Frenada la designación de la Defensoría Nacional de la Niñez y Adolescencia en la Cámara alta, la organización “Infancia en Deuda” emitió un duro comunicado contra el Gobierno. Primero, acusaron que al Poder Ejecutivo de “concentrar sus esfuerzos en negociar reformas y ajustes”, y cuestionaron que “la protección de los derechos de las infancias quedó fuera de la agenda oficial”.

En esa línea, las principales críticas fueron dirigidas al Senado ya que el proceso de designación de la defensora nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes pasó por el recinto de la Cámara de Diputados con la aprobación del pliego de María Paz Bertero y de Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. La propuesta tuvo el aval de todas las bancadas a excepción de La Libertad Avanza.

En aquel 8 de octubre del 2025, el dictamen elevado por la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -era presidida por la radical Natalia Sarapura que culminó mandato en diciembre- logró 156 votos positivos, 44 negativos y 6 abstenciones. Solamente se opuso el oficialismo, mientras que el Pro decidió ausentarse a la hora de votar ya que había firmado el despacho.

Desde la organización sin fines de lucro afirmaron que el “concurso está bajo riesgo de caducidad”, y aseveraron que “a casi seis meses de haber finalizado el concurso público, Argentina sigue sin una Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plenamente en funciones”. “No por falta de candidatos ni por demoras administrativas, sino por una decisión política: el Senado no trata la designación”, criticaron.

Del mismo modo, explicaron que “el reglamento del concurso establece que el proceso tiene una vigencia de 180 días desde la elevación de la propuesta a las Cámaras (artículo 19)”. De esta manera, el plazo estaría venciendo el 22 de marzo del 2026 en caso de que el Senado no trate la designación antes de ese día.

“El concurso quedará agotado y el procedimiento deberá iniciarse nuevamente desde cero, prolongando por tiempo indefinido la falta de autoridades en un organismo central para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes”, manifestaron desde Infancia en Deuda. También, señalaron que “no se trata de un tecnicismo ni de una falla administrativa, es un bloqueo institucional con consecuencias concretas”.

Luego, manifestaron preocupación porque “la ausencia de autoridades designadas conforme a la normativa vigente limita la capacidad de la Defensoría para intervenir frente al Estado y ante actores privados, defender derechos vulnerados, exigir el cumplimiento de políticas públicas, monitorear recortes presupuestarios y actuar frente al deterioro del sistema de protección integral”.

Críticos de la gestión del Gobierno, expresaron que “casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, mientras se profundiza el ajuste sobre políticas clave como educación, salud, protección social y prevención de violencias”. “La omisión del Senado en incluir esta designación en el temario de sesiones extraordinarias es una violación a estos compromisos internacionales y nacionales”, concluyeron.

El reclamo de Infancia en Deuda surge en medio de la incorporación en el temario de sesiones extraordinarias del Régimen Penal Juvenil, iniciativa impulsada por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a 13 años.