El proyecto recibió 232 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones. Faculta al Banco Central a fijar el plazo para la acreditación, que suele demorar más de 24 horas.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado en la sesión de este miércoles un proyecto de ley que establece la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas de débito en los comercios minoristas, mayoristas y pymes.
La votación resultó con 232 adhesiones, cuatro rechazos -de los diputados del Pro Luciano Laspina, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo y Dina Rezinovsky- y tres abstenciones, de Omar De Marchi (Pro), Francisco Sánchez (Pro) y Aída Ayala (UCR).
La iniciativa, que conjugó propuestas de los oficialistas Ariel Rauschenberger y Carlos Ponce, modifica los artículos 2 y 15 de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito.
El texto dispone “la obligatoriedad para las entidades bancarias y no bancarias de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con tarjeta de débito y tarjetas prepagas en la cuenta del receptor cuando se trate de comercios minoristas o mayoristas de cualquier rubro”.
El dictamen que se había firmado en las comisiones de Finanzas y de Comercio solo refería a las tarjetas de débito, pero en la sesión se agregaron también las prepagas.
En el recinto también se dispuso una excepción, entre los comercios alcanzados, a “aquellos que estén vinculados o controlados por otras empresas o grupos económicos que no revistan la condición de mipymes”.
El proyecto faculta al Banco Central a “establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas”, y aclara que “la adecuación a la que refiere el no deberá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones”.
Por último, se indica que la ley será de orden público, a aplicar en todo el país, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
“Un volumen muy significativo de estas operaciones se realiza con estos medios de pago, donde el plazo, que va de 48 horas a varios días hasta que el monto es acreditado en la cuenta del receptor, implica una dificultad no menor para esos comercios por la imposibilidad de contar con la masa de dinero involucrada en esas operaciones”, explicó Fernanda Vallejos.
La presidenta de la Comisión de Finanzas destacó que “estamos aportando un elemento para apoyar a este sector de la economía que viene sufriendo las consecuencias de la crisis económica, y en el último año el agravamiento de esa crisis por la pandemia”.
Vallejos señaló que se busca “favorecer una mayor y mejor inclusión financiera” y en ese sentido mencionó el sistema de pagos digitales “Transferencias 3.0” que lanzó el Banco Central y que se pondrá en marcha el 7 de diciembre.
“Este es un beneficio que va a tener repercusión sobre el conjunto de la economía en la medida en que el reemplazo del efectivo por otros medios de pago, como las tarjetas, contribuye a limitar la informalidad en las operaciones y la evasión fiscal”, indicó la oficialista.
La titular de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR), advirtió que la demora en la acreditación de las ventas con tarjeta de débito genera a su vez un retraso en el pago a proveedores.
También informó que “se ha incrementado casi un 32% el uso de débito en lo que va del aislamiento”.
El puntano Ponce, autor de uno de los proyectos unificados, indicó que “se cree que de la misma manera que se le debita al cliente, se le acredita al comerciante, pero no es así: tarda entre cuatro y seis días en acreditarse esa compra, y en ese tiempo el sistema financiero se queda con ese dinero, y mientras tanto el comerciante debe pagar a proveedores y pagar impuestos”.
“Este proyecto viene a corregir una situación injusta, desigual, que no solo afecta a comercios y pymes sino a la economía de cada rincón del país”, afirmó.
Rauschenberger, quien presentó la otra iniciativa, destacó que la ley traerá “un alivio a los comercios y contribuirá a la inclusión financiera y a la formalización de la economía, generando un efecto positivo en la recaudación”.
Además, el pampeano pidió seguir trabajando en el tema, para reducir nuevamente las comisiones que los comercios les pagan a las tarjetas de crédito y débito.
Por su parte, Alejandro “Topo” Rodríguez lanzó un mensaje a “la banca privada extranjera”: “No se les ocurra inventar vericuetos y dejar de colaborar para que se haga efectiva esta ley, si la aprueba el Senado. No corresponde que nadie haga nada en contra, y por supuesto desde el Congreso los vamos a estar mirando”.
En tanto, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) resaltó que “nunca se pudo llegar al recinto de la Cámara de Diputados a tratar un tema que tocaba tantos intereses. Es la primera vez que estamos por dar una media sanción en ese sentido y esto habla bien de la política”.
Es una alternativa para paliar las consecuencias de la crisis económica desencadenada por la pandemia.
Desde el Congreso de la Nación buscan avanzar en un programa de acompañamiento e inserción digital de comercios y Pymes, en pos de la reactivación de las ventas, en el marco de la crisis económica producto de la pandemia Covid-19.
Esta iniciativa apunta a los comercios y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del país que no posean dominio inscripto en la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet, y apunta a la transición digital, principalmente a aquellos comercios que por una cuestión de costos o limitaciones técnicas, no pueden insertarse en el mundo digital.
Se trata de una iniciativa de la diputada radical de JxC Josefina Mendoza, que cuenta con el acompañamiento de sus pares Austin Brenda, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Ximena García, Claudia Najul, Dina Rezinovsky, Dolores Martínez, Fabio Quetglas, Hernán Berisso, Juan Aicega, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate, Carlos Fernández, José Núñez, Gabriela Lena, Gabriela Burgos, Soledad Carrizo y Camila Crescimbeni, entre otros.
El proyecto fomenta la digitalización ayudando a las empresas a registrar su dominio, generar su página y registrar su marca de forma gratuita. Además, crea un programa de voluntariado, tendiente a ser articulado con universidades y que a su vez este sirva en cierta medida de práctica profesionalizante, y contiene también beneficios fiscales para ayudar al proceso de transición digital, principalmente para los comercios que no cuentan con estas herramientas.
“Esta iniciativa fomenta la creación de trabajo formal, creando incentivos fiscales, para aquellos que actualmente comercializan online pero no están registrados bajo ninguna categoría, como muchos emprendedores que venden por Facebook o Instagram, ellos ya están en el comercio electrónico pero la idea es incluirlos al mercado formal”, apuntó Mendoza.
Además, la legisladora pidió al Gobierno nacional que otorgue el beneficio del 100% del pago del monotributo, durante el lapso de tres meses, para aquellas personas que realizan ventas online a través de las redes sociales y aún no están inscriptas en el régimen de monotributistas de la AFIP, para que formen parte de la economía formal del país. Vale resaltar, que el comercio electrónico con respecto al año pasado creció más del 60%, en abril llegó a ser del 84%.
“La idea principal de este proyecto es que no se queden atrás aquellos que, por falta de recursos o estructura, no pueden insertarse en este tipo de comercio. Acompañar e incluir en este tipo de cosas que llegaron para quedarse”, remarcó Mendoza.
Lo solicita un proyecto de declaración impulsado por la diputada del FdT María Rosa Muiños y que fue aprobado por la Legislatura porteña durante la sesión ordinaria de este jueves.
Por iniciativa de la legisladora María Rosa Muiños (FdT), la Legislatura de la Ciudad sancionó en la sesión de este jueves una declaración a través de la cual insta al Poder Ejecutivo local a incluir dentro de los protocolos de prevención y manejo de casos de Covid 19, la obligación del público de higienizar sus manos con alcohol en gel u otro sanitizante antes de ingresar a los locales comerciales.
Al respecto de la medida, la peronista explicó que “frente a la inminente reapertura gradual de actividades en la Ciudad, buscamos colaborar con la disminución de los riesgos de contagio, por lo cual proponemos sumar a los protocolos de prevención esta medida que alcanza a proveedores, clientes y demás personas ajenas al establecimiento al que deseen ingresar”.
También detalló que “el Protocolo para el Funcionamiento del Comercio Minorista para prevención y manejo de casos de Covid 19 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad establece entre sus medidas el deber de los comerciantes de colocar alcohol en gel y sanitizantes a disposición del público en los accesos a los locales, pero no ha establecido el deber de uso de esos elementos como condición para el ingreso a los mismos”.
“Todos y todas sabemos que el hecho de entrar en contacto con la mercadería y las instalaciones de los comercios incrementa el riesgo de propagar el virus, especialmente en casos de portadores asintomáticos. Por eso, consideramos apropiado que toda persona que ingrese a los locales tenga la obligación de higienizar sus manos con alcohol en gel u otro sanitizante”, concluyó.
El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Legislación General, donde Juntos por el Cambio reclamó una ley de asistencia a comerciantes.
Un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de los alquileres con fines comerciales obtuvo dictamen favorable este lunes en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, tras un fuerte debate donde volvió a asomar la grieta.
La iniciativa fue presentada por la presidenta de la comisión, Cecilia Moreau (Frente de Todos) y solicita informes a la AFIP sobre diversas cuestiones relacionadas al ROI (Registro de Operaciones Inmobiliarias) en el contexto de la pandemia.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, el diputado Luis Petri (UCR) planteó la necesidad de avanzar con una ley que alivie la carga impositiva “ya que la situación de los comercios en Argentina es prácticamente asfixiante y terminal”.
“Yo no me puedo plantar frente a un comerciante y decirle que lo único que ha hecho el Congreso ha sido un pedido de informes, porque nos quedamos cortos”, reprochó, y advirtió que “hay muchos comercios que bajan la persiana y no sabemos si podrán volver a abrir sus puertas”.
Petri sostuvo que “según datos de las cámaras de comercio, la rescisión de los contratos en CABA ronda el 22% en junio y la morosidad el 15%. La situación es por demás alarmante”.
“Más allá de acompañar, creemos que es imprescindible que rápidamente demos una solución para los inquilinos a locales comerciales”, insistió el mendocino, y en el mismo sentido Roxana Reyes (UCR) consideró que “un pedido de informes a cien días de la pandemia es, al menos, extemporáneo”.
En nombre del oficialismo, la jujeña Carolina Moisés destacó la reciente sanción de la Ley de Alquileres, que era “una cuenta pendiente”, y recordó además el decreto que congeló los precios de los alquileres.
“Está bueno que en Juntos por el Cambio se preocupen tanto por cómo mantener abiertos los comercios, porque hasta el 10 de diciembre hicieron todo para que los argentinos vivieran peor de lo que estaban”, ironizó Moisés.
Jorge Enriquez (Pro) recogió el guante y, tras reclamarle al Frente de Todos que “deje de mirar al pasado”, denunció que “a la gran mayoría de los trabajadores no les llegó el ATP”. “Lo sufro en carne propia porque le pasa a los trabajadores de mi estudio”, reveló.
El legislador advirtió que “el único esfuerzo que hace el Gobierno es imprimir billetes; el verdadero esfuerzo lo hacemos todos con nuestros impuestos. No es la concesión graciosa de un gobierno”.
Intervino entonces la oficialista Gabriela Cerruti, quien salió al cruce de Petri: “Decir sin pudor ni vergüenza que en estos meses no se tomó ninguna medida y que lo único que se hace es presentar un pedido de informes es mentir”.
Cerruti se preguntó: “¿Qué medida tomó el jefe de Gobierno frente al cierre de los comercios? ¿Les bajó el ABL? ¿Les hizo algún préstamo? No hay ni un crédito del Banco Ciudad para los comercios”.
Además, recordó que el pasado 11 de junio, los senadores de Juntos por el Cambio no votaron en el Senado la Ley de Alquileres. “¿Con qué cara vienen a hablar de los alquileres?”, cuestionó.
El pedido de informes aprobado en la comisión solicita detalles a la AFIP sobre la cantidad de locaciones comerciales registradas en todo el país, diferenciadas por jurisdicción, y el monto promedio de las mismas.
También se consulta sobre la cantidad de locaciones comerciales registradas cuyos contratos hayan finalizado desde el mes de marzo hasta la fecha; y las locaciones comerciales cuyos contratos tengan fecha de finalización desde la fecha hasta el 30 de septiembre.
En otro orden, la comisión dictaminó un pedido de informes -unificado entre proyectos de Karina Banfi, Carla Piccolomini y Fernando Iglesias- sobre el decreto 338/20 y el funcionamiento del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
