Luego de que se hicieran públicas las dificultades que las personas con discapacidad enfrentan para acceder al beneficio de acceso a pasajes gratuitos en el transporte automotor de larga distancia, el diputado nacional Eduardo Toniolli denunció que esta situación “es una de las consecuencias del anuncio por parte del Gobierno nacional de la desregulación del transporte de larga y de media distancia, y de que va a dejar de ser considerado un servicio público”. El legislador santafesino presentó además un pedido de informes requiriendo precisiones sobre el accionar del Estado nacional en la materia.

“Desde la publicación del decreto 883/2024, que establece la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, se han multiplicado las denuncias de personas con discapacidad que no han podido acceder a su derecho a viajar sin costo, derecho reconocido por medio de los decretos 38/2004 y 118/2006”, señaló Toniolli, y agregó que las empresas de colectivos “están alegando que ya no brindan un servicio público y por lo tanto no están obligadas a respetar el cupo de pasajes gratuitos".

“El viva la pepa que impulsa el Gobierno de Milei en el rubro transporte lleva a esta situación, y aunque la CNRT afirme estar atendiendo los reclamos, el mismo decreto de desregulación dispone que ya no será obligatorio para las empresas salir de las terminales de ómnibus, lo que en los hechos hará imposible cualquier tipo de control”, afirmó Toniolli.

Entre las preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo, el diputado -integrante de la Comisión de Transportes- indaga sobre las medidas adoptadas por la CNRT para asegurar el acceso a pasajes gratuitos en distintas jurisdicciones del país, la cantidad de denuncias registradas desde la publicación del decreto 883/2024, y las soluciones ofrecidas a las personas con discapacidad en casos de incumplimiento por parte de las empresas de transporte.

Toniolli destacó que se han registrado denuncias en las terminales de Rosario, Paraná, Bariloche, San Juan y Retiro, entre otras: “Evidentemente estamos frente a una operatoria coordinada por las empresas del sector en todo el país, y no podemos permitir que se afecte los derechos consagrados de personas vulnerables”, concluyó.

Días después de que se firmara el acuerdo de traspaso de las líneas de colectivo que circulan dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, remitió a la Legislatura local el texto para que sea ratificado por los legisladores y así poder ejercer el control, la administración, la potestad de fijar tarifas y recorridos de las mismas.

Se trata de un acuerdo realizado entre los dos Gobiernos se estableció una transición ordenada de las líneas de colectivo, en la que el Ejecutivo porteño asume la totalidad de los subsidios desde el primero de septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas, lo que permitirá que las tarifas de colectivo se mantengan por el momento en los actuales niveles de precios.

A su vez, la Ciudad, en la búsqueda de asistir a los pasajeros que utilizan el transporte, se hará cargo del programa Red SUBE en las líneas que administrará, lo que permitirá que se mantengan los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas.

Por parte del Gobierno Nacional, se mantendrá el programa Red SUBE en todas las líneas interjurisdiccionales, es decir las que cruzan CABA y PBA, además de sostener la Tarifa Social en todo el país, con descuentos del 55% para las 5.3 millones de personas beneficiarias.

En los fundamentos del acuerdo presentado, Macri concluyó planteando que “en el marco del trigésimo aniversario del reconocimiento del carácter autónomo a esta jurisdicción, se destaca el valor del presente acuerdo como un hito en el camino hacia la consagración de la plena autonomía de la Ciudad”.

A propósito del homicidio del colectivero en Virrey del Pino, y sus consecuencias posteriores, el diputado nacional Cristian Ritondo recordó su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. Señaló al respecto que “en nuestra gestión implementamos un programa, en coordinación con el Ministerio de Transporte y cámaras y gremios del sector, de instalación de cámaras y botones antipánico en las líneas más complicadas y recorridos más calientes”.

“El sistema permitía que el chofer accionara un pedal de pánico que disparaba un alerta a una central de monitoreo, que funcionaba en el segundo piso del Ministerio de Seguridad en La Plata, y que permitía acceder en vivo a las imágenes al interior de la unidad y su posición exacta”, detalló el presidente del bloque Pro.

Agregó que “a esta plataforma se podían sumar cámaras de vigilancia instaladas por las mismas empresas y municipios, permitiendo ampliar y fortalecer el monitoreo”.

Además, dijo que “se llegó a tener una cobertura en aproximadamente 1200 unidades pero, lamentablemente, por no renovar el contrato, el sistema quedó abandonado y para mediados del 2022 ya casi no había unidades con cobertura”. 

“Una muestra más de cómo Kicillof abandonó la política de seguridad que implementamos a partir de 2015”, concluyó Ritondo.