La confederación que agrupa a las estaciones de servicio del país rechazó una iniciativa legislativa que obliga a informar aumentos con 72 horas de anticipación y publicarlos con 48. Alertan por efectos negativos en el abastecimiento, la operatoria diaria y la competencia.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) expresó su “firme rechazo” al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que busca imponer a las estaciones de servicio la obligación de informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles, y de publicarlos con al menos 48 horas de antelación.
La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Servicios Públicos y será tratada próximamente en la Comisión de Legislación General, con posibilidades de llegar al recinto en las próximas semanas.
Desde CECHA advirtieron que la medida podría tener consecuencias negativas para el normal funcionamiento del sector. Entre los principales argumentos esgrimidos, señalaron el riesgo de desabastecimiento que podría generar la publicidad anticipada de aumentos, al provocar picos de demanda artificiales que derivarían en quiebres de stock.
También alertaron sobre la confusión operativa y legal que implicaría exhibir precios futuros, en contradicción con la normativa vigente que exige mostrar los valores actuales. Además, remarcaron que muchas petroleras aplican esquemas dinámicos de precios, con ajustes a lo largo del día, lo que sería inviable bajo el régimen propuesto.
Por último, CECHA cuestionó la duplicación normativa que implicaría la ley, al superponerse con regulaciones nacionales ya existentes que garantizan la protección al consumidor y la transparencia en el mercado.
La entidad reafirmó su compromiso con el funcionamiento ordenado del mercado de combustibles y llamó a los legisladores bonaerenses a “reconsiderar los impactos negativos que esta ley podría tener sobre la actividad y la población”.
La iniciativa es impulsada por el diputado Oscar Agost Carreño que busca impulsar una energía “más limpia, federal y con valor agregado en origen”.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que fomentar la oferta y el consumo voluntario de biodiésel en mezclas superiores a las establecidas por la normativa vigente, promoviendo la instalación de surtidores específicos o bocas diferenciadas en estaciones de servicio de todo el país, a fin de estimular la transición energética, reducir emisiones y fortalecer la producción regional de biocombustibles.
La iniciativa posee una serie de beneficios para quienes instalen surtidores de expendio para biodiésel o mezclas superiores al corte obligatorio vigente, incorporen tanques y equipamiento de almacenamiento habilitado para tales combustibles, cumplan con las normas técnicas, ambientales y de seguridad dictadas por la autoridad de aplicación.
Así, los beneficiarios tendrán derecho a una amortización acelerada y devolución anticipada del IVA, crédito fiscal del 10% de la inversión y créditos blandos del Banco Nación y BICE, exención de derechos de importación cuando se trate de bienes para realizar la conversión y los mismos, no se fabriquen en el país, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Además, la iniciativa propone la creación de un Fondo de Incentivo a la Movilidad Sustentable que será administrado por la Secretaría de Energía y se integrará con partidas del Presupuesto General para la Administración Nacional, Aportes del Tesoro Nacional, Recursos del Fondo Fiduciario para la Transición Energética y Créditos internacionales orientados a energías limpias, ello sin perjuicio de fuentes adicionales que pudieran establecerse en el futuro.
6114-D-2025Con la inflación superando el 50% y ajustes frecuentes en naftas y gasoil, un proyecto de ley liderado por el neuquino Pablo Todero exige a las petroleras notificar cualquier variación de precios con 72 horas de antelación, bajo amenaza de multas millonarias.
En un contexto de inflación galopante que supera el 50% anual y con los bolsillos de los argentinos cada vez más apretados, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley que busca poner fin a los incrementos imprevistos en los precios de los combustibles. La iniciativa, liderada por el neuquino Pablo Todero, obliga a las petroleras a notificar con al menos 72 horas de antelación cualquier variación en naftas, gasoil y GNC, promoviendo transparencia y protegiendo a consumidores y transportistas de los "golpes sorpresa" que se multiplican en la economía cotidiana.
El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y cuenta con las firmas de Ariel Rauschenberger, Carolina Yutrovic, Nancy Sand, Martín Soria, Martín Aveiro, Jorge Araujo, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Cecilia Moreau y Jorge Romero. Según detalló Todero en su cuenta de X, la propuesta responde a una realidad alarmante: "4 aumentos en 20 días sin informar", que han exacerbado la incertidumbre en un mercado estratégico donde empresas como YPF, Shell y Axion lideran un esquema parcialmente desregulado.
Los fundamentos del proyecto señalan que los combustibles no son un lujo, sino una necesidad básica que impacta en el transporte público y privado, la logística, la producción de bienes y, en última instancia, en el costo de la canasta familiar. "En un país donde el transporte es crucial, los incrementos sorpresivos generan alzas en cadena en los precios de alimentos, servicios y productos industriales, exacerbando la inflación", advierten los legisladores.
Proyecciones económicas recientes sitúan la inflación anual por encima del 50%, un escenario agravado por la desregulación impulsada en la Ley Bases y ajustes frecuentes del 4% al 6% por litro, pese a que Argentina es un productor neto de petróleo.
Todero, diputado por Neuquén –provincia clave en la producción hidrocarburífera–, enfatizó en su posteo que "no pedimos congelamientos ni controles que distorsionen el mercado; lo que reclamamos es que los argentinos tengan información clara y accesible sobre cuánto y por qué están pagando".
La iniciativa busca equilibrar la flexibilidad de las petroleras –influida por el precio del crudo Brent, el dólar y los impuestos– con el derecho constitucional de los consumidores a una información precisa, amparado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240.
El articulado establece que las empresas petroleras, refinerías y abastecedoras –tanto de producción nacional como importada– deberán comunicar a las estaciones de servicio y a la Autoridad de Aplicación (a designar por el Poder Ejecutivo) cualquier variación con 72 horas de antelación mínima. Para los consumidores, el plazo se reduce a 48 horas, pero con detalles exhaustivos: el porcentaje o monto del ajuste, la fecha y hora exacta de vigencia, y una justificación técnica y económica que fundamente el cambio.
La notificación se canalizará por múltiples vías para maximizar el alcance:
Se exceptúan los ajustes por cambios impositivos o regulaciones urgentes del Poder Ejecutivo, provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la notificación será simultánea a la aplicación. En caso de incumplimiento, las sanciones serán duras, alineadas con la Ley 24.240: multas de entre 10 y 10.000 salarios mínimos vitales y móviles, suspensión temporal de la comercialización o clausura por reincidencia.
"La obligación de publicar la justificación de los aumentos promovería una mayor rendición de cuentas, permitiendo al gobierno monitorear el mercado y evaluar impactos en la inflación", sostienen los autores. Esto podría derivar en medidas paliativas como subsidios focalizados o auditorías por prácticas anticompetitivas.
El proyecto se inspira en experiencias de países vecinos como México y Chile, donde mecanismos similares obligan a las energéticas a notificar ajustes con antelación a través de organismos reguladores o plataformas públicas. Estas prácticas han reducido la incertidumbre y empoderado a los consumidores en mercados concentrados, alineando a Argentina con estándares internacionales de transparencia.
Todero y sus colegas cuestionan la paridad con el dólar que rige los precios regionales, "pese a que Argentina produce su propio petróleo", y alertan sobre la desconfianza generada por la falta de previsibilidad. En junio pasado, el mismo bloque de diputados patagónicos ya había repudiado declaraciones de la cúpula de YPF por subas en el sur del país, un antecedente que refuerza la urgencia de esta norma.
"Esta medida desincentivaría aumentos injustificados y fortalecería la confianza en el mercado, especialmente con YPF como actor dominante", concluyen los fundamentos.
Se trata de Pablo Todero de UP quien señaló que con la desregulación absoluta de las exportaciones se “condenaría a los argentinos a pagar el precio internacional de los combustibles”.
De las tierras de Vaca Muerta el diputado nacional Pablo Todero (Unión por la Patria) advirtió las consecuencias que traerá a la sociedad el nuevo incremento de combustibles que propone el presidente de la Nación, Javier Milei.
A través de su red social “X”, el neuquino señaló que el liberal “propone un nuevo incremento del 22% en los combustibles más de los que ya aumentaron”, y apuntó a “la desregulación absoluta de las exportaciones, prevista en la nueva redacción del Artículo 610 del Código Aduanero que prevé el Artículo 144 del DNU 70”.
En esa línea, indicó que esa medida “condenaría a los argentinos a pagar el precio internacional de los combustibles, siendo productores en rápido crecimiento. Esto implicaría un deslizamiento del precio de venta de más de $950 el litro de nafta premium y más de $1030 el gasoil premium”.
“De esta manera, se producirían dos efectos: un aumento de los combustibles de un 22% y una transferencia de recursos de todos los argentinos a las empresas petroleras de 1.800 millones de dólares anuales”, alertó.
A través de una carta en X, el candidato y diputado libertario señaló que “el modelo del garrotazo sólo trae y siempre ha traído desabastecimiento y tasas de inflación descontroladas”.
El diputado nacional y candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, publicó una carta, donde criticó a Sergio Massa por el “desabastecimiento” de combustibles del fin de semana pasado.
Fue publicada en X y titulada “Massa, la casta y el modelo del desabastecimiento”, donde el libertario sostuvo que “el desabastecimiento y la inflación son las consecuencias directas del modelo de la casta que defiende este gobierno de delincuentes con el ministro Massa a la cabeza”.
“Te ponen un cepo para ‘cuidar’ la oferta de dólares y faltan dólares. Te ponen precios máximos a la nafta para que ‘haya nafta para todos’ y te falta nafta. Te ponen un cepo a la importación y te dejan sin insumos médicos. Te ponen un cepo a los alquileres y destruyen el mercado inmobiliario”, mencionó Milei.
A su vez, cargó contra el Poder Ejecutivo nacional: “Los mercados ajustan por cantidad y/o por precio. El modelo del garrotazo que defienden Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández sólo trae y siempre ha traído desabastecimiento y tasas de inflación descontroladas”.
Finalmente, concluyó con una referencia directa al balotaje: “El 19/11 vos elegís si querés continuar con este modelo o si cambiamos para abrazar las ideas de la libertad”.
En el marco de un plenario de las comisiones de Comercio y de Defensa del Consumidor, siguió el debate del problema del pago con plástico del consumo de combustibles.
Diputados de Juntos por el Cambio piden citar al secretario de Energía por "la falta de respuestas ante la crisis" del sector y el reclamo de la industria de los biocombustibles.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), presentaron un proyecto para que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explique e informe sobre el desabastecimiento de combustibles, "teniendo en cuenta los incesantes reclamos del sector de los biocombustibles, quienes, en el contexto actual solicitan elevar el piso de corte dispuesto por ley", resaltaron.
“Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en lo referido al desabastecimiento de combustibles y el pedido del sector industrial del biocombustible para incrementar el porcentaje de corte, es imperioso que las autoridades den respuestas en ambos sentidos”, subrayó Buryaile.
El legislador radical recordó que "la Ley de Biocombustibles establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 5%. La misma menciona que la Secretaría de Energía podrá elevar el porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
En ese sentido, el formoseño apuntó que el desabastecimiento de combustibles “trae un gran perjuicio a la economía argentina. A raíz de la crisis global potenciada por la invasión de Rusia a Ucrania, se estima que Argentina deberá destinar unos U$S 13.500 millones este año para importar GNL (gas natural líquido), gas de Bolivia, gasoil y fuel oil, además de naftas para vehículos”.
En ese contexto, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja explicó que las cámaras de la industria del biodiésel aseguraron que “la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles, utilizando los biocombustibles”.
“La propuesta de las entidades es concreta, proponen reemplazar el faltante de gasoil con biodiesel”, señaló Buryaile. Y, agregó: “La propuesta del sector es que la Secretaría de Energía suba el corte obligatorio vigente del 5% al 15%”.
Finalmente, remarcó que "el faltante de gasoil se agravó en las últimas semanas al punto tal que se retrasaron los trabajos de cosecha de soja y maíz en las principales regiones productivas. En el norte del país el escenario es aún más grave, con al menos 8 provincias donde el faltante complica la vida cotidiana”.
La iniciativa fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Ximena García, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Hugo Romero, Juan Martín, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Manuel Aguirre, Gabriela Brouwer de Koning, Ingrid Jetter, Marcela Antola, Paula Omodeo, Carolina Castets, Gustavo Hein, Alberto Asseff, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Gerardo Millman, Alejando Cacace, Claudio Poggi, Martín Arjol, Jorge Vara, Marcela Coli, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.
Además, la diputada salteña indicó que se conformará en los próximos días la Comisión de Transporte en el Congreso para abordar esta problemática.
Desde hace aproximadamente un mes se registra faltante de combustible en el interior, sobre todo de gasoil. En este marco, la diputada nacional Verónica Caliva (Frente de Todos – Salta) aseguró que “en realidad combustible hay”, pero marcó que “el problema es la especulación de distintos sectores”. “No puede ser que no tengamos combustible”, sentenció.
En declaraciones a la FM 91.1 Caliva afirmó que tuvo la posibilidad de “hablar con integrantes de la Cámara de Transportistas, quienes le manifestaron que efectivamente en todo el país es casi imposible conseguir gasoil”. “Eso es una preocupación muy grande, por el abastecimiento y otros problemas vinculados al servicio de transporte y la producción”, agregó.
Además, la legisladora nacional indicó que la AMT también manifestó su “preocupación por el mismo problema”, pero sostuvo que “tenemos la empresa de bandera para paliar la situación". En el mismo sentido, comentó que la Autoridad Metropolitana de Transporte está preocupada también porque “tienen que actualizar salarios y con los subsidios que recibe Salta no se va a llegar a cumplir y no vamos a poder seguir adelante”.
“La preocupación estaba centrada en la AMT, pero en el interior no hay transporte directamente”, añadió.
Según Caliva, la provincia debe gestionar ante Nación para que aparezca el combustible “porque combustible hay, el problema es la especulación de distintos sectores que después se traduce en faltante y también se refleja en los precios”.
“No puede ser que no tengamos combustible”, dijo la legisladora nacional y concluyó recordando que en los próximos días se constituirá la Comisión de Transporte en el Congreso de la Nación para abordar la problemática.
Diputados de JxC reclaman a las autoridades de Economía y Energía conocer el impacto sobre precios de alimentos y bienes y servicios.
El diputado nacional Martín Berhongaray presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía de la Nación, a partir de los sostenidos incrementos en los precios locales de comercialización de los combustibles que se vienen registrando en los últimos meses.
“No hay dudas de que los constantes y sostenidos aumentos que se vienen registrando en los combustibles atentan contra la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país, que se ven imposibilitados de absorber estos incrementos en sus estructuras de costos”, planteó el legislador pampeano, que quiere saber el impacto inflacionario de los incrementos sobre los bienes y servicios de la economía -en general- y sobre los precios de los alimentos -en particular-.
Asimismo plantea saber cómo tales aumentos repercutirán en el valor mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la canasta básica total (CBT) del país, como así también las proyecciones oficiales que tales incrementos generan sobre la medición de la pobreza con el método de Línea de Pobreza.
El cuestionamiento se registra tras este tercer incremento de los combustibles en lo que va del año, que observó “representa un acumulado para estos primeros cinco meses de un 21 % (para las naftas super) y más de un 40 % para los productos premium, ubicándose así muy por encima de la inflación de enero/abril”.
“Estas subas repercuten previsiblemente en un alza generalizada de los costes asociados tanto a la producción de bienes y servicios del país, como al transporte y acarreo de materias primas y productos elaborados, resintiendo la economía de la cadena productiva y afectando seriamente la capacidad de compra de la población. Todo ello determina una mayor incidencia de la pobreza y de la indigencia en los hogares del país”, señaló el legislador pampeano, que pide conocer un detalle la evolución de las distintas variables que conforman el precio de venta de combustibles al público, como así también la evolución de los costos asociados a la refinación y comercialización.
En palabras de la consultora Focus Market, si bien el aumento del combustible para uso del auto particular es más visible para el público en general, el diputado radical sostiene que “hay un efecto más preocupante e invisible en el transporte de carga, porque impacta en los precios de los bienes que adquirimos en góndola”.
El pedido cuenta con el acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, María Eugenia Vidal, Danya Tavela, Alberto Asseff, Gabriela Brouwer de Koning, Alejandro Cacace, Juan Martín, Lidia Ascárate, Pablo Cervi, Marcela Antola, Gerardo Milman, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Dolores Martínez, Héctor Stefani, Carlos Zapata, Juan Carlos Polini, María Victoria Tejeda, Ana Clara Romero, Sebastián Salvador, Alfredo Schiavoni y Aníbal Tortoriello.
El exgobernador rionegrino presentó un proyecto de ley en el Senado que busca volver a un esquema de 2015, previo a la reforma tributaria de 2017, respecto al ILC y el Impuesto al Díóxido de Carbono.
El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo rebajar el precio de los combustibles en toda la región patagónica, la provincia de La Pampa, el partido bonaerense de Patagones y el departamento de Malargüe, en Mendoza.
La iniciativa consiste en reponer -en esas zonas- la exención del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) en los términos establecidos mediante la Ley 27.209, que fue impulsada en 2015 por los exsenadores Miguel Pichetto y Guillermo Pereyra. Asimismo, se pretende esa misma exención aplicarla al dióxido de carbono, que hoy rige en todo el país.
El exgobernador rionegrino recordó que la compensación que benefició en 2015 a estas provincias, productoras de combustibles, fue prácticamente eliminada a fines de 2017, a través de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Cambiemos.
"Además de eliminar casi totalmente la exención establecida por ley, se sustituyó el impuesto al gas natural por un tributo nuevo, denominado Impuesto al Dióxido de Carbono, que grava con una suma fija por litro los mismos productos que gravan el Impuesto a los Combustibles (naftas, gasoil, etcétera) en todo el territorio nacional", explicó.
Weretilneck señaló que la propuesta "consiste en reponer la exención del ICL en la zona patagónica, en los términos que lo había establecido la ley denominada Pichetto-Pereyra, y esa misma exención para zona patagónica aplicarla al dióxido de carbono, que hoy se aplica en todo el país".
El legislador argumentó la iniciativa en base a las condiciones específicas de la Patagonia: las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor densidad poblacional; el uso de automóviles como una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa.
Los impuestos a los combustibles líquidos y al gas natural fueron creados en 1991. Tras sucesivas modificaciones, en 2015 se consiguió eximir de dicho impuesto a la región patagónica. Dos años después, quedó casi sin efecto por decisión del Gobierno Nacional.
De aprobarse este proyecto, beneficiará al área de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza.
Alicia Fregonese expresó su preocupación por el aumento de los combustibles y destacó el "efecto dominó" que provoca en la economía.
La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro-Entre Ríos) advirtió que el aumento del precio de los combustibles “afecta directamente a los productores y trabajadores que son los que se esfuerzan para que el país pueda crecer”.
“Desde agosto de 2020 YPF ya subió casi el 50% el precio del combustible. Así es imposible que el país prospere porque el aumento de la nafta es la madre de todos los aumentos”, sostuvo la legisladora entrerriana.
La diputada opositora también agregó que “la suba del combustible es como la primera pieza de un dominó: una vez que se activa, empieza a aplastar al resto de las actividades que empujan al país como el campo, la industria, el transporte y los últimos de la fila son, como siempre, los trabajadores y los jubilados”.
“El incremento anunciado para abril y mayo desalienta las inversiones, que es lo que Argentina necesita para salir de esta crisis. La fuerte suba en los surtidores provoca más inflación e impacta directamente en el seno de las familias argentinas”, concluyó Fregonese.
Luego del quinto incremento en las naftas autorizado por el Poder Ejecutivo este año, diputados de la oposición advirtieron que los mismos conspiran contra la meta inflacionaria pautada en el Presupuesto.
Al registrarse este lunes el quinto aumento del año, el diputado Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) reiteró el pedido para que el Poder Ejecutivo Nacional explique “sobre los constantes y sostenidos aumentos de combustibles que se vienen registrando, y si dichos aumentos requieren la modificación de la pauta inflacionaria prevista en la Ley de Presupuesto 2021”.
Señaló que “los constantes y sostenidos aumentos reseñados no sólo no se condicen con la pauta y meta inflacionaria previstas en el Presupuesto 2021 sino que, además, tienen un fuerte impacto sobre la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país que encuentran serias dificultades para absorber los costos de dichos incrementos”.
“Se trata de obtener información relativa a los aumentos ya producidos y los proyectados para el resto del año, en donde se conjugan, subas impositivas a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, ajustes en el componente biocombustibles y recomposición en los márgenes de ganancias de las compañías petroleras, entre otros factores de relieve”, afirmó Berhongaray.
Solicitó que se explicite el impacto inflacionario producido por las actualizaciones al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) dispuestas por Decreto N° 35/2021, y cuál será la política de actualización del valor del ICL y del IDC, durante el año en curso.
De igual forma, que se informe el impacto inflacionario producido por los aumentos transitorios en la dosificación de las mezclas de combustibles y de las subas en los precios de los “biocombustibles” autorizados por las Resoluciones Secretaría de Energía N° 1/2021 y N° 2/2021.
Pidió también que se aclare cómo dichos incrementos impactan sobre la meta de estabilidad económica, señalada por el PEN en el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, como tercera condición del modelo macroeconómico propuesto para dicho presupuesto.
Además, que se detallen los estudios económicos que avalen el cronograma oficial de los ajustes en el componente “biocombustibles” de la nafta y el gasoil previstos para los meses de marzo, abril y mayo próximos, el impacto inflacionario que derivará de dichos ajustes y cuál será la política de ajustes en el componente “biocombustibles” para los meses subsiguientes.
“En los últimos meses del año pasado, los combustibles habían registrado un aumento promedio del 15%, a los que se adiciona en lo que va del presente, un incremento próximo al 10%”, destacó el diputado.
Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascárate, Aída Ayala, Gabriela Burgos, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Luis Pastori, Estela Regidor, Jorge Rizzotti, Héctor Stefani, Alicia Terada, Jorge Vara y Federico Zamarbide.
A través de un proyecto, el radical Martín Berhongaray advierte sobre las consecuencias del aumento promedio del 15% registrado en los últimos meses de 2020 y el 10% de lo que va del año.
El diputado Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde explicaciones sobre los “constantes y sostenidos” aumentos de combustibles que se vienen registrando, y si dichos aumentos requieren la modificación de la pauta inflacionaria prevista en la Ley de Presupuesto 2021.
“Los constantes y sostenidos aumentos reseñados no sólo no se condicen con la pauta y meta inflacionaria previstas en el Presupuesto 2021 sino que, además, tienen un fuerte impacto sobre la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país que encuentran serias dificultades para absorber los costos de dichos incrementos”, sostiene Berhongaray.
Agregó: “Se trata de obtener información relativa a los aumentos ya producidos y los proyectados para el resto del año, en donde se conjugan, subas impositivas a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, ajustes en el componente biocombustibles y recomposición en los márgenes de ganancias de las compañías petroleras, entre otros factores de relieve”.
El legislador solicita que se explicite el impacto inflacionario producido por las actualizaciones al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) dispuestas por Decreto N° 35/2021, y cuál será la política de actualización del valor del ICL y del IDC, durante el año en curso.
De igual forma, que se informe el impacto inflacionario producido por los aumentos transitorios en la dosificación de las mezclas de combustibles y de las subas en los precios de los “biocombustibles” autorizados por las Resoluciones Secretaría de Energía N° 1/2021 y N° 2/2021.
Además pide que se aclare cómo dichos incrementos impactan sobre la meta de estabilidad económica, señalada por el PEN en el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, como tercera condición del modelo macroeconómico propuesto para dicho presupuesto.
También que se detallen los estudios económicos que avalen el cronograma oficial de los ajustes en el componente “biocombustibles” de la nafta y el gasoil previstos para los meses de marzo, abril y mayo próximos, el impacto inflacionario que derivará de dichos ajustes y cuál será la política de ajustes en el componente “biocombustibles” para los meses subsiguientes.
“En los últimos meses del año pasado, los combustibles habían registrado un aumento promedio del 15%, a los que se adiciona en lo que va del presente, un incremento próximo al 10%”, destacó el diputado.
En una exposición ante el Senado, el secretario del área habló de la importancia de la actividad para la generación de divisas. Dijo que apuntan a una minería “verde” y “sustentable” y adelantó que trabajan en una resolución conjunta con la AFIP para dar estabilidad fiscal.
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, sostuvo este viernes en el Senado que la actividad “está llamada a cumplir un rol crucial en la situación difícil que atraviesa nuestro país” en lo que hace a la generación de divisas, y por otra parte aseguró que el Gobierno apunta a una minería “verde” y “sustentable”.
“Argentina necesita producir, crecer, exportar, fortalecer todos sus complejos exportadores, para conseguir las divisas que el país hoy necesita, porque allí es donde radica la debilidad de nuestra moneda. Por lo tanto, la minería está llamada a cumplir un rol crucial en la situación difícil la que atraviesa nuestro país”, sostuvo Hensel.
El funcionario expuso durante tres horas en una reunión virtual de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, presidida por José Rubén Uñac (Frente de Todos).
Allí, destacó que en San Juan la minería representa prácticamente el 80% de sus exportaciones; en Santa Cruz, casi el 88%; en Jujuy, el 68%; y en Catamarca -antes del cierre de Bajo de la Alumbrera-, el 90%. También puntualizó que en el período 2009-2017, la minería “captó el mayor flujo de inversión extranjera directa, por un monto de 16.000 millones de dólares”.
Hensel puso como ejemplo que “el año pasado, Argentina exportó en total poco más de 65.000 millones de dólares, mientras que Chile exportó por poco más de 69.000 millones”. “¿Cómo es posible que un país que no tiene complejo sojero, ni complejo maicero, ni complejo automotriz, ni complejo de cueros y carnes, que prácticamente no tiene industria, haya exportado más que Argentina? Eso tiene una sola respuesta: la minería”.
El secretario indicó que “el principal potencial” de nuestro país está en el oro, el cobre, la plata y el litio. “Argentina tiene lo que hoy el mundo está demandando”, resumió.
Hensel resaltó que se está elaborando un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, que fijará las reglas del juego para los próximos 30 años. “No es el plan de los mineros para los mineros, sino el plan de todos los argentinos definiendo cuál es el rol que pretendemos darle a la actividad minera en el desarrollo del país”, dijo.
Informó que se convocó a las comunidades religiosas, a los empresarios, a los sindicatos, a las asociaciones civiles y a la academia “para constituir un documento base para poder discutir no si hacemos o no hacemos minería, sino cómo la hacemos”.
En ese sentido, consideró que “la minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, globalmente competitiva” y con “institucionalidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”.
Al dar su informe de gestión, Hensel explicó que “teniendo en cuenta que los recursos y el ambiente son de las provincias, la función de la Secretaría es, por un lado, la promoción de las inversiones mineras en el país, empujar para conseguir las mejores condiciones posibles para la inversión; y a su vez, acompañar a las provincias con distintas guías o procedimientos que contemplen los más altos estándares internacionales que deben regir la actividad”.
“Esto no es algo que se nos haya ocurrido por generación espontánea: tiene que ver con años de experiencia en este sector desde el mostrador público, defendiendo los intereses del sector público”, dijo, al recordar su paso como ministro de Minería de San Juan.
En ese marco, el funcionario precisó que se elaboraron “informes de impacto ambiental, guías de cómo debe ser una declaración de impacto ambiental”, la cual “debe ser un verdadero instrumento de gestión, que debe contener no solo aspectos ambientales sino también sociales, económicos, institucionales, porque es lo que permite que cada jurisdicción con proyectos mineros en operación pueda revisar cada dos años el cumplimiento de los condicionantes de esas declaraciones, que además tienen que tener plazos de cumplimiento y no ser solo declaraciones de deseos”.
Hensel también informó que se está trabajando en “una guía de evaluación temprana de riesgos, porque la prevención es fundamental”, y a su vez se trabaja junto a las provincias “un manual de buenas prácticas de la actividad minera, sobre la base de lo dispuesto en el Código de Minería”.
La Secretaría de Minería trabaja con la AFIP en una resolución conjunta de estabilidad fiscal.
Por otra parte, destacó que la Secretaría “apunta a una minería más verde, mucho más amigable, que esté vinculada a los principios de la economía circular, a las energías renovables, la eficiencia energética y la trazabilidad de los metales”.
El funcionario objetó el concepto de “responsabilidad social empresaria” aplicado a la minería: “Considero que pareciera ser un gesto de liberalidad, y en realidad en minería los dueños de los recursos somos nosotros, y esto implica la participación del estado, las empresas y las comunidades”, opinó.
En otro orden, Hensel detalló que “en la minería solo el 8% de los trabajadores son mujeres, y la mayoría se desempeñan en ámbitos administrativos, pero poco a poco estamos avanzando en un proceso de incorporación de las mujeres en distintos sectores que comprenden a la actividad”, en un trabajo conjunto con la Asociación Obrera Minera Argentina y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
Asimismo, afirmó que se está trabajando en un convenio marco con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos relativo a la capacitación de comunidades indígenas respecto de la actividad.
También aseguró que “no hay ninguna posibilidad de desarrollar la minería si no es una minería sustentable, ambientalmente sostenible, y esto nadie lo discute. El nivel de consumo indiscriminado tiene un impacto importante desde el punto de vista ambiental que, por supuesto, termina trayendo consecuencias sociales”.
Otro aspecto importante mencionado por Hensel es el trabajo con la AFIP para lanzar una resolución conjunta de estabilidad fiscal.
“Si se vulnera la carga tributaria y no hay posibilidad de recuperar esos créditos fiscales, tenemos un problema que se traslada a la vida útil de los proyectos, y el acortamiento de la vida útil de un proyecto, como Cerro Negro, Cerro Vanguardia o Venadero, significa la pérdida de puestos de trabajo, de exportaciones y de tributos generados por las pymes de la cadena de valor”, explicó.
Son las de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio. Quiénes las presidirán.
En la única actividad programada por el momento para esta semana en el Senado, se constituyeron este lunes las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio.
En primer lugar se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, donde fue electo presidente el sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), mientras que como vicepresidenta quedó la mendocina Pamela Verasay (UCR), y como secretario, Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos).
“Es un alto honor haber sido designado para presidir esta comisión”, expresó Uñac, y adelantó que habrá un trabajo coordinado con las Secretarías de Energía y Minería de la Nación.
A continuación, se constituyó la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que quedó a cargo de la formoseña Teresa González (Frente de Todos), quien será secundada por la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), mientras que el porteño Mariano Recalde (Frente de Todos) fue nombrado secretario.
“Esta es una comisión estratégica y espero que podamos trabajar en equipo”, manifestó González, y adelantó que citarán a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Mario Meoni (Transporte) y María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat) a próximas reuniones.
A su vez, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, destacó que “estamos próximos a la presentación del Presupuesto, donde la inversión pública va a ser importante para la economía de las provincias”.
La tercera comisión en constituirse fue la de Industria y Comercio, que presidirá el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro), mientras que como vicepresidente fue electo el entrerriano Edgardo Kueider y como secretaria, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambos del Frente de Todos.
“Esta comisión está llamada a cumplir un rol importante en el tiempo que se viene. Tenemos el desafío de trabajar todos juntos en la post-pandemia”, dijo Braillard Poccard.
Por el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti pidió el tratamiento -en conjunto con la Comisión de Salud- del proyecto de ley de etiquetado frontal, con el objetivo de que “los argentinos podamos acceder a una alimentación más saludable”.
Mayans resaltó que con las reuniones de este lunes “quedaron constituidas prácticamente todas las comisiones”, y adelantó que esta semana el Senado no sesionará.