En la reunión extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente, la propuesta oficial de modificar la Ley de Glaciares no consiguió el apoyo de las provincias. Entre votos negativos, abstenciones y ausencias, se evidenció la falta de consenso federal y la firme oposición de Buenos Aires, que advirtió sobre retrocesos ambientales y vulneración de principios constitucionales.
El intento del Gobierno nacional por sumar avales antes del debate legislativo de la reforma de la Ley de Glaciares encontró un freno en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde la iniciativa no obtuvo respaldo. Representantes de las provincias analizaron el proyecto que debatió el Senado este jueves y expusieron diferencias profundas sobre su alcance y sus implicancias para la protección de los ecosistemas de alta montaña.
La provincia de Buenos Aires fue una de las voces más críticas. Su subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, cuestionó la propuesta al señalar que es “incompatible con el principio de no regresividad ambiental” y que entra en conflicto con compromisos asumidos por el país a través del Acuerdo de Escazú. Además, advirtió que el proyecto vulnera el espíritu del artículo 41 de la Constitución Nacional, que fija estándares mínimos de protección ambiental y garantiza el derecho al acceso al agua y a un ambiente sano. También remarcó que el debate se da en un escenario mundial de retroceso acelerado de glaciares, alertado por organismos científicos internacionales.
A su vez, la ministra de Ambiente bonaerense reforzó la postura provincial al afirmar que los glaciares constituyen una “política estratégica” para preservar bienes comunes naturales y garantizar fuentes de agua. Consideró que cualquier reforma debe elevar los niveles de protección, no reducirlos, y planteó que la flexibilización planteada podría favorecer intereses extractivos en detrimento del patrimonio ambiental del país. “Argentina tiene la segunda reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica —enfatizó—. No podemos permitir una modificación que habilite su degradación”.
El debate dentro del COFEMA reflejó un mapa fragmentado: entre votos en contra, abstenciones y provincias ausentes, el Gobierno nacional no logró construir una mayoría que respaldara su proyecto. La falta de consenso dejó expuesta la resistencia de varias jurisdicciones a avanzar con una reforma que consideran regresiva y riesgosa para los recursos hídricos estratégicos del país.
Buenos Aires fue una de las principales impulsoras de la oposición y promovió la participación de organizaciones ambientales y especialistas del IANIGLA, el organismo responsable del Inventario Nacional de Glaciares, para enriquecer la discusión técnica.
Sin el aval del COFEMA y con posiciones provinciales abiertamente divergentes, la reforma llegó al Senado en un clima de creciente tensión ambiental y política, donde la disputa por la protección del agua y del ambiente periglaciar se ubica en el centro del debate.
El diputado reclamó que el Senado publique el acta y los anexos de la reunión extraordinaria del COFEMA, donde la votación igualada y varias abstenciones impidieron que el organismo fijara una postura vinculante sobre la reforma de la Ley de Glaciares.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó este jueves públicamente que el Senado difunda el acta completa de la 55ª Asamblea Extraordinaria del COFEMA, así como los anexos que varias provincias pidieron incorporar durante la discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Según advirtió, hubo jurisdicciones que “facilitaron el empate” mediante abstenciones, lo que impidió que el organismo adoptara una postura vinculante antes del debate legislativo.
La reunión extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente —que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las provincias y de la Nación— expuso un mapa político fracturado. Participaron 21 jurisdicciones, y el resultado terminó completamente dividido: 8 provincias votaron a favor de la reforma y 8 en contra, mientras que 5 se abstuvieron y 3 directamente no estuvieron presentes. Esa paridad, combinada con las abstenciones, dejó sin posibilidad al COFEMA de emitir una resolución con efecto vinculante.
El empate no fue un dato menor. Para Ferraro, que exige la publicación del acta, el bloqueo fue deliberado: esas abstenciones permitieron que el organismo no fijara una posición oficial justo cuando el Senado se dispone a tratar un proyecto que redefine el alcance del ambiente periglaciar y, por lo tanto, el nivel de protección de las reservas estratégicas de agua. Su pedido apunta a esclarecer cuáles fueron los aportes técnicos que algunas provincias pidieron sumar como anexos y cómo quedó registrado el intercambio, especialmente teniendo en cuenta que el debate incluyó objeciones al “aporte hídrico relevante”, el nuevo criterio que el oficialismo propone para recortar el área protegida.
🚨 Señores senadores, no se hagan los distraídos y pongan sobre la mesa el acta de la reunión extraordinaria del COFEMA sobre la Ley de Glaciares y los anexos que muchas provincias solicitaron agregar, al no haberse alcanzado la mayoría necesaria para una resolución vinculante.…
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 26, 2026
Durante la asamblea, varias provincias plantearon reparos constitucionales y ambientales a la reforma. Entre ellas, La Pampa advirtió que la iniciativa podría debilitar los presupuestos mínimos establecidos por la ley vigente, al trasladar a las jurisdicciones provinciales definiciones que hoy se sostienen en un marco nacional. En contraste, Mendoza, San Juan y otras provincias cordilleranas respaldaron el proyecto, alineándose con el argumento de que la reforma permitiría destrabar inversiones mineras. La paridad exacta —ocho a ocho— y la cantidad de abstenciones reflejaron la falta de acuerdo en un tema que, para la mayoría de las jurisdicciones, toca el corazón de su política hídrica.
El reclamo de Ferraro se produce en medio de un clima político tenso. Con el Senado dispuesto a votar una reforma que redefine el ambiente periglaciar y habilita mayor intervención sobre zonas hoy protegidas, el diputado apunta a que la discusión se base en documentación completa y transparente. El acta y los anexos que solicita —afirman en su entorno— permitirían conocer no solo cómo votó cada provincia, sino también qué objeciones, advertencias y propuestas técnicas quedaron asentadas.
Mientras tanto, la pelea por la Ley de Glaciares avanza en paralelo dentro y fuera del Congreso. Y la reunión del COFEMA, lejos de ordenar la discusión, terminó confirmando que el país no solo está dividido en el recinto, sino también en el órgano que reúne a quienes deben velar por la política ambiental federal.