La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, se presentó este martes ante la Comisión Bicameral homónima, presidida por la senadora riojana Clara Vega, para brindar su informe anual en el que detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%”.

Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del edificio Alfredo Palacios de la Cámara alta, la titular de la Comisión Bicameral señaló que “con esto queremos cumplimentar lo que dice la Constitución. Es el trabajo de un año desde 2021 hasta abril de 2022”.

A su turno la vicepresidenta de la Comisión, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), expresó: “Esperábamos con ansiedad hace tiempo esta presentación porque estamos claramente atravesando una situación muy compleja como país y creo que el rol de esta institución es vital”.

La secretaría, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), sostuvo: “Nosotros que ya venimos en la Bicameral vemos los avances, los procesos”, pero remarcó que “el informe y el poco tiempo no permiten mostrar todo lo que uno hace y es fundamental sostener el diálogo porque el tema de las infancias y la niñez implica un vínculo permanente y continuo”.

“Desde la Comisión nosotros venimos a respaldar y garantizar que se apliquen y garanticen todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No somos intervencionistas y tampoco venimos a obstaculizar porque sabemos que trabajar con los niños siempre falta, pero lo importante es estar, tener presencia y sobre todo con una mirada federal”, cerró la santacruceña.

En su alocución, Graham celebró ser la primera presentación presencial y remarcó que “se nos junta casi un año de lo que tendríamos que informar el año que viene”, y precisó que el informe contiene un total de 800 páginas.

En primer lugar, describió: “Somos una Defensoría de Derechos Humanos independiente, autónomos, autárquico. Eso implica que no somos de ninguno de los tres poderes ni del Ministerio Público y por eso siempre nos confunden”.

A su vez recordó que se hicieron tres presentaciones: la primera en julio de 2020 que fue trimestral, la de julio de 2021 que fue por zoom y la actual. “Nosotros tenemos un tiempo límite para cumplir más allá de que se constituya o no la Bicameral por eso le enviamos el informe a la presidencia de Diputados y del Senado en tiempo y forma”, explicó Graham.

“Durante el año 2021 logramos una visibilidad en nuestra institución que no habíamos tenido el año anterior. La presencialidad nos ayudó a constituir equipo porque estuvimos trabajando un año conformando equipos que no se conocían personalmente y el conocimiento del personal y tener un espacio de trabajo permitió adquirir mayor potencia y coherencia y una instalación de nuestra estructura”, precisó la funcionaria y sumó: “No hay ninguna provincia que no haya tenido alguna intervención de la Defensoría, tanto en casos individuales como en casos colectivos”.

En esa línea informó que agregaron a la institución la secretaria Administrativa y Financiera, el área de Legal y Técnica y de Informática y una “potente” área de comunicación porque “la visibilidad de la institución también tiene que ver con la visibilidad e invisibilidad de un tercio de la población que son las personas hasta los 17 años de edad también es un grupo bastante invisibilizado atravesado por profundas desigualdades”. “Incorporamos personal en las tres áreas sustantivas Protagonismo y Participación de chicos, chicas, nenas y nenes es una actividad central porque sin ellos no podríamos abarcar todos los temas”, contó.

“También el área de redes con las organizaciones sociales, esto es muy importante, también organizaciones territoriales, tenemos un registro que al año pasado eran 2000 organizaciones porque no solo trabajamos con las de la Ciudad y el Área Metropolitana, sino que también trabajamos con organizaciones que están en todo el país porque son una polea de transmisión de lo que está pasando en el territorio más allá de los informes de las autoridades provinciales”, agregó Graham.

Por otro lado, destacó que la institución está compuesta por “muchos profesionales” de distintas áreas porque “el abordaje de los niños, niñas y adolescentes nos impone que la composición sea así”. Entre las herramientas con las que cuentan para la gestión, la funcionaria enumeró: “Pronunciamientos, comunicaciones y recomendaciones; mesas de trabajo; aportes técnicos y convenios; herramientas defensoriales como pedidos de informes y acciones judiciales”.

Respecto a la dinámica de trabajo, contó: “En todas nuestras agendas dinámicas de trabajo sabíamos cuál era la agenda inacabable de niños, niñas y adolescentes, pero estos dos años y medio no solo confirmaron esa agenda sino que también la dinamizaron y, pasó algo que nosotros dimos a llamar de los casos a los temas y de los temas a los casos, teníamos un plan de trabajo que en el periodo anterior fue intervenido por la pandemia, teníamos los temas prioritarios que tuvimos que refocalizar como niñez indígena y abuso sexual infantil, pero se vieron fortalecidos y focalizados por la cantidad de enuncias en la Defensoría sobre vulneración de niñez indígena y también muchos casos de abuso sexual interfamiliar”.

“La Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Entre los temas relevantes Graham enumeró: “Además de la visibilidad y la invisibilidad sigue siendo la seguridad alimentaria, la continuidad educativa, los ingresos de las familias con niños. En segundo orden por la afectación de la pandemia es la justicia juvenil seguimos teniendo una Ley 22.278 que creemos que hay que derogar y sustituir por una adecuada a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, también tuvimos denuncias por trataos malos y degradantes en algunos lugares de encierro. El otro tema es la violencia institucional en los lugares de encierro, alojamiento de niños, niña y adolescentes por sobre todos aquellos lugares por algún padecimiento mental o problema de acción”.

“Adquirieron su derecho por la asignación universal por hijo 137.815 chicos y chicas, nenes y nenas cuyo derecho estaba suspendido, la eliminación del tope de 5 hijos y eso implicó que en 2021 se sumaran 23.015 chicos; la reducción de permanencia de chicos para tener la AUH, logramos bajarla a 2 años y eso implicó el ingreso de muchos niños migrantes a la asignación que fueron 8.204”, detalló y remarcó que “la Asignación Universal por Hijo es un derecho, no es un plan, no es un programa por lo cual debe universalizarse y no debe confundirse con otros programas. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.

Respecto a la Tarjeta Alimentar informó: “Solo cubría familias con niños hasta 6 años, logramos la aplicación hasta los 14 años. Eso tuvo un impacto importante sobre todo en los niveles de indigencia”, y señaló que “seguimos pidiéndole al Gobierno que extienda la Tarjeta Alimentar a familias con chicos hasta los 17 años”.

“Logramos bajar el piso del programa Progresar a los 16 y 17 años porque era absurdo ni razonable pensar que, si la deserción en la escuela es fundamentalmente de chicos de 16 y 17 que ellos no estuvieran incluidos en un programa específico de la escuela para retener a los chicos de esa edad”, ponderó Graham y observó que “hay una vacancia en políticas dirigidas en la franja que va desde los 14 a 17 años”.

Por otro lado, contó que desde la Defensoría hicieron aportes “importantes” en la redacción de la Ley de Etiquetado Frontal y que ahora tendrán un “trabajo importante” porque deberán controlar los alimentos etiquetados en los supermercados y escuelas. “Es algo que aparece entre las demandas de chicos y chicas”, expresó y advirtió que “en la República Argentina el sobrepeso y la obesidad es una epidemia, no significa que los niños están bien alimentados, están subalimentados”.

A su vez, informó que en el 2021 estuvieron “trabajando mucho en la vacunación para la vuelta a la escuela”, y consideró que “se pudo haber vuelto antes a la escuela. Si hubiese sido intermitente el regreso al colegio hubiese sido mejor para niños, niñas y adolescentes, pero vino la segunda oleada y se volvieron a cerrar las escuelas”. “Tenemos una campaña para que se cumpla con el calendario de vacunación obligatorio porque tenemos un problema allí”, sostuvo.

“La vuelta a la escuela tenía que ser una gesta patriótica porque todos tenemos que hacer que niños, niñas y adolescentes que dejaron la escuela por la pandemia o antes, porque la pandemia lo que hizo fue acentuar la deserción escolar y agravarla, tenemos que ir a buscarlos y analizar la situación, pero también tenemos que tener una escuela que los reciba y los retenga, que les de una proyección a futuro. Ahí tenemos el Plan ‘Volvé a la escuela’ y estamos haciendo un monitoreo de eso”, explayó la titular de la Defensoría de niños.

Al cierre de su ponencia, Graham habló sobre la niñez indígena y el chaco salteño: “Lo primero que hicimos poner mesas interministerial que funcionó un año y medio y entendemos que la situación es difícil y vienen pasando con todos los gobiernos, con el cambio climático, el desmonte que desertificó el suelo de Salta, hemos trabajado mucho en esa provincia, pero no podemos resolver el tema como hubiésemos querido, sino porque tenemos que evitar las muertes evitables por deshidratación y posterior desnutrición de un población que es la más discriminadas de todas, las más invisibilizadas. Otra de las mesas que aún funciona es la de identidad y hemos logrado una incidencia clara 3.342 niños wichis y criollos adquirieron su documento de identidad nacional”.

Facundo Hernández, defensor adjunto y especialista en Derecho Penal, informó que “la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40% son 441 casos que merecen la gestión nuestra, desde que empezamos son 756 casos. Hay 112 casos nuevos desde marzo de este año. Hay un grueso muy fuerte que tiene que ver con el procedimiento judicial y cuestiones de familia, otro 12% de vulneración de derechos”.

Otra de las integrantes de la Defensoría, precisó que “los chicos y las chicas son el 29% de la población, pero el total de población de pobres los chicos y las chicas son el 38% y cuando miramos el total de indigentes son el 45%. Hacemos relevamientos exhaustivos para no repetir lo hecho y poder asesorar y brindar conocimiento a partir de una mirada concreta y lo más desagregada del problema para aplicar la mejor política pública”.

“Construimos un sistema de monitorio de la defensoría que es convergente y toma el plan de trabajo de la defensora y hay una mirada amplia, igualitaria y abarcativo. Nos interesa el seguimiento de la situación socioeconómica de la niñez, un seguimiento de las políticas públicas”, comentó.

En una breve intervención, Graham sumó que “empezamos con un presupuesto de 22 millones de pesos y llevamos ejecutados 376 millones de pesos”.