El texto legislativo, que lleva la sugestiva firma de la senadora oficialista Malena Galmarini, apunta directamente a frenar la "naturalización" de las apuestas en el deporte.
En un intento por combatir el avance de la ludopatía infantil y preservar el rol social de las instituciones, ingresó a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que propone prohibir de forma total la publicidad, patrocinio y sponsoreo de juegos de azar en entornos deportivos y comunitarios de la provincia de Buenos Aires.
El texto legislativo apunta directamente a frenar la "naturalización" de las apuestas en el deporte, una tendencia que ha crecido exponencialmente con las plataformas online, buscando proteger a niños, niñas y adolescentes al reducir su exposición a estímulos que vinculan el éxito atlético con el juego por dinero.
La clave de la iniciativa radica en la creación de un "radio de protección" de 100 metros alrededor de todos los establecimientos deportivos, alcanzando desde pequeños clubes de barrio hasta estadios de fútbol profesional y polideportivos municipales.
Dentro de este perímetro, y en las propias instalaciones, quedaría estrictamente prohibida la exhibición de marcas o logotipos de operadores de apuestas en indumentaria, campos de juego, vallados y mobiliario urbano.
La restricción es tan amplia que incluso contempla la prohibición de publicidad digital geolocalizada dirigida específicamente a dispositivos móviles que se encuentren dentro de dicha área protegida.
Para evitar que las empresas eludan la normativa, el proyecto incorpora una cláusula contra el uso de "sub-marcas" o nombres derivados que resulten asociados a casas de apuestas.
Asimismo, se establece que los contratos de sponsoreo que se encuentren vigentes al momento de la sanción no podrán ser renovados ni prorrogados, fijando un plazo máximo de 180 días para su extinción definitiva.
La responsabilidad por el cumplimiento de estas pautas será solidaria entre los operadores de juegos, las agencias de publicidad y los titulares de los soportes o medios utilizados.
En cuanto a la implementación, la fiscalización quedará bajo la órbita de los municipios en coordinación con la Subsecretaría de Deportes provincial, quienes deberán crear un registro público y un sistema de georreferenciación de los predios protegidos.
El incumplimiento de la norma prevé sanciones que van desde el apercibimiento hasta multas de gran escala, junto con la remoción inmediata de la publicidad infractora.
En sus fundamentos, el proyecto señala que la medida es "adecuada y proporcionada", citando precedentes internacionales en países como España y Bélgica donde ya se han limitado estos patrocinios para resguardar la salud pública y la integridad de los menores.