La Cámara Nacional Electoral confirmó este viernes el procesamiento de seis imputados en una causa penal electoral en la que se investigan maniobras denunciadas en la localidad de Maipú –provincia de Buenos Aires- dirigidas a impedir el voto de un grupo de ciudadanos, o bien a obligarlos a votar a un determinado candidato, en las elecciones del 27 de octubre de 2019.

La maniobra consistía en obtener los documentos de identidad de las víctimas, a cambio de dinero, para luego facilitar diversas gestiones en el municipio, tales como la obtención de ayudas sociales o cuestiones relacionadas con infracciones de tránsito. Asimismo, también se hicieron entregas de alimentos, materiales para la construcción y colchones. En algunos casos las víctimas fueron obligadas a entregar su documento de identidad bajo amenaza de perder el trabajo en las cooperativas de la intendencia.

En este sentido, el fallo de la Cámara -firmado por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas– destaca que se acreditó la existencia de “un mecanismo coordinado y gestado desde esferas jerárquicas de poder del gobierno municipal, dirigido a manipular la voluntad de una serie de ciudadanos de la localidad de Maipú, y así intervenir ilícitamente en los comicios desarrollados el 27 de octubre de 2019, todo ello bajo la modalidad de masivas retenciones de documentos de identidad, mediante proliferación de amenazas de diversa índole, y como principal herramienta de explotación y engaño la vulnerabilidad que caracterizaba, según su propio relato, a la situación socio-económica de las víctimas”.

El Tribunal también señaló que se verificó “un complejo dispositivo que conjugó diversas formas de condicionamiento -cuya capacidad para restringir o anular la autodeterminación de los aquí denunciantes quedó demostrada-, las cuales fueron utilizadas por un conjunto de individuos relacionados con el gobierno municipal a los fines de desdibujar y tergiversar los más elementales valores, principios y derechos del régimen representativo, conquistas cuya defensa debe primar en todo Estado democrático y constitucional como el nuestro”.

Asimismo, se explica en la sentencia que la compra de votos es una práctica típica del clientelismo político-electoral, en la cual los votantes “son sobornados para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral”.

Recuerda finalmente la Cámara Nacional Electoral que cuando los instrumentos internacionales hacen referencia al “voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”, procuran resguardar al sufragante de toda intimidación, pues la libertad del voto conlleva inexorablemente el derecho de cada elector de expresar su voluntad sin ser objeto de presión alguna.

En cuanto a los pasos siguientes de este proceso penal, se hizo notar que el Ministerio Público Fiscal debe profundizar la investigación y eventualmente discernir si corresponde ampliar el abanico de responsabilidades y/o autores.

El diputado nacional Felipe Álvarez (SOMOS ENERGIA PARA RENOVAR – La Rioja) apuntó contra el gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, por la imagen que se difundió en la que se ve al mandatario provincia entregando billetes a un grupo de personas y denunció “clientelismo” porque “de esa forma compra la voluntad popular”.

En diálogo por Radio Mitre, el diputado riojano expresó: “Genera mucha bronca y tristeza por La Rioja. No me representa en nada, ni a mí, ni a miles de riojanos”.

“Hay que recordar que esa plata sale del Estado. Quintela la usa como propia, pero no sale del bolsillo del gobernador, aunque la lleva en la billetera como si fuera propia. Reparte esa plata a discreción de acuerdo a lo que él quiere, caprichosamente”, sostuvo.

Además, lamentó: “Es una costumbre que indigna. Esa imagen duele porque muchos riojanos son rehenes de la pobreza y el clientelismo a los que los condenan estos gobiernos”, y agregó: “Repartir plata de esa forma es una forma de comprar la voluntad popular. Pero sé que la mayoría de los riojanos quieren salir de esa dependencia de señores feudales”.

Sobre la situación actual en su provincia, Álvarez sostuvo que tiene una mirada totalmente distinta de lo que pasa en la provincia y en el país y que “lo que dice el gobernador permanentemente en Buenos Aires no se condice en nada en lo que pasa en mi provincia”, y sumó: “En La Rioja no tenemos división de poderes, no tenemos instituciones y su familia es parte de la Justicia”, en contraposición con las recientes declaraciones públicas de Quintela sobre el conflicto con la Corte Suprema.

Por otro lado, comentó que tuvo una reunión con médicos que trabajan en Chilecito, la segunda localidad de La Rioja, y estos reclamaban que “no tienen nada en el hospital” y que una madre para tener un hijo se tiene que ir a la capital y hacer más de 200 km para poder parir.

“Somos muchos los que creemos que hay que hacer las cosas de otra forma. El Estado está para garantizar educación, salud y trabajo genuino; tenemos que administrar los recursos en forma prolija y transparente, no como hoy que nadie sabe dónde terminan los miles y miles de millones que llegan”, declaró.

Sobre la posibilidad de cambiar el rumbo de la provincia el diputado sostuvo: “Hoy estamos todos juntos desde la oposición, los que venimos del peronismo, radicalismo, Pro, ciudadanos que no son parte de ningún partido político y creemos que se puede y La Rioja tiene un potencial enorme”.