Fue en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y del Mercosur siendo la última reunión de ambas. El dictamen cosechó 52 firmas.
Un plenario de las comisiones Relaciones Exteriores y del Mercosur de Diputados se reunió este martes de forma breve para debatir y aprobar la enmienda al protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios del Mercosur, cuyo dictamen cosechó 52 firmas.
Al inicio del encuentro, el titular de la Comisión de Mercosur, Eduardo Valdés (UP), explicó que Argentina participó activamente de esta negociación con la intervención de los organismos especializados, especialmente el ENACOM, para asegurar que los compromisos internacionales sean plenamente compatibles con nuestro marco regulatorio interno.
Al pedir la palabra, el titular de la Comisión de RR.EE, Fernando Iglesias (Pro), sostuvo que el proyecto “ratifica el interés del gobierno y del país en mantenerse en los marcos del Mercosur y en los procesos que son de integración regional”.
A su turno, el diputado Ricardo López Murphy se despidió de la comisión y recordó: “Cuando me incorporé a la Comisión de Relaciones Exteriores hace 4 años, un afán que tuve era tratar de resolver todos los acuerdos y tratados que estuvieran, por distintas razones, demorados. Y creo que ese esfuerzo se hizo y a mí me parece que es valioso porque es muy importante que el país no esté trabado en cosas que al final no tienen razón de generar discrepancias”.
Así, celebró esa meta propuesta y destacó: “Se logró obtener esa doble calidad, un debate caldeado y enérgico que forma parte de una sociedad pluralista, pero también una actitud central en la política que las cuestiones exteriores del país no pueden ser subordinadas a las facciones. Y creo que esa síntesis es buena que la Argentina, la que el Congreso de la Nación la lleve adelante”.
En tanto, la diputada de UP Lorena Pokoik reclamó y dejó en evidencia que “hubo un solo grupo parlamentario de amistad que fue ofertado, que estaba dentro de los países y que históricamente había sido constituido en gestiones anteriores en las que yo no era diputada, que es el grupo de amistad parlamentario con Palestina, que nunca hemos logrado que se constituya y se convoque a la Embajada para poder resolverlo”.
Pokoik pidió trabajar en conjunto para que el próximo año se constituya dicho grupo: “No es un invento de quienes nos anotamos, sino que estaba dentro de la oferta de países y de grupos de amistad a constituir y que años anteriores estaban funcionando”.
En tanto, el santafecino Esteban Paulon expresó preocupación por la ausencia futura del presidente, Javier Milei, a la cumbre del Mercosur: “Se ha anunciado recientemente que el presidente no va a asistir. Esta ausencia se suma a la ausencia del presidente de la Cumbre de CELAC hace algunas semanas en Cartagena de Indias. Se suma a la ausencia algunas otras instancias del Mercosur, del compromiso de del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales con el acuerdo Unión Europea Mercosur, el compromiso que ha expresado en esta comisión del trabajo y la inserción que Argentina tiene en ese bloque regional”.
“Creo que sería importante poder hacer, no un llamado de atención, pero sí una marca de preocupación sobre todo porque creo que Argentina hoy está en una actitud vinculada a ampliar sus vínculos comerciales, sus relaciones con otros países, pero esas relaciones con otros países, esos vínculos comerciales que se abren, tienen que preservar y cuidar también nuestro vínculo con nuestros vecinos, que casualmente incluyen al segundo socio comercial de Argentina, que es Brasil”, planteó.
Paulon bregó para que “se pueda encaminar una participación mucho más vigorosa, más activa y más integrada a nuestros socios regionales que, a mi parecer y según mi visión, no tengo dudas, son quienes nos van a garantizar una mejor inserción y diálogo con los otros espacios del mundo con quienes queremos dialogar y comerciar”.
Por último, la diputada Marcela Campagnoli (CC) pidió a los diputados que participen de las invitaciones de las Embajadas: “Cuando voy a los eventos de los días nacionales de las distintas Embajadas que nos invitan, no veo a ningún diputado. Y creo que es importante, ya que yo ya no voy a estar más, de que podamos ejercitar ese vínculo con las embajadas. Para ellos es importantísimo cuando vos le decís a un embajador que perteneces a tal comisión. Es importante que como diputados que también ejerzamos esa posibilidad de establecer vínculos con los países amigos a través de sus embajadores”.
Desde el espacio alertaron que el acuerdo “afecta la industria nacional y debilita los sectores de la región centro”, y exhortaron al Gobierno Nacional a revisar este entendimiento.
Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara un acuerdo comercial bilateral con Argentina el jueves de la semana pasada, diputados socialistas expresaron una profunda preocupación y pidieron al Gobierno nacional a que todo tipo de acuerdo internacional pase por el Congreso de la Nación.
Desde el espacio, señalaron que el texto difundido por la Casa Blanca “refleja asimetrías evidentes y compromisos unilaterales por parte de nuestro país, otorgando acceso preferencial a productos estadounidenses en sectores sensibles –industria farmacéutica, química, maquinaria, tecnología, automotriz y agroindustria- sin recibir beneficios equivalentes”.
“El acuerdo afecta a la industria nacional, debilita sectores estratégicos de la región centro y se consolida un modelo de inserción internacional primarizado y dependiente, centrado en exportar materias primas a cambio de importar bienes de alto valor agregado”, alertaron.
El Partido Socialista advirtió que “rumbo responde más a alineamientos ideológicos externos que no representan una política de Estado, sino expresan afinidades personales de los presidentes Trump y Milei”, y denunciaron que “no hay en ello una evaluación real de los intereses argentinos y se comprometerán inversiones estratégicas y la soberanía regulatoria del país”.
“Reclamamos que todo acuerdo internacional sea público, remitido al Congreso de la Nación y debatido con transparencia, acompañando estudios de impacto productivo, laboral y ambiental”, plantearon.
En ese sentido, reafirmaron que “la integración internacional debe promover trabajo argentino, industria nacional y desarrollo sostenible, no dependencia ni pérdida de capacidades productivas”, al tiempo que exhortaron al Gobierno Nacional a revisar este entendimiento y a priorizar los intereses permanentes de la Nación por encima de cualquier alineamiento coyuntural.
Desde el @ps_argentina expresamos nuestra preocupación por el acuerdo Trump-Milei y sus consecuencias para la soberanía y la actividad económica de nuestro país. https://t.co/uwVQIFCGUP
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 16, 2025
Cámaras empresariales y sindicales estuvieron presentes en una reunión informativa de la Comisión de Industria y Comercio del Senado donde abordaron el tema “la industria metalúrgica en tiempos de crisis, retos para una mayor competitividad".
La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador Marcelo Lewandowski (Frente Nacional y Popular), realizó este miércoles una reunión informativa en el salón Arturo Illia, donde recibió a representantes de la industria metalúrgica con el objetivo de abordar y debatir sobre: "La industria metalúrgica en tiempos de crisis. Retos para una mayor competitividad".
Al inicio del encuentro, Lewandowski manifestó que, además de trabajar en el tratamiento de proyectos, la comisión puede actuar "como una caja de resonancia para los distintos sectores de la actividad industrial y comercial del país, permitiendo que compartan sus problemas y necesidades".
En este sentido, fueron invitados diversos representantes de cámaras empresariales y entidades sindicales, como Elio Del Re, presidente de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), quien explicó que "la asociación está integrada por 60 cámaras que representan a más de 20.000 empresas distribuidas en todo el territorio nacional, las cuales generan más de 300.000 empleos directos y cerca de un millón de puestos de trabajo vinculados. Además, destacó que “el sector metalúrgico aporta aproximadamente el 25% del producto bruto industrial y exporta a más de 150 países", y resaltó también la presencia del sector en las economías regionales.
Luego, el presidente de la Comisión de Política Industrial de ADIMRA, José Tamborenea, expuso sobre la realidad del sector e indicó que, en los últimos dos años, la industria metalúrgica “retrocedió un 28%, y actualmente se encuentra al 18% de su productividad en comparación con su pico histórico en 2023”.
También mencionó la “escasa recuperación durante 2024 y el primer trimestre de 2025”, que luego se perdió. Tamborenea explicó cómo "las importaciones han absorbido la producción local", y detalló los esfuerzos del sector para mantener los puestos de trabajo.
Por su parte, Luciana Mengo, vicepresidenta de CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola), coincidió en que los problemas y necesidades son transversales a toda la industria metalúrgica. Además, advirtió que la entrada de importaciones y maquinaria agrícola usada afecta negativamente la productividad y la generación de empleo en las empresas del sector.
En cuanto al rol del Poder Legislativo, Mengo señaló que sería deseable que “los niveles de competitividad en materia fiscal y legal sean iguales para todos, para que las empresas puedan competir bajo las mismas reglas".
El secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán, valoró la existencia de estos espacios de diálogo: "Siempre es positivo generar ámbitos para pensar y buscar soluciones que permitan un país más justo y equitativo".
Recordó su experiencia durante la crisis de 2001, cuando, siendo un empleado de fábrica, vio cómo muchos compañeros perdían sus trabajos y muchas pymes cerraban, aprendiendo que las crisis destruyen proyectos, aunque representen a intereses diferentes. También expresó su preocupación por la apertura económica del país, que "va en contra de lo que ocurre en el mundo", y mencionó que, "cada vez más empresarios deben viajar a China para reconvertirse en importadores, lo cual implica pérdida de empleos". Asimismo, advirtió que se está dando lugar a "un modelo de país que privilegia al sector financiero sobre el trabajo y la producción". Finalmente, apoyó la industrialización como un modelo de desarrollo sostenido.
También disertaron: Jorge Scian, presidente de la comisión de Energía de ADIMRA; Mariano Güizzo, presidente de la comisión de Minería de ADIMRA; Julieta Loustou, licenciada en Economía e integrante del equipo técnico de la UOM y Soledad Calle, secretaria adjunta de CSIRA (Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina).
Ante los altos costos de las tarifas, el cordobés Luis Picat destacó la quita de subsidios pero advirtió por el impacto “enormemente asfixiante” para el entramado comercial.
El diputado nacional Luis Picat (UCR-Córdoba), junto a sus pares, presentó un proyecto de resolución por el cual solicita que el Gobierno nacional reduzca en un 25% la alícuota del IVA en los servicios de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor, a los fines de disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan en su factura los comercios y las PyMEs.
“En un contexto de atraso tarifario el Poder Ejecutivo Nacional tomó la correcta decisión de desarmar la estructura de subsidios relacionados con servicios como la energía eléctrica, el gas o el agua corriente con un importante impacto fiscal positivo”, ponderó el legislador, pero señaló que “esta disposición trajo como correlato natural una suba importante del valor de las facturas, al transferirse el costo económico real y efectivo del servicio. Esto provocó que el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura se vuelva más visible y enormemente asfixiante para los comercios y las PyMEs”.
El cordobés explicó que “en nuestro país, la estructura tributaria recae sobre impuestos indirectos, la cual en el caso de los servicios se compone, en su esencia, de IVA a nivel nacional, impuesto a los Ingresos Brutos provincial, y tasas municipales generales y específicas. Los impuestos que forman parte de la tarifa final pueden llegar a representar, en los casos de mayor incidencia, más de un tercio de la cifra a pagar y en el caso de los usuarios comerciales y PyMEs estos costos no sólo pueden provocar el cierre de comercios, sino que tienen inevitablemente que ser transferidos a la ciudadanía”.
“Si logramos reducir la carga impositiva que pesa sobre nuestros comercios y producción nacional, estaremos preservando el actual entramado comercial colaborando con la reducción de los niveles de inflación e impulsando la estabilización y el sano desarrollo de nuestra economía. Si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa y de los ingresos a las arcas públicas. En cambio, si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura será menor al aumento de la tarifa, provocando un esfuerzo menor por parte de la ciudadanía mientras que el Estado nacional continuará recibiendo los mismos ingresos que está percibiendo en la actualidad”, concluyó el radical.
El proyecto fue acompañado por sus compañeros de bloque Pamela Verasay, Martín Arjol, Mariano Campero y Francisco Monti.
El presidente de la Cámara de Diputados mantuvo un encuentro con Luis Abinader en el que dialogaron para continuar estrechando los lazos comerciales y culturales.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este martes en el Palacio Nacional de la República Dominicana con el presidente de la Nación, Luis Abinader, en dondeconversaron sobre ejes centrales de la agenda de trabajo bilateral. En ese sentido, analizaron los puntos centrales en materia de hidrocarburos, avanzaron en un acuerdo entre Bancos centrales y plantearon nuevas oportunidades en el sector de servicios médicos y equipamientos.
Sobre materia de hidrocarburos, debatieron proyectos de exploración y explotación de áreas petroleras argentinas por parte de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA). Este mecanismo generaría beneficios para ambos países: ingreso de dólares para la Argentina a cambio de suplir la necesidad de petróleo de dominicana, país sin fuentes de energía propias. En este aspecto, resaltaron el encuentro virtual que tendrán mañana las máximas autoridades de YPF y REFIDOMSA para avanzar en los detalles del acuerdo.
Durante el encuentro de trabajo, el presidente de la HCDN y el primer mandatario también dialogaron en materia energética, comercial y de cooperación entre ambos países.
“Me reuní con el presidente Luis Abinader para seguir estrechando los lazos comerciales y culturales que unen a ambas naciones, profundizando el trabajo coordinado entre Argentina y República Dominicana”, escribió en sus redes sociales el titular del Cuerpo de Diputados.
Los comercios minoristas, mayoristas y pymes deberán contar con el pago acreditado en un plazo que definirá el Banco Central. El dictamen surgió de un plenario de comisiones de Diputados con acuerdo entre oficialismo y oposición.
Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados dictaminaron este jueves a favor de un proyecto consensuado que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.
Tras escuchar en reuniones informativas a representantes de pequeñas y medianas empresas, comercios, tarjetas de crédito y bancos, el oficialismo avanzó con una redacción unificada en base a proyectos de Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger.
Los bloques de la oposición acompañaron con su firma, y de esa forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual.
Rauschenberger destacó que “los avances tecnológicos se vieron acelerados en la pandemia, y también hay un Banco Central que ha tomado nota de la situación y está dando una respuesta concreta a través del programa Transferencias 3.0”.
En efecto, al inicio de la reunión se dio lectura a una nota enviada por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, donde se refirió al lanzamiento de este programa, que se pondrá en marcha el 7 de diciembre. La nueva normativa impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera, expandiendo el alcance de las transferencias inmediatas.
“Estamos dando respuesta a una gran parte del problema. Las pymes son las más afectadas por esta situación”, planteó Rauschenberger.
A su vez, Ponce sostuvo que “hay que poner la tecnología al servicio de la economía. No es descabellado pensar que así como es posible la transferencia inmediata, no estamos lejos de que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día”.
El dictamen firmado establece “la obligatoriedad para las entidades bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.
Se faculta al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas, y se aclara que la adecuación a la ley “no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.
El oficialista Víctor Hugo Romero resaltó que ese artículo le permitirá a la entidad monetaria definir los términos de la inmediatez. “Si había algún tema operativo, el Banco Central terminará definiendo cuántas horas son”, aclaró.
En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) coincidió en que el artículo “cierra la idea y no nos metemos en el tema de una hermosa ley cuyo cumplimiento sea imposible”. De todos modos, propuso que el Banco Central tome como tope los tres días hábiles que actualmente fija la ley, y consideró que un “término razonable” serían 24 horas.
Las compras con tarjetas de débito alcanzaron 72.488 millones de pesos mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas, según datos de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).
Dictamen-unificado-tarjetasLas comisiones de Finanzas y de Comercio retomaron el debate de proyectos de rebaja de comisiones para las tarjetas de crédito y acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante.
Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.
En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).
Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.
El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.
Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.
Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.
Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.
“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.
Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.
Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.
Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.
César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.
Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.
El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.
Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.
En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.
Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.
“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.
Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.
Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.
Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.
Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.
“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.
Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.
Asistirán a un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercio, en el marco de una reunión informativa sobre dos proyectos vinculados con las compras con tarjeta.
Representantes de asociaciones de bancos y de cámaras empresarias participarán este miércoles, a partir de las 15, de un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercios de la Cámara de Diputados, presididas por la oficialista Fernanda Vallejos y la radical Gabriela Lena, respectivamente.
La reunión informativa es para analizar el proyecto que propone la acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y otro sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
Participarán del plenario los directores ejecutivos de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), César Bastien; de la Cámara de Emisores de Tarjeta de Crédito No Bancarias (Certacyc) , Norberto Etchegoyen; el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario; y el presidente de la Asociación de Bancos de capitales Argentinos (Adeba), Javier Bolzico.
También estará presente el titular de la Tarjeta Fertil, Guillermo Fortunato; el presidente de la Banca Especializada (ABE), Hugo Flores Lazdin; la presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco, Beatriz Tourn; la gerenta de la Cámara de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes, Alejandra Vanesa Ruiz; y Gabriel Safirsztien, por Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino.
En un plenario de comisiones se trataron proyectos sobre acreditación inmediata del monto de la operación para los comerciantes, y rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento de dos proyectos de ley sobre acreditación inmediata, para los comerciantes, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito, y sobre la rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas.
La discusión comenzó en las comisiones de Finanzas y de Comercio, presididas por Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y Gabriela Lena (UCR), con la participación de representantes de cámaras comerciales, mientras que la semana próxima asistirán autoridades de cámaras de tarjetas de débito y crédito.
Uno de los proyectos fue presentado por el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos) y promueve la obligatoriedad de la acreditación inmediata, en la cuenta del comerciante, del monto de las operaciones realizadas con tarjeta de débito en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro.
Ponce destacó que “más de 250 cámaras” enviaron su adhesión a la iniciativa y comentó las complicaciones de comerciantes por la demora de varios días en acceder al dinero de la compra. “Entre que se produce el débito y le llega al comerciante, hay un jugador externo que se queda con ese dinero durante todo ese tiempo”, dijo.
El diputado precisó que según la última encuesta del INDEC, el uso de tarjetas de crédito creció en forma interanual un 32%, y en los comercios de cercanía el incremento fue del 54% interanual. A su vez, informó que “en el último año los bancos han ganado un 182%”.
Darío Sánchez, secretario de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes (San Luis), dijo que ven “con muy buenos ojos” la iniciativa de Ponce, “porque al propietario de la tarjeta que realiza su compra, ese débito se le realiza en forma inmediata, y el comerciante debería estar en las mismas condiciones”.
Según Sánchez, esta ley “aliviaría mucho la situación de pymes y comercios chicos que no tienen tanta espalda financiera para soportar el tiempo que tardan en recibir el dinero de la compra”, por lo cual la reforma “ayudaría mucho en tener la liquidez de ese dinero”.
Por su parte, Guillermo Siro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires -que nuclea a 67.000 pymes y 270 cámaras- también respaldó el proyecto de Ponce ya que “al margen de los argumentos especulativos que aplican los bancos”, la inmediatez en la acreditación del dinero “es lo que corresponde”.
En el mismo sentido, Fernando Savore, presidente de la Confederación General Almacenera, -que reúne 60.000 comercios- coincidió en que “la acreditación inmediata sería una ayuda muy buena” y resaltó la continuidad de comercios a pesar de las dificultades que planteó la pandemia.
Gabriel Bornoroni, de la Confederación de Entidades de Comercio, Hidrocarburos y Afines, denunció un “comportamiento abusivo y dramático” ya que “no está expresado en ningún contrato o documento cuál es la justificación de tal demora”.
“No es plata de los bancos; es plata de los consumidores, por eso automáticamente se le tiene que acreditar al comercio”, sostuvo Bornoroni, y agregó que la ley es necesaria porque “el costo financiero de las pymes es realmente inaguantable”.
Por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Fabián Tarrio señaló que el proyecto de Ponce “se ajusta a la realidad” y debería ser ley “lo más rápido posible” por una razón de “absoluta justicia”.
Según datos del Banco Central citados por Tarrio, las operaciones con tarjeta de débito en julio de este año fueron por 76 millones de pesos.
El otro proyecto tratado en el plenario de comisiones pertenece a Ariel Rauschenberger (Frente de Todos) y propone modificaciones a la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, entre otras cosas para rebajar las comisiones de las tarjetas de crédito del 3% al 1,5%; y del 1,5% al 0,5% en el caso de las de débito.
El autor de la propuesta recordó que en años anteriores “hubo muchos intentos de reformular este marco regulatorio, pero no fueron convertidos en ley”.
Los representantes de cámaras comerciales que participaron de la reunión virtual respaldaron la rebaja de comisiones, pero consideraron que hoy es más urgente la acreditación inmediata del monto, tema que también está contemplado en el proyecto de Rauschenberger.
“Es necesaria una reformulación (de las comisiones), pero no en este momento. Hay urgencias que obligan a no dilatar más la retención de fondos, que son miles de millones de pesos por mes”, resumió Edgardo Phielipp, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
Rauschenberger sostuvo, sobre este aspecto, que “el desfasaje que se genera entre el momento de la venta y el de la liquidación genera un costo financiero que era muy fuerte y lo sigue siendo hoy a pesar de que el Gobierno bajó las tasas de intereses”.
Son las de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio. Quiénes las presidirán.
En la única actividad programada por el momento para esta semana en el Senado, se constituyeron este lunes las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte; e Industria y Comercio.
En primer lugar se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, donde fue electo presidente el sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), mientras que como vicepresidenta quedó la mendocina Pamela Verasay (UCR), y como secretario, Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos).
“Es un alto honor haber sido designado para presidir esta comisión”, expresó Uñac, y adelantó que habrá un trabajo coordinado con las Secretarías de Energía y Minería de la Nación.
A continuación, se constituyó la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que quedó a cargo de la formoseña Teresa González (Frente de Todos), quien será secundada por la riojana Clara Vega (Interbloque Federal), mientras que el porteño Mariano Recalde (Frente de Todos) fue nombrado secretario.
“Esta es una comisión estratégica y espero que podamos trabajar en equipo”, manifestó González, y adelantó que citarán a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Mario Meoni (Transporte) y María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat) a próximas reuniones.
A su vez, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, destacó que “estamos próximos a la presentación del Presupuesto, donde la inversión pública va a ser importante para la economía de las provincias”.
La tercera comisión en constituirse fue la de Industria y Comercio, que presidirá el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro), mientras que como vicepresidente fue electo el entrerriano Edgardo Kueider y como secretaria, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambos del Frente de Todos.
“Esta comisión está llamada a cumplir un rol importante en el tiempo que se viene. Tenemos el desafío de trabajar todos juntos en la post-pandemia”, dijo Braillard Poccard.
Por el oficialismo, Anabel Fernández Sagasti pidió el tratamiento -en conjunto con la Comisión de Salud- del proyecto de ley de etiquetado frontal, con el objetivo de que “los argentinos podamos acceder a una alimentación más saludable”.
Mayans resaltó que con las reuniones de este lunes “quedaron constituidas prácticamente todas las comisiones”, y adelantó que esta semana el Senado no sesionará.
Son solo las denuncias formuladas en portal del programa de Precios Máximos. Lo informó la responsable del área, Paula Español, en una reunión de comisión.
La Secretaría de Comercio Interior recibió “más de 2.500 reclamos” por subas de precios durante la pandemia del Covid-19 a través del portal del programa de Precios Máximos, a las que se suman las denuncias realizadas por redes sociales y aquellas que reciben las provincias.
Así lo informó la responsable del área, Paula Español, durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que fue conducida por Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos).
La secretaria de Comercio explicó que “la lógica fundamental es evitar comportamientos especulativos” y “detener el incremento de precios” de manera injustificada.
Español defendió la resolución que creó un listado de Precios Máximos para retrotraer los valores de los productos al 6 de marzo último, y reveló que la Secretaría recibió “más de 2.500 reclamos” en ese sentido.
Sobre las sanciones, mencionó que las clausuras temporarias apuntan a que “no se vendan productos hasta tanto no se hayan hecho las rectificaciones necesarias”, es decir “hasta que los comerciantes no cambien los precios”.
Recordó que el primer caso de abuso comercial en el que la Secretaría de Comercio debió intervenir fue por sobreprecios en alcohol en gel.
En respuesta a una consulta del diputado santafesino José Núñez (Pro), la funcionaria aclaró que las fiscalizaciones comprenden “toda la cadena de valor”, que incluye no sólo los comercios, sino también distribuidores, proveedores y productores.
Asimismo, Español destacó la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo de extender el Programa Ahora 12 por tres meses e incorporar nuevos rubros como alimentos, bebidas, insumos médicos y medicamentos, que podrán adquirirse en tres y seis cuotas sin interés.