El diputado nacional denunció a través de su red social de Twitter qué hace la AFIP: “Desde que asumió el kirchnerismo, están haciendo varias maniobras para dejar de perseguir algunos delitos y otras para encubrir algunas cosas”.
El presidente del Bloque Coalición Cívica y diputado nacional Juan Manuel López (Ciudad de Buenos Aires) aseguró, en un breve video que subió en su cuenta personal de la red social Twitter, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “están ascendiendo o removiendo a los agentes de ese organismo según como hayan beneficiado a Ricardo Echegaray” y criticó al Gobierno porque “quieren zafar de la justicia para perpetuarse eternamente”.
“Desde que asumió el kirchnerismo, están haciendo varias maniobras algunas para dejar de perseguir algunos delitos otras para encubrir algunas cosas. Tenemos que escuchar hechos y no más el relato”, inició el relato el diputado opositor.
En esta línea, continuó: “Ricardo Echegaray, era el extitular de la AFIP durante la gestión de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner fue restituido, había sido suspendido en el año 2018 por estar procesado en causas criminales. Le pagaron los sueldos atrasados y lo reubicaron en Aduana. Ahí está, le dieron medalla por sus 25 años de desempeño en el organismo”.
Por otro lado, agregó: “Virginia García exasesora de Cristina, exsenadora del kirchnerismo, excuñada de Máximo Kirchner esta a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI”, y añadió: “Como descubrió el periodismo, Silvana Quinteros está a cargo de la Regional Bahía Blanca, en donde hubo una usina de facturas truchas que uso Lázaro Báez y otros para lavar dinero de la corrupción”.
“En AFIP están ascendiendo o removiendo o promoviendo a los agentes de ese organismo según como hayan beneficiado a Ricardo Echegaray. Los que lo beneficiaron son ascendidos, los que en algún modo lo comprometieron o contaron algo de lo que él hacia cuando estaba a cargo de la AFIP durante el kirchnerismo, son degradados”, advirtió López.
Además, en otro tramo del video el diputado que integra la coalición opositora recordó: “Después de que el oficialismo voto el año pasado una Ley inédita en el Congreso que le otorgaba planes de pago hasta a las empresas que estaban quebradas, la AFIP le dio un plan de pagos extraordinario, inédito a las empresas de Cristóbal López y Fabián De Souza. A raíz de esta moratoria inédita para Cristóbal López, en estos días la AFIP desistió del juicio que llevaba adelante desde hacia varios años contra estos empresarios por defraudar al Estado. Por quedarse con tus impuestos, dejaron de perseguir un delito muy importante la defraudación contra la Administración Pública”.
Y se preguntó: “¿Qué argumentos uso la AFIP para dejar de perseguir estos delitos? Durante la gestión de Mauricio Macri perseguía a los empresarios que en realidad o no pagaban los impuestos o defraudaban al Estado argentino”, y cuestionó: “Los movimientos son muchos, el país de los vivos no existe. Existe el Gobierno de los vivos, el Gobierno de los que quieren zafar de la justicia para perpetuarse eternamente”.
Los espacios políticos de la provincia patagónica están que arden en plena época invernal. Se confirmaron las listas de precandidatos para legisladores nacionales que competirán en las PASO por Neuquén. Se renuevan 3 bancas en Diputados.
Los principales espacios políticos como el Frente de Todos, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), el Frente de Izquierda tendrán más de una lista, por lo que cada uno tendrá su propia interna en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorios (PASO) del próximo 12 de septiembre.
Con 3 bancas en la Cámara baja en juego, Neuquén tendrá 10 listas: 3 nóminas del Frente de Todos; 2 del Frente de Izquierda; 2 del Movimiento Popular Neuquino; 1 de Cambia Neuquén; 1 de la Coalición ARI; y 1 del Nuevo MAS.
Los actuales legisladores nacionales a los que se les vence el mandato son Alma Sapag (MPN), David Schlereth (PRO), Carlos Vivero (FdT).
MPN
Rolando Figueroa, el ex vicegobernador será precandidato a diputado nacional por la letra F del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
“Luego de mucho meditar y de las muestras de apoyo recibidas he asumido la responsabilidad representar a mi provincia en el Congreso de la Nación”, comentó Figueroa frente a las cámaras acompañado por sus dos hijas.
El lanzamiento de Figueroa se conoció horas después de que el gobernador Omar Gutiérrez publicará en sus redes un posteo bajo el título “Hay Equipo” y junto a una foto en la que se destacan los precandidatos a diputados nacionales por la lista Azul del MPN, la ex concejal María Eugenia Ferraresso y el actual secretario de Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo.
Frente de Todos
La secretaria de Gobierno de Centenario Tanya Bertoldi encabezará la lista Celeste y Blanca A de precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, que logró la unidad de varios sectores del peronismo, pero no en su totalidad.
Esta lista que goza del apoyo del senador neuquino Oscar Parrilli llevará al actual diputado nacional Alberto Vivero en el segundo lugar, mientras que completará los titulares la actual legisladora provincial Teresa Rioseco.
Por su parte, la actual delegada en Neuquén del Ministerio de Trabajo de Nación, Asunción Miras Trabalón, mantiene su precandidatura a diputada nacional por la fuerza Eva Perón. La presidenta del Nuevo Encuentro irá acompañada en segundo lugar por Francisco Armas, abogado laboralista de San Martín de los Andes, y en tercer lugar irá René Cháves, ex diputada provincial.
También el histórico militante del PJ neuquino Fabián Ungar encabezará la propuesta de la agrupación “Neuquén de Todos” para las PASO en el FdT.
Frente de Izquierda
La dirigenta del MST Priscila Ottón Araneda será precandidata a diputada nacional por Neuquén seguida por Juan Bari vicepresidente del Centro de Estudiantes de Humanidades de la UNCo mientras la otra lista del FIT es encabezada por el ex diputado provincial Raúl Godoy.
Sin ser una interna de la izquierda porque Nuevo Más participará en soledad, la lista de otra expresión de izquierda será encabezada por el delegado docente Lucas Ruiz y seguido por la referente de Las Rojas, Ximena Meza Arroyo .
Juntos por el Cambio
Este espacio nacional que nuclea al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, en la provincia de Neuquén se rompió y habrá dos expresiones de forma separada, por lo que no habrá internas, ya que la Coalición Cívica participará en soledad por falta de acuerdos con el resto de los sectores.
Así las cosas, la CC ARI llevará en la cabeza de su lista al empresario Carlos Eguía mientras que, por otro lado, se presentará Cambia Neuquén, que es la alianza del resto de los sectores de JxC.
Por Cambia Neuquén, el primer precandidato será Pablo Cervi y será acompañado por María Ayelén Quiroga, Nicolás Montero, Verónica Lichter, Esteban Bosch y María Paredes.
El universo de barrios populares en Argentina asciende a más de 5000, en donde viven casi un millón de familias. Preocupa la ejecución del fondo previsto en la Ley 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Héctor “Toty” Flores presentaron, en conjunto con otros diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, un pedido de informes y un pedido de acceso a la información sobre el estado del Registro Nacional de Barrios Populares y la ejecución del fondo previsto en la Ley 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.
Según información recogida por los diputados de la CC, hay 45 mil millones de pesos sin invertir para el fideicomiso de integración socio-urbana de villas y asentamientos (FISU), los mismos fueron recaudados para tal fin.
El FISU se nutre de ingresos establecidos por la Ley de emergencia económica de diciembre de 2019 (que creó el impuesto PAIS y le asignó el 9% de lo recaudado) y la del aporte solidario o impuesto riqueza de 2021 (que le asignó el 15% de lo recaudado).
La autoridad de aplicación de la Ley y entidad controlante del FISU es la Secretaria de Integración Socio urbana (SISU), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que conduce Daniel Arroyo.
A través de un comunicado, los diputados señalaron que “el 8 de julio de este año las periodistas María Eugenia Duffard y Luciana Geuna, publicaron en su programa televisivo ‘Verdad consecuencia’ del canal de Todo Noticias (TN), la única respuesta obtenida a raíz de un pedido de acceso a la información pública: la SISU tiene “comprometidos 5 mil millones”.
Ante la “difusa y poco clara información, la desidia y falta de ejecución presupuestaria sobre el tema”, los diputados opositores exigieron de “manera urgente transparencia e información al respecto, ya que involucran la mejora de la vida de miles de familias y la infraestructura de grandes barrios populares”.
Sin acuerdo por la constitución de las listas en esa provincia, la fuerza que lidera Elisa Carrió criticó a sus socios y anunció su decisión separatista.
Mientras el Frente de Todos sumó para estas elecciones en la provincia de Neuquén al Frente Renovador, en Juntos por el Cambio no reina precisamente la armonía. Por el contrario, la Coalición Cívica – ARI anunció que irá por afuera de esa coalición.
En efecto, en el cierre de alianzas se confirmó que compondrán JxC el Pro, Nuevo Compromiso Neuquino y la Unión Cívica Radical.
La Coalición Cívica, está dicho, irá por las suyas. Así lo confirmó en las redes sociales su presidente, el diputado nacional Maximiliano Ferraro: “La mezquindad, la miopía y la falta de amplitud de los dirigentes del PRO y de la UCR impiden la conformación de JxC en la provincia de Neuquén, lo que niega la posibilidad de candidaturas competitivas en este momento trascendental de nuestro país”.
“Ante esta decisión arbitraria e inexplicable, desde la Coalición Cívica ARI confirmamos que nos presentaremos a elecciones y vamos a defender los valores y principios de Juntos por el Cambio que acordaron en 2015”, agregó el legislador nacional, que ratificó además la precandidatura de Carlos Eguía como candidato a diputado nacional, quien será acompañado, se indicó, “por una lista representativa de hombres y mujeres que llevarán la voz de los neuquinos al Congreso de la Nación”.
Precisamente la postulación de este empresario de medios fue uno de los factores de la discordia en JxC, que al no llevar en su seno a uno de los partidos que lo integran deberá cambiar su denominación en esta elección. Según señaló el diputado provincial radical César Gass al diario Río Negro, “Juntos por el Cambio es una alianza no kirchnerista, pero no emepenista también”.
Los problemas vienen de hace rato, inicialmente por la intención del Pro de sumar a la Democracia Cristiana del exgobernador Jorge Sobisch, que rechazaron sus socios. Todavía no hay definiciones sobre candidaturas en esta provincia donde se renuevan tres diputaciones: una del Frente de Todos (Carlos Vivero), otra del MPN (Alma Sapag) y la restante del Pro (David Schlereth). Precisamente Schlereth no tiene intenciones de buscar la renovación, según se anticipó.
El partido fundado por Elisa Carrió realizó su plenario federal, donde expresaron que “la unión de la Argentina, bajo el imperio de la Constitución, es la condición necesaria para generar los acuerdos con grandeza, generosidad, humildad y unidad”.
La Coalición Cívica realizó este sábado su plenario federal con un fuerte mensaje hacia su dirigencia y a sus socios de Juntos por el Cambio para maximizar los esfuerzos y afianzar la unidad del espacio opositor, en vista a las PASO. “La unión de la Argentina, bajo el imperio de la Constitución, es la condición necesaria para generar los acuerdos con grandeza, generosidad, humildad y unidad”, afirmaron.
El encuentro se realizó mediante conexión remota, debido al contagio por Covid del diputado nacional Juan Manuel López y al aislamiento preventivo de varios dirigentes que tuvieron contacto estrecho con el legislador.
Tras lo conversado durante el plenario, la CC elaboró un documento, cuyas conclusiones centrales son:
-Que la unión de toda la Nación Argentina, bajo el imperio de la Constitución Nacional, con la garantía de la democracia, los derechos humanos, el equilibrio de los poderes, el contrato moral y de distribución del ingreso, es la condición necesaria para que se generen los acuerdos e integraciones con grandeza, humildad, generosidad, renunciamiento y unidad.
-Que dichos acuerdos puedan recuperar al país del vacío moral, económico, social y de hermandad de todos los argentinos, y evitar la partición de la Argentina ante la grave crisis en ciernes.
-Bajo estas condiciones realizar las alianzas necesarias para cumplir este objetivo, evitando internas y lograr candidaturas de consenso sin prevalencias y hegemonías. Se encomienda a la Mesa Ejecutiva Nacional que coordine con las autoridades de cada uno de los distritos la estrategia de alianzas y las conversaciones con la UCR, el PRO y el peronismo republicano.
-Que, de ser necesaria la incorporación de otras fuerzas políticas deberá ser bajo estos principios y guiados por estos objetivos en coordinación con la estrategia nacional que en esta reunión se ha debatido y acordado.
El plenario federal, convocado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro y la titular de la Asamblea nacional, Maricel Etchecoin, y contó con la participación de la Mesa Ejecutiva Nacional, el bloque de diputados nacionales, legisladores provinciales, los presidentes de cada distrito con personería jurídica y apoderados nacionales e interventores de distrito.
Los dirigentes de la CC ARI analizaron la situación política de cada distrito, la política de alianzas, los lineamientos nacionales a cumplir por cada uno de los distritos, y la situación nacional y de Juntos por el Cambio.
Con atención a las próximas PASO, las autoridades partidarias enviaron un primer mandato a su dirigencia y a sus socios de JxC para maximizar todos los esfuerzos con el objetivo de afianzar la unidad en cada distrito.
A lo largo de su historia política, el partido mantuvo una postura de amplitud y así lo demostró en 2007 con el armado de la Coalición Cívica, en 2009 con el Acuerdo Cívico y Social, en 2013 con la conformación de UNEN y en 2015 al formar Cambiemos.
La Coalición Cívica pide investigar investigue el paso por el país del mayor cargamento de cocaína incautado en Europa
Diputados nacionales de la CC ampliaron este martes la denuncia ante la Procuraduría de Narcocriminalidad para que se investigue el paso por el país del mayor cargamento de cocaína incautado en Europa. Los legisladores solicitaron la ampliación para el caso Coirón Nº 1487/2021, con el objetivo de investigar los hechos relacionados con la incautación de once toneladas de cocaína por parte de la aduana belga el 2 de abril pasado.
La ampliación de la denuncia fue firmada por los diputados Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro.
“Mientras confinan a los ciudadanos, el crimen organizado se consolida en la región con nada menos que el PCC como cabecera de las operaciones”, sostuvo Zuvic. “Ciudadanos encerrados para garantizar la zona liberada al Narcotráfico”, agregó.
El contenedor mencionado se habría cargado inicialmente en una barcaza en la localidad paraguaya de Villeta, el 12 de febrero y habría llegado 14 días después al Puerto de Buenos Aires. Entre el 26 y 28 de febrero el cargamento habría sido depositado como mercadería ‘en tránsito’ y luego transbordado al buque portacontenedores de bandera danesa Cap San Antonio, que partió hacia Europa el mismo 28 de febrero y llegó al puerto de Amberes el 2 de abril.
“Esto significa que el cargamento ilícito habría estado en la terminal porteña sin que nadie lo advirtiera, ni que se hubieran realizado inspecciones aduaneras argentinas sobre esa mercadería en tránsito”, advirtieron los diputados de la CC ARI.
“Es por ello que solicitamos al juez competente que se tomen las medidas cautelares u otras que considere necesarias para investigar estos hechos, particularmente respecto a la existencia de irregularidades, infracciones, faltas o delitos por acción u omisión por parte de la empresa concesionaria Hidrovía S.A., con relación a la navegación de las embarcaciones involucradas en los hechos denunciados”, indicaron.
Hace unas semanas atrás, la CC ARI presentó una denuncia ante la Procunar, encabezada por el fiscal Diego Iglesias, para motorizar una investigación judicial sobre la incautación de cocaína más grande de Europa, conocida como Operación Atlántico Norte. Se trató de 23 toneladas de droga secuestrados en dos operativos en Alemania y Bélgica, luego de un tránsito que comenzó en Paraguay y tuvo una escala de 13 días en el puerto de Buenos Aires. El valor de ese cargamento asciende a 1.400 millones de euros.
En ese contexto, la CC ARI volvió a insistir hoy en que resultaría esclarecedor determinar la distribución de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad nacionales con el objetivo de prevenir y reprimir el desarrollo de actividades de narcotráfico, especialmente sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná. Adicionalmente, qué acciones llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), qué información se encuentra disponible acerca de la trazabilidad de la navegación de la embarcación involucrada en los hechos denunciados y el registro documental del buque CAP SAN ANTONIO.
Se solicita investigar la posible comisión de delitos Contra la Administración Pública, Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados; Encubrimiento (artículo 277 del Código Penal); Falsedad Ideológica en Documento Público (artículo 286 del Código Penal) y, además, por la violación de la Ley 22415 (Código Aduanero) y sus normas reglamentarias, de la Ley 24093 (Ley de Puertos), de la Ley 27126 (Agencia Federal de Inteligencia) y de la Ley 23.737 (Narcotráfico), como así también por los eventuales actos ilícitos que V.S. en su caso determine, en particular aquellos de carácter federal, favorecidos por acción u omisión de funcionarios públicos.
Otros aspectos que serían de especial relevancia esclarecer se encuentran relacionados con la nómina de funcionarios intervinientes en las operaciones de comercio exterior donde el buque CAP SAN ANTONIO haya tenido participación, así como el registro documental y audiovisual del Puerto de Buenos Aires para esas fechas. También los roles de tripulación del buque y el procedimiento de control y monitoreo de cargas en la terminal portuaria de Buenos Aires.
Por último, el equipamiento en el Puerto de Buenos Aires destinado a prevenir contrabando, narcotráfico y demás delitos complejos, la existencia de contactos a través de los representantes de las fuerzas de seguridad argentinas que cumplen funciones diplomáticas en Paraguay, con autoridades o funcionarios públicos del gobierno paraguayo, a los efectos de conocer detalles de dichos procedimientos por posibles ramificaciones en argentina, así como la recepción de información o contacto provenientes de representantes diplomáticos o autoridades extranjeras, dirigidos al gobierno argentino o alguno de sus organismos dependientes, en particular del gobierno de Paraguay.
Los legisladores consideraron que el ministro de Educación tiene “erráticas, improvisadas e incongruentes decisiones y políticas”, y lo acusaron de “ceder la gestión en algunos sectores gremiales”.
Con motivo de la vuelta a las clases virtuales por dos semanas en el AMBA, a partir de lo anunciado por el presidente Alberto Fernández, la oposición estalló contra la medida y las críticas recayeron especialmente contra el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien horas antes había garantizado ante el Consejo Federal de Educación mantener la presencialidad en las aulas como prioridad.
Desde la Cámara de Diputados, el bloque de la Coalición Cívica presentó este viernes un pedido de juicio político contra Trotta, por “el daño irreparable que su impericia, falta de planificación e irrazonabilidad viene causando en el sistema educativo argentino”.
Los legisladores cuestionaron “la irrazonable decisión de cerrar todo el sistema educativo del país sin ningún tipo de distinción y análisis epidemiológico por provincias o localidades durante 2020” y que “ante la evidencia científica e indicadores educativos no privilegió la modalidad presencial y a la escuela como el lugar más seguro que podemos ofrecer a los estudiantes, docentes, no docentes y familias”.
En el proyecto de resolución presentado, y que encabeza Maximiliano Ferraro -presidente de la CC-ARI-, consideraron que el funcionario “tuvo el tiempo y recursos presupuestarios necesarios para poder preparar y acondicionar las escuelas y mejorar la infraestructura ante la segunda ola de la pandemia”, al tiempo que criticaron “la decisión de ceder la gestión y la política educativa en algunos sectores gremiales y corporativos”.
También lo acusan de “erráticas, improvisadas e incongruentes decisiones y políticas educativas que agravaron la desigualdad y los niveles de aprendizaje, que le fueron advertidas por diferentes actores del mundo científico y pedagógico y nunca tomó en cuenta”.
Para los diputados del interbloque Juntos por el Cambio, el ministro desconoció que “la virtualidad tiene un límite y es complementaria a la presencialidad, y más aún cuando se observa que un 19% de los alumnos de educación primaria no tiene acceso a internet”.
Entre los motivos que enumeran para iniciarle un juicio político, conforme lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, le apuntan “la negación de asistir al Congreso de la Nación para brindar información, a la vez que tampoco garantizó el adecuado acceso a la información pública” e “incumplir su compromiso como presidente del Consejo Federal de Educación de asegurar la presencialidad educativa, tomado en acuerdo con los ministros de todas las jurisdicciones”.
“Como máxima autoridad educativa de la Nación no agotó todas las instancias e instrumentos necesarios a su alcance para garantizar el derecho a enseñar y aprender, la presencialidad y no obstaculizar la sociabilización y bienestar emocional de los/as estudiantes”, agregaron los legisladores y aseguraron que “ha dejado de cumplir su responsabilidad primaria de garantizar la obligación indelegable del Estado de asegurar el derecho humano y social a la educación”.
En los considerandos de la iniciativa, que será girada a la Comisión de Juicio Político que preside la oficialista Josefina González -con lo cual es muy poco probable que se habilite su debate-, los diputados recordaron que en marzo del año pasado el ministro “fijó criterios para el aislamiento de casos confirmados o sospechosos y el cuidado de las personas de riesgo en la continuidad del dictado de clases”, pero cuatro días después el presidente dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, “obligando a la suspensión total de las clases, medida que fue prorrogada hasta el 6 de noviembre”.
Los legisladores de la bancada referenciada en Elisa Carrió remarcaron que lo ocurrido durante 2020 en materia educativa “es preocupante y alarmante debido a los efectos que se produjeron en los sistemas educativos jurisdiccionales como la profundización de las desigualdades, brechas digitales, riesgo de abandono escolar y niños y jóvenes desvinculados de la escuela”.
Además, sostuvieron que según recomendaron UNICEF, UNESCO y Banco Mundial “las escuelas deben ser lo último en cerrarse debido al impacto que produce dicha decisión en la comunidad pedagógica de los estudiantes”. “Según UNESCO sólo 27 de 210 países han decretado el cierre total de sus escuelas a nivel nacional, afectando al 10,1 % de los estudiantes matriculados del mundo. Mientras que la mitad de los países han decidido mantener sus escuelas totalmente abiertas y 62 han definido cierres parciales”, continuaron.
Citando cifras de la Ciudad de Buenos Aires, los opositores detallaron que “al cumplirse un mes desde la vuelta a las aulas, se verificó un presentismo del 89% y más de 45.056 burbujas funcionado. Se contabilizaron 1.215 casos confirmados de Covid-19 entre más de 700 mil estudiantes, personal docente y no docente. Esto representa apenas el 0,17% del total de la comunidad educativa. Un total de 494 burbujas debieron ser aisladas, es decir, el 1,09% del total”.
Finalmente, recordaron que Trotta ratificó ante el Consejo Federal de Educación priorizar la presencialidad de las clases, mientras que horas después el presidente anunció la suspensión de las clases presenciales y la vuelta a la educación a distancia por dos semanas, hasta el lunes 30 de abril.
“Esta manifiesta y grave falta de coordinación entre un presidente y su ministro es una afrenta a millones de personas, niños y niñas que se verán afectados por sus decisiones arbitrarias, intempestivas e irrazonables y contrarias a la evidencia científica que hemos detallado y son de público conocimiento”, señalaron.
Maximiliano Ferraro y Rubén Manzi se trasladarán a esa provincia para acompañar el reclamo de ciudadanos y organizaciones que denuncian abusos y hasta torturas en el marco de la pandemia.
El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y su par por Catamarca Rubén Manzi viajarán este miércoles a la provincia de Santiago del Estero para acompañar a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que denuncian una supuesta violación de los derechos humanos en el marco de la pandemia.
En agosto de 2020, Manzi presentó un informe sobre violencia institucional en el Noroeste Argentino, por presuntos abusos cometidos por los gobiernos de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, con la excusa de la cuarentena.
La investigación releva “decenas de casos de hechos de violencia institucional” que se registraron entre el 20 de marzo y el 17 de julio del 2020. A través de entrevistas con los afectados, se denuncia “desde el abuso de poder de funcionarios públicos de distintos niveles – como persecuciones y hostigamientos -, hasta torturas que causaron lesiones graves y hasta la muerte en algunos casos”. Entre los más graves se encuentran el caso de Mauro Coronel, fallecido después recibir apremios tras su detención; y el de Franco Isorni, que oficialmente fue considerado como un accidente de tránsito aunque su familia asegura que fue asesinado.
“Es intolerable e inadmisible el estado parapolicial y la violación sistemática a los derechos humanos que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora. Vamos a acompañar a los santiagueños en sus reclamos y luchas, así como lo hicimos en Formosa. La situación sanitaria no es excusa para violar los derechos humanos”, aseguró Ferraro.
Por su parte, Manzi destacó que “la visita busca fortalecer a los santiagueños que le dicen basta a la violencia institucional ejercida por un régimen autoritario”.
Los diputados se reunirán este jueves a las 10 con los integrantes del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad, y a las 18 brindarán una conferencia de prensa en el Hotel Libertador, ubicado en la calle Catamarca entre Belgrano y 24 de Septiembre. A las 19 se realizará una importante concentración en la Plaza Libertad de la Ciudad de Santiago del Estero.
El viernes tienen previsto visitar en la ciudad de Loreto, a 40 kilómetros de Santiago, a la familia Jaimez, en el día del aniversario de la muerte de Felipe Jaimez, víctima de violencia institucional, donde se realizará una misa. Por la tarde mantendrán una reunión con pobladores de Añatuya.
Ante el aumento de los medicamentos asociados al tratamiento de coronavirus, la CC ARI solicita información al Ministerio de Salud, al PAMI y a la Secretaría de Comercio.
Ante el preocupante aumento en el valor de los medicamentos y para conocer en detalle de los procesos de adquisición de los mismos por parte de las instituciones nacionales responsables, los diputados del bloque de la CC ARI presentaron pedidos de acceso a la información pública a la ministra de Salud, Carla Vizzotti; al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, y a la directora del PAMI, Luana Volnovich. A través de los mismos, piden que informen sobre la variación en el precio de los 15 medicamentos más comercializados durante el 2020, tanto de venta libre como de venta bajo prescripción médica, en todo el país.
Los pedidos de información requieren se identifique los medicamentos asociados al tratamiento del Covid-19 y a patologías conexas durante el 2020 y 2021.
Asimismo, se solicita información sobre la variación de precios anual promedio correspondiente a cada uno de los medicamentos en relación con años anteriores (hasta el 2014) para todo el país, para cada provincia y para CABA.
Los diputados nacionales de la CC ARI Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi, Mariana Stilman y el legislador porteño de la CC ARI Hernán Reyes, haciendo uso del artículo 2 de la Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, solicitaron que en el término de 15 días hábiles se brinde la información solicitada por escrito o en su versión digital.
Desde el inicio de la pandemia los diputados de la CC ARI vienen registrando un alto incremento en el valor de los medicamentos, así como la posibilidad de ciertas conductas abusivas por parte de las empresas farmacéuticas. Por eso, a través de los pedidos de información los legisladores consideran que se podrá evaluar si el Gobierno Nacional está haciendo el correspondiente seguimiento en la variación de precios.
Además, el pedido de información al Ministerio de Salud pide que indique los expedientes de compra, los procedimientos de adquisición, los medicamentos adquiridos, los organismos que realizaron la compra, así como la identificación de oferentes, sus ofertas, la oferta elegida y el valor de la adjudicación.
Al PAMI se le solicita, que de esos 15 medicamentos, especifique los procedimientos de adquisición, identificación de oferentes, sus ofertas, la oferta elegida y el valor de la adjudicación.
Mientras que a la Secretaria de Comercio se le requiere que informe si se ha iniciado alguna investigación o sanción por variación de precios respecto de medicamentos usados para tratar patalogías asociadas al Covid-19, como antiinflamatorios, inhibidores, anticuerpos, antivirales o analgésicos durante el 2020 y 2021.
Los diputados de la Coalición Cívica presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para evitar que existan privilegios a la hora de inmunizarse en contra del Covid 19 y establecer que los políticos y funcionarios sean los últimos en acceder a la vacuna.
Tras el escándalo por el vacunatorio vip, los legisladores porteños de la CC ARI presentaron en la Legislatura de la Ciudad presentaron un proyecto de ley para establecer el marco regulatorio del plan de vacunación contra el Covid 19 que se desarrolle en el territorio la Ciudad y garantizar que los políticos y funcionarios sean los últimos en recibir la vacuna.
La iniciativa está en consonancia con el texto presentado por el bloque de diputados de la CC ARI en el Congreso Nacional y prevé la aplicación de las vacunas respetando el orden de prioridad: personal esencial del sistema de salud; mayores de 70 años; personas de entre 60 y 69 años; demás grupos de contacto esencial estratégico según lo defina el Poder Ejcutivo, en particular aquel destinado a funciones vinculadas con la educación y la seguridad; personas menores de 60 años con enfermedades relacionadas a los factores de riesgo; personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estratégico para la gestión de la emergencia sanitaria por la funciones que desarrolla, según lo determine el Poder Ejecutivo; y, finalmente, el resto ciudadanía.
Asimismo prevé prohibir la vacunación de funcionarios con jerarquía equivalente o superior a Director General del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo; diputados porteño; funcionario con jerarquía equivalente o superior a Prosecretario del Poder Judicial; los miembros de las Juntas Comunales; las máximas autoridades de los entes descentralizados, entes autárquicos, organismos de control y sociedades en las que la Ciudad tenga participación.
Al mismo tiempo que establece que el plan de Covid 19 deberá realizarse garantizando la ausencia de toda referencia política partidaria, sindical o comercial. Las locaciones, indumentaria y personal no deben exteriorizar pertenencia a partidos y/o agrupaciones políticas o sindicales en cualquier instancia del plan de vacunación. Tampoco podrá relacionarse el plan de vacunación con actividad comercial ni la promoción de marcas corporativas.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores indicaron que “la pandemia mundial desatada a partir de la aparición del virus Covid 19 ha dejado en evidencia -entre otras cosas- la importancia de la presencia inteligente del Estado, lo decisivo de la implementación planificada y articulada de políticas públicas y la necesidad de coordinación entre jurisdicciones tanto del sector público con el privado, a fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía” y detallaron que “de esta forma se puesto a prueba la capacidad de reacción, previsión, imaginación y coordinación de los dispositivos públicos como nunca antes. En poco tiempo se debió pensar restricciones de circulación, protocolos específicos para el funcionamiento de cada actividad, grandes centros de testeos, sistemas de vacunación masivos, entre otras ingenierías”.
“Como contrapartida, la ciudadanía ha dejado en mano del Estado un cúmulo de libertades que han cambiado la realidad diaria de todos. Por lo tanto, la administración de estas facultades excepcionales por parte de los gobernantes deben ser llevados a cabo con la máxima idoneidad y transparencia posible”, afirmaron y remarcaron que “si bien los protocolos y el accionar del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires al respecto tornan innecesario una prohibición de estas características, las recientes noticias respecto del suministro preferencial de las dosis de la vacuna por el Ministerio de Salud de la Nación y la campaña de vacunación en locales partidarios en Provincia de Buenos Aires, ha vuelto indispensable tener una normativa que proteja a los ciudadanos de la Ciudad de posibles acciones de otros entes públicos que participan en el Plan Nacional de Vacunación”.
Sobre esa misma línea aclararon que “el objetivo es evitar cualquier tipo de desviación del Plan de Vacunación contra el Covid 19 de preferencias políticas y de amistad con los funcionarios de turno” y concluyeron señalando que “es necesario preservar procesos equitativos e igualitarios de acceso a la salud; asegurar la observancia de los procedimientos técnicos adecuados y del orden de prioridad legalmente establecido”.
El texto lleva la firma de los diputados Juan Facundo Del Gaiso, Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes y Lucía Romano (VJ).
Esa medida demandada por la Coalición Cívica es hasta que no se hayan inoculado todos los paciente de riesgo.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica exige que los líderes de todos los espacios políticos sean los últimos ciudadanos en acceder a la vacunación contra el Covid-19, hasta que no se haya terminado de inocular a todos los pacientes de riesgo. “En un país donde agrupaciones políticas como La Cámpora se adueñaron de la campaña de vacunación, los líderes de todos los sectores tienen que ser los últimos en vacunarse”, señalaron.
“La Coalición Cívica va a presentar un proyecto de ley para que los funcionarios públicos, las autoridades de partidos políticos y de organizaciones sindicales se vacunen después de que haya sido vacunada la última persona de riesgo”, adelantaron los dirigentes del partido de Elisa Carrió.
También se propondrá que esté prohibido el registro de personas para la vacunación y la colocación de la misma por fuera de las estructuras competentes del Estado.
“Que la hipocresía e inmoralidad del vacunatorio VIP no esconda el deleznable uso político partidario que el PJ y La Cámpora ha realizado a lo largo y ancho del país”, destacaron desde la CC. Y agregaron que “quieren que el 2021 sea una vacuna por un voto. Si son capaces de hacer clientelismo con la vacuna, ¿cómo no van a ser capaces de tener un vacunatorio clandestino?”.
“La salud y la dignidad de las personas son derechos humanos que debemos asegurar. Los que privan a las personas de riesgo de sus vacunas y los que indignamente registran a la gente prometiendo salud, se olvidaron de los Derechos Humanos que decían defender. Se olvidaron en Formosa y se seguirán olvidando”, concluyeron desde la Coalición Cívica.
Lo anticipó la diputada Paula Oliveto, que reclamó hacer “un estudio de cada lote de vacunas”. Además, considera “imposible” que Carla Vizzotti ignorara lo que pasaba en el ministerio.
La diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto sostuvo que “hay que tener un seguimiento epidemiológico” de la vacunación y expresó que “nosotros tenemos conocimiento de un vacunatorio VIP en el Hospital Posadas y vamos a pedir información”.
“Después habrá que cruzar la información para saber quiénes han sido vacunados. Esa auditoría la vamos a pedir en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Recordemos que el Consejo Federal estableció un orden en la vacunación. El Posadas tuvo una cantidad de vacunas para distribuir en principio para el personal de salud. Tenemos conocimiento de que personas que no son personal de salud y tienen vínculos políticos eran derivadas a ese hospital para vacunarse”, afirmó Oliveto en el programa Hora 10, de CNN Radio.
Oliveto anticipó que solicitarán “un estudio de cada lote de vacunas y a quiénes han sido asignadas. Yo creo que es imposible que (la flamante ministra Carla) Vizzotti no supiera, porque antes que (Horacio) Verbitsky dijera lo que dijo nosotros ya teníamos conocimiento de intendentes y vicegobernadores vacunados. No obstante eso, reservaron 3 mil vacunas para vacunarse entre ellos y a empresarios. Cabe la posibilidad que en algunos gremios estuvieran vendiendo las vacunas en dólares a determinadas personas”, agregó.
“Escuchaba las barbaridades que decía (Hugo) Moyano. Le dieron una cantidad de vacunas para el personal de salud de su gremio y se la quedaron él, su esposa y su hijo solo por el hecho de conducir la obra social y no estando en los grupos de factores de riesgo. Creen que porque vos conducís o tenés un rango de representación lo podés usar para tener privilegios”, enfatizó la legisladora.
“Desplazaron a Ginés González García porque me parece que el Gobierno no tenía otra alternativa. No entiendo cómo no reaccionó cuando vimos la foto de los intendentes vacunándose, de (Verónica) Magario vacunándose, de concejales jóvenes y de militantes de La Cámpora vacunándose. Nunca condenaron estas irregularidades”, concluyó.
En el marco de la carrera electoral 2021, el partido de Elisa Carrió presentó su plataforma digital a través de la cual planean llegar a todo el país.
La Coalición Cívica lanzó este domingo su nueva plataforma de comunicación Conexión Cívica con la producción de podcast políticos, con el objetivo de difundir su filosofía política, proyectos y realidades de las distintas regiones del país.
El partido diagramó tres espacios de difusión: “La Política Que Nos Parió” que aborda la filosofía política y el lado B de los voceros partidarios y es conducido por el periodista Damián Glanz; “Conexión Federal” para hablar de las problemáticas de las regiones del país; y “Caja de Ideas” que comunicará los proyectos, herramientas y la agenda de cara al 2023.
Del podcast “La Política Que Nos Parió” participaron el titular del partido, Maximiliano Ferraro; el exsecretario de Fortalecimiento Institucional durante el gobierno de Cambiemos Fernando Sánchez; la diputada nacional y presidenta de la CC ARI porteña, Paula Oliveto, y el senador provincial y presidente de la CC ARI bonaerense, Andrés De Leo.
Además, estarán en este ciclo la exdiputada Elisa Carrió; la diputada provincial y titular de la Asamblea Nacional de la CC ARI, Maricel Etchecoin; los diputados Mariana Zuvic, Héctor Toty Flores, Lucila Lehmann, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, entre otros dirigentes de la CC ARI.
Con el objetivo de abordar la territorialidad, en tanto, el partido lanzó el podcast “Conexión Federal” con la participación -hasta este momento- de los diputados nacionales Rubén Manzi (Catamarca), Alicia Terada (Chaco) y Leonor Martínez Villada (Córdoba) y el titular de la CC ARI de Río Negro, Javier Acevedo. También la Coalición Cívica prevé publicar en las próximas semanas nuevos episodios que aborden temas de agenda y las iniciativas que impulsa, de cara a las próximas elecciones legislativas y los comicios de 2023.
“El objetivo de esta plataforma digital es llegar a todo el país, de una manera moderna y dinámica, además de sumar a nuevas personas que quieran saber sobre cómo funciona la CC ARI, qué pensamos, en qué trabajamos y la coherencia de nuestra historia como partido político con 20 años en la escena nacional”, afirmaron Ferraro y Etchecoin.
El presidente de la CC ARI y la titular de la Asamblea Nacional del partido señalaron que “como espacio plural, defendemos y promovemos la polifonía de voces”.
“Es importante que los partidos políticos se consoliden en un sistema de ideas que puedan garantizar la pluralidad”, agregó, por su parte, Ferraro.
En el podcast, la diputada Oliveto planteó que “si no creemos en la ley y que los pueblos salen de las crisis con un orden social donde se respetan los derechos fundamentales, el futuro nuestro y de nuestros hijos va a estar muy limitado y eso es lo que se está jugando en las elecciones de mediano término y en las próximas presidenciales”.
Por su parte, Sánchez -que a fines del 2020 fue propuesto por Horacio Rodríguez Larreta como titular de la nueva Oficina de Integridad Pública del Poder Ejecutivo de la Ciudad- aseguró que “la corrupción está en todos lados, pero no todos la toleramos de la misma manera y esa es la diferencia. La responsabilidad es individual”.
A su vez, el senador provincial De Leo analizó en el episodio que “la Argentina tiene que debatir el post peronismo e ir hacia una nueva matriz con una concepción materialista con eje en el desarrollo y el progreso” y remarcó que “estamos viviendo una etapa muy novedosa en Juntos por el Cambio. No es una alianza electoral. Queremos representar a una Argentina que no ha terminado de nacer”.
Por su parte, Manzi se refirió a los hechos de violencia institucional ocurridos en el NOA y alertó sobre “cómo la pandemia y la situación de cuarentena, habilitó al abuso de poder y violación de derechos civiles y derechos humanos”.
El bloque presentó un proyecto para intervenir por 180 días los poderes Ejecutivo y Judicial debido a supuestas violaciones de derechos humanos por parte del gobernador Insfrán.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó este miércoles un proyecto de ley para intervenir por 180 días la provincia de Formosa, debido a supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobernador Gildo Insfrán a través de las estrictas restricciones sanitarias que aplicó por la pandemia del coronavirus.
La iniciativa, encabezada por Juan Manuel López y Mónica Frade, lleva las firmas de Paula Oliveto, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Carolina Castets, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Maximiliano Ferraro, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Graciela Oacaña, Mariana Zuvic, Héctor “Toty” Flores y también una radical, Gabriela Lena.
El proyecto, de ocho artículos, declara la intervención de los poderes Ejecutivo y Judicial de Formosa “con el fin de garantizar la forma republicana de gobierno” y le da facultad al Poder Ejecutivo para designar a un interventor.
Se dispone, en ese marco, la “inmediata caducidad” del mandato de Insfrán y su vice, Eber Solís, y paralelamente se declara “en comisión” a los miembros del Poder Judicial.
Asimismo, en el plazo de 180 días -que podrán ser prorrogables por el mismo período- el interventor debería convocar a elecciones.
Insfrán quedó en el ojo de la tormenta por las medidas sanitarias que implementó en Formosa, en un principio con duras restricciones para el ingreso a la provincia, incluso para residentes, que quedaron varados durante varios meses.
A esto se sumó el regreso a fase uno en algunos departamentos y denuncias de hacinamiento en centros de aislamiento donde conviven contagiados, personas que esperan el resultado de sus hisopados, niños y población de riesgo sin diferenciación alguna.
“El régimen que Gildo Insfrán ha instaurado en la provincia de Formosa no puede ser sostenido por el gobierno federal sin hacerse cómplice de la violencia institucional que utiliza ese gobernador para mantener bajo su puño de hierro a los habitantes de ese estado local”, advirtieron los diputados de la Coalición Cívica.
En los fundamentos del proyecto, advirtieron que “desde el inicio de la pandemia”, el mandatario “fue cercando esa provincia, transformando los límites con las restantes provincias en verdaderas e infranqueables fronteras”, y eso derivó en “un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos”.
Ante la grave situación institucional planteada en el país caribeño, expresaron su respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela, a sus diputados y al presidente encargado.
La Asamblea Nacional de Venezuela cumple 5 años de mandato y este martes deberían asumir los nuevos legisladores elegidos en las elecciones que la oposición y buena parte del mundo considera “fraudulentas” y no han reconocido. Ante la grave situación institucional la Coalición Cívica – ARI considera que este Congreso es el único órgano legal y legítimo.
En efecto, advierten que este martes se debería instalar un nuevo Parlamento de acuerdo con los tiempos establecidos en la Constitución de ese país. Sin embargo, “al no haber ocurrido ninguna elección legal y democrática, se debe reconocer el mandato de los actuales diputados hasta que se celebren elecciones reales, libres y verificables, en cumplimiento con el artículo 333° de la Carta Magna venezolana”, advirtieron.
Reiterando lo manifestado en otras oportunidades, la CC – ARI volvió a denunciar “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurren en la dictadura de Nicolás Maduro. Sabemos que sobran pruebas para decir que en Venezuela no hay democracia y día a día se cometen graves atropellos y crímenes de lesa humanidad”.
“El régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha destruido las instituciones del país, eliminando la separación de poderes y atacado constantemente al único órgano legítimo y legal que hoy sigue en pie: la Asamblea Nacional”, sostiene la CC – ARI.
Encabezados por su presidente, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, los firmantes del comunicado alertan sobre el “clima de terror” que se vive en Venezuela, que atribuyen a “la represión sistemática, ejecutada por un gobierno de facto, como ha sido señalado por distintos organismos, entre ellos, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU”. Por eso, vuelven a reclamar al Gobierno argentino y, en especial al presidente de la Nación y al canciller Felipe Solá, que “dejen de ser cómplices del régimen de Maduro”.
“La CC ARI considera ilegítima, de inexistencia jurídica y un fraude electoral a la farsa organizada por Nicolás Maduro el pasado 6 de diciembre de 2020, cuando se simuló una elección parlamentaria”, expreas la CC, que asimismo se solidariza con el pueblo de Venezuela, haciendo un fuerte llamamiento a favor de “la restauración de la democracia, las libertades y derechos fundamentales y celebración de elecciones libres y justas”.
Suscribieron el comunicado los integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin Moro, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Elisa Carca, Andrés De Leo, Gregorio Hernández Maqueda, Lucila Lehmann, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Hernán Reyes y Alicia Terada.
A través de una carta, la bancada de la CC-ARI anticipó al canciller la llegada de un convoy de entre 300 y 500 pesqueros que vienen a depredar nuestras aguas.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI le envió este lunes una nota al canciller Felipe Solá para advertirle sobre la “grave situación que afecta al mar argentino” la “explotación ilegal de nuestros recursos marinos” particularmente en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva.
“La explotación ilegal de nuestros recursos marinos en manos de buques de pabellón extranjero lesiona nuestra soberanía, impide el desarrollo económico sostenible de nuestras comunidades y deteriora el ecosistema marino, es patrimonio común de la humanidad. La República Argentina cuenta con una posición estratégica que le permite una proyección bioceánica y bicontinental, pero aun así somos un país que vive de espaldas al mar”, alertó.
En una carta enviada a Solá, los diputados de la CC ARI pusieron en conocimiento al canciller sobre “la grave situación que hoy afecta al mar argentino, particularmente en el límite exterior de la Zona Económica Exclusiva y le solicitaron que “propicie una política exterior y regional en el sector pesquero, que avance en la consecución de los objetivos anteriormente enfatizados”.
“La pesca ilegal amenaza la soberanía de los estados ribereños y su seguridad económica, debilitando asimismo el orden mundial basado en reglas y los acuerdos internacionales en la materia. Resulta imprescindible construir políticas de Estado que trascienden las diversas gestiones de gobierno y pueda sobreponerse a la impericia, imprudencia o negligencia de los funcionarios turno”, alertaron.
En la misiva señalaron que “según la FAO, la pesca INDNR – ilegal, no declarada y no reglamentada – se encuentra asociada con delitos complejos como tráfico de drogas, crimen organizado, trata de personas, tráfico de armas, entre otros. En general, se cometen toda clase de violaciones de derechos humanos, en particular sobre las tripulaciones”, explicaron.
“Un convoy de entre 300 y 500 buques chinos acaba de saquear nuevamente los caladeros de Chile, Perú, Colombia y Ecuador y ahora se dirige hacia el mar argentino. Año a año nuestro país es testigo silencioso de la explotación de sus mares por parte de potencias extranjeras. El tamaño del convoy es estimado dado que las naves apagan su sistema de posicionamiento satelital como parte de la estrategia de pesca ilegal, ya que violan el espacio soberano de los Estados ribereños”, expresó la CC ARI.
“La pesca INDNR amenaza la soberanía de los estados ribereños y su seguridad económica y alimentaria, debilitando asimismo el orden mundial basado en el Derecho Internacional y en la paz y seguridad internacionales”, indicó y agregó que “está en juego la seguridad alimentaria”.
La CC presentó el proyecto de ley para reestablecer criterios básicos de sanción y elevar el monto de las multas actuales al equivalente del 60% del monto original en dólares a través de una unidad de medida superadora que toma en cuenta el litro de combustible de mayor octanaje de venta al público, dado que el gasoil está atado a actividades productivas y siempre va a permanecer en la banda inferior a través de la intervención del Estado vía Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA.
Con la firma de sus 14 diputados, el bloque pidió juzgar a la vicepresidenta en el Congreso por una serie de acciones que implicarían un avance sobre el Poder Judicial.
Por impulso de la dirigente Elisa Carrió, el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó este jueves, tal como había anunciado, el pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
El proyecto fue encabezado por Juan Manuel López y acompañado todos los integrantes del bloque, Maximiliano Ferraro (jefe), Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets, Héctor “Toty” Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Alicia Terada.
En los fundamentos, los legisladores consideran que Cristina es “responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional, alterando el orden institucional y el sistema democrático consagrado en la Constitución Nacional”.
En particular, sostienen que la titular del Senado “ha desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”.
“Estamos frente a un plan orquestado por Cristina Kirchner y ejecutado por funcionarios vinculados a ella, que tiene por finalidad garantizar su impunidad y la de aquellos funcionarios que formaron parte de su gobierno, investigados por presuntos hechos de corrupción”, denunciaron los diputados.
En ese contexto, mencionaron diferentes acciones, como la “desarticulación” del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores; el proyecto de reforma judicial aprobado en el Senado; la suspensión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Germán Castelli; y el intento de desplazar al procurador general interino Eduardo Casal.
El texto también refiere a la reforma de la Ley del Ministerio Público -pendiente de tratamiento en Diputados- y la última carta difundida por la vicepresidenta, donde sugirió un intento de impulsar el juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia, así como la ampliación del máximo tribunal y la elección de jueces por voto popular.
“Es evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe rendir cuentas sobre su irregular proceder. Ningún poder del Estado puede obstruir esta herramienta de excepción que constituye el juicio parlamentario. No existen privilegios, sus actos deben ser controlados y sus incumplimientos sancionados”, sentenciaron los diputados de la Coalición Cívica.
El procedimiento del juicio político está regulado en la Constitución Nacional y requiere una mayoría de dos tercios de los votos en ambas Cámaras para la destitución del funcionario: Diputados actúa como Cámara acusadora y al Senado le corresponde juzgar.
A instancias de Elisa Carrió, el bloque presentará el pedido a raíz de la última carta difundida por la vicepresidenta. Apuntan no solo a sus críticas al Poder Judicial, sino también al hecho de que Cristina preside el Senado y en ese carácter encabezaría el juicio contra los jueces de la Corte.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI, que preside Maximiliano Ferraro, impulsará el juicio político contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por las causales de mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, a raíz de lo expresado en su última carta y sus críticas al Poder Judicial.
Al fundamentar el proyecto, el bloque de diputados citó pasajes de esa carta, donde Cristina acusó a la Corte Suprema de Justicia de dirigir “el proceso de lawfare” y al Poder Judicial de ser “ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”.
“Las críticas habituales de la vicepresidenta a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática, un atentado contra el orden institucional, y configuran el mal desempeño de la vicepresidenta que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”, explicaron en un comunicado.
Para los legisladores de la CC, “Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo ´como no me gustan algunos jueces´, e incluso más, ´como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo´, pero como no lo quiere respetar será enjuiciada políticamente”.
Pero “el problema”, consideraron, “no es sólo lo que dice, sino quién lo dice: es la presidenta del Senado de la Nación que, a esta altura, incurre en delitos constitucionales, como el atentado al orden democrático”.
“No nos llama la atención el ataque a la Corte, la afectación de la división de poderes, pilar esencial sobre el que se construye el sistema republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional; tiene que ver con que la Corte Suprema debe intervenir en distintos recursos, en causas en que se investigan hechos de corrupción cometidos por la propia Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvieron.
Y agregaron que “la vicepresidenta pretende jueces elegidos popularmente, que tengan duración limitada en su cargo y que adopten decisiones con las que ella esté de acuerdo. Sin división de poderes, sin sistema republicano, pretende crear un sistema de persecución de quienes no piensan como ella. La arbitrariedad fundada en votos, para combatir el supuesto lawfare”.
“Las presiones directas e indebidas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo están vedadas por la Constitución Nacional y normas internacionales, sino que además adquieren mayor gravedad teniendo en cuenta que la vicepresidenta sería la presidenta del Senado en caso de enjuiciar políticamente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, insistieron.
Por todo esto, anunciaron que “ante la gravedad de los hechos descriptos, a instancias de Elisa Carrió y con su asesoramiento”, el bloque presentará esta semana un pedido de juicio político contra Cristina “por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”.
La CC-ARI presentó un documento al Poder Ejecutivo y al canciller Solá demandando una acción contundente frente a lo que consideran “fraude electoral” que el régimen de Maduro pretende desarrollar en Venezuela.
La Mesa Ejecutiva de la CC-ARI le reclamó al Gobierno Nacional y a su canciller, Felipe Solá, expresar un fuerte rechazo ante lo que consideran será un “fraude electoral” en las elecciones venezolanas previstas para este domingo.
“Sobran pruebas para decir que en Venezuela no hay democracia y existen graves violaciones a los derechos humanos. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha destruido las instituciones del país, eliminando la separación de poderes y atacando constantemente al único órgano legítimo y legal en pie: la Asamblea Nacional”, señala la Coalición Cívica, que considera que “hasta ahora el papel del gobierno argentino ha sido vergonzoso y humillante a la memoria histórica de nuestra nación”.
Advierten que en el país caribeño se vive “un clima de absoluta represión”, que atribuyen a “un gobierno de facto que ha sido señalado por distintos organismos, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, de violar flagrantemente los derechos fundamentales de su población”. Citan en ese sentido las denuncias sobre ejecuciones extra sumariales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, “sin contar las penurias económicas y el éxodo de millones de personas”. Y añaden que la misma ONU afirmó que existen “batallones de exterminio”.
“No hay afinidad ideológica que pueda justificar el silencio y la neutralidad frente a estas atrocidades”, expresan.
La conducción de la Coalición Cívica presentó el siguiente decálogo donde se detallan los motivos que fundamentan su postura:
1. Conformación CNE. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fue designado a dedo por Nicolás Maduro, lo cual es ilegal en todo sentido. No existen garantías de imparcialidad ni neutralidad.
2. Partidos secuestrados. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la destitución de las direcciones nacionales de los partidos políticos: Acción Democrática (AD); Primero Justicia (PJ); Voluntad Popular (VP); Acción Ciudadana en Positivo (Acep); Min-Unidad; Compromiso País (Compa), Tupamaro y Partido Comunista (PCV). Los últimos tres aliados históricos del chavismo, lo cual deja ver que Maduro no sólo ha atentado contra la oposición sino también contra aquellos disidentes de sus propias filas.
3. Inhabilitaciones y persecuciones. Ahora mismo, ningún participante o candidato de la contienda electoral – farsa electoral para blanquear a un régimen autoritario – se encuentra alejado del entramado dictatorial, ya que son chavistas ampliamente conocidos o forman parte de las filas del chavismo pero ocultándose en el disfraz de opositores. La oposición real, que hoy representa al 90 % de los venezolanos, no tiene espacio para participar en elecciones ya que sus miembros se encuentran inhabilitados, perseguidos, exiliados o encarcelados.
4. El proceso electoral no podrá contar con observación internacional cualificada. Es importante recalcar que la observación no es lo mismo que acompañamiento (figura utilizada por la dictadura con sus aliados internacionales), pues los acompañantes no tienen verdadero acceso a la verificación de todas las etapas que forman parte del proceso electoral, se instalan con poca anticipación, y tienen prohibido hacer pronunciamientos públicos sin autorización. Consiste, más bien, en una presencia política simbólica y no en una evaluación sistemática como corresponde a los observadores.
5. Auditoría. No existe la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva de todos los componentes de las máquinas de votación, el sistema de totalización, el sistema de transmisión y el Registro Electoral, incluyendo la información de las huellas dactilares, con protocolos acordados y claramente establecidos, en presencia de la observación nacional e internacional y los testigos técnicos de las organizaciones postulantes; quienes deben tener acceso absoluto a toda la información del sistema electoral automatizado.
6. Registro electoral. De acuerdo con proyecciones poblacionales conservadoras se estima en 1,5 millones la cantidad de jóvenes que cumplieron 18 años, y no han tenido la oportunidad de inscribirse en el Registro Electoral. A su vez, diversas fuentes nacionales e internacionales calculan que al menos 3,8 millones de venezolanos en edad de votar se encuentran en el extranjero (la mayoría producto de una crisis humanitaria inédita) y deben habilitarse los mecanismos para su inscripción o actualización en el Registro Electoral. Se trata entonces, de más de 5 millones de venezolanos que no pueden votar y que sus derechos están siendo pisoteados.
7. Modificación de la cantidad de diputados. El CNE ilegítimo, aumentó la cantidad de diputados a ser electos en un 60 %, pasando de 167 diputados a 277. Esta acción es absolutamente violatoria de la Constitución y de las leyes electorales, cuya clara intención es asegurar la mayor cantidad de puestos, tanto del PSUV (partido de la dictadura) como de la falsa “oposición” creada por Nicolás Maduro.
8. Eliminación del voto secreto y directo en las circunscripciones indígenas. El nuevo CNE, manejado a discreción por Maduro, decidió que las circunscripciones indígenas votaran, literalmente, a mano alzada. Esta acción rompe por completo con lo establecido en la Constitución de elecciones directas, secretas y universales.
9. Falta de respeto por la voluntad popular. Han sido objeto de medidas inconstitucionales emanadas del TSJ y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 28 diputados, para despojarlos de su inmunidad parlamentaria, mientras otros 4 parlamentarios han sido detenidos y sometidos a desapariciones forzosas, tortura y malos tratos. Esto demuestra claramente que, incluso participando en esta elección de mentira, obtener una victoria no garantiza nada, pues en dictadura la voluntad popular no es respetada.
10. Coacción. Como se trata de un proceso viciado desde el inicio, los dirigentes del chavismo junto con sus grupos de exterminio, manejan una constante coacción y amenazas contra la población para obligarlos no sólo a participar en esta farsa, sino también a que voten por los candidatos del PSUV. El líder de la dictadura, Diosdado Cabello, amenazó diciendo que “el que no vote, no come”.
El “lilito” Javier Campos fue muy duro contra el impuesto a la riqueza, que calificó como “pésimo”. “Esta ley puede convertirse en un cementerio pymes y empleo”, dijo.
“Este es un pésimo impuesto porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina. Esto que proponen es una salvajada tributaria”. Con esas palabras, el diputado de la Coalición Cívica Javier Campos rechazó de plano el aporte solidario que el oficialismo busca aprobar en la sesión de este martes.
“Si tenemos experiencia internacional que lo desaconseja, si tenemos a gente del propio bloque oficialista que dice que es un impuesto anti-producción, si sabemos que esto va a ser malo para la inversión y el empleo, ¿por qué el Frente de Todos impulsa este impuesto?”, se preguntó Campos.
En respuesta a su propia pregunta, consideró que “lo hacen pensando en las próximas elecciones, para buscar un supuesto rédito político”.
Según el legislador de la Coalición Cívica, el oficialismo “no ha evaluado que estamos en otro país políticamente hablando, algo está cambiando en la Argentina”.
“Por primera vez, una parte sustancial de la política va a votar en contra de un impuesto por su nefasto efecto a mediano plazo. Si se aprueba esta ley va a ser una fenomenal creadora de pobreza y puede convertirse en un cementerio de pymes y empleo”, advirtió Campos
Por último, señaló: “Hoy la Coalición Cívica y todo Juntos por el Cambio, con su rechazo, cumplen en emitir una señal de esperanza a toda la sociedad con la mirada en el largo plazo. Este bloque se opone y se planta frente al tributarismo populista”.
Sostienen que existen “maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de Cristina Kirchner”.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a diputados nacionales de su partido presentaron una denuncia contra el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por “sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de Cristina Fernández y exfuncionarios sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado”.
“Denunciamos que el actual gobierno argentino se encuentra embarcado en acciones coordinadas que apuntan al desmantelamiento de los organismos de control previstos en la normativa argentina, al debilitamiento de las instituciones que han sido creadas y diseñadas legislativamente, conforme estándares internacionales”, indica la denuncia.
El escrito, que fue elevado este miércoles al presidente del GAFI, Marcus Plever, fue firmado por Carrió y los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Alicia Terada, Javier Campos, Laura Castets, Rubén Manzi y Leonor Martínez Villada.
“Este desmantelamiento del organismo (en alusión a la UIF), a través del nombramiento mismo de sus autoridades, los despidos del personal técnico capacitado y promotor de causas judiciales relevantes que condujo al procesamiento de funcionarios,- hoy nuevamente en cargos relevantes de la función pública-, no son hechos aislados, sino concatenados con otros que apuntan a consagrar la total impunidad de los funcionarios comprometidos en la Justicia”, expresan en la denuncia, y advierten que la Unidad de Información Financiera “está siendo jaqueada en su pleno funcionamiento e independencia operativa”.
Además, Carrió y los legisladores llamaron la atención sobre “el peligro de incluir, en una eventual reforma judicial, el traspaso de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal, quebrantando todos los estándares internacionales recomendados por el GAFI”.
“La consagración de este nuevo esquema derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia y contralor de Cristina Fernández y el presidente, quienes carecerán de contrapesos institucionales para la limitación de ese poder”, señalaron.
Asimismo, indicaron que “desde enero de este año, con la salida de Mariano Federici al frente de la UIF, nuestro país perdió la presidencia del grupo Egmont a nivel mundial. Desde entonces, la saga incluyó el nombramiento de su presidente, Carlos Cruz y su vice, Mariana Quevedo, ambos impugnados para esos cargos y, el posterior vaciamiento de la unidad, con la desvinculación de personal técnico profesional especialmente vinculado a las causas de corrupción que venía impulsado activamente ese organismo”.
“No es posible analizar el vaciamiento de la Unidad de Información Financiera sin el análisis de un contexto más general, en el que todas las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional conducen a un mismo propósito: debilitar controles, concentrar poder y garantizar impunidad”, advirtieron Carrió y los diputados, y concluyeron que “la UIF debe ser independiente y autónoma operativamente”.
Desde la Coalición Cívica sostienen que la política pública no puede tener color político, y que “no es tiempo de mezquindades, de oportunismos políticos, ni de silencios cómplices”.
La Coalición Cívica/ARI advirtió sobre la gravedad de la renuncia de Marcelo Fabián Repetto al cargo de defensor Nacional Adjunto de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y consideró que esa dimisión “profundiza la crisis de la niñez”. “Desde la Coalición Cívica, sostenemos que la política pública no puede tener color político, y que no es tiempo de mezquindades, de oportunismos políticos, ni de silencios cómplices”, expresaron.
“En estos meses no solo se juega la institucionalidad de un país, sino que está en vilo la vida de las generaciones futuras”, aseveró el partido que lidera Elisa Carrió y alertó: “La gravedad de la renuncia presentada radica en sus fundamentos, donde expresa un manejo discrecional y direccionado de la Defensora, una situación de pasividad frente la violación de la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia y a la familia, la falta de debate interno, la ausencia de información pública hacia dentro del Organismo y la nula de articulación con las defensorías provinciales”.
“Manifestamos nuestra preocupación por la reciente renuncia de Marcelo Fabián Repetto al cargo de Defensor Nacional Adjunto de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En 2017, luego de 12 años de dilaciones y esperas, se constituyó la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación para iniciar el proceso de selección de los titulares de este Organismo”, expresaron las diputadas nacionales de la CC Mariana Stilman y Leonor Martínez Villada y la ex directora de Niñez, Adolescencia y Juventud de Anses Fernanda Reyes.
A través de un comunicado, desde la CC/ARI afirmaron que “la necesidad de constituir esta Defensoría resultaba de vital importancia, ya que dentro de sus funciones están el velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, supervisar las políticas públicas destinadas a la niñez, articular entre las distintas áreas de Gobierno y ser un organismo permanente de consulta del Poder Ejecutivo”.
“En un contexto de emergencia social y económica, donde el fortalecimiento de los programas enfocados a la niñez y a las políticas alimentarias de la primera infancia resulta imprescindible, el Gobierno Nacional realiza una quita de fondos en términos reales cercana al 2,7 por ciento. Ello no solo es violatorio de la ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que se convierte en inmoral en un país donde la pobreza infantil llegaría hacia fines de año al 62,9 por ciento, según estimaciones de UNICEF”, señalaron Stilman, Martínez Villada y Reyes.
El partido de Elisa Carrió -que no tiene senadores- sostuvo que la oposición debe prestar los dos tercios para la designación, que está trabada en la Cámara alta.
En un mensaje que sorprendió, la Coalición Cívica-ARI, partido referenciado en Elisa Carrió, llamó a votar a Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación, como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”.
En un comunicado de la Junta Ejecutiva Nacional, el partido sostuvo que “hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones”.
“Ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los dos tercios a la designación del procurador General de la Nación propuesto por el presidente de la Nación, el doctor Rafecas”, consideró la CC-ARI.
Por último, sentenció: “En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos vamos al régimen de (Nicolás) Maduro”.
El pliego de Rafecas se encuentra trabado en el Senado porque los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal se unieron para bloquear la mayoría especial necesaria para avalar la designación.
Frente a este panorama, la Comisión de Acuerdos, que preside Anabel Fernández Sagasti, no realizó aun la audiencia pública con el candidato del Ejecutivo.
Por el contrario, el oficialismo emprendió una embestida contra el actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, en diversas reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, encabezada por Martín Doñate.
Esa bicameral reunió distintos testimonios y pruebas contra Casal y envió material a la Comisión de Juicio Político de Diputados, poniendo en tela de juicio la gestión de Casal con el objetivo final de lograr su remoción.
Paralelamente, el último viernes, el oficialismo abrió en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre dos proyectos de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que buscan limitar el mandato del procurador, que actualmente es vitalicio.
El diputado salió al cruce de una iniciativa de la Coalición Cívica contra los fiscales que instruyen las investigaciones por la causa de espionaje ilegal en Lomas de Zamora.
El diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, salió al cruce de una presentación de diputados de la Coalición Cívica que solicitaron el jury de enjuiciamiento de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes instruyen las investigaciones por la causa de espionaje ilegal en Lomas de Zamora.
“Al parecer, la doctora Carrió y algunas de sus legisladoras están particularmente preocupadas por la investigación del espionaje ilegal, si se toma en cuenta que ellas aparecen involucradas en una causa que armaron de común acuerdo con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y el exjuez (Claudio) Bonadio, a la par de los contactos que mantuvieron con el falso abogado procesado Marcelo D’Alessio”, lanzó Moreau.
En un comunicado, el legislador del Frente de Todos advirtió que “resulta insólito que se pida el jury de enjuiciamiento a quienes investigan el caso de espionaje ilegal más grande que se haya conocido en la historia argentina y los diputados de la Coalición Cívica nunca se hayan preocupado por pedir el enjuiciamiento de Carlos Stornelli y su inmediata remoción. Y esto, no sólo porque formó parte de la banda de espionaje ilegal de D’Alessio, sino porque intentó en siete oportunidades eludir la acción de la Justicia”.
Finalmente, Moreau enfatizó que “esta iniciativa de Carrió y sus acólitos es una prueba más de la hipocresía de los que se dicen republicanos pero en realidad impulsan una maniobra destinada a brindarle impunidad a (Mauricio) Macri y a sí mismos”.
La CC ARI solicitó la adecuada implementación de la Ley de Manejo de Fuego y quiere que el ministro de Ambiente brinde un informe sobre la situación.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI solicitó que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, acuda a la Cámara de Diputados para brindar informes sobre el avance de los incendios y la implementación de la ley de manejo del fuego en nuestro país. También, le reclamaron al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para dar respuesta inmediata ante los preocupantes y extensos focos de incendio, especialmente frente a la situación crítica que atraviesa la Provincia de Córdoba, que fue señalada como uno de los diez incendios más graves del mundo. Es urgente la adecuada implementación de la ley de Manejo de Fuego, asignándole un presupuesto acorde a las funciones asignadas al Sistema Federal de Manejo de Fuego (SFMF).
Es importante destacar que el Sistema Federal de Manejo de Fuego (SFMF) fue creado por la Ley Nº 26.815/12. El Servicio Nacional de Manejo de Fuego es el organismo coordinador del SFMF y tiene como objetivos la protección del ambiente frente al daño generado por los incendios, el cuidado de la población ante los siniestros, la concientización frente al impacto del uso de fuego y fundamentalmente la articulación de mecanismos para que el Estado intervenga de manera eficiente, y la asistencia a los distintos organismos jurisdiccionales para la organización y coordinación a nivel federal. Es a través del Servicio Nacional de Manejo de Fuego que se despliegan los efectivos, vehículos, medios aéreos y recursos operativos para complementar a las jurisdicciones para la lucha contra los incendios.
La situación de los numerosos focos de incendios en nuestro país es alarmante. Según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, actualmente doce provincias se encuentran afectadas por incendios. La superficie estimada afectada por incendios reportados en los últimos quince días arroja un total de 434.975 hectáreas, siendo la provincia de Entre Ríos la más afectada, seguida por Córdoba.
El presupuesto asignado para el corriente año, en lo que respecta a las actividades relacionadas al manejo de fuego, ha significado un 0,057% del total de la suma total adjudicada al ejercicio fiscal, lo que comprende el sistema aéreo de prevención y lucha contra incendios, el equipamiento de unidades regionales, la elaboración de planes de mitigación, reconstrucción y respuesta, entre otros. En el año 2019, el presupuesto asignado para estas actividades representaba el 0,06% del presupuesto nacional, un incremento respecto del 0.05% de 2018.
La Coalición Cívica advirtió que a pesar de la situación crítica que atraviesa nuestro país a raíz de los mencionados incendios, para el ejercicio fiscal 2021 se prevé que tan solo un 0,04% del Presupuesto Nacional será destinado al manejo del fuego, lo que revierte la tendencia alcista evidenciada entre los años 2018 y 2019, lo que representa un porcentaje notablemente más bajo que el de los años anteriores. “Estos porcentajes evidencian la escasez de recursos destinados para el Sistema Nacional de Manejo de Fuego”, alertaron.
En este escenario, los diputados consideran fundamental destacar el rol que juega el cambio climático como agravante para los focos de incendios. La alteración que genera el aumento de temperatura media global provoca condiciones más secas que incrementan las probabilidades de incendio.
A través de un extenso comunicado, el partido presidido por el diputado Maximiliano Ferraro alertó contra cualquier intento de “radicalización” e hizo un llamado a “evitar la fragmentación de la Argentina a la que la crisis nos puede llevar”.
La Coalición Cívica ARI elaboró un documento denominado “La salida es defender el Estado de Derecho y la Paz Social”, en el que convocó a defender la Constitución Nacional ante las posiciones irracionales que afectan el estado de derecho y avanzan contra las instituciones. Desde este viernes, los dirigentes del espacio iniciarán una serie de recorridas federales por todo el país vía remota, en esta oportunidad, con autoridades partidarias de Misiones, Chaco y Corrientes.
El texto de la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica ARI
advierte sobre los “peligros y debilidades preocupantes” ocurridos en el país durante las restricciones de la pandemia. “Todo intento de radicalización o salida apresurada nos conducirá a una democracia cada vez más agrietada, a ideas fragmentarias, nihilistas o facciosas, corriendo el riesgo de la aparición y consolidación de regímenes autoritarios”, alertaron los dirigentes.
“Necesitamos observar el avance contra las instituciones, los casos de violencia institucional ocurridos durante las restricciones de la pandemia, la grave situación social y económica que no permite vislumbrar un futuro, el ataque al federalismo, principio rector de nuestra República, las posiciones irracionales que afectan al Estado de derecho y la necesidad de mantener posiciones de contundente defensa de la Constitución Nacional, que no se deslicen a discursos radicalizados o autoritarios”, indicaron.
El texto fue elaborado por el presidente del Partido, Maximiliano Ferraro; junto a Maricel Etchecoin, Mariana Zuvic, Andrés De Leo, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Rubén Manzi, Alicia Terada, Hernán Reyes, Facundo del Gaiso y Elisa Carca. A este documento se sumará el aporte de cada uno de los distritos.
“Nuestro hilo conductor es la necesidad de construir una salida de futuro basada en un proyecto en común para la Argentina”, afirmó la Junta Ejecutiva Nacional de la CC ARI que comenzará esta semana una recorrida federal a través de encuentros virtuales.
En el documento se afirma que “es central alertar sobre la remoción de tres jueces federales que intervienen en causas en las que está siendo investigada Cristina Kirchner. Es un hecho de enorme gravedad institucional. El Senado y el Poder Ejecutivo carecen de facultades para remover jueces, aunque lo hayan hecho bajo la excusa de revisar sus traslados. Sólo puede remover un juez el Consejo de la Magistratura cuando existe una causal de mal desempeño a través de un Jury de enjuiciamiento”.
“No podemos pasar por alto el contexto actual y las distintas acciones de gravedad institucional que desde hace siete meses se vienen ejecutando y que atentan contra la integridad, transparencia e imparcialidad: reforma judicial; embestida contra el Procurador General de la Nación; comisión de asesoramiento al presidente de la Nación sobre la Corte, Consejo de la Magistratura y funcionamiento del Poder Judicial; colonización de organismos como la UIF u OA; entre tantas otras”, especificó el partido respecto de la situación de la Justicia.
También la CC ARI hizo referencia en el documento a Juntos por el Cambio, y pidió a sus socios “ser lo suficientemente capaces de poder representar y traducir en acción concreta muchas demandas, la indignación, las esperanzas y los anhelos de la ciudadanía”.
La CC ARI aseguró que “tenemos que evitar la fragmentación de la Argentina a la que esta crisis nos puede llevar. Tenemos que volver a reivindicar la importancia de vivir en unión y libertad”, y añadió que “debemos lograr ser una síntesis y tener contundencia en la defensa de nuestros valores y principios, ser previsibles, respetar las reglas de juego y planificar a mediano y largo plazo. Así podremos olvidar la grieta y concretar la unidad de los argentinos”.
“Todo intento de radicalización o salida apresurada nos conducirá a una democracia cada vez más agrietada, a ideas fragmentarias, nihilistas o facciosas, con el riesgo de la aparición y consolidación de regímenes autoritarios, tanto de izquierdas o derechas”, advirtieron.
La CC ARI también hizo mención a la “reducción unilateral de la Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”, y alertó que “la provincia de Buenos Aires es el principal objetivo de consolidación del modelo político del kirchnerismo, a través de la profundización de su matriz de poder mediante el manejo discrecional de fondos, avances sobre la Justicia y el impulso de la toma ilegal y expropiación de tierras”.
“El Gobierno insiste en buscar salidas que ahonden la grieta. La reducción unilateral de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires significa un avasallamiento absoluto de nuestro sistema federal de gobierno”, aseveró la CC ARI, y agregó: “El presidente de la Nación y el Congreso de la Nación no tienen atribuciones para modificar el régimen de coparticipación de ninguna jurisdicción en forma unilateral, y menos aún en forma intempestiva”.
“Lo más preocupante es la decisión de fundar una medida inconstitucional y de profunda raigambre unitaria y centralista en la división de los argentinos”, remarcaron los dirigentes.
“Los incrementos sustanciales de recursos por los discrecionales giros del Tesoro Nacional por más de 100.000 millones de pesos, y el Fondo de Fortalecimiento Financiero proveniente de los fondos, quitados unilateralmente por el Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, le permiten al Gobernador Kicillof replicar el modelo nacional”, advirtieron.
En ese sentido, afirmaron que “es preocupante el impulso de leyes para favorecer las tomas ilegales de tierras, el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones sociales y políticas afines al kirchnerismo y la intención de proceder a expropiaciones de inmuebles de propiedad privada. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires está siendo devastada por el desmanejo de la crisis sanitaria, sus consecuencias sociales y económicas, y un progresivo incremento de la inseguridad, con un Gobierno y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, sin respuestas y sin control sobre sus fuerzas de seguridad”.
Por último, la Junta Nacional de la CC ARI advirtió que “el Gobierno está empecinado en repetir recetas erróneas y aplica decisiones macroeconómicas de corto plazo en un país que no tiene una crisis ocasional, sino un problema estructural que requiere otro tipo de decisiones y reformas”, y aseguró que “la salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un Estado autoritario y policíaco”.
“La Coalición Cívica ARI mantendrá la templanza y fortaleza para encontrar una salida con pleno respeto al Estado de Derecho. Seguiremos insistiendo en no romper los puentes. Nosotros no queremos la fractura de la Nación, porque seguir la estrategia de ´cuánto peor, mejor´ es hacerle el juego a la Vicepresidente que busca el enfrentamiento entre argentinos. Hay que garantizar al país una mínima gobernabilidad frente a la irracionalidad y atropellos imperantes”, finalizaron.
El partido de Elisa Carrió sostuvo que “lo que sucede hoy en la Argentina es una provocación inusitada” y “es evidente el apuro de la vicepresidenta”.
A través de un comunicado, la Coalición Cívica anunció que realizará una presentación ante la Justicia para “denunciar la remoción encubierta de los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi”. “Lo que sucede hoy en la Argentina es una provocación inusitada”, sostuvieron los dirigentes.
El partido de Elisa Carrió, quien difundió el texto en sus redes sociales, expresó: “No vamos a contestar a la violencia institucional, sólo lo haremos con actos ajustados al estado de derecho como esta presentación y las que venimos haciendo en sede judicial. Allí y en otros organismos los diputados de la Coalición Cívica estamos informando cada apartamiento del orden institucional y constitucional que se provoca en nuestro país”.
“Hay que defender al Poder Judicial porque está en riesgo su independencia y, en definitiva, el estado de derecho. Esta defensa se hace desde la no violencia, por eso hacemos un llamado a la paz y no queremos la radicalización porque le es funcional al poder y a la vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner)”, aseguraron.
Además, repasaron que “un día después de que el Senado sesionara, el presidente de la Nación, arrogándose facultades judiciales, dictó decretos para remover a los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi. En consecuencia, concluyó la maniobra manifiestamente ilegal de desplazamiento de dichos magistrados desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional, la vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores pertenecientes al partido de Gobierno”.
“Solicitamos que también se evalúe la conducta del presidente de la Nación por la violación del artículo 109 de la Constitución Nacional. Alberto Fernández no puede desconocer que el presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales y lo hizo”, argumentaron y agregaron que “los traslados de los jueces, por ser un acto jurídico complejo, sólo pueden ser revisados por la Justicia”.
Finalmente, desde la CC-ARI dijeron que “es de público conocimiento que el tema está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a instancia de los magistrados que han sido removidos. Es evidente que el apuro de la vicepresidenta, y ahora del presidente de la Nación, obedece a consumar un acto adjudicándose facultades judiciales, antes de que resuelva el tribunal supremo. Esperamos que la Corte reaccione, restituya el Estado de Derecho y traiga la paz y cordura”.
La bancada de diputados que conduce Maximiliano Ferraro prevé incautar las naves extranjeras que incurran en este delito.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI presentó un proyecto de ley en el que agrava las sanciones para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y contempla la incautación de las naves extranjeras que incurran en este delito. “Resulta imperioso respaldar el fortalecimiento de la ordenación pesquera y la eficiente administración de los espacios marítimos en nuestro país”, afirmaron.
La iniciativa presentada por la CC ARI crea la “Unidad Móvil”, que toma como referencia la nafta de mayor octanaje, y actualiza el monto de las multas al 60% de lo que eran los valores durante la entrada en vigencia de la ley. Estas multas aplican tanto para buques nacionales como extranjeros. Además del incremento de multas, en el caso de buques extranjeros, también se prevé una sanción que será equivalente a multiplicar el doble del valor de la especie capturada por la capacidad total de la bodega del buque. En caso de que hubiera más de una especie presente, se tomará como referencia la de mayor valor de mercado. En el caso de las embarcaciones extranjeras es obligatoria la incautación del buque.
“Si tomamos en cuenta el saldo exportable generado por el sector, cuyos principales destinos son China, España y Estados Unidos, es posible concluir que el sector pesquero es uno de los más dinámicos a nivel nacional y, dado que son generadores netos de divisas, es necesario potenciar su capacidad porque son grandes productores de actividades que demandan mano de obra intensiva y además, por definición, es una actividad federal que se desarrolla a lo largo de todo el litoral marítimo argentino”, señalan los legisladores de la CC ARI en los fundamentos del proyecto.
“Dado que es necesario proteger a la industria nacional del flagelo de la pesca ilegal, es fundamental contar con la aprobación de la presente propuesta de modificación normativa para que los buques de pabellón extranjero capturados en aguas bajo jurisdicción nacional, sean sancionados con la máxima severidad prevista en el marco legal y, además de incorporar la obligatoriedad del decomiso del buque con todas las costas del proceso a su cargo, se debe incorporar un agravamiento de la sanción”, argumentan.
“Teniendo como objetivos fundamentales la protección de nuestros océanos y la garantía de que sus enormes recursos puedan ser preservados para las generaciones futuras, partimos desde la convicción de que resulta imperioso respaldar el fortalecimiento de la ordenación pesquera y la eficiente administración de los espacios marítimos en nuestro país”, aseguran desde la CC ARI.
La iniciativa presentada señala que, de acuerdo con datos publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en inglés, FAO), la pesca ilegal representa a nivel mundial entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado anuales, lo que equivale a un total de 10.000 y 23.000 millones de dólares estadounidenses. El proyecto está firmado por los diputados Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Héctor Toty Flores, Leonor Martínez Villada, Rubén Manzi y Mariana Stilman.
Los acusa de haber apoyado un proyecto de rechazo a la resolución judicial que ordenó al cuerpo suspender el tratamiento de los pedidos de traslados de dos camaristas.
La Coalición Cívica denunciará por desobediencia a los senadores que el martes “ilegalmente” -sostienen- rechazaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales la medida cautelar de la jueza Biotti que ordena al Senado no avanzar en la remoción de los jueces Bruglia y Bertuzzi.
También denunciarán a los miembros de la Comisión de Acuerdos que los remuevan, anticiparon Elisa Carrió y sus diputados a través de las redes sociales. Por otro lado, anticiparon que se planteará la nulidad de la revocación de los decretos de la Presidencia del Senado del año 2017 en los que se designaron a los integrantes que formarían parte del Jury Ministerio Público.
“Como lo advertimos e intimamos hace unos días, frente a un hecho de extrema gravedad institucional que atenta contra la Constitución y el sistema republicano, haremos las denuncias que correspondan y no consentiremos ningún acto que vaya contra la independencia del Poder Judicial”, puntualizó uno de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio.
El bloque presidido por Maximiliano Ferraro emitió un comunicado donde reclamó que “el reconocimiento a la oposición sea verdadero”.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica, que preside Maximiliano Ferraro, decidió no participar de la reunión virtual llevada a cabo entre el presidente Alberto Fernández y legisladores de Juntos por el Cambio.
A través de un comunicado, la bancada explicó: “Siempre estaremos dispuestos al diálogo y éste debe darse en el Congreso de la Nación o entre quienes tienen responsabilidad de gestión. Esta es una posición histórica de la Coalición Cívica y de Elisa Carrió”.
“Manifestamos nuestra predisposición al diálogo serio, como se ha venido sosteniendo con el interbloque Juntos por el Cambio en la labor parlamentaria cotidiana”, expresaron los diputados.
A la vez, consideraron que “construir un diálogo verdadero y fructífero implica imponernos la cláusula ética inexcusable de no mentirnos, el deber de escucharnos y que el reconocimiento a la oposición sea verdadero, para alcanzar los acuerdos que necesita la Argentina para afrontar la profunda crisis social, institucional y económica post-pandemia”.
Agregaron además que ven “con preocupación” que “a la fecha el jefe de Gabinete no haya rendido el informe de gestión mensual impuesto por la Constitución Nacional”.
“La decisión que hemos adoptado es parte del funcionamiento plural y democrático cuya esencia reivindicamos en Juntos por el Cambio y que expresa su propia fortaleza y es en nombre de nuestra propia historia política y parlamentaria”, concluyeron los legisladores.
Apoyándose en lo expresado por curas villeros, reivindicaron el pensamiento de Elisa Carrió sobre el efecto del PJ en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires.
A partir de las expresiones de curas de barrios populares, legisladores de la Coalición Cívica-ARI salieron a reivindicar a su líder, Elisa Carrió, cargando con dureza contra el intendente Fernando Espinoza, la vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
A través de un comunicado, desde la CC-ARI recordaron que Elisa Carrió “siempre denunció que La Matanza era una usina de pobreza consecuencia de los 35 años de intendencias PJ, con el sometimiento y utilización de los pobres, cuyo número es directa consecuencia de esas gestiones”.
Para los diputados de la Coalición Cívica, desde el PJ “instalaron un proyecto de marginalidad y pobreza”. Y advirtieron que “hoy son los curas de barrios populares de ese municipio y el obispo Héctor García, quienes reclaman al intendente Espinoza y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la presencia del Estado”.
“Bajo el lema ‘el drama del Covid-19 en barrios populares de La Matanza’, los sacerdotes alertan que allí la pandemia está haciendo estragos”, apunta la Coalición Cívica que considera que “los responsables son Fernando Espinoza, Verónica Magario y Axel Kicillof. Su exintendenta, hoy vicegobernadora tampoco expresa arrepentimiento por haber usado el dinero público para usura, antes que para obra pública”.
Los diputados recuerdan que fue lo que expresó Elisa Carrió, y también ahora los curas villeros. “Hoy queremos expresarnos con igual contundencia: no dejen solos a los matanceros. Las políticas públicas no se declaman en atriles, se hacen realidad en el territorio. Si el hambre es un crimen, los responsables son criminales”, concluyen los legisladores.
La nota lleva las firmas de los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Laura Castets, Javier Campos, Héctor “Toty” Flores, Mónica Frade, Lucila Lehmann, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman, Alicia Terada, Leonor Martínez Villada y Mariana Zuvic. También firman los legisladores provinciales bonaerenses Andrés De Leo, Luciano Bugallo, Elisa Carca, Maricel Etchecoin Moro y Carolina Tironi.
Diputados nacionales presentaron un proyecto en el que la decisión que condena el “acoso” oficial contra la Asamblea Nacional en Venezuela.
Los diputados nacionales por la Coalición Cívica ARI Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Alicia Terada, Héctor “Toty” Flores, Rubén Manzi y Lucila Lehmann presentaron un proyecto de resolución en el que respaldan la decisión tomada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que condena el “continuo acoso” ejercido por el régimen de Nicolás Maduro contra las facultades que la legislación venezolana otorga a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela.
El Consejo Permanente de la OEA resolvió, en la sesión extraordinaria virtual, celebrada el 26 de junio de 2020, denominada “Las recientes decisiones ilegítimas del Tribunal Supremo de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela”, condenar el continuo acoso ejercido por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro contra las facultades que la legislación venezolana otorga a la Asamblea Nacional y contra el funcionamiento de los partidos políticos e instituciones democráticas en Venezuela, en oposición a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana. Además, rechaza enérgicamente y desconoce “la designación inconstitucional” de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, así como la designación de las Juntas Directivas de los partidos políticos “Primero Justicia” y “Acción Democrática”. La Argentina se abstuvo en la votación de esta resolución.
La iniciativa presentada por los legisladores de la CC ARI manifiesta “su absoluto repudio a este tipo de acciones del gobierno de Maduro, las que constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia y del estado de derecho en Venezuela, ante el próximo proceso electoral de diciembre de 2020, solamente merecedor de la confianza pública y de garantías republicanas, en caso de llevarse a cabo mediante la celebración de elecciones justas, libres y transparentes con la participación de un legítimo Consejo Nacional Electoral (CNE), un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) imparcial y observadores internacionales independientes, teniendo en cuenta que el Gobierno ha violado las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), liderada por el presidente interino Juan Guaidó; que ha producido una interferencia ilegal en el funcionamiento de los partidos políticos opositores independientes; que continúa la usurpación de las funciones presidenciales ejercidas ilegítimamente y que se niega a liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la Asamblea Nacional; y a cesar las detenciones, persecuciones y encarcelamientos arbitrarios”.
Y a continuación advierte la declaración de la Coalición Cívica que “esta es la segunda resolución sobre Venezuela en la que el Gobierno argentino del presidente Alberto Fernández, y el mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abstienen. El 10 de enero pasado se negaron a apoyar la resolución que condenaba el uso de la fuerza en contra de la Asamblea Nacional, cuando la dictadura chavista usó las fuerzas militares para impedir el ingreso de Guaidó y cien diputados opositores al Palacio Legislativo para evitar que el Presidente interino renovara su mandato al frente del Parlamento”, recordaron los diputados.
En el proyecto se señala que “la Carta Democrática Interamericana, pilar ideológico de la OEA, establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Los diputados de la Coalición Cívica quieren que el procurador del Tesoro que explique la contratación directa del estudio jurídico que representará al país.
Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle a Carlos Zannini que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.
“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o si sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.
Los legisladores requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada Cristina o sus familiares directos.
Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.
“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron los diputados.
Y agregaron: “No vamos a permitir que en su rol de procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York. Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El articuló la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”.
“Las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”, afirmaron Ferraro, Oliveto, López y Zuvic.
La CC-ARI respaldó a la provincia Mendoza tras los desafortunados dichos de Alberto Fernández sobre la represa. “El presidente no tiene la potestad de decidir si está bien o no financiar la obra”
La Coalición Cívica ARI manifestó este lunes su apoyo a la provincia de Mendoza, en el marco de lo que definió como “desafortunadas declaraciones del presidente de la Nación” sobre la obra de Portezuelo del Viento, y ratificó su postura en “defensa del federalismo”.
El jueves pasado, en su visita a la provincia de La Pampa -que se opone enfáticamente a esa obra- Alberto Fernández señaló que “la obra debe servir a todos, no se pudo hacer nunca un estudio de impactoambiental en todos los lugares donde el río llega. El Gobierno que meprecedió buscó un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, lo que me valió el enojo de Carlos Verna. No es que no quisimos reperfilar ese bono, no está en el mercado, es un pagaré. Sí puedo entender la preocupacióin de seguir financiando una obra que cuestionan cuatro de las cinco provincias donde legue el río Atuel. No quiero financiar una obra del Estado que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias por donde pasa el Atuel”.
“El presidente no tiene la potestad de decidir si está bien o no financiar la obra, es una obligación asumida por el expresidente Néstor Kirchner y refrendada por él mismo en su carácter de jefe de Gabinete de Ministros mediante el decreto 687/2007, y luego acordada en su monto en 2019 por Mauricio Macri”, aseguró.
“Tememos que los reparos sin fundamentos técnicos y científicos al financimiento de la obra, se deben al esquema de presión sobre gobernadores de otro signo político ejercido históricamente por el kirchnerismo: Billetera o Garrote”, alertaron desde el partido y el bloque de diputados de la CC-ARI.
El presidente no tiene la potestad de decidir si está bien o no financiar la obra, es una obligación asumida por el expresidente Néstor Kirchner y refrendada por él mismo en su carácter de jefe de Gabinete”.
A través de un comunicado señalaron que “estamos firmes en la defensa del federalismo y del trato justo e igualitario entre las provincias de nuestro país. Acompañaremos al gobierno de Mendoza y a nuestros compañeros legisladores por Mendoza en la defensa de los recursos de su provincia”, y remarcaron que “hoy es fundamental trabajar por más energía renovable para nuestro país, más fuentes de lo trabajo para miles de mendocinos y más producción en la cuenca Del Río Colorado”.
“Es imprescindible el cumplimiento de los compromisos asumidos desde 2007 por Néstor Kirchner y luego por Mauricio Macri”, indicaron.
En ese sentido, los legisladores de la CC ARI afirmaron que “se trata de una obra estudiada durante medio siglo, con estudios técnicos y Evaluación de Impacto Ambiental aprobada por COIRCO”.
“En este punto es preciso resaltar que los fondos de la obra Portezuelo del Viento son de la provincia de Mendoza en concepto de reparación de los perjuicios económicos y fiscales que padeció en virtud de la privación de la Promoción Industrial”, finalizaron.
Quieren que el procurador del Tesoro informe sobre la contratación directa de un estudio jurídico y sobre el juicio iniciado por Vialidad contra Cristina Kirchner en tiempos de Cambiemos.
Los diputados de la CC ARI exigen a Zannini que explique la contratación directa del estudio jurídico que representará al país en el juicio por YPF y que confirme si la Procuración va a desistir de avanzar en el juicio iniciado por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta de la Nación. “Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”
En efecto, los diputados Maximiliano Ferraro; Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP, para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.
“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.
Los legisladores de la CC ARI requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración a su cargo, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner o sus familiares directos. Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la nombrada, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.
“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron. “No vamos a permitir que en su rol de Procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York”, enfatizaron.
“Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El artículo la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”, añadieron.
Ferraro, Oliveto, López y Zuvic señalaron que “las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”.
Agregaron que “la CC ARI y Elisa Carrió vienen denunciando desde hace tiempo el vaciamiento de YPF y la compra irregular por parte de la familia Ezkenazi, que pagaba esas acciones con las utilidades de la misma YPF, lo que a todas luces es atípico para estas compras”.
“El concurso de la empresa de Ezkenazi en España se inició porque, ante la estatización, dejó de recibir utilidades y debido a eso no pudo pagar a sus acreedores ni continuar con la operatoria de la empresa”, recordaron desde la CC ARI. “Ese concurso es el que adquirieron los estudios que demandan a la Argentina en Nueva York”, añadieron.
Por último los diputados instaron a Zannini a que pida un Discovery para que de una vez por todas se investigue quiénes son los verdaderos titulares de las acciones, y ahí quedará claro una red de complicidades e incompatibilidades tantas veces denunciadas por la CC ARI y Elisa Carrió.
Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade acusaron al titular de la Oficina Anticorrupción por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento”.
Las diputadas nacionales de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Marcela Campagnoli y Mónica Frade denunciaron penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, a raíz de la decisión del organismo de retirarse como querella en las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
Las legisladoras sumaron así una nueva presentación ante la Justicia, ya que la semana pasada un grupo de diputados del Pro y la abogada Silvina Martínez -quien junto a la exdiputada Margarita Stolbizer impulsaron las causas- habían hecho lo propio.
Las diputadas de la CC-ARI pidieron que se lo investigue a Crous por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”.
En el escrito, señalaron que en las causas Hotesur y Los Sauces -elevadas a juicio oral, pero sin fecha de inicio-, “se encuentran imputados la vicepresidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández y sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, éste último actual diputado nacional” y esto “que debería ser un dato irrelevante en el marco de un actuar independiente e imparcial, es la centralidad motivadora del actuar del funcionario Crous”, consideraron.
Oliveto, Campagnoli y Frade sostuvieron que “la decisión adoptada -como acción dolosa- desanda lo que el mismo organismo impulsó de origen. Tanto en la causa Vialidad, como en la causa ‘La Ruta del Dinero K’, la Oficina Anticorrupción es querellante. Ambas constituyen los prólogos que terminan confluyendo en las causas en las que desistió”.
“La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal sostuvo – durante mucho tiempo- que era necesario hacer un único y gran juicio. De hecho, se intentó unificar los procesos en Tribunal Oral, circunstancia que no pudo lograrse por reparos judiciales. También allí hay actos propios de la OA”, continuaron.
En ese sentido, las diputadas indicaron que “la decisión de no seguir en Hotesur o en Los Sauces sería contradictoria con continuar el rol en la Ruta del Dinero K”.
“La Oficina Anticorrupción permanece allí porque hay una misma y única maniobra delictiva -se sostuvo-. De esto deriva la clara violación de un acto propio de la Administración. En dos expedientes requirió elevación a juicio y, ahora, sin que haya otra variante más que, un cambio de gobierno, decide abandonar la acusación. O sea, la misma oficina, decidió no sostener su propia teoría y actuar en otra causa”, completaron.
Es para saber “por qué le hace semejante favor a Cristina Kirchner” dejando de ser querellante en dos causas clave contra la vicepresidenta.
Diputados de la Coalición Cívica anunciaron que presentarán un proyecto de resolución para convocar al Congreso al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, para que esclarezca la decisión de renunciar a ser querellante en dos importantes causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El bloque presidido por Maximiliano Ferraro solicitará citar a Crous a la Comisión de Justicia de la Cámara baja, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), para que informe sobre “los motivos que llevaron al organismo a su cargo a desistir del rol de querellante en las causas 11352/2014 y 3732/2016, conocidas como Hotesur y Los Sauces, que tramitan ante el Tribunal Oral en la Criminal Federal Nro. 5”.
“Queremos saber por qué le hace semejante favor a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, cuestionó el diputado Juan Manuel López.
Por su parte, Graciela Ocaña (Pro) también criticó la decisión de la OA y advirtió que “garantizar la impunidad es el peor mal que se le puede hacer a nuestra sociedad”. “Cualquier paso atrás en la búsqueda de la verdad y la justicia en causas de corrupción como estas implica un desmedro a nuestra democracia”, sostuvo.
Ocaña expresó además su “temor respecto a la utilización de la pandemia vigente para intentar ocultar este tipo de resoluciones dado que todos los poderes, los medios de comunicación y la sociedad se encuentran atendiendo a los aconteceres producidos por el Covid-19″.
“El fenómeno de la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, sentenció la legisladora del Pro.
Diputados de la Coalición Cívica consideraron “alarmante que la actividad pesquera continúe sin el establecimiento de procedimientos para dar seguridad sanitaria a las tripulaciones y al personal”.
Diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución en el que le solicitan al Poder Ejecutivo que brinde informes sobre la situación sanitaria y de seguridad de los buques pesqueros Atlantic Surf III y Scirocco, amarrados en el puerto de Mar del Plata.
El pedido de informes fue firmado por los legisladores Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Alicia Terada, Rubén Manzi y Héctor “Toty” Flores.
“Resulta alarmante que la actividad pesquera continúe sin el establecimiento de principios, métodos y procedimientos para dar seguridad sanitaria a las tripulaciones y al personal de la cadena de valor del producto de la pesca”, señalaron.
Según los diputados, “el buque es una cárcel metálica que afecta la salud y estabilidad mental y emocional de las personas. El mal se llama mamparización y es muy característico y crónico en la gente embarcada”.
El proyecto requiere información sobre la situación epidemiológica de la tripulación e identificación de los tripulantes contagiados; la fecha de zarpado y período de navegación; la fecha probable de conocimiento del contagio; y la identificación de los contactos estrechos de los contagiados, anteriores o posteriores a esa fecha.
Los diputados también consultaron por las medidas tomadas por las autoridades de ambos buques ante el contagio -en particular, acerca de la atención médica recibida-; y la aplicación del aislamiento social a la tripulación.
En la previa del encuentro que mantuvo el interbloque Juntos por el Cambio, los diputados encabezados por Maximiliano Ferraro tuvieron un encuentro.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI se reunió este martes por la tarde en su oficina del Congreso para charlar sobre la reunión de labor parlamentaria en la que se definieron las condiciones para la sesión de la semana próxima.
El bloque de la CC mantuvo su encuentro unas horas antes de la reunión de autoridades de bloque y comisiones de Juntos por el Cambio.
Participaron de la reunión Héctor “Toty” Flores; Mónica Frade; Paula Oliveto; Mariana Zuvic; Maximiliano Ferraro; Mariana Stilman; Marcela Campagnoli; Juan Manuel López; Lucila Lehmann y Javier Campos.
Desde el bloque de diputados que preside Maximiliano Ferraro expresaron su “preocupación” por “los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia”.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto de ley en el que propone agravar las penas de los delitos que se cometieran contra la administración pública, “cuando quienes lo cometan se aprovechen de situaciones excepcionales, por ejemplo, una pandemia”.
“Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera en perjuicio de la administración pública y aprovechando las facilidades de un desastre, conmoción, o emergencia pública, la escala penal correspondiente al delito del que se trate, se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo, sin que ésta pueda exceder el máximo legal de la especie de pena que corresponda”, establece la iniciativa.
Desde la bancada que preside Maximiliano Ferraro señalaron que “es intolerable que nos roben, pero es aún peor en medio de una pandemia. Por eso proponemos elevar la escala penal de estos delitos”.
“Estamos convencidos de que nuestro país tiene que mejorar los procesos de licitaciones y compras, y no volver atrás con los avances que se lograron durante la gestión anterior. Hay que combatir la corrupción enquistada en muchos lugares de las compras públicas hace años”, agregaron.
Los diputados manifestaron que les “preocupan los procesos de compras que se dan en el marco de esta emergencia”. “Los controlaremos desde nuestro rol de legisladores en todas las jurisdicciones donde los detectemos, pero si no llegamos a evitarlo, e igual se comenten delitos, queremos que quienes los cometan sepan que deberán enfrentar penas graves y efectivas”, advirtieron.
“Con esta modificación del Código Penal creemos que proponemos una herramienta que va ayudar a los Ejecutivos en la transparencia e integridad de las compras”, sostuvieron.
Finalmente, desde el bloque CC-ARI fundamentaron que “la situación de indefensión en la que se encuentra la administración pública en este tipo de situaciones, y el aprovechamiento de dicha situación para cometer delitos en perjuicio de la misma, merece un mayor reproche penal”.
La diputada nacional Lucila Lehmann presentó un proyecto para establecer más mecanismos de control en el sistema de contratación directa.
Diputados de la oposición proponen la creación de una Comisión de Seguimiento y Monitoreo de las Contrataciones Directas.
El proyecto, impulsado por la diputada nacional de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann surge a raíz de las recientes compras con sobreprecios realizadas por parte del Gobierno nacional y tiene como finalidad la creación de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de las Contrataciones Directas en el marco de emergencia, la cual tendrá el carácter de Comisión Unicameral Especial.
Las principales atribuciones de la Comisión serán
En cuanto a los sobreprecios, Lehmann anunció que también se realizaron denuncias penales, para que la justicia investigue el accionar de PAMI en la compra de algunos productos a más del doble del valor de mercado minorista.
“Concretamente las denuncias son sobre las recientes compras realizada por PAMI de vasos descartables, bidones de agua y alcohol en gel, en los que se ha pagado más del doble que el costo minorista y basándose en la única oferta presentada de un proveedor que ni siquiera estaba inscripto en el Registro de Proveedores habituales”, subrayó Lucila Lehmann.
La iniciativa cuenta con el apoyo de sus pares del bloque, Marcela Campagnoli, “Toty” Flores, Alicia Terada, Monica Frade, Rubén Manzi y Leonor Martínez Villada.
El bloque presentó un proyecto para que se aplique el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI instó este miércoles al Poder Ejecutivo a que aplique la herramienta creada por el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal, para destinar todos los bienes y el dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico al combate de la pandemia del Covid-19.
“El Estado es quien debe formular las políticas públicas necesarias para controlar esta situación, y para ello es necesario maximizar el uso eficiente de los recursos escasos, por lo que proponemos que se empiece por un tema fundamental: hay que recuperar lo robado”, subraya la Coalición Cívica en los fundamentos del proyecto de resolución presentado.
Los diputados advirtieron que “la corrupción es un delito que rara vez es condenado en nuestro país y la pandemia del coronavirus pone de manifiesto las falencias del sistema sanitario nacional”.
En ese contexto, el bloque propuso que el Ejecutivo aplique el DNU 62/19 y su Anexo, que “regulan la acción civil de extinción de dominio y su régimen procesal”, y “los artículos 23, párrafo 7 y 305 del Código Penal, que regulan las facultades judiciales de decomiso anticipado y decomiso definitivo de bienes, respectivamente, con la participación de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dependiente de la Procuración General de la Nación”.
“Debemos recuperar lo robado porque corresponde que vuelvan al Estado la totalidad de los fondos que fueron sustraídos para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y quienes perpetraron maniobras contra las arcas públicas deben rendir cuentas ante la Justicia por sus acciones”, indica el proyecto.
Los legisladores aportaron datos: “Como resultado de las tareas de asistencia técnica y colaboración en el período 2015-2018, teniendo en cuenta las más de 150 causas en las que la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados ha intervenido durante ese período, se lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes”.
Por ejemplo, detallaron que “con el dinero contenido en los bolsos que el exsecretario de Obras Públicas José López intentó esconder en un convento en 2016, y cuyo origen aún no ha podido demostrar, se podrían adquirir 743 respiradores o 16 tomógrafos para equipar los hospitales”.
Y agregaron que “la causa de fraude a la AFIP en la que estuvo involucrado el exempresario Cristóbal López significaría hoy para el Gobierno 258.219.844 dólares con los que podrían construir 55 hospitales o comprar más de 21 mil respiradores; así como también con el desvío de fondos de los ‘Pibes Villeros’ de Milagro Sala, que suma 9.621.212 de dólares, podrían adquirir 794 respiradores o sumar 85 ambulancias de alta complejidad; y con el embargo a la vicepresidenta Cristina Fernández por asociación ilícita, que sumaría 151.515.152 de dólares, el Gobierno podría adquirir 253 tomógrafos o 12.500 respiradores para afrontar la crisis por el coronavirus además de cubrir jubilaciones mínimas y canastas básicas”.
El objetivo de la iniciativa es habilitar líneas de crédito a tasa cero, por un total de 94 mil millones de pesos, y con un plazo de devolución de hasta 24 meses, siempre que no se cuente con otros ingresos.
Diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución en el que solicitaron la “urgente creación” de un Fondo de Reparación Económica por Emergencia Sanitaria destinado a cuentapropistas y monotributistas.
El objetivo del proyecto es otorgar líneas de créditos a tasa cero de hasta 30.000 pesos para monotributistas de las categorías A a la D, lo que representaría un monto de 54 mil millones de pesos; y de hasta 60.000 pesos para las restantes categorías, lo que implicaría una suma de 40 mil millones de pesos, con un plazo de devolución de hasta 24 meses, siempre que no cuenten con otros ingresos.
“El fondo corresponde al equivalente a 1.400 millones de dólares y se contempla que pueda estar constituido por créditos de organismos internacionales a gestionar en el marco de la ley de emergencia económica, como así también por reasignaciones presupuestarias”, señalaron los legisladores al respecto.
Y, en este sentido, advirtieron que “los trabajadores independientes, los comerciantes y los profesionales hasta ahora no han recibido soluciones sustentables con las medidas de contención que ha realizado el Gobierno nacional”.
El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferrado, Lucila Lehmann, Héctor Toty Flores, Alicia Terada, Rubén Manzi, Paula Olivetto, Marcela Campagnoli, Leonor Martinez Villada, Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Mónica Frade y Mariana Stilman.
Un grupo de legisladores presentaron un pedido de informes sobre las medidas adoptadas para atender el coronavirus en el país.
Diputados del bloque de la Coalición Cívica-ARI presentaron un pedido de informes en el que solicitan al Poder Ejecutivo que brinde datos sobre las medidas adoptadas para enfrentar el coronavirus. Entre las consultas, solicitaron conocer cómo se está llevando a cabo la distribución de medicamentos e insumos.
“La resolución conjunta emitida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción establece que se debe propiciar la comercialización y distribución de insumos médicos utilizados en el tratamiento del Covid-19, y que debe entregarse de manera prioritaria a entidades sanitarias públicas de jurisdicción nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la habilitación al Ministerio de Salud de la Nación para determinar cuáles son esas entidades que tendrán preponderancia”, señalaron.
En ese sentido, consideraron que “resulta necesario saber si la decisión fue adoptada luego de una consulta con el resto de los representantes de los gobiernos provinciales y cuáles serán los criterios para establecer los niveles de prioridad entre las distintas jurisdicciones. De ser así, nos resulta útil conocer la respuesta que obtuvo de cada representante”.
Además, en el texto consultan sobre “si se realizaron estimaciones específicas sobre los requerimientos de suministros y equipamientos médicos necesarios para afrontar la pandemia, de acuerdo con la densidad poblacional de cada provincia y, de ser así, si se han consensuado con los gobiernos provinciales los procedimientos logísticos para hacerles llegar estos elementos”.
“¿Existe registro de la disponibilidad de insumos críticos almacenados en las distintas jurisdicciones? ¿Qué garantías tienen los habitantes de las restantes 22 provincias argentinas de que sus necesidades serán cubiertas en caso de un aumento abrupto en el número de contagios en sus territorios? ¿Cuál es el rol del Consejo Federal de Salud en la articulación de las medidas sanitarias tomadas con las jurisdicciones provinciales? ”, son algunas de las preguntas que los legisladores enviaron al Ejecutivo.
El proyecto de resolución fue firmado por Lucila Lehmann, Leonor Martínez Villada, Rubén Manzi, Alicia Terada, Carolina Castets, Mariana Stillman, Paula Olivetto, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Juan Manuel López.
Ya sin Elisa Carrió en su banca, el bloque de diputados encendió luces de alarma en torno al discurso del presidente.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica, que preside Maximiliano Ferraro, alertó que “hay que tener mucho cuidado con lo que va a hacer el Ejecutivo con la Justicia”, luego del mensaje presidencial de Alberto Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias.
“Hay que tener mucho cuidado con lo que va a hacer el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, especialmente en el contexto que estamos atravesando, con las amenazas de intervención de la Justicia de la provincia de Jujuy; las alusiones a un supuesto lawfare; la decisión de generar vacantes en el sistema para ocuparlas con magistrados afines; y la idea de sentar a un embajador para que ejerza como diputado con el fin de aprobar una reforma exprés que modifique el sistema de jubilaciones especiales”, analizó la bancada.
Sin Elisa Carrió, cuya renuncia ya se hizo efectiva, el bloque advirtió que en el discurso de Fernández “no hubo una mención al proyecto de ficha limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena en su contra; tampoco a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, o al proyecto de ley de extinción de dominio, para recuperar los bienes sustraídos al Estado por funcionarios corruptos”.
“Por el momento no vemos cuál es el rumbo de su administración. Sí está claro que insiste en querer instalar la idea de ´tierra arrasada´ para definir los últimos cuatro años en los que gobernó Juntos por el Cambio, aunque sabemos que los problemas estructurales de la Argentina vienen desde hace muchos años, la mayoría de los cuales tuvieron al peronismo al frente de las decisiones”, manifestaron los diputados.
Por otra parte, se mostraron de acuerdo con la desclasificación de los testimonios de los exagentes de inteligencia en la causa AMIA, pero señalaron que “Fernández no puede pasar por alto que hay un expresidente responsable del encubrimiento que integra el bloque oficialista en el Senado”, en alusión a Carlos Menem.
“Sostenemos lo que hemos dicho durante años sobre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), apoyamos su eliminación y también la de sus fondos reservados. Hace más de cuatro años presentamos un proyecto alternativo en el Congreso Nacional. Ojalá se apruebe ahora y nunca más tengamos que vivir operaciones como las que hemos vivido en otros tiempos”, agregaron desde la Coalición Cívica.
El bloque de diputados presentó un proyecto y le exige al oficialismo su “urgente” tratamiento. “Los usuarios de tarjetas de crédito están cansados de las altas tasas de interés”, dijo Paula Oliveto.
El bloque de diputados de la Coalición Cívica volvió a presentar este jueves un proyecto que propone limitar los intereses compensatorios o financieros de las tarjetas de crédito, y le exigió al Gobierno su “urgente” tratamiento a fin de “cuidar a los consumidores” en el actual contexto económico.
La iniciativa sustituye el artículo 16 de la Ley 25.065 por el siguiente texto: “El límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor bancario o no bancario aplique al titular no podrá superar más del 5% aquella que resulte del promedio de las tasas de interés que la entidad haya aplicado en el mes inmediato anterior, ponderadas por el correspondiente monto de préstamos personales sin garantías reales otorgados en igual periodo”.
“Este proyecto tiene más de dos años. Lo presentamos cuando éramos oficialismo y ahora siendo oposición, lo volvemos a presentar porque el Congreso tiene que dar una respuesta a los usuarios de tarjetas de crédito que están cansados de las altas tasas de interés”, afirmó la diputada Paula Oliveto, autora de la iniciativa.
En ese sentido, Oliveto añadió que “no podemos desconocer que, con la situación económica, muchos se financian con la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes. No podemos ser esquivos a esta realidad y tenemos que dar una respuesta inmediata”.
El bloque de diputados, conducido por Maximiliano Ferraro, considera “carente de fundamento permitir que el usuario soporte, además de elevadas tasas que fija la autoridad monetaria, una sobre tasa que no encuentra justificación alguna en este contexto”, indica en la iniciativa.
Por tal motivo, le pide al Gobierno nacional que promueva el “urgente tratamiento” de este proyecto con el objetivo de “cuidar a los consumidores argentinos que han encontrado en la financiación mediante tarjetas de crédito, la forma de hacer frente a las medidas económicas y a la inflación con salarios y jubilaciones ajustadas”.
El proyecto plantea que “se podrán excluir de la base de cómputo a ser promediada las líneas de crédito instituidas en el marco de programas y/o medidas de fomento o de ayuda social y que adicionalmente cuenten con una tasa de interés que no exceda a la tasa encuesta que publique el Banco Central para depósitos de más de un millón de pesos para el plazo de 30 a 35 días, del tercer mes inmediato anterior, según el tipo de entidad financiera que corresponda (pública o privada), acrecentada en función de la exigencia de efectivo mínimo”.
También propone que la entidad emisora deberá obligatoriamente exhibir al público en todos los locales la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjetas de crédito.
Los legisladores pidieron al ministro que garantice “el marco institucional adecuado y el intercambio respetuoso de ideas” este miércoles.
El bloque de la Coalición Cívica-ARI, presidido por Maximiliano Ferraro, le envió una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la previa de su visita a la Cámara de Diputados para exponer sobre la reestructuración de la deuda externa.
En el escrito, los legisladores solicitaron que tanto él como el Gobierno “garanticen el marco institucional adecuado y el intercambio respetuoso de ideas” para “evitar situaciones desagradables tanto fuera como dentro del recinto” este miércoles.
La misiva comienza con el deseo de que a Argentina “le vaya bien” en las negociaciones que está realizando el equipo económico, y advierte sobre el tenor de las declaraciones de la dirigencia política, tanto desde el oficialismo como de la oposición, que puedan afectar al proceso.
Además, criticaron la “improcedente estrategia” del gobernador Axel Kicillof en relación con la deuda de la provincia de Buenos Aires.
“No podemos ser indiferentes como diputados nacionales de la situación compleja que atraviesa nuestra Nación y es por eso que todos anhelamos que a la Argentina le vaya bien en las negociaciones que usted y su equipo están llevando en el exterior”, señalaron.
Desde la bancada que integra Elisa Carrió -que dejará su cargo el próximo 1ro. de marzo- reiteraron “el llamado a la prudencia, serenidad y seriedad de dirigentes tanto oficialistas como opositores. Usted bien sabe que las palabras y/o calificativos pronunciados pueden ser usados en nuestra contra”.
“La Coalición Cívica no va a ser partícipe de ninguna acción ni declaración que comprometa las gestiones realizadas por el equipo económico. El interés público que tiene la sana renegociación de la deuda en condiciones virtuosas debe estar por encima de las disputas políticas entre oficialismo y oposición e incluso entre las internas propias de un gobierno”, prometieron.
En otro pasaje, consideraron “improcedente la estrategia llevada adelante por el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof), porque los antecedentes nos enseñan que los ‘errores’ muchas veces sirven para garantizar negocios. Por otro lado, declaraciones altisonantes lesionan nuestra credibilidad a los ojos de los acreedores y del mundo”.
En defensa de la gestión anterior, los cívicos remarcaron que “la búsqueda de financiamiento y el posterior cumplimiento de los compromisos contraídos no se origina en el gobierno del presidente Macri, sino que tiene tanta historia como la misma Nación y ha sido afrontada con mayor o menor éxito por los distintos gobiernos de todos los signos políticos”.
“Coincidimos con usted que la sostenibilidad de la deuda depende de que las necesidades de endeudamiento sean decrecientes en el tiempo y que la economía genere la suficiente cantidad de dólares vía exportaciones”, expresaron.
Y recordaron que “el endeudamiento de 2016-2019 ha sido acompañado por un incremento en la capacidad de generación de dólares”, un “logro” que “no es de un gobierno sino de todo el pueblo argentino” y “debería ser sostenido y ser una política de Estado para su administración”.
“Este bloque de la Coalición Cívica, como lo ha hecho siempre, va a actuar con responsabilidad y compromiso republicano: acompañaremos de buena fe la estrategia si es que esta observa una negociación ajustada al derecho, que garantice la seguridad jurídica y sea cuidadosa con el manejo de la información confidencial, en defensa de los intereses del pueblo argentino y honrando nuestros compromisos”, señalaron.
Y finalizaron: “Esperamos ministro que usted y el gobierno garanticen el marco institucional adecuado y el intercambio respetuoso de ideas, evitando situaciones desagradables, tanto afuera o adentro del recinto, que puedan distorsionar y lesionar la imagen de la Argentina en el tratamiento y resolución de un tema tan sensible y que se encuentra bajo los ojos del mundo. Deseamos que pueda desarrollar con éxito su misión, quedando a su disposición y lo saludamos con nuestra consideración más distinguida”.
