La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió a la presentación realizada, junto a los legisladores Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Oscar Parrilli. La misma se efectuó ante el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, solicitando que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se constituya como Amicus Curiae (amigo del tribunal) en las causas de espionaje ilegal, entre ellas las concretadas en cárceles federales, Instituto Patria, y aquellas donde se investiga el rol de la Agencia Federal de Inteligencia y de los espías denominados Super Mario Bros.

“La presentación tiene fundamento en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue reconocido en diversos procesos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó Osuna y detalló: “Se trata de un instrumento que nos permite realizar valiosos aportes documentales, frente a hechos de tremenda gravedad institucional, como la planificación y ejecución de un plan sistemático de espionaje ilegal, llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes opositores, periodistas, militantes sociales, sindicalistas, e incluso familiares de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.

En otra línea, destacó que “es fundamental que el Poder Judicial actúe con celeridad sobre estas causas. Fallos como el reciente de Llorens y Bertuzzi, donde se afirma que las acciones de espionaje fueron por iniciativa individual de algunos agentes, o cuentapropismo y no por una política ilegal deliberadamente organizada y llevada a cabo por los Macri, Arribas, Frigerio, Majdalani y otros, constituyen una burla al sistema democrático”.

“Exigimos una definición contundente contra prácticas perversas e ilegales que dañan la democracia”, advirtió Osuna y agregó: “Además del informe detallado que realizamos sobre el espionaje entre 2016 y 2019, también presentamos ante el Juez diversa documentación proveniente de entrevistas, testimonios, y sistematización de pruebas. Toda la presentación que realizamos hoy es producto de un cuidado y minucioso trabajo, que entendemos aportará para alcanzar la justicia que estos graves delitos y sus víctimas merecen”.

A su vez, afirmó: “Claramente este entramado ilegal tuvo connivencia judicial y blindaje mediático, donde una parte importante de Comodoro Py se transformó en una escribanía de Mauricio Macri durante su gestión”.

“Son los mismos que ahora obstaculizan cualquier investigación a fondo sobre las responsabilidades penales en esta materia”, agregó. “Nuestra presentación sólo busca aportar en ese camino, para que nunca más tengamos este accionar mafioso sostenido desde el propio estado”, finalizó Osuna.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por Leopoldo Moreau, se reunió este jueves para recibir al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, indicado de avalar las presuntas maniobras que se llevaron a cabo en la denominada “mesa judicial bonaerense” durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

"Vengo a responder, pero no sé cuáles serán las preguntas que me van a formular. Cuando termine voy a hacer declaraciones”, afirmó Conte Grand al ingresar pasadas las 12 al edificio del Anexo del Senado donde se reunió la Bicameral de inteligencia.

Cabe recordar, que el procurador bonaerense decidió no asistir el pasado 18 de enero, cuando debía presentarse por primera vez, y había ofrecido responder por escrito las consultas de los legisladores de la subcomisión de espionaje, que depende de la Bicameral. Sin embargo, desde este grupo parlamentario que integran los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical de Juntos por el Cambio Miguel Bazze rechazaron esa posibilidad.

Como consecuencia de la reunión, Tailhade y Moreau anticiparon que citarán al exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y calificaron de “poco convincente” las declaraciones de Conte Grand ante la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso.

“Las palabras de Conte Grand fueron poco convincentes”, señaló el presidente de la Bicameral y precisó que “el procurador no explicó los motivos por el cual tenía un teléfono encriptado”.

En suma, manifestó que: “Fue una reunión muy extensa. Pudimos corroborar que esa reunión en el Banco Provincia, el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas”. “La semana que viene vamos a citar al exministro Marcelo Villegas”, ratificó Moreau.

Por su parte, Tailhade, agregó: "Nos limitamos a hacer preguntas sobre su función y la relación con la Agencia Federal de Inteligencia”, y cuestionó que “no reconoció nada a pesar de las evidencias”. “Lomas de Zamora es uno de los centros donde ocurrió esto", señaló el diputado y contó que Conte Grand "prometió enjuiciar a los fiscales implicados", pero cuestionó que "las palabras no fueron convincentes”.

La subcomisión lleva a cabo una investigación a partir de la difusión de un video en el cual se registra una reunión celebrada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de inteligencia y empresarios mantuvieron un encuentro en el que supuestamente analizaron la conformación de una mesa judicial para armar causas contra organizaciones sindicales.

En ese encuentro, donde también estuvo presente el intendente de La Plata, Julio Garro, el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que manifestó a los presentes sus deseos de contar con “una Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios, y aseguró además que la Procuración -a cargo de Conte Grand- estaba al tanto de las maniobras que debían orquestarse desde esa mesa judicial para armar causas contra los dirigentes sindicales.

En base a una serie de testimonios, los integrantes de la subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación que encabezaba Vidal.

Este miércoles declaró ante la subcomisión la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime, quien admitió que “a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet reservó la sala para la reunión de la mesa judicial de 2017”.

Fuentes parlamentarias explicaron que Jaime manifestó que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones con lo cual confirmó la información que surgió de los mails donde pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión.

Los voceros señalaron que la exfuncionaria expresó que “solo cumplía órdenes de Curuchet y que solo estuvo en sus funciones en el Banco Provincia con ese funcionario ya que luego se retiró de la institución”.

Jaime pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.

Por otra parte, el exgerente de Recursos Institucionales Hernán Stella pidió postergar su declaración hasta febrero por cuestiones particulares. Su convocatoria apunta a que explique por qué no hay registro del ingreso de quienes participaron de la reunión de la denominada “mesa judicial bonaerense”, aunque fuentes vinculadas al caso dijeron que ese salón no dependía del exfuncionario sino de otra área del Bapro.

La semana pasada, la subcomisión realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en Mitre y San Martín, en el microcentro. En ese marco, los miembros del cuerpo se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que “históricamente nunca hubo cámaras en el lugar”.

Los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio y miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control de las Emergencias en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires manifestaron su malestar ante la negativa del presidente de la misma, el senador del FdT Francisco Durañona, de entregarles la copia grabada de la última reunión celebrada el 29 de marzo del corriente año, con la presencia del Ministro de Salud Dr. Daniel Gollán y el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

En ese contexto, los legisladores remarcaron que llamaron la atención algunas declaraciones brindadas por los mandatarios y aún más la actitud adoptada por el senador Durañona ya que estamos frente a un tema de importancia pública y “la transparencia de los actos de gobiernos debería ser una premisa indiscutible”.

El senador de JxC Gabino Tapia, vicepresidente de la Comisión, lamentó que el operativo de vacunación del gobierno bonaerense excluya la colaboración ofrecida por los municipios “lo cual reduciría las fallas que se han detectado y denunciado, como las pérdidas de dosis en diferentes distritos de la provincia”.

“Las pérdidas de vacunas y las fallas en el operativo de vacunación son responsabilidad del Gobernador”, remarcó Tapia y agregó que se sintió tristemente sorprendido con las declaraciones del ministro de Salud de la provincia que minimizó la existencia de los “vacunados vip” al expresar que habría que evaluar el costo-efectividad de someter a un juicio a quien burla la norma para vacunarse.

En referencia a los errores en la logística y la pérdida de dosis, Tapia destacó que “estas son las cosas que suceden cuando un gobernador no confía en los intendentes”.

Por su parte la senadora Lucrecia Egger se mostró alarmada por la respuesta brindada por el ministro Gollan frente a la pérdida de 750 vacunas en las localidades de Azul y Olavarría ya que según precisó la legisladora, el funcionario manifestó que se trataba de una cantidad insignificante y que se consideraba como desperdicio.

“Está claro que quienes no están capacitados para manipular vacunas son responsables de la pérdida de 750 dosis que podrían haber salvado 750 vidas” remarcó Egger y calificó como “vergonzosa” la respuesta del ministro Gollan.

La senadora Flavia Delmonte expresó que el titular de la cartera sanitaria minimizó la politización de la campaña de vacunación sin brindar precisiones sobre qué criterios de selección se emplean.

“Todos sabemos que los coordinadores del Ministerio de Salud en las postas de vacunación coinciden con referentes de la agrupación política La Cámpora en los 135 distritos de la provincia, nos parece un tema bastante delicado y quisimos conocer qué formación tenían y cómo se capacitaron para llegar a cumplir con esta tarea, lamentablemente el ministro evadió la pregunta”, remarcó la legisladora. 

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, presentó hoy ante legisladoras y legisladores de la provincia de Buenos Aires el quinto informe elaborado por el Poder Ejecutivo para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia.

En el recinto del Senado bonaerense, Bianco realizó un balance de los principales ejes de la gestión del Gobierno provincial, a un año de iniciado el mandato del gobernador Axel Kicillof.

En este marco, su exposición se centró especialmente en las iniciativas desplegadas para enfrentar la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias en materia sanitaria, así como las acciones para asistir a los sectores más necesitados y dar impulso a la reactivación productiva.

Asimismo, el Jefe de Gabinete explicó planes y programas diseñados en todos los ámbitos de gobierno, incluyendo la educación, el empleo, la seguridad y el desarrollo de obras de infraestructuras en toda la provincia. Bianco destacó el nivel de la inversión realizada en todas las áreas, así como la asistencia financiera brindada por el Estado bonaerense con criterios objetivos a los 135 municipios de la provincia.

El Jefe de Gabinete también recordó el panorama hallado al inicio de la gestión, al que calificó de “tierra arrasada, con múltiples problemas estructurales que además se agravaron en los últimos cuatro años”.

Para revertirlo, afirmó, “pusimos manos a la obra, sin márquetin y con prepotencia de trabajo”. En un año caracterizado por la pandemia, Bianco remarcó la labor realizada para llevar adelante la gestión provincial y contrarrestar las previsiones más pesimistas: “lo que se decía que podía pasar en la provincia en términos de colapso social y sanitario no ocurrió, gracias al compromiso de todos y todas: el Gobierno de la provincia, pero también el esfuerzo y el comportamiento ejemplar de las y los bonaerenses, la responsabilidad del sistema político, el trabajo incansable de las y los intendentes de todos los distritos, el consenso de la Legislatura bonaerense y el apoyo del Gobierno nacional”.

La presentación del informe del Poder Ejecutivo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia de la Legislatura se realiza de manera periódica según lo dispuesto por la Ley 15.165 de emergencia social, económica, productiva y energética.

La sesión fue encabezada por el senador Francisco Durañona (presidente de la comisión), acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario (presidenta del Senado). Para dar cumplimiento a los protocolos sanitarios establecidos, los legisladores miembros de la comisión participaron de manera remota a través de videoconferencia.

Desde la oposición, tras la reunión y luego de dar a conocer un escrito con una veintena de preguntas, el senador Gabino Tapia manifestó que se trató de una “nueva reunión”, pero consideró que se desplegó una “misma metodología: recibimos filminas y cuadernillos que relatan una gestión que no se refleja en los hechos".

En tanto que la senadora de JxC Flavia Delmonte consideró que "preocupa que el jefe de Gabinete diga que es una buena temporada cuando hay preocupación de todos los sectores, por eso planteamos generar beneficios desde el Banco Provincia", de cara a la situación que atraviesan los prestadores de servicios turísticos estivales.