Repercusiones por los candidatos a la Corte: un anticipo de la CC sobre Lijo y reclamo por la ausencia de mujeres

Diputados que responden a Elisa Carrió afirmaron que impugnarán la postulación del juez federal, al asegurar que se trata de “el más grave daño a la República”.

La postulación del Gobierno nacional del juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia despertaron críticas en el arco político.

Desde la Coalición Cívica, espacio referenciado en Elisa Carrió, anticiparon que presentarán una impugnación al pliego de Lijo, al considerar que su candidatura constituye “el más grave daño a la República e independencia del Poder Judicial”.

“No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones”, subrayaron.

La Mesa Ejecutiva del partido, y diputados nacionales de la CC, recordaron que “a lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF”.

“Esta designación demuestra un pacto de impunidad del Poder Ejecutivo con el kirchnerismo, que amparó a Lijo en el Consejo de la Magistratura durante todos estos años. Su estrecha relación con Ricardo Lorenzetti y el manejo de la oficina de escuchas, revela que no es este el camino del cambio para una sociedad ávida de justicia”, enfatizaron.

En la red social X, el diputado Juan Manuel López sostuvo que “Ariel Lijo es la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Es parte del freezer que administra el banco de la impunidad argentina desde Comodoro Py como denunció @elisacarrio. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei”.

“No puedo creer Pte. @JMilei que postule al Juez Lijo, casta total, NO académico, en la CSJN, que encima está denunciado por su mal desempeño causa YPF. Sería prioritario nombrar en vacantes a jueces y fiscales federales para avanzar en lucha contra el narcotráfico. Será Justicia!”, escribió la legisladora Marcela Campagnoli.

En tanto, también desde la CC, Mónica Frade señaló que “si a la Corte Suprema va el juez Ariel Lijo, la propuesta del Ejecutivo, la Justicia se queda huérfana. Denunciado por la @ccari_ok por enriquecimiento ilícito, con un hermano pobre hasta que comenzó a obrar de su testaferro. Derrapa la Justicia una vez más”.

Otro de los mensajes en contra de Lijo vino por parte del Pro, espacio aliado del oficialismo. El diputado Fernando Iglesias expresó: “En contra de la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema. Necesitamos transparencia y compromiso con la justicia y las instituciones, y Lijo ha representado exactamente lo contrario durante años”.

Quejas por la ausencia de mujeres en las candidaturas

El Poder Ejecutivo afirmó este miércoles que Ariel Lijo será propuesto para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. Desde ese momento, la Corte no sólo tiene cuatro de cinco miembros, sino que no hay mujeres. El decreto 222/2003 establece que en la conformación debe tenerse en cuenta la “diversidad de género”. Sin embargo, en el comunicado de Oficina de Prensa del presidente indicaron que ese decreto se modificará. Se verá en qué aspectos.

Esto fue algo que no cayó para nada bien en varias legisladoras, que se expresaron al respecto. “El presidente eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia. Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”, manifestó la socialista Mónica Fein.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer posteó: “Frente a la divulgación del comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”.

“Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, agregó.

La radical Carla Carrizo repasó que “de los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, sólo 3 fueron mujeres (Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton). Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte”.

“Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro a integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país”, fue el mensaje de la radical Karina Banfi.

“Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad”, opinó la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard.

Exministro de Justicia durante el gobierno anterior, el diputado Martín Soria publicó: “Milei anunció que modificará el Decreto 222/03 para poder completar la Corte Suprema más conservadora de la que se tenga memoria, excluyendo la participación de mujeres en el máximo tribunal del país. Esta decisión es un paso más para que la Justicia argentina siga degradándose”.

 

 

La CC tiene un plan para las empresas del Estado

Propone privatizar 25 empresas del Estado y crear un holding que administre a las empresas no privatizadas.

Foto: agora.universitasfundacion.com

Los diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley para privatizar 25 empresas del Estado de distintos sectores, entre las que se incluye a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, y Radio y Televisión Argentina. También propone un esquema público privado para Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat, entre otras.

Además, se propone crear una Sociedad Administradora de Empresas del Estado para agrupar a las empresas que no se privatizan, con el objeto de mejorar la eficiencia, integridad, administración, transparencia y reglas de buen gobierno, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.

“La Argentina no necesita un Estado enorme, sino un Estado inteligente, que no genere desequilibrios macroeconómicos que perjudiquen a los ciudadanos”, señalan los legisladores de la CC. “Lo importante no es que las empresas sean públicas o privadas, sino que lo central es brindar servicios de calidad para todos los argentinos al menor costo posible”, agregan.

Afirman en ese sentido que “desde hace muchos años, prácticamente todas las empresas vienen cerrando sus cuentas en rojo y necesitan abundantes subsidios que surgen de impuestos que pagamos todos. De hecho, los subsidios durante el año 2023 sumaron $2,3 billones”.

“El ranking de mayores subsidios lo encabeza ENARSA, le siguen AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. A pesar de los números en rojo, durante los últimos años las empresas se dieron el lujo de aumentar su personal”, sostienen desde la CC.

La Coalición Cívica también propone mejorar el proceso de privatización eliminando la contratación directa, por lo que las privatizaciones deberán ser llevadas a cabo solo mediante licitación pública, remate público, o venta de acciones en la bolsa.

También pide la colaboración de la SIGEN, la AGN, y la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, para que se garantice un proceso transparente, competitivo, y anti privilegios.

La CC denunció ante la Oficina Anticorrupción a Rodolfo Barra y reclama su remoción

Es a raíz de la opinión del procurador del Tesoro en torno a la causa por la cual está condenada Cristina Kirchner. El escrito fue presentado por Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic.

La Coalición Cívica, partido referenciado en Elisa Carrió, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, contra el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y reclamó su remoción, a raíz del documento en el que opinó a favor de Cristina Kirchner sobre la causa “Vialidad” por la cual la expresidenta fue condenada a seis años de prisión.

En el escrito, presentado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la dirigente Mariana Zuvic, se argumenta sobre “la posible existencia de un conflicto de intereses insalvables que atañen a la responsabilidad institucional y actividades privadas del procurador del Tesoro”.

“La continuidad en el cargo del referido funcionario atentaría contra la transparencia institucional del Gobierno, posibilitando la eventual comisión de delitos tipificados en el Código Penal que atentan contra la Administración Pública”, señalaron.

Ferraro y Zuvic recordaron que “hace pocos días, la Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencias públicas y presenciales para definir si confirma o revoca la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua impuesta a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de ‘Vialidad’, o si decide agravar ese castigo al entender que corresponde que sea condenada no solo por fraude contra el Estado sino por asociación ilícita, como lo reclama la fiscalía”.

De acuerdo hizo público en su red social X la exvicepresidenta, “el doctor Barra habría actuado como ‘experto legal’ asesorando por cuenta propia (es decir como sujeto de derecho privado) a la señora Fernández en temas vinculados a la mentada causa”. “Es decir que el actual procurador del Tesoro de la Nación emitió una opinión sobre una causa que hoy tramita ante la Cámara de Casación”, agregaron.

En ese sentido, subrayaron que “la opinión experta fue realizada en términos favorables para los intereses de la señora Fernández y, aunque haya sido en su carácter de experto privado, existiría un conflicto de intereses claro e innegable entre dicha opinión y sus actuales funciones públicas como responsable del cuerpo de abogados del Estado argentino, ya que tiene el deber de defender al Estado en los juicios. La pérdida de credibilidad resulta irreparable”.

“El conflicto de intereses se habría configurado, en este caso, porque se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades”, afirmaron.

En la denuncia, Ferraro y Zuvic se preguntaron: “¿Cómo esperar que el actuar de la Procuraduría del Tesoro de la Nación sea en beneficio de la sociedad si quien debe decidir ya opinó al respecto?”. “Estaríamos frente a un conflicto de intereses potencial de muy alta probabilidad de afectación al orden público y sistema de valores de la sociedad argentina”, agregaron.

Desde la CC-ARI proponen terminar con la caja de los Fondos Fiduciarios y establecer un marco regulatorio

La iniciativa es autoría de la diputada Victoria Borrego y la misma propone revisar y transparentar todos los Fondos existentes.

Tras caerse el inciso “h” del artículo 4 del proyecto de Ley de Bases que le entregaba la potestad a la Casa Rosada de disponer a voluntad sobre los fondos fiduciarios, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para terminar con la caja de los Fondos y establecer un marco regulatorio.

La iniciativa es de autoría de la diputada Victoria Borrego y acompañada por sus pares de bloque Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Paula Oliveto Lago.

“El Estado Nacional cuenta con 29 Fondos Fiduciarios que insumen recursos por más del 2% del PBI (transferencias del Tesoro y afectación de impuestos). Son poco transparentes y no están sujetos a las reglas presupuestarias. Ej. no puede saberse quienes son sus beneficiarios”, explicó López en su red social X.

El proyecto propone que los Fondos deban presentar informes justificando su continuidad, se debe informar los ingresos y los gastos. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) se encargará de llevar a cabo auditorías exhaustivas y regulares de los fondos fiduciarios con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.

También plantean que solo puedan ser creados por ley y que requerirá una evaluación integral de impacto económico, financiero, costos administrativos y de la duración prevista del mismo. Esta evaluación será realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la cual deberá emitir un informe detallado sobre los aspectos mencionados.

En suma, propone que los recursos no pueden utilizarse con fines distintos a los que motivaron su creación y que los Fondos existentes deben adaptarse a la nueva legislación y los creados por Decreto ratificados por el Congreso, de lo contrario, se extinguen y sus recursos vuelven al Tesoro Nacional.

Ley marco regulatoria de Fondos Fiduciarios

Oliveto le respondió a Milei: “Yo nunca traicioné porque nunca prometí votar superpoderes”

La diputada de la CC-ARI le advirtió al Gobierno que “el país no puede estar así con este nivel de violencia y agresión” por la lista de diputados “traidores” que votaron en contra de los artículos de la ley ómnibus.

La diputada nacional Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal) se refirió a la caída de la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional: “Lo que pasó en el Congreso tuvo que ver con mala praxis de ellos”, y aclaró: “Yo nunca traicioné porque nunca prometí votar superpoderes”.

En comunicación con CNN Radio, Oliveto criticó la “lista de traidores” que publicó el oficialismo por redes sociales: “Es un deja vú de la grieta que nos planteó el kirchnerismo y nos dividió. El país no puede estar así, con este nivel de violencia y de agresión, que por el nombre de la libertad no puedas ser libre de acompañar o no un artículo”.

“El presidente cree que de esta forma concentrará poder y logrará una amplia mayoría parlamentaria y llamo a los ciudadanos que reflexionen a que, en un país tan atomizado y violento, no se puede progresar. La convivencia, la democracia y la Constitución Nacional, que es el pacto social al que suscribimos”, reflexionó la diputada.

En este sentido, Oliveto argumentó su rechazo a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo: “El Poder Ejecutivo es uninominal en un país hiperpresidencialista y esa persona puede extorsionar, con esas facultades que son propias del Congreso, a políticos, empresarios, periodistas y sobre todo a ciudadanos. Esto me demuestra que los pesos y contrapesos son importantes en Argentina para frenar las vocaciones autoritarias”.

A su vez, advirtió: “Fue muy grave lo que pasó y lo estamos dejando pasar. Cuando la Justicia le falle en contra, ¿retomarán el juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema?”. Y llamó a que la prensa independiente continúe informando.

En tanto, Oliveto rememoró que estuvo varios días ayudando en la redacción de artículos y en la búsqueda de alternativas. Y comentó: “Le íbamos a votar un montón de artículos y, de hecho, la Coalición Cívica tenía dictamen de minoría y, por ende, sabían que íbamos a votar algunos artículos y otros no. Yo nunca traicioné porque nunca prometí votarle superpoderes porque no se los voté a nadie y Lilita Carrió tampoco”.

Y recordó que el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, no tuvo facultades extraordinarias “e igualmente gobernó y llevó adelante su plan de gobierno”, y apuntó: “Nos tratan de basura y escoria, ¿Quién puso el cuerpo en el país para enfrentar a la corrupción? ¿Yo soy corrupta y lo tiene Scioli al lado? Tenemos que responder cosas que en democracia no tenemos por qué responderlas”.

Por último, Oliveto rechazó la posibilidad de que Javier Milei terminé su mandato antes de tiempo. Y concluyó: “Creo que todos nosotros también queremos que termine su mandato en cuatro años, que reflexione y lleve su proceso en paz”.

Coparticipación: expresarán preocupación por la demora en el acatamiento del fallo de la Corte

Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes (VxM) insistieron en la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con el fallo que establece la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad. “El Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, advirtieron.

Los legisladores de Vamos por Más (VxM) y hombres de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso y Hernán Reyes, impulsaron una iniciativa mediante la cual buscarán expresar su preocupación por la demora del Gobierno Nacional en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la devolución de los fondos coparticipables de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas aseguraron que “el Gobierno Nacional a cuarenta días de asumir sigue incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se determinó el pago a la Ciudad de Buenos Aires del 2,95% de la masa de impuestos coparticipables” e indicó que “la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Al mismo tiempo que recordaron que “el sistema de coparticipación federal tiende a solucionar un complejo problema de nuestro país que es el desequilibrio en materia de desarrollo entre las diferentes provincias”, por lo que después de que la gestión de Alberto Fernández decidiera unilateralmente recortar esos fondos, la Corte ordenó la mencionada restitución.

En ese sentido, Del Gaiso y Reyes explicaron que “la conformación de un sistema federal implica una cultura de convivencia, que presupone que las partes interactúan, dialogan y concuerdan. Hemos sostenido que la autonomía es plena y sin restricción conforme al texto constitucional del año 1994 y afianzada durante el debate parlamentario que consagró la reforma” y destacaron que “nuestro régimen constitucional comprende el ideario de la república democrática, hecho que conlleva a respetar las autoridades locales caso contrario se subvertiría el sistema de representación”.

“Es por ello que consideramos imperioso el cumplimiento efectivo de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica la efectiva restitución de los fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

La CC-ARI solicita que aparten del caso YPF al subprocurador en actuaciones relacionadas con el juicio contra Argentina

Los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto enviaron una nota a la Oficina Anticorrupción en la que advirtieron “la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país”.

En medio del conflicto por la estatización de YPF, y cuando la Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares por un mal procedimiento realizado durante el kirchnerismo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto enviaron una nota al titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, en la que le solicitan que se le requiera al subprocurador del Tesoro de la Nación, Andrés de la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, ya que, según ha trascendido públicamente, habría sido abogado de la familia Eskenazi, quienes podría ser beneficiarios del resultado de aquel juicio.

Además, ambos legisladores pusieron en tema al nuevo presidente YPF, Horacio Marín, para que pueda adoptar las medidas “adecuadas que sean respetuosas de las necesidades de la empresa a su cargo y del Estado Argentino en su conjunto”.

De la Cruz fue designado por la gestión de Javier Milei el pasado 26 de diciembre a través del decreto 80/2023, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El abogado es el número dos de la Procuración del Tesoro, que asume la representación y la defensa del gobierno nacional en juicios como el de YPF y que está a cargo de Rodolfo Barra.

“De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país”, alertaron e insistieron: “Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”.

“Cabe recordar que la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales”, explican los legisladores de la CC en el texto de la carta enviada a la OA.

Asimismo, se anclaron en la ley de Ética Pública y le remarcaron a Melik que “es importante que el subprocurador se abstenga de intervenir en el mencionado juicio puesto que, habida cuenta del notorio conflicto de intereses existente, podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público. Si se abstuviera de intervenir se evitarían opacidades o sospechas que podrían mellar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas o, cuanto menos, en la transparencia en los controles del Estado”.

Nota a Oficina Anticorrupción 18.1.24 (2)

Los diputados nacionales advirtieron que, de no ocurrir el corrimiento, “se estaría atentando contra el ejercicio de una buena defensa por parte de nuestro país —evidenciando un hecho de extrema gravedad institucional— e, insistimos, podría acarrear la confirmación de una condena multimillonaria. Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado, puesto que está en juego el presupuesto público; es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes”.

En la nota, explicaron que el Estado argentino enfrenta una causa judicial en la que el fondo Burford Capital¨ que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi, le reclama una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF ocurrida en el año 2012.

El pasado mes de septiembre, la jueza de distrito 2 de Manhattan, Loretta Preska, que ya había determinado que Argentina había incumplido el contrato de YPF, consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por el fondo Burford Capital, que pide unos 16.000 millones de dólares de indemnización.

“Conforme surge de información publicada en diversos medios periodísticos, el fondo Burford Capital habría efectuado un acuerdo con la familia Eskenazi en el que estos últimos se beneficiarían con el 30% del monto del litigio, si es que obtuvieran alguna indemnización al respecto. Por lo tanto, hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi”, argumentaron.

Por último, recordaron que “la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales. He aquí, entonces, donde radica el fundamento de nuestra presentación”.

Ciudad de Buenos Aires

La Coalición Cívica denunció “el aumento coordinado de las prepagas”

Los legisladores de esa fuerza advirtieron que la “Unión Argentina de Salud fantasea con los beneficios de un mercado liberado sin hacerse cargo del riesgo de competir para ofrecer mejores planes o mejor precio a los usuarios”.

Después de las prepagas aumentaran un 40,5% en enero y anunciaran un incremento del 30% para febrero, los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso junto a otros dirigentes de ese espacio impulsaron una denuncia contra el “el aumento coordinado de las prepagas”.

En ese sentido, a través de su cuenta de X -ex Twitter-, Reyes aseguró que “la Unión Argentina de Salud fantasea con los beneficios de un mercado liberado sin hacerse cargo del riesgo de competir para ofrecer mejores planes o mejor precio a los usuarios y mejores condiciones a sus proveedores”.

Al mismo tiempo que explicó que “no podemos pasar de un corporativismo regulado a un corporativismo desregulado. El modelo de fijación de precios por el Gobierno se agotó por asfixia, pero reemplazarlo por una cámara empresarial es contrario al liberalismo. Esto no es solamente injusto, sino que es ilegal” y remarcó que “un cartel es cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo en fijar el precio o coordinar el pago a los proveedores. Esta es la conducta más grave en el mundo de la defensa de la competencia. Cuando no hay competencia, hay abuso”.

“El mercado de la salud es complejo e imperfecto. El Gobierno hizo bien en salir del sistema de regulación de precios porque asfixia a los hospitales y médicos”, añadió y concluyó precisando que “es necesario que previo se arreglen los problemas para la portabilidad de prestaciones para enfermos crónicos, evitar que el costo se dispare después de la jubilación y mejorar el conocimiento de los usuarios de las opciones que tienen. Sino el sistema se vuelve muy injusto”.

La Coalición Cívica denunció a Belocopitt y a las prepagas por cartelización

Desde el espacio de Elisa Carrió le atribuyen a la Unión Argentina de Salud aumentar coordinadamente precios a los usuarios y proveedores

Los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Facundo Del Gaiso presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.

“Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?”, señalaron.

“Los pacientes con enfermedades crónicas, los que están en tratamiento por alguna cuestión aguda pero costosa, y/o los jubilados, no pueden entrar y salir como si nada de su plan de prepaga. Ahí no hay competencia, hay abuso”, agregaron.

“No nos quedamos solamente con la denuncia”, explicaron los legisladores de la CC. “Sabemos que este es un mercado imperfecto, que tiene muchos condicionantes. (El presidente, Javier) Milei dejó una regulación en cero, ahora hay que debatir qué tipo de regulación hace falta para que la competencia sea real y que las personas no se queden sin cobertura. La CNDC puede ofrecer medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos”, añadieron.

Los legisladores de la CC explican que los aumentos de los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero. Y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.

La denuncia presentada ante la CNDC radica en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga. También se detecta una posible cartelización que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.

La denuncia presentada por los legisladores de la CC refiere la comisión de la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”. Esta conducta se considera restrictiva de la competencia, por lo que la mera acción coordinada de dos o más competidores para la fijación de precios a los consumidores y usuarios, o para coordinar posturas frente a sus proveedores, es considerada una conducta ilegal per se. Eso significa que acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.

“Queremos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice la conducta de la Unión Argentina de Salud que es la cámara de las empresas de medicina prepaga. No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron”, plantearon desde la CC.

En la presentación, los diputados de la Coalición Cívica manifiestan que tomaron conocimiento de los hechos por los medios de comunicación en los que el propio Claudio Belocopitt, que es presidente de la Unión Argentina de Salud, y presidente de Swiss Medical, contó cómo operó el cartel. Complementan esta información con las comunicaciones de las prepagas a sus afiliados, confirmando los aumentos.

Los legisladores de la CC consideran que “se deben evaluar algunas cuestiones como la posibilidad de establecer los refuerzos adecuados de los controles estatales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud; incluir en el marco regulatorio mecanismos que permitan una portabilidad efectiva de prestaciones frente a la existencia de enfermedades preexistentes y/o cualquier otro motivo que encarece el costo de libre entrada y salida de los planes. Esto incluye facilitar el proceso de continuidad de los tratamientos en curso y otras contingencias que puedan ser abordadas desde un fondo de amortización para la portabilidad. Se contempla la situación de los adultos mayores que llegan a la vejez debiendo pagar excedentes adicionales a su cuota de prepaga y obra social, o pasar al PAMI. Esto rompe la solidaridad del sistema, que sí se podría lograr mediante la incorporación de un componente de seguro de salud de ancianidad en el pago de la obra social / prepaga. Finalmente se deberá pensar en la posibilidad de mejorar el sistema de información al usuario, para permitirle conocer el contenido de los planes de salud y los precios de la competencia, con una composición elaborada por el Estado Nacional. Esto para facilitar la decisión de los usuarios”.

“Si quieren los beneficios de un mercado liberado para fijar precios, entonces tienen que aceptar las restricciones y consecuencias de un libre mercado: tienen que competir. Competir por precios y por mejores servicios”, concluyeron.

La Coalición Cívica pidió crear un “presupuesto participativo” en la Ciudad

Se trata de una iniciativa que busca establecer un mecanismo de participación para que los vecinos puedan tomar decisiones sobre la asignación de recursos públicos en intervenciones y microintervenciones que beneficien a sus barrios.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca establecer un “presupuesto participativo”, a fin de que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre la asignación de recursos públicos en intervenciones y microintervenciones que beneficien a sus barrios.

De acuerdo al texto recientemente presentado, la implementación de dicho presupuesto se basará en la participación “activa y responsable” de los ciudadanos, quienes podrán presentar propuestas para mejorar sus barrios.  La selección de los proyectos financiados será realizada por los propios ciudadanos a través de votación. “La intervención de la Administración se limitará a la factibilidad y razonabilidad de las propuestas en preservación de los recursos públicos y en estricto cumplimiento con los principios rectores de la presente ley”, sostiene el documento.

Asimismo, se establece que el presupuesto participativo se implementará anualmente y el monto destinado a este fin será fijado por la Legislatura porteña al momento de la sanción de la Ley de Presupuesto, no pudiendo ser inferior al 0,5% de la recaudación fiscal del ejercicio correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa plantea la creación de la plataforma digital de Presupuesto Participativo BA, la cual deberá contar con un lenguaje simple, claro y preciso respecto del procedimiento de participación en la formulación del presupuesto en las instancias de presentación de proyectos, de trabajo respecto de los proyectos y de la votación para la priorización de los proyectos presentados.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas explicaron que “el presupuesto participativo es una herramienta que se implementa con éxito en miles de ciudades del mundo, siendo la de Porto Alegre la más conocida, tanto por abrir el camino como experiencia innovadora, así como por el éxito en sus resultados: en tiempos de crisis social y económica, comenzó su elaboración en el año 1988, y su modelo de presupuesto participativo logró transformarse en un sistema de deliberación ascendente, con plena responsabilidad impulsado por las necesidades reales de los ciudadanos”.

“Actualmente, grandes ciudades del mundo desarrollan sus distintos sistemas de presupuesto participativo, en las cuales podemos mencionar Paris Budget Participatif (en Paris), donde los parisinos pueden presentar sus proyectos en una plataforma digital, y luego votar entre sus favoritos entre una selección de proyectos estudiados por los servicios de la ciudad; o en Madrid, con la iniciativa Decide Madrid (que influenció la creación de BA Elige), donde el 30% del presupuesto asignado se destina a proyectos que afectan toda la ciudad, y el 70% a proyectos que beneficien a distritos específicos del Ayuntamiento”, indicaron y precisaron que “en nuestro país, Rosario fue la primera ciudad en implementar el presupuesto participativo, en medio de una crisis socio-económica. Hoy en día, hay decenas de iniciativas de ese tipo, sobre todo a nivel municipal, con diseños y metodologías diferentes”.

Por lo que concluyeron señalando que su “compromiso está en una democracia participativa, y por eso trabajamos en la creación del presupuesto participativo como una gran herramienta a disposición para que el ciudadano pueda presentar propuestas, debatir temas y votar sobre cuestiones importantes que puedan afectar a la ciudad”.

Para Reyes, el DNU de Milei fracasó “porque está queriendo imponer un sistema sin Congreso”

El legislador de Vamos por Más (VxM) cuestionó con dureza a quienes defienden que “el presidente solicite hasta cuatro años de superpoderes” y recordó que “eso es absolutamente inconstitucional”.

En el marco del inicio del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, el diputado de Vamos por Más (VxM) y que responde a Elisa Carrió, Hernán Reyes, compartió en las redes sociales una reflexión acerca del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei e insistió en que “República es cambio”.

“Me preocupa leer a quienes saben del valor de las instituciones, defender que el presidente solicite hasta cuatro años de superpoderes. Una suma total del poder, una forma de gobernar digna del DNU”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “hay que decirlo con todas las letras: el fracaso del DNU no es tanto por el contenido, es porque están queriendo imponer un sistema sin Congreso. Eso es absolutamente inconstitucional” e insistió en que “decir esto es defender el cambio. Primero porque el cambio mal hecho no es sostenible. Segundo, ser republicano es hacer una gran revolución en Argentina. Es recuperar la seguridad jurídica, en serio”.

“Hay que cambiar este sistema. Es asfixiante, pero hay que hacerlo completo. Fondo y formas. Medios y resultados. Recuperemos la idea del Contrato Moral que tanto insistió Elisa Carrió”, completó el oficialista.

Fleitas: “la Coalición Cívica perdió poder por no interpretar la realidad”

La legisladora de La Libertad Avanza salió al cruce de la CC, tras sus críticas respecto de la Ley Ómnibus que comenzará a debatirse esta semana en el Congreso Nacional.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas salió al cruce de la líder de la Coalición Cívica, Elisa ‘Lilita’ Carrió, por sus cuestionamientos hacia la Ley Ómnibus impulsada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y que comenzará a debatirse en el Congreso Nacional esta semana.

Es que Carrió publicó en sus redes un descargo, en el que manifestó que “está en juego el derecho a saber de la sociedad. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada” e indicó que “la sociedad no sabe, ni conoce el contenido de una inmensa cantidad de normativas que se encuentra incluida en el DNU y la Ley Ómnibus que pueden afectar derechos individuales para siempre y es preciso informarla”.

“El paquete legislativo enviado por el Poder Ejecutivo tiene un sin fin de temas diversos y complejos que tendrán un impacto enorme en la vida de los argentinos que estudian, trabajan, invierten, generan y sostienen el empleo y la producción en nuestro país (…) No podemos convalidar en paquete un decreto de necesidad y urgencia ómnibus porque la Constitución Nacional y la división de poderes son valores que sostenemos no importa quien sea gobierno u oposición”, agregó.

Al mismo tiempo que concluyó remarcando que “es preciso que el debate en el Congreso de la Nación sea de cara a la sociedad, sin ocultamiento alguno. Los diputados nacionales de la Coalición Cívica serán parte activa del debate en las comisiones, realizando las preguntas necesarias a los funcionarios del Gobierno Nacional, los que, esperamos participen activamente, sepan identificar las prioridades para enfocarnos en los temas que el plan del Gobierno requiere para estabilizar una economía en crisis profunda”.

Atenta a esta situación, Fleitas planteó que “la CC perdió poder por no interpretar la realidad” e indicó que “la sociedad a la que alude votó justamente a un espacio político que está cumpliendo sus promesas, hoy contenidas en el DNU y la Ley Ómnibus”.

“Sepa, señora, que puede presentar cualquier informe esclareciendo lo que usted considere antirrepublicano, aunque su espacio no haya sido elegido para conducir un país destruido gracias a la colaboración de muchas de las leyes que usted ha apoyado (y presentado)”, completó.

Reyes: “no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje”

El legislador de la Coalición Cívica aseguró que desde ese espacio político no votarán ni por Javier Milei ni por Sergio Massa. “Nuestro aporte como partido es asumir una oposición nítida, una posición firme, responsable y legítima con nuestros valores”, aseveró.

Después de que Juntos por el Cambio (JxC) quedara fuera de la competencia por la presidencia de la Nación, el diputado de la Coalición Cívica -una de las fuerzas que integran Vamos Juntos (VJ)- Hernán Reyes aseguró que desde ese espacio no votaran por el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, ni por el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

En ese contexto, Reyes se refirió sobre esta situación en las redes sociales. “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia, no es ni con Massa, ni con Milei”, manifestó.

“Nuestro aporte como partido es asumir una oposición nítida, una posición firme, responsable y legítima con nuestros valores, que sirva más temprano que tarde para volver a construir una mayoría anclada en la democracia republicana, la honestidad, el desarrollo y la justicia”, sentenció Reyes.

La Coalición Cívica porteña pidió el juicio político al juez Gallardo

Los legisladores de ese espacio lo denunciaron por “mal desempeño” de sus funciones, luego de que ordenara levantar las vallas que la Policía de la Ciudad había colocado en las inmediaciones de la casa de CFK y que terminó con un atentado contra la vida de la vicepresidenta.

Después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, los diputados porteños de la Coalición Cívica pidieron que se realice un juicio político al juez Roberto Gallardo, dado a que lo acusan por “mal desempeño” de sus funciones tras haber pedido que se retirara del domicilio de la funcionaria unas vallas que buscaban resguardar su integridad.

El suceso en cuestión se dio el pasado 29 de agosto, después de que Gallardo –que se desempeña como juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4- solicitara el levantamiento de las vallas colocadas sobre la calle Juncal, ordenando al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que retire la custodia de la vicepresidenta y estableciendo que las fuerzas federales serán los encargados de la custodia. 

En su pedido de juicio político, los legisladores porteños advirtieron que estos actos “demuestran desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones” y remarcaron que los mismos “avasallan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. 

“La figura del mal desempeño adquiere su real dimensión cuando la conducta del juez cuestionado resulta violatoria de uno de los deberes fundamentales de la magistratura, que es el de su imparcialidad”, expresaron y añadieron que “el deber de imparcialidad del juez es un imperativo ético y legal. Al respecto, el estatuto universal del Juez señala que ‘el juez debe ser y parecer imparcial e independiente en la tramitación y resolución de las causas…’. Resulta evidente que el magistrado cuyo juicio político aquí solicitamos, se apartó de tal mandato”.

Al respecto de esta situación, el presidente del bloque de legisladores de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso (VJ), afirmó que “Gallardo dejó en estado de indefensión a los vecinos de la ciudad, sin seguridad.  Lamentable su accionar en pos de un grupo político.  Eso demuestra que el juez Gallardo es un juez partidario”.

Mientras que la diputada Cecilia Ferrero (VJ) sostuvo que “el juez Roberto Gallardo direccionó y manipuló la aplicación del derecho a los hechos que motivaron su intervención y ello configura suficiente causal de mal desempeño para para instar el procedimiento y remoción de su cargo” y que Hernán Reyes (VJ) concluyó advirtiendo que “Gallardo actuó fuera del derecho, a favor de un partido político y en contra de los vecinos y la autonomía de la Ciudad”.

La CC ARI pidió resguardar los derechos de las personas en situación de calle

Los legisladores de ese espacio presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad que busca introducir modificaciones a la Ley nº 3.706, mediante las cuales buscarán “proteger integralmente y operativizar los derechos” de este grupo de personas.

Con la intención de seguir ampliando derechos, los legisladores de la Coalición Cívica (CC ARI) retomaron una agenda histórica y presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 3.706 que tiene como finalidad “proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”.

La iniciativa es de autoría de Lucía Romano (VJ), pero también lleva la firma de Facundo del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero (VJ). La misma pretende actualizar lo establecido por ley en 2010, en función de los aprendizajes de su implementación, de avanzada en el país, y de las nuevas realidades que atraviesa esta población.

De esta manera se propuso introducir modificaciones a partir de “4 ejes esenciales, que facilitarán la definición de la mejor política pública posible para asistir, proteger, remover los obstáculos y trabajar en el desarrollo y la inclusión de las personas en situación de calle, teniendo como norte su integración al tejido social, su capacitación, educación y la clara visión de alcanzar su plena autonomía como sujetos de derecho plenos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.

El primer eje está basado en la participación de organizaciones de la sociedad civil y el reconocimiento a su labor sobre la problemática. En segundo y tercer lugar, se busca transformar el relevamiento actual en un censo anual de personas en situación de calle efectiva y a la vez relevar todas las personas en riesgo de situación de calle, en función de lo cual se podrá realizar un diagnóstico detallado y conocer la situación de cada persona para determinar la categorización en subgrupos y/o segmentos “por características específicas”, que permitan un abordaje específico en cada caso.

De este modo, en lo que refiere al presupuesto destinado a esta problemática, se considerará “la información relevada con sus características específicas como base y meta en la definición presupuestaria”. Y un cuarto punto, propone la creación de un “Sistema Integral de Abordaje, Asistencia y Desarrollo de Personas en Situación de Calle” orientado a la integración de todos los dispositivos y programas referidos a situación de calle y riesgo de situación con foco en el desarrollo de las personas y su proyecto de vida.

Este último punto es central del proyecto, apunta a superar la instancia de la asistencia para trabajar en el desarrollo de las personas incorporando acciones tendientes a alfabetización, terminalidad educativa, capacitación en oficios y otras que buscarán acompañar a las personas en concretar un proyecto de vida que junto con la atención de otras necesidades básicas hagan sostenible la superación de situación de calle para integrarse plenamente.

Al respecto del proyecto de su autoría, Romano concluyó señalando que “la transformación social de nuestra ciudad está en la calle, mejorar esas realidades nos van a permitir avanzar”.