La agenda se alzó con una mayoría de ocho votos. El bloque oficialista no acompañó el mismo tras denunciar "falta de transparencia", una "mala interpretación del reglamento" y un "tratamiento exprés poco creíble". Por otro lado, fijaron una fecha para convocar a organizaciones y defensores.
Con un clima caliente y picantes discusiones, se llevó a cabo la cuarta reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la diputada Natalia Sarapura (UCR), en la cual se logró aprobar por mayoría un cronograma de trabajo de cara a la designación de un nuevo Defensor, cargo acéfalo tras la salida de Marisa Graham.
“Este procedimiento se encuentra definido en la Ley 26.061 y en la resolución 14 del Reglamento interno que la comisión ya discutió”, aclaró Sarapura y destacó que el cronograma es “con las mayores expresiones de consenso y preocupación porque hay que garantizar que el concurso sea aplicado con la mayor eficiencia y con el ajuste al reglamento”.
Sarapura afirmó: “Hemos construido procesos de acuerdo, de análisis, y de aplicación del Reglamento en una vocación colectiva que supere las cuestiones partidarias, y ponga sobre la mesa la realización de un concurso que sea ajustado al Reglamento y a la necesidad de tener, de la manera más eficiente y rápida, un defensor en el marco de la Ley 26.061”. El cronograma que se aprobó por mayoría establece:
El artículo del reglamento que desató el debate acalorado
Por las fechas para la publicación del listado de admitidos y no admitidos del 4/07 y 5/7, el diputado libertario Nicolás Mayoraz hizo una observación: “4 de julio es jueves, por lo que la recepción debería ser el 8 de julio, no el 7 porque no es 4 y 5, es 4 y 7 de julio”. El santafecino hizo hincapié en que debían ser dos días hábiles y planteó que la recepción de impugnaciones debería ser del 8 al 22 de julio”. La presidenta de la comisión le aclaró que el Reglamento en el artículo 7 establece dentro de los dos días hábiles posteriores. “Proponemos hacerlo el 4”, retrucó.
Mayoraz redobló la apuesta y remarcó que “el Reglamento dice que se hace dentro de los dos días, esto quiere decir que no hay un plazo de gracia. El día 7 termina ese día, usted no puede reducir los plazos, esa opción es del interesado no de la comisión”.
La diputada radical procedió a leer textual el artículo 7: “Listado de postulantes y publicación dentro de los dos días posteriores al cierre de la inscripción. La Comisión Bicameral deberá confeccionar la lista de postulantes admitidos y no admitidos, dejando debida constancia de los motivos de la exclusión. Este plazo puede ser prorrogado por única vez por el mismo término cuando las razones debidamente fundadas lo requieren. El historial de los postulantes admitidos junto con sus reseñas personales resumidas, tal como figura en el formulario de inscripción, debe ser publicado en el sitio web de ambas cámaras del congreso se refiere a dos días”.
Lejos de conformarse, Mayoraz volvió a plantear: “De ser publicados dos días. Estamos hablando de la publicidad. La publicidad es un acto fundamental, es decir, saber quién fue admitido y quién no fue admitido no puede ser un solo día de publicación, debe ser dos días de publicación”.
En ese momento, se metió en la discusión la senadora Stefanía Cora (Unidad Ciudadana) y remarcó: “Este trabajo es el esfuerzo de distintos asesores de legisladores de distintos partidos políticos que fueron y fuimos construyendo un consenso y un acuerdo apegado, siempre, al Reglamento que es nuestra principal responsabilidad”.
“Me parece que eso es importante dejarlo en claro para poder avanzar, porque todas las opiniones son claramente válidas en esta Bicameral, pero entiendo que lo que acá se presentó es resultado de un consenso y de un trabajo de todas las fuerzas que tenemos voluntad de que más temprano que tarde tengamos un defensor nombrado por el proceso que ordena sujeto a reglamento esta Bicameral”, expresó.
El diputado libertario continuó con su postura sobre la fecha y explicó: “Los plazos son siempre hábiles, la regla es plazo hábil, la excepción es plazo corrido. Si no dice nada es plazo hábil. El plazo siempre es hábil. Acá se aplica el derecho administrativo, no se aplica cualquier cosa. En el derecho administrativo los plazos siempre se computan en días hábiles. Entonces esto de que si no dice que es hábil y yo puedo hacer otra cosa, no. Siempre que el Reglamento no dice ‘hábil’ se considera que es hábil”.
“Le reafirmo que lo que dice este artículo es dentro de los dos días, o sea estipula la publicación en ese periodo”, le contestó Sarapura y siguió: “Este es un proceso de construcción de distintos ámbitos, por un lado, con asesores y, por otro lado, de una reunión informal que tuvimos. Es fundamental tener una vocación del respeto de tener un avance en la elección de un defensor en el marco de la ley, pero también construir los mayores consensos”.
Volvió a retomar la palabra Mayoraz, esta vez para quejarse por “reuniones reservadas, organizadas a las apuradas de la noche a la mañana”. “No me parece la mejor forma de trabajar”, cuestionó, al tiempo que planteó que “hubo diferencias entre los bloques en cuanto a cómo se aplicaba el Reglamento y cuáles eran los mejores plazos para aplicar”.
Así acusó: “Que ustedes hayan arribado a un aparente acuerdo hoy en una reunión mantenida a las 11 de la mañana para mí, lejos de darle claridad a esto, se la quita”, y reclamó la presencia de organizaciones porque “aquí no hay ni transparencia ni claridad. No ha habido ninguna consulta a las organizaciones”.
“Se está obviando en esto y se está cometiendo un error o se estaría cometiendo si lo resuelven que es de tomar una decisión trascendente, sin escuchar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de la niñez. Es muy grave porque si nosotros tenemos que definir qué perfil de defensor queremos y cómo valoramos y evaluamos la experiencia de estos cinco años en la que, por primera vez, tuvimos un defensor del niño, eso debe hacerse escuchando a las organizaciones y no a las apuradas”, reiteró y anticipó el rechazo al cronograma y una solicitud para realizar una reunión informativa convocando a las organizaciones.
“Queremos darle garantías a la sociedad a la comunidad de que esto va a ser algo transparente eso se lo debemos a los niños. No podemos hacer un procedimiento desprolijo y a las apuradas como lo estamos haciendo. Nosotros no vamos a acompañar esto, se están violando las fechas los reglamentos, no se respeta el reglamento, han reducido los plazos”, remató el libertario enojado.
Recogió el guante Sarapura quien le planteó: “Usted puede tener la decisión de ir o no ir a la reunión, pero tiene que ser respetuoso del proceso que se construye”. “Para ser respetuoso del proceso, esto se tiene que discutir acá. Si me está apurando para definir lo que va a hacer nuestro bloque, no es discutir”, le contestó Mayoraz.
“Tenga el respeto político, yo sé que ustedes tienen una dinámica de la democracia y la política distinta para ustedes construir consensos”, le enrostró la radical y denunció: “Claramente acá hay una intencionalidad de no avanzar y de no respetar los ejercicios que son de la política y de la democracia. Pido madurez política en no entrar en esas dinámicas que no benefician a nadie. Está haciendo una utilización del tema”.
Mayoraz propuso un cronograma propio desde su bloque que coincidía con los dos primeros ítems, pero planteó como fechas de publicación de listado 4 y 7 de julio para “respetar tiempos para corrección de exámenes”. Sin embargo, la votación resultó a favor de la propuesta inicial de mayoría.
Sarapura puso en valor el proceso logrado, por un lado, una reunión de asesores donde hubo una diversidad de opiniones sobre el reglamento y su aplicación. “Se han hecho correcciones en el cronograma que tienen que ver con una adecuación a propuestas”, destacó y remarcó: “Podemos tener distintos puntos de vista del ejercicio de la democracia y la política, creo que no está mal construir consensos, lo único que estamos haciendo es generar los procesos que tengan que ver con la construcción de acuerdos”, expresó.
“Para mi, generar todos los espacios de construcción son válidos y las reuniones informales fueron propuestas de las legisladoras que plantearon la necesidad de tener reuniones previas para evitar que los temas de los derechos de la niñez tengan este contexto. La mirada partidaria, sosegada e irrespetuosa del trabajo de legisladores. La reunión previa informal era una invitación honrar los espacios, no a acuerdos partidarios que no estén ajustados, sino construcción de dialogo y consensos y la política y democracia se ejercen así”, aclaró.
La radical, no se quedó callada y apuntó contra Mayoraz: “Me parece muy irrespetuoso que cuando lo que se construye no va con lo que pienso lo invalido. Hay personas que tenemos un ejercicio de la democracia distinto a otros y se han expuesto de sobre manera los procesos generados y los puntos de vista”.
Por su parte, la diputada del Pro María Sotolano sostuvo: “Por respeto a las organizaciones sociales nos dejaron en claro que quieren el concurso, terminar con el mandato de la Defensoría que venía hasta ahora y eso se cumplió. Fuimos avanzando pese a las diferencias, pero intentamos dar la discusión y logramos puntos”.
“Desde el Pro dejamos en claro que el concurso es algo que reclaman las organizaciones. Hay algo que se manifestó que es la voluntad de avanzar con el concurso y no encastrar el reglamento. Hasta el examen hay tiempos reglamentarios concretos y, después del examen podemos trabajar en un marco de acuerdo en un plan de trabajo y ahí están los matices. Nosotros planteamos tiempos hasta octubre. Hay que darles transparencia y garantías a los postulantes”, precisó. Sotolano también reclamó la presencia de las organizaciones para debatir y “darle una construcción colectiva a al Bicameral para que puedan ejercer su voz”.
“Hay plazos que son netamente que son de la política y esta Bicameral se va a tener que poner de acuerdo en montón de cuestiones. Lo más difícil son los acuerdos parlamentarios para llegar al recinto. Tenemos que ser claros con los tiempos para que sean ejecutables y transparentes en el reglamento”, concluyó.
También se manifestó en contra la senadora libertaria Vilma Bedia quien cuestionó: “No podemos ejecutar ni avanzar irresponsablemente porque acá no es la cuestión de banderas, nos tenemos que poner en el lugar de las instituciones que nos están mirando. Y sobre todo de los niños. Acá los niños son los protagonistas que están esperando una respuesta y no podemos hacer nada descabellado. Aferrarnos a las apuradas, al margen de los tiempos, a los consensos egoístas cuando tenemos que estar mirando la vida de niños y adolescentes”.
“No se puede evaluar en un día a 200 personas, porque se tiene que tener el perfil cuidado que requiere el puesto. No podemos desenfocarnos de la realidad de la sociedad, buscar un buen perfil con valores y convicciones que más de 20 años fueron olvidados”, cerró la jujeña.
Por último, Sarapura defendió: “El cronograma que se aprobó respeta plazos mínimos y máximos establecidos en el reglamento, en ningún caso se tomó de forma arbitraria. Considera todas las etapas obligatorias determinadas. Le da una organización lógica y eficiente a la aplicación y cumple el respeto de la publicidad. El derecho de los postulantes es lo que priorizamos y evitamos extensiones dilatoria que da la política a esta definición. Se tiraron fechas que nunca se aclararon esas propuestas. Los debates que enriquecen son los propositivos, no los descalificantes”.
“No hubo acuerdos de medianoche, interesados en una persona, son el ejercicio de la construcción de la política que se honra respetando la diversidad de opiniones ideológicas buscando un interés común, no la política se busca instalar lo que yo pienso y cuando no es así se desacredita y lo desvalorizo”, ratificó.
Por último, afirmó: “Tenemos un cronograma ajustado a la aplicación del Reglamento y a que tengamos un concurso y el 22 de septiembre tengamos los mejores candidatos”. En tanto, anticipó que el martes 24 de junio a las 16 horas “vamos a recibir a las organizaciones y defensores del pueblo porque es fundamental porque le da transparencia y dinamiza el concurso.
La propuesta fue impulsada por Unión por la Patria y avalada por la Unión Cívica Radical. El Pro y LLA propusieron crear una unidad de control que actúe como veedora, pero la moción no prosperó.
La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió este martes para ratificar la continuidad del funcionamiento del organismo designando a Sebastián Medina, actual jefe de Gabinete de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en funciones administrativas hasta designar a la nueva autoridad, quien será designada el próximo 16 de junio.
El tema principal fue respecto a quien asumirá las responsabilidades del organismo tras el cumplimiento del mandato de su anterior titular, Marisa Graham. En tal sentido, se resolvió que el jefe de Gabinete y el representante Legal y Técnico de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes sean quienes garanticen y continúen con el normal funcionamiento del organismo hasta la finalización del concurso para la elección del nuevo defensor.
En el incio, la presidenta del organismo legislativo Natalia Sarapura recordó el reglamento de la Bicameral con el objetivo de "tratar la situación de la Defensoría en cuanto a su acefalía", y solicitó a los integrantes propuestas que garanticen el cumplimiento de sus funciones y mandato.
Después, el senador pampeano Daniel Bensusán propuso que el actual jefe de Gabinete sea el encargado esté a cargo de las funciones administrativas hasta que finalice el concurso que inicia el 16 de este mes. Además, fue quien propuso que Francos brinde un informe mensual sobre lo realizado.
En contraposición, la senadora pampeana Andrea Cristina (Pro) sostuvo que "la Defensoría puede seguir funcionando tal cual está, con sus secretarios actuales, dado que la Bicameral no tiene facultad para nombrar defensores interinos. Nos parece una buena propuesta continuar con esta estructura". Esta postura fue respaldada por integrantes de La Libertad Avanza.
“No estamos ampliando facultades, sino autorizando al jefe de Gabinete a realizar actos conservatorios y administrativos que permitan cumplir con el mandato de la Defensoría y respaldar legalmente las funciones del Representante Legal”, respondió el senador de Unión por la Patria.
Finalmente, y con el apoyo del radicalismo, se impuso la propuesta de Bensusán. “Estamos dando un paso sustancial y hemos regularizado y normalizado la situación de la Defensoría”, señalaron.
Molestos por el resultado de la votación, La Libertad y el Pro propusieron la creación de una unidad de control que actúe como veedora, integrada por representantes de los distintos bloques políticos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por mayoría. Posteriormente, se resolvió convocar una nueva reunión para el martes 10 de junio.
La Cámara baja ya presentó a sus 5 integrantes. Durante el 2024 la Comisión Bicameral Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no tuvo reuniones. Advirtieron sobre el mandato de Marisa Graham, próximo a vencer.
El bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre, presidido por Pablo Juliano, presentó un escrito ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para que designe a los miembros del Senado que formarán parte de la Comisión Bicameral Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual no funciona desde finales del 2023.
Asimismo, le exigen que, una vez conformada, procedan a la brevedad posible a sustanciar el concurso público establecido en la norma rectora, y posterior designación de la Defensora y de las defensorías adjuntas, ya que el mandato de Marisa Graham está por vencer. La Bicameral no se reúne desde el 7 de noviembre del 2023.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados presentó a sus 5 integrantes: la neuquina Nadia Márquez de La Libertad Avanza; la chubutense Eugenia Alianiello y la bonaerense Brenda Vargas Matyi de Unión por la Patria; María Sotolano del Pro; y la jujeña Natalia Sarapura del radicalismo. Aún resta la designación de los 5 miembros de la Cámara alta.
En el texto, señalan que “la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una institución independiente y reviste de importancia primaria ya que su existencia y funcionamiento hace al cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.22 de la Constitución Nacional”.
Los diputados nacionales Fernando Carbajal, Facundo Manes, Juan Carlos Polini, Marcela Antola, Danya Tavela, Carla Carrizo, Marcela Coli, Melina Giorgi, Manuel Aguirre, Mariela Coletta y Jorge Rizzotti acompañaron con su firma al pedido encabezado por Juliano.
nota senadoAdemás, titular de la Defensoría del niño respaldó la AUH porque "es un derecho, no es un plan, no es un programa”, y consideró que “debe universalizarse”.
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se presentó este martes ante la Comisión Bicameral homónima, presidida por la senadora riojana Clara Vega, para brindar su informe anual en el que detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%”.
Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del edificio Alfredo Palacios de la Cámara alta, la titular de la Comisión Bicameral señaló que “con esto queremos cumplimentar lo que dice la Constitución. Es el trabajo de un año desde 2021 hasta abril de 2022”.
A su turno la vicepresidenta de la Comisión, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), expresó: “Esperábamos con ansiedad hace tiempo esta presentación porque estamos claramente atravesando una situación muy compleja como país y creo que el rol de esta institución es vital”.
La secretaría, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), sostuvo: “Nosotros que ya venimos en la Bicameral vemos los avances, los procesos”, pero remarcó que “el informe y el poco tiempo no permiten mostrar todo lo que uno hace y es fundamental sostener el diálogo porque el tema de las infancias y la niñez implica un vínculo permanente y continuo”.
“Desde la Comisión nosotros venimos a respaldar y garantizar que se apliquen y garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No somos intervencionistas y tampoco venimos a obstaculizar porque sabemos que trabajar con los niños siempre falta, pero lo importante es estar, tener presencia y sobre todo con una mirada federal”, cerró la santacruceña.
En su alocución, Graham celebró ser la primera presentación presencial y remarcó que “se nos junta casi un año de lo que tendríamos que informar el año que viene”, y precisó que el informe contiene un total de 800 páginas.
En primer lugar, describió: “Somos una Defensoría de Derechos Humanos independiente, autónomos, autárquico. Eso implica que no somos de ninguno de los tres poderes ni del Ministerio Público y por eso siempre nos confunden".
A su vez recordó que se hicieron tres presentaciones: la primera en julio de 2020 que fue trimestral, la de julio de 2021 que fue por zoom y la actual. “Nosotros tenemos un tiempo límite para cumplir más allá de que se constituya o no la Bicameral por eso le enviamos el informe a la presidencia de Diputados y del Senado en tiempo y forma”, explicó Graham.
“Durante el año 2021 logramos una visibilidad en nuestra institución que no habíamos tenido el año anterior. La presencialidad nos ayudó a constituir equipo porque estuvimos trabajando un año conformando equipos que no se conocían personalmente y el conocimiento del personal y tener un espacio de trabajo permitió adquirir mayor potencia y coherencia y una instalación de nuestra estructura”, precisó la funcionaria y sumó: “No hay ninguna provincia que no haya tenido alguna intervención de la Defensoría, tanto en casos individuales como en casos colectivos”.
En esa línea informó que agregaron a la institución la secretaria Administrativa y Financiera, el área de Legal y Técnica y de Informática y una “potente” área de comunicación porque “la visibilidad de la institución también tiene que ver con la visibilidad e invisibilidad de un tercio de la población que son las personas hasta los 17 años de edad también es un grupo bastante invisibilizado atravesado por profundas desigualdades”. “Incorporamos personal en las tres áreas sustantivas Protagonismo y Participación de chicos, chicas, nenas y nenes es una actividad central porque sin ellos no podríamos abarcar todos los temas”, contó.
“También el área de redes con las organizaciones sociales, esto es muy importante, también organizaciones territoriales, tenemos un registro que al año pasado eran 2000 organizaciones porque no solo trabajamos con las de la Ciudad y el Área Metropolitana, sino que también trabajamos con organizaciones que están en todo el país porque son una polea de transmisión de lo que está pasando en el territorio más allá de los informes de las autoridades provinciales”, agregó Graham.
Por otro lado, destacó que la institución está compuesta por “muchos profesionales” de distintas áreas porque “el abordaje de los niños, niñas y adolescentes nos impone que la composición sea así”. Entre las herramientas con las que cuentan para la gestión, la funcionaria enumeró: “Pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; mesas de trabajo; aportes técnicos y convenios; herramientas defensoriales como pedidos de informes y acciones judiciales”.
Respecto a la dinámica de trabajo, contó: “En todas nuestras agendas dinámicas de trabajo sabíamos cuál era la agenda inacabable de niños, niñas y adolescentes, pero estos dos años y medio no solo confirmaron esa agenda sino que también la dinamizaron y, pasó algo que nosotros dimos a llamar de los casos a los temas y de los temas a los casos, teníamos un plan de trabajo que en el periodo anterior fue intervenido por la pandemia, teníamos los temas prioritarios que tuvimos que refocalizar como niñez indígena y abuso sexual infantil, pero se vieron fortalecidos y focalizados por la cantidad de enuncias en la Defensoría sobre vulneración de niñez indígena y también muchos casos de abuso sexual interfamiliar”.
“La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.
Entre los temas relevantes Graham enumeró: “Además de la visibilidad y la invisibilidad sigue siendo la seguridad alimentaria, la continuidad educativa, los ingresos de las familias con niños. En segundo orden por la afectación de la pandemia es la justicia juvenil seguimos teniendo una Ley 22.278 que creemos que hay que derogar y sustituir por una adecuada a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, también tuvimos denuncias por trataos malos y degradantes en algunos lugares de encierro. El otro tema es la violencia institucional en los lugares de encierro, alojamiento de niños, niña y adolescentes por sobre todos aquellos lugares por algún padecimiento mental o problema de acción”.
“Adquirieron su derecho por la asignación universal por hijo 137.815 chicos y chicas, nenes y nenas cuyo derecho estaba suspendido, la eliminación del tope de 5 hijos y eso implicó que en 2021 se sumaran 23.015 chicos; la reducción de permanencia de chicos para tener la AUH, logramos bajarla a 2 años y eso implicó el ingreso de muchos niños migrantes a la asignación que fueron 8.204”, detalló y remarcó que “la Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa por lo cual debe universalizarse y no debe confundirse con otros programas. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.
Respecto a la Tarjeta Alimentar informó: “Solo cubría familias con niños hasta 6 años, logramos la aplicación hasta los 14 años. Eso tuvo un impacto importante sobre todo en los niveles de indigencia”, y señaló que “seguimos pidiéndole al Gobierno que extienda la Tarjeta Alimentar a familias con chicos hasta los 17 años”.
“Logramos bajar el piso del programa Progresar a los 16 y 17 años porque era absurdo ni razonable pensar que, si la deserción en la escuela es fundamentalmente de chicos de 16 y 17 que ellos no estuvieran incluidos en un programa específico de la escuela para retener a los chicos de esa edad”, ponderó Graham y observó que “hay una vacancia en políticas dirigidas en la franja que va desde los 14 a 17 años”.
Por otro lado, contó que desde la Defensoría hicieron aportes “importantes” en la redacción de la Ley de Etiquetado Frontal y que ahora tendrán un “trabajo importante” porque deberán controlar los alimentos etiquetados en los supermercados y escuelas. “Es algo que aparece entre las demandas de chicos y chicas”, expresó y advirtió que “en la República Argentina el sobrepeso y la obesidad es una epidemia, no significa que los niños están bien alimentados, están subalimentados”.
A su vez, informó que en el 2021 estuvieron “trabajando mucho en la vacunación para la vuelta a la escuela”, y consideró que “se pudo haber vuelto antes a la escuela. Si hubiese sido intermitente el regreso al colegio hubiese sido mejor para niños, niñas y adolescentes, pero vino la segunda oleada y se volvieron a cerrar las escuelas”. “Tenemos una campaña para que se cumpla con el calendario de vacunación obligatorio porque tenemos un problema allí”, sostuvo.
“La vuelta a la escuela tenía que ser una gesta patriótica porque todos tenemos que hacer que niños, niñas y adolescentes que dejaron la escuela por la pandemia o antes, porque la pandemia lo que hizo fue acentuar la deserción escolar y agravarla, tenemos que ir a buscarlos y analizar la situación, pero también tenemos que tener una escuela que los reciba y los retenga, que les de una proyección a futuro. Ahí tenemos el Plan ‘Volvé a la escuela’ y estamos haciendo un monitoreo de eso”, explayó la titular de la Defensoría de niños.
Al cierre de su ponencia, Graham habló sobre la niñez indígena y el chaco salteño: “Lo primero que hicimos poner mesas interministerial que funcionó un año y medio y entendemos que la situación es difícil y vienen pasando con todos los gobiernos, con el cambio climático, el desmonte que desertificó el suelo de Salta, hemos trabajado mucho en esa provincia, pero no podemos resolver el tema como hubiésemos querido, sino porque tenemos que evitar las muertes evitables por deshidratación y posterior desnutrición de un población que es la más discriminadas de todas, las más invisibilizadas. Otra de las mesas que aún funciona es la de identidad y hemos logrado una incidencia clara 3.342 niños wichis y criollos adquirieron su documento de identidad nacional”.
Facundo Hernández, defensor adjunto y especialista en Derecho Penal, informó que “la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40% son 441 casos que merecen la gestión nuestra, desde que empezamos son 756 casos. Hay 112 casos nuevos desde marzo de este año. Hay un grueso muy fuerte que tiene que ver con el procedimiento judicial y cuestiones de familia, otro 12% de vulneración de derechos”.
Otra de las integrantes de la Defensoría, precisó que “los chicos y las chicas son el 29% de la población, pero el total de población de pobres los chicos y las chicas son el 38% y cuando miramos el total de indigentes son el 45%. Hacemos relevamientos exhaustivos para no repetir lo hecho y poder asesorar y brindar conocimiento a partir de una mirada concreta y lo más desagregada del problema para aplicar la mejor política pública”.
“Construimos un sistema de monitorio de la defensoría que es convergente y toma el plan de trabajo de la defensora y hay una mirada amplia, igualitaria y abarcativo. Nos interesa el seguimiento de la situación socioeconómica de la niñez, un seguimiento de las políticas públicas”, comentó.
En una breve intervención, Graham sumó que “empezamos con un presupuesto de 22 millones de pesos y llevamos ejecutados 376 millones de pesos”.