Durante el devenir de la reunión parlamentaria que dirige el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla se aprobaron expedientes provenientes de Diputados, entre ellos el que impulsa la derogación del artículo 12, inciso g) de la Ley N° 6716, régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados.

La propuesta, que reconoce la autoría del presidente del bloque de diputados de UP Facundo Tignanelli, pretende derogar un artículo de la Ley N° 6.716 del Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, que obliga al letrado a contribuir con una “carga económica adicional” del 10 % del importe de la Tasa de Justicia.

La contribución que hacen los abogados que se pretende reducir, en la jerga también se la denomina como “sobretasa de justicia", porque efectivamente se calcula sobre la Tasa de Justicia que rige en el Poder Judicial, aunque el destino es la Caja de Previsión Social y no el erario público.

El proyecto de ley refiere al actual recargo que existe sobre la tasa de Justicia, el cual se propone reducirlo del 10 % al 5 %.

Esta contribución no se destina al sistema judicial, sino que se asigna al Fondo Solidario de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.

Su pago es obligatorio para todos los ciudadanos como requisito para acceder al sistema de Justicia, y se entiende que esto dificulta el inicio y la continuidad de procesos judiciales debido a los “altos costos”.

Esto atenta contra “el principio de acceso a la Justicia”, garantizado en la Constitución Nacional, según estiman los impulsores de la modificación.

Por este motivo, la iniciativa aprobada por los diputados tiene como principal objetivo "reducir las barreras económicas que actualmente enfrentan quienes necesitan acceder a la Justicia" en la provincia.

Asimismo, el proyecto aprobado en Diputados y que obtuvo despacho de mayoría en la estratégica Comisión del Senado estipula que los fondos de esta sobretasa deberán ser destinados al pago de prestaciones de los afiliados y “no para viáticos, gastos operativos o administrativos” que producen los dirigentes del ente previsional.

De todas formas, la iniciativa que encuentra resistencia en algunos sectores que la consideran incosulta y vista con un principio de desfinanciación del organismo profesional tuvo el voto positivo de la mayoritaria parcialidad oficialista y sigue su transito hacia el recinto de la Cámara revisora.

Seguidamente, en otro orden, los integrantes de la Comisión de ACA aprobaron distintos expedientes de Declaración, entre ellos uno de “repudio a la proscripción política” que estaría soportando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al intento de magnicidio acaecido hace tres años.

Del mismo modo que en el primer proyecto de Ley considerado, fue aprobados con despacho de mayoría constituidos con las voluntades del oficialismo, sin acompañamiento de los senadores de los bloques opositores que conforman la Comisión.

Cabe recordar que la comisión está constituida por 15 miembros; además de González Santalla, la integran los senadores del UP Gustavo Soos, Amira Curi, Gabriela Demaría, Sergio Berni, Adrián Santarelli, Safía Vannelli, Luis Vivona.

También forman parte del organismo los senadores opositores Marcelo Daletto, Sergio Vargas, Alejandro Rabinovich, Alex Campbell, Marcelo Leguizamón, Juan Rico Zini y Ariel Martínez Bordaisco.

Por último, en el transcurso de la reunión, la senadora de Unión por la Patria María Rosa Martínez se apersonó junto a la abogada del movimiento nacional de empresa recuperadas Gisela Bustos que impulsa la modificación e incorporación de artículos de la normativa 5708, Ley General de Expropiaciones, a fin de avanzar con la institucionalización de fondo este tipo de experiencia.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA) del Senado bonaerense comenzó este martes con la primera de las tres jornadas de entrevistas programadas para esta semana, se tomaron las primeras 100 entrevistas a los postulantes a cargos judiciales, que totalizan 211, ingresados la semana pasada.

La convocatoria en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos donde se tratarán los 210 pliegos judiciales que el gobierno de Axel Kicillof envió al Senado, avanzó en el tratamiento sin presencia opositora de ninguna facción.

Las ausencias corresponden a tres bloques diferentes, los senadores del PRO, la UCR+CF y LLA no estuvieron presentes y tampoco podrán firmar los despachos por lo que se desprenden que los dictámenes serán de mayoría y no por unanimidad.

Desde la oposición acusaron al oficialismo de no cumplimentar con cuestiones elementales de conformación de los expedientes de los postulantes, desprolijidades y faltantes; además de manifestar desacuerdo en algunos casos puntuales de nominaciones y reclamar nominaciones acordadas que finalmente no integraron en el paquete de 211 pliegos.

No obstante, la Comisión de ACA está presidida por el senador de UP Emmanuel González Santalla, donde el oficialismo tiene mayoría, avanzó en el tratamiento, sin la participación de la oposición, pues ostenta mayoría propia en ese cuerpo con ocho senadores del bloque del oficialismo.

Además de su presidente González Santalla, el oficialismo cuenta con otros 7 miembros en la estratégica comisión de ACA que tiene 15 plazas. Los 8 senadores del oficialismo son González Santalla, Gustavo Soos, Amira Curi, Gabriela Demaría, Sergio Berni, Adrián Santarelli, Sofía Vannelli y Luis Vivona.

En tanto que las fuerzas no oficialistas están representadas por 4 senadores del PRO Alejandro Rabinovich, Alex Campbell, Marcelo Leguizamón y Juan Rico Zini; la UCR+CF tiene dos representantes Marcelo Daletto y Ariel Bordaisco y la LLA tiene a Sergio Vargas.

La intención del oficialismo es avanzar con la mayoría de los pliegos de funcionarios judiciales que ingresaron la semana pasada sobre el cierre del período ordinario suma otra dificultad más; pues si los dictámenes son de mayoría los pliegos deberán ingresar al recinto para luego en otra sesión ser tratados.

Además, los 21 senadores del oficialismo, deberán encontrar al menos tres voluntades para llegar al quorum de 24 en recinto y es todo un misterio de donde saldrán si no se reabre un proceso de entendimiento con los bloques que en esta instancia no están acompañando.

Cabe recordar que se trata de un listado de funcionarios donde hay 35 defensores, 38 fiscales, 1 asesor y 137 jueces. En este sentido, los 20 departamentos judiciales que componen a la provincia de Buenos Aires incorporarían nuevos funcionarios en lugares que hoy se encuentran vacantes.

Así, el 2024, la designación de nuevos funcionarios Judiciales, luego de cuatro años de reclamos por parte de la Suprema Corte para que se cubrieran vacantes, arrancó con 46 pliegos acordados en mayo; luego en el mes de septiembre, se acordaron otros 135 nombramientos de funcionarios judiciales, por lo que, con el envío de estos 211 pliegos de Jueces, Fiscales, Defensores y Asesores el Ejecutivo provincial estaría completando unas 392 designaciones en solo un año, un número para nada despreciable. Pero la cosa está por verse.