Son dos los proyectos que se pusieron sobre la mesa de la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, ante la cual disertaron expertos y ambientalistas quienes reclamaron por una ley nacional, con un sistema unificado y de transparencia entre las agencias del Estado.
La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por el diputado César Treffinger (LLA), se reunió este martes para retomar el debate sobre la trazabilidad de la actividad pesquera con invitados expertos en la materia que disertaron sobre las problemáticas del tema y reclamaron por la sanción de una norma que regule el sistema.
Son dos los proyectos que se pusieron sobre la mesa del encuentro, uno del diputado Maximiliano Ferraro (CC) y otro de la diputada Sabrina Selva (UP). En ese sentido, Treffinger aclaró que “el objetivo de la reunión no es analizar el funcionamiento de los mecanismos actuales solamente, sino también escuchar a quienes trabajan y conocen el sector en profundidad”. Así, planteó la necesidad de conocer los avances, las dificultades y, especialmente, qué herramientas se pueden desarrollar para fortalecer los controles “sin generar burocracia innecesaria que termina afectando a quienes producen y trabajan dentro de la legalidad de la actividad”
“La Argentina tiene una enorme potencialidad marítima y pesquera, pero para aprovecharla plenamente se necesitan reglas claras, información confiable, controles eficientes y tecnología aplicada a la gestión de todos los recursos”, manifestó. El chubutense consideró fundamental el espacio de intercambio y la opinión de especialistas que “permitirá enriquecer el debate legislativo y avanzar hacia políticas que combinen producción, sustentabilidad, transparencia y desarrollo de la economía marítima”.
En tanto, precisó que es un tema que viene siendo tratado en varias ocasiones con dos reuniones en 2023, dos en el 2024 y una en el 2025.
La primera oradora fue Eugenia Testa, representante del Círculo de Políticas Ambientales, quien comentó que desde el espacio vienen promoviendo la Agenda de la Transparencia en la pesca en varios proyectos de ley. Así, planteó la necesidad de la creación de un registro embarcaciones y permisos que, junto con los de trazabilidad de la pesca, lo que harían “es darle un marco institucional a la transparencia de la gestión pesquera”.
Testa contó que, entre Senado y Diputados, es la séptima reunión informativa de la que participa por un proyecto de trazabilidad que “tiene casi 10 años de tratamiento en el Congreso de la Nación. Las iniciativas originales fueron presentadas por Carlos Selva y Gustavo Menna, se trabajaron en comisiones conjuntas, tuvieron dictamen y pasaron al recinto”, y recordó que los proyectos de ley que hoy están en tratamiento son el resultado de ese proceso legislativo en el cual aportaron todos los bloques, todos los asesores.
“Estos proyectos resume un diálogo donde se le consultaron a todos los actores y fue el mejor texto que se llegó”, destacó y precisó que “no son proyectos que surgen de cero, sino que han tenido un tratamiento legislativo, con seminarios, y esto es el resultado de ese trabajo”.
Testa expresó: “Lo que consideramos relevante toda la información sobre el estado actual de nuestras evaluaciones del sistema de trazabilidad, lo que es fraude y mal etiquetado, regulaciones internacionales que cada vez están demandando más poder rastrear la legalidad del origen y la inocuidad de los alimentos”.
Por último, pidió que “este encuentro no sea meramente una reunión informativa y que se pueda pasar a un espacio formal para tratar estos proyectos que llevan tantos años esperando”, y aclaró que “no sea un trámite exprés, pero son iniciativas ya maduras”. En tanto, explicó que el proyecto establece un sistema nacional, unificado de trazabilidad porque “no hay ningún sistema y no hay una interoperabilidad entre las agencias del Estado como la Subsecretaría de Pesca y SENASA. Eso hoy no ocurre”, y agregó que plantea la unificación, simplifica en un sistema único los sistemas que están vigentes y dispersos en diferentes agencias.
Testa aseguró que la trazabilidad es útil para resguardar la sostenibilidad y transparencia de la pesca de todo el trayecto del producto, así como también, para garantizar mercados que están siendo regulados y denunció que “hay una pesca ilegal en el Atlántico Sur no declarada que compite de forma desleal con la producción legal Argentina en los diferentes mercados de exportación”.
El proyecto también garantizar la inocuidad porque “a nivel local en el mercado doméstico hay aproximadamente un 35% de sustitución de especies en la comercialización minorista que, muchas veces, están en riesgo de extinción porque no hay un control ni rastreo del origen, del trayecto y la comercialización. Este proyecto de ley debería poder tratarse este año”.
A su turno, Juan Coustet coordinador de “Sin Azul No Hay Verde” cuestionó que se trata de un debate que “ya debería estar agotado” porque “se trata de una herramienta técnica que abre mercados, con consumidores cada vez más exigentes que requieren más controles”.
“El consumidor tiene derecho de saber qué barco pescó lo que está comiendo, mediante qué métodos y que haya respetado toda una cadena de producción”, indicó y remarcó que “se trata de un método de defender la soberanía, nuestros recursos y de los empresarios que pescan siguiendo las normativas y los estándares y diferenciarnos de la pesca ilegal”.
Coustet calificó la trazabilidad como “una pieza importante en la transparencia pesquera porque en el país ni siquiera hay un registro público de embarcaciones. No sabemos qué barcos están autorizados para pescar, qué permisos tienen, quiénes son los dueños, etc. No hay un espacio público con información ordenada y de fácil acceso”.
“No estamos ejerciendo soberanía sobre nuestros datos. Argentina vive muy de espaldas al mar, quizás porque solo cinco provincias tienen litoral marítimo, pero el mar es patrimonio cultural de todos”, manifestó. El expositor alertó por las especies en extinción por la falta de conciencia y de información.
Por la fundación “Vida Silvestre” disertó Verónica García quien informó que la gestión pesquera argentina enfrenta tres desafíos y planteó la necesidad de aplicar una gestión basada en ecosistemas para lograr la sustentabilidad, combatir la pesca ilegal y garantizar productos seguros y confiables para los consumidores.
“Necesitamos exportar nuestros productos y tenemos un tratado del MERCOSUR que exige. Así como la Ley de Pesca Federal fue fundamental en los 90’ para evitar el colapso, guio y ordenó la pesca, pero quedó desfasada en el tiempo y en 30 años ocurrieron muchos cambios a nivel mundial y todos los estados están haciendo cambios en este sentido para sus pesquerías”, planteó.
García comentó que Argentina tiene entre el 55 y el 65% del stock en condiciones saludables gracias a la Ley Federal. También ponderó la lucha contra la pesca ilegal mediante planes de acción y sistemas de monitoreo. Además, contó que hay iniciativas del sector privado como certificaciones y mejoramiento pesquero, pero lamentó la falta de una normativa.
“La trazabilidad electrónica aplicada a toda la cadena de valor nos permite verificar, informar y verificar todas las acciones que se hacen en el Estado y privado con diferentes iniciativas. Saber el origen de un producto le agrega valor. Lo que permite verificar es la sustentabilidad, el origen legal y la inocuidad alimentaria. Tenemos las condiciones y oportunidades para hacerlo”, manifestó y pidió aplicar estos sistemas de trazabilidad como política pública para transformar el manejo de los recursos en “una gestión pesquera moderna”.
El presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), Axel Otto Wöhler, coincidió en la importancia de la trazabilidad para la actividad pesquera e industrial, pero discrepó en el hecho de que “empezaría a existir a partir de la sanción de una ley porque a mi humilde modo de ver la trazabilidad en la pesca hoy si existe”.
“El dato más certero de eso es la posibilidad que tienen todas las empresas argentinas hace más de 50 años de poder exportar al exterior cuando han incrementado las regulaciones en materia de trazabilidad que permiten o avalan la posibilidad de hacer esto bajo un riguroso cúmulo de normas que todos aquí bien conocen”, agregó.
Autor de una de las iniciativas, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) habló sobre las intenciones del proyecto: “Nosotros lo que creemos es que hay que poder mejorar, transparentar y hacer mucho más eficiente y menos burocrática la información que por supuesto existe”. “Estableciéndose en un sistema único que sea la trazabilidad de la pesca y que ese manejo de información, transparencia y demás sea aplicable en todo el territorio nacional”.
Por su parte, la autora de la otra propuesta Sabrina Selva (UP), explicó sobre la intención de unificar los sistemas de trazabilidad “tiene que ver con la seguridad alimentaria, con combatir la pesca ilegal, con la sostenibilidad del producto, con el derecho a la información del consumidor, porque unificar un sistema de trazabilidad también permite trazar hacia atrás, no sólo hacia adelante el origen de un producto y eso tiene que ver también con la seguridad alimentaria”.
En tanto, el libertario entrerriano Andrés Laumann expresó: “Quiero dejar la política de lado, que discutamos las cosas que son buenas para este país, que nos van a llevar a buen puerto, que las discusiones con los sindicatos también sean nobles”, y manifestó su postura a favor de la norma: “Estoy de acuerdo en que la Argentina necesita esta ley”.
Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Comercio y PyMES donde los representantes de cámaras empresariales y especialistas expusieron sobre la situación del desarrollo del comercio en las distintas regiones del país y llevaron su reclamo a los diputados.
Un plenario de las comisiones de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, que presiden los diputados del bloque Provincias Unidas Juan Fernando Brügge y Pablo Farías, respectivamente, recibieron este martes a representantes del Mercado de Abasto y frutihorticultura quienes pidieron a los legisladores “leyes que sean para todos iguales y no tener una competencia desleal”.
Juan Fernando Brügge, presidente de la Comisión de Comercio, afirmó que los Mercados de Abasto cumplen un rol “importantísimo en las economías regionales y son los conductores entre los productos primarios, el pequeño productor y los grandes centros de consumo en el país”.
“Indagar en la economía real del interior nos va a permitir poder dimensionar cuál es en definitiva las resoluciones que podemos tomar y los reclamos a elevar al Ejecutivo a las áreas pertinentes cuando veamos que se puede producir una distorsión”, cerró.
El primer expositor fue Eduardo Flores, presidente de la Cooperativa Mercado Concentrador Frutihortícola de Santiago del Estero, contó que la entidad surgió en 1987 como “una necesidad de incursar debates que permitan fortalecer y hacer crecer la actividad en el país”. Así, contó que son 23 mercados activos y 5 socios adherentes.
Flores comentó que articulan con SENASA con quien negocia los acuerdos e interactúan para la solución de las problemáticas de los mercados de cada provincia. “También trabajamos sobre la conciencia de desperdicios que es un problema serio porque la mayoría de los mercados tiene una asociación estratégica con el banco de alimento de Argentina como una manera de colaborar y dar soluciones a los desperdicios”, informó.
“Hace unos años se hizo un relevamiento que estableció que 870 mil hectáreas son las que se producen en el país dedicada a la frutihorticultura, lo que representa 15 millones de toneladas anuales de los cuales el 68% está destinado al consumo interno y arriba del 70% lo manejan los mercados concentradores como eslabón estratégico que hacen posible la organización y comercialización”, explayó y remarcó que son “garantes del control de calidad y sanidad”.
El titular de la entidad resumió que se encargan de: “Organizar la oferta y demanda; formación de precios, sanidad e inocuidad, abastecimiento de economías regionales, responsabilidad ambiental y trazabilidad de la mercadería”. Respecto de este último punto, indicó que, en colaboración con SENASA, tiene un seguimiento desde la cosecha al mercado de venta.
“Los mercados hacemos todo esto solo y nunca hemos molestado a ningún Gobierno”, resaltó y planteó que durante la pandemia los mercados “fueron denostado por la suba de precios mal entendiendo que era una actitud más bien privada. En época de pandemia ningún mercado cerró. La hemos pasado mal porque tardábamos más de 6 días en poder llevar la mercadería, pero hemos cumplido con el deber”, y detalló que, de manera directa, los mercados tienen más de 100 mil trabajadores y 400 mil de manera indirecta.
Flores planteó que como mercados proponen a futuro una “modernización de la infraestructura, formalización de la actividad, simplificación y armonización normativa y eso les toca de sancionar leyes que no se superpongan, que sean aplicables, fortalecimiento del sistema de trazabilidad e inocuidad, generación de información, mejora de logística y reducción de desperdicios”.
Por su parte, Juan Perlo de la Asociación de Productores Hortícolas de la provincia de Córdoba contó que tienen “problemas hace muchos años con el Estado, pero no es Tan fácil, sobre todo con los ministerios”. Al referirse al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), apuntó: “Deja mucho que desear porque dentro de los mercados estamos siendo auditados permanentemente por SENASA mensualmente y los mercados tienen que cumplir con un manual de procedimiento. Los mercados no vendemos frutas y verduras, vendemos sanidad”.
“A veces somos escuchado y a veces no. Es avance y retroceso no ayudan porque las políticas tienen que ser para todos, y no solo para la industria. Nosotros somos escuchados medianamente porque no movemos muchas agujas. Estamos siendo auditados hoy en día y nos golpea mucho internamente. Queremos que también auditen afuera. Estamos en un lugar equivocado. Nosotros defendemos la legalidad, la comercialización del mercado y al productor primario, pero necesitamos ser más escuchados”, planteó y remató: “Espero que los diputados del interior escuchen los reclamos de un sector que nuclea miles de trabajadores”.
Desde Santa Fe, Leandro Monjo referente de Mercado de Productores y Abastecedores alertó que “estamos pasando por situaciones económicas complejas y se dan situaciones de venta afuera de los mercados que complican nuestra situación, con el agravante del poco control fitosanitario que tiene esa mercadería que también puede llegar a la mesa de las familias, mientras nosotros somos auditados”, y manifestó: “Este es un tema que vamos a tratar con SENASA, pero necesitamos del apoyo conjunto del Gobierno y ser escuchados”.
En tanto, Daniel Guerrero, de la Cooperativa de Feriantes Mayoristas frutihortícola del Norte Argentino, Jujuy, manifestó que “hoy los mercados no están funcionando bien y la problemática es muy grande en cuestiones de falta de control y un Estado no tan presente”, y relató que “las ferias hoy son la problemática porque trabajan de manera ilegal, se abastecen de circuitos poco claros”.
“Vengo a pedir que podamos trabajar con un acompañamiento del Estado. Esta oportunidad es única y queremos que el Congreso empiece a trabajar en herramientas que permita que nos reconozcan como un rol fundamental a la hora del abastecimiento a nivel nacional. Que nos permita garantizar que todas las inversiones que hagamos tengan previsibilidad. Que los controles sean parejos, no queremos dejar sin trabajo a nadie, pero queremos las reglas claras porque no es justo”, expresó y analizó: “Hoy conviene estar fuera del sistema porque se sigue trabajando. Queremos una competencia leal”.
En representación de la Cámara Argentina de Bananas (Camabana), Franco Sibilia, y en la misma línea que su preopinante, pidió “las mismas reglas para todos para no tener una competencia desleal”, y en ese sentido, explicó: “Hoy nosotros vemos que la comercialización está cambiando y que los nuevos consumidores de frutas y verduras no van a comprar a la verdulería, sino que lo compran mediante los celulares. Se está achicando la comercialización dentro del mercado”.
Juan Velázquez del Mercado Concentrador de Chubut objetó “la falta de normativas claras”, al indicar que “termina siendo perjudicial estar dentro de un mercado porque los costos son altísimos”, y advirtió: “Por fuera, no hay normas ni hay controles”.
“SENASA en Patagonia está ausente, pero en el mercado si auditan, por fuera no hacen nada. No hay ningún tipo de control. Se hace difícil operar sin reglas ni normas claras. Necesitamos que empiecen a encaminar una solución”, concluyó.
Durante la reunión informativa, además, expusieron representantes del Mercado Concentración de Neuquén; de Accionistas privados Mercado de Abasto de Villa María; y del Mercado Concentrador el Charrúa de Entre Ríos.
En un contexto de creciente digitalización de los consumos, los pagos con QR se consolidan como una herramienta clave para agilizar las compras, ampliar las opciones de cobro y mejorar la experiencia tanto de clientes como de comerciantes.
La experiencia de compra no depende solamente del producto, el precio o la atención. El momento de pagar también influye en la percepción que una persona se lleva de un comercio, especialmente cuando busca resolver una operación de manera rápida. En ese escenario, el cobro con QR se consolidó como una alternativa que permite simplificar uno de los pasos más habituales de cualquier venta. Soluciones como Nave qr permiten que los negocios acepten pagos desde billeteras virtuales y aplicaciones bancarias mediante un único código, ampliando las opciones disponibles para sus clientes.
La expansión de las billeteras digitales modificó hábitos cotidianos. Sacar el teléfono, abrir una aplicación y escanear un código se convirtió en una acción habitual en supermercados, locales gastronómicos, estaciones de servicio, comercios de cercanía y emprendimientos de distintos rubros.
Para quien vende, esta transformación plantea una oportunidad: hacer que el pago acompañe la rapidez que el consumidor espera encontrar en el resto de su recorrido.
Cuando una persona ya eligió qué comprar, cualquier dificultad adicional puede afectar su experiencia. Una espera extensa, no encontrar el medio de pago deseado o tener que realizar varios pasos para completar una operación son pequeños puntos de fricción que adquieren relevancia en el contacto cotidiano entre clientes y comercios.
El código QR busca reducir parte de esa complejidad. El consumidor escanea desde su teléfono, selecciona cómo desea pagar y confirma la operación desde una herramienta con la que probablemente ya esté familiarizado.
Esta dinámica también permite que cada usuario mantenga cierta libertad al momento de elegir desde qué aplicación realizar la transacción. El QR interoperable de Nave admite pagos con dinero en cuenta desde billeteras o aplicaciones bancarias y también contempla tarjetas de crédito habilitadas dentro de su propuesta.
La interoperabilidad es relevante desde el punto de vista de la experiencia porque evita que el comprador tenga que utilizar necesariamente una aplicación específica perteneciente al proveedor que utiliza el negocio. Nave está orientada al comercio, mientras que el cliente puede efectuar la operación utilizando una billetera o aplicación bancaria compatible.
Ofrecer alternativas de pago ya no es solamente una cuestión operativa. Puede convertirse en una extensión de la atención al cliente.
Los hábitos financieros son diferentes para cada persona. Algunos consumidores administran buena parte de sus gastos desde una billetera digital, otros prefieren una aplicación bancaria y otros combinan diferentes herramientas según el tipo de compra.
Un comercio que contempla esa diversidad evita imponer un único recorrido.
Esto adquiere especial importancia en negocios con alto movimiento, donde cada minuto puede influir en la atención. Bares, restaurantes, kioscos, comercios minoristas o establecimientos con filas frecuentes necesitan que el pago pueda completarse sin introducir procesos innecesariamente largos.
La facilidad de uso no beneficia solamente a quien compra. El comerciante necesita identificar que la operación fue realizada correctamente y continuar rápidamente con la atención.
En Nave, el negocio puede ingresar el importe desde la plataforma para iniciar el cobro y luego verificar que la venta haya sido aprobada. El comprador también tiene la posibilidad de escanear el código e ingresar el monto desde su propia billetera.
Esta confirmación adquiere relevancia en contextos con varias operaciones simultáneas. Una experiencia de pago eficiente requiere que ambas partes tengan claridad: el cliente necesita saber que pagó y el vendedor, que la transacción efectivamente fue procesada.
Para los comercios, además, existe otro aspecto a considerar. Cuantas más formas de cobro se incorporan, más importante se vuelve evitar una mesa o mostrador lleno de elementos diferentes destinados a cada alternativa.
El concepto de un QR interoperable apunta precisamente a reducir esa fragmentación. En lugar de presentar códigos diferentes según la billetera elegida por el consumidor, el negocio puede concentrar distintos pagos en una misma identificación.
La adopción de pagos digitales atraviesa actividades que tienen experiencias de compra muy diferentes.
En un restaurante, por ejemplo, el cliente puede pagar desde la mesa sin modificar demasiado su recorrido. En un comercio con mostrador, el código puede estar visible junto a la caja. En una feria o un emprendimiento con un puesto temporal, disponer de una alternativa digital también puede reducir la dependencia del efectivo.
La tecnología es la misma, pero la forma en que mejora la experiencia cambia de acuerdo con el negocio.
Para una actividad gastronómica puede significar agilizar la rotación de mesas. Para un comercio de cercanía, reducir pasos en compras rápidas. Para un emprendimiento, ampliar las alternativas disponibles sin tener que diseñar un proceso diferente para cada billetera utilizada por sus compradores.
La digitalización llevó a que los consumidores evalúen cada vez más la compra como una experiencia completa. La atención, la facilidad para encontrar un producto, la disponibilidad y el pago dejan de ser instancias completamente separadas.
En ese recorrido, la tecnología funciona mejor cuando pasa inadvertida. El cliente no necesariamente necesita conocer la infraestructura que procesa la operación: espera escanear, elegir cómo pagar, confirmar y continuar.
Para los negocios, en cambio, detrás de esa simplicidad existe la necesidad de mantener organizada la gestión. Nave permite consultar las operaciones realizadas y administrar los cobros desde su plataforma, integrando la utilización del QR dentro de un ecosistema más amplio de herramientas para comercios.
La posibilidad de trabajar con un mismo código también resulta útil cuando el establecimiento busca mantener una experiencia visual sencilla en su punto de venta. Menos carteles y menos instrucciones diferentes pueden facilitar que el cliente identifique rápidamente dónde debe escanear.
En horarios de alta demanda, esa simplicidad puede apreciarse en situaciones muy concretas: personas que ya saben cómo completar la transacción, vendedores que pueden verificar el estado del pago y una operatoria que no necesita modificarse según la aplicación bancaria o billetera que cada comprador haya elegido utilizar.
Así, el QR se incorpora a la atención cotidiana como una herramienta más dentro del establecimiento, junto con las demás decisiones que buscan reducir tiempos, ofrecer alternativas y adaptar la experiencia de compra a hábitos de pago cada vez más digitales.
En un encuentro con comerciantes locales, el gobierno municipal otorgó nuevas habilitaciones y acompañó la presentación de una campaña solidaria impulsada por una heladería de Bernal. Ocho firmas del distrito recibieron su certificado.
El Municipio de Quilmes continúa avanzando en la regularización comercial del distrito con la entrega de nuevos Certificados de Habilitación Municipal. En esta ocasión, la jornada se desarrolló en la heladería y cafetería Bigote, ubicada en Las Heras y Lebensohn, en Bernal, donde además se presentó una campaña solidaria destinada a instituciones educativas de la ciudad. Más tarde, las autoridades realizaron una recorrida por la pizzería Horno de Barrio, en Suipacha 50, uno de los comercios recientemente habilitados.
Durante el encuentro, Eva destacó la importancia de estos espacios de intercambio con el sector comercial, subrayando el rol del Estado local en el acompañamiento cotidiano. “Estos eventos demuestran la cercanía y el ida y vuelta con nuestros comerciantes, que siguen invirtiendo en la ciudad. Además, esta propuesta solidaria con el Jardín refleja la construcción de comunidad entre lo privado, el Estado y las instituciones”, expresó, junto al secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, y la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.
Bellido, por su parte, remarcó el valor de estos encuentros como instancia de diálogo y anunció la reciente aprobación de una ordenanza que permitirá realizar los trámites de habilitación de manera gratuita. “En breve se publicará en el Boletín Oficial y entrará en vigencia”, señaló.
Desde la heladería Bigote, su representante Luciano Capelli compartió la experiencia de abrir el local en un contexto económico complejo. “Fue una gran aventura lanzarnos en este momento, pero queremos seguir creciendo y apostando por Quilmes. El trámite fue muy ameno, tuvimos un trato cordial y amable”, afirmó.
En total, ocho comercios recibieron su certificado de habilitación: la pizzería Horno de Barrio; la heladería y cafetería Bigote; la heladería Thionis Quilmes; la vinoteca Código de Barra SA; el gimnasio Mod Fitness House; la estación de servicio GNC Quilmes SA; el centro educativo y terapéutico “Reparador de Sueños”; y la pañalera Juma, de Bernal Oeste.
Finalmente, Alexis Forguez, dueño de Horno de Barrio, celebró la obtención del certificado y el acompañamiento municipal. “El trámite fue rápido y tuvimos asesoramiento en todo momento. Este certificado es un paso muy grande para nosotros, porque nos permite trabajar tranquilos y mostrarnos mejor ante el público”, destacó.
Fue en el marco un plenario de comisiones de Comercio y la de Pequeñas y Medianas Empresas de Diputados donde los representantes de la industria azucarera detallaron el negocio mundial del azúcar, quiénes son los principales jugadores y dónde está plantado Argentina en el mercado.
Un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, presidida por los diputados Juan Brügge y Pablo Farías respectivamente, recibió este martes a representantes y empresarios del sector industrial azucarero quienes expusieron sobre la situación actual del sector.
El primer expositor Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, contó que el sector está compuesto por 19 ingenios (14 en Tucumán, 3 en Jujuy y 2 en Salta) con 16 destilerías de alcohol y 12 deshidratadores de alcohol. Además, comentó que tiene 4500 productores caleros independientes, de los cuales 3500 son PyMES de menos de 50 hectáreas y agregó que hay 420 mil hectáreas con plantación de azúcar y sumó: “El empleo directo del sector son 45 mil trabajadores”.
“El 100% de la cosecha es automática (mecanizada) en el país, hay en servicio 435 cosechadoras operando. La compra de materia prima se da por el sistema maquina (Ley Nacional) del 58% del azúcar de su caña es para el productor y 42% para el ingenio (industria), es decir que el productor primario participa del valor agregado”, informó y precisó que 26.000.000 toneladas de caña se cultivan, cosechan, transportan y muelen en 6 meses.
Feijóo comparó: “Esto es más de la mitad de la cosecha de soja del país. Esto refleja la densidad y la magnitud de los efectos socioeconómicos de la actividad”. Además, explicó que participan 160 industrias metalmecánicas en el sector, tiene financiamiento y articulación científico tecnológica.
Desde el punto de vista económico afirmó que las ventas en bruto en 2025 fueron de 1.330 millones de dólares, donde el 44,8% es el azúcar a mercado interno, el 24,1% al mercado externo, un 29,2% representa el bioetanol, 1,3% melaza que va a la industria del alimento.
Por otro lado, consideró “indispensable una nueva ley de biocombustibles, debido a que la que tenemos hoy nos tiene atados y frenados en materia de inversiones y de sustitución de naftas importadas”. Al respecto, manifestó su apoyo al proyecto de la senadora libertaria Patricia Bullrich, y otros senadores, porque “es resultado del diálogo con foco en el crecimiento, el consumidor, la transición energética y la competitividad”.
También, mencionó dos proyectos, con trámite en la Cámara de Diputados, que -según su criterio- generarían amenazas debido a que buscan modificar la ley de Impuestos Internos (Ley N° 24.674), que encarecen el impuesto a las bebidas analcohólicas que usen azúcar y se los reduce a lo mínimo y elimina en caso que usen mosto de uva (jugo de fruta).
A su turno, el director de la empresa y negocio azucarero ‘Ledesma’, Martín Franzini, afirmó que Brasil es el líder del mercado mundial y alertó: "Estamos en un momento duro del mercado mundial”. Al referirse a los costos aseguró que “Argentina es muy competitiva como costo promedio en los últimos cinco años, es muy conveniente”.
Franzini hizo hincapié al mercado interno, afirmando que “somos un país de alto consumo con 36 kilos por habitante, siendo un promedio de la media para arriba, situándonos por debajo de Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, que están en 42 y 50 kilos respectivamente, y muy por encima de China y países de África con consumos en torno a los 10 kilos”.
Para concluir su alocución, el gerente General de Ingenios de Tucumán especificó sobre los datos de exportación que “venimos de dos años seguidos en torno a las 600 mil toneladas. Y, tenemos proyectado un nuevo año del mismo valor”. En referencia a la distribución de la industria, detalló que “el sector está tomando el perfil de 50% de mercado interno, 25% exportación y 25 % etanol”.
La directora Ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, destacó que “el sector azucarero ha sido el más resiliente de los últimos 250 años de historia argentina”. En otro orden, ponderó que dicha industria “aporta 50 mil puestos de trabajo en todo el Norte argentino”, y resaltó que “el efecto multiplicador que tiene una bolsa de azúcar es realmente inmenso”.
Al afirmar que “tenemos la posibilidad de tener soberanía energética por medio de los biocombustibles”, Rocchia Ferro subrayó que “en general, sustituye importaciones, ahorra divisas y, esto, genera un ahorro en términos de balanza comercial y mejor utilización de los recursos. Cuando el estado nacional y el sector privado se ponen medianamente de acuerdo las inversiones llegan.
El titular de Seaboard Energías Renovables y Alimentos, Juan José Sörös, habló de un producto que fue “marginal” durante mucho tiempo, pero que ha tenido más relevancia en los últimos años que es la cogeneración de la generación eléctrica, que significa que de una misma fuente se producen dos tipos de energía: energía térmica y energía eléctrica. “La energía eléctrica producida a partir de la caña de azúcar tiene la ventaja de transformar un residuo agrícola en energía eléctrica generando beneficios ambientales, económicos y operativos”, valoró.
También, expusieron Hernán Salas, director Técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que lo hizo de forma virtual; y Arquímedes Carrizo, contador Público Nacional y Director General de Arquímedes Carrizo y Asociados.
La provincia volvió al comercio internacional luego de más de una década con un plazo de 10 años, tres de gracia y una tasa del 9,45%, con una colocación que superó ampliamente las expectativas y permitirá avanzar en un plan histórico de obras estratégicas en todo el territorio.
En un contexto global complejo, el Gobierno del Chubut a cargo de Ignacio “Nacho” Torres logró concretar una exitosa colocación internacional por USD 650 millones, marcando el regreso de la provincia al crédito externo con una operación sólida y estratégica para su desarrollo.
La emisión, con un plazo de 10 años, el más extenso alcanzado por una provincia argentina en este tipo de operaciones recientes, y una tasa del 9,45%, recibió ofertas por más del triple del monto inicialmente previsto, reflejando un alto nivel de confianza por parte de los inversores internacionales.
Luego de más de una década sin acceso al financiamiento externo, la provincia recupera credibilidad y logra posicionarse nuevamente en los mercados, a partir de una política sostenida de orden fiscal, transparencia institucional y administración responsable de los recursos públicos.
Los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la conectividad y ampliar servicios esenciales.
"A diferencia de emisiones de gestiones anteriores, en las que el endeudamiento se destinaba mayormente a cubrir gasto corriente, esta colocación tiene como eje la inversión en infraestructura y el crecimiento a largo plazo, consolidando además el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia", remarcó Torres.
En ese sentido, explicó que la operación fue llevada adelante con la participación de entidades financieras de primera línea internacional, lo que también habilita nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia. De esta manera, Chubut envía una señal "concreta de confianza hacia el mundo, reafirmando un rumbo basado en la previsibilidad, la responsabilidad fiscal y la inversión estratégica".
Además, y ante las observaciones de un sector de la oposición, el ministro de Economía de la provincia, Miguel Arnaudo, recordó que este empréstito fue aprobado en Legislatura por amplia mayoría, con el acompañamiento del bloque justicialista, que avaló la asignación específica del Bono para llevar adelante un ambicioso proyecto de infraestructura y desarrollo de la provincia, sumado al pago de deuda vieja, en mejores condiciones que las tomadas durante los gobiernos anteriores.
En un contexto global muy complejo, dimos un paso clave: volvimos a los mercados internacionales con una colocación sólida y estratégica para el desarrollo de nuestra provincia.
Emitimos USD 650M a 10 años —el plazo más largo entre las provincias—, con ofertas por más de tres… https://t.co/UY5kV3M1lF
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 24, 2026
El director de CAPS Consultores hace una comparación con la serie televisiva estadounidense y plantea que “muchas empresas familiares se parecen menos a un duelo del Lejano Oeste y más a una familia donde conviven contradicciones, tensiones y afectos”.
Cuando el Lejano Oeste queda lejos y lo que aparece es la vida real. Del héroe al absurdo. Durante años explicamos la empresa familiar a través de arquetipos claros: el fundador fuerte, el heredero en conflicto, el que sostiene el sistema. Había algo tranquilizador en esos modelos: cada uno sabía cuál era su lugar. Hoy, en cambio, muchas empresas familiares se parecen menos a un duelo del Lejano Oeste y más a una familia donde conviven contradicciones, tensiones y afectos. No funcionan por diseño: funcionan, muchas veces, a pesar de todo.
Homero no es un líder ideal. Es impulsivo, desordenado, a veces irresponsable. Pero tiene algo decisivo: compromiso afectivo. En muchas empresas familiares, el fundador decide sin método, mezcla lo personal con lo empresarial, se equivoca y vuelve a intentar. Su problema no es la falta de inteligencia, sino la falta de sistema. El desafío es transformar esa energía en una estructura que pueda trascenderlo.
Marge no dirige ni factura, pero sostiene. Contiene, ordena, amortigua conflictos. En la empresa familiar suele ocupar un lugar invisible en los papeles, pero central en la práctica. Una deuda frecuente es no reconocer formalmente ese rol.
Bart incomoda. Desafía, rompe reglas, provoca. En muchas familias empresarias, ese lugar lo ocupa quien cuestiona lo dado. La reacción habitual es corregirlo, pero también puede leerse de otro modo: no es el problema, sino el síntoma de que algo necesita cambiar.
Lisa ve lo que otros no ven. Es racional, formada, exigente. Suele impulsar la profesionalización y plantear preguntas incómodas. Su dificultad no es técnica, sino política: muchas veces el sistema no está preparado para escucharla.
Maggie no habla, pero está. Representa a quienes heredarán. En muchas empresas familiares no forma parte de la conversación. Sin embargo, todo lo que se decide hoy impactará en ella.
No hay perfección. Hay desorden, contradicción y continuidad. Esto obliga a cambiar la mirada: la empresa familiar no es un sistema perfecto que hay que diseñar, sino un sistema humano que hay que comprender y ordenar.
Que algo funcione no significa que funcione bien. Muchas empresas sobreviven evitando conversaciones difíciles y postergando decisiones estructurales. Hasta que deja de alcanzar.
Durante mucho tiempo creímos que nuestras empresas se parecían al Lejano Oeste. Hoy se parecen más a una familia que discute, se equivoca, se reconcilia y sigue adelante. No se trata de dejar de ser los Simpson, sino de dar un paso más: pasar del caos que se sostiene a un sistema que se proyecta.
Impulsado por el transporte, la tecnología y el equipamiento industrial, el leasing cerró 2025 con ocho trimestres consecutivos de crecimiento. Las PyMEs concentran una cuarta parte del financiamiento y las proyecciones anticipan un nuevo récord en 2026.
El financiamiento mediante leasing alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2019 y consolidó una tendencia de crecimiento sostenido que ya lleva ocho trimestres consecutivos. En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas se posicionaron como las principales protagonistas del mercado, al concentrar el 25% del crédito total otorgado bajo esta modalidad.
El leasing se convirtió en una herramienta clave para la expansión productiva al permitir que las empresas accedan al uso de bienes de capital a través del pago de cuotas y con la posibilidad de ejercer una opción de compra al final del contrato. Esta flexibilidad explica su fuerte adopción en sectores estratégicos como el transporte, la tecnología y el equipamiento industrial, que lideraron la demanda durante el último año.
De acuerdo con las proyecciones del sector, el dinamismo mostrado en 2025 no sólo se mantendría sino que podría profundizarse en 2026. Las estimaciones apuntan a que el volumen de operaciones supere al del año anterior, apalancado por un escenario financiero más favorable en la Argentina, que potencia las ventajas del leasing como alternativa de financiamiento frente a otros instrumentos tradicionales.
En paralelo al crecimiento del mercado local, el sector registró un avance en el plano institucional con la designación de Gabriela Tolchinsky como vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Leasing (FELALEASE) para el período 2026-2028. La decisión fue informada oficialmente a Agencia Noticias Argentinas.
La incorporación de Tolchinsky a la conducción regional refuerza el posicionamiento de la Argentina dentro del mapa del leasing en América Latina y le otorga mayor visibilidad al país en la definición de políticas y lineamientos del sector.
La nueva conducción de FELALEASE estará encabezada por Osmar Roncolato Pinho, de Brasil, en la presidencia, mientras que la vicepresidencia primera quedará a cargo de Salomón Díaz, de Chile, conformando una mesa directiva con representación de los principales mercados de la región.
Fue en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y del Mercosur siendo la última reunión de ambas. El dictamen cosechó 52 firmas.
Un plenario de las comisiones Relaciones Exteriores y del Mercosur de Diputados se reunió este martes de forma breve para debatir y aprobar la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, cuyo dictamen cosechó 52 firmas.
Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Mercosur, Eduardo Valdés (UP), explicó que Argentina participó activamente de esta negociación con la intervención de los organismos especializados, especialmente el ENACOM, para asegurar que los compromisos internacionales sean plenamente compatibles con nuestro marco regulatorio interno.
Al pedir la palabra, el titular de la Comisión de RR.EE, Fernando Iglesias (Pro), sostuvo que el proyecto “ratifica el interés del gobierno y del país en mantenerse en los marcos del Mercosur y en los procesos que son de integración regional”.
A su turno, el diputado Ricardo López Murphy se despidió de la comisión y recordó: “Cuando me incorporé a la Comisión de Relaciones Exteriores hace 4 años, un afán que tuve era tratar de resolver todos los acuerdos y tratados que estuvieran, por distintas razones, demorados. Y creo que ese esfuerzo se hizo y a mí me parece que es valioso porque es muy importante que el país no esté trabado en cosas que al final no tienen razón de generar discrepancias”.
Así, celebró esa meta propuesta y destacó: “Se logró obtener esa doble calidad, un debate caldeado y enérgico que forma parte de una sociedad pluralista, pero también una actitud central en la política que las cuestiones exteriores del país no pueden ser subordinadas a las facciones. Y creo que esa síntesis es buena que la Argentina, la que el Congreso de la Nación la lleve adelante”.
En tanto, la diputada de UP Lorena Pokoik reclamó y dejó en evidencia que “hubo un solo grupo parlamentario de amistad que fue ofertado, que estaba dentro de los países y que históricamente había sido constituido en gestiones anteriores en las que yo no era diputada, que es el grupo de amistad parlamentario con Palestina, que nunca hemos logrado que se constituya y se convoque a la Embajada para poder resolverlo”.
Pokoik pidió trabajar en conjunto para que el próximo año se constituya dicho grupo: “No es un invento de quienes nos anotamos, sino que estaba dentro de la oferta de países y de grupos de amistad a constituir y que años anteriores estaban funcionando”.
En tanto, el santafecino Esteban Paulon expresó preocupación por la ausencia futura del presidente, Javier Milei, a la cumbre del Mercosur: “Se ha anunciado recientemente que el presidente no va a asistir. Esta ausencia se suma a la ausencia del presidente de la Cumbre de CELAC hace algunas semanas en Cartagena de Indias. Se suma a la ausencia algunas otras instancias del Mercosur, del compromiso de del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales con el acuerdo Unión Europea Mercosur, el compromiso que ha expresado en esta comisión del trabajo y la inserción que Argentina tiene en ese bloque regional”.
“Creo que sería importante poder hacer, no un llamado de atención, pero sí una marca de preocupación sobre todo porque creo que Argentina hoy está en una actitud vinculada a ampliar sus vínculos comerciales, sus relaciones con otros países, pero esas relaciones con otros países, esos vínculos comerciales que se abren, tienen que preservar y cuidar también nuestro vínculo con nuestros vecinos, que casualmente incluyen al segundo socio comercial de Argentina, que es Brasil”, planteó.
Paulon bregó para que “se pueda encaminar una participación mucho más vigorosa, más activa y más integrada a nuestros socios regionales que, a mi parecer y según mi visión, no tengo dudas, son quienes nos van a garantizar una mejor inserción y diálogo con los otros espacios del mundo con quienes queremos dialogar y comerciar”.
Por último, la diputada Marcela Campagnoli (CC) pidió a los diputados que participen de las invitaciones de las Embajadas: “Cuando voy a los eventos de los días nacionales de las distintas Embajadas que nos invitan, no veo a ningún diputado. Y creo que es importante, ya que yo ya no voy a estar más, de que podamos ejercitar ese vínculo con las embajadas. Para ellos es importantísimo cuando vos le decís a un embajador que perteneces a tal comisión. Es importante que como diputados que también ejerzamos esa posibilidad de establecer vínculos con los países amigos a través de sus embajadores”.
Desde el espacio alertaron que el acuerdo “afecta la industria nacional y debilita los sectores de la región centro”, y exhortaron al Gobierno Nacional a revisar este entendimiento.
Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara un acuerdo comercial bilateral con Argentina el jueves de la semana pasada, diputados socialistas expresaron una profunda preocupación y pidieron al Gobierno nacional a que todo tipo de acuerdo internacional pase por el Congreso de la Nación.
Desde el espacio, señalaron que el texto difundido por la Casa Blanca “refleja asimetrías evidentes y compromisos unilaterales por parte de nuestro país, otorgando acceso preferencial a productos estadounidenses en sectores sensibles –industria farmacéutica, química, maquinaria, tecnología, automotriz y agroindustria- sin recibir beneficios equivalentes”.
“El acuerdo afecta a la industria nacional, debilita sectores estratégicos de la región centro y se consolida un modelo de inserción internacional primarizado y dependiente, centrado en exportar materias primas a cambio de importar bienes de alto valor agregado”, alertaron.
El Partido Socialista advirtió que “rumbo responde más a alineamientos ideológicos externos que no representan una política de Estado, sino expresan afinidades personales de los presidentes Trump y Milei”, y denunciaron que “no hay en ello una evaluación real de los intereses argentinos y se comprometerán inversiones estratégicas y la soberanía regulatoria del país”.
“Reclamamos que todo acuerdo internacional sea público, remitido al Congreso de la Nación y debatido con transparencia, acompañando estudios de impacto productivo, laboral y ambiental”, plantearon.
En ese sentido, reafirmaron que “la integración internacional debe promover trabajo argentino, industria nacional y desarrollo sostenible, no dependencia ni pérdida de capacidades productivas”, al tiempo que exhortaron al Gobierno Nacional a revisar este entendimiento y a priorizar los intereses permanentes de la Nación por encima de cualquier alineamiento coyuntural.
Desde el @ps_argentina expresamos nuestra preocupación por el acuerdo Trump-Milei y sus consecuencias para la soberanía y la actividad económica de nuestro país. https://t.co/uwVQIFCGUP
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 16, 2025
Cámaras empresariales y sindicales estuvieron presentes en una reunión informativa de la Comisión de Industria y Comercio del Senado donde abordaron el tema “la industria metalúrgica en tiempos de crisis, retos para una mayor competitividad".
La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador Marcelo Lewandowski (Frente Nacional y Popular), realizó este miércoles una reunión informativa en el salón Arturo Illia, donde recibió a representantes de la industria metalúrgica con el objetivo de abordar y debatir sobre: "La industria metalúrgica en tiempos de crisis. Retos para una mayor competitividad".
Al inicio del encuentro, Lewandowski manifestó que, además de trabajar en el tratamiento de proyectos, la comisión puede actuar "como una caja de resonancia para los distintos sectores de la actividad industrial y comercial del país, permitiendo que compartan sus problemas y necesidades".
En este sentido, fueron invitados diversos representantes de cámaras empresariales y entidades sindicales, como Elio Del Re, presidente de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), quien explicó que "la asociación está integrada por 60 cámaras que representan a más de 20.000 empresas distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales generan más de 300.000 empleos directos y cerca de un millón de puestos de trabajo vinculados. Además, destacó que “el sector metalúrgico aporta aproximadamente el 25% del producto bruto industrial y exporta a más de 150 países", y resaltó también la presencia del sector en las economías regionales.
Luego, el presidente de la Comisión de Política Industrial de ADIMRA, José Tamborenea, expuso sobre la realidad del sector e indicó que, en los últimos dos años, la industria metalúrgica “retrocedió un 28%, y actualmente se encuentra al 18% de su productividad en comparación con su pico histórico en 2023”.
También mencionó la “escasa recuperación durante 2024 y el primer trimestre de 2025”, que luego se perdió. Tamborenea explicó cómo "las importaciones han absorbido la producción local", y detalló los esfuerzos del sector para mantener los puestos de trabajo.
Por su parte, Luciana Mengo, vicepresidenta de CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), coincidió en que los problemas y necesidades son transversales a toda la industria metalúrgica. Además, advirtió que la entrada de importaciones y maquinaria agrícola usada afecta negativamente la productividad y la generación de empleo en las empresas del sector.
En cuanto al rol del Poder Legislativo, Mengo señaló que sería deseable que “los niveles de competitividad en materia fiscal y legal sean iguales para todos, para que las empresas puedan competir bajo las mismas reglas".
El secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán, valoró la existencia de estos espacios de diálogo: "Siempre es positivo generar ámbitos para pensar y buscar soluciones que permitan un país más justo y equitativo".
Recordó su experiencia durante la crisis de 2001, cuando, siendo un empleado de fábrica, vio cómo muchos compañeros perdían sus trabajos y muchas pymes cerraban, aprendiendo que las crisis destruyen proyectos, aunque representen a intereses diferentes. También expresó su preocupación por la apertura económica del país, que "va en contra de lo que ocurre en el mundo", y mencionó que, "cada vez más empresarios deben viajar a China para reconvertirse en importadores, lo cual implica pérdida de empleos". Asimismo, advirtió que se está dando lugar a "un modelo de país que privilegia al sector financiero sobre el trabajo y la producción". Finalmente, apoyó la industrialización como un modelo de desarrollo sostenido.
También disertaron: Jorge Scian, presidente de la comisión de Energía de ADIMRA; Mariano Güizzo, presidente de la comisión de Minería de ADIMRA; Julieta Loustou, licenciada en Economía e integrante del equipo técnico de la UOM y Soledad Calle, secretaria adjunta de CSIRA (Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina).
Ante los altos costos de las tarifas, el cordobés Luis Picat destacó la quita de subsidios pero advirtió por el impacto “enormemente asfixiante” para el entramado comercial.
El diputado nacional Luis Picat (UCR-Córdoba), junto a sus pares, presentó un proyecto de resolución por el cual solicita que el Gobierno nacional reduzca en un 25% la alícuota del IVA en los servicios de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor, a los fines de disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan en su factura los comercios y las PyMEs.
“En un contexto de atraso tarifario el Poder Ejecutivo Nacional tomó la correcta decisión de desarmar la estructura de subsidios relacionados con servicios como la energía eléctrica, el gas o el agua corriente con un importante impacto fiscal positivo”, ponderó el legislador, pero señaló que “esta disposición trajo como correlato natural una suba importante del valor de las facturas, al transferirse el costo económico real y efectivo del servicio. Esto provocó que el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura se vuelva más visible y enormemente asfixiante para los comercios y las PyMEs”.
El cordobés explicó que “en nuestro país, la estructura tributaria recae sobre impuestos indirectos, la cual en el caso de los servicios se compone, en su esencia, de IVA a nivel nacional, impuesto a los Ingresos Brutos provincial, y tasas municipales generales y específicas. Los impuestos que forman parte de la tarifa final pueden llegar a representar, en los casos de mayor incidencia, más de un tercio de la cifra a pagar y en el caso de los usuarios comerciales y PyMEs estos costos no sólo pueden provocar el cierre de comercios, sino que tienen inevitablemente que ser transferidos a la ciudadanía”.
“Si logramos reducir la carga impositiva que pesa sobre nuestros comercios y producción nacional, estaremos preservando el actual entramado comercial colaborando con la reducción de los niveles de inflación e impulsando la estabilización y el sano desarrollo de nuestra economía. Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa y de los ingresos a las arcas públicas. En cambio, si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura será menor al aumento de la tarifa, provocando un esfuerzo menor por parte de la ciudadanía mientras que el Estado nacional continuará recibiendo los mismos ingresos que está percibiendo en la actualidad”, concluyó el radical.
El proyecto fue acompañado por sus compañeros de bloque Pamela Verasay, Martín Arjol, Mariano Campero y Francisco Monti.
El presidente de la Cámara de Diputados mantuvo un encuentro con Luis Abinader en el que dialogaron para continuar estrechando los lazos comerciales y culturales.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este martes en el Palacio Nacional de la República Dominicana con el presidente de la Nación, Luis Abinader, en dondeconversaron sobre ejes centrales de la agenda de trabajo bilateral. En ese sentido, analizaron los puntos centrales en materia de hidrocarburos, avanzaron en un acuerdo entre Bancos centrales y plantearon nuevas oportunidades en el sector de servicios médicos y equipamientos.
Sobre materia de hidrocarburos, debatieron proyectos de exploración y explotación de áreas petroleras argentinas por parte de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA). Este mecanismo generaría beneficios para ambos países: ingreso de dólares para la Argentina a cambio de suplir la necesidad de petróleo de dominicana, país sin fuentes de energía propias. En este aspecto, resaltaron el encuentro virtual que tendrán mañana las máximas autoridades de YPF y REFIDOMSA para avanzar en los detalles del acuerdo.
Durante el encuentro de trabajo, el presidente de la HCDN y el primer mandatario también dialogaron en materia energética, comercial y de cooperación entre ambos países.
“Me reuní con el presidente Luis Abinader para seguir estrechando los lazos comerciales y culturales que unen a ambas naciones, profundizando el trabajo coordinado entre Argentina y República Dominicana”, escribió en sus redes sociales el titular del Cuerpo de Diputados.
Los comercios minoristas, mayoristas y pymes deberán contar con el pago acreditado en un plazo que definirá el Banco Central. El dictamen surgió de un plenario de comisiones de Diputados con acuerdo entre oficialismo y oposición.
Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminaron este jueves a favor de un proyecto consensuado que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.
Tras escuchar en reuniones informativas a representantes de pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos, el oficialismo avanzó con una redacción unificada en base a proyectos de Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger.
Los bloques de la oposición acompañaron con su firma, y de esa forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual.
Rauschenberger destacó que “los avances tecnológicos se vieron acelerados en la pandemia, y también hay un Banco Central que ha tomado nota de la situación y está dando una respuesta concreta a través del programa Transferencias 3.0”.
En efecto, al inicio de la reunión se dio lectura a una nota enviada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde se refirió al lanzamiento de este programa, que se pondrá en marcha el 7 de diciembre. La nueva normativa impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera, expandiendo el alcance de las transferencias inmediatas.
“Estamos dando respuesta a una gran parte del problema. Las pymes son las más afectadas por esta situación”, planteó Rauschenberger.
A su vez, Ponce sostuvo que “hay que poner la tecnología al servicio de la economía. No es descabellado pensar que así como es posible la transferencia inmediata, no estamos lejos de que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día”.
El dictamen firmado establece “la obligatoriedad para las entidades bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.
Se faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas, y se aclara que la adecuación a la ley “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.
El oficialista Víctor Hugo Romero resaltó que ese artículo le permitirá a la entidad monetaria definir los términos de la inmediatez. “Si había algún tema operativo, el Banco Central terminará definiendo cuántas horas son”, aclaró.
En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) coincidió en que el artículo “cierra la idea y no nos metemos en el tema de una hermosa ley cuyo cumplimiento sea imposible”. De todos modos, propuso que el Banco Central tome como tope los tres días hábiles que actualmente fija la ley, y consideró que un “término razonable” serían 24 horas.
Las compras con tarjetas de débito alcanzaron 72.488 millones de pesos mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).
Las comisiones de Finanzas y de Comercio retomaron el debate de proyectos de rebaja de comisiones para las tarjetas de crédito y acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante.
Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.
En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).
Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.
El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.
Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.
Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.
Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.
“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.
Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.
Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.
Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.
César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.
Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.
El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.
Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.
En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.
Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.
“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.
Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.
Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.
Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.
Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.
“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.
Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.
Asistirán a un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercio, en el marco de una reunión informativa sobre dos proyectos vinculados con las compras con tarjeta.
Representantes de asociaciones de bancos y de cámaras empresarias participarán este miércoles, a partir de las 15, de un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercios de la Cámara de Diputados, presididas por la oficialista Fernanda Vallejos y la radical Gabriela Lena, respectivamente.
La reunión informativa es para analizar el proyecto que propone la acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y otro sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
Participarán del plenario los directores ejecutivos de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), César Bastien; de la Cámara de Emisores de Tarjeta de Crédito No Bancarias (Certacyc) , Norberto Etchegoyen; el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario; y el presidente de la Asociación de Bancos de capitales Argentinos (Adeba), Javier Bolzico.
También estará presente el titular de la Tarjeta Fertil, Guillermo Fortunato; el presidente de la Banca Especializada (ABE), Hugo Flores Lazdin; la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Beatriz Tourn; la gerenta de la Cámara de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes, Alejandra Vanesa Ruiz; y Gabriel Safirsztien, por Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.
En un plenario de comisiones se trataron proyectos sobre acreditación inmediata del monto de la operación para los comerciantes, y rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de dos proyectos de ley sobre acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
La discusión comenzó en las comisiones de Finanzas y de Comercio, presididas por Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR), con la participación de representantes de cámaras comerciales, mientras que la semana próxima asistirán autoridades de cámaras de tarjetas de débito y crédito.
Uno de los proyectos fue presentado por el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos) y promueve la obligatoriedad de la acreditación inmediata, en la cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.
Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora de varios días en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”, dijo.
El diputado precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual. A su vez, informó que “en el último año los bancos han ganado un 182%”.
Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que ven “con muy buenos ojos” la iniciativa de Ponce, “porque al propietario de la tarjeta que realiza su compra, ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones”.
Según Sánchez, esta ley “aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen tanta espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.
Por su parte, Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- también respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.
En el mismo sentido, Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.
Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”.
“No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni, y agregó que la ley es necesaria porque “el costo financiero de las pymes es realmente inaguantable”.
Por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Fabián Tarrio señaló que el proyecto de Ponce “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.
Según datos del Banco Central citados por Tarrio, las operaciones con tarjeta de débito en julio de este año fueron por 76 millones de pesos.
El otro proyecto tratado en el plenario de comisiones pertenece a Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y propone modificaciones a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras cosas para rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.
El autor de la propuesta recordó que en años anteriores “hubo muchos intentos de reformular este marco regulatorio, pero no fueron convertidos en ley”.
Los representantes de cámaras comerciales que participaron de la reunión virtual respaldaron la rebaja de comisiones, pero consideraron que hoy es más urgente la acreditación inmediata del monto, tema que también está contemplado en el proyecto de Rauschenberger.
“Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Rauschenberger sostuvo, sobre este aspecto, que “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.
Son las de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio. Quiénes las presidirán.
En la única actividad programada por el momento para esta semana en el Senado, se constituyeron este lunes las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio.
En primer lugar se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, donde fue electo presidente el sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), mientras que como vicepresidenta quedó la mendocina Pamela Verasay (UCR), y como secretario, Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos).
“Es un alto honor haber sido designado para presidir esta comisión”, expresó Uñac, y adelantó que habrá un trabajo coordinado con las Secretarías de Energía y Minería de la Nación.
A continuación, se constituyó la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que quedó a cargo de la formoseña Teresa González (Frente de Todos), quien será secundada por la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), mientras que el porteño Mariano Recalde (Frente de Todos) fue nombrado secretario.
“Esta es una comisión estratégica y espero que podamos trabajar en equipo”, manifestó González, y adelantó que citarán a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Mario Meoni (Transporte) y María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat) a próximas reuniones.
A su vez, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, destacó que “estamos próximos a la presentación del Presupuesto, donde la inversión pública va a ser importante para la economía de las provincias”.
La tercera comisión en constituirse fue la de Industria y Comercio, que presidirá el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro), mientras que como vicepresidente fue electo el entrerriano Edgardo Kueider y como secretaria, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambos del Frente de Todos.
“Esta comisión está llamada a cumplir un rol importante en el tiempo que se viene. Tenemos el desafío de trabajar todos juntos en la post-pandemia”, dijo Braillard Poccard.
Por el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti pidió el tratamiento -en conjunto con la Comisión de Salud- del proyecto de ley de etiquetado frontal, con el objetivo de que “los argentinos podamos acceder a una alimentación más saludable”.
Mayans resaltó que con las reuniones de este lunes “quedaron constituidas prácticamente todas las comisiones”, y adelantó que esta semana el Senado no sesionará.
Son solo las denuncias formuladas en portal del programa de Precios Máximos. Lo informó la responsable del área, Paula Español, en una reunión de comisión.
La Secretaría de Comercio Interior recibió “más de 2.500 reclamos” por subas de precios durante la pandemia del Covid-19 a través del portal del programa de Precios Máximos, a las que se suman las denuncias realizadas por redes sociales y aquellas que reciben las provincias.
Así lo informó la responsable del área, Paula Español, durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que fue conducida por Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos).
La secretaria de Comercio explicó que “la lógica fundamental es evitar comportamientos especulativos” y “detener el incremento de precios” de manera injustificada.
Español defendió la resolución que creó un listado de Precios Máximos para retrotraer los valores de los productos al 6 de marzo último, y reveló que la Secretaría recibió “más de 2.500 reclamos” en ese sentido.
Sobre las sanciones, mencionó que las clausuras temporarias apuntan a que “no se vendan productos hasta tanto no se hayan hecho las rectificaciones necesarias”, es decir “hasta que los comerciantes no cambien los precios”.
Recordó que el primer caso de abuso comercial en el que la Secretaría de Comercio debió intervenir fue por sobreprecios en alcohol en gel.
En respuesta a una consulta del diputado santafesino José Núñez (Pro), la funcionaria aclaró que las fiscalizaciones comprenden “toda la cadena de valor”, que incluye no sólo los comercios, sino también distribuidores, proveedores y productores.
Asimismo, Español destacó la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo de extender el Programa Ahora 12 por tres meses e incorporar nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, que podrán adquirirse en tres y seis cuotas sin interés.