La diputada nacional Graciela Ocaña advirtió este sábado que los problemas para cobrar que atravesaron el viernes los adultos mayores se deben a “funcionarios de escritorio que no saben coordinar, pero solo basta escuchar a la gente”, y agregó que las largas filas en las entidades bancarias y el rompimiento de la cuarentena “va a traer consecuencias muy graves para salud de la población que más debe cuidarse de la pandemia”.

“Esto se sabía que podía pasar porque solo uno de cada tres jubilados usa la tarjeta de débito”, señaló en declaraciones a radio Mitre, e insistió en que “los bancos sean declarados actividades esenciales, como sucede en España, porque ayer fue un paso atrás en la cuarentena que ya lleva 15 días”.

Consultada sobre el maltrato que recibieron las personas mayores en la espera para cobrar sus haberes, la legisladora nacional indicó que “ya se los ha castigado con la llamada ley de Solidaridad que considera que un jubilado que gana 20 mil pesos es un hombre rico y se le suspendió la actualización en sus ingresos que lo favorecía contra la inflación”.

“Alguien tiene que hacerse responsable de lo que pasó”, aseguró Ocaña y apuntó contra las autoridades del Banco Central por la deficiente organización. Asimismo, abogó para que “las sucursales continúen entregando las tarjetas de débito y los jubilados puedan compran con los plásticos en los comercios”.

El 18 de marzo último, antes de que se ordenara la cuarentena, mediante un proyecto de resolución, los legisladores radicales Juan Martín, Albor Cantard y Ximena García, solicitaron al Banco Central que estipule medidas sanitarias que eviten escenas como las que se vieron este viernes. La iniciativa, vía nota, fue elevada también al titular del organismo, Miguel Ángel Pesce, la cual nunca obtuvo respuesta del funcionario.

“Solicitamos al gobierno que de manera urgente articule con el Banco Central un método y cronograma de pago a nuestros adultos mayores para la integralidad del sistema financiero. Tenemos que evitar exponer a quienes corren más riesgos en la emergencia”, había advertido en aquel momento el diputado Juan Martín.

El proyecto de resolución le planteaba al BCRA que “instrumente urgentemente un cronograma de pago para el sector pasivo nacional, provincial y municipal de las prestaciones de la Seguridad Social, que contemple las medidas sanitarias respectivas para proteger a esta población vulnerable de los efectos del virus COVID 19, exceptuando durante la vigencia de la emergencia la presentación del certificado de supervivencia”.

“Las entidades financieras deberán propender en todo momento a la utilización de las plataformas digitales, evitando de ser posible la concurrencia de los beneficiarios a las sedes. No obstante, en los casos en que los beneficiarios se acerquen a las sedes para su atención, las entidades deberán tomar las medidas de distanciamiento social adecuadas y realizar los refuerzos necesarios en el personal para cumplir debidamente con los pagos correspondientes”, indica la iniciativa.