La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos reclamó que la Justicia avance en las investigaciones para encontrar a los presuntos responsables de los incendios en la Comarca Andina, luego de que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presentara una denuncia penal.

Un proyecto de la legisladora busca establecer un régimen sancionatorio especial contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques, con penas de entre dos y diez años de prisión. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, según un informe del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

“El año pasado presenté un proyecto para establecer un régimen sancionatorio especial en casos de destrucción de bosque nativo. Ojalá podamos avanzar en su sanción. Los responsables de estos crímenes deben ser castigados con todo el peso de la ley”, aseguró la legisladora.

Su iniciativa busca establecer modificaciones al Código Penal incorporando el artículo 186 bis, para disponer un régimen sancionatorio contra el incumplimiento de las leyes que apuntan a impedir la eliminación de la vegetación mediante el uso irresponsable del fuego.

Estas normativas son la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), de Sistema Federal de Manejo de Fuego (Ley 26.815) -que se modificó el año pasado por un proyecto de Máximo Kirchner- y de Presupuestos Mínimos para Control de Actividades de Quema (Ley 26.562).

El proyecto, que dialoga con el artículo 41de la Constitución Nacional y con la Ley  General del Ambiente (Ley 25.675), fija penas de entre dos y diez años de prisión y multas para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”. 

Además, si hubiera peligro para la vida, el máximo de pena será de doce años. Si se produjera la muerte de una o más personas, el máximo de pena será de veinticinco años de prisión. Las sanciones son aún más severas en los casos en los que sean funcionarios públicos quienes estén implicados en este delito.

“Afortunadamente el año pasado, por iniciativa de Máximo Kirchner, aprobamos la Ley de Manejo del Fuego para proteger a los ecosistemas frente a los incendios. Esos terrenos incendiados, gracias a esa norma, no podrán ser vendidos”, remarcó Vallejos.

Vallejos destacó la denuncia penal que presentó el miércoles el ministro Cabandié en el Juzgado Federal de Esquel para que identifique y castigue a los responsables de los incendios de la Comarca Andina.

“Como advirtió el ministro Cabandié al explicar el fundamento de la denuncia penal ‘porque el fuego es intencional’, la tasa de deforestación que estamos sufriendo implica que, en 70 años, nos quedaremos sin bosque nativo”, alertó la diputada.

El diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres se refirió a las tomas y ocupaciones de terrenos en la región andina manifestando que “los vecinos están muy preocupados, pedimos la intervención de Nación y que informen las acciones realizadas”.

“Hace unas semanas vecinos de la Comarca Andina se comunicaron conmigo, preocupados por las tomas de terrenos y campos de producción agropecuaria en Puelo y alrededores”, dijo el legislador nacional y agregó que “por la gravedad de la situación pedí la inmediata intervención del Ejecutivo Nacional en el conflicto”.

Mediante el proyecto de resolución, Torres solicitó semanas atrás al Poder Ejecutivo que disponga solucionar la toma y usurpación de campos de producción agropecuaria en la Patagonia. Asimismo recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió de forma unánime hace unos días, poniéndole un límite a estas prácticas.

Por otro lado, el diputado del Pro recordó que el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación está convocado para responder las consultas en la Cámara baja, por lo que indicó que “estoy presentando un cuestionario para que el jefe de Gabinete informe qué medidas implementaron desde el Poder Ejecutivo para solucionar la toma y usurpación de esos campos productivos y terrenos privados”.

Finalmente, Torres expresó que “la usurpación de tierras en la Argentina es posible porque hay un gobierno que no se hace cargo del problema, y mientras tanto, hay un delito que crece a la sombra de la inacción política”.