La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), cerró este miércoles el año parlamentario con una reunión en la que pasaron a la firma un conjunto de proyectos de resolución y declaración.

Además, en el marco del tratamiento de una iniciativa con media sanción del Senado, se había citado una vez más al ministro de Salud, Mario Lugones, y funcionarios del área. Pero no asistieron.

Yedlin remarcó la ausencia de Lugones, sin embargo, destacó el trabajo realizado por la comisión, que este año firmó 69 dictámenes, entre ellos 9 de ley.

Al tratarse el temario, se dictaminaron proyectos sobre adhesión al “Día nacional de la Medicina Social”; al “Día Internacional de la Enfermedad de Huntington”, a celebrarse el 13 de noviembre de cada año; y al “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, que se conmemora el 19 de octubre de cada año.

Respecto a la “enfermedad de Huntington”, el autor de la iniciativa, diputado Luis Basterra (UP), indicó que el proyecto busca “concientizar sobre esta enfermedad neurodegenerativa hereditaria” y, además, “dar visibilidad tanto a las personas que la padecen como a sus familias”.

En tanto, la diputada oficialista Cecilia Ibáñez consideró que “el Congreso tiene que analizar estos proyectos referidos a nuevas enfermedades”. Además, hubo especialistas que expusieron sobre la temática.

En otro sentido, el diputado Esteban Paulón (EF) se refirió al proyecto de su autoría por el cual se “expresa beneplácito por el 50° Aniversario de la Fundación Favaloro”, institución creada el 4 de julio de 1975: “Ha marcado un camino de excelencia, compromiso y humanismo en la medicina argentina y mundial”.

En otro orden, el santafesino advirtió sobre el Plan ENIA, que según el proyecto de Presupuesto 2026, “solo contará con el 3% del presupuesto requerido para una ínfima implementación como la que hubo en 2025”.

🎤Iniciamos el año invitando al ministro @Mariolugones_ar y como empezamos terminamos, con una carta que se excusa por motivos de agenda.
A pesar de las dificultades hemos trabajado en numerosos proyectos que se transformaron en leyes.

👉Hoy en Comisión de Salud de @DiputadosAR. pic.twitter.com/iIc92Dx0J0

— Pablo Yedlin (@pyedlin) November 12, 2025

Finalizado el tratamiento de los expedientes mencionados, se abordó el proyecto proveniente del Senado que busca incorporar la Atrofia Muscular Espinal (AME) al régimen de la Ley 26.279 que establece la detección temprana de ciertas patologías a través de la pesquisa neonatal.

Impulsora del tema en el Senado, la senadora Edith Terenzi (PU) defendió la media sanción y expresó que “cuando uno se encuentra con la enfermedad, cuando uno toma contacto directo con un papá o mamá de AME, quienes nos dedicamos a esto no podemos permanecer imperturbables. O se nos mueven las fibras del corazón, o no somos humanos”.

“AME vive en mi despacho”, confesó la legisladora, precisando que “una amiga, una colega con la que compartimos el área legilslativa, tiene un hijo con AME. Y levantamos la bandera del AME porque compartimos esa enfermedad día a día”.

Además de ese caso, citó como ejemplo dos casos particulares, el de dos hermanitos: Toto y Franco. El primero, fue diagnosticado tarde y tiene traqueotomía de por vida. Necesita una cantidad de apoyo terapéutico, profesionales a su alrededor todo el tiempo. Dos años después nació en esa misma familia Franco, y ante la experiencia de Toto los papás decidieron pesquisar AME a los cuatro días de nacido. “Dio positivo, y la diferencia es que Franco necesitó solo plantillas para corregir la pisada, y puede salir todos los días a jugar. Y a Toto hay que cuidarle la traqueotomía, empujarle la silla de ruedas y acompañarlo al parque con un montón de gente alrededor… Eso es AME. Así que no me hablen de costos económicos; la pesquisa aumentaría en u$s 1,65 a las seis que se hacen en este momento; no es una cuestión presupuestaria; es una cuestión de vida o muerte”, enfatizó la chubutense.

Agregó que “cuando detectamos un niño con AME, podemos cambiarle la vida para siempre. Necesitamos que se trate en cuanto se detecta, para que esa enfermedad que es tan degenerativa no siga avanzando y ese niño pueda vivir dignamente”.

En tanto, Soledad Monges, neuróloga pediátrica, explicó que “es una enfermedad muy severa”, por lo cual, aseguró que “si la atrofia se detecta antes, se puede encontrar el tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico”.

Entre los datos que se brindaron se señaló que se estima que entre 21 y 28 bebés de los 425 mil que nacen por año lo harían con esa enfermedad en nuestro país. Así las cosas, se indicó que tener la pesquisa ayudaría mucho presupuestariamente.

El proyecto cuenta con media sanción del Senado y fue aprobado en la parte de su competencia por la Comisión de Discapacidad de Diputados. Pero Yedlin explicó este miércoles que no lo pasarían a la firma en Salud, pues falta Presupuesto y con el recambio parlamentario los dictámenes caen, por lo que abogó que la próxima composición se aboque al tema.

De manera unánime, con aval de todos los bloques, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados emitieron dictamen sobre un proyecto de ley que apunta a la prevención del suicidio en niños y adolescentes. El texto reunió 60 firmas a favor.

En el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UP), señaló que “el suicidio en niñas, niños y adolescentes es un problema en crecimiento en todo el mundo” y, en ese sentido, consideró que “la Ley de Salud Mental es muy poco amplia en lo referido a la protección de los niños y adolescentes”.

Por su parte, la titular de la Comisión de Familias, Roxana Reyes (UCR), destacó el "gran consenso" alcanzado y apuntó que sobre esta temática "hay un vacío legal en la ley, por lo cual estos proyectos unificados ponen el foco en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes”.

“Desde la Comisión de Familia venimos trabajando desde hace meses para construir un consenso amplio que nos permita avanzar en una ley fundamental. Hoy logramos un paso muy importante: la firma del despacho por unanimidad, con el apoyo de todas las fuerzas políticas”, ponderó.

La santacruceña subrayó que la iniciativa responde a "una problemática urgente, vinculada al aumento de casos de deterioro en la salud mental, consumos problemáticos y suicidio en las infancias y adolescencias".

“Es muy importante visibilizar esta realidad y generar herramientas concretas para prevenir situaciones de riesgo. No podemos mirar para otro lado: necesitamos políticas públicas efectivas, federales y con perspectiva de derechos”, afirmó.

La radical agregó que "este es un paso fundamental para proteger y cuidar a nuestras infancias. Logramos un gran consenso y eso habla de la responsabilidad compartida que tenemos frente a un problema que atraviesa a toda la sociedad”.

“Queremos que este proyecto se convierta en ley lo antes posible. Las familias, las escuelas y nuestros chicos necesitan que el Estado esté presente, preparado y comprometido”, concluyó la diputada.

Por su parte, Marcela Campagnoli (CC), autora de uno de los proyectos, expresó que “es muy grave lo que pasa con el tema de salud mental y de las adicciones”.

“Voy a acompañar, pero en disidencia parcial, porque quiero añadir un artículo para establecer que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes audite anualmente el funcionamiento de esta ley”, anunció Carla Carrizo (DpS).

Desde el oficialismo, María Fernanda Araujo (LLA) manifestó que aunque tenían ciertas diferencias, estaban "totalmente de acuerdo con el proyecto".

En tanto, Martín Maquieyra (Pro) celebró la unanimidad, al remarcar que “es un tema que necesita visibilizarse porque se trata de una problemática que viven los niños y adolescentes”.

El Plan Nacional de Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes tiene como objetivo garantizar la protección integral de la salud mental de los menores en todo el país. La iniciativa establece herramientas operativas, federales y medibles para que el Estado pueda actuar de manera coordinada junto a las jurisdicciones provinciales, los sistemas de salud, las escuelas y las familias. Además, promueve la articulación entre distintos niveles del Estado, organizaciones sociales y el ámbito académico para fortalecer la prevención, la detección temprana y la asistencia.

Entre sus alcances, el programa prevé campañas permanentes de concientización, capacitación para adultos responsables y docentes, la incorporación de contenidos en la currícula escolar, la creación de un registro federal de datos y una línea gratuita disponible las 24 horas para la atención en situaciones de crisis. Estas herramientas permitirán contar con políticas públicas basadas en evidencia y con una mirada integral sobre la salud mental, priorizando el cuidado y la protección de las infancias y adolescencias en todo el país.

Entre las principales medidas que establece la iniciativa se destacan:

• Capacitación a madres, padres, docentes y adultos responsables, para que puedan detectar y actuar frente a situaciones críticas.
• Incorporación de contenidos obligatorios en la currícula escolar, para promover la detección temprana de problemas de salud mental.
• Creación de un registro federal de datos, que permita diseñar políticas públicas basadas en información precisa y actualizada.
• Campañas de prevención y líneas de asistencia disponibles las 24 horas, accesibles para toda la comunidad.

La iniciativa contó con la participación de organizaciones sociales, especialistas en salud mental y referentes de distintos sectores políticos, lo que permitió alcanzar un acuerdo transversal y avanzar con una propuesta sólida.

El proyecto quedó ahora en condiciones de ser tratado en el recinto, con el respaldo unánime de todos los bloques políticos representados en ambas comisiones.

Tal como se emplazó en el recinto de la Cámara baja la semana pasada, la Comisión de Acción Social y Salud Pública junto a Asuntos Constitucionales pasaron a la firma el dictamen del proyecto de resolución para interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad mencionados por Diego Spagnuolo.

El despacho de mayoría logró 41 rúbricas a favor de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y Marcela Pagano del bloque Coherencia. Mientras que por el rechazo firmaron 12 legisladores, incluidos los integrantes de La Libertad Avanza.

De esta manera, los proyectos de resolución que buscan la interpelación a la secretaria general de Presidencia de la Nación y al ministro de Salud quedaron en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados. Según supo Parlamentario.com, la fecha para la interpelación será consensuada cuando este texto sea abordado por el pleno en una sesión especial. Existen chances de que haya una convocatoria para los primeros días de octubre.

A mediados de agosto se difundieron una serie de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que vinculaba a la secretaria general de Presidencia de la Nación con presuntos pagos irregulares para el acceso a licitación de medicamentos e insumos en la Agencia. El 21 de agosto el Poder Ejecutivo resolvió la remoción del cargo del mencionado exfuncionario, pero a la semana siguiente la justicia determinó una serie de allanamientos por lo sucedido.

El plenario

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, señaló que las interpelaciones buscan “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”. Luego, cuestionó que “los informes escritos han quedado siempre sin respuesta”, y cargó que “la causa ha avanzado y hoy no hay secreto de sumario porque ha habido declaraciones de personas que han dado fe que los audios son verdaderos”.

Autora de uno de los proyectos de ley en cuestión, la diputada nacional Sabrina Selva de Unión por la Patria afirmó que “los audios de Spagnuolo involucrarían a demás funcionarios”, y habló de lo sucedido este lunes con el decreto 685/2025: “Ayer nos enteramos que el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del presidente Javier Milei, decidió promulgar Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspender su aplicación”. “Esto es de una gravedad institucional sin precedentes y es totalmente inconstitucional”.

Luego, pidió por el tratamiento de los textos para la reforma de la ANDIS, se refirió a los audios con voz de Diego Spagnuolo -exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad- y agregó que “fue el único funcionario removido tras la filtración de estos audios, pero fue denunciado por los hermanos Milei”. Acto seguido leyó textualmente los audios en cuestión.

Sobre la posición a esgrimir del oficialismo respecto a la imposibilidad de convocar a Karina Milei por no tener rango de ministra, Selva explicó que “el artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, y advirtió que “nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”.

Uno de los integrantes del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo se manifestó sobre la posibilidad de que los funcionarios citados opten por ausentarse nuevamente: “Esto no es verdaderamente democrático, se llama democracia, pero no lo es”, y añadió: “Lucho por una democracia de los trabajadores y no que haya mecanismos donde los funcionarios puedan evadir rendir cuentas”.

En representación de Encuentro Federal, la diputada nacional Margarita Stolbizer señaló que “el oficialismo debería desdramatizar un pedido de interpelaciones”, y aseveró que hay “hechos que comprometen al más alto nivel de este gobierno vinculados a corrupción”. “No escondan la basura debajo de la alfombra, vengan a dar la cara”, enfatizó.

Exintengrante de La Libertad Avanza, hoy en el bloque Coherencia, la diputada nacional Marcela Pagano pidió “sostener la independencia del Congreso”, y anticipó que desde su bancada “por supuesto vamos a acompañar la citación de la secretaria general de Presidencia”. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y que en el recinto se puedan acelerar las respuestas”, concluyó.

Por último, la diputada neuquina Nadia Márquez inició su intervención al decir que “no podemos dejar de decir que todo esto se usa con fines políticos”. Y cerró: “En los gobiernos kirchneristas hubo más de 6000 pedidos de interpelación y ninguno fue respondido”.

Durante una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, médicos y familiares de pacientes del Hospital Garrahan le pidieron a los legisladores aprobar en la sesión de este miércoles la insistencia a la Ley de Emergencia Pediátrica que el presidente Javier Milei vetó.

En el arranque de la reunión de este martes, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), recordó cómo se originó la ley, cuando los diputados visitaron el Garrahan y tras ello buscaron "poder dar una mano como gesto político para que el Poder Ejecutivo resuelva la situación", cosa que no sucedió. "La ley no tiene un costo fiscal tan significativo, la ley en su totalidad no llega al 0,02 del PBI", afirmó.

Al hacer un repaso sobre lo que prevé la norma vetada y el trámite parlamentario que tuvo, el tucumano expresó: "Lamentablemente este Gobierno ha utilizado el veto como una medida habitual". Y, a continuación, remarcó que la ley apunta a que los trabajadores "cobren lo que cobraban en 2023 ajustado por inflación".

"Pero, además, no es una decisión de más o menos salario, sino de que el Garrahan se sostenga. Los gobiernos pasarán, pero la pediatría de la Argentina no perderá a esa frutilla que decora, que es el Garrahan", agregó el impulsor de la iniciativa.

La voz de médicos y familiares

Madre de una niña paciente del Garrahan, Karina Nieto, enfatizó que "esta no es una medida política más, es lastimar lo profundo de mi ser y de cada familia que lucha por la vida de sus hijos y de toda la sociedad".

"No son los tiempos políticos, ni los números estadísticos, son miles de vidas en riesgo latente de morir. Cada día que pasa sin que la ley entre en vigor, sin que se implemente, estamos corriendo el riesgo de perder a un especialista y con ello la continuidad de los tratamientos", advirtió. Con voz quebrada, Nieto aseveró que "la salud pública es un derecho, no un gasto" y "las vidas de nuestros hijos no son negociables".

A su turno, también con lágrimas en sus ojos, Mariana Saravia sostuvo: "La salud de los niños no distingue estrato social, ideología política, ni si tenes obra social o no. El Garrahan es faro en la vida de un montón de familias que buscamos transitar una tormenta que llega de la noche a la mañana. No apaguen el faro, no apaguen esa luz que ilumina a lo largo y ancho del país".

"El Garrahan no es solo un hospital, es esperanza. Es el lugar donde nuestros hijos tienen oportunidad de vivir, crecer y soñar. No podemos permitir que se vete una ley que representa la emergencia pediátrica, nuestros chicos no pueden esperar, la salud de los niños debería estar por encima de cualquier discusión política", dijo Daiana Helsing, madre de un niño trasplantado.

Jefa del Servicio de Trasplante de Médula Ósea, Raquel Staciuk, manifestó que el Garrahan tiene "un modelo hospitalario que es exitoso, sobresaliente". Explicó que ella trabaja en un área de alta complejidad, lo cual "lleva muchos años de formación; no alcanza con ser los mejores alumnos, significa trabajar, escuchar a los pacientes, trabajar de verdad en equipo".

"Necesitamos un salario digno para trabajar la cantidad de horas que trabajamos. No nos cansamos, lo vamos a seguir pidiendo", reclamó y subrayó que en el hospital "somos formador de formadores". "Nuestra razón de ser son los niños, pero nosotros formamos parte del alma del edificio y necesitamos de ustedes, más que nunca. Tienen la oportunidad de dar un salto histórico con el voto que nos permite sacar esta ley", pidió a los legisladores.

Por su parte, Darío Barsotti, coordinador del Centro de Atención a Pacientes Hemato Oncológicos, destacó que pese a las dificultades "los pacientes nos siguen eligiendo porque tenemos la voluntad de trabajar en este modelo que mostró ser exitoso a lo largo de 38 años". "Tenemos la suerte de vivir en un país donde las personas que pensaron la Constitución dieron la posibilidad de vetar, pero también dieron la posibilidad de insistir cuando algo está bien hecho. Tienen la posibilidad como nuestros representantes de generar esa insistencia", resaltó.

Cristina Alonso, jefa del área de laboratorios especializados, señaló que "el Garrahan es una red que hace a veces lo que no hace el Ministerio de Salud", por lo tanto "si se desmorona el Garrahan se desmorona todo un sistema de salud pediátrica".

En tanto, Laura Olivera, jefa de Clínicas en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo, expresó: "Formamos equipos interdisciplinarios para que todo lo que se hace de alta complejidad sea exitoso como lo viene siendo y sosteniéndose en tantos años. Ustedes tienen la oportunidad de que sigamos trabajando no solo con amor, sino con dignidad".

Entre otros invitados, Juan Carlos "Tato" Vassallo, exdirector de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan, cuestionó la resolución del Ministerio de Salud por la cual se modificó el régimen de residencias médicas (y que la ley prevé su derogación). En este sentido, alertó que "el sistema de salud está en crisis y sin duda requiere un amplio abanico de reformas, pero empeorar las condiciones de formación y el trabajo de los recursos humanos de los profesionales de la salud, que son los que sostienen el sistema, sólo va a profundizar la crisis".

En el cierre, algunos diputados hicieron uso de la palabra. "La mayoría votamos este proyecto y mañana vamos a insistir, y va a ser ley. La mayoría sabemos lo que hacen, lo valoramos y lo vamos a defender", afirmó la santafesina Mónica Fein (EF), mientras que su par Esteban Paulón (EF) coincidió: "Mañana nuevamente el Congreso va a dar una señal de que en temas como la salud pública y específicamente la salud pediátrica, acá nadie da un paso atrás".

"Todo esto se resuelve en la calle y ustedes van a tener que seguir organizados", enfatizó Vilma Ripoll (FIT), quien cuestionó el "presupuesto mentiroso" anunciado por Milei. Y consideró que insistir con la ley será "un golpe político a semejantes personajes que no les importa el Garrahan y todo lo público". Sobre el presidente, dijo que "como no tiene hijos y tiene perros, parece que particularmente le interesa castigar" al Garrahan.

En el encuentro, la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) dio un extenso detalle de un pedido de acceso a la información pública y denunció: "Todo el superávit del Garrahan va a la timba financiera".

En la antesala de la sesión especial que abordará el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría, la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocó a un encuentro informativo para este martes a las 11.30 en la Sala 7 del Anexo. La reunión se llevará a cabo con la presencia de familiares de pacientes y profesionales del Hospital Garrahan.

El encuentro estará encabezado por el diputado tucumano Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quien adelantó que la reunión tiene por objetivo generar un espacio para visibilizar la situación actual del nosocomio en cuestión, el sistema de salud pediátrico y la importancia de fortalecer las residencias médicas a nivel nacional.

“La presencia de las familias y los profesionales de la salud permitirá obtener una perspectiva integral y directa de las problemáticas que afectan a pacientes y trabajadores”, adelantaron. Un día después, el miércoles a las 13 está convocada la sesión especial en la Cámara de Diputados que pondrá a consideración de los legisladores el veto que firmó el presidente Javier Milei a la ley sancionada por el Congreso el 21 de agosto.

Los expositores confirmados son Raquel Staciuk, jefa del Servicio de Trasplante de Médula Ósea; Cristina Alonso, responsable del área de laboratorios especializados; Darío Barsotti, coordinador del Centro de Atención a Pacientes Hemato Oncológicos (CAIPHO); Tato Vassallo, exdirector de Docencia e Investigación del Hospital Garrahan; y Laura Olivera, titular de Clínicas en el Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Neurodesarrollo.

Del mismo modo, disertarán ante los vocales de la Comisión de Acción Social y Salud Pública un grupo de trabajadores de la salud que se desempeñan en distintas áreas, como hematología, enfermería, nutrición, y diagnóstico por imágenes, entre otras.

Luego del faltazo del ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, al plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad, la oposición avanzará con el tratamiento de distintos proyectos que reclaman la interpelación de Lugones y de Karina Milei, mencionada en los audios por los cuales la justicia investiga presuntas coimas en el área de discapacidad.

Ambas comisiones de la Cámara de Diputados están presididas por Unión por la Patria y este martes se reunirán por separado para tratar las iniciativas que le fueron giradas. Sin embargo, todas ellas tienen como comisión cabecera a Asuntos Constitucionales, al mando del libertario Nicolás Mayoraz. La oposición sabe que, para que prosperen los dictámenes, deberá recurrir a la herramienta más utilizada en el último tiempo: que por decisión del pleno se emplace a la comisión.

Así sucedió en abril pasado, cuando se logró aprobar -por medio de ese recorrido- las interpelaciones por el caso de la criptomoneda $LIBRA. En ese momento, por falta de consenso, se dejó afuera a la hermana del presidente. Luego, al recinto, sólo asistió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el caso de la Comisión de Salud, conducida por el tucumano Pablo Yedlin, se reunirá a las 12 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja. El temario incluye dos proyectos de Sabrina Selva (UP) y Christian Castillo (FIT), que piden por la interpelación de Lugones y Karina Milei, mientras que el restante es de Oscar Agost Carreño (EF) y solicita los informes verbales de Francos.

El jefe de Gabinete estuvo el miércoles 27 en la Cámara baja, donde evitó nombrar a funcionarios y ratificó la postura del Gobierno sobre el escándalo de los audios, al hablar de una "operación política" y "maniobras".

Por su parte, la Comisión de Discapacidad, presidida por Daniel Arroyo, abordará el proyecto de resolución presentado por Esteban Paulón (EF) para interrogar a la hermana de Milei y a Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS y a quien se le atribuyen los audios revelados.

Además, el temario de esta reunión, citada para las 14 en la Sala 2, incluye pedidos de informes por escrito solicitados por Sergio Casas, Andrea Freites, Eduardo Valdés (UP) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

En medio de la crecida del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reúnen este martes a las 12 en un encuentro plenario para abordar las presuntas irregularidades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El ministro de Salud, Mario Lugones, fue citado a la reunión, pero no ha confirmado su presencia.

La citación incluyó, también, al nuevo interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue designado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria, organismo estatal que funciona dentro del Ministerio de Salud de la Nación.

El encuentro de las dos comisiones fue motorizado por sus dos presidentes: el tucumano Pablo Yedlin (Acción Social y Salud Pública) y Daniel Arroyo (Discapacidad). Según supo parlamentario.com, ninguna de las dos citaciones fue respondida por los funcionarios del área de Salud y desde el plenario dan por hecho que no asistirán, sobre todo, teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá al recinto de la Cámara baja al día siguiente.

La intervención de la ANDIS fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y el viernes pasado el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 16 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Después de la remoción de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y la de Discapacidad de la Cámara de Diputados convocaron a un plenario para este martes a las 12, en donde convocan al ministro de Salud, Mario Lugones para tratar las denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos.

El anuncio fue confirmado por el diputado tucumano Pablo Yedlin, presidente de Acción Social y Salud Púbica. Por su parte, la Comisión de Discapacidad, a cargo de Daniel Arroyo, también será parte del encuentro plenario.

También fue citado el interventor de la ANDIS, el doctor Alejandro Vilches, quien fue asignado por el Poder Ejecutivo para elaborar una auditoría profunda en el organismo por el plazo de 180 días. Antes de llegar a la Agencia, estuvo a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

La intervención fue ordenada luego de la escandalosa salida de Spagnuolo, a quien le filtraron un audio con su voz (se prevé que haya sido grabado y no se trataría de un mensaje de WhatsApp), en donde reconocía el presunto pago de coimas por $500.000 dólares por parte de una empresa.

La pieza de audio fue filtrada por la prensa y este viernes el extitular de la ANDIS fue retenido en un country de Pilar, donde después de 14 allanamientos, la Justicia le secuestró el teléfono celular y una máquina de contar billetes.

Los proyectos de ley presentados

La citación al plenario a una reunión meramente informativa, contempla, además, a los diputados nacionales que impulsaron diferentes proyectos de ley respecto al escándalo que vincula a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria presentó un pedido de interpelación a Diego Spagnuolo en relación a las graves denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales respecto de presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos vinculadas a contrataciones de medicamentos realizadas por la Agencia a su cargo.

En el mismo espíritu, la diputada fueguina Andrea Freites presentó un pedido de informes para conocer en detalle las contrataciones realizadas con la empresa Suizo Argentina S.A. desde el 10 de diciembre de 2023. Además, exige el detalle completo de cada operación: fechas, volúmenes de productos adquiridos, montos involucrados y la identificación precisa de los funcionarios participantes, con nombres, apellidos, DNI, cargos y funciones. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", planteó.

En un trabajo conjunto con varios bloques de la oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; Mónica Frade la Coalición Cívica; y Sabrina Selva de Unión por la Patria proponen la creación de una Comisión Investigadora en base a las supuestas expresiones, realizadas recientemente por el entonces director de la ANDIS.

Por último, Sabrina Selva presentó un pedido de interpelación en el Congreso sobre Karina Milei, secretaria general de Presidencia de la Nación, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Tras una reunión que se inició con discusiones reglamentarias por la conducción del plenario y críticas al oficialista José Luis Espert, apuntado por su rol al frente de la Comisión de Presupuesto, diputados avanzaron con los dictámenes en torno a la emergencia pediátrica, tema impulsado a partir del conflicto desatado por el desfinanciamiento del hospital Garrahan.

Con algunas disidencias, el dictamen de mayoría fue firmado por 65 diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, misioneros y salteños de Innovación Federal y la radical Natalia Sarapura.

El primer dictamen de minoría fue suscripto por 14 diputados de La Libertad Avanza en rechazo a la propuesta.

En tanto, con 10 rúbricas presentaron un despacho propio diputados de la UCR, la CC y una del Pro, la chubutense Ana Clara Romero. Aunque en la previa bloques de la oposición impulsores del debate intentaron arribar acuerdos con radicales y un sector de los amarillos, aliados del oficialismo, con el fin de juntar un importante número de firmas, finalmente no sucedió. El cuarto dictamen fue del Frente de Izquierda.

El dictamen de mayoría busca declarar la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina” por un año -originalmente preveía dos- “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.

Además, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y dispone que se garantice, en el marco de la ley, “su funcionamiento pleno y sostenido”.

Uno de los artículos que se agregó, con aval de UP y DpS, más no de toda la coalición opositora, y sobre el que buscarán zanjar diferencias camino al recinto, es el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

La iniciativa además establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

También, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. Asimismo, plantea la exención en Ganancias para todo el personal, cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

“El Poder Ejecutivo Nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”, indica el texto sobre el financiamiento.

Finalmente, se crea “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, agrega otro artículo.

El debate

Primer orador de la jornada, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo consideró que "es evidente que estamos ante uno de los conflictos más emblemáticos que hay en nuestro país". "El Gobierno ha mentido escandalosamente en este debate, ha querido crear un enfrentamiento entre los trabajadores", agregó.

El legislador cuestionó al Gobierno por "mentir" sobre la situación de los residentes y además haber sacado el Ministerio de Salud una resolución "para aún precarizar más la situación de los residentes". "Todos los argumentos fueron mentiras para justificar la motosierra", insistió Castillo y destacó que "el Garrahan es uno de los emblemas de lucha, resistencia y organización". Además, criticó al ministro Mario Lugones, al recordar que proviene del sector privado y "está desguazando la salud pública".

A continuación, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, afirmó que "hoy es un día importantísimo para el Congreso" que debate "una demanda que es clarísima". "Estos profesionales son orgullo del país", expresó al mencionar la presencia de profesionales del Garrahan en la reunión. "Si a esta altura debemos seguir explicando lo que le están haciendo al Garrahan es porque es un diálogo entre mudos, sordos y ciegos que no quieren ver una institución que nos llena de orgullo", sostuvo y ponderó el agregado al dictamen para "retrotraer la resolución del Ministerio de Salud que lleva a los residentes a situaciones deplorables".

Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone observó que “el sistema de residencias está totalmente distorsionado en el enfoque en los últimos años” cuando “fue creado para formar a los médicos en el terreno y no para utilizar mano de obra barata como se ha utilizado en las últimas décadas”. Sobre el financiamiento del proyecto, resaltó que desde su espacio creen que “puede haber fuentes de financiamiento alternativas", y allí hizo referencia a la iniciativa presentada por el MID para terminar con las jubilaciones de privilegio. Sin embargo, reclamó a Espert que en un año “no hicieron ningún estudio del ahorro fiscal que podría tener” tal medida.

La única en hablar desde La Libertad Avanza fue Carolina Píparo, que rechazó el emplazamiento y cuestionó la gestión en salud de las provincias. “Pasan las décadas y nadie se pregunta por qué los niños tienen que seguir viajando miles de kilómetros”, manifestó y lanzó: “Hay provincias que no tienen ni para hacer un fondo de ojos. Háganse cargo de lo que hace el populismo y no esperen lo mismo de este Gobierno”.

“Dejen de mentir. Muchos están diciendo que nosotros precarizamos a los trabajadores del Garrahan”, dijo y defendió que “la resolución del Ministerio de Salud da la opción; los residentes pueden seguir eligiendo el sistema tal cual está”. En el cierre, fue chiflada por los médicos residentes presentes.

A su turno, la radical Gabriela Brouwer de Koning coincidió que “ante la situación crítica que se está atravesando, lo que merece este tema es un debate serio y una respuesta institucional clara, razonable y por supuesto que urgente. Porque miles de niños y niñas de todo el país llegan al hospital Garrahan con situaciones graves, para ser atendidos por personal altamente calificado, y si no van a ese hospital no pueden ser atendidos en otro porque no está la disponibilidad en otro hospital de nuestro país. Por eso el Garrahan no es un nosocomio más, es un referente nacional e internacional”.

Al defender el dictamen, la cordobesa señaló que “sabemos que debemos cuidar el equilibrio fiscal y eso es una prioridad”, por eso proponen “reasignar gastos, no gastar de más, sino priorizar” y “responder con medidas excepcionales y responsables”.

Por Encuentro Federal, el diputado Esteban Paulón lamentó que haya que “explicar lo obvio” sobre el “hospital de excelencia” que es el Garrahan, el cual “el primero que debería ir a conocerlo es el presidente. Pero no sabe ni donde queda la calle Pichincha de la Ciudad. No los conoce a los equipos, no le interesa tampoco. A pesar de no conocerlos, muy suelto de cuerpo admitió ser cruel” con ciertos sectores, entre los que incluyó a “los ‘ñoquis’ del Garrahan. Ñoquis que salvan vidas todos los días, innovan y hacen operaciones que uno no se imaginaría”.

Hacia el cierre, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó a Espert y resaltó: “Estamos acá para darle cumplimiento al mandato que tenemos quienes entendemos a la política como herramienta de transformación. Tuvimos la difícil tarea de emplazar”.

“Lamento que usted presida (esta reunión) y tenga tanto desprecio por el rol central de la comisión que es la llave de entrada y salida de tantos proyectos”, le lanzó al oficialista y agregó: “De pasar a no querer abrirla, a querer presidirla, es parte de los vaivenes que usted lleva en su accionar político”.

Sobre el conflicto del Garrahan, la bonaerense advirtió que está “en riesgo el sistema público” de salud. Defendió la vocación médica y ponderó la “decisión de dedicar su vida a curar a otros”. A continuación, cargó contra La Libertad Avanza y dijo que “niegan la historia del Garrahan y ni siquiera el macrismo se había animado a tanto”.

Finalmente, la exfuncionaria del Frente de Todos señaló que “Espert no camina el territorio nacional”, y concluyó: “Le pido perdón al Garrahan porque me da vergüenza ser parte de la Comisión de Presupuesto que buscó artilugios para no lograr este dictamen de mayoría”.

Luego que la oposición lograra aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados, durante la última sesión, el emplazamiento a comisiones para tratar proyectos vinculados al desfinanciamiento del hospital Garrahan y las universidades nacionales, se oficializó en la agenda la citación a ambos plenarios para este martes.

En lo que respecta a los proyectos sobre emergencia pediátrica, las comisiones de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda fueron convocadas a partir de las 12; mientras que sobre el financiamiento de la educación universitaria, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se congregarán a las 16. Ambas reuniones tendrán lugar en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

La intención de la oposición de obligar al debate a la Comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista José Luis Espert, quien la mantiene cerrada para analizar cualquier tipo de iniciativa que desde el Gobierno sea rechazada u objetada por su costo fiscal, ya estaba hace un mes atrás, pero cuando iban a proponerse los emplazamientos en la sesión del pasado 4 de junio -ya de madrugada- la misma se quedó sin quórum.

Finalmente, los emplazamientos se votaron por una destacada mayoría, incluso con el aval de algunos aliados de La Libertad Avanza, en la sesión del pasado 2 de julio. Allí, Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, habló por universidades y Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud, por emergencia pediátrica. Ambos diputados de Unión por la Patria dejaron en claro que la convocatoria sería con el fin de dictaminar.

En el caso de emergencia pediátrica, vinculada a la crisis que atraviesa el prestigioso hospital de niños Garrahan, el proyecto ya había recibido despacho en las comisiones de Salud y, con más retraso, en Familias.

La iniciativa plantea declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de dos años, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Entre sus puntos, se busca garantizar la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios; la recomposición inmediata de los salarios del personal; exención en Ganancias para todo el personal de salud; y adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos.

Asimismo, establece que "mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria".

Por su parte, sobre la cuestión de financiamiento universitario -en un dejà vu de la ley sancionada el año pasado y vetada luego por el presidente Javier Milei- fueron presentados proyectos por Mónica Macha (UP), Danya Tavela (DpS), Pablo Carro (UP), Christian Castillo (FIT) y Blanca Osuna (UP).

En este caso, el tema no sólo no fue tratado en Presupuesto, sino tampoco en Educación, que no se reunió en lo que va del año y está a cargo del diputado del Pro Alejandro Finocchiaro.

El último expediente ingresado con las firmas de Tavela y Osuna reproduce la propuesta acercada desde el Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos representantes participaron a fines de mayo de una audiencia con legisladores de la oposición.

El proyecto apunta a garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales; la recomposición de salario docente y no docente (por IPC desde diciembre de 2023);la convocatoria a paritarias; la actualización de los gastos de funcionamiento; la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos para carreras estratégicas y el financiamiento de becas.

Además, impulsa que se establezca un piso obligatorio de inversión en educación universitaria, que impacte de manera progresiva en la participación dentro del PBI: 2026 (1%); 2027 (1,1%); 2028 (1,2%); 2029 (1,3%); 2030 (1,4%); 2031 (1,5%).

La oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen este martes a un proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de salud pediátrica y de las residencias nacionales por el término de dos años, presentado a raíz del conflicto salarial del hospital Garrahan.

"Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum", pidió el presidente de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin (UP).

De esta manera, al temario de la sesión convocada este miércoles por jubilados, discapacidad y emergencia por inundaciones, se sumará el planteo de emplazamiento a comisiones por financiamiento universitario y también este proyecto vinculado al Garrahan, que tiene giro a Familias, Niñez y Juventudes y Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa plantea "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".

También, la recomposición inmediata de los salarios del personal; la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias; y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos.

"Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica", agrega otro artículo.

Además, en la comisión se dictaminó un proyecto de Mónica Fein (EF) que declara al Garrahan como "Hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad"; un pedido de informes presentado por Carla Carrizo (DpS); y tres proyectos que expresan preocupación por el desfinanciamiento del nosocomio, de Fein, Micaela Morán (UP) y Marcela Coli (DpS).

En el comienzo de la reunión, Yedlin expresó: "Lo que estamos intentando hacer es poner en evidencia una situación de enorme preocupación por el sistema de salud argentino. Saben que el hospital Garrahan es el de máxima complejidad pediátrica de la Argentina, tanto del sector público como el privado. La mitad de los trasplantes pediátricos de la Argentina se hacen solo en ese hospital”.

"El sistema de salud pediátrico no puede funcionar sin el Garrahan”, enfatizó el legislador, quien es médico pediatra. Además, cuestionó a Mario Lugones: "Nos hubiera gustado tener un ministro de Salud nacional que se hubiera preocupado, acercado, que hubiera abierto una mesa de negociación y no que expresara un tuit compartiendo un comunicado sin firma, en donde se establece un aumento que ni siquiera sabes si es real y solamente para los residentes del hospital”.

El tucumano advirtió que todos los residentes del país "cobran por debajo de la línea de pobreza". De nuevo, sobre el Garrahan, señaló que allí "no solamente se atienden los pacientes pediátricos de todo el país, sino que se forman los pediatras de toda la Argentina. Es decir que no solamente estamos poniendo en riesgo la atención actual, sino que estamos hipotecando el futuro de la pediatría”.

Durante el tramo de intervenciones de los diputados, Fein alertó que "lo que está en crisis es la red del sistema de salud en su conjunto y la pediátrica en particular". Por otra parte, recordó que Milei siendo diputado nacional votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas. "Creo que no es casual, como tampoco el desfinanciamiento de la salud pública", manifestó y agregó que "este Gobierno utiliza la mentira para hacernos cambiar el foco; en las universidades eran las auditorías y ahora vienen por los ñoquis".

A su turno, Pablo Juliano (DpS) dejó una advertencia de cara a la sesión de este miércoles y los diputados que responden a sus gobernadores en relación al quórum. "Quiero rescatar un par de frases que uno de los médicos del Garrahan mencionó acá. Él mencionó algo que es fundamental: 'centralizamos pero con un espíritu federal'. Mañana digámosles a los gobernadores y a sus diputados que no se sienten en sus bancas que a los chicos que mandan a atender al Garrahan se los vamos tener que devolver a las provincias".

Por su parte, Daniel Gollán (UP) opinó que "vivimos una situación surrealista" con anuncios que se publican por la red social X, lo cual dijo "es poco serio". "Estamos en manos de un Gobierno que no sabemos qué va a pasar mañana, porque cambian cuántas veces quieren", observó.

Desde el oficialismo, el vicepresidente de la comisión, Manuel Quintar (LLA), argumentó el dictamen de rechazo. "Se está aprovechando una vez más una situación seria, real, con fines netamente políticos y electorales", denunció y ratificó el "apoyo incondicional a los que trabajan y poner el cuero en todo el sistema sanitario nacional".

"Conozco muy bien el sistema sanitario argentino y sé que está desfinanciado, pero no está desfinanciado por el presidente Milei, está desfinanciado por los últimos 20 años de populismo", lanzó y defendió que en esta gestión "se ha incrementado en 13 mil millones de pesos en concepto de recupero de gastos sanatoriales de las obras sociales a los terceros responsables del hospital Garrahan".

"Mientras eso pasa, IOMA, la obra social del ministro (Nicolás) Kreplak, le debe 4.135 millones de pesos al Garrahan por atención de pacientes. Si tanto les preocupa, que paguen lo que deben", reclamó entre quejas de sus pares opositores por hablar cuando ya se habían retirado los trabajadores del Garrahan.

En otro tramo, el jujeño sumó: "La señora (en alusión a Cristina Kirchner) que dice estar preocupada por el Garrahan hizo entrar más de mil personas, todas administrativas y sin ningún tipo de calificación, bastardeando a los que sí trabajan en el Garrahan".

Trabajadores del Garrahan se refirieron a la situación actual

Invitados a exponer en el comienzo del encuentro, María Clara Busan, médica residente de cuarto año, sostuvo: "Elegimos la residencia de pediatría en el hospital Garrahan por ser un centro de referencia nacional en pediatría y alta complejidad" donde "se forman alrededor de 700 pediatras por año".

"Nos encontramos ante una situación límite e insostenible; los residentes estamos reclamando por un salario digno, por condiciones de trabajo que nos permitan vivir", aseveró y detalló que "hoy un residente de primer año trabaja 70 horas semanales, con seis guardias de 24 horas por mes y cobra 797 mil pesos. ¿Qué proyecto personal es compatible con este sueldo? Ser médico no puede ser sinónimo de sacrificio extremo o pobreza encubierta". "Los residentes somos empleados del Ministerio de Salud, nuestros salarios no dependen del presupuesto del hospital", aclaró.

Santiago Weller, jefe de Clínica del Servicio de Urología, destacó el trabajo por "tratar la enfermedad de los niños para en algún momento poder darles el alta, o acompañarlos si el resultado no es el mejor. Somos un equipo, no mil metros cuadrados donde se juntan ñoquis a no hacer nada, que es lo que se viene diciendo".

"El hospital tiene un rol muy vasto", afirmó y, en ese sentido, destacó las investigaciones que allí se realizan. "Estamos modificando genéticamente riñones de chancho para ponerlos en humanos, eso no se está haciendo en ningún lado, sólo en Estados Unidos", resaltó y también señaló: "Centralizamos porque recibimos a los pacientes de todas las provincias, para poder ser complemento de sus hospitales".

Muy crítica del Gobierno, la médica pediatra Gabriela Bauer rechazó las "embestidas absurdas que fueron dando como respuesta de manera caótica, pero seguramente muy pensada, funcionarios de nuestro Gobierno, y aún el mismo Milei diciendo que esto es un tema delicado. Esto no es un problema delicado, es un problema grave, grave. El recorte del Estado llegó al hospital y el hospital es 100% Estado y quienes están dañándose son niñas, niños y adolescentes".

"¿Qué está pasando con los chicos? Tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños, niñas y adolescentes. Es una bestia como habló en campaña y se refirió indirectamente, porque nunca los mira a la cara, no sabe decir chicos, no sabe ni decir niño, niña o adolescente. Sabe decir perros o envaselinados", lanzó.

Otro de los oradores fue el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, quien aseguró: "No es una decisión del Consejo de Administración del Hospital Garrahan lo que va a solucionar este problema, es una decisión política del Gobierno nacional, que tiene que pagar, dar condiciones laborales y garantizar la formación como corresponde".

Además, de la reunión participaron virtualmente los ministros de Salud Juan Carlos Vergara (La Rioja), Martín Regueiro (Neuquén) y Judith di Giglo (Tierra del Fuego). También hablaron María Esperanza Paciaroni, paciente del hospital; Marcela Martínez, enfermera del hospital; y Victoria González, becaria de la Unidad de Condiciones Crónicas Complejas, entre otros.

Parte del grupo de oradores que expusieron este martes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde se dictaminaron proyectos relacionados al hospital Garrahan, la médica Gabriela Bauer enfatizó que "tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños, niñas y adolescentes".

La pediatra rechazó las "embestidas absurdas que fueron dando como respuesta de manera caótica, pero seguramente muy pensada, funcionarios de nuestro Gobierno" sobre el conflicto salarial, y agregó: "Y aun el mismo (Javier) Milei diciendo que esto es un tema delicado. Esto no es un problema delicado, es un problema grave, grave. El recorte del Estado llegó al hospital y el hospital es 100% Estado, y quiénes están dañándose son niñas, niños y adolescentes".

Bauer señaló que a raíz esta situación, "ha disminuido la atención por guardia estos días, se han tenido que suspender cirugías, se han diferido tratamientos, y todo eso se llama daño".

La médica recordó que el Garrahan "es el hospital más grande del país", con un presupuesto anual de 200 mil millones de pesos. "Es un hospital de los chicos; esperemos poder defenderlo bien porque se trata de los chicos y la Constitución nos dice que nos ocupemos de eso", expresó.

En esa línea, continuó: "Ahora bien, ¿qué está pasando con los chicos? Tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños, niñas y adolescentes".

“Es una bestia como habló en campaña y se refirió, indirectamente, porque nunca los mira a la cara. No sabe decir chicos, no sabe ni decir niño, niña o adolescente. Sabe decir perros o envaselinados”, cuestionó a Milei y completó: "Y se da el tupé en el medio de este conflicto de insultar a un niño por Twitter. ¿Qué nos pasa? ¿Qué no hicimos bien?". Esto último fue en referencia a Ian Moche, un niño con autismo que fue víctima de un duro resposteo de Milei en su cuenta de X.

Orgullo de la medicina argentina, el Hospital Juan P. Garrahan atraviesa una situación muy complicada, signada por un conflicto salarial que no se disipó a pesar del aumento concedido por el Gobierno nacional este domingo a los residentes.

Por el contrario, los gremios rechazaron el aumento por excluir a más del 90% del personal del centro pediátrico, y convocaron a una asamblea que tendrá lugar este martes a las 13.

Para media hora antes está prevista en la Cámara de Diputados una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin, para analizar una serie de proyectos de resolución relacionados con la situación del hospital.

En efecto, para las 12.30 ha sido convocada la comisión a reunirse en la Sala 5 del 3er piso del Anexo A, y se pondrán a consideración al menos tres proyectos sobre el tema. Uno de la diputada Micaela Morán (UP) que expresa la preocupación por “la política de desfinanciamiento del Hospital Nacional de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan y otras cuestiones conexas”.

También hay una iniciativa de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, que expresa la preocupación por la situación del hospital, como así también un pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado por la radical de Democracia para Siempre Carla Carrizo y otros diputados de varios bloques.

Sin lugar a dudas será el preámbulo de lo que también se vivirá al día siguiente en el recinto, cuando la situación del Garrahan, sea expuesta seguramente en la primera parte de la sesión pedida por la oposición.

La Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara baja, que preside el tucumano Pablo Yedlin, se reunirá este martes para debatir sobre la creación de un "Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA)", que impulsa el diputado y neurocientífico Facundo Manes.

El encuentro, que se llevará a cabo desde las 11.30 en la Sala 4 del Anexo, contará con la participación de especialistas y profesionales.

El proyecto plantea la creación del “Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA), orientado fundamentalmente a la prevención, la investigación básica y aplicada, la detección temprana, la atención, tratamiento y cuidados adecuados de las personas con estas patologías, así como la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas”.

La iniciativa tiene amplio consenso parlamentario ya que fue acompañada por el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, y por los jefes de bloques Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Germán Martínez (UP), Rodrigo de Loredo (UCR), Pamela Caletti (Innovación Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica). La suma de estos bloques arroja más del 60% de la Cámara baja. También suscribieron el proyecto de ley otras autoridades de la comisión mencionada como los diputados Carla Carrizo (DpS), Mónica Fein (Encuentro Federal) y Carlos Fernández (Innovación Federal).

Disertantes

Exposición 1. Impacto social del Alzheimer. Licenciada Dévora Kestel. Directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud.

Exposición 2. Experiencia comparada: la aplicación de Planes Nacionales de Demencia en otros países. Licenciado Diego Aguilar (Alzheimer’s Disease International (ADI).

Exposición 3. La creación de la política pública a nivel provincial. Experiencias y desafíos. Doctor José María Canelada (ex diputado provincial por Tucumán – autor ley 9.014).

Exposición 4. La participación de la Sociedad Civil. El testimonio de las asociaciones. Licenciada Gladys Bangueses (presidenta de la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA)

Exposición 5. Las evidencias científicas en torno al Alzheimer. Doctora Rossana Chein, directora del IMMCA (Instituto de Investigación en Medicina Molecular y Celular Aplicada (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Universidad Nacional de Tucumán – Sistema Provincial de Salud).

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Con la ausencia de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro y la UCR, la oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, que reunió un total de 21 firmas y había obtenido previamente despacho en la Comisión de Discapacidad, deberá pasar ahora por Presupuesto y Hacienda, comandada por el oficialista José Luis Espert. Ante la resistencia de LLA, varios legisladores anticiparon la intención de votar un emplazamiento a Presupuesto en el recinto en la próxima sesión que haya.

El proyecto busca establecer diversas medidas de protección y promoción de derechos; garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores básicos; garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros puntos.

Además, la propuesta introduce modificaciones a distintas leyes para armonizarlas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, sostuvo que “emergencia significa darle prioridad presupuestaria a la atención a la problemática de la discapacidad” y “lleva a obligar al Estado Nacional a darle prioridad a un esquema puntual”.

“Se están dando muy pocas prestaciones para las personas con discapacidad. Tenemos dificultad con el transporte. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual alguien que tiene que hacer un tratamiento cinco días a la semana, lo llevan dos”, graficó y mencionó que además hay “problemas serios en materia de educación” con gran rotación de asistentes que acompañan a los alumnos. También se suma “el retraso claro en el acceso a los medicamentos”.

El exministro de Desarrollo Social precisó que hay 1.200.000 personas que “acceden a una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima”. “Está bien, hay que hacer una auditoría, es evidente que hay personas que accedieron a pensiones que no les correspondían. Pero llevamos 15 meses y estamos en un promedio de 300 mil cartas documento”, señaló y afirmó que “se está haciendo un proceso de ajuste absolutamente brutal”.

Arroyo sumó que, a todo esto, la Agencia Nacional de Discapacidad “pasó de la Jefatura de Gabinete al área de Salud; en un concepto que retrocede más de 100 años”.

El legislador apuntó que las pensiones deberían actualizarse por inflación, pero que en su opinión el proyecto no debería pasar por la Comisión de Presupuesto, “porque no hay presupuesto este año. No estamos creando ningún hecho nuevo en términos fiscales”, sino que se trataría de reasignación de partidas.

Daniel Arroyo (Foto: HCDN)

Luego, el diputado de UP Eduardo Valdés observó que “para este Gobierno el verbo auditar es aniquilar derechos. Nunca se les ocurriría auditar a los grandes unicornios que todos los años se llevan de piso 100 millones de dólares (en subsidios). Con eso se resolvería todo el déficit de las personas con discapacidad”. “La única discapacidad en la vida es una mala actitud y es lo que están haciendo hoy”, expresó.

Por su parte, su par Victoria Tolosa Paz cuestionó que “es un caballito de batalla de este Gobierno poner el gran manto de duda sobre las personas con discapacidad, y poner la excusa de una gran auditoría para, no solamente no dar ninguna nueva alta, sino para seguir congelando el monto de la pensión”.

“El Gobierno imagina a las personas con discapacidad solamente como personas que tienen una enfermedad”, dijo y habló, en cambio, a favor de una concepción de “modelo social” que “les permite ser incluidas en la sociedad”. “Este proyecto vuelve a poner en cabeza de la ANDIS toda la competencia y la saca del Ministerio de Salud”, explicó.

Además, la exministra de Desarrollo Social anticipó que desde la oposición buscarán votar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque “es la única opción” ya que “este tema no está en la agenda del Ejecutivo”.

Otra de las que habló fue Danya Tavela, del bloque Democracia para Siempre, quien resaltó que “estamos ante una situación crítica”. “La discapacidad también puede adquirirse, nadie está exento”, advirtió la radical y reconoció que no le “gusta” declarar emergencias, “pero a veces no queda otra alternativa”.

“Seguramente no serán muchos los diputados que acompañen, porque en este pacto de oscuridad y silencio que algunos sectores están llevando adelante con el Gobierno, muchas veces estos temas quedan para otra oportunidad”, lamentó y aseguró: “Tenemos que impedir que este Gobierno siga en este camino de abandono, de desidia, de mala fe”.

En tanto, la socialista Mónica Fein opinó que este es “un proyecto que nos da humanidad como Congreso”, mientras que el legislador de izquierda Nicolás del Caño subrayó que las personas con discapacidad “bajo este Gobierno han recibido ataques de todo tipo. Antes de cualquier auditoría ya tenían planteada la motosierra sobre 300 mil pensiones, algo que estaba previsto en el proyecto del Presupuesto 2025”, que nunca se trató.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, ejemplificó que “con la mitad de los fondos reservados que le dieron a la SIDE, podríamos estar financiando la totalidad de las prestaciones para las personas con discapacidad”. “La crueldad que mencionaron todos los diputados, cuando uno le pone números queda más clara la arbitrariedad, la discrecionalidad y la escasa o nula voluntad política de resolver este tema”, agregó.

En el final del debate sobre el proyecto, el diputado misionero del bloque Innovación Federal Carlos Fernández se sinceró: “A pesar de estar acompañando (al oficialismo) en muchas cosas que no queremos y votamos por conveniencias provinciales, he logrado que en mi provincia me autoricen a acompañar esto”. Y pidió avanzar en el diálogo y consenso para que, todos aquellos que también “necesiten la autorización de los gobernadores”, avalen en la Comisión de Presupuesto “y podamos meter esa firma con total autoridad y convicción de que es necesario”.

Más adelante, cuando dijo que iba a hacer una “catarsis” sobre la coyuntura en cuanto a las medidas en salud del Gobierno, el diputado de UP Daniel Gollán lanzó que “en algún momento tenemos que parar y decir ‘nuestra consciencia nos dicta una cosa, y si mi gobernador me manda a hacer otra, y mi consciencia me dice que yo no puedo dejar a los discapacitados desamparados, tenemos que ir a favor de los discapacitados’”.

Por otra parte, pasaron a la firma varios proyectos de declaración y pedidos de informes al Ejecutivo. Respecto de los referidos al cierre del Instituto Nacional del Cáncer, Del Caño enfatizó que esa decisión “marca nuevamente la crueldad del Gobierno” en el marco de “un ajuste muy fuerte que está viviendo toda la salud”. Y rechazó que el pedido de informes sobre este tema tenga giro a Presupuesto: “Es absolutamente ridículo”.

En tanto, la diputada de UP Roxana Monzón manifestó que el Instituto trabajaba en “la prevención, que es muy importante, dado que la mayoría de los cánceres que presenta la población se pueden de alguna manera solucionar con la prevención”. “Es muy grave y no tiene explicación”, dijo sobre la decisión del Ministerio de Salud de absorber el INC.

“Es una medida desacertada del Gobierno”, coincidió el diputado de UP Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, quien recordó que este miércoles es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino y “en Argentina mueren por año 2.300 mujeres” por esta causa.

Al recordar la Ley de Cuidados Paliativos y el programa allí contemplado, Fein subrayó que “al derogar el programa dentro del Instituto del Cáncer, se deja también sin efecto una ley votada por este Congreso”.

Dentro de la lista de consejeros que acompañó camino a la presidencia del Partido Justicialista Nacional a Cristina Kirchner, el diputado Pablo Yedlin considera que la expresidenta “viene a unificar a la oposición para que sea más competitiva”. “Hay quienes la resisten, pero no creo que resistan la unidad. Yo creo que el peronismo se va a reagrupar”, confía de cara a las elecciones del próximo año, cuando se elegirán legisladores nacionales. 

Para el tucumano, en la campaña que viene se medirán nuevamente dos modelos. En su opinión, dentro del plan del Gobierno de Javier Milei hay “gran parte de los argentinos que quedan afuera”. “La industria queda por fuera, los comercios, el consumo, los jubilados, las universidades, la ciencia y la técnica, la cultura”, enumera y sostiene que “este Gobierno tiene la menor capacidad de gestión en esas líneas y eso se va a empezar a notar cada vez más”, pese a la baja de la inflación, logro que exhibe La Libertad Avanza. 

En diálogo con parlamentario.com, Yedlin destaca que a lo largo del 2024 “quienes han sostenido la oposición en Argentina han sido los dos bloques de Unión por la Patria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”. A diferencia de la oposición llamada “dialoguista”, de la que opina: “Terminaron dándole a este Gobierno las herramientas que generan que hoy los jubilados no tengan remedios. Este Gobierno es tremendamente peligroso para que le entreguen un cheque en blanco”. 

En un balance sobre el trabajo realizado en la Comisión de Acción Social y Salud Pública -que él preside- destaca que se reunieron más de una docena de veces, al tiempo que lamenta las citaciones a funcionarios que no asistieron, como Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. “Llegará el momento en que estas faltas de respeto permanente al Congreso van a tener consecuencias”, advierte. 

Además, sobre uno de los grandes temas pendientes, como la discusión del Presupuesto 2025, el diputado considera que en marzo próximo, cuando arranque el nuevo período ordinario, “nosotros deberíamos sostener que si no se discute el Presupuesto, no se discute ninguna ley”. 

-Se termina el 2025 y, pese a las tensiones internas que conviven en todos los bloques, Unión por la Patria pudo mantenerse sin rupturas, ¿a qué lo atribuye?

-Es un bloque muy grande, de 99 miembros, con muchas diferencias, muy variado. Empezamos con 102 y se fueron 3 tucumanos. Hay diputados que dependen de algunos gobernadores, otros que son opositores en sus provincias, diputados del Frente Renovador, de La Cámpora, exalbertismo, y otros que vienen del sindicalismo. El desafío era poder sostenerlo al bloque y creo que ahí hay que reconocer en Germán Martínez un importantísimo liderazgo y una capacidad de trabajo muy elogiable. Germán ha logrado con Paula Penacca y Cecilia Moreau sostener esta diversidad aún en el disenso, que incluso se ha generado en distintas ocasiones, pero que -en líneas generales- se ha entendido que más allá de alguna votación diferente, el concepto de la unidad era importante. Quienes han sostenido la oposición en Argentina han sido los dos bloques de Unión por la Patria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. 

-¿Qué opina de la actitud que tuvieron para con el oficialismo los llamados bloques “dialoguistas”? 

-Yo espero que cambie, la verdad que la vi muy mal este año, la vi encerrada en una situación muy compleja; porque sé cómo piensan muchos. Los vi en una encerrona entre apoyar a un Gobierno con el cual no coincidían muchos de sus ideales o creer que perdían porque se unían a Unión por la Patria. En esa encerrona terminaron dándole a este Gobierno las herramientas que generan que hoy los jubilados no tengan remedios. Después se indignan porque los jubilados no tienen remedios, pero el DNU 70 y la Ley Bases se las dieron ellos. Hay gobernadores con el mismo discurso, y son los que mandaron a votar a sus diputados para entregarle las herramientas a este Gobierno, que sabíamos lo que era. Yo espero que esta oposición llamada dialoguista se transforme en una oposición real y que, por lo menos en las cosas que ponen en riesgo la vida de mucha gente, estén acompañando. Ojalá el radicalismo y la Coalición Cívica tomen un rol más lógico, un rol que supieron tener cuando fueron oposición al peronismo y ahora abandonaron. Le han entregado a este Gobierno un cheque en blanco, y este Gobierno es tremendamente peligroso para que le entreguen un cheque en blanco.

-El próximo año es electoral, ¿cómo ve las chances de la oposición peronista frente a un Gobierno que ha mostrado logros recientes?

-Este Gobierno, que viene teniendo un éxito relativo en términos macroeconómicos, en el sentido de la baja de la inflación y el índice del riesgo país, enfrenta grandes desafíos para el año que viene: la deuda acumulada; los opositores colaboracionistas le han permitido que pueda renegociar, entonces esto, más posiblemente una mirada bondadosa del FMI, le permita sostener esta situación económica. A mí me parece que, sin embargo, gran parte de los argentinos están fuera de este modelo de país. Si bien puede haber inversiones en minería, en energía, que el campo tenga un buen año, supongamos, gran parte del país queda por fuera. La industria queda por fuera, los comercios, el consumo, los jubilados, las universidades, la ciencia y la técnica, la cultura. Entonces, es mucho más que una tasa de inflación. Cuando la inflación es alta, todo el mundo entiende que ese es el problema, pero cuando la inflación ya no es tan alta, y ojalá se mantenga baja, todos queremos que sea así, no queremos un país solamente con inflación baja. Queremos un país donde todos estos otros derechos, como la salud pública también, estén garantizados. Este Gobierno tiene la menor capacidad de gestión en esas líneas y eso se va a empezar a notar cada vez más. 

-Al cumplir un año de gestión, el presidente Javier Milei dijo que la campaña que viene “no se tratará de personas, sino de ideas”, ¿cree que efectivamente se debatirá en torno a modelos?

-Como él no puede ser candidato, no tiene muchas personas que representen lo que él es. Ni siquiera la vicepresidenta (Victoria Villarruel) lo representa. Obviamente va a tener que ser una cosa de ideas, porque si es de personas está complicado. Yo creo que sí, se van a plantear dos modelos de país: el modelo de Milei, que va hacia un Estado mínimo, que no le dé garantías y con muchos argentinos afuera. Y un modelo opositor, que será el que se construya, ojalá sea lo más amplio posible, en donde establezcamos que queremos un país capitalista, con baja inflación, con equilibrio fiscal, pero en donde todos los argentinos estén adentro. 

-Sea o no candidata el rol de Cristina Kirchner ya se vislumbra central en la contienda electoral, sin embargo las diferencias dentro del PJ están 

-Sí, pero yo creo que el peronismo se va a reagrupar. El Consejo es muy amplio, donde no hay una sola línea. Cuando uno escucha a Cristina es una Cristina que viene a unificar. Yo no sé si viene a ser candidata o no, es una decisión que tendrá que tomar ella, pero sí que viene a unificar a la oposición para ser competitiva. 

-Reitero, hay quienes dentro del partido objetan su figura 

-Hay quienes la resisten, pero no creo que resistan la unidad. Pueden resistir a ella, como algunos a otras partes, pero sí me parece que hay un concepto que lo que tenemos enfrente es de tal voracidad, de tal riesgo y dureza contra los más débiles, que el peronismo, y me parece que otros partidos nacionales y populares también, tiene la obligación de ser lo más unidos posible.

-Por otra parte, uno de los grandes temas pendientes en el Congreso fue la Ley de Presupuesto, con la que el Gobierno decidió no avanzar, ¿qué cree que pasará en marzo?

-Yo creo que si el Poder Legislativo se pone de acuerdo en que la Argentina necesita darle a este Gobierno un presupuesto, no tanto para que el Gobierno tenga la herramienta, sino para que los gobernadores tengan la garantía de que este Gobierno les va a cumplir y para que el Poder Legislativo tenga las herramientas para controlar al Poder Ejecutivo, me parece que debiera ser una de las prioridades. Nosotros deberíamos sostener en marzo que si no se discute el Presupuesto, no se discute ninguna ley. Pero definitivamente nosotros tenemos un Gobierno que no le interesa eso, sino que le encanta gobernar por DNU. 

-¿Qué presupuesto estaba planteado para el área de salud en el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo?

-El presupuesto que mandó el Gobierno para salud, que al final no se discutió, sostenía el ajuste del 2024, compraba menos vacunas, en los argumentos decía que como en Argentina sobraban vacunas de las que se compraban, porque uno compraba -supongamos- para un 100% de chicos y se vacunaba un 80%, entonces el 20% restante eran vacunas que se echaban a perder. El objetivo en cualquier sistema de salud del mundo debería ser que se vacune el 100%, comprar el 100% de las vacunas y salir con campañas fuertes, pero este Gobierno decidió que, en vez de hacer eso, va a comprar 80% de vacunas para no desperdiciar. Esto es un escándalo, nunca se ha visto, sólo a este Gobierno se le puede ocurrir. Ahora peor, porque ahora no sabemos cuánto van a invertir en vacunas. 

Otro tema es la nueva Ley de VIH, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual, que se trabajó muchísimo y salió con amplias mayorías de ambas cámaras, pero este Gobierno ha incumplido con la ley, que está reglamentada y está en vigencia. La entrega de elementos para la prevención se redujo de una forma abismal, de 50 millones de preservativos se compraron 4 millones. Medicamentos para la prevención que estaban previstos en la ley y nunca se compraron, y en el Presupuesto del año que viene se prevía una compra cero. 

-Tampoco hubo una planificación a nivel nacional sobre la vacuna contra el dengue 

-No, la vacuna del dengue no se incorporó nunca al calendario, sin embargo el Ministerio de Salud a recomendación del CoNAIn la recomendó. Ponerla en calendario, además de hacerla obligatoria, la pone en condiciones de que el Estado Nacional las tiene que comprar y no las provincias. Ahora, cada provincia que pudo compró vacunas, Tucumán 200 mil, Buenos Aires 500 mil, a CABA (Mario) Russo le regaló las vacunas. Cada una de estas provincias decidieron vacunar en forma diferente a la población, con lo cual va a ser imposible poder hacer una evaluación de la efectividad de las vacunas.

-¿Qué balance hace del trabajo de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que usted preside?

-Ha sido un año muy complicado, muy largo, dentro de la Comisión de Salud hemos tenido tareas directamente asociadas al trabajo de la comisión y tareas que han tenido que ver con esos mega proyectos de ley, que si bien no tenían giro a Salud, tenían temas sobre salud, básicamente hablo de la Ley de Bases original, que daba de baja la Ley de Salud Mental, modificaba en gran medida la Ley de Mil Días y la Ley Micaela. Esas tres cosas se sacaron, se discutió mucho, inclusive hubo un apoyo muy importante de la Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina en América, pidiendo que se sostenga la Ley de Salud Mental. También tuvimos la influencia del DNU 70, que no pudimos derogar, donde muchos de los temas siguen repercutiendo en la salud, como el tema de la venta de medicamentos fuera de las farmacias; el límite a las prescripciones de papel, nosotros hicimos una ley sobre prescripción digital, estamos a favor, pero no le pusimos un límite a la impresión de papel, porque en Argentina hay muchos lugares donde todavía la conectividad o la falta de computadoras o celulares, hace imposible que todas las recetas sean electrónicas. Es algo que tendría que ser paulatino. 

-¿Qué temas se pudieron dictaminar?

-En la Comisión de Salud, para el año y las características de este Congreso, tuvimos bastante actividad, con 13 reuniones, algunas informativas y otras para dictaminar. Logramos avanzar en el dictamen de proyectos que lamentablemente no pudieron llegar al recinto, como el del programa Remediar -con media sanción del Senado-, que no acompañaron los libertarios ni el Pro. El programa Remediar es muy importante, porque otorga medicamentos esenciales para la atención ambulatoria a 8.000 centros de salud de atención primaria, que quedan a riesgo de que este Gobierno decida dejar de mandárselos. No es un temor inocente, porque este año hemos registrado que la cantidad de botiquines y la calidad en medicamentos ha ido disminuyendo. Bajo el concepto de que cada provincia se haga cargo de la salud, nos da la sensación de que, salvo aquellos programas protegidos por ley, y el Remediar no lo es, todos corren riesgo. 

Además, el cierre de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos fue una enorme pérdida para la Argentina, porque estos laboratorios de producción pública de medicamentos nutrían en gran medida al programa Remediar a valores muy convenientes para el Estado. Hoy esos laboratorios han dejado de tener el apoyo del Estado Nacional y andan intentando sostenerse en el tiempo. 

También dimos dictamen a un proyecto de sal fluorada para evitar las caries, lamentablemente la Comisión de Industria no lo trató y no le dio dictamen. Lo cierto es que en Argentina la salud oral, la pérdida de piezas dentarias a tempranísima edad por culpa de las caries, podría ser en gran medida atenuada por un programa de este estilo. Es un sistema que usa Uruguay, Chile, Costa Rica y muchos países de Europa. 

Por otra parte, tuvimos una importante discusión sobre el programa ENIA, un programa exitoso que empieza en el gobierno de Mauricio Macri, se mantiene en el de Alberto Fernández y que hoy corre riesgo. Todo lo que eran los promotores del programa en las provincias han quedado sin trabajo, hemos perdido a 600 personas capacitadas en esta temática, que no son fácil de recuperar; y la compra de insumos también ha llegado demorada y mal a todas las provincias, lo mismo que los insumos de programa de salud sexual, y los que son para la ILE e IVE, que han llegado de manera discontinua.

-La comisión fue una de las que más insistió con la citación de funcionarios, pero sin éxito

-Sí, hemos tenido varios intentos de citación a (la ministra de Capital Humano) Sandra Pettovello cuando fue el escándalo de los alimentos en los galpones, que se siguen pudriendo en algunos; nunca vino ni mandó a nadie. Realmente el Poder Ejecutivo tiene la sensación de que es optativo venir a las citaciones del Poder Legislativo, pero llegará el momento en que estas faltas de respeto permanente al Congreso van a tener consecuencias. También invitamos al ministro Russo, no pudimos conocerlo, se terminó yendo antes y ahora al ministro (Mario) Lugones, que tampoco vino. 

Sin sesiones extraordinarias, y en la última semana "completa" antes de las fiestas, habrá reuniones informativas de comisiones presididas por miembros de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

Entre esas reuniones, se destacaba la convocada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que conduce el tucumano Pablo Yedlin. Él mismo se encargó de anunciar este lunes por la tarde que había suspendido la reunión de este martes luego de recibir las disculpas del director del PAMI, ya que “no podrá asistir y no podrán recibirnos”.

Así las cosas, Yedlin anunció que irá este martes personalmente junto a las autoridades de la comisión para entregar las preguntas formuladas por diputados y las defensorías del pueblo por la implementación del programa que ha dejado sin cobertura del 100% en medicamentos a millones de jubilados”. La visita será a las 12.30 y el doctor Esteban Leguízamo se comprometió a responder a la brevedad, según expresó Yedlin.

La reunión que sí se llevará adelante en medio del receso este martes es la que tendrá lugar a las 14 en la Sala 6. Allí, el diputado Daniel Gollán citó a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con el objetivo de debatir sobre el plan nuclear anunciado por el presidente Javier Milei.

Se trata de un plan que consistirá en la construcción de nuevos reactores nucleares, con el fin de atraer inversiones en inteligencia artificial. Según informó Milei en el streaming Carajo, el próximo 20 de diciembre será oficializado por su asesor Demian Reidel en conferencia de prensa.

Al día siguiente se reunirá la Comisión de Mercosur, presidida por el santafesino Roberto Mirabella, a las 10 en la Sala 7, donde se debatirá sobre la “Declaración Conjunta de los Estados Partes Signatarios del Mercosur y la Comisión Europea sobre la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación”.

Después de más de 20 años de negociaciones, el pasado 6 de diciembre, en el marco de la 65° Cumbre del Mercosur, se anunció el acuerdo de libre comercio entre el bloque regional y la Unión Europea.

Durante una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, especialistas debatieron este martes sobre la situación sanitaria del país respecto al dengue. "Necesitamos poner la vacuna del dengue en el calendario de vacunación, para que la Nación compre todas las vacunas que se necesitan y las distribuya a tiempo, fijando criterios claros de quiénes se las tienen que aplicar", aseveró Pablo Yedlin, presidente de la comisión. 

El legislador de Unión por la Patria afirmó que “nadie quiere otra tragedia social y sanitaria con el dengue cómo vivimos el verano pasado, con la mayor mortalidad en toda la historia de la Argentina". 

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONaIn), Ángela Gentile, sostuvo que "la mejor estrategia es focalizar en la población entre 15 y 39 años". "Eso no significa que si algunas provincias están vacunando otros grupos o edades tengan que dejar de hacerlo, pero sí tienen que ir cambiando progresivamente", aclaró y señaló que “las provincias más afectadas son del NOA y NEA y que consideramos prioritarias”.

En tanto, el secretario de Salud de Nación, Leandro Busso, explicó el plan estratégico que desarrolla el Ministerio de Salud de la Nación. "Trabajamos con las provincias para que cada una tenga su propia estrategia" y "fortalecer la comunicación en materia de prevención", dijo. 

Y aclaró que desde el Gobierno tienen la decisión de “no poner la vacuna en el calendario, siguiendo las recomendaciones de la CONaiN y de las OMS". 

Al concluir el funcionario nacional, Yedlin lo cruzó: "Entiendo que la CONaIn sostuvo que es una enfermedad focalizada, lo cual no impide que sea incluida, como por ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla que está en el calendario pero no se la tienen que colocar todos los argentinos".

En la reunión también habló la subsecretaria de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, quien manifestó: "Estamos muy preocupados con el dengue, el verano pasado tuvimos cien muertos en nuestra provincia". "En otras provincias circulan cuatro serotipos de dengue, con lo cual tememos que haya casos graves", advirtió. 

La funcionaria bonaerense también apuntó que "hay 11 provincias vacunando y todas tienen una estrategia distinta, lo cual confunde a la población. Nosotros pedimos que se incorpore al calendario nacional".

Otros expositores fueron Florencia Cahn (presidenta de SAVE), Hebe Vázquez (SADI) y el infectólogo Pablo Bonvehi. Por el Ministerio de Salud de Nación también asistió Carlos Giovacchini. 

La reunión concluyó con preguntas de los diputados a los funcionarios de Nación para que se garantice el suministro de repelentes; que haya una campaña nacional de prevención; se incluya la vacuna contra el dengue y que adquieran todas las vacunas y sean distribuidas rápidamente.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunirá este martes 10 de septiembre a las 13.30 para dar inicio al debate sobre el abordaje de la inmunización del virus del Dengue. Además de recibir a invitados, se pondrán a consideración más de una decena de proyectos vinculados a la incorporación de la vacuna al calendario nacional.

Los expositores invitados a la Sala 7 del Anexo A fueron Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología (SAVE); Hebe Vázquez, de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI); Leticia Seriani, viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires; y el infectólogo Pablo Bonvehi.

"Sabemos que se están vacunando en ocho provincias argentinas porque los gobernadores compraron las vacunas para este año con los pocos recursos propios que tienen, pero ante la ausencia del Estado-Nación como rector en esta materia, en cada provincia se vacunan a personas de franjas, edades y vulnerabilidades distintas", refirió Pablo Yedlin, presidente de la Comisión.

Los 12 proyectos que serán puestos a consideración fueron impulsados por Unión por la Patria, a través de María Luisa Chomiak en dos oportunidades y Ricardo Herrera; por el oficialismo, de Julio Moreno Ovalle y Gerardo Huesen; del Socialismo de Santa Fé con textos de Mónica Fein y Esteban Paulón; uno del radical Fernando Carbajal; dos de Innovación Federal, de la jefa de bancada Pamela Calletti y la misionera Yamila Ruíz; y dos del Pro, presentados por Sofía Brambilla y también Sabrina Ajmechet.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto que busca jerarquizar por ley el Programa de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que funciona desde 2017 y ha mostrado resultados efectivos, al reducir un 50% la tasa de embarazos en menores.

La iniciativa, que obtuvo despacho de mayoría, fue consensuada entre propuestas de Mónica Fein (EF) y Blanca Osuna (UP). Hubo además un dictamen de minoría, encabezado por Silvia Lospennato (Pro), con diferencias en torno al financiamiento; y otro de La Libertad Avanza, de rechazo.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), destacó que se trata de "un programa muy importante, que ha permitido el descenso del embarazo no intencional adolescente a la mitad" y "ha superado las barreras de distintas administraciones; empezó en el gobierno de Mauricio Macri, continuó en el de Alberto Fernández y hoy continúa también en el de Javier Milei". No obstante, "por algunas llegadas menores de insumos a las provincias, la posibilidad de hacerlo ley de alguna manera nos garantiza que se mantenga en el tiempo", señaló.

Además, el tucumano aclaró que "no es un programa que de ninguna manera tenga que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, ni con la hormonización para cambio de género", sino con "asesoramiento, educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración".

Por otra parte, cuestionó "el derrotero al cual nos ha sometido la presidencia de la Cámara" porque "nos han dado cuatro giros para que esta ley pueda salir", es decir, deberá pasar por más comisiones. "Muestra poca voluntad de que esto se concrete", agregó.

A su turno, Fein ponderó que el plan ENIA "ha sido evaluado por organismos internacionales como muy positivo, y a partir de esa experiencia es que proponemos que se convierta en ley". Consideró que este programa sirve para "promover una consciencia de lo que es el abuso sexual infantil" y crearlo por ley es convertirlo "en una política de Estado".

En tanto, Osuna expresó que aprobar esta ley sería "dar un avance sustantivo respecto de una política trascendente en relación a la vida de niñas y adolescentes". "Brindar a las jurisdicciones cooperación técnica, económica y financiera necesaria para la implementación de esta ley es clave", subrayó.

Al fundamentar el dictamen alternativo, Lospennato explicó: "Nuestro dictamen lo que hace básicamente es reflejar la resolución que está hoy vigente. Tenemos diferencias en temas de financiación, nosotros creemos que la salud es una competencia concurrente de Nación y provincias y que corresponde que las provincias asuman parte de la financiación de este plan. Creemos que el personal corresponde que lo financien las provincias".

Al igual que Yedlin rechazó que se haga una tergiversación en torno al objetivo del plan. "No hay mejor política antiaborto que evitar el embarazo no intencional", aseveró.

La diputada Carla Carrizo (UCR) recordó que "hay acuerdo entre los funcionarios de las tres gestiones de gobierno" sobre que "al programa hay que cuidarlo, mantenerlo, sostenerlo". "No dividamos lo que los propios funcionarios han venido a decirnos que funciona bien", recomendó y enfatizó: "¿Cuánto invertimos en adolescentes? Poco y nada, ¿les vamos a sacar este programa que garantiza vidas? El programa es barato, no es caro, minimiza costos al sistema de salud".

En su intervención, la legisladora Carolina Gaillard (UP) resaltó que "si no está el financiamiento garantizado difícilmente este programa pueda mantenerse en pie con un Gobierno que se caracteriza por motosierra y licuadora para todo. Y que tampoco se ha caracterizado por sostener las políticas de género y el grado de humanismo que necesitamos. Tiene que continuar pero si no hay financiamiento esto se torna abstracto".

Al justificar el dictamen de rechazo, el diputado Manuel Quintar (LLA) aseguró que esto no significaba que "la posición del bloque o el Gobierno sea el rechazo al plan, sino una cuestión de que entendemos que no es necesario sobrelegislar este tema". "El programa está vigente, va a seguir vigente, se va a mantener en el tiempo, no estamos en contra del plan", insistió y habló de una eventual violación de la Ley 24.156.

El oficialista, vicepresidente de la comisión, opinó que avanzar con esta ley sería "dotar de una burocracia innecesaria" y "legislar en contra de la Ley de Bases, con la que estamos tratando de desburocratizar el Estado".

Por otro lado, durante la reunión se comenzó a debatir sobre distintos proyectos para crear el Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO), que reúna a los ministerios de todo el país, tal como sucede con la salud o la educación.

Al respecto, la diputada Andrea Freites (UP) manifestó que "es imperiosa la necesidad de poder articular entre las distintas jurisdicciones, y los distintos ministerios de Desarrollo Social de las provincias, cuando tenemos un Ministerio de Capital Humano desde diciembre de 2023 que no gestionó una política clara a nivel país, no reunió a los ministros y tampoco dio continuidad a los distintos programas que tienen que ver nada más y nada menos que con los alimentos".

"Uno de los grandes desafíos de la política social es institucionalizar, definir con claridad qué le toca a la Nación, qué le toca a las provincias y qué a los municipios", dijo el exministro de Desarrollo Social y actual diputado Daniel Arroyo (UP).

Luego de pasar a la firma proyectos de resolución y declaración, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) hizo un reclamo para que se inicie con el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental. Habló específicamente sobre tres modificaciones en torno a internación, prohibición de hospitales monovalentes y el rol del médico.

"Yo sé que es un tema sensible, yo no estoy en contra de la ley, no estoy en contra de nadie. Estoy a favor de los pacientes y de los familiares", sostuvo y remarcó que "es un reclamo permanente de todos los sectores sociales y todas las regiones del país". "Yo creo que los que decís son los puntos que hay que discutir y se podrían mejorar", coincidió Yedlin, asintiendo que pueda darse el debate próximamente.

La Comisión Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), se reunirá este martes a las 13.30 en buscan del dictamen al proyecto que apunta a asegurar la continuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

El texto fue elaborado en base a propuestas de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y la diputada de UP Blanca Osuna, entre otras iniciativas similares que se consideraron.

En el marco de reuniones de asesores de la comisión se llegó a consensos en torno al plan ENIA, luego de coincidir diputados de diversos bloques en el carácter exitoso de esta política publica que se viene ejecutando desde el comienzo del gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Según los resultados, el plan ENIA logró reducir a la mitad los embarazos adolescentes en Argentina. Este logro es significativo en términos de salud reproductiva y desarrollo social, ya que, según el Ministerio de Salud de la Nación, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años y el 85% de los embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales.

Por otro lado, Yedlin destacó que en la reunión continuará el debate de un proyecto que "busca crear el Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO), tal como existe en el ámbito de la salud pública, de modo que también Desarrollo Social garantice no sólo la participación de todas las provincias sino puedan opinar y decidir".

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, a cargo de Pablo Yedlin,  se reunirá este viernes 5 de julio a las 9 en la Legislatura tucumana en el marco de una sesión informativa federal que serán recibidos por el gobernador Osvaldo Jaldo.

En representación del Congreso de la Nación, confirmaron su presencia el jujeño Manuel Quintar y la santafesina Rocío Bonacci, por el oficialismo; la cordobesa María Cecilia Ibañez, del MID; y las santiagueñas María Luisa Montoto y Estela Mary Neder, la fueguina Andrea Freites, Daniel Gollán, y el jefe de bloque Germán Martínez.

Del mismo modo, asistirán empresarios y representantes del sector de la salud, entre los que se destaca el presidente de la Unión Argentina de Salud Hugo Magonza, quien reemplazó a Claudio Belocopitt.

También prometieron su asistencia los legisladores tucumanos Carlos Cisneros, Agustín Fernandez, Gladys Medina, Elia Fernández, Mariano Campero, Roberto Sanchez y Gerardo Huesen.

El programa tiene previsto que, tras la sesión, los integrantes de la Comisión visiten el sanatorio 9 de Julio, y el hospital Néstor Kirchner, además de la Casa Histórica, que se encuentra engalanada por la semana patria.

También, estará presente la ex diputada nacional y actual intendente de la capital tucumana, Rossana Chalha, quien ofrecerá una recepción a los legisladores nacionales en la Casa del Museo de la Ciudad.

Con la presencia de especialistas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados debatirá el próximo martes, desde las 13.30, sobre “las experiencias, políticas, buenas prácticas y balances” del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

A raíz de la desinversión por parte del Gobierno nacional, con la no renovación de contratos de profesionales y asignación de insumos, diputados como Pablo Yedlin (UP) -presidente de la comisión-, Cecilia Moreau (UP), Pablo Juliano (UCR) y Carla Carrizo (UCR) presentaron sendos pedidos de informes. 

Por su parte, los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón (PS) impulsan una iniciativa para que el programa se jerarquice a través de una ley. 

El Plan ENIA, que tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años en todo el país, se implementó en 2018, bajo la gestión de Cambiemos, y luego fue sostenido por el gobierno del Frente de Todos. 

Sin embargo, este año se dieron por finalizadas 619 contrataciones de consultores que significaban 1.150 millones de pesos. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, aseguran que mantendrán el plan, pero quieren que sean las provincias las encargadas de sostenerlo. 

Desde su inicio hasta el 2021, el Plan ENIA logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa un caída del 49%. Así, Argentina pasó de tener 69.803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2019 a 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021.

Por segunda semana consecutiva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistió a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, donde había sido invitada para responder sobre la polémica en el reparto de alimentos y el plan de política alimentaria que planea desde su cartera.

Al igual que la semana pasada, hubo cruces entre el oficialismo y la oposición por este tema. Además, desde Unión por la Patria reprocharon al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no haber hecho llegar la invitación.

En el arranque, el presidente de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin, informó que una vez más no tuvieron respuesta "ni de la Presidencia formalmente, ni del Ministerio", al cual él mismo le cursó una invitación directa ante la negativa de Menem de enviarla.

El legislador recordó que en la cámara "hay pedidos de información e interpelación de forma compulsiva" hacia Pettovello, pero "eso requiere que tengamos dictámenes" para luego ser tratados en el recinto.

Lamentamos la ausencia de la ministra de @MindeCapitalH Sandra Pettovello por segunda vez.
👉Quiero aclarar que la invitación que desde la Comisión de Salud que presido tiene un camino procesal distinto a la citación o pedidos de informes que tienen su curso. Sigue 👇 pic.twitter.com/ByAKrWmwxY

— Pablo Yedlin (@pyedlin) June 18, 2024

"La invitación es voluntaria para que demostremos la voluntad de la comisión de recibir a la ministra, y que nos explique la situación, no solamente lo que pasó con los alimentos que estaban guardados sino cómo se está ejecutando esa distribución; y cuáles son los planes para la política alimentaria a futuro", señaló Yedlin, que recordó que "durante todo junio" esperarán a la funcionaria.

Luego habló el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien preguntó: "¿Tenemos constancia que la invitación que realizó esta comisión a la ministra haya llegado a través del vínculo formal, que es la Presidencia de la cámara?".

Yedlin respondió que no, porque Menem "sigue sosteniendo que las otras comisiones que tienen giro en el tema (Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda) se expidan en ese sentido antes de hacer la invitación formal".

"Hay una actitud manifiesta por parte de la Presidencia de la cámara de que la invitación no llegue a la ministra", se quejó entonces Martínez, y advirtió que "si hay una comisión que mayoritariamente lo pide" el presidente de la cámara "no la puede ni pisar, ni cajonear".

El santafesino enfatizó que "esto es malo para el funcionamiento de la cámara y la relación con el Poder Ejecutivo". "No puede haber un cercenamiento entre lo que decide la comisión y lo que se le tiene que hacer llegar al funcionario. Estamos pidiendo que venga a informar, y no puede haber un atajo a eso", insistió.

En el cierre, aseguró que "todas las semanas vamos a encontrar más elementos que hagan que venga" porque "cada vez la bola de desinformación es más grande" en torno a la distribución de los alimentos. "No hay que dejar de insistir con la presencia de la ministra", sostuvo.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá aseveró que la decisión de Pettovello de no asistir es "porque hay cosas que no puede responder", ya que "dijo que iba a eliminar a los intermediarios y eligió al peor intermediario (en alusión a Conin), y la leche está en venta en Marketplace". "No paran de atacar a las organizaciones", cuestionó, al tiempo que se refirió a los detenidos y la represión por la manifestación en contra de la ley Bases.

Al cruce le salió la oficialista Lilia Lemoine, quien comenzó: "Represión suena a militares, a desaparecidos, la verdad es que no se reprime a las personas cuando hay una manifestación pacífica, pero se debe detener a las personas que destruyen la propiedad privada".

Yendo al asunto, reveló que ella recibió "denuncias de venta de alimentos al por mayor en ferias populares, que no llegan a la gente primero" y "descubrimos también que hay organizaciones sociales que le dicen a la gente que si no van a las marchas o los piquetes no les entregan comida".

"Tenemos 20 denunciantes, dos de ellas están bajo amenazas por Jeremías Cantero (dirigente del Polo Obrero)", amplió la libertaria y reivindicó la idea del Ministerio de que "la intención es que la ayuda le llegue directamente a las personas sin intermediarios".

Lemoine dijo que, gracias a su visibilidad mediática, pidió que "si había quienes no recibieran ayuda", se comunicaran con ella, y así lo hizo "una organización no gubernamental que ayuda a 400 comedores", a quienes luego el Ministerio le hizo llegar la ayuda.

"Organizaciones sociales que obligan a mujeres con cáncer a cargar cajas a cambio de que si no lo hacen no van a recibir la bolsa de comida, a esa gente no la vamos a ayudar, porque son los que están haciendo que todo sea tan sucio y turbio", expresó y completó: "La finalidad del Ministerio no es seguir repartiendo comida, sino que la gente pueda comprar la propia".

En consecuencia, la diputada nacional Paula Penacca le contestó a la libertaria, e ironizó: “la diputada preopinante puede conmovernos, pero no resuelve los problemas de la Argentina porque miles de compatriotas pasan hambre”. Del mismo modo, lanzó que “que el presidente (Javier Milei) corra a su amiga Pettovello y ponga a Lemoine en el Ministerio”.

También, la legisladora camporista señaló que “se deben corroborar si esos 400 comedores hicieron eso”, con relación a las acusaciones de Lemoine. Minutos más tarde, la oficialista aclaró que no se refería a eso.

Por último, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados y lo acusó de “tener decisión arbitraria de decidir cuándo convocar a funcionarios y nosotros, los diputados, tenemos potestad”. “No tiene privilegios para decidir cuándo cursa una invitación y cuando no y lo mismo Pettovello, que cree que tiene privilegios y no asiste a dar informes ante la Justicia”, añadió.

La diputada nacional Natalia Zaracho también le contestó a Leomine y amplió que “entiendo el show para desviar la atención de que no vino la ministra”, pero advirtió: “No queremos que la ministra se vaya, sino que presente un plan de distribución de los alimentos que están en los galpones porque están por vencer”.

La agenda de la Comisión de Acción Social y Salud Pública continuará el próximo martes 25 de junio a las 13.30, con una reunión informativa a la que fueron invitados especialistas y referentes del todo el país para exponer sobre las experiencias políticas, buenas prácticas y balance del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Yedlin informó que convocaron también al ministro de Salud, Mario Russo, para que informe sobre qué continuidad se le dará. Hay proyectos que proponen jerarquizar a este programa por ley.

En tanto, el próximo 5 de julio, en la antesala del Día de la Independencia, la comisión buscará sesionar en la Legislatura de Tucumán, para tener una reunión informativa sobre "emergencia sanitaria, y el sistema en el sector público y privado", indicó Yedlin.

 

Para este martes a las 13.30 ha sido convocada la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el tucumano Pablo Yedlin, para una reunión informativa para la cual fue invitada la semana pasada la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El motivo de la convocatoria es informar sobre distintas cuestiones relacionadas con la adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos a cargo de su cartera. Sin embargo los miembros de dicha comisión de Diputados no se hacen ilusiones respecto de que la ministra vaya a asistir.

Ya sucedió la semana pasada el faltazo de la ministra. En esa oportunidad la oposición también había convocado a la funcionaria para responder interrogantes abiertos en torno al conflicto desatado respecto de los alimentos no distribuidos y la salida de Pablo De la Torre de la Secretaría de Niñez y Familia.

Fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que ningún funcionario del ministerio se comunicó para anticipar la visita de la funcionaria, lo que lleva a descontar que la ministra tampoco concurrirá este martes.

Para la anterior reunión, los legisladores de la oposición se cruzaron con los oficialistas antes y durante del encuentro en la comisión. En primera instancia, el titular de la comisión Pablo Yedlin (UP) cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó, comunicado de por medio, de actuar de “forma antirreglamentaria”, al no haber respondido al pedido elevado el jueves 6 de junio.

La respuesta del titular del Cuerpo fue que la formalización de la invitación a Pettovello debía contar con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, respectivamente.

Ya con la reunión informativa en curso, hubo fuertes cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Lisandro Almirón apuntó contra Victoria Tolosa Paz -exministra de Desarrollo Social, área que hoy pertenece a Capital Humano- a quien responsabilizó de cometer “hechos delictivos durante su gestión y todavía no están esclarecidos”.

Para la próxima semana esta Comisión de Acción Social y Salud Pública ya tiene prevista una nueva reunión. El martes que viene a las 13.30 prevén realizar una nueva reunión informativa, para la que fueron invitados especialistas y referentes para exponer sobre las experiencias políticas, buenas prácticas y balances del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

Luego de no asistir en la última semana, la Comisión de Acción Social y Salud Pública reiteró el pedido de citación sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La reunión está convocada para el próximo martes 18 de junio a las 13.30.

Desde la oposición insisten con el pedido de citación hacia la funcionaria en relación a que se presente ante el Cuerpo para informar sobre el conflicto que la cartera atraviesa respecto al almacenamiento y distribución de alimentos. Además, pretenden interpelarla sobre lo ocurrido con la salida de Pablo De la Torre de la Secretaría de Niñez y Familia.

En la última reunión, los legisladores de la oposición se cruzaron con los oficialistas en antes y durante del encuentro en comisión. En primera instancia, el titular de la comisión Pablo Yedlin (UP) cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó, comunicado de por medio, de actuar de “forma antirreglamentaria”, al no haber respondido al pedido elevado el jueves 6 de junio.

La respuesta del titular del Cuerpo fue que la formalización de la invitación a Pettovello debía contar con los giros de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert, respectivamente. Finalmente, la funcionaria no asistió.

En segunda instancia, ya con la reunión informativa en curso, hubo fuertes cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Lisandro Almirón apuntó contra Victoria Tolosa Paz -exministra de Desarrollo Social, área que hoy pertenece a Capital Humano- a quien responsabilizó de cometer “hechos delictivos durante su gestión y todavía no están esclarecidos”.

Así las cosas, la ministra Sandra Pettovello, quien estuvo en Casa Rosada esa mañana y el lunes por la noche sufrió un intento de un de intimidación en su domicilio, no se hizo presente en el Congreso y se prevé que tampoco lo haría este martes.

Reunión Comisión AS y SP 18-6-24

Tal como se esperaba, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no asistió este martes a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde fue convocada a raíz de la polémica y las denuncias en torno a las toneladas de alimentos almacenados a punto de vencer, además de presuntas irregularidades en su cartera -como el tema de contratos millonarios-. 

La funcionaria, que esta mañana estuvo ausente por segunda vez consecutiva en la reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego que este lunes se conociera un intento de intimidación en su domicilio, tampoco envió a ningún funcionario del Ministerio.

En el arranque, el presidente de la comisión, Pablo Yedlin, reveló que no recibieron ninguna respuesta por parte de la ministra a la invitación. En alusión a la formalidad del trámite, sobre el que hubo diferencias con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el diputado de Unión por la Patria expresó: “Me parece que ha habido alguna situación de no entendimiento, o de conflicto en el entendimiento, acerca de la invitación que habíamos hecho y lo que es una citación en el marco constitucional de interpelación, que no era el objetivo”. 

El tucumano señaló que se buscaba que Pettovello viniera a explicar “no solamente la situación en cuanto a los alimentos guardados y el plan de distribución” sino también “cuál es el plan de política alimentaria que el Gobierno va a llevar adelante”. 

Yedlin aclaró que se intentó “hacerle llegar la invitación a la ministra por todos los medios”, y anticipó que volverán a invitarla “en el horario y día que pueda, durante el mes de junio”. Finalmente, cuando cerró el encuentro, anunció que el próximo martes 18 a las 13.30 esperan que "la ministra esta vez sí nos acompañe". 

A continuación, la diputada Cecilia Moreau criticó a su sucesor: “Me parece que el presidente Menem cometió un error grande”. “Esta comisión no le pidió la interpelación a la ministra Pettovello, sino que le solicitó que se acerque a dar explicaciones a la comisión. Esto no afectaba en lo más mínimo las causas judiciales que, de un lado y del otro, se estaban llevando adelante, pero sí servía para esclarecer no solo ante el Parlamento, sino ante el conjunto de la ciudadanía”, sostuvo. 

Enfática, la legisladora de Unión por la Patria manifestó que “todos y todas tenemos la absoluta certeza de que algo pasó, y que no es moco de pavo o no es para dejar pasar por alto, porque hace tres o cuatro semanas que el Gobierno está dando explicaciones todos los días sobre este tema; y cuando tenes que dar tantas explicaciones es porque hay cosas que no podes explicar”. 

Al reivindicar la presencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el gobierno anterior, Moreau repasó que en 2020, durante la pandemia, “asistieron 186 funcionarios públicos, entre ellos 18 ministros y 13 secretarios”. En 2021 fueron 102; en 2022, 165 y “en 2023 números similares”. “No puede ser que el primer funcionario que le pedimos que venga a dar explicaciones no lo hayan traído”, se quejó y aseguró que seguirán “insistiendo” para que Pettovello “le explique a la comisión qué es lo que está pasando”. 

“No entienden que esto es un paso previo a la interpelación. Yo espero que continúe debatiéndose este tema en la Justicia y en el carril que se tiene que debatir, pero espero también que si no logramos que la ministra Pettovello venga a cumplir con esta buena práctica parlamentaria, avancemos con la interpelación. Hoy hay una silla vacía, pero estoy segura que vamos a insistir para que esto no quede así”, advirtió la opositora. 

Aliada del oficialismo, la diputada del MID Cecilia Ibáñez recordó que la invitación a Pettovello fue “por mayoría” y “no tuvo unanimidad”. Habló de una “confusión” en la nota de invitación y consideró que se tendrían que “determinar específicamente las preguntas” antes de que la ministra asista. Por eso, propuso elevarle las consultas “y que ella las pueda contestar”. 

Vicepresidente de la comisión, el libertario Manuel Quintar, recordó que la invitación salió el 5 de junio y fue girada a Presidencia el 6 de junio, con lo cual “era muy apresurado tratar de convocar a una ministra, con el grado de responsabilidad que tiene, en dos días hábiles”. Luego mencionó los reclamos que ante Menem presentaron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, José Luis Espert y Nicolás Mayoraz, respectivamente, porque “no se habían respetado los giros y las comisiones” a las que también tendría que presentarse. 

El jujeño agregó que este lunes Menem “envió una nota a la presidencia de la comisión en donde aclara todo lo que ha pasado” y que “se está incumpliendo el reglamento en el artículo 102” porque “se dejaba afuera a las otras dos comisiones”. 

El diputado de La Libertad Avanza opinó que “se están sobreactuando un poco algunas cuestiones” ya que “ni siquiera se le ha dado tiempo para que conteste por escrito”. “Primero hay que esperar que la ministra conteste por escrito, y después hacer todo el show de que venga la ministra, y tratar de hacer un escarnio público”, lanzó. 

Manuel Quintar

Y sumó que Menem le envió una nota a Pettovello “donde le aclara todo lo que ha pasado y le dice que no tenía ninguna obligación de concurrir a esta reunión” porque además “no estaban las condiciones dadas”. 

El oficialista resaltó que frente a las “denuncias cruzadas de todas las partes, exponerla en ese contexto judicial sería como mínimo irresponsable”; y aseveró que hay “un circo dantesco” que “se está montando alrededor de todo esto” porque “acá la realidad es que se están destapando curros, todos y cada uno de gestiones anteriores”. 

“Por detrás de bravuconadas misóginas, falta de respeto, maniobras, están desesperados porque se están cortando esos curros. Quieren traer a la ministra para tapar los casos de los (Eduardo) Belliboni, de las becas Progresar y los comedores fantasmas”, disparó ante el bullicio por parte de la oposición. 

A su turno, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que “es una pena la oportunidad rechazada” y cruzó los argumentos del oficialismo al señalar que a otras comisiones asistirán funcionarios que no fueron ni siquiera invitados. “¿Qué ocultan acá?”, se preguntó, para luego hablar sobre el reparto de los alimentos y denunciar que “la comida en la provincia de Santa Fe la está distribuyendo la mujer de Nicolás Mayoraz, exfuncionaria de Mauricio Macri en el PAMI”. 

“Si es una cuestión de tiempo, que venga el martes que viene”, recomendó sobre la presencia de la ministra y aclaró: “Acá no nos estamos metiendo con causas judiciales, estamos evaluando el desarrollo de una política pública”. “Hay un parate absoluto en la distribución de los fondos vinculados a comedores escolares”, alertó y cuestionó que solamente se le giraron fondos para esto a cuatro provincias: Jujuy, Misiones, San Juan y Chaco. 

Martínez opinó que “es un grave error insistir en el error; y el marco de oscurantismo que le están poniendo a todo este tema no hace más que aumentar la presunción de que están queriendo ocultar algo”. Finalmente, llamó a insistir con la convocatoria y esperarla “todos los martes”. 

Desde el Frente de Izquierda, Romina del Plá aseveró que “por evidente y muy probable el faltazo de la ministra Pettovello no deja de ser llamativo” porque “no pasan horas en que no salte un nuevo tema” en torno al Ministerio. “Esta comisión quiere saber cómo es que ellos llegaron al Gobierno y afirmaron que no tenían ni un paquete de arroz, y resulta que luego salta que tienen más de seis millones de kilos de alimentos arrumbados en depósitos que se están venciendo”, enfatizó. 

Y reclamó: “Yo quiero saber si la ministra Pettovello va a poner en marcha comedores gestionados por el Estado para reemplazar los comedores que están cerrando por no entregar alimentos. Las organizaciones hacen lo que pueden para seguir sosteniendo comedores que no reciben alimentos”. 

Además, la legisladora de izquierda reivindicó especialmente a sus “compañeros del Polo Obrero, que están siendo perseguidos, atacados, judicializados, cuando han hecho durante muchos años esta tarea que el Estado no hizo y ahora tampoco está haciendo”. “No hay problema, sigan convirtiendo a Eduardo ‘Chiquito’ Belliboni en el principal enemigo de (Javier) Milei, efectivamente se está convirtiendo en toda una referencia de aquel que entiende que hay que luchar contra este Gobierno”, completó. 

También habló la radical Carla Carrizo, quien reflexionó que “no puede ser esta la política de la impotencia: nosotros adivinando a la ministra y el oficialismo interpretando a la ministra, tenemos que recuperar un diálogo institucional”. Tras considerar que Pettovello tendría que haber enviado una carta a los legisladores, advirtió: “Yo no sé si le vamos a dar un mes a la ministra, es muchísimo tiempo”. “Si la ministra no se ordena, vayamos una comitiva con las autoridades. Esta es la ventaja de un Congreso en minoría, no solamente auditar y controlar, es proponer y liderar”, subrayó. 

Avanzada la reunión, durante la que la oposición renovó las críticas y el oficialismo defendió la gestión de Pettovello, también tomó la palabra Victoria Tolosa Paz, que remarcó la falta del Presupuesto Nacional y dijo que “no basta con que nos cuenten que solamente se han abocado en el aumento de la Tarjeta Alimentar”. 

Al responderle a Quintar, la diputada de Unión por la Patria señaló que “el estar permanentemente haciendo mención a los curros es una falta de respeto muy grande, porque nosotros lo que queremos es que la Justicia vaya a fondo en todas las auditorías que se hacen”. “Lo más serio es que tenemos una ministra que es incapaz de venir a contarnos cuál es la política alimentaria que va a llevar adelante en cuatro años”, lanzó. 

 

 

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados resolvió este miércoles convocar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el próximo martes 11 de junio a las 13.30, en el marco del conflicto por la demora en la entrega de alimentos a comedores populares, los cuales yacían guardados en depósitos hace más de seis meses.

A pesar de que no están los giros en Asuntos Constitucionales respecto a los pedidos de informes y las reiteradas citaciones, el presidente de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP), confirmó que la próxima reunión será de carácter informativa y esperan contar con la presencia de la titular de Capital Humano.

La convocatoria de la funcionaria para la próxima reunión de comisión lleva las firmas de Mónica Fein, por Hacemos Coalición Federal; Carla Carrizo, Natalia Sarapura y Pablo Juliano, de la Unión Cívica Radical; Cecilia Moreau, Daniel Gollán, Eugenia Alianiello, Juan Marino, Luana Volnovich, Estela Neder, Carlos Fernández, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernandez, Mónica Macha y Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.

Para ello, la diputada socialista Mónica Fein (HCF) expresó que “sería muy importante que la ministra recurriera a esta invitación porque el propio gobierno ha reconocido irregularidades”. “Sería muy importante discutir con la ministra la situación de profunda vulnerabilidad y las políticas que van a llevar adelante”, agregó.

Del mismo modo, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR) se refirió al conflicto de los alimentos guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán), y amplió: “Fue un tema que atravesó toda la semana política, pero el problema viene de febrero”. “Queremos saber qué pasó y queremos terminar con la política de la adivinanza”, aseveró.

Luego, la diputada nacional Roxana Monzón (UP) habló de un hecho puntual ocurrido esta semana en el conurbano bonaerense: “En Merlo hay 600.000 habitantes y ayer llevaron solamente 840 kilos de leche. Son gerentes del hambre ¿Qué va a pasar cuando los municipios no puedan darle de comer a la gente?”.

Ratificó, además, el pedido de que Pettovello se haga presente en el Congreso: “Nosotros queremos saber si la ministra conocía o no conocía la cantidad de alimentos guardados en los galpones y por eso tiene que venir a dar explicaciones, bajarse de la soberbia porque el pueblo quiere saber”.

También, la diputada nacional Natalia Zaracho (UP) relató que “quedó expuesta la importancia de tener una agenda porque estos seis meses han sido muy duros donde creció la desigualdad, la pobreza y la indigencia”. A su vez, expresó que “cada vez que escucho al vocero Manuel Adorni me hace enojar mucho porque la gente no tiene para comer”.

🏛️En la Com. de Salud y Acción Social, que presido, logramos un consenso mayoritario para aprobar pedidos de informes y de convocatoria a la ministra Sandra Pettovello en el marco de la denuncia por retención de alimentos e incumplimientos en la política alimentaria. pic.twitter.com/oS5j3HCbDr

— Pablo Yedlin (@pyedlin) June 5, 2024

Con relación al conflicto del Ministerio de Capital Humano, Zaracho añadió: “Que los comedores no funcionen implica que sean los tranzas los que están conteniendo”, y cerró: “No queremos que renuncie ningún funcionario queremos que sean responsables”.

La diputada nacional Carolina Gaillard (UP) afirmó que “lo de la ministra Pettovello es un escándalo”, tras mencionar la demora en la entrega de los alimentos y sumó la causa judicial que se abrió por las presuntas contrataciones irregulares en Capital Humano.

Catalogó a la ministra de tener “absoluto desconocimiento de la gestión”, y anticipó que “puede ser pasible de un juicio político por todo lo que está ocurriendo”. “Acá la criminal es Sandra Pettovello, no las organizaciones sociales”, enfatizó.

Al igual que todos los miembros de su bloque, la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, criticó la gestión de la funcionaria y alertó: “Es probable que la ministra Pettovello el martes no venga, pero también es muy probable que el martes ya no sea ministra”.

En defensa de la ministra de Capital Humano, el vicepresidente de esta comisión, Manuel Quintar (LLA), cruzó a los medios digitales que mientras transcurrían la reunión daban la noticia de la convocatoria de Sandra Pettovello. “No se la ha intimidado ni citado, es una invitación y salir a bravuconear por redes no está bien”, advirtió.

También, cargó que “no puedo dejar pasar palabras como soberbia, ineptos, delincuentes y criminales porque tratar así a un funcionario público me tendría que llevar a mí a hablar de algunos intendentes que hacen actos de despilfarro”. “Usemos la coherencia y la empatía porque está es una situación delicada y sobre todo heredada”, cerró.

Finalmente, las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública confirmaron que elevarán el pedido a Presidencia para formalizar la citación de la ministra Sandra Pettovello para este martes 11 de junio.

Nuevamente presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, el tucumano Pablo Yedlin aseguró que “hay mucha preocupación” sobre la continuidad y el financiamiento de distintas políticas públicas del área y anunció que convocarán prontamente al ministro Mario Russo “para que venga a dar explicaciones”.

El legislador de Unión por la Patria observó que “si el Gobierno nacional se entiende como un gobierno mínimo, muy pequeño, en donde todos los gastos en salud, seguridad, obra pública lo hagan las provincias, entonces habría que rediscutir el tema de la coparticipación”. 

En diálogo con parlamentario.com, el peronista opinó además sobre la ley de Bases, que ya cuenta con media sanción, y puso el foco en la delegación de facultades “a un presidente que ha demostrado con el DNU 70 y con la ley ómnibus original que no tiene límites en la posibilidad de querer legislar”. 

Respecto de la reforma laboral, se mostró en contra de flexibilizar las normas en medio de un contexto de recesión: “Justo en este momento no vas a tener más empleo con eso, vas a tener menos, porque para tener más empleo tenes que tener un país en crecimiento y después las normas laborales tienen que acompañar. Acá estamos poniendo el carro delante del caballo”. 

Aunque reconoció que el presidente Javier Milei “tuvo mucho apoyo inicial”, consideró que ese apoyo “está empezando a cambiar” porque “hay un presidente que no se preocupa por las cosas que los argentinos nos estamos preocupando”. 

Uno de los cinco diputados tucumanos que ingresó por UP y no se fue junto a sus tres comprovincianos que conformaron un bloque que ahora funciona como aliado del oficialismo, Yedlin afirmó que le parece un “error” del gobernador Osvaldo Jaldo la relación que encaró con Milei: “Creo que no hace el cálculo del todo correcto, de cuánto gana y cuánto pierde en esto”. 

-La ley de Bases tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y su voto, al igual que todo Unión por la Patria, fue en contra

-Sí, porque me preocupa casi todo en la ley de Bases. Me preocupa la delegación de facultades en un presidente que ha demostrado con el DNU 70 y con la ley ómnibus original que no tiene límites en la posibilidad de querer legislar. Corremos el riesgo de que cuando tenga las capacidades delegadas se le ocurra volver a la carga con un montón de temas que la lógica parlamentaria se los disminuyó. 

Me preocupa el empleo público. Al Estado nacional, en esta idea de reducir y reducir para llegar al equilibrio fiscal, en esta ley se le da la capacidad de unificar, cambiarle las funciones, inclusive hacer desaparecer, disolver parcial o totalmente estructuras como el INCUCAI, el ENACOM, el INTA o INTI; porque más allá de las protecciones que se han querido poner, todo lo que le queda como capacidad puede permitir que el INCUCAI se transforme en una oficina de registro de voluntad de donantes y que no haga nada más, y que todo el personal sea despedido . 

Si le diéramos estas facultades a un presidente con otra mirada del Estado sería distinto, pero tenemos un presidente que dice que el Estado nacional es una mafia, un grupo de delincuentes y él lo quiere destruir. 

-¿Qué opina sobre el capítulo de reforma laboral, incluido a instancias de un sector de la oposición?

-La reforma laboral también me preocupa, no porque no crea que haya que reevaluar el tema de los juicios laborales, que son una gran carga para las PyMEs en la Argentina; pero me preocupa frente a una situación de enorme recesión económica que vive la Argentina, responsabilidad exclusiva de Javier Milei, porque es cierto que la inflación estaba alta, pero la actividad venía en ascenso y teníamos pleno empleo. Hoy tenemos recesión económica, caída en la venta minorista, caída en la venta mayorista, fábricas que tienen capacidad ociosa. Si vos flexibilizas las normas laborales justo en ese momento, no vas a tener más empleo, vas a tener menos, porque para tener más empleo tenes que tener un país en crecimiento y después las normas laborales tienen que acompañar, pero primero tiene que crecer la Argentina. Entonces acá estamos poniendo el carro delante del caballo. Argentina está con recesión, no hay crecimiento, no hay consumo, no hay inversión por ahora, más allá de lo que diga Elon Musk. 

Otra cosa es el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), un sistema de exenciones impositivas tremendas a los inversores externos, que van a poder venir sin pagar impuestos y no le pedimos nada a cambio. Además pueden no comprar insumos en el país, no contratar empleados argentinos, no liquidar sus ganancias en Argentina. Entonces vienen, extraen lo que quieren extraer y se van. Y nosotros sospechamos que en esa actividad ‘va a gotear algo’ hacia la Argentina, pero no está claro que eso vaya a pasar. Yo sí creo que hay que incentivar inversiones, pero este sistema me parece malísimo.

Y otro aspecto son las privatizaciones. Creo que Aerolíneas Argentinas no puede ser privatizada y tampoco me parece bien que privaticemos, a pesar de los teóricos controles que la oposición amiga le ha puesto a estos procesos, Radio Nacional y Televisión Pública, Yacimientos Carboníferos Fiscales. Haber logrado que YPF y Banco Nación no estén me parece bien, pero lo que quedó también me parece demasiado. 

-El gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, se ha alineado al Gobierno nacional, ¿qué reflexión le merece?

-El gobernador de Tucumán ha decidido políticamente que a la provincia le conviene estar en sintonía con este Gobierno nacional y la verdad que es muy difícil para Tucumán, con la población, la situación social y la cantidad de empleo público que tiene, no tener una buena relación con el Gobierno nacional de turno, sea cual sea. 

A mí manera de ver es un error del gobernador. Yo creo que no hace el cálculo del todo correcto, de cuánto gana y cuánto pierde en esta relación, pero evidentemente la relación es importante,el refinanciamiento de la deuda que tiene la provincia con la Nación existe, la voluntad de obra pública -que por ahora es solo voluntad- tiene que venir de Nación en algún momento, y el gobernador ha decidido ese camino político. 

Pero hay cosas que están mal calculadas. Por ejemplo, cuánto va a ganar la provincia con la nueva ley de Ganancias y cuánto pierde por la nueva ley de ingresos personales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso es cero. Otro tema, yo acompañé el impuesto al tabaco. No entiendo por qué los libertarios, incluido también mi gobernador (a través de los tres diputados del bloque Independencia) no acompañen eso, que representaba sólo para la provincia de Tucumán 16 millones de dólares al año, y más de 350 millones de dólares para todo el país. 

-A cinco meses de la gestión de Javier Milei, ¿qué percepción ve en la gente?

-Yo creo que el apoyo a Milei está empezando a cambiar. Es cierto que tuvo mucho apoyo inicial, la gente con todo derecho estaba muy enojada con el gobierno anterior, le quiso dar un voto de confianza a un nuevo partido político y esperaba ver resultados positivos. No es verdad que Argentina se encaminaba a la hiperinflación, se encaminaba a salir de un proceso espiral inflacionario pero manteniendo la actividad, sosteniendo los planes, la salud pública, las universidades, y ese plan existía y era la opción que teníamos. A mí modo de ver, las cosas a futuro no van en ese sentido. Veo un presidente que no se preocupa por las cosas que los argentinos nos estamos preocupando. 

-Nuevamente le toca presidir la Comisión de Salud en la Cámara baja, ¿con qué agenda se empezó?

-En la última reunión pudimos dictaminar dos proyectos que venían del Senado. Uno sobre el programa Remediar, que cumplió 22 años y a pesar de todos los cambios de gobierno ha venido siendo parte fundamental de la salud pública Argentina, porque llega a 8.100 centros de salud en todo el país, con más de 79 distintos medicamentos, entre los que se incluyen medicamentos para el dolor, antibióticos, para la diabetes, colesterol, hipertensión. Es una ayuda muy importante para las provincias, y sobre todo para la población que se atiende en centros de atención primaria sin cobertura. Además genera un ahorro enorme, porque frente a lo que costaría esa medicación con precio de venta al público, comparado a lo que paga el Estado, en el año 2022 estamos hablando de un ahorro del 86%. El dictamen tuvo apoyo prácticamente de todos, salvo que La Libertad Avanza planteó si este programa no podía ser cofinanciado por las provincias, explicamos nosotros que no, pero bueno, firmaron el dictamen con disidencias. Ya es una ley que estaría en condiciones de ir a sesión. 

El otro proyecto que viene del Senado, de autoría nuestra, que todavía tiene un giro a Industria, es el de la sal fluorada, que incorpora a los programas de salud oral una herramienta que casi todos los países de América y Europa tienen, que es el uso de sal con flúor. Normalmente en Argentina se ha previsto que lo que se fluore sea el agua, pero la verdad es que no se ha cumplido. Uruguay, Chile, Suiza, España, por dar ejemplos, usan estas políticas. Hay lugares en Argentina, muy poquitos, que tienen flúor en el agua, como La Pampa, y en esos lugares no se usaría. Igualmente, no va a ser obligatoria, no van a ser todas las sales con flúor. Será una opción más en el mercado para usarla en los programas de salud bucal; está autorizada por OMS, no es tóxica y aparte será voluntario. 

-¿Van a convocar al ministro del área, Mario Russo?

-Sí, hay dos temas por los que se ha pedido que venga (Mario) Russo y su equipo a dar explicaciones. Hay mucha preocupación en varias cuestiones, así que vamos a cursar una invitación.  

Salieron pedidos de informes y aclaración al Ejecutivo sobre la campaña y vacunas contra el dengue, con mucha preocupación, sobre todo por legisladores del norte. Y hubo otro pedido por un programa de la época de (Mauricio) Macri, que duró  todo el gobierno de Alberto Fernández, y ahora corre riesgo. Se trata del que evita el embarazo no intencional adolescente (ENIA), es un programa que brinda anticonceptivos, pero sobre todo consultorías a adolescentes, no sólo en centros de salud, sino también en escuelas y actividades sociales. A través de las consultorías se descubrieron un montón de situaciones de abuso y la verdad que el embarazo no intencional bajó en Argentina -uno de los motivos debe ser el ENIA- al 50%. A mí desde Salud me informaron que los insumos los van a dar, pero no van a financiar al recurso humano, entonces eso pone en riesgo todo el programa, porque está basado en las consultorías. 

-¿Cómo se encuentra la situación del dengue en su provincia?

-El dengue está empezando una curva de descenso. En Tucumán ha empezado una campaña de vacunación, ya se vacunó al personal de salud, ahora se está vacunando a los docentes y fuerzas de seguridad, estamos hablando cerca de 100 mil dosis -dos veces- que compró el gobierno de la provincia. A mí modo de ver, la vacuna del dengue debería entrar en el calendario, eso no implica que todos los argentinos se tengan que vacunar. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla está en calendario, pero sólo se pone en Formosa o Chaco. Lo mismo con la vacuna de la gripe, que se ponen los más chicos, adultos de 65 o embarazadas. Si está en calendario sí se vuelve obligatoria para aquellos grupos donde está indicada; y la otra característica es que sólo la debe comprar la Nación, no las provincias, ese es el punto de más discusión. No sé por qué la Nación no quiere invertir en esto: las vacunas ahorran plata, no son un gasto. 

-En la comisión también se abordó la cuestión del acceso a los medicamentos

-Sí, ha habido una discontinuidad importante de medicamentos de alto precio, algunos oncológicos, para muchos argentinos que llegaban a esta última instancia, cuando no tienen cobertura. Actualmente hay amparos colectivos y denuncias penales contra la DADSE (Dirección De Asistencia Directa Por Situaciones Especiales). Más allá de todas las auditorías que el Gobierno quiere hacer, porque entiende que en la gestión anterior hubo irregularidades, y más allá de que se investigue -que nos parece bien-, lo que no puede pasar es que no haya suministros de estos medicamentos. Hay una teoría del Ministerio de Salud que entiende que estos medicamentos deberían comprarlos las provincias.

En el mientras tanto que esto se organice, en este modelo de país que este Gobierno quiere, donde todo paguen las provincias y nada la Nación, lo que no podemos dejar es a la gente sin cobertura. Por otro lado, si el Gobierno nacional se entiende como un gobierno mínimo, muy pequeño, en donde todos los gastos en salud, seguridad, obra pública lo hagan las provincias, entonces habría que rediscutir el tema de la coparticipación. Porque la coparticipación son impuestos que cobramos y pagamos las provincias, y le damos la mitad a Nación y la otra mitad vuelve a nosotros. Esa mitad que le damos tiene un objeto, que es básicamente las cosas que paga la Nación. Ahora, si Nación no va a pagar en salud, educación, ciencia y técnica, ni nada, entonces el 80% o 90% de la recaudación de los impuestos debería quedar en las provincias. 

-¿Qué otras iniciativas tiene previsto proponer en la agenda de la comisión?

-El tema del acceso a los medicamentos es de mucha preocupación, el Remediar y lo de la DADSE tiene que ver con eso, pero también está el tema del precio, que no tiene control. En Inglaterra o España la industria no pone el precio que quiere, sino que discute con el Estado cuál es el precio. 

La inflación de medicamentos siempre va por encima de la inflación promedio. Nosotros impulsaremos un proyecto para controlar el precio de venta al público, que no supere el IPC ni el RIPTE. En tanto, para los medicamentos de alto precio tenemos la idea de reflotar el proyecto de Daniel Gollán de Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, para que los medicamentos que la ANMAT registre tengan una evaluación en tecnología, precio y eficiencia para saber si el sistema solidario argentino debe o no cubrirlos al precio que la industria propone. 

Por otro lado, ahora los médicos van a tener que volver a pagar Ganancias, no solamente sobre sus salarios, sino sobre las guardias y las horas extra, que había una ley específica que protegía esa exención. Vamos a replantear una nueva ley de residentes, creemos que la residencia hoy está subpagada, subvaluada, y que debemos mejorar el ingreso para los residentes, sobre todo en el sector privado. Los sistemas de salud son recurso humano que atiende a la gente enferma, si uno no forma recurso humano, que además demora 10 años en formarse, y no prevé esto con anticipación, se va a quedar sin médicos, y ese es el camino que lleva la Argentina si no hace cambios estructurales.

-¿Cómo observa la situación desatada con las prepagas a partir de la desregulación y luego marcha atrás del Gobierno?

-Es otro punto de enorme preocupación. En la Ciudad de Buenos Aires más del 50% de la población tiene prepagas, en la provincia de Tucumán el 4% solamente, en Formosa el 2%. En el promedio de Argentina, sólo el 16% tiene prepaga, pero es un tema de preocupación porque influye sobre el IPC. Nos parece que el Gobierno se equivocó al haber liberado los precios. La libre competencia en estos temas no existe. Cuando se dieron cuenta, y ahora lo quieren regular, resulta que están generando un enorme problema en la línea de pagos hacia los efectores, hacia los médicos, que ven que no se les va a poder pagar lo que le prometieron. 

Si bien un 16% de los argentinos tiene prepaga, la mitad de los argentinos nos atendemos en el sector privado, a través de obras sociales o prepagas, y si el sistema de salud privado colapsa, y esto va camino a eso, entonces la mitad de los argentinos se va a quedar no sin cobertura, sino sin lugar donde ser atendido. 

 

En medio de denuncias al Gobierno nacional por la interrupción de medicamentos oncológicos para pacientes en situación de vulnerabilidad, el tema será tratado este martes en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que preside el tucumano Pablo Yedlin (UP).

En el encuentro, que se llevará a cabo desde las 13.30 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja, se debatirán sobre dos proyectos que recibieron media sanción del Senado en septiembre del año pasado.

El primero tiene que ver con otorgarle jerarquía por ley al Programa Remediar, creado en 2002. El objetivo de este programa es asegurar la accesibilidad y cobertura de los medicamentos esenciales y productos sanitarios por parte de la población con cobertura pública exclusiva. También fortalecer el modelo de atención primaria de la salud y promover políticas de salud con gestión participativa.

El segundo proyecto es uno que fue impulsado por el propio Yedlin en la Cámara alta y tiene que ver con autorizar en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor, para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

El temario incluye una treintena de proyectos de resolución y declaración, entre ellos una decena pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas tomadas en relación a la epidemia de dengue. Dentro de este paquete hay una iniciativa del misionero Martín Arjol (UCR) que solicita la provisión y adquisición de vacunas.

Además, hay proyectos que exigen información al Gobierno sobre la continuidad del Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente no intencional; otros sobre el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) -en relación a los medicamentos-; y un conjunto sobre el cierre de Centros de Referencia.

 

 

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que encabeza la socialista Mónica Fein, se reunió este martes para tratar la creación de un Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea (PNUAC), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La reunión contó con la presencia de Celina Gialdini, médica especialista en Obstetricia y Ginecología e investigadora del CREP (Centro Rosarino de Estudios Perinatales) ; Analía Messina, médica tocoginecóloga; y la licenciada en Obstetricia María Angélica Veiga del hospital materno-infantil Ramón Sardá, quienes expusieron ante los legisladores presentes.

Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, sostiene la impulsora de esta iniciativa.

El proyecto remarca que cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.

En la indicación de cesáreas no justificadas, intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.

Las expositoras

En primer lugar, la doctora Celina Gialdini, médica especialista en Obstetricia y Ginecología e investigadora del CREP, afirmó que “la cesárea salvó madres y bebés”, y agregó que “es la cirugía mayor mas realizada en el mundo”.

Sin embargo, advirtió que “es alta la tasa de cesáreas en el tiempo y lo que pasará, si no hacemos algo con su uso excesivo, es que para 2030, más de la mitad de la población nacerá por operación y no por parto”. “La tasa de cesáreas aumentó de manera progresiva en los últimos años”, señaló.

“La seguridad en su uso contribuyó a que el incremento sea sostenido, innecesario y excesivo, y esto se debe a factores como el miedo y la desinformación”, consideró Gialdini, quien también explicó: “La mortalidad materna disminuyó con la cesárea”.

Del mismo modo, planteó que “las mujeres gestantes, un 70% dice que es mejor el vaginal y un 17%, dice que cesárea es mejor, pero un 42% te dice que es más segura”. Además, agregó que “el 71% dice que hay que optimizar el uso de la cesárea”.

En tal sentido, cerró: “Esto es una estrategia para fomentar el acompañamiento y es una herramienta informativa para conocer riesgos y beneficios de cada modo de nacimiento”, y añadió: “Luego de un año de implementación en la red, urge tomar medidas ya, para ampliar derechos”.

Así las cosas, la doctora Analía Messina, médica tocoginecóloga, señaló que “se requieren cambios en la cultura de la organización, es lo que más tiempo lleva, donde no incorporamos ni recurso humano, ni materiales para llevar adelante este modelo”.

Del mismo modo, agregó que “este estudio es muy valioso porque nos brindó datos que nos permitieron bajar de un 39% de cesáreas en grupos de bajo riesgo, y al cabo de 1 año de trabajo lo hemos bajado al 30%, lo cual es altamente satisfactorio”.

“Poner un problema de agenda, tener conversaciones de alto nivel con todos los integrantes de los equipos de salud e incluir a las mujeres en la toma de decisiones es la mejor manera con las decisiones informadas, en un modelo de diálogo”, remarcó la doctora.

A su turno, la licenciada en Obstetricia María Angélica Veiga del hospital materno-infantil Ramón Sardá relató las experiencias de la implementación del cuadernillo interactivo en el hospital y explicó que “era entregado en la primera consulta para que accedan todas las mujeres y personas gestantes”.

En tal sentido, siguió: “En el seguimiento del cuadernillo hay puntos en el que se puede investigar si se comprende la información que brindamos. También existen otras instancias de información en el control prenatal, monitoreo y consultorio para la toma de decisiones informadas”.

Además, Veiga dilucidó que “eran demandas espontáneas, sin grandes tecnologías porque la intención es generar un espacio confidencial que garantice que la mujer se pueda expresar y obtener información en la toma de decisiones”.

“Pudimos generar un espacio y articular una herramienta de información para que la mujer pueda decidir informada sobre cuál es la mejor vía de nacimiento en base a su experiencia personal y la evidencia científica”, indicó.

Al término de las exposiciones, la titular Mónica Fein agradeció al CREP y luego, mostraron un video con los testimonios de tres mujeres jóvenes, quienes tuvieron experiencias positivas con el cuadernillo informativo.

Brevemente, la diputada nacional Natalia Sarapura (UCR) señaló que “necesitamos un acto de reparación permanente” y “ratifiquemos los derechos de las mujeres”.

Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Rubén Manzi (Coalición Cívica – ARI – Catamarca), recordó los años en que ejerció la medicina y relató que “me sorprendía la cantidad de cesáreas”.

Finalmente, el otro vicepresidente Daniel Gollán (FdT) remarcó que “las mujeres en general deciden por una cesárea”, pero advirtió que “hay una demanda y los profesionales de la salud fuimos parte”. “Me parece extraordinario de poner esto en agenda y es importante sacar esta ley”, concluyó.

Los objetivos de esta ley son:

• Implementar mecanismos de recopilación de datos para el monitoreo y evaluación de los diferentes modos de parto tanto en el ámbito público como privado de la atención de la salud en todo el territorio de la Nación.

• Promover el acceso a la información basada en evidencia científica, sobre los perjuicios asociados al nacimiento por cesárea sin indicación médica para que las personas gestantes puedan tomar decisiones informadas.

Instalar en la agenda del sector salud y de la sociedad en general el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes y los niños por nacer.

A los efectos de alcanzar el objetivo propuesto, el PNUAC tendrá las siguientes funciones:

• Promover la capacitación y formación de las y los profesionales de la salud a los efectos de hacer efectivos los objetivos de la ley.

• Llevar adelante, en coordinación con las jurisdicciones, el monitoreo de los diferentes modos de nacimiento, debiendo recabar datos sobre los nacimientos por cesárea en todo el territorio, confeccionar y brindar estadísticas en relación a las causas que motivan la realización de esta práctica. Específicamente se deberá realizar un seguimiento de los partos por cesárea practicados en población de bajo riesgo de nacimiento por cesárea, razones de su indicación, identificación y revisión de los casos en los que podrían haberse evitado la cesárea y la elaboración de recomendaciones y acciones para evitar futuras cesáreas en casos similares.

• Confeccionar, publicar y difundir reportes e informes con los datos obtenidos acerca de la información obtenida como consecuencia de los procesos definidos en el inciso precedente.

• Promover la implementación de protocolos de atención basados en la evidencia científica.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, tratará un proyecto de ley que propone incorporar la figura del "promotor comunitario de salud" y "agente sanitario", impulsado por el oficialista Daniel Gollan.

La iniciativa forma parte del temario de una reunión citada para este martes a las 10.30, previo a la sesión que está convocada en la Cámara baja.

Según el proyecto, se define "promotor comunitario en salud" y "agente sanitario" a "la persona de la comunidad que se forma para promover la participación y organización popular, articula entre las necesidades de la población y el sistema de salud, ocupa un espacio intersectorial entre las áreas que comprenden la salud, el desarrollo social, la educación y el medio ambiente, promoviendo una concepción de la salud entendida como un derecho de la población y un deber del Estado".

El texto prevé la creación de un registro nacional, establece los requisitos; las funciones y atribuciones; y la formación, entre otros aspectos.

En los argumentos de la iniciativa, Gollan explicó que se busca bautizar a la ley como "Ley Daniel Capponi", en homenaje a "Norberto Daniel Capponi, quien dedicó su vida a la militancia por el derecho a la salud de nuestro pueblo, sin descanso ni mezquindades. Formó innumerables y creativos equipos de trabajo en el campo de la salud pública, con honestidad política y profunda humanidad".

Por otra parte, se debatirá un proyecto presentado por la oficialista Rossana Chahla, que propone declarar de interés nacional al acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV.

Establece que el sector público de la salud y las obras sociales deberán "brindar la cobertura necesaria para la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV, a la que se incluye el tratamiento del ACV isquémico por vía endovenosa y endovascular". "Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total", indica.

Por Melisa Jofré

En un Congreso polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa del gobierno del Frente de Todos, los temas de salud se han ganado un lugar en la agenda de las sesiones y han sido, en distintas ocasiones, la llave de varios consensos. 

Mientras algunos proyectos en materia judicial han fracasado y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo se han aprobado con lo justo, las propuestas referidas a lo sanitario encontraron unanimidad u holgadas mayorías a favor. 

Es cierto además que, durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández, el ritmo de un Parlamento que trabajó por primera vez en su historia de manera telemática estuvo marcado por la realidad de la pandemia de Covid, que dejó la aprobación de un par de normas. 

A lo largo de estos tres años y medio, en el Congreso se sancionaron una treintena de leyes referidas a la salud, que nacieron en su mayoría de proyectos consensuados entre distintos bloques. Otras no tuvieron a la comisión homónima como cabecera, pero sí siendo parte de la discusión. Unas pocas no completaron su trámite y perdieron estado parlamentario. Cabe destacar que algunas declaraciones o instauración de días alusivos no se tomaron para este informe, pero también los hubo.

Una emergencia y la pandemia 

Si bien no pasó por la Comisión de Salud, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que Alberto Fernández envió al Congreso al asumir en diciembre de 2019, incluía varias emergencias, entre ellas la sanitaria con un capítulo compuesto por 22 artículos. Por ese entonces, el oficialismo destacaba la decisión de volver a jerarquizar el Ministerio de Salud, al mando de Ginés González García, y cuando a los pocos meses sorprendió la pandemia, varios voceros se encargaban de recordar el asunto de la “emergencia sanitaria” en la que estábamos, y que posteriormente se extendería por decreto. 

En su primera sesión remota, el 13 de mayo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó de manera virtual la “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus. La iniciativa, que establecía un programa de protección para el personal de salud, salió por unanimidad, al igual que una propuesta para eximir de Ganancias a los trabajadores esenciales. Ambos proyectos fueron ley a la semana siguiente en el Senado, donde también se sancionó una norma para actualizar el vínculo jurídico de la Cruz Roja -institución que cobraba relevancia en ese contexto- con el Estado Nacional, un tema que estaba con media sanción de Diputados desde 2018. 

Otras leyes destacadas de ese primer año de pandemia fueron una que estableció la autorización de las recetas digitales y otra por la cual se creó una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid. 

Durante octubre de 2020, el oficialismo logró aprobar el proyecto que establecía condiciones excepcionales en los contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas. En Diputados salió por 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, mientras que en el Senado consiguió 56 votos positivos y 11 negativos. 

Legalización del aborto, etiquetado frontal y nueva Ley de VIH

Incluido en su plataforma electoral, a un año de haber asumido, el Frente de Todos se alzó con la legalización y despenalización del aborto, en una discusión transversal a todos los bloques que transcurrió durante diciembre de 2020. No exenta de miradas sumamente contrapuestas, pero con un escenario de tendencia más favorable al anterior debate que se había dado en 2018, la norma se sancionó el 30 de diciembre en el Senado. Junto a ese proyecto se aprobó uno de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.

Las comisiones de Salud de ambas cámaras tuvieron parte en una discusión de una ley que se demoró un año entre su aprobación en el Senado, en octubre de 2020, y su aprobación definitiva en Diputados, en octubre de 2021: la de etiquetado frontal de alimentos. Producto del fuerte lobby, la norma llevó tiempo pero se terminó sancionando por amplia mayoría, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara baja. En la cámara de origen se había consensuado un proyecto entre la oficialista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos, que había cosechado 64 votos positivos y solo 3 negativos. 

Otro de los proyectos que se destaca en estos últimos años es la nueva ley de respuesta integral al VIH, sancionada en junio de 2022, que vino a reemplazar la 23.798 de 1990. En esta nueva norma se incorporó a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Algunas leyes que esperaron meses

En el listado de leyes en materia de salud sancionadas en estos tres años y medio, en julio de 2020 figura el proyecto sobre fibrosis quística, que había tenido media sanción de Diputados en noviembre de 2019. También con data de media sanción durante la gestión anterior, en octubre de 2020 el Senado aprobó finalmente una iniciativa para regular el ejercicio de fonoaudiología. 

En octubre de 2020, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados la ley sobre cuidados paliativos, que recién se terminó de sancionar en julio de 2022. Dos casos demorados fueron también un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio la violencia de género, con fecha de noviembre de 2020 en la Cámara baja y sancionado definitivamente en octubre de 2022 en el Senado. En tanto, la iniciativa sobre digitalización de historias clínicas, que la Cámara de Senadores abordó en noviembre de 2020, primer año de la pandemia, terminó por aprobarse en Diputados en febrero de este año, justo un día antes de que cayera por el comienzo de un nuevo período ordinario. 

Una norma que esperó ocho meses, de octubre de 2021 a junio de 2022, fue la ley de oncopediatría, votada por unanimidad en ambas cámaras, con beneficios para las familias de niños y adolescentes con cáncer.

Entre los proyectos se registra la reforma de la ley de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad; la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana; y una reforma a la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). 

Aprobadas este año

En lo que va de 2023, el pasado 13 de abril, el Senado trató la ley de promoción y desarrollo de la enfermería, otra iniciativa que había nacido por la importancia de estos trabajadores de la salud durante la pandemia, y que se demoró casi dos años desde el comienzo de su discusión, en junio de 2021. La media sanción de Diputados había salido en septiembre de 2022. 

En esa misma jornada, la Cámara alta sancionó por unanimidad la ley para ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, por otro lado, devolvió con cambios a Diputados el proyecto para eximir de Ganancias al personal de salud por el concepto de guardias. Una semana después terminó de sancionarse en la cámara de origen. 

El 19 de abril, la Cámara baja aprobó la ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, que también esperó tiempo, ya que databa de diciembre de 2021 cuando salió del Senado.

Lo pendiente y lo que perdió estado parlamentario 

Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por ser tratados en el Senado un proyecto de ley sobre muerte perinatal y otro sobre pubertad precoz. En tanto, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja ya obtuvieron dictamen favorable una iniciativa sobre seguridad del paciente y otra para jerarquizar el ejercicio del acompañamiento terapéutico. 

Pese al avance de numerosos proyectos, hubo algunos casos que perdieron estado parlamentario, como una propuesta para crear un programa nacional de asistencia, acompañamiento y cuidado integral del personal de salud en situaciones de crisis y emergencias, que tuvo media sanción del Senado en mayo de 2021, cuando ya transcurría más de un año de la pandemia y los contagios y muertes por Covid eran mayores que en las de 2020, pero cayó en Diputados.

Tampoco tuvo trámite en la Cámara baja una iniciativa aprobada en octubre de 2020 en el Senado para regular los principios y alcances de la “telesalud”, incorporando a la atención médica el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs); otra sobre la figura de los facilitadores interculturales en la salud y una sobre la creación de un registro nacional de bancos de leche materna. 

Entre los proyectos que no prosperaron hubo uno muy criticado por la oposición, pero que el Frente de Todos con ayuda de aliados aprobó en mayo de 2021 en el Senado. Se trataba de una ley enviada por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores pudieran tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos. Cuando pasó a Diputados tuvo dictamen de comisión, pero nunca se trató en el recinto.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados avanzó este martes con dos iniciativas consensuadas: una de ellas referida a la calidad y seguridad sanitaria, denominada “Ley Nicolás”; y otra sobre jerarquización de la actividad de los acompañantes terapéuticos. 

Sobre el primer proyecto, el diputado Fabio Quetglas (UCR), autor de una de las propuestas que se tomó para el dictamen, expresó su emoción y dijo que “la finalidad última de este tipo de iniciativas es que la sociedad mantenga los niveles de confianza que tiene con el sistema de salud en Argentina”. 

“Tener malas prácticas a la larga lo que hace es que la gente pierda la confianza en cualquier sistema”, continuó y explicó que “la seguridad es un elemento tan deseable como frágil, y por eso la ley, que logra mucho, probablemente no logre todo. De todas maneras es un hito muy significativo”.

La iniciativa presentada por Quetglas fue trabajada -entre otros- en conjunto con Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, que falleció en 2017 a raíz de un diagnóstico mal dado y en quien se inspira el nombre de la ley.

Sobre el proyecto, que ahora deberá ser tratado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el legislador radical apuntó que “introduce instituciones nuevas como el registro del evento centinela y le da rango legal a la certificación de las capacidades de los profesionales”.

A su turno, la diputada Mónica Macha (FdT), impulsora del otro texto que se tomó para el dictamen, destacó el rol de “las organizaciones que le pusieron letra a este proyecto enmarcado y sostenido por profundos dolores irreparables”. Esta ley se trata de “cómo comunitaria y socialmente trabajamos para que esas situaciones no vuelvan a repetirse” y de “construir una práctica sanitaria que no avance o dé lugar a situaciones y daños irreparables”. 

“Este es un proyecto que se basa en la prevención y por eso apuntamos también a la capacitación. Viene a aportar a un cambio cultural”, agregó la oficialista y subrayó que contempla “la posibilidad, que es un derecho, que los pacientes y sus familias puedan saber cuáles son las decisiones que se toman sobre su cuerpo, sobre el proceso de enfermedad que están pasando, que tengan la información”. 

Durante el debate, la diputada Rossana Chahla (FdT) afirmó que “nosotros conocemos cuáles son los errores médicos más frecuentes, pero nunca están documentados. Documentar eso nos va a permitir la prevención”. “Esto va de la mano de la calidad; la calidad en salud no es una opción, es una obligación”, señaló y añadió que “es un avance muy importante, hay que estar muy de cerca en la reglamentación”.

El legislador Rubén Manzi (CC-ARI) coincidió en que “es una excelente iniciativa y más que necesaria en nuestra estructura de salud”, pero observó que veía como “difícil en la operatividad” la “verificación de la capacidad psicofísica del equipo de salud” sobre todo en “la capacidad de control y monitoreo permanente”, ya que eso “significa estructuras y una cultura que hoy no existe, y seguramente también erogaciones económicas para efectivizarlo”. No obstante, valoró que “se logró sintetizar un proyecto proactivo”. 

El otro de los temas que avanzó fue un proyecto de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico a partir de iniciativas de Soledad Carrizo (UCR), Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollán (FdT).

Al tomar la palabra, la legisladora Soledad Carrizo reconoció la “unidad” que logró “el colectivo de acompañantes terapéuticos”, que “ha ido madurando y logrando esta mirada de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley, más allá de las regulaciones provinciales” en 13 distritos. La cordobesa celebró que “más allá de los vaivenes que tenemos en Argentina hay un punto en común cuando queremos encontrarlo”. 

En tanto, el diputado Daniel Gollán resaltó que “hay demandas que en estos tiempos se corporizan en movimientos muy grandes” a través de la organización, facilitada por las redes sociales, de distintos colectivos y “así fue el caso de las acompañantes terapéuticas”, quienes “previamente a venir a vernos tienen el tema estudiado y consensuado”. 

Al reflexionar que “antes era el médico y sus auxiliares, pero hoy tenemos un montón de otros actores del sistema de salud que necesitan formalizar su participación”, el oficialista aseguró que es necesario “darles un criterio de homogeneidad para todo el país y la entidad que merecen”. 

La presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), ponderó que “los acompañantes terapéuticos fueron actores fundamentales de la inclusión, de los procesos de cambio” en los últimos años y “las provincias lo vivieron primero, creando distintos mecanismos de capacitación”. “Hay un desafío que seguramente (el Ministerio de) Educación tendrá que tomar de unificar los procesos de formación, como lo plantea este proyecto”, sumó. 

Otro de los que habló fue el diputado Luis Di Giacomo (JSRN), quien consideró que “hay que ir rumbo a la licenciatura, y esto muy importante porque hay mucha gente de origen humilde que lamentablemente es engañada por pseudo-institutos privados, terciarios, que te dan 100 horas, 50 horas de un curso y te recibís de acompañante terapéutico, pero después no sirve para nada”. “Con esta ley estamos avanzando en cuestiones que van mucho más allá de reconocer la actividad profesional de gente que integra el equipo de salud”, remarcó. 

“Ley Nicolás”

El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”. 

De acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos. 

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”. 

“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.  

La iniciativa determina que “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”. 

Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”. 

Regulación del ejercicio de acompañantes terapéuticos

El proyecto define que “el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.

Y agrega que “la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad”. 

La iniciativa contempla artículos referidos a las condiciones de habilitación; los derechos y obligaciones; las prohibiciones (entre ellas prescribir medicamentos, drogas o fármacos); el registro de sancionados e inhabilitados; y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio todas las actividades desarrolladas por acompañantes terapéuticos, entre otros aspectos. 

Además, determina que “para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el título habilitante ante las autoridades competentes designadas por las jurisdicciones locales”. 

“El Poder Ejecutivo Nacional deberá promover ante los organismos que correspondan la creación de la carrera de acompañante terapéutico a cargo de Universidades e Institutos de educación superior, de gestión pública y privada y la unificación de la currícula”, dispone. 

Tras varios meses de debate, que contaron con la participación de distintos especialistas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados intentará avanzar con un proyecto sobre seguridad sanitaria y de los pacientes.

La iniciativa figura en el temario -que incluye la regulación del ejercicio del acompañamiento terapéutico- de la reunión que se realizará este martes a partir de las 14 en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja.

La comisión, presidida por la socialista Mónica Fein, realizó la última reunión informativa sobre esta temática el pasado 11 de abril. En dicha ocasión, asistió Gabriela Covelli, de la ONG "Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos", madre de Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 a raíz de un diágnostico mal dado.

Precisamente en este caso se inspiró el proyecto presentado por el radical Fabio Quetglas, que busca que en caso de sancionarse se denomine "Ley Nicolás".

En cuanto a la prevención de casos de mala praxis también tiene un proyecto la oficialista Mónica Macha. Según pudo saber parlamentario.com, este lunes los asesores de la comisión se reunieron para intentar avanzar en un dictamen de consenso.

La iniciativa tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención.

La OMS define a la "seguridad del paciente" como "el conjunto de estructuras y procesos de una organización que reduce al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y en el caso de su ocurrencia genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud".

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, retomará el debate sobre proyectos de “Seguridad del Paciente” y “Evaluación de Tecnologías Sanitarias”.

El encuentro, que se realizará este martes 11 desde las 17 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, será el tercero que se realice con la participación de invitados.

El año pasado se llevaron a cabo dos reuniones informativas con médicos, directores y autoridades de hospitales e instituciones médicas, representantes de prepagas y especialistas.

La primera de las jornadas tuvo lugar el 29 de noviembre, mientras que la segunda se realizó el 14 de diciembre. El objetivo es nutrirse de la información necesaria para trabajar luego en el consenso de los distintos proyectos de ley que hay presentados sobre ambos temas.

La lista de invitados

Para la temática de "Seguridad del Paciente" fue citada Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, presidenta y fundadora de la ONG “Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos”.

Covelli está detrás del proyecto de ley que presentó el radical Fabio Quetglas, inspirado en el caso de Nicolás, quien falleció en 2017 a los 24 años producto de una mala praxis cuando no se le detectó a tiempo una meningitis bacteriana.

También asistirán Alicia Siriani, madre de Virginia Romano Siriani y miembro de la ONG que comanda Covelli; y Claudio Carapezza y Eunice Parodi, integrantes del Comité de Ciudadanía Sanitaria y Familiares del Hospital Posadas.

En tanto, para hablar sobre "Evaluación de Tecnologías Sanitarias" fueron citados la doctora Natalia Tassara, miembro de la Comisión de Economía de la Salud de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); Victoria del Castillo, directora ejecutiva de la Cámara de desarrolladores, distribuidores e importadores de equipamiento médico, implantes y productos descartables (CADIEM ARGENTINA); y Eduardo Franciosi, director ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA).

Completan la lista Luciana Escati Peñaloza, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF); y Florencia Braga Menéndez, directora general de Proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA).

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca regular el régimen profesional de la obstetricia, de modo de reconocer la labor que llevan adelante. El texto fue consensuado entre iniciativas de Mónica Macha (FdT) y Silvia Lospennato (Pro).

La ley es reclamada por el sector desde hace varios años, e incluso tuvo media sanción de la Cámara baja en abril de 2019, pero perdió estado parlamentario en el Senado. 

Durante el debate, Macha destacó que se trata de “una profesión mayoritariamente llevada adelante por compañeras”. “Hablamos de un proyecto y una discusión que no es nueva”, apuntó la oficialista, al considerar que éstas son “las discusiones que socialmente necesitamos dar”. La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad explicó que se busca que “todas las acciones que realicen consten en este régimen, estén expresadas” y aseguró que se trata de hacer “justicia en relación a las condiciones de trabajo, y en lo que es específico de su formación y para lo que están autorizadas por su formación académica para llevar adelante”. 

Por su parte, Lospennato resaltó que las licenciadas en obstetricia “vienen peleando hace muchísimos años” por esta ley. “Las mujeres cuidamos, educamos y curamos”, enumeró para decir luego que eso no se hace solo dentro de la casa, sino que “nos insertamos en el mercado laboral para cumplir estos mismos roles. Y no tiene que resultarnos llamativo que sean estas profesiones las menos valorizadas económicamente. Esto es algo que si queremos una sociedad igualitaria tenemos que corregir”. 

Al explicar el proyecto, la legisladora detalló que tiene “un contenido técnico, que hemos discutido mucho en asesores y con los colegios profesionales” y un “componente de legislación laboral”. “Nada de lo que vamos a escribir en esta ley no es que no lo están ya realizando”, aclaró y subrayó las diferencias que hay en el país respecto de sus derechos, porque “en 14 provincias hay legislación” y no así en el resto. 

“Esta ley viene a resolver el problema que genera en el sistema de salud tener pocas licenciadas en Obstetricia”, continuó y remarcó: “Hay muchos lugares del país donde no hay un médico disponible pero sí obstetras que están capacitadas”. 

La macrista enfatizó que “estamos dando un paso que es necesario por la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, para reducir la morbimortalidad de nuestros niños recién nacidos y para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia”. “Principalmente va a ser un reconocimiento a ellas, que desde siempre han estado ahí para ayudar que la sociedad se multiplique, crezca y progrese, pero que lamentablemente están muy rezagadas de la tarea profesional y laboral que realizan, y merecen, como hicimos con los enfermeros, que saldemos esta deuda”, concluyó.

En la reunión, la diputada Carolina Gaillard (FdT) agradeció que se apure el debate porque “no podíamos dejar que termine el año y esto no llegue al recinto”. “Es un tema muy importante, desde 2008 hay proyectos en el Congreso, y la ley actual que habla de los profesionales de la salud y de las obstetras como colaboradores” data de 1967, cuando todavía no había Ley de Parto Respetado, ni se habían alcanzado “los derechos que hoy tenemos las mujeres”. 

Al tomar la palabra, la legisladora Mara Brawer (FdT) hizo hincapié en las diferencias dentro del país debido a aquellas provincias que cuentan con ley y las que no: “Depende dónde vivís, depende la atención que tenés”. “Si consideramos los conocimientos profesionales que tienen, ese reconocimiento tiene que ser un reconocimiento en todos los lugares donde ejercen su profesión”, manifestó y valoró esta “profesión tan noble, que acompaña, que lucha y que tantos escollos tuvo que pasar a lo largo de estos años”. 

El diputado Julio Ferreyra (FdT) manifestó que comparte “plenamente el reconocimiento que se quiere hacer”, pero advirtió por un artículo que facultaba a obstetras “a emitir certificado, constancia de nacimiento”, además de que “el artículo 17 habla de los partos domiciliarios”. “En la reglamentación actual, la registración no permite inscribir los nacimientos en domicilios”, remarcó y opinó que “es un punto muy delicado”. 

“Tiene razón, es una buena aclaración”, reconoció Lospennato, que aclaró que la letra hablaba de “constancia” y “no es el certificado de la ley de registración”. Sin embargo, admitió que “probablemente sea mejor sacarlo”. 

En la discusión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) ponderó que se trata de “un colectivo de 8.000 profesionales en todo el país” y es una carrera que “se dicta en 11 universidades nacionales”. Pero propuso modificar el dictamen cuando habla de que pueden “ejercer su actividad” y “prestar asistencia en domicilio del paciente”, al pedir que se tengan en cuenta los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Al repasar algunos puntos que requieren todavía de acuerdo, Lospennato dijo sobre el cambio solicitado por Carrizo: “Nosotros creemos que nuestro país todavía no tiene las condiciones para garantizar algunos tipos de prácticas y en ese sentido queremos preservar la salud de las mujeres y niños”. “Es algo que también nos pidió el Senado”, añadió. 

En el tramo final, Macha explicó: “Estamos planteando el ámbito del domicilio como un ámbito más. Tiene que ver con los derechos laborales de las obstetras; así como planteamos un espacio laboral un hospital, una clínica, también está el ámbito del domicilio de la paciente. Muchas veces van al domicilio para el control del embarazo. No está en discusión el parto domiciliario, ese es un argumento que toman algunos sectores para enfrentarse con el proyecto”. 

Convenio de la OIT sobre enfermería 

En la reunión también se pasó a la firma, con amplio respaldo, un proyecto por el cual se aprueba el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 149 sobre el personal de Enfermería, adoptado por la 63° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el 21 de junio de 1977. La iniciativa ya tenía dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. 

Al presentar ese punto del temario, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), explicó que el convenio “habla de condiciones básicas de trabajo que hoy la mayoría de los enfermeros y enfermeras tienen”, pero igualmente “es un gran avance que nuestro país adhiera”. Además, recordó que presentó un proyecto en este sentido en 2008 y consideró: “Vamos a hacer justicia aprobándolo en el recinto”. 

A su turno, el diputado Hugo Yasky (FdT) resaltó que “en la experiencia que vivimos traumática de la pandemia pudimos visibilizar la importancia, la trascendencia que tiene todo el personal” de salud que “casi siempre tiene que enfrentar situaciones de remuneraciones que no se corresponden con la importancia de su tarea”. Para el oficialista, “es un acto de justicia” aprobar este Convenio, al tiempo que dijo que “hay que seguir avanzado” en legislación para este sector. “Hay que valorizar el trabajo del personal de enfermería, visibilizarlos, porque muchas veces son como la ‘Cenicienta’ dentro del sistema”, agregó. 

Por su parte, el vicepresidente del bloque, Daniel Gollan (FdT), señaló que las enfermeras y los enfermeros “están pasando por tiempos inéditos; se ha visibilizado el problema que vienen reclamando hace tantos años de ser reconocidos como corresponde, como profesionales que lo son”. “Necesitamos el doble de los enfermeros y enfermeras que tenemos hoy en el país”, subrayó y opinó que adherir a este Convenio no hace solo a “reconocerles los derechos”, sino también “estimular a que más hombres y mujeres quieran seguir esta noble profesión”.  

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”. 

Durante el encuentro, la diputada María Luisa Montoto (FdT) señaló que se trata de “algo que produce infinidad de muertes súbitas y que se puede prever”. Al mencionar la organización “Latidos Diferentes” de su provincia, Santiago del Estero, la oficialista aseguró que “concientizar sobre la prevención es la forma más importante, más económica y más segura”. 

Impulsor del proyecto junto a su par Paula Penacca (FdT), el diputado Daniel Gollan (FdT) explicó que “la idea es transformar en ley un programa que ya existe hace mucho tiempo”, más precisamente desde 2008, lo cual “nos daría más seguridad para que en forma estable los objetivos del programa se cumplan siempre”. 

“Hay un colectivo de madres que han batallado y han peleado mucho por que este proyecto se concrete”, resaltó y detalló que “hay potenciales 7.000 chicos de los cuales 5.000 pueden tener una solución a través de un diagnóstico y una cirugía temprana”. “Es una causa de morbilidad temprana que se puede resolver en la mayoría de los casos”, añadió. 

La presidenta de la comisión, la diputada Mónica Fein (PS), señaló que “este programa hizo que el Estado estuviera a la delantera del sector privado de obra social” porque “fueron los primeros que regionalizaron las maternidades y crearon centros descentralizados”. “Vamos a convertir en ley un programa que realmente es muy exitoso y debe profundizarse”, expresó. 

A su turno, la diputada Graciela Ocaña (Pro) recordó que en su gestión como ministra de Salud durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, “creamos el inicio de este programa” que “tiene que ver con resolver este problema que es tan importante”. “Esta red federal que se pudo empezar a trazar ha salvado y mejorado la calidad de vida”, destacó. 

Presentes en la reunión hablaron dos mamás del colectivo que reclama por la ley, quienes le pidieron a los legisladores “hacer historia”. Además, Lucrecia Mata, cardióloga pediatra, indicó que este es “un plan que funciona muy bien, que está muy bien coordinado”, pero “necesitamos la fuerza de esta ley para que, independientemente de los gobiernos que vayan pasando, haya una seguridad en los pacientes de seguir aumentando la complejidad de las cirugías cardíacas y que no tengan que trasladarse a Buenos Aires”. “En el interior del país lo que hace falta es continuar con el financiamiento”, advirtió. 

La reunión se dio por concluida intempestivamente luego que Fein comunicara que el Anexo de la Cámara baja debía ser evacuado por una amenaza. Minutos después se confirmó que lo que parecía un paquete sospechoso, era la mochila olvidada por alguien. 

De esta manera, se pasaron a la firma sin debate un conjunto de proyectos consensuados, entre ellos uno con media sanción que modifica los artículos 23 y 45 de la Ley 22.990, de sangre, informando a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al Registro Nacional de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas. 

El paquete incluía iniciativas para instaurar distintos días: Día Nacional del Síndrome Treacher Collins (23 de mayo); Día Nacional por el Derecho a la Salud en conmemoración del nacimiento del Dr. Ramón Carrillo (7 de marzo); Día Nacional por el derecho al medicamento como bien social, como Día Nacional del Médico Endocrinólogo en todo el territorio de la República Argentina (16 de abril); Día Nacional de la Diabetes (14 de noviembre); y al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió este martes para avanzar con varios dictámenes entre los que destacan la creación de programas nacionales de prevención de discapacidades en el recién nacido, y de informatización y digitalización de las historias clínicas; atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; pubertad precoz; y reanimación cardiopulmonar en las escuelas.

La titular de la comitiva Mónica Fein (Partido Socialista) explicó que la iniciativa de creación de un programa nacional único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina “viene con dictamen del Senado”.

Respecto al tema, la diputada nacional Rossana Chahla (FdT) se mostró a favor y dijo que “es el momento de aplicar la tecnología en Salud”. Además, mencionó a la plataforma “Mi Argentina” (organizadora de registro de conducir y vacunas) como “el ejemplo para implementar este nuevo sistema a corto plazo”.

En esa misma línea, el legislador oficialista Daniel Gollán agregó que “el sistema sanitario presenta resultados negativos con relación al monto que se invierte”. A su vez, destacó que este proyecto de ley traerá la posibilidad de evitar “empezar desde cero cada vez que un paciente visita a un profesional de la salud”.

Por otra parte, relató que muchos pacientes pierden su historial médico por “falta de organización del sistema”, lo que genera que la sociedad no acceda completamente a los diagnósticos necesarios. “Muchas personas descubren enfermedades diez años mas tarde de su aparición por no tener cerca el historial médico y su tratamiento necesario”, enfatizó Gollán.

Con relación al sistema de salud en el interior del país, fue la diputada Carolina Gaillard (FdT) quien lo llevó al debate y sostuvo que “los pacientes de las provincias, cuando vienen a Buenos Aires,  deben sumar tramites de más por una pequeña dolencia, al no tener un sistema de historial clínico”. En tal sentido argumentó que “un sistema coordinado le facilitaría los tratamientos a las personas que vienen de todo el país”.

La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) expresó la importancia que tiene la información cuando se accede de forma veloz. Por otro lado, Silvia Lospennato (Pro) pidió que, además de ser sancionada, “la ley tenga un seguimiento en concordancia con organismos nacionales”.

En última instancia, la legisladora oficialista Paola Vessvessian acompañó la ley y pidió que “sea respetuoso en función de los Derechos Humanos de las personas y que se trabaje de manera federal para garantizar la llegada del sistema a todo el país”.

Tras el consenso y firma de los diputados presentes, la presidenta de la comisión anunció “el dictamen favorable” de esta normativa. “Es importante la aprobación de este tema y es un gran paso que se convierta en ley”, sostuvo Fein.

El segundo tema para analizar fue el proyecto de ley sobre Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal, donde la diputada Chahla propuso agregar “tener un Comité de asesoramiento genético” y “adherir al día 15 de octubre por el día internacional de la muerte perinatal”.

Además, manifestó que “el acompañamiento que implica la muerte perinatal no solo es una cuestión medica sino también psicosocial”. En ese sentido, propuso ayudar a investigar el motivo y la causa de las muertes para conocer “el causante en los diferentes casos”.

El diputado Gollán relató vivencias que le tocaron en épocas de estudiante y remarcó su preocupación sobre “el impacto en la vida real cotidiana”. También añadió que “vamos a tener que trabajar mucho para que lo que legislamos sea realidad y mejore a la calidad de vida de las personas que atraviesan una muerte perinatal”.

Sin emabrgo, el diputado nacional Rúben Manzi (Coalición Cívica) propuso tratar el tema de incorporación del artículo 10 en asesores sobre el asesoramiento genético mencionado por Chahla. “Adhiero a lo que ella plantea, pero es necesario avanzar con el dictamen”, subrayó.

Tras las diferentes opiniones, la titular de la comitiva enunció que “el proyecto pasará a la firma con el dictamen favorable”.

En tercera instancia, se trató la iniciativa de creación del Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, el cual llegó con aprobación del Senado, donde el radical Sebastián Salvador propuso agregar la Atrofia Muscular Espinal (AME) dentro las patologías a incluir en el proyecto.

Manzi adhirió al pedido de Salvador, pero junto a Gollán, pidieron por una ronda de consultas para profundizar el tema. A su vez, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) agregó que “deben conocerse los costos de análisis de cada discapacidad en particular para la redacción final”.

En unanimidad, con las firmas correspondientes y “el compromiso a tratar lo que planteó Salvador”, Mónica Fein anunció el dictamen del proyecto de ley.

Al tratar el proyecto de ley sobre Pubertad precoz, unificado entre tres iniciativas, nuevamente Manzi recordó que “el año pasado hubo un planteo solicitando que el Ministerio de Salud de la Nación tome el tema para detectar de reportes originados en pandemia en ocurrencia de la pubertad precoz”.

“Hubo casos de aparición temprana de los caracteres sexuales en cuerpos donde el proceso puberal empezó a los cinco o seis años”, relató Manzi, quien además agregó que “eso genera una tormenta hormonal a destiempo y trae problemas al crecimiento de la talla de cada niño o niña”.

Además, explico que este proyecto busca “evitar secuelas para toda la vida y encausar en desarrollo sexual en lo fisiológico” y pidió que “el tratamiento de pubertad precoz sea gratuito”.

En esa línea, Carla Carrizo mencionó que “la medicación hormonal es costosa garantizar”, y consideró “necesario” la gratuidad para el universo de niños, niñas y adolescentes.

Respecto al tema, Carrizo expuso: “Es necesaria la ley porque evita la asimetría, garantiza accesibilidad en todo el país y el impacto emocional que antes no estaba cubierto”. Tras ello, el proyecto de ley pasa a la firma, con el dictamen favorable por mayoría.

En una breve exposición de la diputada Soledad Carrizo (UCR) se trató la iniciativa sobre Reanimación Cardiopulmonar en las escuelas. “Debe aprenderse en las escuelas, extendiéndose en el personal docente y no docente e incluir en la Ley de Deportes, porque el mayor riesgo se da en ámbitos no hospitalarios”, relató la legisladora radical. La iniciativa obtuvo el dictamen favorable y Fein dio el paso para que inicie la reunión conjunta con la Comisión de Discapacidad.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, se reunió este martes de forma presencial para tratar el proyecto “Pancitas llenas” que tiene como objetivo el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos del país, pero no logró pasar a la firma y volvió con modificaciones a asesores. Por otro lado, obtuvo dictamen el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica Argentina, la institución del Día nacional del Médico Endocrinólogo y el Día nacional de la Diabetes.

El primer orador fue Carlos Américo Selva (FdT -Buenos Aires) autor del proyecto, quien explicó que “es una iniciativa de la comunidad que nuclea una asociación civil Soñadores Unidos que tuvieron una actitud solidaria durante la pandemia donde un grupo d empresarios organizados se comprometieron y ejecutaron un apoyo en alimentos y eso se fue consolidando e hizo que de esa organización solidaria se propusieron llegar hasta acá a través de una iniciativa que puesta en consideración en primer término se trató de buscar un consenso para motorizar la idea. Valoramos la iniciativa que surge del campo de acción de los actores primordiales y del también de una adhesión voluntaria y poder llegar a todos los que necesitan”.

“Después de 30 años de labor solidaria conocimos la idea que hacen los comedores y nos enamoramos de ese trabajo que hacen las madres día a día”, expresó el presidente de la fábrica de pastas Oralí, Julio González, y agregó emocionado: “Ayudamos a empoderar los comedores y a consolidar la ONG que tienen 1300 comedores. Tratamos de ser comunicadores nada más. En la pandemia la necesidad de multiplicó, empezamos a ayudar a 100 comedores por semana con nuestra Pymes. El trabajo que hacen las madres es indigno y voluntario”.

Y continuó: “El proyecto tiene dos características primero que debe ser obligatorio porque del 0,04% de la producción en toneladas pueden abastecer a todos los comedores y agregamos a las empresas que más trabajaron en pandemia. Se puede alcanzar al presupuesto que se necesita y transferirlo a través de una tarjeta”, y sumó que la otra característica fundamental es: “Necesita apoyo de empresarios en la presentación. Somos 52 ahora”.

“Cuando les contamos que esto iba a parar a las pancitas de los nenes ellos dijeron que iban a acompañar. Pero pidieron transparencia que estos recursos lleguen a los y las responsables directamente de los comedores y que lo supervise una comisión fiscalizadora compuesta por presidentes de ONG de largas trayectorias solidarias, empresarios voluntarios y miembros de la comisión directiva de Soñadores Unidos que sean encargados por zonas de chequear que se reciba el alimento”, puntualizó González.

Selva aclaró que el dictamen al que se llegó “sostenía una adhesión voluntad”, y “plantean que esto sea un impuesto un 0,04% de la facturación de las empresas que se involucren y que en dos años sea deducible del impuesto a las ganancias para las que hicieron el aporte”.

Por su parte, Carmen Polledo (Pro -CABA) aseguró: “Todos sabemos los índices de pobreza e indigencia que afectan a la población. Este fenómeno lamentablemente no deja de crecer. Vimos con agrado la iniciativa, es interesante. El fideicomiso es una figura que tiene complejidades y por eso queremos colaborar a mejorar la redacción”.

“Pero mantenemos diferencias en técnicas legislativas y de fondo y estructurar en el armado del fideicomiso. El primer inconveniente que encontramos es en el artículo 3 cuando se define que el fiduciante es el Estado nacional cuando en realidad es el que pone los fondos en este caso serían las empresas no el Estado, está mal expresado. No es una cuestión menor que sean los privados quienes aporten para fomentar más solidaridad”, explicó y sugirió Polledo.

Y sumó: “Otra diferencia está el artículo 4 porque impide delimitar correctamente el universo de los bienes fideicomitidos algo fundamental para el contrato”, y determinó que “el fideicomiso es parte fundamental del programa, pero se integra por los fondos aportados por los fiduciantes, vamos a suprimir este inciso”.

“No nos parece correcto que se otorguen créditos fiscales a empresas que pongan sus bienes en el fideicomiso, sino que los aportes sean deducibles del impuesto a las ganancias con los topes vigentes”, cuestionó la legisladora del Pro y se lamentó que “no se haya podido avanzar en los consensos”.

Por su parte, la radical Claudia Najul (Mendoza) manifestó que “se ha trabajado mucho y además hemos pedido que explícitamente quede señalado en el proyecto que los fondos se van a distribuir de forma equitativa, que haya un registro público de cuánto reciben los comedores para poder trabajar de mejor manera con los municipios”.

Por otro lado, se trató el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación de plasma. Al respecto, el titular de la Comisión, explicó que es “una enfermedad que afecta entre 5 y 6 millones de personas en riesgo y tiene entre un 15 y 30% de mortalidad”. “Con este tratamiento de plasma se baja al 1% de mortalidad”, aseguró.

“Busca concientizar, familiar la donación, apoyar a las familias y reivindicar a aquellos que lograron tratar y ayudar a que tengamos esta enfermedad más controlada”, agregó Yeldlin.

A su vez, la Comisión aprobó que se instituya el 16 de abril, como Día nacional del Médico Endocrinólogo, en homenaje al doctor Arturo Oñativia; y el 14 de noviembre como Día nacional de la Diabetes; entre otros proyectos de resolución y declaración que hacen un reconocimiento a las acciones contra el Covid- 19 y a la producción de los laboratorios Richmond de la vacuna Sputnik- V en la Argentina.