Mirabella presentó un proyecto para acelerar la implementación del Código Procesal Penal

La iniciativa, que presentó junto al diputado formoseño Fernando Carbajal, busca agilizar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el país que “le permitiría a la Justicia Federal bajar en un 50% los tiempos de resolución de las causas penales”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó junto a su par formoseño Fernando Carbajal un proyecto que busca agilizar el funcionamiento de la Justicia Federal, a fin de brindarle más herramientas y dotarla de mayor eficiencia en su lucha contra el narcotráfico.

En pocas palabras, la iniciativa propone la implementación más rápida del nuevo Código Procesal Penal Federal y establece como fecha máxima para lograrlo el 1 de enero de 2026. De acuerdo con datos oficiales, la aplicación de esta norma permite reducir los tiempos de actuación de la Justicia Federal en un 50%, por lo que el promedio de duración de las causas pasaría de 6 a 3 años aproximadamente.

“La implementación del nuevo Código depende de una Comisión Bicameral creada con ese fin en el año 2014 mediante la Ley 27.063. Luego de 9 años, la Comisión sólo logró la efectiva aplicación de la norma en las provincias de Salta y Jujuy, con muy buenos resultados”, fundamentaron.

El proyecto presentado por los legisladores habilita la implementación anticipada del nuevo Código por parte del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Justicia y a la Procuración General de la Nación. Sin embargo, las autoridades no podrán excederse de la fecha máxima establecida, a inicios de 2026.

Además, la iniciativa dispone que aquellos artículos del Código referidas a la mayor agilidad de los procesos en curso se aplicarán a todos los juicios orales iniciados por la Justicia Federal luego de la sanción de la ley.

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Proyecto para restituir propiedades ocupadas ilegalmente

La iniciativa es impulsada por diputados de Juntos por el Cambio, que proponen modificar el Código Procesal Penal.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR Santa Fe), presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal de la Nación y proveer de una herramienta concreta para reintegrar de manera inmediata propiedades ocupadas ilegalmente y poner límite a usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles privados y públicos.

La iniciativa prevé la restitución del terreno o inmueble “en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento o de remisión a juicio, con la salvedad de que el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil”.

“Proponemos herramientas concretas que coadyuven en el proceso judicial, pero también interpelamos a todos los niveles del Estado a trabajar para que esta situación no se siga replicando: Nación, provincia y sobre todo los municipios deben tener como eje evitar usurpaciones”, destacó Juan Martín, autor del proyecto.

Agregó: “Este accionar constante y deliberado contra la propiedad privada individual requiere la elaboración de instrumentos procesales ágiles, que piensen en garantizar una justicia temprana que repare el accionar de los usurpadores con el restablecimiento inmediato del derecho de posesión y tenencia del bien apropiado, desalentando de esta forma las tomas ilegales”.

“El déficit habitacional real y objetivo que nos interpela, no puede ser resuelto a expensas de los derechos de otros habitantes, como el de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente, siendo su solución competencia de otras áreas y organismos del Estado. En última instancia, la ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, no habilita a los particulares a que tomen por vías de hecho la propiedad inmueble estatal o de terceros”, advirtió el diputado santafesino.

“Resulta paradójico que titulares registrales de inmuebles deban emprender un litigio de desalojo contra los ocupantes ilegales y someterse a acciones dilatorias y a tiempos de un juicio ordinario para recuperar algo que le es propio y cuya titularidad surge de manera evidente de la  documentación que acredita su propiedad”, señaló Juan Martín.

Indicó que “el número de denuncias por ocupación de inmuebles en todo el país creció particularmente en los últimos años y no hay respuestas eficientes por parte de las autoridades, que por momentos consienten y apañan ésta actitud delictiva”.

El legislador resaltó que “nada justifica que se usurpen terrenos ni inmuebles, se trate de terrenos privados o propiedad del Estado. La forma de exigir el cumplimiento del ejercicio del derecho a la vivienda no puede ser por mano propia sino de una política gubernamental que la reglamente equitativamente, considerando todos las prerrogativas e intereses en juego”.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Mario Negri, Miguel Bazze, Fabio Quetglas, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Lidia Ascárate, Gerardo Milman, Pablo Torello, Gabriela Lena, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Gerardo Cipollini, Francisco Monti, Roberto Sánchez, Aníbal Tortoriello, Carlos Zapata, Hugo Romero, Ximena García, Lisandro Nieri, Gustavo Bohuid, Marcela Coli, Juan Carlos Polini, Jorge Vara, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Miguel Nanni, Karina Bachey, Carolina Castets y Alberto Asseff.

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Giacoppo reclamó implementar el nuevo Código Procesal Penal

Remarcó el buen funcionamiento en los distritos donde ya se ha puesto en marcha y preguntó las razones de la demora.

La senadora nacional por Jujuy y consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación Silvia Giacoppo (UCR/JxC) participó en la fiscalización del concurso realizado para el nombramiento de un titular para el Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy, que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Salta, en un retorno de los concursos de la Justicia Federal a las provincias luego de la suspensión lógica por cuestiones sanitarias.

“Allí se destacó la necesidad de implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país, la cual debería ser impulsada por el ministro de Justicia. Y no puedo menos que compartir esa apreciación. Tanto en Salta como en Jujuy, donde ya se ha implementado, ha funcionado y muy bien. Ha mejorado los tiempos de la Justicia y, por lo tanto, el acceso a ella. Este sistema, aprobado hace más de 5 años se aplica desde hace 2 en Jujuy”, señaló la senadora.

Según los especialistas, la implementación del sistema en Jujuy y Salta ha logrado superar las expectativas, destacó la legisladora, para quien “sería bueno que el ministro explicara el porqué de la demora de la puesta en marcha el nuevo Código en todo el país.  Se ha comprobado que funciona y que ha permitido que los procesos sean más rápidos”.

La senadora jujeña reconoció que puede haber alguna cuestión sanitaria y de presencialidad que puedan retrasar su puesta en marcha, pero consideró “fundamental avanzar en la dotación de recursos -humanos y tecnológicos- para estar preparados en el momento de la implementación plena”.

“La Justicia, si es lenta, no es Justicia. Darle celeridad a los juicios y lograr que las sentencias lleguen a tiempo, será un gran avance y el mejor logro que podamos obtener”, concluyó Giacoppo.

Un límite al plazo para los recursos de Casación fue aprobado en Diputados

La Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Se modifica el Código Procesal Penal, de modo de establecer un tiempo máximo de 90 días hábiles. Pasó al Senado.

Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó este viernes y giró al Senado un proyecto de ley que no tuvo un extenso debate ya que se votó por unanimidad con 246 votos a favor.

Se trata de un iniciativa de ley impulsado por la legisladora María Lujan Rey (Juntos por el Cambio) con el objetivo de determina los plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.

En el inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), consideró que este proyecto de ley “es importante” porque “en la actualidad hiciste una laguna que hace que muchas causas penales que son investigadas tardan mucho en resolverse y una justicia que tarda, no es justicia”.

Luego, la diputada bonaerense Rey señaló que “este proyecto nos cruza a los argentinos por igual. Este proyecto nace de la propia experiencia personal cuando tuve que empezar un proceso penal”.

“Esos tiempos, donde duermen las causas en Casación, hace que la causa desnaturaliza el acceso a la justicia porque la justicia lenta no es justicia”, insistió Rey, quien es madre de una víctima de la tragedia de Cromañón y remató: “Es necesario que los plazos existan para que haya justicia”.

De acuerdo al texto, se incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Asimismo, el proyecto indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.

“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene, y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.

Enríquez: “Es imprescindible derogar el inciso de la impunidad”

El diputado de JxC presentó un proyecto derogar artículo del Código Procesal Penal que permite revisar una condena firme cuando media una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos.

El diputado nacional Jorge Enríquez presentó un proyecto para derogar el inciso f del art. 366 del Código Procesal Penal que permite revisar una condena firme cuando media una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos

Esta iniciativa surge en respuesta a la resolución de la comisión bicameral que dispuso activar una serie de artículos del Código que permitirán revisar sentencias firmes y que beneficiarían a exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción

Para el legislador, es claro que la Corte Interamericana no constituye una instancia superior de los tribunales locales: “Esencialmente porque esta no es una de las funciones adjudicadas por la Convención que la creó. En efecto, en ‘Fontevecchia’, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que no correspondía que ante el dictado de un fallo de la Corte Interamericana de Justicia revisara una condena firme”, indicó. 

El alto tribunal consideró que el fallo del tribunal internacional no constituye una cuarta instancia en nuestro país, ya que esa interpretación “constituiría una alteración de la estructura del sistema Interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de nuestra Constitución Nacional”, agregó en este sentido Enríquez. 

“Más peligroso es todavía habilitar la revisión de una sentencia firme en virtud de una decisión de un órgano de aplicación de un tratado, lo que llevaría al absurdo de vulnerar la cosa juzgada por simples recomendaciones de órganos no jurisdiccionales que hasta pueden estar subordinados al poder político. Lo único que falta es que Pietragalla revise sentencias de la Corte Suprema”, manifestó. 

Finalmente, para Enríquez “la pretensión de poner en vigencia el inciso cuya derogación propongo es un capítulo más del plan de impunidad del kirchnerismo que vengo denunciando hace muchos meses. Quieren que los juicios por corrupción se eternicen para que el clan Kirchner y sus secuaces eviten la cárcel. Esta es la simple verdad. Todo el resto es relato”. 

Analizaron la implementación del Código Procesal Penal en Jujuy

Cuatro funcionarios judiciales de esa provincia expusieron ante la bicameral sobre las ventajas de la instrumentación del nuevo sistema en ese distrito.

Ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, presidida por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) dos jueces, un fiscal y un defensor contaron la experiencia que se registra en Jujuy a partir de junio del 2019 cuando comenzó la prueba piloto del sistema en el norte del país.  

Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, contó que esa provincia “tiene una situación particular, que difiere de Salta respecto al narcomenudeo” pero aclaró que en términos generales “el sistema acusatorio tiene muy buenos principios vigentes y hemos resuelto problemas en forma muy rápido, en  promedio de 30 días”.

Además, Cataldi indicó que “hay un problema técnico, que es que aún no tenemos fibra óptica conectada y por lo tanto contamos con problemas de internet” y en cuanto a las causas señaló que “tenemos un gran impacto en ejecución penal, tuvimos 120 expedientes que entraron a ejecución penal. También estamos llevando adelante 16 causas por lesa humanidad, donde llegamos a 190 testimoniales. Lo que tenemos de residual es mucho”.

Luego, Esteban Hansen, juez del Juzgado Federal 1, que subroga el 2 también, precisó que “en Jujuy tenemos sólo dos juzgados federales y un tribunal oral habilitados” y que “la justicia federal sigue absorbiendo las causas de narcomenudeo”.

Consignó que en la actualidad “en una audiencia de 30 minutos estamos resolviendo situaciones procesales que antes necesitaban uno o dos meses”, graficó que “de 161 causas se lograron 25 juicios abreviados y dos carpetas fueron elevadas a tribunal oral” y coincidió con su antecesora al advertir que “mantenemos algunas deficiencias técnicas en materia de los que es conectividad”.

 Por su parte el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Jujuy, Federico Zurueta, destacó que “las ventajas y bondades de este sistema acusatorio nadie las discute”, afirmó que “hay una gran cantidad de casos que se resuelven dentro del ámbito del ministerio público, es decir que no se judicializan” y detalló que “en estos meses que llevamos transitando con este sistema se han resuelto 2.078 casos sin judicializar”.

“Esto demuestra que las partes no estamos litigando porque s,í sino que estamos llevando a litigio los casos que necesitan litigar” puntualizó Zurueta antes de recalcar que “el sistema claramente funciona y el desafío es que funcione pero no solamente por el esfuerzo de los operadores, que no podemos estar suplantando deficiencias que, en algunos casos, son muy básicas”.

El último expositor fue Matías Gutiérrez Perea, defensor público oficial a cargo de la Unidad de Defensa Acusatoria de San Salvador de Jujuy, quien dijo que “hemos tenido un cambio radical en la actuación” jurídica y detalló que “ha sido un acierto crear unidades de funciones y han quedado dos unidades, la remanente y la penal.”.

Gutiérrez Perea dijo que “se acabó el sistema de escritura, ahora todo se plantea en forma oral” y advirtió que “las resoluciones son más acertadas y han disminuido las prisiones preventivas”. 

Posteriormente, en una segunda etapa del encuentro de la comisión realizado por vía remota, los legisladores escucharon a dos funcionarios de la Procuración General de la Nación y a un secretario de la Defensoría General de la Nación, quienes se refirieron puntualmente a todo lo que se necesita y se llevará adelante para poder implementar próximamente el Código Penal Procesal Federal en los distritos de Rosario y Mendoza.

Así expusieron Javier Lancestremere, secretario general de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación; Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y Juan Manuel Casanovas, secretario Disciplinario y Técnico de ese mismo organismo.

Los tres funcionarios coincidieron en “la necesidad de capacitar a todos los actores (jueces, fiscales, integrantes de los ministerios público y fiscal) y a las fuerzas de seguridad” para que el sistema pueda funcionar adecuadamente a la hora de su aplicación en Rosario y Mendoza.

Se informó que “en el 2019 hubo 7.100 expedientes penales en Rosario y 5.400 en Mendoza” mientras que en lo que respecta a “expedientes no penales en Mendoza ingresaron 50 mil expedientes en un año y en Rosario fueron alrededor de 100 mil”.

Sobre el cierre de la reunión, el diputado Jorge Enriquez (Juntos por el Cambio) anticipó que junto a otros diputados está presentando un pedido de “derogación del artículo 366 inciso F” y de inmediato tomó la palabra la senadora por Santa Fe del Frente de Todos, María de los Angeles dijo que no coincidía con lo solicitado por su antecesor en el uso de la palabra y dijo que se trataba de “un planteo totalmente errado”.

Para clausurar el tema puntual y la reunión en general, la presidenta de la Comisión, Fernández Sagasti enfatizó que “recomendar al pleno de las Cámaras tanto en lo referente al Código Procesal Penal Federal como en otra legislación reglamentaria, es una de las funciones que tiene esta comisión”.

“Todo lo que sea discusión, y se plantee con absoluto respeto, siempre van a ser bienvenidos”, remarcó la senadora mendocina antes de advertir que “la mayoría de los acá presentes hemos firmado (el artículo en cuestión)” y agregó que “la sentencia firme se considera en la Argentina, cuando hay sentencia de la Corte o hay pedido de queja”.

Desde la oposición hablan de “impunidad”

Es por la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal, que atribuyen a un intento por beneficiar a Boudou.

Previsiblemente legisladores de la oposición salieron a criticar la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal Penal por parte de la Comisión Bicameral, que alargará los tiempos de condena para procesados por delitos de corrupción, por ejemplo. Para el radical Luis Petri, la bicameral que acaba de habilitar el adelantamiento de esos artículos “no tiene facultades legales para hacerlo, busca otorgar más beneficios, más recursos y facilidades de pago de la condena a corruptos condenados por la Justicia”.

“Le dicen ‘armonización normativa’ pero se llama IMPUNIDAD. Adelantan la entrada en vigencia de seis artículos del Código Procesal para beneficiar a Amado Boudou y otros condenados K por corrupción”, agregó el legislador mendocino.

Otro diputado radical, Alvaro de Lamadrid tuiteó: “En defensa propia CFK realiza maniobras para evitar la cárcel de Boudou. Genera antecedentes para sus causas. Adelanta vigencia de 6 art. Código Procesal. La condena ahora es firme cuando lo dispone la Corte Suprema. Imagínate si saca la reforma judicial”.

Por el contrario, el constitucionallista Andrés Gil Domínguez se situó en la vereda contraria. A su juicio, “la puesta en vigor de seis artículos del Código Procesal Penal Federal implica legislar sobre la acción de nulidad por cosa juzgada írrita desarrollada por la CSJ+cumplir con los IIDH+aplicar la ley penal más benigna. Un gran avance pro persona respecto de los derechos y garantías”.

Destacan en la Bicameral del Código Procesal Penal la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy

El fiscal Eduardo José Villalba relató la experiencia en una de las provincias norteñas y aseguró que se pasa a “una justicia de carne y hueso” en la que “nada queda sin respuestas”. “Tenemos récord de sentencias condenatorias”, resaltó.

La Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que preside la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, recibió este martes al fiscal federal coordinador de la provincia de Salta, Eduardo José Villalba, quien relató la experiencia de la aplicación del sistema acusatorio en esa provincia.

“Nos sentimos orgullosos y con ganas de replicarlo para el resto del país”, comenzó el funcionario judicial, quien aseguró que se trata de “un cambio radical” en el cual “de una justicia caracterizada por el expediente, por lo escrito, por la delegación” y con “una instancia oral de baja intensidad” se pasa a “una justicia de carne y hueso, sin delegación, donde juez, imputado y defensor están frente a frente con el fiscal y la víctima”.

El doctor observó que “desaparece por completo la delegación y, por lo tanto, los actores del proceso penal deben tomar las decisiones mirando al imputado, sin el expediente y sin un juez que ya esté contaminado por el legajo”. “La primera garantía que trae el sistema acusatorio es la garantía del juez imparcial“, señaló.

Villalba insistió que “el cambio es diametral” y opinó que “todo lo que hacíamos antes en el sistema mixto es ridículo”.

Respecto a Salta y Jujuy, las dos provincias donde ya se implementó el sistema acusatorio (las próximas serán Santa Fe y Mendoza), el fiscal expresó: “Tenemos una frontera caliente, tenemos la obligación de cuidar la frontera porque por la ruta ingresa la droga. Es una jurisdicción intensa de mucho trabajo”.

Foto: Comunicación Senado

Por otra parte, afirmó que con este nuevo procedimiento, como fiscal, “no siento más poder, siento muchas más obligaciones que antes”. “En el sistema acusatorio hay un solo responsable y es el fiscal”, subrayó, además de recordar que el fiscal que toma la causa es el que debe terminarla.

“Una de las causas del fracaso del sistema mixto es fiscales con compartimiento estancos. En un mismo hecho hay cuatro fiscales que tienen que conocer la causa de cero y el que conocía el caso, que es el fiscal de instrucción, no va a juicio”, explicó.

Entonces, ponderó: “Estoy yendo a juicios de causas iniciadas por mí, que conozco desde el minuto cero y, por lo tanto, la defensa no tiene cómo entrarle al equipo de la fiscalía. Es el Ministerio Público organizado como estudio jurídico con criterios de productividad y eficiencia”.

Villalba dijo que el sistema acusatorio “provoca una revolución en jurisdicciones chicas”, al tiempo que para su implementación “se necesitan menos recursos que en el sistema mixto” porque “todo está en la nube”, en referencia a la digitalización de los expedientes.

En su alocución, el funcionario advirtió que es fundamental ver “en quién recae” la Oficina Judicial, un puesto al que hay que “prestarle muchísima atención” porque “tiene que ser alguien que reúna las características de carácter, de que rinda cuentas al juez, a la Comisión Bicameral, a la Cámara de Casación”, al tiempo que “no sea abogado, porque actúa con criterios de productividad y enérgicos”.

“Tenemos récord de sentencias condenatorias”, destacó y mencionó el caso de un secuestro de 400 kilos entre marihuana y cocaína en un búnker en Orán, donde ahora funciona allí una oficina de Gendarmería Nacional. “La gente donde supo que ahí se acopiaba droga y ahora ve una oficina de Gendarmería Nacional”, agregó.

El fiscal valoró también que de un sistema mixto que “ignora a la víctima, le da la espalada, le expropia el conflicto” se pasa a un sistema que “le da todas las garantías y hasta la posibilidad de que la víctima pueda continuar sola el proceso”.

“El sistema acusatorio implica una justicia de carne y hueso e implica dar respuesta a todos, nada queda sin respuestas”, resumió.

Se completaron las autoridades

Al comienzo de la reunión, la bicameral avanzó con la designación del resto de sus autoridades, pendiente desde la última reunión -el 1ro. de julio pasado-, cuando Fernández Sagasti fue ungida presidenta.

Desde Juntos por el Cambio se propuso como vicepresidenta a la diputada jujeña Gabriela Burgos (UCR); mientras que como secretarios quedaron el diputado salteño Lucas Godoy (Frente de Todos) y la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR).

Foto: Comunicación Senado

Anabel Fernández Sagasti quedó al frente de la Bicameral de Código Procesal Penal

La senadora mendocina abogó por que el nuevo sistema acusatorio “se ponga en funcionamiento de una manera rápida, concreta y efectiva” en todas las provincias.

fernandez sagasti presidenta bicameral codigo procesal penal

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque Frente de Todos, fue designada este miércoles como presidenta de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.

En la reunión constitutiva, el interbloque Juntos por el Cambio se reservó el nombre del vicepresidente -que será de la Cámara de Diputados-, mientras que el oficialismo tampoco propuso al secretario, por el Senado.

La mendocina, legisladora de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que “uno de los desafíos más importantes que tenemos como Poder Legislativo es poder llevar a cabo esta tarea, que ha sido encomendada cuando en 2014 sancionamos estas leyes que fueron muy trabajadas y salieron por amplia mayoría”.

“Las provincias van a ser aquellas que van a tener que colaborar estrechamente con nosotros para que esto sea posible”, señaló y sostuvo que “es una deuda que tenemos con la Justicia extraordinaria que este nuevo Código sea aplicado”.

Fernández Sagasti, quien también es titular de la Comisión de Acuerdos, consideró que con esta cuestión “se juega un derecho muy preciado de los ciudadanos y las ciudadanas, que es el acceso a la Justicia”. Por eso, abogó por que el nuevo sistema “se ponga en funcionamiento de una manera rápida, concreta y efectiva”.

Durante el breve encuentro, el senador Roberto Mirabella (FdT) recordó que en la última reunión de la bicameral el año pasado, “se determinó que las provincias de Santa Fe y Mendoza iban a ser las próximas en la implementación del Código”.

En ese sentido, el santafesino expresó que “sería un avance clave y muy importante” la puesta en marcha de este sistema en su provincia en lo que respecta a “la problemática de la seguridad y la delincuencia vinculada al narcotráfico”. Luego, su par María de los Ángeles Sacnun (FdT) agregó que también lo sería para “los delitos económicos y vinculados a la trata” que existen en Santa Fe. El diputado Albor Cantard (UCR), comprovinciano de ambos, coincidió en la misma línea.

Por su parte, entre los oradores de la reunión, la diputada Gabriela Burgos (UCR) destacó que en la comisión “el año pasado se trabajó muy fuerte” con “numerosas reuniones de capacitación en Salta y Jujuy”, donde ya funciona el Código.

“Creo que a esta altura nadie duda del beneficio que significa implementar el sistema acusatorio dentro de nuestra Justicia federal”, enfatizó y advirtió que, aunque no es competencia de la bicameral, “hay que tener en cuenta algunas vacancias que hay que ir cubriendo”.

Por otro lado, la jujeña pidió “avanzar con el régimen de juicio por jurado, que va a la par y se complementa con el régimen acusatorio”. “La ciudadanía también está pidiendo estos cambios neurálgicos”, añadió.

Conformación de la bicameral

Por el oficialismo fueron designados los senadores Anabel Fernández Sagasti, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y María de los Ángeles Sacnun; y los diputados Lucas Javier Godoy, Ramiro Gutiérrez, Martín Soria y Marisa Lourdes Uceda.

En tanto, por Juntos por el Cambio integrarán la bicameral los senadores Silvia Elías de Pérez y Víctor Zimmermann; y los diputados María Gabriela Burgos, Eduardo Cáceres, Albor Cantard y Jorge Enríquez. Además, en la comisión estará la senadora neuquina Lucila Crexell, del interbloque Parlamentario Federal.

Fernández Sagasti propuso los días martes a las 10 para las reuniones de comisión.