordamos una norma que  pudiera dejar después al convenio colectivo de cada sector margen para resolver después cuestiones específicas”.

“Es un buen proyecto de ley, creo que se le hicieron muchos cambios, pero hay algo que quiero resaltar: es un proyecto que salió con el aporte y apoyo de los distintos bloques”, señaló, advirtiendo más tarde que “la ausencia de regulación es fuente de abusos o fuente de conflictos”.

Por su parte, el titular cegetista Héctor Daer advirtió que “en el mundo lo que hay es un camino hacia la precarización laboral de todos los que ejercen el teletrabajo. Esa es parte de la mirada que tenemos todos, porque no hay una promoción específica de este tipo de empleo; lo que hay es una transferencia de los que están en las empresas al seno de los hogares. Pero es una transferencia, y no una promoción” del empleo.

A su juicio, “tenemos que poner normas que no generen ese ‘dumping’ social, tener trabajadores sin derechos que compiten en una globalización cavernícola en el sentido de cómo afecta esa competencia hacia debajo de los derechos laborales. Argentina no debe caer en esas circunstancias”.

“Estamos generando una norma para no caer en lo que en muchos lugares del mundo sucede: transferencia de trabajadores incorporados a una legislación a la precarización del sálvese quien pueda”, expresó Daer en otro pasaje, para alertar sobre “una ofensiva muy grande de quienes tienen otra mirada y nos hablan de promover empleo. La ley laboral lo que  hace es achicar las asimetrías que tiene el que tiene todo resuelto, que es el capital, y el que no tiene nada, solo su capacidad física e intelectual para ir en busca de su sustento”.

Promediando la reunión, Daniel Lovera apuntó que el beneficio del teletrabajo “tiene que ser para ambas partes. Yo no sé si va a ser una fuente infinita de generación de empleo, no va a haber más empleados”.

A su turno, el senador Juan Mario Pais, puso sus reparos para convocar a más invitados, porque ya lo habían hecho en Diputados. Sugirió en cambio que los que tengan algo que decir lo envíen a través de los medios digitales, pero “habilitar un debate interminable para que nos digan lo que ya se dijo en Diputados no tiene sentido. Volver a hacer un debate interminable en esta materia es dilatar la discusión”.

“Nadie quiere hacer un debate interminable”, repuso la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que reclamó porque las empresas de su provincia quieren expresar su opinión.

Sobre el final, José Mayans reconoció que el teletrabajo es una modalidad que “viene para quedarse”. “A muchos en vez de tener oficina les va a convenir que el trabajador lo haga afuera, respetando las condiciones de trabajo. Cuidar la dignidad del hombre es un deber”.

El jefe del bloque Frente de Todos señaló que ese es “un tema que estamos discutiendo y lo vamos a resolver. Vamos a sacar una conclusión y como bloque vamos a expresar lo que pensamos que debe ser la ley de trabajo, y vamos a tener en cuenta los aportes que han hecho Bullrich, Gladys González…”. Dejó claro entonces que no necesariamente aprobarán el texto proveniente de Diputados. “Si no nos conforma, tenemos derecho a hacerlo”.

“Estamos llamando a una reunión de bloque y el resultado que tengamos va a ser la propuesta de despacho que tendremos. Como cámara revisora, si decidimos ratificar lo votado por Diputados, eso va a ser ley; si decidimos en el bloque reformar esa propuesta, va a tener Diputados que tener el número suficiente si quiere ratificar su ley”.

Y concluyó anticipando que su bloque va a tomar una decisión y con ella van a ir a la firma de un despacho, probablemente el martes.

El Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley de moratoria universal, que alcanzará tanto a personas humanas como a empresas, en una nueva medida económica tendiente a paliar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

La iniciativa amplía el alcance de la moratoria creada en la Ley de Solidaridad Social, incluyendo a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados, y tiene como fin aliviar la carga de las deudas acumuladas hasta el 30 de junio.

El anuncio fue realizado tras una reunión del gabinete económico de la que participaron Santiago Cafiero y los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

A continuación, los puntos centrales del proyecto que será elevado al Parlamento:

• Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

• Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020.

• Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.

• La primera cuota vencerá el 16 de noviembre.

• Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.

• Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

• Condonación parcial de intereses y total de multas.

• Tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).

• Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

• Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Vanesa Siley, buscará avanzar este lunes con el dictamen de un proyecto de ley para regular el teletrabajo, modalidad que se ha incrementado a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Tras el apoyo del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, este lunes a las 11 está prevista una nueva reunión, de la que participarían representantes del sector empresario.

Desde un comienzo, la comisión tuvo la intención de arribar a un texto que refleje el consenso entre las 17 iniciativas que se presentaron al respecto. En ese sentido, se alcanzó un borrador de proyecto único, al cual accedió parlamentario.com.

Entre sus principales puntos, la iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.

En lo que respecta a la jornada, ésta “deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea, como aquellas que se realizan en línea”.

La propuesta introduce el “derecho a la desconexión digital” por la cual el trabajador “tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”.

Otro de los beneficios es que, quienes trabajen bajo esta modalidad y “acrediten estar a cargo del cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes, tendrán derecho a pautar horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada de acuerdo a lo que establezca el convenio colectivo aplicable”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se considerará discriminatoria aplicándose en su caso los regímenes legales de carácter antidiscriminatorios”, advierte el texto.

Sobre la decisión de cambiar de modalidad presencial a la de teletrabajo, el empleado deberá expresar su consentimiento voluntariamente y por escrito; mientras que ese consentimiento podrá ser revocado por la misma persona “en cualquier momento de la relación”.

Según el proyecto, el empleador deberá “proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, así asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación. Esta provisión operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

También establece que “la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad laboral del teletrabajo operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y esas compensaciones quedarán exentas del impuesto a las Ganancias, un aspecto que pidieron los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña.

La iniciativa deja en claro que “quienes se desempeñen en forma total o parcial bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos y serán considerados a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial”.

Mediante el proyecto se dispone la creación de un registro, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, sobre “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. “Esta información tendrá carácter público y deberá ser remitida a la organización sindical pertinentes”, agrega uno de los artículos.

En la propuesta, además, se introducen regulaciones sobre la capacitación de los trabajadores; la higiene y seguridad laboral; el sistema de control y derecho a la intimidad; la protección a la información laboral; y las prestaciones transnacionales.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio un fuerte respaldo este miércoles a los proyectos de ley sobre teletrabajo, al sostener que “es una regulación necesaria”, a la vez que aclaró que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del contrato de trabajo”.

“Hace tiempo se venía planteando la regulación de este modo de prestación laboral, pero parece que el virus nos chocó de frente. Pensamos que teníamos más tiempo de pensarlo con más tranquilidad, pero (el teletrabajo) es algo que ya está pasando por imperio de la realidad”, reconoció Moroni.

El funcionario expuso brevemente ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos), que avanza hacia un proyecto unificado entre 17 iniciativas de diferentes bloques.

Moroni admitió que esta modalidad “siempre generó suspicacias pensando no solo en las condiciones de prestación del servicio, sino también en la pérdida del vínculo con el grupo”.

“Uno de los temores es la figura del trabajador individual alejado de su grupo de trabajo”, advirtió, aunque destacó que “en los proyectos eso está abordado”.

El ministro explicó que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del contrato de trabajo”. “No estamos creando una categoría distinta de trabajadores”, aclaró en ese sentido.

A su vez, resaltó el “altísimo nivel de coincidencias en cuanto a los puntos a regular” en las diferentes iniciativas.

Entre ellos, mencionó el principio de igualdad; el carácter voluntario del teletrabajo -es decir, “que no puede ser impuesto y requiere asentimiento del trabajador”-; y el principio de indemnidad, para que los gastos no recaigan en el trabajador.

También mencionó la importancia de la protección de datos personales, así como la protección del domicilio, el derecho a desconexión digital -“que en definitiva es el derecho al tiempo de descanso”, dijo-, y la contemplación de las tareas de cuidado de menores o adultos mayores.

Asimismo, destacó el derecho colectivo a la asociación sindical y aseguró que “toda esta figura contractual debe terminar su habilitación como tal en los convenios colectivos”, donde se acordará la regulación específica para cada sector.

En minutos comienza nuestra segunda reunión informativa, con el Ministro de @MinTrabajoAR, Claudio Moroni, y la Directora Nacional de Política de Cuidados del @MinGenerosAR, Lucía Cirmi Obón. pic.twitter.com/jA4n0PJiVh

— Vanesa Siley (@Vsiley) June 17, 2020

Moroni señaló que “previo a la pandemia, el teletrabajo -salvo en algunos casos puntuales- era  prácticamente marginal, no tenía presencia relevante en el mercado de trabajo, y en general no era un tema que generara conflictos”.

Ante una consulta del diputado Mario Arce (UCR), el funcionario advirtió que el número actual de trabajadores que tuvieron que volcarse a esta modalidad no es un parámetro de medición a futuro, ya que “una vez pasada la pandemia no se va a repetir ese porcentaje”.

En ese sentido, mencionó el caso de los docentes, que actualmente dan clases virtuales pero volverán a las aulas cuando se reabran las escuelas.

A futuro, según Moroni, “es muy difícil que tengamos porcentajes similares a países que tenían esta modalidad antes de la pandemia”.

Por otra parte, el ministro dijo que “se está trabajando con el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para ver la conectividad en las distintas regiones”.

En cuanto a la fiscalización del teletrabajo, apuntó que se deberán “pensar algunos mecanismos a distancia” y agregó que “no tiene mucha lógica fiscalizar en el domicilio del trabajador”.

Por último, aseguró que el Ministerio no impulsará esta modalidad, sino que el objetivo es impulsar el empleo formal. “Nosotros no vamos a incentivar determinados modos de contrataciones, sino fomentar el empleo”, concluyó.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, expondrá este miércoles desde las 15 ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, en el marco del debate sobre el proyecto de ley para regular el teletrabajo, una modalidad que se expandió a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

En la videoconferencia, que estará conducida por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley -presidenta de la comisión- también participará la directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Lucía Cirmi Obón; y el titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera (FdT).

El debate para dar un marco legal al trabajo a distancia o también conocido ‘home office’ comenzó este martes con la opinión de los representantes de la CGT, las CTA y otros sindicatos, quienes apoyaron la iniciativa.

El Poder Ejecutivo anunció el envío al Senado de un proyecto para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo laboral.

“Hoy el Poder Ejecutivo envió al @SenadoArgentina la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Hemos dado un paso fundamental hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, prueba de un compromiso contundente con la agenda de género y diversidad”, destacó en su Twitter la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En tanto, a través de un comunicado oficial, se afirmó que “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.

Gómez Alcorta explicó que este Convenio se trata del “primer tratado internacional en abordar de manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y en desarrollar el alcance de las obligaciones que al respecto tienen los Estados y también los particulares”.

“El enfoque propuesto se distancia de la visión tradicional de la violencia laboral y el acoso, que en general requieren la repetición en el tiempo de las conductas lesivas para que se configuren estos ilícitos, a la vez que ponen el foco en la intención del agresor, cuya actuación tiene que tener como fin la exclusión de la persona de su ámbito de trabajo”, agregó la funcionaria.

Y agregó: “El Convenio contempla el efecto que puede generar la violencia doméstica en el empleo y dispone en este sentido el deber de los Estados, las empresas y las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras de adoptar medidas para abordar la violencia y mitigar ese impacto”.

“Por otra parte, si bien el tratado aborda la violencia contra todos los trabajadores y todas las trabajadoras, sostiene que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. De este modo, insta a adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, abundó Gómez Alcorta.

Hoy el Poder Ejecutivo envió al @SenadoArgentina la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Hemos dado un paso fundamental hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, prueba de un compromiso contundente con la agenda de género y diversidad.

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) May 28, 2020

En tanto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó: “Con este proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández, nuestro país se pone a la altura de lo que nuestra historia manda: a la vanguardia de la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, debiendo adecuar la legislación al contenido del Convenio 190 procurando cuidar de la violencia laboral a las y los trabajadores que vivan en nuestro país”.

“Es un paso muy importante que la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso laboral se incluyan en las leyes de nuestro país, y que alcance a trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales, para lograr erradicar esta problemática que está sumamente vigente, y que requiere de nuestra atención y de un accionar rápido y eficiente”, completó el titular de la cartera laboral.

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”.

De ese modo, se abarcan el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. Asimismo, la norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y, por lo tanto, sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante las TIC’s.

Se reunirá este martes a partir de las 16 la comisión mixta que debe proponer al Congreso una fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, suspendida en marzo con la Ley de Emergencia Pública por un lapso que vence a fines de junio.

La comisión se constituyó el lunes de la semana pasada en una reunión que fue de carácter virtual, como también lo será la de este martes. En esta oportunidad se procederá a evaluar el reglamento de funcionamiento de la comisión y elaborarán el cronograma de actividades.

La comisión fue creada a partir de la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, atendiendo a los artículos 55 y 56 que establecen la suspensión por el plazo de 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria, en cuyo marco el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los abres previsionales. Precisamente en la reunión del lunes pasado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó la intención del PEN de prorrogar esa facultad de otorgar los próximos aumentos jubilatorios por decreto, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.

Integran la comisión, además del ministro de Trabajo, los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y de Política Tributaria, Roberto Arias. En representación de la Cámara de Diputados, están Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR) por la Comisión de Previsión y Seguridad Social; y p or la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Luis Pastori (UCR).

Por el Senado, integran la comisión los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y de Trabajo y Previsión, Daniel Lovera (Frente de Todos); y los vicepresidentes Esteban Bullrich (Pro) y María Belén Tapia (UCR).

Por Carolina Ramos

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó este lunes a legisladores del oficialismo y la oposición la intención del Poder Ejecutivo de prorrogar la facultad que hoy tiene por ley para otorgar los próximos aumentos jubilatorios por la vía de decretos, hasta tanto se acuerde una nueva fórmula previsional.

La cuestión se discutió durante la reunión constitutiva de la comisión mixta que debe proponer al Congreso una fórmula jubilatoria que reemplace a la anterior, que fue suspendida en marzo con la Ley de Emergencia Pública por un lapso que vence a fines de junio.

En el encuentro, que fue de carácter virtual, Moroni informó sobre el plan para prorrogar la vigencia de los artículos 55 y 56 de la norma, que le cedieron al Ejecutivo la facultad de decretar los aumentos trimestralmente hasta que se sancione una nueva fórmula.

De esta manera, en los próximos días, el Gobierno evaluará la vía legal -ya sea a través de un proyecto de ley o de un DNU- para extender la vigencia de esa medida.

El primer aumento por decreto se  otorgó en el mes de marzo -fue del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos- y habrá un nuevo incremento en junio, que será del 6,12% para todos los jubilados, según informó Moroni, también este lunes, en una conferencia de prensa junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta.

Los jubilados vuelven a perder porque el Gobierno usa la discrecionalidad de un decreto para aumentar sus haberes.

El anuncio del 6% contrasta con el 10,89% que daba la ley votada por el Congreso hace dos años y medio.
Pedimos que vuelva a regir la ley. #Jubilaciones pic.twitter.com/ykVwUV8FsG

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 18, 2020

Si bien Juntos por el Cambio se opuso a que los aumentos se sigan dictando por decreto, los representantes del oficialismo plantearon en la reunión las dificultades para elaborar una nueva fórmula en un contexto donde todas las variables económicas sufrieron un desajuste como producto de la pandemia del Covid-19.

Además de Moroni, participaron del encuentro los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y de Política Tributaria, Roberto Arias.

En representación de la Cámara de Diputados, tomaron parte los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro) por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR) por la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Se sumó el titular de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, Luis Pastori (UCR).

Por el Senado, integraron la comisión los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), y de Trabajo y Previsión, Daniel Lovera (Frente de Todos); y los vicepresidentes Esteban Bullrich (Pro) y María Belén Tapia (UCR).

Por la vieja fórmula

Al cabo de la reunión de comisión, diputados y senadores de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado donde señalaron que, si continuara vigente la fórmula aprobada en 2017 y ahora suspendida, “en junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones”, y no del 6,12%.

“La movilidad jubilatoria es un derecho constitucional, establecido en el histórico artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Nuestra ley suprema establece que los derechos constitucionales son reglamentados por ley. Sin embargo, el oficialismo dispuso mediante la Ley de Emergencia 27.541 la suspensión de la fórmula de movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley 24.241 y ordenó que los aumentos a las jubilaciones se realizaran discrecionalmente por decreto del Poder Ejecutivo”, repasaron los legisladores.

En ese sentido, consideraron que “esto va a contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha establecido que debe haber un índice de movilidad fijado por el Congreso”.

Desde Juntos por el Cambio explicaron que “la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada y actualmente no hay ningún otra pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho establecido en el artículo 14 bis. Por ello, el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe recobrar vigencia al transcurrir ese plazo, y hasta que se sancione una nueva ley de movilidad”.

“Más grave es aún que con el aumento dado por decreto en marzo, todos los jubilados que cobraban por arriba de 16.200 pesos vieron disminuido el aumento que les hubiera correspondido por ley. En junio correspondería un aumento de 10,89% a todas las jubilaciones, pero el Gobierno discrecionalmente y en perjuicio de los jubilados ya ha anunciado un aumento del 6%”, lamentaron.

Por último, concluyeron: “Estamos dispuestos a una discusión que realmente garantice el derecho a la movilidad de los haberes de los jubilados y que sea fijada por el Congreso, por eso hoy concurrimos a la constitución de la comisión especial creada por la ley 27.541, pese a haber sido convocada con cinco meses de retraso y cuando el plazo para la evaluación y confección de una nueva fórmula está por vencerse.  Hasta tanto el Congreso sancione una nueva fórmula, sostenemos que debe regir la fórmula vigente votada en 2017”.

Luego de casi cinco meses de sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, mediante la cual se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se avanzará este lunes a partir de las 16, con la conformación de la comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo índice de actualización de los haberes previsionales.

Según informó el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; convocó mediante una nota a que se avance con la constitución de este grupo de trabajo. La reunión se realizará de manera virtual.

A través de la Ley 27.541, se estableció un plazo de 180 días en los cuales funcionarios del Poder Ejecutivo y un puñado de legisladores nacionales debían revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.

Ese tiempo se vence en junio, por lo cual urge que se avance con la conformación de la comisión, algo que, cuando recién se inició el aislamiento obligatorio, se había estipulado para fines del mes de abril. Finalmente, será la semana que viene.

De acuerdo a la ley, formarán parte los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas cámaras del Congreso. De esta manera estarán los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social. También la integrará Luis Pastori (UCR), presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

En tanto, los representantes del Senado serán Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (Frente de Todos) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Gobierno serán el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.

Por Melisa Jofré

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó este miércoles que, una vez que pase la emergencia sanitaria por el coronavirus, habrá que dar “protecciones adecuadas” a un universo de trabajadores con “formalidad leve o informalidad absoluta” que hasta el momento estaba “poco identificado”.

Durante su exposición virtual ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados -presidida por la oficialista Vanesa Siley-, el funcionario señaló que cerca de 8 millones de personas accederán al Ingreso Familiar de Emergencia, lo que reveló la gran cantidad de personas para las cuales “no había ningún esquema de acercamiento de asistencia”.

“Es un sector bastante plástico y difícil”, señaló el titular de la cartera laboral y enfatizó que en el futuro cercano “uno de los temas que nos vamos a tener que ocupar es de este sector” que “tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta, y la verdad no posee las protecciones adecuadas. Es de los más heterogéneos”.

Moroni explicó que se trata de “cuentapropistas, que a veces son más formales o informales, monotributistas de las bajas categorías” y un conjunto de trabajadores que realizan distintas actividades, a los que diferenció del sector formal y de aquellos beneficiarios de planes sociales. “El objetivo es atender a ese sector, no es solamente darles el IFE, el IFE es una herramienta y de ser necesario se complementará con otras”, reiteró.

Al exponer por videoconferencia, el ministro remarcó que todas las medidas que se han tomado en el marco de la emergencia “son previsionales”, con lo cual “si no funcionan” se aplicarán otras. Destacó que los objetivos del Gobierno nacional son “proteger la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores”, y en esa línea fueron “todas las normas que dictamos”.

El funcionario eligió no hablar de “teletrabajo” para referirse al impulso del trabajo a distancia, porque esta es una modalidad que necesita de una regularización y “en algún momento lo deberíamos hacer desde el Congreso” a través de una ley.

Moroni repasó este miércoles las medidas que se tomaron sobre el área y resaltó el decreto de prohibición de despidos y suspensiones por 60 días; el programa de asistencia a empresas -sobre ello afirmó que asistirán “aproximadamente a 200 mil empresas”-; y la reciente incorporación del coronavirus como “enfermedad profesional”, de modo que las ART brinden cobertura a los trabajadores que contraigan el virus.

Además, insistió que “no” se está “viendo hasta la fecha un movimiento significativo en la baja de los trabajadores respecto a lo que hubo en marzo de 2019” y aclaró que las “45 mil desvinculaciones” que mencionó ante senadores el pasado lunes, incluyen despidos, renuncias y jubilaciones.

Al momento de responder preguntas, el ministro aseguró que cuando se retorne a la actividad “el virus va a seguir estando”, con lo cual va a haber que definir nuevas “jornadas y horarios” para “evitar las concentraciones en los medios de transporte”, algo que “a lo mejor va a requerir de nuevas regulaciones”.

Por otra parte informó que la suspensión con compensación económica prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, “es una figura probable que empiece a aparecer” pero “prevé la participación sindical, necesita de la homologación de la autoridad administrativa, y permite mantener el vínculo, que es lo que queremos”.

Ante una consulta del diputado Hugo Yasky (Frente de Todos) sobre las cooperativas que no pueden ampararse en el programa de asistencia porque “no tienen el estándar de una PyME”, el titular de la cartera laboral indicó que, efectivamente, “hay cooperativas que van a poder entrar y algunas no”. “Una vez que procesemos la información de los inscriptos tomaremos decisiones”, prometió.

En respuesta a la legisladora Blanca Osuna (Frente de Todos), quien planteó la preocupación por el sector del turismo y la hotelería, el funcionario manifestó que “evidentemente va a tener una afectación bastante mayor que otros sectores. Eso lo tenemos absolutamente claro, pero todavía no están diseñadas las herramientas” de ayuda.

Y agregó que, ante el futuro “fracaso de la temporada invernal”, se acordó con los ministros de Trabajo de las provincias “donde mayormente hay turismo invernal” crear “grupos de trabajo” que “analicen soluciones específicas” para brindar a este sector.

En otro tramo de su exposición, Moroni se refirió a los despidos en organismos públicos, un tema planteado por los macristas Martín Medina y Alejandro García, y dijo: “Hasta donde yo sé no hemos tenido denuncias masivas. Voy a consultar”.

En el cierre, el ministro resaltó que la Organización Internacional del Trabajo “está calculando millones y millones de pérdidas de puesto de trabajo” en el mundo. En ese sentido, enfatizó que “no” tiene “pensado cuál va a ser” el futuro del escenario laboral, porque aún no se sabe “cuál va a ser la situación fáctica en la que vamos a quedar”.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, destacó que la Confederación Sindical Internacional “ha colocado a nuestro país” dentro de “los 12 países que han protegido el salario” con las políticas aplicadas en medio de la pandemia. “Seguramente que falta, pero que nuestro país haya decidido tener como principal política a la vida, la salud y el trabajo es algo que nos enorgullece”, expresó.

Por Melisa Jofré

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó este lunes que, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, desde el Gobierno no están “viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria”. En ese sentido, detalló que se registraron “45 mil desvinculaciones” desde mediados de marzo hasta los primeros días de abril, un número “similar a lo que pasó en el mismo período en 2019”.

Al exponer, de forma virtual, ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social -que preside el pampeano Daniel Lovera-, el funcionario subrayó que el nivel de desempleo que pueda provocar el parate de la actividad económica, producto del aislamiento obligatorio, “no es fácil de proyectar”. Pero resaltó que todas las medidas tomadas apuntan a “evitar” un aumento de despidos.

El titular de la cartera laboral defendió, al comienzo de su intervención, que todas las acciones implementadas por el Gobierno “tienen como principal objetivo mantener la salud de la población”, además de “proteger el nivel de empleo y el ingreso de los trabajadores”.

Entre los aspectos que repasó, Moroni destacó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -para atender a sectores informales-, el impulso del teletrabajo y el decreto que prohibió por 60 días los despidos y suspensiones, un tema que “ante la prolongación (de la cuarentena) nos pareció prudente”.

“Estamos tratando de impedir la disolución de vínculos”, enfatizó y precisó que hay 200 casos de suspensiones con compensación monetaria y acordadas con los sindicatos, de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Al ser consultado en varias oportunidades por el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el ministro remarcó que “no hay cupo” y “no hay límites”, sino que “toda empresa que cumpla con los requisitos podrá acceder” a los beneficios de postergación y/o reducción del pago de contribuciones patronales y asistencia para el pago de salarios. Hasta el momento, informó, hubo “más de 400 mil inscriptos”.

Además, el funcionario resaltó la habilitación de líneas de crédito y apuntó que el Fondo de Garantías Argentino ya otorgó “garantías por más de 34 mil millones de pesos” y “ha desembolsado ya casi 30 mil millones de pesos en el sector PyME”.

En otro tramo de su exposición, Moroni anunció un DNU por el cual se establecerá que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo no podrán rechazar la cobertura de los casos de coronavirus de aquellos trabajadores exceptuados que durante el aislamiento contraigan la enfermedad.

También, el ministro se refirió al IFE y no descartó que se pague más de un mes. “Si los hechos ameritan que tengamos que mantener este beneficio más tiempo, lo haremos”, dijo y aunque aclaró que no está previsto que “alcance a categorías más altas del monotributo”, eso es algo “que estamos analizando”.

Al momento de las preguntas, la macrista Laura Rodríguez Machado consultó si hay “reuniones entre los gremios y las empresas para ver qué medidas se pueden tomar después de la salida de la cuarentena para evitar la pérdida del empleo”. “Nos reunimos permanentemente con los sindicatos y están haciendo todo lo necesario”, aseguró el funcionario, que agregó: “Si todo esto no llega a ser suficiente probaremos otras medidas”.

Por su parte, la senadora Gladys González (Pro) preguntó sobre la regulación del teletrabajo, ante la eventual extensión de esta modalidad, y Moroni sostuvo que es algo “que requiere de una regulación bastante más detallada de lo que hicimos hasta ahora”. “A esta modalidad la vamos a tener que reglamentar mejor”, indicó.

En tanto, sobre los trabajadores de plataformas de envíos a domicilio -exceptuados del aislamiento-, el ministro reveló que había una iniciativa en carpeta y consideró: “Deberíamos mandar el proyecto y que el Congreso ya empiece a discutirlo, porque es un proyecto muy razonable, en donde los incorporamos como trabajadores dependientes, pero con un estatuto específico que respeta determinadas condiciones y da derechos básicos que hoy no están teniendo”.

Consultado por varios temas, el titular de la cartera laboral confirmó que “la obra pública claramente está entre los sectores que se van a ir habilitando paulatinamente”. Además, reconoció que todavía no se pensaron respuestas para los trabajadores de temporada de invierno -ante una pregunta de la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT)-; y se comprometió a conversar con los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sabina Frederic (Seguridad) sobre el regreso a sus hogares de trabajadores itinerantes, ante un planteo de la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Al momento de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió ejecutar medidas “en un plazo de 90 o 180 días” para dar “certidumbre” a todos los sectores, al tiempo que esos en esos planes “el Estado esté presente de una forma mucho más integrada”. El radical consideró que “para garantizar el empleo”, el Gobierno deberá sí o sí “pensar de acá hasta junio, julio”.

A su turno, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, destacó el “trabajo incansable del presidente y su equipo” y cada una de las medidas que se tomaron. “Estamos yendo por un buen camino en comparación con otros países que han perdido el control”, agregó y afirmó que desde el Congreso van a “garantizar el acompañamiento” de los DNU que se dictaron durante la emergencia.

El presidente de la comisión, Daniel Lovera, ponderó los esfuerzos para sostener los empleos y reflexionó que pos cuarentena “se va a liberar una renovada pelea con las corporaciones mundiales”, con lo cual el Estado, los empresarios, los trabjadores y las PyMEs “deberemos estar todos juntos” para la lograr reactivación económica.

Para finalizar, Moroni expresó: “Es muy difícil pensar cómo queda el futuro después de esta pandemia, cómo queda la economía del mundo y la economía de Argentina, pero creo que vamos a encontrar el rumbo para tener una economía más justa que la que estuvimos teniendo en todos estos años”.

Paralizado por imperio de las circunstancias, el Congreso limita su actividad a encuentros virtuales con funcionarios y la presentación de proyectos. En este caso, para esta semana se prevé la presentación de otros tres ministros en ambas cámaras, con la novedad de que por primera vez en esta nueva etapa asistirá a una comisión un funcionario de segunda línea.

Para este lunes, en el horario habitual de las 17 en Diputados, se presentará el ministro de Agricultura Luis Basterra ante la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside el oficialista José Ruiz Aragón.

En el Senado se espera finalmente la visita ese mismo día del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para las 16, quien se presentará ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el pampeano Daniel Lovera. Moroni también irá a Diputados dos días después: a las 17 se lo espera en la Comisión de Legislación del Trabajo que encabeza la dipusindical Vanesa Siley, del Frente de Todos.

Para el día martes se activará la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, que encabeza la radical María Soledad Carrizo, para escuchar a Mario Cafiero, quien es presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), que depende de Desarrollo Social.

No está confirmado, pero el miércoles podría reunirse la Comisión de Salud del Senado, cuya presidencia aún no se ha resuelto, y a la que ha sido invitado el ministro de Salud, Ginés González García.

Por último, el jueves la ministra de ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta irá a la Cámara de Diputados. Después de haber participado la última semana de una reunión virtual con las integrantes de la Banca de la Mujer del Senado, ahora estará este jueves a las 17 ante la Comisión de Mujeres y Diversidad que en Diputados preside la kirchnerista Mónica Macha.

La Cámara de Senadores va algunos escalones detrás de Diputados en cuanto a la actividad en las comisiones, pues mientras allí se han presentado ya cinco ministros, en la Cámara alta recién lo hizo este miércoles Elizabeth Gómez Alcorta, ante la Comisión Banca de la Mujer.

Ahora será el turno de Claudio Moroni, programado para el lunes 13, después de Semana Santa. Es la tercera vez que ha sido programado el titular del Ministerio de Trabajo, pues había sido anunciado primero para el 1 de abril, y luego para dos días después, pero se postergó nuevamente por una reunión con dirigentes cegetistas en Olivos. Ahora fue reprogramada para este jueves.

La cita es con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que encabeza el pampeano Daniel Lovera, que convocó a sus pares para este lunes a las 16. Escucharán la exposición, que estará cruzada por las implicancias de esta crisis sanitaria en el mercado laboral, y luego será el turno de las preguntas de los senadores que integran esa comisión.

En medio del caos generalizado que se produjo por la apertura de los bancos en el medio del aislamiento social obligatorio por el coronavirus, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, debió suspender su presentación virtual ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El funcionario iba a exponer por videoconferencia ante la comisión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) a partir de las 15, pero finalmente canceló su participación por “razones de gestión ante la emergencia bancaria”, y la reunión se suspendió sin nueva fecha de convocatoria.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en la quinta de Olivos con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y también tenía previsto escuchar a la cúpula de la CGT por el impacto de la cuarentena en el trabajo; de ahí el motivo de la ausencia de Moroni.

La apertura de los bancos por única vez para garantizar a cobro a jubilados sin tarjeta y a beneficiarios de programas sociales provocó largas filas, amontonamientos y desbordes en numerosas localidades, a contramano de las medidas de prevención ordenadas por el propio Gobierno contra la expansión del virus.

Por eso, el Banco Central emitió una resolución en horas de la mañana en la que dispuso la apertura de los bancos este sábado y domingo, en un arreglo con el sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo.

Críticas de la oposición

En un comunicado, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio salió a cuestionar la ausencia de Moroni. “De manera inexplicable el ministro suspendió la reunión por ‘razones impostergables de agenda’. Bastaban unas horas para que respondiera preguntas. Se trataba de una reunión virtual en la que ni siquiera debía desplazarse”, advirtió la bancada presidida por Luis Naidenoff.

Para los senadores, “hoy no había excusas”, ya que “ante el Senado de la Nación su deber era explicar y aclarar especialmente la decisión del cobro de jubilados y beneficiarios de la AUH en un solo día, sin tomar recaudos o escalonando días de pago, rompiendo por impericia la cuarentena que la sociedad acompañó estos días”.

“El Gobierno deberá tomar medidas con los que por acción u omisión generaron este desborde de alto riesgo”, lanzaron los legisladores de la oposición, y concluyeron: “El país requiere que los funcionarios del gobierno colaboren y respondan ante el Congreso y los ciudadanos”.

En lo que se prevé sería la última fase de la cuarentena obligatoria, la semana próxima dos ministros expondrán ante comisiones de la Cámara de Diputados, y más adelante lo hará un tercero, a través de la modalidad implementada desde el aislamiento: las videoconferencias.

Desde sus casas, los legisladores escucharán a los funcionarios y, luego, realizarán preguntas vinculadas a las medidas y situaciones de cada área con motivo del contexto que se desencadenó con la llegada del coronavirus al país.

Según informaron fuentes parlamentarias del oficialismo, este lunes a las 17 será el turno del ministro de Transporte, Mario Meoni, que hablará ante la comisión homónima que preside el tucumano José Cano (UCR).

En tanto, el martes -en el mismo horario- participará de un encuentro online con los diputados de la Comisión de Defensa Nacional, a cargo de Carlos Fernández (UCR), el ministro Agustín Rossi.

Finalmente, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expondrá en la semana del 13 de abril ante la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce Vanesa Siley (Frente de Todos).

Ya participaron de este tipo de reuniones los ministros Nicolás Trotta (Educación), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y Ginés González García (Salud).

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expondrá este viernes por videoconferencia ante los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos).

A partir de las 15, el funcionario participará de una reunión virtual para explicar el impacto que produjo la pandemia del coronavirus en la situación laboral del país, dado que desde el comienzo de la cuarentena obligatoria hay un parate generalizado de la actividad económica.

Entre las medidas que se tomaron, el Gobierno nacional estableció días atrás la prohibición de los despidos y suspensiones por el término de 60 días, a través de un DNU.

Los legisladores, que cumplen con el aislamiento en sus casas, podrán interactuar con el ministro y realizar preguntas.

La reunión estaba prevista para el miércoles pasado, pero Moroni solicitó posponer el encuentro online para este viernes.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pidió postergar su presentación ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que iba a reunirse este miércoles a las 17 por videoconferencia, en la primera actividad de la Cámara alta desde que comenzó la cuarentena.

Por pedido del funcionario, la reunión de la comisión que preside Daniel Lovera (Frente de Todos) se pasó para este viernes a las 15, manteniendo la modalidad remota.

Está previsto que Moroni informe a los senadores sobre la situación laboral en el marco de la pandemia por el Covid-19, luego de que el Poder Ejecutivo firmara este miércoles un decreto para prohibir despidos y suspensiones por 60 días.

La videoconferencia del viernes será transmitida a través de Senado TV en su canal de Youtube.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, descartó que el Gobierno intente “desguarnecer la administración de Justicia” con la modificación de los regímenes previsionales de privilegio y con la futura reforma de la Justicia federal.

Durante el plenario de comisiones de Trabajo y previsión Social y de Presupuesto del Senado, Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto para reformar el régimen jubilatorio de jueces.

Zimmermann también vinculó el tema al anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández acerca de una reforma judicial para descentralizar la tarea de los tribunales de Comodoro Py.

Ante la consulta, Moroni dijo que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”.

“Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó además que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”, algo que “ha sucedido en los últimos 30 años”.

Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias.

Moroni añadió que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este miércoles el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, en el marco del debate del proyecto para reformar los regímenes especiales de jubilaciones para jueces y diplomáticos.

“No estamos planteando eliminar los sistemas de protección de los jueces”, afirmó el funcionario ante una sala colmada de asistentes en el Anexo C de la Cámara baja. “El Poder Ejecutivo comparte que los jueces cumplen una tarea especial y deben tener protecciones especiales. Deben tener derechos desiguales con respecto al resto”, resaltó.

Sin embargo, Moroni dijo que lo que estaba en discusión es “cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo”. En ese sentido, remarcó que mientras “se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos, de esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces”.

“Nos parece bien que mantengan un régimen especial, pero lo que no nos parece bien es que hagamos redistribución inversa”, señaló y pidió entonces a los legisladores analizar “cuánto es el nivel de desigualdad que debe haber en la distribución de los recursos a favor de los jueces”.

En su exposición, el ministro expresó que cuando se evalúa como está funcionario el sistema previsional, “hay algunos principios” como la solidaridad “que no se están cumpliendo”. Sobre esto, graficó que “el 5% de los beneficios más altos consumen más del 20% de los recursos” y los regímenes del Poder Judicial y el Servicio Exterior son “los que tiene mayor diferencia respecto al resto”.

Además, el titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social especificó que el haber promedio en el caso de los jueces es de 290 mil pesos mensuales, mientras que en los diplomáticos alcanza los 320 mil pesos mensuales.

El ministro enfatizó que el régimen del Poder Judicial “tiene un déficit de caja, tomando la suma de aportes y contribuciones, de 9 mil y pico de millones de pesos”. Y apuntó que, en caso de aprobarse la ley, habría una reducción del déficit del 40 al 45% y del 70% al año 2040.

En relación a la iniciativa, Moroni explicó que se mantiene el 82% móvil para el cálculo del haber inicial, pero que se tomará en base al promedio de las remuneraciones de los últimos diez años.

También dijo: “Corregimos la edad jubilatoria, elevamos los valores a 65 (años) en un plazo gradual”. Pero en relación a esto último, reveló que se está analizando “mantener a las mujeres en 60 (años)”. Y, a continuación, destacó que la ley aplicará “a cargos estrictamente de magistrados y funcionarios”.  

De cara al futuro del sistema previsional, el funcionario consideró que “tenemos un problema que debemos afrontar” y es que hay “una población activa” de aproximadamente el 40% que al momento de jubilarse “no van a llegar a tener los 30 años de aportes”.

“La cuestión está en cómo aplicamos los recursos del Estado”, sostuvo y cerró: “Lo único que estamos planteando es que esa desigualdad sea un poco más chica de lo que en realidad es ahora”.

Con el objetivo de emitir dictamen este miércoles y poder debatir al día siguiente el proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio, se realizará un plenario de comisiones al que han sido invitados funcionarios, organizaciones y gremios para analizar la cuestión.

Las comisiones que se reunirán son las de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, y al plenario asistirán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli.

También han sido invitados la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); miembros del Consejo de la Magistratura; la Federación Argentina de la Magistratura; el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); la Asociación de Profesionales del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior Nación (APSEN).

Estas convocatorias atienden un reclamo que parlamentario.com había adelantado que harían los diputados de Juntos por el Cambio, que no quieren un tratamiento exprés, y que pretendían que fueran citados funcionarios y las mencionadas organizaciones. En la lista sugerida por JxC figura también la titular de la cartera de Justicia, Marcela Losardo, que no estará.

Como sea, igual los diputados de JxC plantearán sus cuestionamientos durante la reunión de este miércoles. Así lo adelantó el jefe del bloque Coalición Cívica, Maxi Ferraro, que insistió en que “no podemos ir a un tratamiento y aprobación exprés”, y remarcó: “Nos oponemos a todo tipo de privilegios, siempre pedimos que los magistrados paguen ganancias como lo realiza cualquier otro  trabajador”.

Por otra parte, Ferraron sostuvo este martes que “en el debate de una ley hay que tener muy presente el contexto. Hoy nos preocupa y alerta el hostigamiento que está habiendo con la justicia y muchos de sus integrantes”, y adelantó que pedirán cifras: “Debemos saber cuántos funcionarios judiciales se estarían jubilando y cuántas nuevas vacantes se generarían. No podemos permitir el vaciamiento y/o toma del Poder Judicial”.

Otros proyectos

Luego de los invitados, será el turno de los diputados que tienen proyectos sobre el tema, que podrán exponer sobre los mismos. Así serán incluidos, además del proyecto oficial, uno del jefe de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, que cuenta con la anuencia del gremio judicial que encabeza Julio Piumato,  y que propone incorporar a los trabajadores judiciales al régimen especial de jueces, con el fin de ampliar la base de aportantes, llevando ese aporte al 15% para todas las categorías.

También hay otro proyecto del radical Alejandro Cacace, acompañado por una decena de diputados de la UCR y el Pro. Se trata de una propuesta más agresiva que la del Poder Ejecutivo, pues propone terminar con los regímenes de privilegio y que todos sus beneficiarios -incluyendo al presidente, el vice y jueces de la Corte Suprema de Justicia- pasen a integrar el régimen general. La inclusión de ese proyecto en el temario es interpretada como el intento del oficialismo de correr por izquierda a Juntos por el Cambio.

La izquierda irá con un proyecto propio, que presenta este mismo miércoles a través de la diputada Romina Del Plá y que alcanza a los empleados judiciales de la Nación. El mismo excluye a los jueces de todas las instancias y a otros cargos del régimen de privilegio de la Ley 24018, pero incluye hasta los secretarios de juzgados de primera instancia que provengan de carrera judicial, un tema que ha sido motivo de luchas gremiales en los últimos años.

La reunión se hará a partir de las 14 en el 2º piso del Anexo C Cámara de Diputados, y media hora antes se realizará la reunión constitutiva de la Comisión de Previsión, que será presidida por el entrerriano Marcelo Pablo Casaretto, del Frente de Todos.