En un nuevo encuentro de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, su presidenta, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja), señaló que la implementación de la ley “es una deuda que tenemos aún. A pesar de que el Congreso ya cumplió, seguimos esperando esta reglamentación”.

En ese sentido, destacó el trabajo del titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, quien le dijo que “sus equipos estaban trabajando, respondiendo al compromiso que hay con la ley y con quienes llevan adelante esta lucha de visibilizar, no solamente lo que pasó Lucio en su momento, sino miles de chicos en el país y el mundo”.

“Contar la reglamentación es muy importante”, insistió la riojana y se mostró expectante de que “falta muy poco para que salga el decreto”. Además, resaltó que hay provincias “que ya han logrado que las Legislaturas aprueben la adhesión y otras están en proceso”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), afirmó que “los desafíos que tenemos en esta bicameral son muchos”, al tiempo que ponderó “el fuerte compromiso que tuvimos todos” para la sanción de la ley. Y, particularmente, reconoció a los abuelos de Lucio Dupuy por “haber acompañado todo ese proceso y seguir acompañando”. “Es importante que aceleremos la reglamentación e implementación de esta ley”, agregó.

En tanto, la secretaria de la bicameral, la diputada Paola Vessvessian (FdT), observó que este “es un tema que nunca se acaba, que permanentemente tiene una dinámica. Lo importante es entender que el eje son las infancias”. “Queremos que las vidas de los niños, niñas y adolescentes se definan en los espacios donde se dictan las políticas públicas, no en el Poder Judicial”, aseveró. Y destacó, puntualmente, la puesta en marcha del Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al tomar la palabra, el titular de la SENAF, Gabriel Lerner, informó que el decreto reglamentario “ya salió” del organismo y que dirige y, posiblemente, sea oficializado en dos semanas. Sobre ello, resaltó la rapidez con que se trabajó, dado que tenían tiempo hasta el 9 de septiembre.

Una vez aprobada la ley en Diputados, y antes de su sanción en el Senado, la SENAF abrió una ronda de consultas con la Defensoría del Niño, dos sindicatos del Estado Nacional, con las universidades UBA, UNLP y UNER, además de UNICEF, el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública),

legisladores, los familiares de Lucio y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, donde “llegamos a la conclusión unánime de que esta era una enorme oportunidad para poder avanzar en donde había herramientas pendientes”.

El funcionario subrayó que hubo “una demanda de la ciudadanía de poner en primer lugar, no en el único, el tema de la detección temprana de violencias y abusos”. “No es que la ley se limita a eso, tiene un plan mucho más ambicioso”, aclaró, pero señaló que en el primer “recorte” se empezará por ese tema.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia detalló que el decreto reglamentario tiene cuatro ejes: el plan de capacitación obligatorio, campañas de sensibilización, protección de los denunciantes y sistema de información de la evolución del plan que esté accesible a la comunidad.

Sobre la protección de los denunciantes, Lerner contó que se han relevado “qué tipos de mecanismos ya están vigentes en algunas jurisdicciones para resguardar y proteger a los denunciantes”, de modo de “instar a las jurisdicciones a replicar las mejores prácticas” para “darle más seguridad a quien accede a la información y a veces teme represalias”.

En otro pasaje, informó que, aunque la ley los obliga, el decreto reglamentario no va a obligar a los poderes Legislativo y Judicial, de modo que para que realicen la capacitación se requerirán convenios.

“El incumplimiento del curso por parte de un agente del Estado se lo considerará sanción grave”, apuntó.

Sobre la primera etapa de implementación, el funcionario precisó que consistirá en “un curso inicial sencillo, autoadministrado, que nos permita una extensión rápida de formación en elementos muy básicos para ayudar al conjunto de la administración pública a convertirse en un actor que contribuya en la detección temprana y eventualmente en las denuncias”.

Eso comenzará el próximo 7 de agosto, y se tratará de un curso de “alrededor de 15 horas” que “no está pensado para quienes tienen vocación de saber mucho sobre el campo de la infancia, sino para aquel que atiende en ANSeS o PAMI, o en cualquier lugar de la administración pública”.

En tanto, “el plan integral lo vamos a terminar de discutir en el Consejo Federal” y una vez finalizado, desde allí “empezar a mandar esos contenidos a todos los organismos para que empiecen a diseñar sus propias capacitaciones”.

A su turno, Gisela Clivaggio, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, habló de hacer un curso “amigable” para todos los que se desempeñan en el ámbito estatal, aclaró que “no por eso queremos restarle nivel académico, ni rigor conceptual; tenemos una intención clara con esta capacitación”.

Y enumeró: “Tenemos un primer módulo que es más conceptual, en donde a través de las temáticas, lo que buscamos es vincular las violencias contra los niños con un modelo conceptual de la infancia, que explica por qué existe hoy una naturalización de determinados niveles de violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

El segundo módulo está vinculado al marco normativo. “Todo este bagaje conceptual que se trabaja en una primera etapa y después tiene actividades de evaluación, tiene textos, piezas audiovisuales, videos, distintas piezas pedagógicas que nos llevan a incorporar estos conceptos, pasamos al módulo 2 del marco normativo de la Ley 26.061, que nos habla fundamentalmente de dos conceptos que para quienes trabajamos en las infancias son muy familiares, pero para quienes no lo hacen quizá no es así, que es el sistema de protección y el concepto de la corresponsabilidad”, dijo. Y explicó: “Estos dos conceptos fundamentales son los que nos llevan a trabajar, el deber de comunicar, informar, cuando uno detecta una potencial situación de violencia, o lee una situación e identifica signos de que está siendo vulnerado el derecho de un niño, niña y adolescente”.

En el tercer módulo tiene que ver con ver “cómo hago para darme cuenta, cuáles son los indicadores que nos hablan de que un niño, niña o adolescente está siendo víctima de violencia. Qué factores de riesgo tengo que detectar”, detalló. Y frente a esto, cómo proteger a las infancias de lo que muchas veces son situaciones muy traumáticas.

El cuarto y último módulo corresponde a qué hacer cuando uno se encuentra con la situación en cuestión. “Entonces este módulo es el que nos lleva a un circuito de intervención. Desde el ámbito donde me desempeño, qué tengo que hacer, cuál es mi rol dentro del sistema de protección, con quién tengo que articular, cuál es el circuito institucional que debo recorrer”, precisó.

También de la SENAF, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, expuso sobre el Censo Nacional de Dispositivos de Cuidado Residencial y manifestó: “Nuestro objetivo es tratar de conseguir información que nos permita deconstruir ideas que hay sobre estos temas y poder mejorar las políticas públicas con información científica y validada”. Además, agregó que “buscamos elevar estándares de calidad para las niñas y niños sin cuidados parentales”.

“En la actualidad hay más de 8000 niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que viven en cuidados alternativos residenciales en todo el país y hay más de 1000, mayores de 18 años, que aún viven en los dispositivos”, informó el funcionario.

Para finalizar, la titular de la bicameral Clara Vega retomó la palabra, agradeció a los presentes (en especial a los abuelos de Lucio Dupuy) y enfatizó: “Levantemos la bandera en defensa de los derechos de las niñas y niños”.

Durante la reunión presencial que se llevó a cabo este viernes de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), se presentó un Plan de Cooperación Argentina 2021-2025 con representantes de UNICEF y un balance del Plan de Trabajo llevado a cabo en el año. Allí enumeraron cinco problemas principales que atraviesan a los niñas, niños y adolescentes del país y que significa un desafío a resolver.

La palabra de los invitados:

La primera oradora fue Luisa Brumana representante de la entidad quien destacó el “trabajo realizado en conjunto”, y agregó: “Estuvimos trabajando con la Defensoría en ámbito de diagnóstico, indicadores de protección integral y el fortalecimiento territorial, pero el diálogo es muy importante. Esperamos tener espacios de ideas y de colaboración a futuro con el Estado en los tres niveles”.

“La pandemia ha profundizado los problemas y requieren soluciones inmediatas como salud mental, las diversiones y la integridad, la cuestión económica también fue agravada por la pandemia, estamos apoyando programas para la inserción de jóvenes al mundo laboral”, concluyó.

Por consiguiente, Olga Isaza representante adjunta procedió a explicar: “Hicimos un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina con varias fuentes de información para entender las principales problemáticas actuales. Seleccionamos cinco problemas que consideramos los más importantes y desafiantes. También en consecuencia cuáles son los aportes que podemos a hacer al Estado desde UNICEF”.

“El primer desafío tiene que ver con la pobreza que esta afectando a los infantes. A finales del semestre de este año 6 de cada 10 niños en Argentina vivía en situación de pobreza, lo cual no se distribuye de forma igual en todo el territorio, de acuerdo a la composición de los hogares, de las provincias, es necesario focalizar la atención para traer estas familias y niños que se están quedando atrás”, comenzó.

Y continuó: “Nos preocupa mucho los niños que están en extrema pobreza. Por supuesto consideramos que Argentina en la región tiene un sistema de protección social robustos, pero aún tiene desafíos que no logra una cobertura universal porque tiene una fragmentación en la bonificación que no cubre las necesidades para la superación de la pobreza en las familias. Fundamentalmente hay una falta de información sobre otras poblaciones como las indígenas, los discapacitados”, y remarcó que “pobreza y desigualdad territorial es el primer problema”.

En segundo lugar, Isaza detalló que se encuentra “la falta de oportunidades de desarrollo para niños y niñas entre 0 y 6 años. Los indicadores muestran una disminución de la lactancia materna de forma drástica, bajó del 54% al 43% y eso se correlaciona con un dato que es la obesidad del grupo de 0 a 6 años es el 13,6%. Argentina tiene el mayor porcentaje de niños con obesidad, es la generación que viene y la carga de enfermedad y costos que van a generarle al país son importantes, hay que erradicar ese problema”.

La tercera prioridad tiene que ver con “las oportunidades equitativas para los y las adolescentes porque solo 1 de cada 2 terminan a tiempo su escolaridad, nos preocupa que los resultados de aprendizajes no son los deseables solo el 28% tiene los logros satisfactorios avanzados en matemáticas y lengua. Nos preocupa la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas, vimos una leve tendencia decreciente en la tasa de fecundidad porque la mayoría son producto del abuso sexual, pero aún un desafío de atención en salud. No hay que perder la coordinación intersectorial con ciertos mecanismos”.

“También nos preocupan los escenarios de participación y de construcción de ciudadanía de los adolescentes quienes quieren tener mayor incidencia en la toma de decisiones del país”, indicó la representante de UNICEF.

El cuarto problema tiene que ver con la “exposición a los entornos violentos donde transcurre la vida cotidiana de los niños el hogar, el colegio, redes sociales, las calles, etc. El 60% de las familias declaran usar la violencia como método de crianza y eso quiere decir que esta legitimada y eso crece para convertirse en feminicidio, abuso sexual y formas agudas intolerables de violencia”.

“La principal causa por la que niños y niñas que no tiene familias y están en instituciones de menores es porque fueron expulsados por violencia. Hay una gran cantidad de adolescentes que tiene problemas con la ley y hay que hacer un seguimiento y controles en eso”, reveló Isaza y añadió: “La sociedad debe comprometerse aún más, medios de comunicación, academias, deben mantener el tema en agenda. Hay muchos estereotipos y efectos negativos del sector privado que contribuyen”.

Por último, concluyó: “Hicimos un análisis sobre las causas de ello e identificamos 5: la inversión pública que se hace en materia de niñez, pero es insuficiente; todavía persisten fallas en el diseño y eficiencia en políticas y programas de protección integran dirigidos a los niños; políticas afirmativas para ciertos grupos de la población que han quedado atrás; los servicios sociales dirigidos en todos los sectores tiene desafíos de cobertura y calidad y es importante mantener la generación de evidencia e información viable”.

En síntesis, describió que las prioridades son: “Apoyar al país en la disminución de la pobreza, avanzar en políticas integrales de primera infancia, el acceso y finalización en sistema educativo en adolescentes y la mejora de adquisición de habilidades y conocimientos que los ayude a conseguir un empleo al finalizar su ciclo educativo. Luego ayudar los servicios de salud e impulsar la participación de los jóvenes. En los entornos libres de violencia identificamos cómo ayudar al país a mejorar los programas de prevención, mejorar el sistema de proyección y de acceso a la justica que aún tiene una gran fragmentación y especializar a los operadores en niñez. Por último, mejorar la información pública para los niños, ampliar el compromiso del sector privado y promover acciones colectivas”.

En suma, Sebastián Waisgrais especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF agregó de forma breve que “por segundo año el Estado publicó un informa trasversal vinculando a la niñez y adolescencia del presupuesto anual. A partir de esto hicimos un análisis del presupuesto 2022 y del proceso inflacionario. Primera cuestión se podría decir que los servicios sociales tienen un incremento importante. Segundo si nos centramos en el presupuesto 2022 que se destina a la niñez y adolescencia prioriza independientemente de otro indicador inflacionario”.

Sin embargo, precisó que “cuando se desagrega el presupuesto hay áreas de avances donde en alguna medida se prioriza y en otras hay desafíos. En relación a los avances la política nutricional a través e la tarjeta alimentar, en el marco de ANSES tiene un 15% en términos reales, al mismo tiempo que la protección de ingreso aumenta un 4% a través de la asignación universal por hijo. En educación en términos de infraestructura, equipamiento educativo, de conectividad, es algo fuertemente priorizado en el presupuesto 2022”.

“Los modos alimentarios tiene una caída importante y es algo a conversar, el presupuesto de la UAH no tiene aumento significativo, no toma en cuenta el último decreto de expansión, las políticas socio educativas que apunta a la reinserción muestran necesidades de discutir mayor financiamiento”, advirtió.

Gabriel Lerner, secretario nacional de niñez, adolescencia y familia opinó que “hay que seguir planteando el problema de la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes. al margen de la desigualdad, hay que analizarlo”, y en relación al presupuesto que precisó el “crédito vigente al año 2022 es de 1.844 millones de pesos, hubo una evolución. Pasamos de una inversión anual del 2019 de 76 millones a 350 millones este año”.

“Hay una creciente competencia en los municipios, hay buena parte de las responsabilidades del acceso de los derechos de los chicos y las chicas. Poner el foco en el municipio sin perder de vista las competencias provinciales es importante”, finalizó.

En su momento, Marisa Graham defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes contó que “en 2019 había una pobreza del 59%, en 2020 terminamos con una pobreza del 58% y en 2021 con el 54% y esto fue gracias a la tarjeta alimentar en pobreza alcanza lo suficiente hasta los 14 años”.

“Es importante destacar el presupuesto transversal que se hace en niñez”, indicó y añadió: “El tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que tiene que ver con hábitos alimentarios y afecta a todas las clases sociales. El 70% de los niños llegan a la escuela sin desayunar y es algo que la Ley de Etiqueta frontal puso sobre la mesa. Es un problema de salud pública”.

Sobre la violencia como método de crianza Graham subrayó: “Necesitamos mayores políticas de prevención de la violencia, es una preocupación y es transversal a todas las clases sociales”. Por último, sobre el retorno a la escolaridad de los niños que se alejaron en pandemia aseguró que “es un problema y que las escuelas dejaron afuera a muchos chicos”.

La palabra de las legisladoras

“Acá las grietas están saldadas, trabajamos para garantizar los derechos de los niños más allá de los espacios políticos y creemos en la construcción permanente continua”, resaltó la presidenta de la comisión Vessvessian antes de darle la palabra a sus colegas.

A su vez, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó: “Hay problemas de salud mental, de malnutrición, de distancia de la relación entre niños y familias y con la sociedad producto de la pandemia”.

En tanto, la radical Carla Carrizo (CABA) manifestó que la “implementación de un sistema de monitoreo es importante. Tenemos que tener un mapa en qué lugares podemos trabajar mejor, hay que tener criterios y es la agenda pendiente. Acompañamos cada prioridad y vamos a trabajar en encontrar esas políticas publicas para ayudar”, y adelantó que “propusimos una reforma en la Ley de salud mental porque no menciona a los niños y no habla de salud emocional, están invisibilizados”. “Si hay pobreza es de las malas gestiones durante la democracia”, criticó.

Claudia Bernazza (Frente de Todos – Buenos Aires) destacó la actividad del año y cuestionó: “Siempre aparece la pobreza sin que se mencionen las causas estructurales de un orden social muy injusto en un continente inequitativo por poderes fácticos que traen numerosos problemas y hay que pensar un mapa de las riquezas y de la concentración”.

“Los entornos violentos, la obesidad, la falta de lactancia materna, tiene que ver con el comportamiento de empresas y laboratorios, con los medios de comunicación, no solo con los Estados”, aseguró Bernazza. “Hay que encarar el tema del buen trato y respecto a las instituciones no se distinguen las de viejo cuño respecto de las crianzas comunitarias en organizaciones populares porque aparecen todas como iguales”, remarcó la legisladora del FdT.

La senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) solicitó un poco más de “información para proponer, trabajar y articular porque desde esta Bicameral propusimos trabajar con la territorialidad”. “Luego de una pandemia es fundamental hacer hincapié en políticas publicas que se han reactivado, no podemos no hablar de la violencia de género”, sumó.

A su vez, la diputada Jimena López (FdT -Buenos Aires) manifestó que hay un aspecto que no esta incluido: “Los derechos se vulneran se caracterizan por la pobreza estructural y los operadores responden a funciones que tiene que ver más con el patronato que con la posibilidad de promocionar derechos”. “En 2019, 5 de cada 10 niños sufría pobreza, no creo que haya habido un ascenso exponencial con todo lo que pasamos con la pandemia”, consideró.

Tras una semana de intensa jornada laboral, el Senado llevará a cabo este viernes dos actividades. En primer lugar, una megamuestra de Tecnópolis en donde el Congreso de la Nación participará de la nueva edición con el stand “En el camino de los derechos”, luego se reunirá la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.

En la megamuestra de Tecnópolis 2021 ubicada en Villa Martelli el Parlamento llevará a cabo durante el mediodía actividades interactivas y muestras sobre la historia y el presente de la actividad parlamentaria y de la producción legislativa argentina. También estará el fin de semana.

Por otro lado, a las 15 horas tendrá lugar una reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos del Niño presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) en donde harán una presentación del Plan de Cooperación UNICEF Argentina 2021-2025 y luego un balance del Plan de Trabajo realizada durante el año.