Comenzó en el edificio anexo del Senado bonaerense, un jury contra el fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que funcionó entre 2013 y 2015, dedicada a robar cargamentos de droga secuestrada a narcos en operativos policiales.La audiencia se desarrollará en un plazo de entre cuatro y cinco jornadas, en las que pasarán a dar su testimonio unas 54 personas.

Cabe resaltar que el fiscal Scapolán se encuentra suspendido de su cargo desde el 22 de diciembre pasado por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funiconarios de provincia de Buenos Aires, que también dispuso el embargo del 40% de su sueldo y dos mil millones de pesos.

El cuerpo de enjuiciamiento es presidida por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, y conformado por los legisladores Juan Pablo Allan, Daniel Andrés Lipovetzky, Walter Carusso y María Eugenia Brizzi de Juntos, y la legisladora oficialista Sofía Vanneli.

También son parte del jury los abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

Scapolán se encuentra procesado por un total de diez delitos, entre los que se lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por la misma causa, otras 32 personas serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín por formar parte de la banda de Scapolán , entre las cuales hay efectivos policiales del área de drogas de San Isidro y Quilmes, así como también abogados que facilitaron los mecanismos extorsivos y que aportaron falsos testigos.

Cabe destacar que, la primera en presentar una denuncia contra Scapolán en 2016, fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y posteriormente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue quien se encargó de la investigación y descubrió que robaron al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcotraficantes.

La Coalición Cívica volvió a insistir este martes en su reclamo para que se complete el juicio y la destitución del fiscal Claudio Scapolán con fundamentos en la “falta de los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de su función”.

Recuerdan desde la CC que el 1° de julio pasado enviaron una nota al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para volver a reclamar la remoción del cargo del fiscal Scapolán ante la gravedad, pluralidad y extensión en el tiempo de los hechos y faltas atribuidos y por haber “perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”. La nota, que fue enviada a las autoridades partidarias y parlamentarias de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y firmada por Elisa Carrió en su calidad de denunciante, y por los legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, obedece a la falta de avances contra ese fiscal por parte de la política provincial.

Las recientes manifestaciones públicas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fuera apartada de la causa por abogados con aceitados contactos políticos, de acuerdo con lo que ella misma ha expresado, respaldan “la veracidad de los dichos de Elisa Carrió de los últimos días”, afirman desde la Coalición Cívica.

Es importante recordar que el 1º de octubre del año pasado, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro dictó el procesamiento del fiscal Claudio Scapolán en orden a distintos hechos delictivos (asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público reiterada, instigación al falso testimonio agravado, sustracción de medios de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, uso de documento público falso reiterado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público).

A través de un comunicado, la Coalición Cívica recordó que desde el año 2016, también se han ocupado de advertir en privado a las autoridades políticas que se encontraban en funciones en la Provincia de Buenos Aires, acerca de la actuación del entonces funcionario del Ministerio de Seguridad Marcelo Rochetti en algunos hechos, y de presentaciones judiciales que han realizado al respecto.