En la reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, una investigadora del CREP reveló que “el 70% de las mujeres gestantes prefiere el parto vaginal, pero hay un 40% que cree que la cesárea es más segura”.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que encabeza la socialista Mónica Fein, se reunió este martes para tratar la creación de un Programa Nacional de Uso Adecuado de la Cesárea (PNUAC), en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La reunión contó con la presencia de Celina Gialdini, médica especialista en Obstetricia y Ginecología e investigadora del CREP (Centro Rosarino de Estudios Perinatales) ; Analía Messina, médica tocoginecóloga; y la licenciada en Obstetricia María Angélica Veiga del hospital materno-infantil Ramón Sardá, quienes expusieron ante los legisladores presentes.
Desde hace décadas se viene alertando sobre las consecuencias del uso inadecuado de la cesárea. Así como existen aún en el mundo personas gestantes que presentando una emergencia obstétrica no pueden acceder a una cesárea, simultáneamente hay muchas otras embarazadas y bebés que son innecesariamente expuestos a los riesgos asociados a esta intervención, sostiene la impulsora de esta iniciativa.
El proyecto remarca que cuando una cesárea tiene justificación clínica, su aplicación disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal. Cuando las tasas de cesárea sin justificación clínica aumentan, también lo hacen la morbimortalidad materna y perinatal. Este uso excesivo e innecesario de la cesárea en países de bajos y medianos ingresos sobre utiliza además recursos materiales y humanos que son esenciales para el cuidado de la población, lo que tiene un impacto negativo tanto en el acceso universal a los servicios de salud, como en la salud materna e infantil.
En la indicación de cesáreas no justificadas, intervienen muchas veces factores no clínicos de diverso origen que involucran a distintos actores, como las personas gestantes y sus familias, los equipos de salud y las instituciones de salud, entre otros. Para reducir las cesáreas injustificadas relacionadas a estos factores no clínicos, se ha demostrado que existen intervenciones no clínicas efectivas y seguras.
En primer lugar, la doctora Celina Gialdini, médica especialista en Obstetricia y Ginecología e investigadora del CREP, afirmó que “la cesárea salvó madres y bebés”, y agregó que “es la cirugía mayor mas realizada en el mundo”.
Sin embargo, advirtió que “es alta la tasa de cesáreas en el tiempo y lo que pasará, si no hacemos algo con su uso excesivo, es que para 2030, más de la mitad de la población nacerá por operación y no por parto”. “La tasa de cesáreas aumentó de manera progresiva en los últimos años”, señaló.
“La seguridad en su uso contribuyó a que el incremento sea sostenido, innecesario y excesivo, y esto se debe a factores como el miedo y la desinformación”, consideró Gialdini, quien también explicó: “La mortalidad materna disminuyó con la cesárea”.
Del mismo modo, planteó que “las mujeres gestantes, un 70% dice que es mejor el vaginal y un 17%, dice que cesárea es mejor, pero un 42% te dice que es más segura”. Además, agregó que “el 71% dice que hay que optimizar el uso de la cesárea”.
En tal sentido, cerró: “Esto es una estrategia para fomentar el acompañamiento y es una herramienta informativa para conocer riesgos y beneficios de cada modo de nacimiento”, y añadió: “Luego de un año de implementación en la red, urge tomar medidas ya, para ampliar derechos”.
Así las cosas, la doctora Analía Messina, médica tocoginecóloga, señaló que “se requieren cambios en la cultura de la organización, es lo que más tiempo lleva, donde no incorporamos ni recurso humano, ni materiales para llevar adelante este modelo”.
Del mismo modo, agregó que “este estudio es muy valioso porque nos brindó datos que nos permitieron bajar de un 39% de cesáreas en grupos de bajo riesgo, y al cabo de 1 año de trabajo lo hemos bajado al 30%, lo cual es altamente satisfactorio”.
“Poner un problema de agenda, tener conversaciones de alto nivel con todos los integrantes de los equipos de salud e incluir a las mujeres en la toma de decisiones es la mejor manera con las decisiones informadas, en un modelo de diálogo”, remarcó la doctora.
A su turno, la licenciada en Obstetricia María Angélica Veiga del hospital materno-infantil Ramón Sardá relató las experiencias de la implementación del cuadernillo interactivo en el hospital y explicó que “era entregado en la primera consulta para que accedan todas las mujeres y personas gestantes”.
En tal sentido, siguió: “En el seguimiento del cuadernillo hay puntos en el que se puede investigar si se comprende la información que brindamos. También existen otras instancias de información en el control prenatal, monitoreo y consultorio para la toma de decisiones informadas”.
Además, Veiga dilucidó que “eran demandas espontáneas, sin grandes tecnologías porque la intención es generar un espacio confidencial que garantice que la mujer se pueda expresar y obtener información en la toma de decisiones”.
“Pudimos generar un espacio y articular una herramienta de información para que la mujer pueda decidir informada sobre cuál es la mejor vía de nacimiento en base a su experiencia personal y la evidencia científica”, indicó.
Al término de las exposiciones, la titular Mónica Fein agradeció al CREP y luego, mostraron un video con los testimonios de tres mujeres jóvenes, quienes tuvieron experiencias positivas con el cuadernillo informativo.
Brevemente, la diputada nacional Natalia Sarapura (UCR) señaló que “necesitamos un acto de reparación permanente” y “ratifiquemos los derechos de las mujeres”.
Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Rubén Manzi (Coalición Cívica – ARI – Catamarca), recordó los años en que ejerció la medicina y relató que “me sorprendía la cantidad de cesáreas”.
Finalmente, el otro vicepresidente Daniel Gollán (FdT) remarcó que “las mujeres en general deciden por una cesárea”, pero advirtió que “hay una demanda y los profesionales de la salud fuimos parte”. “Me parece extraordinario de poner esto en agenda y es importante sacar esta ley”, concluyó.
Instalar en la agenda del sector salud y de la sociedad en general el debate acerca de las implicancias que tienen los diferentes modos de nacimiento en la salud de las personas gestantes y los niños por nacer.
La iniciativa es impulsada por el oficialista Daniel Gollan. También se tratará una propuesta sobre prevención y tratamiento del ACV.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, tratará un proyecto de ley que propone incorporar la figura del “promotor comunitario de salud” y “agente sanitario”, impulsado por el oficialista Daniel Gollan.
La iniciativa forma parte del temario de una reunión citada para este martes a las 10.30, previo a la sesión que está convocada en la Cámara baja.
Según el proyecto, se define “promotor comunitario en salud” y “agente sanitario” a “la persona de la comunidad que se forma para promover la participación y organización popular, articula entre las necesidades de la población y el sistema de salud, ocupa un espacio intersectorial entre las áreas que comprenden la salud, el desarrollo social, la educación y el medio ambiente, promoviendo una concepción de la salud entendida como un derecho de la población y un deber del Estado”.
El texto prevé la creación de un registro nacional, establece los requisitos; las funciones y atribuciones; y la formación, entre otros aspectos.
En los argumentos de la iniciativa, Gollan explicó que se busca bautizar a la ley como “Ley Daniel Capponi”, en homenaje a “Norberto Daniel Capponi, quien dedicó su vida a la militancia por el derecho a la salud de nuestro pueblo, sin descanso ni mezquindades. Formó innumerables y creativos equipos de trabajo en el campo de la salud pública, con honestidad política y profunda humanidad”.
Por otra parte, se debatirá un proyecto presentado por la oficialista Rossana Chahla, que propone declarar de interés nacional al acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV.
Establece que el sector público de la salud y las obras sociales deberán “brindar la cobertura necesaria para la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del ACV, a la que se incluye el tratamiento del ACV isquémico por vía endovenosa y endovascular”. “Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total”, indica.
Durante la gestión del Frente de Todos, marcada por la pandemia y un Parlamento polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa, los temas sanitarios fueron la llave de varios consensos. Beneficios para trabajadores, vacunas y aborto, entre los temas destacados.
Por Melisa Jofré
En un Congreso polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa del gobierno del Frente de Todos, los temas de salud se han ganado un lugar en la agenda de las sesiones y han sido, en distintas ocasiones, la llave de varios consensos.
Mientras algunos proyectos en materia judicial han fracasado y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo se han aprobado con lo justo, las propuestas referidas a lo sanitario encontraron unanimidad u holgadas mayorías a favor.
Es cierto además que, durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández, el ritmo de un Parlamento que trabajó por primera vez en su historia de manera telemática estuvo marcado por la realidad de la pandemia de Covid, que dejó la aprobación de un par de normas.
A lo largo de estos tres años y medio, en el Congreso se sancionaron una treintena de leyes referidas a la salud, que nacieron en su mayoría de proyectos consensuados entre distintos bloques. Otras no tuvieron a la comisión homónima como cabecera, pero sí siendo parte de la discusión. Unas pocas no completaron su trámite y perdieron estado parlamentario. Cabe destacar que algunas declaraciones o instauración de días alusivos no se tomaron para este informe, pero también los hubo.
Una emergencia y la pandemia
Si bien no pasó por la Comisión de Salud, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que Alberto Fernández envió al Congreso al asumir en diciembre de 2019, incluía varias emergencias, entre ellas la sanitaria con un capítulo compuesto por 22 artículos. Por ese entonces, el oficialismo destacaba la decisión de volver a jerarquizar el Ministerio de Salud, al mando de Ginés González García, y cuando a los pocos meses sorprendió la pandemia, varios voceros se encargaban de recordar el asunto de la “emergencia sanitaria” en la que estábamos, y que posteriormente se extendería por decreto.
En su primera sesión remota, el 13 de mayo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó de manera virtual la “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus. La iniciativa, que establecía un programa de protección para el personal de salud, salió por unanimidad, al igual que una propuesta para eximir de Ganancias a los trabajadores esenciales. Ambos proyectos fueron ley a la semana siguiente en el Senado, donde también se sancionó una norma para actualizar el vínculo jurídico de la Cruz Roja -institución que cobraba relevancia en ese contexto- con el Estado Nacional, un tema que estaba con media sanción de Diputados desde 2018.
Otras leyes destacadas de ese primer año de pandemia fueron una que estableció la autorización de las recetas digitales y otra por la cual se creó una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid.
Durante octubre de 2020, el oficialismo logró aprobar el proyecto que establecía condiciones excepcionales en los contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas. En Diputados salió por 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, mientras que en el Senado consiguió 56 votos positivos y 11 negativos.
Legalización del aborto, etiquetado frontal y nueva Ley de VIH
Incluido en su plataforma electoral, a un año de haber asumido, el Frente de Todos se alzó con la legalización y despenalización del aborto, en una discusión transversal a todos los bloques que transcurrió durante diciembre de 2020. No exenta de miradas sumamente contrapuestas, pero con un escenario de tendencia más favorable al anterior debate que se había dado en 2018, la norma se sancionó el 30 de diciembre en el Senado. Junto a ese proyecto se aprobó uno de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.
Las comisiones de Salud de ambas cámaras tuvieron parte en una discusión de una ley que se demoró un año entre su aprobación en el Senado, en octubre de 2020, y su aprobación definitiva en Diputados, en octubre de 2021: la de etiquetado frontal de alimentos. Producto del fuerte lobby, la norma llevó tiempo pero se terminó sancionando por amplia mayoría, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara baja. En la cámara de origen se había consensuado un proyecto entre la oficialista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos, que había cosechado 64 votos positivos y solo 3 negativos.
Otro de los proyectos que se destaca en estos últimos años es la nueva ley de respuesta integral al VIH, sancionada en junio de 2022, que vino a reemplazar la 23.798 de 1990. En esta nueva norma se incorporó a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Algunas leyes que esperaron meses
En el listado de leyes en materia de salud sancionadas en estos tres años y medio, en julio de 2020 figura el proyecto sobre fibrosis quística, que había tenido media sanción de Diputados en noviembre de 2019. También con data de media sanción durante la gestión anterior, en octubre de 2020 el Senado aprobó finalmente una iniciativa para regular el ejercicio de fonoaudiología.
En octubre de 2020, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados la ley sobre cuidados paliativos, que recién se terminó de sancionar en julio de 2022. Dos casos demorados fueron también un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio la violencia de género, con fecha de noviembre de 2020 en la Cámara baja y sancionado definitivamente en octubre de 2022 en el Senado. En tanto, la iniciativa sobre digitalización de historias clínicas, que la Cámara de Senadores abordó en noviembre de 2020, primer año de la pandemia, terminó por aprobarse en Diputados en febrero de este año, justo un día antes de que cayera por el comienzo de un nuevo período ordinario.
Una norma que esperó ocho meses, de octubre de 2021 a junio de 2022, fue la ley de oncopediatría, votada por unanimidad en ambas cámaras, con beneficios para las familias de niños y adolescentes con cáncer.
Entre los proyectos se registra la reforma de la ley de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad; la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana; y una reforma a la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).
Aprobadas este año
En lo que va de 2023, el pasado 13 de abril, el Senado trató la ley de promoción y desarrollo de la enfermería, otra iniciativa que había nacido por la importancia de estos trabajadores de la salud durante la pandemia, y que se demoró casi dos años desde el comienzo de su discusión, en junio de 2021. La media sanción de Diputados había salido en septiembre de 2022.
En esa misma jornada, la Cámara alta sancionó por unanimidad la ley para ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, por otro lado, devolvió con cambios a Diputados el proyecto para eximir de Ganancias al personal de salud por el concepto de guardias. Una semana después terminó de sancionarse en la cámara de origen.
El 19 de abril, la Cámara baja aprobó la ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, que también esperó tiempo, ya que databa de diciembre de 2021 cuando salió del Senado.
Lo pendiente y lo que perdió estado parlamentario
Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por ser tratados en el Senado un proyecto de ley sobre muerte perinatal y otro sobre pubertad precoz. En tanto, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja ya obtuvieron dictamen favorable una iniciativa sobre seguridad del paciente y otra para jerarquizar el ejercicio del acompañamiento terapéutico.
Pese al avance de numerosos proyectos, hubo algunos casos que perdieron estado parlamentario, como una propuesta para crear un programa nacional de asistencia, acompañamiento y cuidado integral del personal de salud en situaciones de crisis y emergencias, que tuvo media sanción del Senado en mayo de 2021, cuando ya transcurría más de un año de la pandemia y los contagios y muertes por Covid eran mayores que en las de 2020, pero cayó en Diputados.
Tampoco tuvo trámite en la Cámara baja una iniciativa aprobada en octubre de 2020 en el Senado para regular los principios y alcances de la “telesalud”, incorporando a la atención médica el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs); otra sobre la figura de los facilitadores interculturales en la salud y una sobre la creación de un registro nacional de bancos de leche materna.
Entre los proyectos que no prosperaron hubo uno muy criticado por la oposición, pero que el Frente de Todos con ayuda de aliados aprobó en mayo de 2021 en el Senado. Se trataba de una ley enviada por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores pudieran tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos. Cuando pasó a Diputados tuvo dictamen de comisión, pero nunca se trató en el recinto.
La iniciativa fue despachada en la Comisión de Salud, donde también recibió aval un proyecto para jerarquizar el ejercicio del acompañamiento terapéutico.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados avanzó este martes con dos iniciativas consensuadas: una de ellas referida a la calidad y seguridad sanitaria, denominada “Ley Nicolás”; y otra sobre jerarquización de la actividad de los acompañantes terapéuticos.
Sobre el primer proyecto, el diputado Fabio Quetglas (UCR), autor de una de las propuestas que se tomó para el dictamen, expresó su emoción y dijo que “la finalidad última de este tipo de iniciativas es que la sociedad mantenga los niveles de confianza que tiene con el sistema de salud en Argentina”.
“Tener malas prácticas a la larga lo que hace es que la gente pierda la confianza en cualquier sistema”, continuó y explicó que “la seguridad es un elemento tan deseable como frágil, y por eso la ley, que logra mucho, probablemente no logre todo. De todas maneras es un hito muy significativo”.
La iniciativa presentada por Quetglas fue trabajada -entre otros- en conjunto con Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, que falleció en 2017 a raíz de un diagnóstico mal dado y en quien se inspira el nombre de la ley.
Sobre el proyecto, que ahora deberá ser tratado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, el legislador radical apuntó que “introduce instituciones nuevas como el registro del evento centinela y le da rango legal a la certificación de las capacidades de los profesionales”.
A su turno, la diputada Mónica Macha (FdT), impulsora del otro texto que se tomó para el dictamen, destacó el rol de “las organizaciones que le pusieron letra a este proyecto enmarcado y sostenido por profundos dolores irreparables”. Esta ley se trata de “cómo comunitaria y socialmente trabajamos para que esas situaciones no vuelvan a repetirse” y de “construir una práctica sanitaria que no avance o dé lugar a situaciones y daños irreparables”.
“Este es un proyecto que se basa en la prevención y por eso apuntamos también a la capacitación. Viene a aportar a un cambio cultural”, agregó la oficialista y subrayó que contempla “la posibilidad, que es un derecho, que los pacientes y sus familias puedan saber cuáles son las decisiones que se toman sobre su cuerpo, sobre el proceso de enfermedad que están pasando, que tengan la información”.
Durante el debate, la diputada Rossana Chahla (FdT) afirmó que “nosotros conocemos cuáles son los errores médicos más frecuentes, pero nunca están documentados. Documentar eso nos va a permitir la prevención”. “Esto va de la mano de la calidad; la calidad en salud no es una opción, es una obligación”, señaló y añadió que “es un avance muy importante, hay que estar muy de cerca en la reglamentación”.
El legislador Rubén Manzi (CC-ARI) coincidió en que “es una excelente iniciativa y más que necesaria en nuestra estructura de salud”, pero observó que veía como “difícil en la operatividad” la “verificación de la capacidad psicofísica del equipo de salud” sobre todo en “la capacidad de control y monitoreo permanente”, ya que eso “significa estructuras y una cultura que hoy no existe, y seguramente también erogaciones económicas para efectivizarlo”. No obstante, valoró que “se logró sintetizar un proyecto proactivo”.
El otro de los temas que avanzó fue un proyecto de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico a partir de iniciativas de Soledad Carrizo (UCR), Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollán (FdT).
Al tomar la palabra, la legisladora Soledad Carrizo reconoció la “unidad” que logró “el colectivo de acompañantes terapéuticos”, que “ha ido madurando y logrando esta mirada de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley, más allá de las regulaciones provinciales” en 13 distritos. La cordobesa celebró que “más allá de los vaivenes que tenemos en Argentina hay un punto en común cuando queremos encontrarlo”.
En tanto, el diputado Daniel Gollán resaltó que “hay demandas que en estos tiempos se corporizan en movimientos muy grandes” a través de la organización, facilitada por las redes sociales, de distintos colectivos y “así fue el caso de las acompañantes terapéuticas”, quienes “previamente a venir a vernos tienen el tema estudiado y consensuado”.
Al reflexionar que “antes era el médico y sus auxiliares, pero hoy tenemos un montón de otros actores del sistema de salud que necesitan formalizar su participación”, el oficialista aseguró que es necesario “darles un criterio de homogeneidad para todo el país y la entidad que merecen”.
La presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), ponderó que “los acompañantes terapéuticos fueron actores fundamentales de la inclusión, de los procesos de cambio” en los últimos años y “las provincias lo vivieron primero, creando distintos mecanismos de capacitación”. “Hay un desafío que seguramente (el Ministerio de) Educación tendrá que tomar de unificar los procesos de formación, como lo plantea este proyecto”, sumó.
Otro de los que habló fue el diputado Luis Di Giacomo (JSRN), quien consideró que “hay que ir rumbo a la licenciatura, y esto muy importante porque hay mucha gente de origen humilde que lamentablemente es engañada por pseudo-institutos privados, terciarios, que te dan 100 horas, 50 horas de un curso y te recibís de acompañante terapéutico, pero después no sirve para nada”. “Con esta ley estamos avanzando en cuestiones que van mucho más allá de reconocer la actividad profesional de gente que integra el equipo de salud”, remarcó.
“Ley Nicolás”
El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
De acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.
También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.
“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.
La iniciativa determina que “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”.
Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.
Regulación del ejercicio de acompañantes terapéuticos
El proyecto define que “el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.
Y agrega que “la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad”.
La iniciativa contempla artículos referidos a las condiciones de habilitación; los derechos y obligaciones; las prohibiciones (entre ellas prescribir medicamentos, drogas o fármacos); el registro de sancionados e inhabilitados; y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio todas las actividades desarrolladas por acompañantes terapéuticos, entre otros aspectos.
Además, determina que “para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el título habilitante ante las autoridades competentes designadas por las jurisdicciones locales”.
“El Poder Ejecutivo Nacional deberá promover ante los organismos que correspondan la creación de la carrera de acompañante terapéutico a cargo de Universidades e Institutos de educación superior, de gestión pública y privada y la unificación de la currícula”, dispone.
La iniciativa fue incluida en el temario de la reunión que se realizará este martes a las 14 en la Sala 3 del Anexo de la Cámara de Diputados.
Tras varios meses de debate, que contaron con la participación de distintos especialistas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados intentará avanzar con un proyecto sobre seguridad sanitaria y de los pacientes.
La iniciativa figura en el temario -que incluye la regulación del ejercicio del acompañamiento terapéutico- de la reunión que se realizará este martes a partir de las 14 en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja.
La comisión, presidida por la socialista Mónica Fein, realizó la última reunión informativa sobre esta temática el pasado 11 de abril. En dicha ocasión, asistió Gabriela Covelli, de la ONG “Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos”, madre de Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 a raíz de un diágnostico mal dado.
Precisamente en este caso se inspiró el proyecto presentado por el radical Fabio Quetglas, que busca que en caso de sancionarse se denomine “Ley Nicolás”.
En cuanto a la prevención de casos de mala praxis también tiene un proyecto la oficialista Mónica Macha. Según pudo saber parlamentario.com, este lunes los asesores de la comisión se reunieron para intentar avanzar en un dictamen de consenso.
La iniciativa tiene como finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención.
La OMS define a la “seguridad del paciente” como “el conjunto de estructuras y procesos de una organización que reduce al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y en el caso de su ocurrencia genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud”.
Gabriela Covelli perdió a su hijo en 2017 a causa de una mala praxis. La reunión informativa será en el marco de la Comisión de Salud de Diputados, este martes desde las 17.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, retomará el debate sobre proyectos de “Seguridad del Paciente” y “Evaluación de Tecnologías Sanitarias”.
El encuentro, que se realizará este martes 11 desde las 17 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, será el tercero que se realice con la participación de invitados.
El año pasado se llevaron a cabo dos reuniones informativas con médicos, directores y autoridades de hospitales e instituciones médicas, representantes de prepagas y especialistas.
La primera de las jornadas tuvo lugar el 29 de noviembre, mientras que la segunda se realizó el 14 de diciembre. El objetivo es nutrirse de la información necesaria para trabajar luego en el consenso de los distintos proyectos de ley que hay presentados sobre ambos temas.
La lista de invitados
Para la temática de “Seguridad del Paciente” fue citada Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, presidenta y fundadora de la ONG “Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos”.
Covelli está detrás del proyecto de ley que presentó el radical Fabio Quetglas, inspirado en el caso de Nicolás, quien falleció en 2017 a los 24 años producto de una mala praxis cuando no se le detectó a tiempo una meningitis bacteriana.
También asistirán Alicia Siriani, madre de Virginia Romano Siriani y miembro de la ONG que comanda Covelli; y Claudio Carapezza y Eunice Parodi, integrantes del Comité de Ciudadanía Sanitaria y Familiares del Hospital Posadas.
En tanto, para hablar sobre “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” fueron citados la doctora Natalia Tassara, miembro de la Comisión de Economía de la Salud de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); Victoria del Castillo, directora ejecutiva de la Cámara de desarrolladores, distribuidores e importadores de equipamiento médico, implantes y productos descartables (CADIEM ARGENTINA); y Eduardo Franciosi, director ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA).
Completan la lista Luciana Escati Peñaloza, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF); y Florencia Braga Menéndez, directora general de Proyectos de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA).
La iniciativa, consensuada entre propuestas presentadas por una oficialista y una opositora, tuvo dictamen favorable en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. También tuvo aval un convenio internacional sobre enfermería.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca regular el régimen profesional de la obstetricia, de modo de reconocer la labor que llevan adelante. El texto fue consensuado entre iniciativas de Mónica Macha (FdT) y Silvia Lospennato (Pro).
La ley es reclamada por el sector desde hace varios años, e incluso tuvo media sanción de la Cámara baja en abril de 2019, pero perdió estado parlamentario en el Senado.
Durante el debate, Macha destacó que se trata de “una profesión mayoritariamente llevada adelante por compañeras”. “Hablamos de un proyecto y una discusión que no es nueva”, apuntó la oficialista, al considerar que éstas son “las discusiones que socialmente necesitamos dar”. La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad explicó que se busca que “todas las acciones que realicen consten en este régimen, estén expresadas” y aseguró que se trata de hacer “justicia en relación a las condiciones de trabajo, y en lo que es específico de su formación y para lo que están autorizadas por su formación académica para llevar adelante”.
Por su parte, Lospennato resaltó que las licenciadas en obstetricia “vienen peleando hace muchísimos años” por esta ley. “Las mujeres cuidamos, educamos y curamos”, enumeró para decir luego que eso no se hace solo dentro de la casa, sino que “nos insertamos en el mercado laboral para cumplir estos mismos roles. Y no tiene que resultarnos llamativo que sean estas profesiones las menos valorizadas económicamente. Esto es algo que si queremos una sociedad igualitaria tenemos que corregir”.
Al explicar el proyecto, la legisladora detalló que tiene “un contenido técnico, que hemos discutido mucho en asesores y con los colegios profesionales” y un “componente de legislación laboral”. “Nada de lo que vamos a escribir en esta ley no es que no lo están ya realizando”, aclaró y subrayó las diferencias que hay en el país respecto de sus derechos, porque “en 14 provincias hay legislación” y no así en el resto.
“Esta ley viene a resolver el problema que genera en el sistema de salud tener pocas licenciadas en Obstetricia”, continuó y remarcó: “Hay muchos lugares del país donde no hay un médico disponible pero sí obstetras que están capacitadas”.
La macrista enfatizó que “estamos dando un paso que es necesario por la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, para reducir la morbimortalidad de nuestros niños recién nacidos y para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia”. “Principalmente va a ser un reconocimiento a ellas, que desde siempre han estado ahí para ayudar que la sociedad se multiplique, crezca y progrese, pero que lamentablemente están muy rezagadas de la tarea profesional y laboral que realizan, y merecen, como hicimos con los enfermeros, que saldemos esta deuda”, concluyó.
En la reunión, la diputada Carolina Gaillard (FdT) agradeció que se apure el debate porque “no podíamos dejar que termine el año y esto no llegue al recinto”. “Es un tema muy importante, desde 2008 hay proyectos en el Congreso, y la ley actual que habla de los profesionales de la salud y de las obstetras como colaboradores” data de 1967, cuando todavía no había Ley de Parto Respetado, ni se habían alcanzado “los derechos que hoy tenemos las mujeres”.
Al tomar la palabra, la legisladora Mara Brawer (FdT) hizo hincapié en las diferencias dentro del país debido a aquellas provincias que cuentan con ley y las que no: “Depende dónde vivís, depende la atención que tenés”. “Si consideramos los conocimientos profesionales que tienen, ese reconocimiento tiene que ser un reconocimiento en todos los lugares donde ejercen su profesión”, manifestó y valoró esta “profesión tan noble, que acompaña, que lucha y que tantos escollos tuvo que pasar a lo largo de estos años”.
El diputado Julio Ferreyra (FdT) manifestó que comparte “plenamente el reconocimiento que se quiere hacer”, pero advirtió por un artículo que facultaba a obstetras “a emitir certificado, constancia de nacimiento”, además de que “el artículo 17 habla de los partos domiciliarios”. “En la reglamentación actual, la registración no permite inscribir los nacimientos en domicilios”, remarcó y opinó que “es un punto muy delicado”.
“Tiene razón, es una buena aclaración”, reconoció Lospennato, que aclaró que la letra hablaba de “constancia” y “no es el certificado de la ley de registración”. Sin embargo, admitió que “probablemente sea mejor sacarlo”.
En la discusión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) ponderó que se trata de “un colectivo de 8.000 profesionales en todo el país” y es una carrera que “se dicta en 11 universidades nacionales”. Pero propuso modificar el dictamen cuando habla de que pueden “ejercer su actividad” y “prestar asistencia en domicilio del paciente”, al pedir que se tengan en cuenta los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Al repasar algunos puntos que requieren todavía de acuerdo, Lospennato dijo sobre el cambio solicitado por Carrizo: “Nosotros creemos que nuestro país todavía no tiene las condiciones para garantizar algunos tipos de prácticas y en ese sentido queremos preservar la salud de las mujeres y niños”. “Es algo que también nos pidió el Senado”, añadió.
En el tramo final, Macha explicó: “Estamos planteando el ámbito del domicilio como un ámbito más. Tiene que ver con los derechos laborales de las obstetras; así como planteamos un espacio laboral un hospital, una clínica, también está el ámbito del domicilio de la paciente. Muchas veces van al domicilio para el control del embarazo. No está en discusión el parto domiciliario, ese es un argumento que toman algunos sectores para enfrentarse con el proyecto”.
Convenio de la OIT sobre enfermería
En la reunión también se pasó a la firma, con amplio respaldo, un proyecto por el cual se aprueba el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 149 sobre el personal de Enfermería, adoptado por la 63° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el 21 de junio de 1977. La iniciativa ya tenía dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Al presentar ese punto del temario, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), explicó que el convenio “habla de condiciones básicas de trabajo que hoy la mayoría de los enfermeros y enfermeras tienen”, pero igualmente “es un gran avance que nuestro país adhiera”. Además, recordó que presentó un proyecto en este sentido en 2008 y consideró: “Vamos a hacer justicia aprobándolo en el recinto”.
A su turno, el diputado Hugo Yasky (FdT) resaltó que “en la experiencia que vivimos traumática de la pandemia pudimos visibilizar la importancia, la trascendencia que tiene todo el personal” de salud que “casi siempre tiene que enfrentar situaciones de remuneraciones que no se corresponden con la importancia de su tarea”. Para el oficialista, “es un acto de justicia” aprobar este Convenio, al tiempo que dijo que “hay que seguir avanzado” en legislación para este sector. “Hay que valorizar el trabajo del personal de enfermería, visibilizarlos, porque muchas veces son como la ‘Cenicienta’ dentro del sistema”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente del bloque, Daniel Gollan (FdT), señaló que las enfermeras y los enfermeros “están pasando por tiempos inéditos; se ha visibilizado el problema que vienen reclamando hace tantos años de ser reconocidos como corresponde, como profesionales que lo son”. “Necesitamos el doble de los enfermeros y enfermeras que tenemos hoy en el país”, subrayó y opinó que adherir a este Convenio no hace solo a “reconocerles los derechos”, sino también “estimular a que más hombres y mujeres quieran seguir esta noble profesión”.
La iniciativa se despachó favorablemente en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados. Además se pasaron a la firma expedientes sobre instauración de distintos días nacionales.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.
Durante el encuentro, la diputada María Luisa Montoto (FdT) señaló que se trata de “algo que produce infinidad de muertes súbitas y que se puede prever”. Al mencionar la organización “Latidos Diferentes” de su provincia, Santiago del Estero, la oficialista aseguró que “concientizar sobre la prevención es la forma más importante, más económica y más segura”.
Impulsor del proyecto junto a su par Paula Penacca (FdT), el diputado Daniel Gollan (FdT) explicó que “la idea es transformar en ley un programa que ya existe hace mucho tiempo”, más precisamente desde 2008, lo cual “nos daría más seguridad para que en forma estable los objetivos del programa se cumplan siempre”.
“Hay un colectivo de madres que han batallado y han peleado mucho por que este proyecto se concrete”, resaltó y detalló que “hay potenciales 7.000 chicos de los cuales 5.000 pueden tener una solución a través de un diagnóstico y una cirugía temprana”. “Es una causa de morbilidad temprana que se puede resolver en la mayoría de los casos”, añadió.
La presidenta de la comisión, la diputada Mónica Fein (PS), señaló que “este programa hizo que el Estado estuviera a la delantera del sector privado de obra social” porque “fueron los primeros que regionalizaron las maternidades y crearon centros descentralizados”. “Vamos a convertir en ley un programa que realmente es muy exitoso y debe profundizarse”, expresó.
A su turno, la diputada Graciela Ocaña (Pro) recordó que en su gestión como ministra de Salud durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, “creamos el inicio de este programa” que “tiene que ver con resolver este problema que es tan importante”. “Esta red federal que se pudo empezar a trazar ha salvado y mejorado la calidad de vida”, destacó.
Presentes en la reunión hablaron dos mamás del colectivo que reclama por la ley, quienes le pidieron a los legisladores “hacer historia”. Además, Lucrecia Mata, cardióloga pediatra, indicó que este es “un plan que funciona muy bien, que está muy bien coordinado”, pero “necesitamos la fuerza de esta ley para que, independientemente de los gobiernos que vayan pasando, haya una seguridad en los pacientes de seguir aumentando la complejidad de las cirugías cardíacas y que no tengan que trasladarse a Buenos Aires”. “En el interior del país lo que hace falta es continuar con el financiamiento”, advirtió.
La reunión se dio por concluida intempestivamente luego que Fein comunicara que el Anexo de la Cámara baja debía ser evacuado por una amenaza. Minutos después se confirmó que lo que parecía un paquete sospechoso, era la mochila olvidada por alguien.
De esta manera, se pasaron a la firma sin debate un conjunto de proyectos consensuados, entre ellos uno con media sanción que modifica los artículos 23 y 45 de la Ley 22.990, de sangre, informando a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al Registro Nacional de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas.
El paquete incluía iniciativas para instaurar distintos días: Día Nacional del Síndrome Treacher Collins (23 de mayo); Día Nacional por el Derecho a la Salud en conmemoración del nacimiento del Dr. Ramón Carrillo (7 de marzo); Día Nacional por el derecho al medicamento como bien social, como Día Nacional del Médico Endocrinólogo en todo el territorio de la República Argentina (16 de abril); Día Nacional de la Diabetes (14 de noviembre); y al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams.
En una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja dieron dictamen a cinco proyectos.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió este martes para avanzar con varios dictámenes entre los que destacan la creación de programas nacionales de prevención de discapacidades en el recién nacido, y de informatización y digitalización de las historias clínicas; atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; pubertad precoz; y reanimación cardiopulmonar en las escuelas.
La titular de la comitiva Mónica Fein (Partido Socialista) explicó que la iniciativa de creación de un programa nacional único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina “viene con dictamen del Senado”.
Respecto al tema, la diputada nacional Rossana Chahla (FdT) se mostró a favor y dijo que “es el momento de aplicar la tecnología en Salud”. Además, mencionó a la plataforma “Mi Argentina” (organizadora de registro de conducir y vacunas) como “el ejemplo para implementar este nuevo sistema a corto plazo”.
En esa misma línea, el legislador oficialista Daniel Gollán agregó que “el sistema sanitario presenta resultados negativos con relación al monto que se invierte”. A su vez, destacó que este proyecto de ley traerá la posibilidad de evitar “empezar desde cero cada vez que un paciente visita a un profesional de la salud”.
Por otra parte, relató que muchos pacientes pierden su historial médico por “falta de organización del sistema”, lo que genera que la sociedad no acceda completamente a los diagnósticos necesarios. “Muchas personas descubren enfermedades diez años mas tarde de su aparición por no tener cerca el historial médico y su tratamiento necesario”, enfatizó Gollán.
Con relación al sistema de salud en el interior del país, fue la diputada Carolina Gaillard (FdT) quien lo llevó al debate y sostuvo que “los pacientes de las provincias, cuando vienen a Buenos Aires, deben sumar tramites de más por una pequeña dolencia, al no tener un sistema de historial clínico”. En tal sentido argumentó que “un sistema coordinado le facilitaría los tratamientos a las personas que vienen de todo el país”.
La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) expresó la importancia que tiene la información cuando se accede de forma veloz. Por otro lado, Silvia Lospennato (Pro) pidió que, además de ser sancionada, “la ley tenga un seguimiento en concordancia con organismos nacionales”.
En última instancia, la legisladora oficialista Paola Vessvessian acompañó la ley y pidió que “sea respetuoso en función de los Derechos Humanos de las personas y que se trabaje de manera federal para garantizar la llegada del sistema a todo el país”.
Tras el consenso y firma de los diputados presentes, la presidenta de la comisión anunció “el dictamen favorable” de esta normativa. “Es importante la aprobación de este tema y es un gran paso que se convierta en ley”, sostuvo Fein.
El segundo tema para analizar fue el proyecto de ley sobre Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal, donde la diputada Chahla propuso agregar “tener un Comité de asesoramiento genético” y “adherir al día 15 de octubre por el día internacional de la muerte perinatal”.
Además, manifestó que “el acompañamiento que implica la muerte perinatal no solo es una cuestión medica sino también psicosocial”. En ese sentido, propuso ayudar a investigar el motivo y la causa de las muertes para conocer “el causante en los diferentes casos”.
El diputado Gollán relató vivencias que le tocaron en épocas de estudiante y remarcó su preocupación sobre “el impacto en la vida real cotidiana”. También añadió que “vamos a tener que trabajar mucho para que lo que legislamos sea realidad y mejore a la calidad de vida de las personas que atraviesan una muerte perinatal”.
Sin emabrgo, el diputado nacional Rúben Manzi (Coalición Cívica) propuso tratar el tema de incorporación del artículo 10 en asesores sobre el asesoramiento genético mencionado por Chahla. “Adhiero a lo que ella plantea, pero es necesario avanzar con el dictamen”, subrayó.
Tras las diferentes opiniones, la titular de la comitiva enunció que “el proyecto pasará a la firma con el dictamen favorable”.
En tercera instancia, se trató la iniciativa de creación del Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, el cual llegó con aprobación del Senado, donde el radical Sebastián Salvador propuso agregar la Atrofia Muscular Espinal (AME) dentro las patologías a incluir en el proyecto.
Manzi adhirió al pedido de Salvador, pero junto a Gollán, pidieron por una ronda de consultas para profundizar el tema. A su vez, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) agregó que “deben conocerse los costos de análisis de cada discapacidad en particular para la redacción final”.
En unanimidad, con las firmas correspondientes y “el compromiso a tratar lo que planteó Salvador”, Mónica Fein anunció el dictamen del proyecto de ley.
Al tratar el proyecto de ley sobre Pubertad precoz, unificado entre tres iniciativas, nuevamente Manzi recordó que “el año pasado hubo un planteo solicitando que el Ministerio de Salud de la Nación tome el tema para detectar de reportes originados en pandemia en ocurrencia de la pubertad precoz”.
“Hubo casos de aparición temprana de los caracteres sexuales en cuerpos donde el proceso puberal empezó a los cinco o seis años”, relató Manzi, quien además agregó que “eso genera una tormenta hormonal a destiempo y trae problemas al crecimiento de la talla de cada niño o niña”.
Además, explico que este proyecto busca “evitar secuelas para toda la vida y encausar en desarrollo sexual en lo fisiológico” y pidió que “el tratamiento de pubertad precoz sea gratuito”.
En esa línea, Carla Carrizo mencionó que “la medicación hormonal es costosa garantizar”, y consideró “necesario” la gratuidad para el universo de niños, niñas y adolescentes.
Respecto al tema, Carrizo expuso: “Es necesaria la ley porque evita la asimetría, garantiza accesibilidad en todo el país y el impacto emocional que antes no estaba cubierto”. Tras ello, el proyecto de ley pasa a la firma, con el dictamen favorable por mayoría.
En una breve exposición de la diputada Soledad Carrizo (UCR) se trató la iniciativa sobre Reanimación Cardiopulmonar en las escuelas. “Debe aprenderse en las escuelas, extendiéndose en el personal docente y no docente e incluir en la Ley de Deportes, porque el mayor riesgo se da en ámbitos no hospitalarios”, relató la legisladora radical. La iniciativa obtuvo el dictamen favorable y Fein dio el paso para que inicie la reunión conjunta con la Comisión de Discapacidad.
Se trata de una iniciativa que busca el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos en el país. Obtuvo dictamen el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación del plasma en el tratamiento de la fiebre hemorrágica.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin, se reunió este martes de forma presencial para tratar el proyecto “Pancitas llenas” que tiene como objetivo el financiamiento y abastecimiento de comedores y merenderos del país, pero no logró pasar a la firma y volvió con modificaciones a asesores. Por otro lado, obtuvo dictamen el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica Argentina, la institución del Día nacional del Médico Endocrinólogo y el Día nacional de la Diabetes.
El primer orador fue Carlos Américo Selva (FdT -Buenos Aires) autor del proyecto, quien explicó que “es una iniciativa de la comunidad que nuclea una asociación civil Soñadores Unidos que tuvieron una actitud solidaria durante la pandemia donde un grupo d empresarios organizados se comprometieron y ejecutaron un apoyo en alimentos y eso se fue consolidando e hizo que de esa organización solidaria se propusieron llegar hasta acá a través de una iniciativa que puesta en consideración en primer término se trató de buscar un consenso para motorizar la idea. Valoramos la iniciativa que surge del campo de acción de los actores primordiales y del también de una adhesión voluntaria y poder llegar a todos los que necesitan”.
“Después de 30 años de labor solidaria conocimos la idea que hacen los comedores y nos enamoramos de ese trabajo que hacen las madres día a día”, expresó el presidente de la fábrica de pastas Oralí, Julio González, y agregó emocionado: “Ayudamos a empoderar los comedores y a consolidar la ONG que tienen 1300 comedores. Tratamos de ser comunicadores nada más. En la pandemia la necesidad de multiplicó, empezamos a ayudar a 100 comedores por semana con nuestra Pymes. El trabajo que hacen las madres es indigno y voluntario”.
Y continuó: “El proyecto tiene dos características primero que debe ser obligatorio porque del 0,04% de la producción en toneladas pueden abastecer a todos los comedores y agregamos a las empresas que más trabajaron en pandemia. Se puede alcanzar al presupuesto que se necesita y transferirlo a través de una tarjeta”, y sumó que la otra característica fundamental es: “Necesita apoyo de empresarios en la presentación. Somos 52 ahora”.
“Cuando les contamos que esto iba a parar a las pancitas de los nenes ellos dijeron que iban a acompañar. Pero pidieron transparencia que estos recursos lleguen a los y las responsables directamente de los comedores y que lo supervise una comisión fiscalizadora compuesta por presidentes de ONG de largas trayectorias solidarias, empresarios voluntarios y miembros de la comisión directiva de Soñadores Unidos que sean encargados por zonas de chequear que se reciba el alimento”, puntualizó González.
Selva aclaró que el dictamen al que se llegó “sostenía una adhesión voluntad”, y “plantean que esto sea un impuesto un 0,04% de la facturación de las empresas que se involucren y que en dos años sea deducible del impuesto a las ganancias para las que hicieron el aporte”.
Por su parte, Carmen Polledo (Pro -CABA) aseguró: “Todos sabemos los índices de pobreza e indigencia que afectan a la población. Este fenómeno lamentablemente no deja de crecer. Vimos con agrado la iniciativa, es interesante. El fideicomiso es una figura que tiene complejidades y por eso queremos colaborar a mejorar la redacción”.
“Pero mantenemos diferencias en técnicas legislativas y de fondo y estructurar en el armado del fideicomiso. El primer inconveniente que encontramos es en el artículo 3 cuando se define que el fiduciante es el Estado nacional cuando en realidad es el que pone los fondos en este caso serían las empresas no el Estado, está mal expresado. No es una cuestión menor que sean los privados quienes aporten para fomentar más solidaridad”, explicó y sugirió Polledo.
Y sumó: “Otra diferencia está el artículo 4 porque impide delimitar correctamente el universo de los bienes fideicomitidos algo fundamental para el contrato”, y determinó que “el fideicomiso es parte fundamental del programa, pero se integra por los fondos aportados por los fiduciantes, vamos a suprimir este inciso”.
“No nos parece correcto que se otorguen créditos fiscales a empresas que pongan sus bienes en el fideicomiso, sino que los aportes sean deducibles del impuesto a las ganancias con los topes vigentes”, cuestionó la legisladora del Pro y se lamentó que “no se haya podido avanzar en los consensos”.
Por su parte, la radical Claudia Najul (Mendoza) manifestó que “se ha trabajado mucho y además hemos pedido que explícitamente quede señalado en el proyecto que los fondos se van a distribuir de forma equitativa, que haya un registro público de cuánto reciben los comedores para poder trabajar de mejor manera con los municipios”.
Por otro lado, se trató el proyecto de ley para la creación de una Campaña nacional para la donación de plasma. Al respecto, el titular de la Comisión, explicó que es “una enfermedad que afecta entre 5 y 6 millones de personas en riesgo y tiene entre un 15 y 30% de mortalidad”. “Con este tratamiento de plasma se baja al 1% de mortalidad”, aseguró.
“Busca concientizar, familiar la donación, apoyar a las familias y reivindicar a aquellos que lograron tratar y ayudar a que tengamos esta enfermedad más controlada”, agregó Yeldlin.
A su vez, la Comisión aprobó que se instituya el 16 de abril, como Día nacional del Médico Endocrinólogo, en homenaje al doctor Arturo Oñativia; y el 14 de noviembre como Día nacional de la Diabetes; entre otros proyectos de resolución y declaración que hacen un reconocimiento a las acciones contra el Covid- 19 y a la producción de los laboratorios Richmond de la vacuna Sputnik- V en la Argentina.
