La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile (Formosa), se reunió este miércoles para debatir sobre los lineamientos estratégicos para la Cadena Bovina. También pasaron a la firma un paquete de proyectos de resolución y declaración.

Al encuentro, que se llevó a cabo desde las 11.15 en la Sala 1 del Anexo “A”, asistieron representantes del sector bovino que explicaron los puntos centrales del proyecto y alertaron que, si no se encuentra “una salida de crecimiento para poder valuar nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática del país”. El plan presentado, explicaron que busca potenciar la actividad en el plazo de diez años, con el objetivo de generar más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, intentar superar el millón de toneladas extra de carne y, además, obtener ingresos por exportación por 4 mil millones de dólares más.

Buryaile agradeció a los miembros de la comisión por estar presentes luego de la sesión que se extendió hasta las 3 de la madrugada. Así, aclaró que “el objetivo de esta convocatoria es agradecerle a la cadena de la carne bovina que haya elegido esta comisión para presentar un proyecto del sector tan importante de la Argentina”.

“Es muy bueno que el sector privado venga y traiga sus inquietudes al Congreso de la Nación donde están los representantes y responsables de hacer las leyes o mejorar las cosas de tal manera que los diputados tengamos conocimiento de propia mano de lo que está pasando en la Argentina”, expresó el radical y contó que “como productor tengo conocimiento alguno de lo que está pasando, pero no mucho más allá porque con el trabajo político algunas cuestiones se pierden”.

Así, remarcó que “el sector de la carne bovina es un sector emblemático porque la carne argentina es una marca registrada en todo el mundo, no es la carne americana, ni la australiana. Es un emblema como el Malbec, como el fútbol, como Messi. Tenemos que apuntar a producir más y exportar más, y desde el Gobierno levantar las mayores restricciones posibles y destrabar las burocracias para que las fuerzas productivas se desplieguen”.

“Uno de los problemas que tenemos en el país es este doble estándar sanitario que nos condiciona y mucho. Creo que lo debemos trabajar con las provincias porque me han dicho que ninguna legislación va a salir en el marco de la cadena de la carne si no se habla el ministro del Interior con los gobernadores que son los que tienen que implementar las medidas y los gobernadores tienen que bajar las ideas a los intendentes”, cuestionó Buryaile.

En tanto, resaltó que vivimos en un país federal por lo que “hay que respetar las leyes y acordar cuáles son las reglas de juego”. “Uno de los grandes problemas de la cadena bovina en lo interno es la cuestión sanitaria, la cuestión impositiva que nos hace un sector marginal en muchos casos y hay que adaptar y en la mesa tiene que estar AFIP tratando de simplificar y ejerciendo un mayor control no es fácil porque si pueden tener 20 registros te los piden. Es importante tratar de simplificarle la vida al productor, tenemos que estar protegidos frente al mundo porque el desafío de la vacunación es una amenaza permanente cuando hay países vecinos que quieren levantar esas restricciones”.

En ese marco, el formoseño analizó que el “gran desafío es el mundo que se nos presenta hoy como una oportunidad, pero que lo desperdiciamos. Hoy 75% de las exportaciones de carne argentina van a China entonces hay que ver hacia dónde estamos mirando y qué estamos haciendo con el mercado interno y las potencialidades. Estamos con un equilibrio en el consumo de carnes”.

Representantes de la cadena bovina

Abrió la ronda de debate Dardo Chiesa de la “Mesa de la carne” quien contó que “la cadena de las carnes es una mesa de trabajo de 24 entidades para sacar lo mejor para nuestra cadena. También nos acompaña en la mesa el pollo, el cerdo y ovino”.

“En el federalismo que da el Congreso se juntan dos paradigmas. La ganadería la actividad económica más federal que tiene el país porque en cada rincón se puede criar a un animal y se hace de forma comercial o de subsistencia”, señaló.

Chiesa explicó que los lineamientos fueron presentados a principios de este año “político” y, en función de eso, trabajaron con la asistencia de los técnicos de FADA (Federación Argentina de Agrimensores) de buscar “cuáles son los puntos que nosotros consideramos sobre los cuales hay que trabajar para lograr mayor eficiencia. Para cada eslabón de la cadena todo es el más importante como retenciones, unificación del tipo cambiario, eliminar el pago de impuesto a las ganancias por tenencia. Cada sector va a encontrar su punto”.

Sobre el trabajo presentado, señaló que “son una enumeración de puntos a resolver que va a llevarnos a encontrar el camino para llevarlo adelante con grandes diferencias de cómo salir”, y ejemplificó: “Si hablamos de la media res hay un mundo para salir y cada productor tiene que encontrar la forma de cómo transitar”.

“Antes hay que salir del doble status sanitario, garantizar la sanidad. Nosotros defendemos al país libre de aftosa con vacunación y la usamos como herramienta de prevención”, planteó y sumó: “La ganadería tiene un desafío muy grande. Esta muy de moda hablar del futbol cuando ganamos el mundial en el 78’ éramos 25 millones de argentinos y teníamos 55 y pico de cabezas, hoy somos 46 millones de argentinos y tenemos la misma cantidad de cabezas. El crecimiento demográfico argentino ha superado en creces el crecimiento del rodeo y la producción que está estancada”.

En ese sentido, alertó: “Si no encontramos una salida de crecimiento para poder valuar nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática que fue para el país toda la vida y lo que representa”. “Este es el camino para elaborar una política de carnes y el objetivo es lograr 115 mil puestos de trabajos nuevos que se pueden dar si se logran estos objetivos y más de 400 mil millones de dólares”, cerró.

En un breve comentario, Buryaile recordó que en el 78’ había un total de 61 millones de cabezas y “nunca más se llegó a ese stock. Brasil tenía 50 millones de cabezas y hoy tiene 200 millones. 50 años después es el principal exportador de carne aviar, porcina y vacuna”.

A su turno y de forma breve, Ernesto Lowenstein de UNICA (Unión de la Industria Cárnica Argentina) expresó su orgullo al presentar algo que “24 entidades en donde hay competencia y discusiones nos juntamos detrás de unos lineamientos porque nos van a llevar a un sector que tenemos que mejorar”. Asimismo, cuestionó que FADA “puso sus números y sus creencias, eso fue conservador”, por lo que consideró que “si cumplimos lo que está diagramado tendremos un país distinto y espero que Brasil no siga siendo el primero”.

En su presentación, David Miazzo de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), explicó con los actores que tiene la cadena que es “compleja, con muchos actores repartidos a lo largo del país”. “Más de 900 cabañas de crías, 1200 Feedlot, 288 mil productores, miles de carnicerías, veterinarios, agrónomos, proveedores, 380 consignatarios, 380 frigoríficos, 400 mil usuarios de faena, más de 50 mercados a los que accede y los 47 millones de consumidores a nivel local”, detalló.

Y siguió: “Una cadena grande que actualmente genera 437 mil puestos de trabajo, un aporte de 13 mil millones de dólares al PBI, 4.200 millones de dólares por exportación y de derechos de exportación, algo que hay que eliminar, 343 millones de dólares”.

“Este documento busca generar una visión común para la Cadena Bovina Argentina con el objetivo de alinear acciones que permitan potenciar y modernizar la cadena con impactos positivos para el país y todos los argentinos”, respaldó.

Miazzo resaltó que los lineamientos fueron apoyados por 25 cadenas que representan a los principales eslabones, con más de 80 referentes como INTA, SENASA para “definir estos conjuntos de herramientas, escenarios y políticas”.

Como misión del proyecto, explicó que se propusieron “producir animales y carne para el consumidor argentino y mundial aportando una fuente proteica, saludable, segura e inocua”, a fin de generar “valor agregado, empleo genuino y divisas siendo un modelo económico con visión federal comprometidos con prácticas sostenibles, respeto ambiental y bienestar animal que son cuestiones más presentes”.

“Nos vemos de acá en 10 años siendo una cadena de ganados sólida, integrada y en constante desarrollo. Producimos eficientemente alimentos de calidad que forman parte de la dieta de los argentinos con una presencia creciente en el mundo, agotando tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles”, avizoró.

Entre las prioridades de la cadena planteó cuatro: los consumidores, la producción en sí misma, el desarrollo que puede generar y el ambiente y bienestar animal. “Los lineamientos estratégicos se componen de 60 acciones, políticas públicas e iniciativas conjuntas porque hay leyes o medidas del gobierno que el propio sector privado debe tomar hacia adelante. Están ordenadas en 16 ejes estratégicos y 4 áreas focales -la propia cadena, la producción, los mercados y el bienestar-”, precisó.

“Todas estas medidas deben estar en un marco macro económico para poder alcanzar las metas que se proponen ya que la inflación, las restricciones generan graves problemas a todas las actividades. Este marco debe testar enmarcado en un sentido de políticas fiscales y monetarias responsables, cero retenciones, cero restricciones, reglas de juego claras para que la actividad pueda crecer y desarrollarse”, señaló.

Sobre la cadena bovina, indicó que los ejes estratégicos son: “La integración de la cadena y la transparencia, la comunicación para informar qué consume, lo impositivo como alícuotas de IVA diferenciales, carga tributaria de ingresos brutos, derechos de exportación; la informalidad para moderniza y potenciar la cadena; y financiamiento. El objetivo es lograr integración, transparencia y formación hacia adentro de la cadena”.

Al hablar de la producción, señaló que los ejes están puestos en la genética, la mejora productiva, el estándar sanitario internacional, identificación y trazabilidad de la hacienda y tipificación de la carne. “Eso busca mejorar el valor productivo, equilibrar el desarrollo del sector y fomentar el crecimiento”, precisó y agregó que los objetivos son “usar la genética aprobada, mejorar la eficiencia productiva a partir de mejoras del destete, faena, productividad del stock, financiamiento de pasturas, alcanzar un estándar sanitario internacional con un organismo de control, tipificación e identificar los productos de calidad con sellos”.

Al hablar de los mercados, Miazzo hizo hincapié en “reforzarlos” para tener “precios de referencia locales” y el mercado externo como “las intervenciones y las aperturas”. Sobre el mercado interno el objetivo es “plantear una visión complementaria entre las distintas carnes para que tengan un motor de crecimiento”.

Por último, se refirió al área de ambiente e inocuidad cuyos ejes son “el bienestar animal, producción con cuidado del ambiente y la inocuidad de alimentos para la salud humana. El objetivo es focalizarse en las implicancias y tendencias a nivel internacional y nacional logrando esquemas que vayan en favor de la salud, certificaciones de cuidado del medio ambiente”.

“Entre las áreas a intervenir puede estar el Congreso con algunas leyes importantes en lo impositivo, en el estándar sanitario”, planteó y sumó que el plan está pensando en tres etapas. Además, informó que los objetivos que se pueden lograr es aumentar el stock ganadero a 63 millones de cabezas como consecuencia de la mejora productiva; mejorar en un 75% el destete; incrementar en un 63% por kilo de cabeza la productividad del stock; incrementar la faena de los 13,4 millones de cabezas a 15 millones para incrementar la producción de carne en un 35% y duplicar las exportaciones.

“De acá a 10 años podríamos pensar en una producción que el 57% vaya al mercado interno porque aumentan las exportaciones que pueden significar el 43%”, analizó y comentó que tendrá impactos en la actividad económica de 26 mil millones de dólares, incrementar 124 mil puestos de trabajo, 400 mil millones de dólares las exportaciones”.

Alberto Berardi de la Cámara Cárnica de Entre Ríos y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, manifestó: “En Argentina a diferencia de Brasil, no se trabaja en forma horizontal, se trabaja desde el individualismo y egoísmo, este proyecto es una excelente oportunidad y ejemplo para vencer esto”.

“Tener un lineamiento de lo que debe ser y tratar con ustedes que forman las leyes conformar la experiencia y con una legitimidad que el productor tiene”, propuso Bernardo Cané, integrante del Grupo Crea y preguntó: “¿Qué tiene Brasil que no tiene nosotros? Ha construido poder, tienen una fundación que pone los recursos necesarios para desarrollar las leyes. Los diputados y las empresas constituyen el desarrollo de las leyes, proponen normas. A Brasil lo decidieron los agropecuarios y todos los partidos tomaron consenso horizontal, no ponen para un negocio individual, sino que trabajan en conjunto y eso puso a Brasil como el principal productor de carne, maíz, soja, cerdo y pollo”.

Y sugirió dejar de lado “el individualismo y el egoísmo porque este es un ejemplo y oportunidad como un lanzamiento para entender que necesitamos duplicar la producción”.

Asimismo, Javier Peralta, secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) cuestionó que las restricciones “no tienen ningún sentido ni efecto para el precio del consumidor. Tenemos que tener en cuenta el 78% de las exportaciones de carne tienen como destino China, pero no es el mismo producto que se consume acá”, pero aclaró que “no quiere decir que sea carne de mala calidad, sino que las culturas culinarias y métodos de cocción justifica que consuman otro tipo de carne. No significa que los japoneses se llevan lo mejor, y los chinos lo peor, sino que cada uno utiliza la carne a sus costumbres”.

“Si nos restringen las exportaciones, esa carne que nos está comprando China no lo vamos a comer acá por ende el precio al consumidor es cero porque pasa a ser una vaca que muere en el campo, el tambo deja de tener ingresos que permite amortiguar las pérdidas que produce. El tema de las restricciones de los cortes tampoco influye en el consumo interno”, explicó.

En su intervención, Fernando Herrera de la Asociación Productores Exportadores (APEA) habló del impacto de las exportaciones en el precio del consumidor es “algo que no se informa bien y hay una creencia que está vinculada con los volúmenes de exportación y precio de mercado interno. Hoy luego de todas las subas el corte más caro en el supermercado vale $7.000, en cualquier lugar del mundo ese corte vale 30 o 40 dólares al consumidor, con lo cual exportamos un 25% de la producción dejando al mercado interno el 75%, pero estamos muy lejos de pagar los precios internacionales. Es un dato a difundir y que se tergiversa y se impulsan medidas que perjudican a la cadena y no benefician al consumidor”.

 Silvina Campos Carlés, asesora económica de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) advirtió: “Necesitamos políticas de largo plazo para poder armar un esquema de trabajo que no solo implique reducciones impositivas sino cambios en la forma de producir y para poder hacer eso tenemos que planificar”.

A su turno, Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot expresó: “Nosotros tenemos casi 30 meses en juego, desde la crianza hasta la terminación intensiva con suplementación, necesitamos de previsibilidad y de contar con la tranquilidad de que hay un futuro alentador y un horizonte posible”.

Al cierre del encuentro, el titular de la Comisión aclaró que “la unificación cambiaria desde acá no se puede hacer, nosotros no lo podemos hacer. Podemos discutir retenciones porque hay una ley para legislar en esta materia”.

“El tema de retenciones agrícolas se llevó puesto todo tipo de retenciones y ahí aparece una oposición blue de mandar todo a ganancias y eso es una quimera, es inviable. Las retenciones las reducís o no, podemos plantear qué se hace podemos disponer el marco de las retenciones”, señaló Buryaile y propuso: “Podemos proponer proyectos que incentiven la producción que hacen falta en el sector agropecuario a través de amortizaciones aceleradas. Hay que trabajar una ley federal de carnes”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile (Formosa), convocó a una reunión para debatir sobre los lineamientos estratégicos para la Cadena Bovina.

El encuentro está pautado para el próximo miércoles 20 de septiembre a las 14 en la Sala 1, del segundo piso del edificio Anexo “A” a la que fueron invitados expertos a exponer sobre el tema en cuestión.

El temario del encuentro también incluye un paquete de proyectos de resolución y declaración, entre los que se encuentran iniciativas que buscan declarar de interés el evento Primer Congreso de Políticas Públicas para la Agrobioindustria; otra propone declarar de interés la Exposición de ganadería, agricultura e industria internacional que se llevara adelante del 20 al 30 de julio de 2023 en el Predio Ferial “La Rural” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, llevó a cabo este miércoles en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Al encuentro asistieron como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

Al inicio del encuentro, Buryaile agradeció la presencia de los diputados porque “es una fecha complicada”, e hizo particular el agradecimiento al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. También al senador Alfredo De Angeli “por acompañarnos”.

Buryaile contó que el encuentro se gestó luego de un llamado de Miazzo para poder plantear en el marco de la comisión la inquietud y un análisis de la situación del sector por los derechos de exportación. “No pensé que íbamos a estar tan holgados las dos frentes de la cámara”, expresó el radical.

“Mi espíritu como presidente y, calculo que los que están acá de la comisión, una de las cosas que se plantean es que previo a la discusión política hay sustento técnico para hacerlo y posicionamientos políticos para hacerlo. Hoy esta acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta comisión se va a abrir para el que crea que va en otro sentido y para el que quiera exponer situación que comparta o no el oficialismo y la oposición”, planteó Buryaile.

En tanto, sostuvo: “Lo que sucede es que los oficialismos en las cámaras cuando son circunstanciales a breves por cuestiones políticas se les da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones y las leyes no son todo lo buena que quizás debiéramos sacarlas”.

En un párrafo aparte, el formoseño saludó a los periodistas presentes en su día: “Mi compromiso y mi respeto hacia quienes siempre buscan la verdad, que informan la verdad y tienen una opinión desde sus convicciones”.

A su vez, el formoseño ratificó que “la comisión va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a exponer algo que haga a los intereses relativos a los que maneja la comisión”.

Retenciones cero

El presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats, sostuvo: “Vamos a escuchar una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa”, e invitó a los legisladores el 27 de junio en la Bolsa de cereales de Buenos Aires al primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioindustria con el objetivo de mostrarle a la política los ejemplos de países como Brasil que “hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los 20 años”. También adelantó que propondrán ideas para “una Argentina grande, en crecimiento, desarrollo” porque “tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con la política”.

A su turno, Gustavo Vitelli en su carácter de presidente de FADA explicó que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto “dedicada especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Tratamos de mantener una mirada general para toda la comunidad. Es una perspectiva federal”.

También informó que cuentan con un equipo económico que se encargan de elaborar proyectos, informes y análisis para elaborar las propuestas de políticas públicas. “Tratamos de poner nuestro grano de área para tener mejores políticas públicas para hacer crecer al país”, resaltó y agregó: “En todos esos trabajamos que venimos haciendo, venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino que lo tenemos como un hecho ya no es tanto”.

“Hoy hemos perdido mucho terreno con nuestros vecinos y competidores internacionales y queremos revertir la situación y eso lo hacemos con datos”, planteó Vitelli y contó que se le pidió al equipo económico que analicen el impacto de las decisiones a tomar de manera tal que “la consideremos viable y sujetar todas las mejoras”.

Y sumó: “Queremos tratar de abrir el juego desde otro ángulo mirando las externalidades positivas que pueden tener las medidas. Estamos abiertos a cualquier opinión y a disposición de lo que crean necesario porque buena parte de nuestro trabajo es apoyar a los dirigentes que tienen necesidades de información o proyectos”.

A continuación, fue el turno del economista jefe de FADA, David Miazzo, explicó las cuatro claves para “crecer” y generar medio millón de puestos de trabajo.

“¿Cuánto puede producir Argentina?”, preguntó y procedió a detallar: “En términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción producto de las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo, más un cierre de brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas y también el riego que puede generar que la producción crezca”.

“También podríamos producir 1 millón más de toneladas de carne bovina, incrementar 1 millón más de carne porcina, el corte de biodiesel lo podemos llevar hasta un 15% y en el caso de bioetanol hasta un 20%. Tenemos más de una docena de economías regionales de las cuales se podrían hablar de impactos”, precisó Miazzo.

En otro ejemplo, sostuvo que un 56% de aumento de la producción cuando “se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo en solo tres campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 46%. Podemos lograr este incremento de producción en 10 años “.

Al hacer una comparación con Brasil, planteó como interrogante dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiese comportado con la producción agrícola de la misma manera que el país vecino. Entonces, detalló: “El año pasado hubiésemos producido un 66% más, con 34 mil millones de dólares adicionales por año de exportaciones. Cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos, no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34 mil millones de dólares adicionales de exportaciones”.

“Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370 mil nuevos puestos de trabajo adicionales a los 3,7 millones de trabajos que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales”, precisó el economista.

Al respecto, precisó que esos puestos de trabajo se distribuyen en las producciones de soja, maíz, cebada, girasol, trigo y enumeró que los puestos de trabajo se distribuyen en huerteros, productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas, abogados, aceiteros, molineros entre otros tanto. “Para graficar la complejidad que tiene la cadena agropecuaria y cuando hablamos de incrementar la producción no solo hablamos de una persona más, sino toda esa cadena compleja”, planteó.

En esa línea, sostuvo que esos impactos se verían en los primeros años cuatro años y el 56% de producción se generaría el 27% de aumento de producción y llevarla a 174 millones de toneladas y, en 10 años, serían 76 millones de toneladas adicionales lo que genera “un mayor valor de producción a la Argentina de 36 mil millones de dólares que implicaría llevar la producción de 55 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares. Son números similares a lo que se habla de Vaca Muerta”.

“En los próximos cuatro años, solamente esto estaría adicionando 2,4 puntos al PBI y estaría aportando un año de crecimiento. Después se necesitan el resto de las actividades económicas”, ejemplificó Miazzo.

También planteó que, en inversión en insumos, significaría que el mercado debería crecer hasta 7 mil millones de dólares adicionales por año y agrego que “hay estudios que hablan de montos superiores a este”. “Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie son mil millones de dólares adicionales y la renovación de la maquinaria. Esto es industria, metal mecánico. Son sectores que se dinamizan”, afirmó.

Sobre la logística dijo que “mover estos millones de toneladas adicionales significan 3 millones de fletes lo que es un gran desafío en la infraestructura del transporte. Si lo ponemos en números estamos hablando de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística, pensemos en los impactos indirectos que son combustible, neumáticos”.

“Si a este ejemplo sobre granos, les sumamos los biocombustibles y carnes estamos hablando de otros 7 mil millones de dólares, un PBI que en estos 10 años agregaría 7 puntos y en puestos de trabajo se vería más la diferencia se iría a 544 mil puestos que se pueden generar con estos niveles de producción”, planteó Miazzo y sumó: “Esto podría cambiar la dinámica porque hoy una gran preocupación de los argentinos es el salario porque llevamos 6 años donde cae, y una de las maneras genuinas de que el salario crezca y mejore es si somos capaces de generar más producción, riqueza, trabajo que es una gran preocupación”.

Al respecto, contó que hay cuatro políticas de base para lograr esto: “Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras de juego”. Y las complementarias son: “Apertura de mercados, impuestos distorsivos, infraestructura de transporte, seguros, fertilizantes, riegos, genética, biocombustibles, conectividad”.

“Todas políticas que, si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro medidas, solo terminan actuando en el margen y solucionando problemas no tan significativos”, analizó. Así, planteó que de estas cuatro claves el “mayor desafío se presenta en 0 retenciones dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que hay. Es el principal desafío”.

“Para amortiguar el impacto fiscal de esa clave de retenciones cero trajimos como propuesta bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en soja y, en el caso de soja, que vaya al 21 de manera inmediata”, propuso y explicó que “esto es básicamente porque la soja es la más significativa de la graduación y limitamos el desarrollo productivo de muchas actividades cuando en términos de caja no termina de significar tanto”.

Para la soja, que quedará en 21%, propusieron “eliminar el impuesto y reemplazar de forma transitoria por cuatro años por un mecanismo transitorio un pago a cuenta de impuestos que en un futuro se pueda utilizar. El Estado puede otorgar un certificado que sería de aplicación decreciente para que vaya a cero, que pueda ser transferible, nominado en dólares para que tenga algún valor y a partir del 5to año pueda ser utilizado en cuotas para el pago de impuestos o que se empiece a amortizar en cuotas y así desaparece el derecho de exportación como impuesto y, de manera transitoria, queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal”.

Miazzo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal, como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, amortigua el impacto en la caja del Estado, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, hay un incentivo a producir más.

La palabra de los diputados

El radical Víctor Romero (Córdoba) sostuvo que “todos tenemos que aspirar a la mejora en el sector agropecuario porque es la salida que tiene la Argentina”. “Todo como un aspecto positivo unificar las políticas de tipo de cambio porque no hay posibilidad de proyectar una mejora si mantenemos la macroeconómica como esta y, claramente, la inestabilidad no hay posibilidad de inversión”.

“La baja de retenciones tiene que ir con una baja del gasto público, de una eficiencia del gasto en sí. También de una política integral porque tenemos un 40% de informalidad laboral”, consideró Romero.

El diputado Fabio Quetglas (UCR) destacó el proyecto, pero planteó que “cuando hay que hacer una política pública hay que pensar en ganadores y perdedores y largo y corto plazo porque la gran limitante que tuvo este tipo de iniciativas es que lo que es una patología para la economía agropecuaria es una protección al industrialismo obsoleto. Hay un montón de perdedores que, si es más larga que los ganadores, produce bloqueo político”.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, manifestó que “no es justo que se discriminar a un producto como la soja que es nuestro futuro y desarrollo, pero tampoco podemos discriminar al sector industrial cargándole todos estos millones de impuestos y que los demás no contribuyan. Esto patea el avispero para seguir trabajando y se reparta más equitativo todo para desarrollar los sectores competitivos”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, realizará este miércoles a las 15, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Según figura en la convocatoria, asistirán como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

En la última reunión de la comisión se dio dictamen favorable al proyecto de ley de promoción de la producción orgánica y, por otro lado, concurrieron funcionarios del SENASA para informar sobre la situación respecto a la gripe aviar.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile, avanzó con el dictamen favorable al proyecto de ley que crea un régimen de promoción para la producción orgánica por 10 años, el cual ya tenía el aval de Economías y Desarrollo Regional y de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa prevé una serie de beneficios fiscales y fue impulsada por el formoseño Ramiro Fernández Patri. “Hablé con él y está con cuestiones personales en Formosa”, aclaró Buryaile respecto de su ausencia.

En primera instancia, Germán Martínez, presidente del bloque del FdT, sostuvo que fue impulsado en 2012 por el exlegislador Luis Basterra, y afirmó que las medidas del proyecto “son virtuosas en la alimentación saludable y tiene un potencial exportador fuerte”.

Además, expresó que “agrega valor en origen y da posibilidades concretas de trabajo en los argentinos”. Del mismo modo, añadió: “Tiene un entramado organizacional y se introdujeron modificaciones al proyecto original”.

“Hicimos una mejora en el artículo 13 y le pusimos un equivalente al valor de los módulos”, indicó Martínez, quien agregó que “un módulo está en alrededor de 8.000 pesos y son 12.500 módulos”. “Es una buena iniciativa que reúne consenso políticos y productivos”, finalizó.

En una breve intervención, el diputado nacional Carlos Vara (UCR – Corrientes) complementó que “Argentina tiene una gran potencialidad” en la materia, y explicó que “nuestro país produce sobre el ambiente”.

“Como dije en la reunión informativa hay muchas oportunidades y es importante la intervención de las provincias; también es fundamental un marco nacional y la intervención de los organismos tecnológicos del país para cada vez ir incrementando la competitividad”, refirió Vara. “Es una ley que tiene un plazo de diez años y es suficiente para determinar resultados”, enfatizó.

Por otro lado, la diputada Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) cuestionó que “los sectores están ahogados de cargas impositivas y me preocupa el artículo 17 porque es mucho gasto lo que se invierte”. Además, manifestó: “No sé si es necesario que un 5% vaya a la administración”.

Del mismo modo, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) afirmó que “estamos en situación límite y el país no tiene reservas”. En tal sentido, añadió: “En vez de aplicar ese brutal impuesto cambiario, ¿por qué no se le da esa liquidación que se le da al turismo?”.

Así también, el diputado opositor Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) aseveró: “Entiendo los cuestionamientos a un sector, pero también entiendo que debemos buscar una solución”, y agregó que “Argentina tiene un gran potencial en lo orgánico”.

Al responderle a Figueroa Casas y López Murphy, Germán Martínez ironizó: “Muchas cosas que dijeron recién terminan perjudicando el salario de los trabajadores”. Finalmente, el presidente de la comisión, Ricardo Buryaile, anunció el avance del proyecto y respondió: “Hay cosas que no vamos a resolver en esta comisión”.

Por último, el ingeniero Pedro Landa agradeció el tratamiento de la ley y advirtió: “Estados Unidos destina fondos al desarrollo orgánico. Nosotros venimos persiguiendo la ley desde hace diez años”. “La observación de la naturaleza de un peón de campo es tan grandiosa como la de un ingeniero agrónomo y la producción orgánica es superavitaria y no importa nada”, concluyó.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile, se reunirá este martes desde las 15 -en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja- para avanzar con el proyecto de ley que propone la creación de un régimen de promoción de la producción orgánica.

El encuentro, en el que también se tratarán proyectos de resolución y declaración, había sido postergado la semana pasada, a raíz de las complicaciones para reunir el quórum de la misma. De manera separada, el proyecto sí tuvo dictamen en las comisiones de Economías y Desarrollo Regional y Presupuesto y Hacienda.

Precisamente en esta última, la iniciativa recibió cuestionamientos por parte de Juntos por el Cambio respecto de los beneficios impositivos a un determinado sector y el dictamen sólo tuvo 24 firmas de acompañamiento.

El proyecto, que fue presentado en diciembre del año pasado por el oficialista Ramiro Fernández Patri, propone establecer por el plazo de 10 años un “Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, debidamente certificados y autorizados” en todo el territorio nacional.

Entre los beneficios se contempla un bono de crédito fiscal, que podrá ser utilizado para la cancelación de tributos nacionales y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las Ganancias. Respecto de Ganancias, los beneficiarios tendrán una reducción del 50% en cada ejercicio.

Se crea un “Registro de Productores/ras y Elaboradores/ras de Productos Ecológicos, Biológicos u Orgánicos”, en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; y también se dispone la creación de un “Fondo de Promoción del Producto Orgánico” que en el primer año recibirá, por parte de asignación de la Jefatura de Gabinete, 12.500 módulos, que actualmente equivalen a 100 millones de pesos.

Era sabido que las elecciones este año iban a complicar la actividad en el Congreso, debido a que muchos legisladores se postulan en sus provincias para diferentes cargos políticos. Si bien, en Diputados vienen realizándose reuniones de comisión, algunas comienzan a ver su funcionamiento afectado por el quórum.

Así sucede con la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, la cual está convocada para reunirse este miércoles 10 de mayo a las 13 en la Sala 1 del Anexo “A” a fin de tratar un paquete de proyectos de declaración y de resolución.

Sin embargo, según confió a parlamentario.com una fuente de esa comisión, “está convocada, pero estamos viendo los temas a tratar, porque podría complicarse el quórum por las elecciones de este domingo”.

Este domingo se vota en Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan, donde Juntos por el Cambio tiene dos diputados de esas provincias: Roberto Sánchez, candidato a gobernador de Tucumán; y Martín Maquieyra (Pro), que era candidato a gobernador de La Pampa, pero perdió la interna. Por este motivo, necesitan confirmar que el oficialismo tenga gente presente para garantizar el quórum para poder dictaminar.

Un plenario de las comisiones de Economías y Desarrollo Regional y de Agricultura y Ganadería de Diputados se reunirá este miércoles con el objetivo de avanzar en el dictamen de un proyecto de ley de promoción de la producción orgánica.

Se trata de una iniciativa que cuenta con aval del Poder Ejecutivo y en diciembre pasado fue presentado por un grupo de diputados oficialistas. Tras el trabajo en asesores, habría acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar, según pudo saber parlamentario.com. No obstante, el texto también tiene giro a Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, apunta a crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.

El proyecto tiene como objetivo diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

El pasado 12 de abril, la comisión cabecera realizó una reunión informativa en la que participaron funcionarios del Gobierno nacional y de distintas provincias, productores y representantes de empresas certificadoras.

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, informó que el sector reúne a “más de 2.000 productores, más de 4 millones de hectáreas certificadas y 110 mil hectáreas cosechadas”. “Revertimos las exportaciones: pasó a ser Estados Unidos el primer exportador, nuestro principal destino con el 43%, y 40% la Unión Europea”, precisó sobre el mercado internacional.

El plenario se realizará a partir de las 14 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, mientras que una hora antes, a las 13, Agricultura y Ganadería se reunirá para tratar proyectos de resolución y declaración.

En la seguidilla de comisiones que habían sido convocadas este miércoles en el Senado se encontraba la de Agricultura, Ganadería y Pesca, citada para las 13, pero finalmente no se realizó. Cuando ya había pasado bastante tiempo del inicio de la convocatoria, el santiagueño José Neder (FNyP-FdT), secretario de la misma, anunció que el encuentro se levantaba porque se estaba desarrollando otra reunión en paralelo, donde participaba el presidente de la comisión, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN).

Pero este jueves, a través de las redes sociales, el riojano Julio Martínez (UCR-JxC) salió a denunciar: “Siguen los atropellos en @SenadoArgentina. El senador Weretilneck, presidente de la Comisión de Agricultura había invitado a la Mesa de Enlace para tratar un tema crucial para el país: la sequía y su impacto en la producción. El kirchnerismo lo impidió”.

Según el legislador, “a último momento, sin mediar explicaciones, la reunión fue cancelada, y se tuvo que hacer un encuentro paralelo, fuera de la agenda ordinaria del Parlamento. Una vez más, el kirchnerismo pone su agenda de intereses particulares por encima de lo que el país necesita”.

Al responderle por Twitter, Weretilneck lo desmintió. “Julio eso no es verdad: las autoridades de la Comisión de Agricultura recibimos, escuchamos y coordinamos acciones con el sector. No existió llamado en contrario. La situación por la sequía en el campo nunca fue incorporada al temario de la reunión”, escribió el senador aliado del oficialismo.

Desde el entorno de Weretilneck confirmaron a parlamentario.com que hubo una reunión en la que se recibió a productores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, incluso por pedido de senadores de la oposición. “Que la pelea entre ellos no opaque que se recibió y escuchó a un sector muy golpeado”, dijeron desde el despacho del rionegrino.

Además, en declaraciones a Senado TV, el legislador reveló que en ese encuentro se habló de “la gravedad de la situación de lo que es la siembra de trigo, de maíz y de soja” y “el impacto que esto tiene sobre la cría de ganado bovino”.

Desde la comisión se comprometieron a llevar adelante “gestiones con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura y Ganadería para trasmitir lo que nos dejaron con mucha preocupación los distintos representantes sectoriales de la ganadería y agricultura de la zona núcleo”, afirmó.

Efectivamente, en el temario, que contaba con cinco proyectos de comunicación y una veintena de declaración, esa cuestión no estaba incluida, excepto por una iniciativa de la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) -otra aliada del FdT- que proponía declarar la “preocupación por las sequías que afectan a todo el campo del país”.

A último momento, sin mediar explicaciones, la reunión fue cancelada, y se tuvo que hacer un encuentro paralelo, fuera de la agenda ordinaria del parlamento.
Una vez más, el kirchnerismo pone su agenda de intereses particulares por encima de lo que el país necesita.

— JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) December 15, 2022

Julio eso no es verdad: las autoridades de la Comisión de Agricultura recibimos, escuchamos y coordinamos acciones con el sector. No existió llamado en contrario. La situación por la sequía en el campo nunca fue incorporada al temario de la reunión.

— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) December 15, 2022

En una reunión informativa, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, conducida por Ricardo Buryaile (UCR), debatió este miércoles acerca de una iniciativa que propone la creación de un título de crédito agropecuario, como una herramienta más de financiamiento para el sector.

El proyecto tiene cabecera en la Comisión de Finanzas y también fue girado a la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por el oficialismo.

Autor del texto, tomó la palabra en primer lugar el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR), quien destacó que “no es un proyecto individual, ha surgido de un trabajo colectivo” junto a un grupo de entidades del sector. Además, aclaró que “no es un proyecto que esté cerrado, está abierto” si se quiere “enriquecerlo”.

El radical explicó que el título de crédito agropecuario “es un instrumento financiero para potenciar el sector agropecuario y su cadena de valor”, al tiempo que resaltó que “no tiene costo fiscal” ni “ningún impacto en las finanzas o los recursos y gastos del Estado”. Se trata de “aportar al sector agropecuario un instrumento más de lo que hoy ya existen”, dijo.

Para el cordobés, “el principal sector productivo del país necesita esta herramienta”, a la que calificó como “simple, de fácil acceso” mediante la cual “el productor o quien emita este título se endeuda a valor producto, se endeuda en principio de lo que produce” y “disminuye su riesgo y tiene un instrumento para poder cubrirlo en función de su activo”.

En su exposición, Romero señaló que “quien emite el título se compromete a pagar valor-producto en distinto plazo”, con un plazo máximo de 36 meses; en función del mercado de referencia que se defina. “El día antes del vencimiento se fija la cotización de ese mercado de referencia y se lo multiplica por la cantidad de los productos que han acordado” las partes, precisó.

Tras remarcar que “no devenga intereses”, el diputado sostuvo que “siempre es importante tener mercados de referencias”, pero admitió que “en algunas economías regionales no hay”. Por eso, subrayó la importancia de la Comisión Nacional de Valores en la reglamentación. “La fortaleza de este título es que cuando llegue el vencimiento tenga un mercado transparente”, expresó.

“Es un instrumento financiero más, como el cheque, como el pagaré, que tiene riesgo”, admitió el legislador, pero apuntó que “para las PyMEs puede ser avalado por una sociedad de garantía o tener un aval bancario, y eso le da mucha más fortaleza”.

Para los inversores, “es un instrumento de protección de ahorro” en lugar de “ir al dólar o a un plazo fijo”, dijo Romero y subrayó que de esta manera se genera “un financiamiento al sector agropecuario muy sólido, que es un financiamiento que hoy no existe”.

Entre los beneficios, enumeró que “facilita la inversión del sector agropecuario, dinamiza las operaciones comerciales, democratiza el acceso al financiamiento con la posibilidad de aquel que tenga ahorros y quiera invertir mediante este título”.

Antes de pasar el micrófono a los invitados presentes, Buryaile coincidió en que “es una alternativa de inversión no solamente para los negocios agropecuarios, sino para el sector que hoy busca alguna rentabilidad, que no trabaja con las cripto, que no entiende de los fondos comunes de inversión, que pierde plata con el dólar o que no quiere arriesgar o perder plata con el plazo fijo tradicional”.

Desde el oficialismo, la diputada Nelly Daldovo (FdT) advirtió que “en las economías regionales nunca podemos saber a cuánto vamos a vender. Es distinto a la soja, el trigo, productos que ya tienen su cotización a nivel internacional”, y ejemplificó: “Los productores frutihortícolas tienen un poco de reticencia de llegar a los bancos, e incluso no todas las entidades bancarias los reciben”.

En la misma línea, el legislador Rogelio Iparraguirre (FdT) manifestó que “en los sectores más dinámicos y más virtuosos de nuestra producción agropecuaria es donde más garantías existen para sostener el valor y hacer atractiva la trazabilidad”, no así para “un productor caprino o de cítricos dulces”.

Por eso, pidió por que este título “no termine siendo un instrumento más entre los sectores que ya de por sí son dinámicos económicamente y que no estarían necesitando el sostenimiento”, y que no se termine “profundizando la inequidad con sectores que no tienen referencia”.

“Tiene más fortaleza, es cierto, en aquellos en los que hay un mercado de referencia, pero atrás de ese mercado de referencia hay pequeños productores que no tienen acceso al crédito y que este es un instrumento importante”, respondió Romero.

A su turno, el correntino Jorge Vara (UCR) reconoció que “el arroz, el maní, los porotos del NOA no se adaptan a este tipo de instrumentos y esto no quiere decir que el instrumento sea malo, me parece excelente”. “No pretendamos reacomodar para que se adapte, porque no va a servir para una cosa ni para la otra. Para mí está hecha para productos de pizarra”, señaló.

Invitado a exponer por el Mercado Argentino de Valores, Leandro Fisanotti calificó al proyecto como “muy interesante” y abogó: “Este título va a ser sumamente exitoso”. “Si incorporamos un nuevo instrumento en esta dinámica de crecimiento es una potencialidad enorme de que haya flujos de financiamiento hacia los actores que participen”, afirmó luego de precisar cifras de los últimos años.

“El sector agropecuario es uno de los más dinámicos de la economía argentina pero tiene una subrepresentación en el volumen de las operaciones”, observó y consideró que este título favorecería “a los pequeños y medianos productores que tienen menos herramientas” porque “tener más inversores en el mercado termina redundando en beneficios para aquellos que, aún sin acceder a este instrumento, porque su producción no tiene un precio de referencia” provoca un “desplazamiento de inversores que pasan a tener más liquidez disponible para asistir a esos”. “Los más sofisticados estarán más incentivados a ir a los sectores menos competitivos”, agregó.

Por su parte, Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, expresó: “Vemos con buenos ojos este instrumento, porque una de las cosas que nos ocurre cuando el Estado disponibiliza créditos a tasa razonable es que se produce un boom de venta de maquinaria”.

Para Borri, este instrumento “no va a restar, va a sumar y va a seguir motorizando nuestra actividad” porque “si hay algo que le gusta a nuestros clientes es endeudarse en la moneda en que ellos trabajan”.

Hacia el final, Buryaile se refirió a la posibilidad de reinstalar los warrants -que funcionaron durante el gobierno anterior-, a los que definió como “una buenísima herramienta para defender la producción y el precio por parte de los productores”. “Es uno de los instrumentos que le hace falta a la Argentina. En algún momento funcionó y habrá que aggiornarlo a la realidad, pero que le da financiamiento al productor y seguridad de cobro al acreedor”, explicó.

Acompañó la idea su par Pablo Torello (Pro), quien propuso “acelerar el tratamiento” de una iniciativa en este sentido, de modo de “generar leyes para que todo el sector agropecuario pueda estar mejor atendido desde lo legal para poder desarrollarse”. En esa línea, pidió buscar “acuerdos de largo plazo para que gobierne quien gobierne el sector pueda trabajar en paz”.

Durante la reunión se pasaron a la firma un conjunto de proyectos de resolución y declaración sobre interés de distintas fiestas y eventos.

Con el fin de no darle un tratamiento exprés a los proyectos referidos a la protección de humedales, la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, llevó a cabo una reunión este martes que se extendió por cuatro horas -que convocó por su cuenta- con más de una veintena de expositores que coincidieron en que “la ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”. El jueves se reanudará el plenario con la intención de la mayoría de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en la Sala 1 de la Cámara baja, Buryaile agradeció a los invitados y explicó que el objetivo de la misma es “llevar a los integrantes de la comisión conocimientos, fundamentos y aspectos relacionados con el tratamiento de la ley de humedales”.

El formoseño también informó que “la ley de humedales, en sentido contrario a lo que se dice, nunca llegó a Agricultura, nunca”, y recordó que en el 2020 tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales. “Como vocal de la Comisión de Agricultura, presidida por el FdT, nunca fui convocado a tratar esta ley”, y aclaró que “no existe maniobra dilatoria por parte de este presidente ni de la Comisión de Agricultura en tratar ningún proyecto de ley”.

“Es nuestra obligación trabajar los proyectos que nos son girados”, resaltó Buryaile y volvió a aclarar: “Lo primero que quiero desestimar es que nosotros desde la Comisión estemos trabando este proyecto, no lo estamos trabando. Cuando la presidía el FdT no la trataron y no es potestad de las vocalías tratar este proyecto”, y acusó al oficialismo: “Tenían mayoría en Diputados y en el Senado, no lo aprobaron”.

Por el contrario, celebró que “hoy lo podamos tratar” porque “el único objetivo que habíamos planteado, que no tuve el acompañamiento de los otros presidentes de Comisión de la de Recursos Naturales ni de Presupuesto del bloque del FdT, era que quería que esta reunión informativa ampliada por quienes son parte de las organizaciones ambientales puedan exponer en el plenario para poder informarnos acabadamente y que no vayamos al recinto a votar porque nos dicen que tenemos que votar”, y subrayó: “Hay que dar el debate, hay mucho en juego. Hay una responsabilidad que tenemos todos en esto”.

A su vez, el titular de la Comisión lamentó no poder contar con la visión de sectores ambientalistas. “El proyecto puede estar consensuado con algunos sectores, con algunas fuerzas políticas, pero nunca fue consensuado con todo el Congreso. Quiero romper estos dos mitos: que nosotros estemos trabando y que esta ley hace 10 años que está, pero todos conocen que las leyes pierden estado parlamentario y que cada diputado se aboca al tratamiento de las comisiones que se abocan”, remató Buryaile y cerró: “Si no hemos tenido un mayor tratamiento en profundidad no es por nuestra voluntad. Todos estamos convencidos que necesitamos avanzar en un marco regulatorio de triple impacto que contemple lo social, lo ambiental y la salud”.

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) realizó unas observaciones “al derrotero del trámite” y recordó que fue el diputado de su interbloque, Enrique Estévez, quien hizo la moción de emplazamiento a las comisiones para debatir el proyecto y “por eso debo un par de explicaciones”.

“No es algo nuevo el tema de humedales. Es un tema que venimos arrastrando hace bastante tiempo. En el 2013 el Senado, que representa a las provincias, le dio la media sanción y lo mismo ocurrió en el 2016 y en 2020 la Comisión de Recursos trabajó durante toda la pandemia con todos los sectores a los efectos de lograr algún acercamiento a un proyecto de ley común”, recordó Camaño y remarcó que “no se está tratando un proyecto, sino entre 7 y 10 proyectos. No estamos cerrando con un dictamen que está pre escrito y que tiene algún tipo de acuerdo. El único acuerdo valedero es que el podamos hacer los representantes del pueblo porque todos queremos que haya producción y futuro ambiental”.

La palabra de los expositores

Abrió la ronda de invitados Pablo Mercuri (ingeniero en Producción agropecuaria -INTA-), quien bregó por una ley “más equilibrada y más amigable con el sector productivo” y resaltó que “todos los humedales de la Argentina tienen sistemas productivos”.  “Hemos visto que muchos de los proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación y muy poco en los de abastecimiento y culturales que están muy relacionados a las culturas de las personas que habitan y dependen de los humedales”, cuestionó.

Entre los aspectos socio económicos, Mercuri recalcó que “Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires concentran más del 52% de la superficie total de humedales y el 35% del stock bovino del país. Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro concentran el 100% de la producción de frutas de pepita (38.451 hectáreas) (valles de los ríos Tunuyán, Atuel, Negro y Colorado). Estas 3 provincias concentran en sus departamentos del oeste el 6% de la superficie total de humedales; el 65% del stock ovino patagónico. En Jujuy se concentra el 90% de la producción de camélidos”.

Al cierre de su alocución, el productor agropecuario resaltó que “este proyecto de humedales, que tiene que ser consensuado, tiene que tener un mejor balance entre la producción y la conservación, hay posibilidad de hacer eso y que permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable”, y cuestionó que “los proyectos no contemplan los aspectos socioeconómicos. Es necesario que genere incentivos y no limitaciones severas”.

A su turno, la licenciada en ciencias biológicas Fabiana Navarro (INTA) observó dos aspectos puntuales de las iniciativas: el inventario nacional de humedales y al ordenamiento territorial atado al anterior. “Todo Estado que se aprecie de tal, debe contar con un inventario de todos sus recursos naturales, no solo de los humedales”, indicó.

“Los humedales no son ‘otro’, son recursos naturales como son los pastizales, los bosques, los glaciares, y creemos que en el marco general de la Ley de Ambiente está incluido esto”, señaló Navarro y consideró que, respecto al ordenamiento territorial, los tiempos que se proponen “no son reales. No hay una factibilidad de hacer el inventario nacional que se propone en la mayoría de los proyectos”.

Y aclaró que “esto no es problema de Argentina, sino a nivel mundial porque el término ‘humedal’ recién se acuñó en 1971. El conocimiento que hay de los humedales no es tanto, no hay estudios de la gran diversidad de sistemas productivos que viene atado a la gran cantidad de humedales, y a su vez hay sub humedales que son todos distintas, que tienen funcionalidades distintas”, y calificó a los humedales como “sistemas muy complejos”. “Pretender hacer un abordaje sencillo de algo tan complejo, es un error”, cerró.

En su intervención, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, precisó: “Para nuestra provincia es importante y vital porque tenemos nuestro territorio vinculado a este tipo de paisajes y ecosistemas. La ganadería se desarrolla en relación con ello, mismo otras actividades productivas y tiene una relación fundamental con el desarrollo de la actividad del turismo de naturaleza”, y expresó preocupación sobre “algunos proyectos que avanzan sobre la autonomía de las provincias y avanzan sobre la competencia que tienen las provincias en la gestión de sus recursos naturales y en particular los humedales”.

Juan José Neiff (investigador del CONICET – magister en ecología acuática) señaló que “al necesitar una ley, nosotros estamos asumiendo que los humedales en el país están en peligro. Quizás porque se viene trasladando de los países del hemisferio norte a la Argentina y la situación no es la misma”, y observó que “se produjo una antinomia entre producción y conservación”.

“Hay lugares donde los humedales en Argentina están en peligro”, reconoció Neiff y ejemplificó: “En el Delta donde se han generado la mayor parte de los proyectos de ley donde ha habido un proceso de fragmentación muy avanzado y donde hubo un proceso de modificación hídrica, pasterización, canalización, elaboración de puertos”.

En ese sentido, sostuvo que “la necesidad de la Argentina es muy diferente” porque “una cosa son los lugares donde es necesaria una ley, a mi manera de ver deberían generarse leyes a nivel provincial, y otra cosa es extender una ley a toda la nación siendo que los humedales son un objeto polifacético, diferente de lo que son los bosques, los lagos, que es un sujeto elástico porque tiene una variabilidad muy grande. Es muy difícil de manejar desde el punto de vista de la delimitación y de formas de manejos que se pretende normalizar para todo el país”.

“Hay lugares donde los humedales en Argentina están en peligro”, advirtió Neiff.

“No se puede aplicar una sola normativa, válida para todos estos humedales porque o es demasiado general, y no sirve para nada, o bien es demasiado particular y atiende a alguno de los tipos de humedales”, planteó y alertó que “esta condición de diversidad de tipos de humedales hace que vayan a surgir más conflictos que ventajas en el manejo de los humedales”.

En su discurso, el ingeniero agrónomo Jorge Adámoli manifestó que “los incendios tienen conexión con los humedales, pero son cosas completamente diferentes”, porque cuando se habla de incendios se “habla de una emergencia que tenemos que resolver en un corto plazo”. Por el contrario, “cuando hablamos de ordenamiento territorial de los humedales, hablamos de programas de mediano y largo plazo. Una ley no va a resolver la emergencia”.

A su vez, cuestionó que “hay una gran precarización porque se sale a último momento a ver dónde hay un avión hidrante para combatir los incendios”, y recordó que “las mismas áreas que hoy se queman, años atrás se han inundado muy fuertemente. Eso no es raro, sino que los ambientes de humedales están expuestos a fluctuaciones”.

Una ley no va a resolver la emergencia”, expresó Adámoli.

“Me preocupa que se utiliza la palabra urgencia para trata el tema. Urgencia tenemos para salir a apagar los incendios”, criticó y expresó preocupación porque “se sale a buscar culpables como los productores, la justicia, los intereses inmobiliarios, o Cabandié que no toma medidas a tiempo”.

Adámoli concluyó: “Hace falta cumplir la ley, antes que cambiarla. Tenemos que elaborar planes de contingencia. La Argentina ya cuenta con dos leyes de Presupuestos Mínimos (una es la de quema, que no se cumple, y la 26815, de manejo del fuego). La ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”.

A su turno, el presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la UIA, Claudio Terrés, expresó: “El sector productivo comparte la necesidad de protección y conservación de humedales”.

“Es importante que las nuevas leyes sean superadoras de las que hoy están vigentes, eso quiere decir que no generen cargas burocráticas ni excesos normativos que impidan la convergencia de la protección efectiva de los humedales y el desarrollo económico, social, federal, tecnológico de la Argentina”, sumó.

Claudia Peirano del Consejo Agroindustrial Argentino subrayó: “Creemos que es necesario asegurar la gestión sostenible de los humedales de nuestro país. Ecosistema en el que se desarrollan actividades culturales y económicas de la que dependen miles de personas”, y lamentó que los “pongan como parte del problema cuando somos quienes estamos en territorio y somos parte de la solución”.

“La ley de humedales no va prevenir ni va a apagar incendios, para proteger los ecosistemas se requiere que se cumplan las leyes y se refuercen las políticas de prevención, detección temprana, presupresión y ataque rápido de los incendios”, enumeró Peirano y opinó que “se requiere coordinación entre las jurisdicciones, se asignen los recursos necesarios”.

Por la Asociación Forestal Argentina se expresó Carlos Urionaguena criticó: “No veo que se haya medido el impacto económico que tiene esta ley”, y señaló que “detrás de esto hay una economía regional, con hombres y mujeres viviendo en un territorio con permanentes desafíos. Una industria pujante con posibilidades de crecimiento que da trabajo y produce bienes y servicios que nuestra sociedad requiere en forma cotidiana, en una cadena que genera empleo directo e indirecto y que por tal motivo ha sido promovida desde los albores de nuestra Nación”.

“El sector forestal y foresto-industrial no es solo parte del presente, sino del futuro de nuestro país; puede dar múltiples opciones de bioproductos renovables para los objetivos de mitigación del cambio climático y una transición inclusiva a sistemas de consumo más sostenible. Esta ley puede cercenar estas posibilidades”, advirtió.

A su turno, Luciano Berenstein CAEM (Cámara Argentina de empresarios Mineros) alertó que “los proyectos afectarían los yacimientos de litio y cobre cuyas perspectivas son centrales en la planificación productiva del país. Chile exporta más minerales que Argentina”, y pidió una norma que “no paralice actividades hasta tanto se haya definido el bien jurídico protegido”. De forma breve Camaño le recordó que “Chile tiene ley de humedales”.

Octavio Pérez Pardo (FADIA – Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos) manifestó: “Nos preocupa la asociación que se hizo entre humedal y fuego, con los incendios”, al tiempo que comprendió la problemática, pero remarcó la necesidad de “aclararle a la sociedad que son dinámicas y temas absolutamente distintos”.

“La gente no pide una ley de humedales, pide la acción vinculada al manejo del fuego. Pide una ley que no esta funcionando que es la que va a cubrir todo esto y sabemos que el tema fuego es un elemento de la naturaleza. Cuando pierde control es incendio”, explicó y sumó: “Lo que se quema es biomasa vegetal por lo tanto toda ley que restinga o condicione el manejo corremos el riesgo de generar más incendios”.

El senador provincial Noel Breard (Corrientes) adelantó: “Nosotros vamos por la positiva, decimos ley de humedales sí”, y le aclaró a Camaño que “Chile es un país unitario y por eso es más fácil que tenga una ley de humedales. Acá estamos en un país federal”.

Retomando el tema de la reunión, aclaró: “Decimos ‘sí, pero’”, y observó: “El artículo 41 de la Constitución fue producto de la reforma del 94 que permite un federalismo de concertación porque delega a las provincias en el tema ambiental a la Nación en poner los presupuestos mínimos que son el cimiento, pero no podemos permitir que en nombre de eso toquen presupuestos máximos y eso son facultades de las provincias”.

“Cuando hablamos de concertación no quiere decir que provincia y Nación pueden hacer las mismas cosas, sino que cada uno juega un rol en el tema. La Nación cuando dicte una ley de humedales no podrá alterar los derechos de jurisdicciones provinciales”, alertó y sumó: “Las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales”.

Y cerró: “Ustedes tienen la total soberanía de hacer los presupuestos mínimos, pero ni un paso más a los derechos que tienen las provincias. Hay que definir el concepto de qué es humedal y poner porcentajes de hasta cuándo es aplicable en cada provincia, es decir una cláusula de cantidad. Queremos ley positiva sí, pero con esas dos cláusulas”.

En representación CONINAGRO por la Mesa de enlace, Silvina Campos Carles (Asesora Económica) de forma breve remarcó: “En los humedales viven productores que quieren inventarios en forma realista. Necesitamos el protagonismo de las provincias. Compartimos que esta ley no resuelve la emergencia. El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Recursos y Ambiente genera incertidumbre, 26 artículos requieren modificaciones”.

Andrés Costamagna (Ingeniero Agrónomo especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace) sostuvo que “Argentina es una potencia ambiental, pero no creemos en una ley de presupuestos mínimos y la Ley de Bosques es un claro ejemplo. No creemos en que llegue el dinero del Estado Nacional para pagarles los incentivos. No sabemos con quién está consensuado este proyecto que los productores llaman ‘lobo con piel de cordero’ o ‘caballo de Troya’ porque lo están queriendo meter por la ventana. Es la vanidad de algunos que van a destruir la soberanía argentina porque estamos hablando de nuestra libre determinación por la agenda del Norte que se quedó sin desarrollo”.

Los productores llaman al proyecto ‘lobo con piel de cordero’ o ‘caballo de Troya’ porque lo están queriendo meter por la ventana“, Costamagna.

El ingeniero Ambiental de la Universidad Católica Argentina Manuel Chiappe por Barbechando indicó que “cuando hablamos de humedales hablamos de diversidad ecosistémica, de distintos ambientes”, y criticó: “En los 10 proyectos que hay en esta Cámara no he visto que tengan una medición del impacto. Si tenemos ley nueva que sea clara y practicable”, y cuestionó: “No estamos siendo efectivos en combatir los incendios y solo tres proyectos mencionan este tema”.

En su presentación, el intendente de Victoria, Entre Ríos, Domingo Maicocco, señaló que “la ley que se pretende no va a apagar los incendios o los fuegos”, y sumó: “La causa es natural. Los terrenos que estuvieron inundados hace años hoy se convirtieron en terreno seco”. Además, opinó que hay que hacer “una cuestión preventiva” y pidió que “se tengan presente los miles de personas que trabajan en relación a los humedales”.

El abogado Elías Eduardo Ruda (asesor letrado de la municipalidad de Victoria) también respaldó la idea de que la ley de humedales no va a apagar los incendios y enfatizó que “hay que gente que esta respirando humo. Caca respiran, están enfermos. Esas acusaciones vienen hacia nosotros y en lo que se está trabajando no es en prevenir incendios”, y cerró: “No gastemos plata en cómo apagar el fuego, sino en cómo prevenirlo”.

El ingeniero agrónomo santafesino Marcial Bugnon manifestó que “estamos ante una gran oportunidad” porque “podemos preservar ambientes frágiles como son los humedales”. “Hay una brecha entre las tecnologías aplicadas y desarrolladas, hay mucho por trabajar ahí”, consideró.

José Luis Peter, miembro de la comunidad Islera de Villa Paranacito, al cierre de la exposición criticó: “Acá se han buscado más culpables que soluciones. Nos encontramos ausentes del Estado, nos han dado muy poca respuesta cuando llamamos por un incendio”, y remarcó: “Por eso consideramos que una ley no va a apagar los incendios. Nosotros apagamos a punta de pala los incendios. Estamos totalmente perjudicados, sentimos un gran desaprecio”.

Con cientos de militantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de humedales y se acordó que se emitirá dictamen el próximo jueves 29.

En una nutrida sala del Anexo de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda -emplazado en la última sesión-, pasó a un cuarto intermedio luego que oficialismo y oposición negociaran cómo continuaría la discusión.

Fue después del pedido que planteó el radical Ricardo Buryaile, ante las fuertes intenciones de algunos sectores para que el proyecto viera la luz este mismo jueves.

Cuando el debate llevaba alrededor de tres horas, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, tomó la palabra. En referencia a que se hablaba de un proyecto “ampliamente debatido, consensuado”, dijo: “Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto”.

Al mencionar que efectivamente se había tratado en Recursos Naturales, el formoseño remarcó que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”.

“No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby”, aseveró el exministro de Agroindustria luego de una acalorada intervención de la diputada de izquierda Romina Del Plá.

Con todo, Buryaile valoró la “buena voluntad” por debatir el tema “aún cuando hay diferencias”. “Dentro de nuestro interbloque tenemos tres proyectos”, señaló y propuso trazar un “esquema de trabajo” porque “tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo”. “Las leyes se trabajan, no se despachan”, completó y pidió un cuarto intermedio para acordar los pasos a seguir.

Luego de más de media hora, los diputados retomaron sus lugares y el conductor del debate, el presidente de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, informó que “con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible” y “coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo“.

De esa manera, se pasa a “un cuarto intermedio hasta el próximo jueves que viene, a las 10 de la mañana, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado”, completó el oficialista.

“Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos el funcionamiento, en cuanto a la ausencia de invitados que nosotros proponíamos, que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la posición de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos”, agregó Buryaile y se dio por concluida la jornada.

La introducción de la reunión

Tras la lectura de los diez proyectos en tratamiento en el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconoció que hay “acuerdos” y “desacuerdos”, pero “no se puede decir que no hay ningún diputado que no está en tema”. “El debate lleva unos cuantos años en Argentina y en el mundo”, expresó.

El oficialista recordó que la Convención Ramsar, “una de las primeras convenciones ambientalistas en materia internacional” se aprobó en 1971 y “estaba destinada a proteger estos ecosistemas” con el objetivo de “preservar la vida de las aves migratorias”. Argentina adhirió a la misma en el ’75 y fue ratificada por ley en 1991.

Este viernes 23 de septiembre “se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado” a una ley de humedales, mencionó Grosso, para continuar: “Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales”.

Ese proyecto alcanzó la unanimidad, pero luego en la Cámara de Diputados “juntó polvo en un cajón”; y “lo mismo pasó en 2016 con un proyecto entonces impulsado por el senador Fernando ‘Pino’ Solanas“, señaló Grosso.

Al hacer un racconto de los antecedentes, el legislador dijo que “semanas después de asumir, el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales”. “Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes”, detalló, para mencionar finalmente el dictamen de mayoría que se logró el año pasado en la comisión, pero que no se trató en las otras a las que tenía giro.

“Hay un debate que no empieza cuando nosotros llegamos acá. Hay un debate en la sociedad argentina”, remarcó y precisó que “el 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar hasta acá, el 30% fue destruido y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber destruido el 56%”.

Finalmente, Grosso advirtió que “en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que venían siendo destruidos”, lo que “amerita la intervención y regulación del Estado”. “No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos”, concluyó.

La voz de los autores de proyectos

Arrancó la ronda la diputada del FIT Myriam Bregman, quien destacó “la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión” que se dio gracias a “la movilización popular, la movilización de los pueblos”. Al cuestionar el “lobby del agro-power”, tras leer expresiones de federaciones agropecuarias, apuntó: “Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan, siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente”.

En cuanto al proyecto, la legisladora de la izquierda pidió que se contemplen “realmente a todos” los humedales existentes, “que ocupan más de 20% de nuestro territorio”. También opinó que la autoridad de aplicación debe articular con “organismos especializados en ambiente” y “no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio”. Asimismo, reclamó que la norma incluya “la participación de las organizaciones socio-ambientales, y que su opinión tenga carácter vinculante”.

Por su parte, la radical Ximena García destacó que “es la primera vez que nos reunimos en un plenario para discutir en profundidad” y enfatizó que “una ley de estas características” requiere de “una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces” y así, “de una vez saldar esta deuda del Congreso”. Para ello, recomendó “salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas” y avanzar bajo el concepto de “desarrollo sostenible” para “equilibrar la producción y el ambiente”.

Al explicar su iniciativa, la santafesina sostuvo que “en el desarrollo del inventario tienen que ser contemplados los avances que ya tenemos hasta el momento”, e incluso “los inventarios en los que algunas provincias han avanzado”.

Coautor del proyecto junto a García, el diputado Maximiliano Ferraro consideró: “Tenemos la oportunidad de zanjar una deuda histórica con la ciudadanía”. Pero solicitó por un debate “serio, previsible y de una agenda de trabajo basada en los instrumentos de esta norma que pretende reservar el uso de los humedales en nuestro país”.

“Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información”, señaló el legislador de la Coalición Cívica, al tiempo de que “los ordenamientos se aprueben por ley provinciales” y “se puedan organizar con claros criterios toda la variedad y complejidad de actividades que hoy se llevan adelante en los humedales”. “La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas”, aclaró.

Desde el Frente de Todos, la diputada Alicia Aparicio aseguró: “Nuestro bloque tiene el firma propósito de arribar al dictamen y a la ley de humedales con los consensos necesarios”. “Necesitamos una ley que imponga una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto Nacional hacia las provincias” para la gestión de humedales, al tiempo de “abrir espacios participativos” en provincias y municipios, dijo la bonaerense.

Con una mirada particular sobre la cuestión, el correntino Jorge Vara observó que la discusión hay que enmarcarla en cuatro artículos de la Constitución Nacional -41, 124, 28 y 17-; y resaltó que no se debe avanzar “sobre la potestad de las provincias” al referirse al federalismo. Respecto a la propiedad privada, el radical dijo que “esto puede gustar o no gustar, pero está en la Constitución” y si se avanza en ese sentido “va a terminar todo en la Corte”.

El exministro de Producción correntino analizó que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con “fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación”.

“Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido”, aseveró y pidió “medir el impacto para que no salga el tiro por la culata”.

En una extensa intervención, la diputada Graciela Camaño consideró: “Estamos ante el debate más trascendental, esto es más importante que el Presupuesto Nacional, que es coyuntural, mientras esto es estratégico”. Al mostrar mapas del país, subrayó que “Argentina tiene el 72% del territorio desertificado; nosotros somos un país árido y semi-árido” y esto “afecta alrededor del 30% de la población”. “El 87% del Parque Chaqueño está desforestado”, sumó.

“Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres”, expresó la bonaerense, que habló entonces de la paradoja de que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización, hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta frente al colapso del cambio climático”. “Si todos podemos pararnos en ese lugar, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la inteligencia de legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible”, abogó.

Más adelante, la legisladora insistió: “El punto desde el cual debemos pensar la ley de humedales es el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar. Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica”. “Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable”, indicó.

Luego fue el turno del pampeano Hernán Pérez Araujo, quien reveló que el proyecto lo presentó al ver que su provincia, La Pampa, “viene padeciendo la lamentable extinción de sus humedales en el oeste”; además de que “la militancia social que ha sido fundamental para que arribemos a esta etapa”. En cuanto al tratamiento de la ley, recomendó que “todos” tiendan a “bajar la autorreferencia” y “ceder” en posiciones para sacar un texto consensuado.

“Esta no es una ley antiproductiva, que vaya contra los sectores económicos. Todo lo contrario. Tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente”, manifestó el oficialista, que pidió “salir de la dicotomía”.

Protagonista del pedido de emplazamiento a las comisiones, el socialista Enrique Estévez confesó su “alegría” de “estar debatiendo responsablemente un tema que se viene tratando en este Congreso desde hace por lo menos una década”. Sin embargo, manifestó que “lo negativo de estos últimos días es que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión”.

En la misma línea que Camaño, su compañera de interbloque, el santafesino argumentó que “no podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro”, sino desde “una mirada de dónde estamos parados”. “Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales”, comparó y enfatizó que “cada vez va a haber más” incendios, inundaciones y sequías. Por eso, llamó a “establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar” porque “lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos”.

Finalmente, Grosso retomó la palabra, al hablar del proyecto de cual es autor y que fue dictaminado el año pasado. El presidente de Recursos Naturales convocó también a mirar “el contexto global, de crisis ecológica, de límite al que estamos llegando como sistema mundo”. Respecto de los incendios en el Delta del Paraná, informó que “en lo que va del año se registraron al menos 16.500 focos de calor en las zonas del Delta, que incendiaron algo así como 300.000 hectáreas, convirtiendo al 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde comenzaron los registros en 2010”.

Sobre la iniciativa, aseguró que se trató de “un proceso de lucha, organización de muchísima gente, de aportes de la comunidad científica” y legisladores de distintos bloques; además cuenta con “el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas”. “No viene a prohibir nada, viene a establecer estándares de nuestra propia actividad”, garantizó.

Incluso destacó que “retoma la definición de humedales que se consensuó en el año 2017 en un taller impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en la Secretaría de Ambiente de ese momento. No es una definición que escribí yo; y que por supuesto supera a la definición de Ramsar que es del ’71”.

En el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria de la Cámara de Diputados, dirigentes de distintas entidades agropecuarias asistieron a una reunión informativa sobre el proyecto de ley de fomento al desarrollo agrobioindustrial.

La iniciativa, que fue destacada por el ministro Julián Domínguez en su visita a la Cámara baja el 22 de junio pasado, fue enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo promover las inversiones de modo de incrementar la producción y las exportaciones del sector.

En primer lugar, José Martins, presidente de la Bolsa Cereales y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, aseguró a las 61 entidades que nuclea el CAA “lo único que nos une es ser capaces de contribuir a nuestra Nación generando propuestas de política de Estado”. El sector agropecuario “es un sector económico que, si bien hoy está posicionado para ser gran parte de la solución, tiene en sí mismo la oportunidad de duplicarse y crecer mucho más”, resaltó, por eso aspiró a “ser partícipes de la solución y no corresponsables del problema”.

El expositor explicó que “este proyecto lo que implica es la industrialización, ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones”, porque “somos muy eficientes en exportar productos primarios”, pero también “la industrialización debe darse en el interior, y eso generando empleo”.

Luego, Alfredo Paseyro, gerente general de Asociación Semilleros Argentinos (ASA), enumeró que se busca promover “la inversión, el empleo, la producción, la competitividad, el aprovechamiento integral de la biomasa”, entre otros puntos. En su intervención propuso que la ley tenga una vigencia de 10 años, con posibilidad de extenderla por ese mismo plazo -y no de 5, prorrogable por 5-, con el fin de “tener una mirada realmente integral”.

Sobre el sistema de “ventanilla digital” que prevé, indicó que se busca “no cargar con burocracia al que acceda a estos beneficios”, beneficios para los cuales pidió “estabilidad” considerando que “hay actividades como la forestal, semillera, hortícola que llevan más que tres o cuatro años en poner en valor sus producciones”.

En otro tramo, Paseyro propuso que la amortización acelerada, “en el contexto que estamos, sea directamente en el primer año”. “En el contexto inflacionario, lo que significa hoy para un PyME acelerar esa amortización, creemos que sería una mejora”, sumó.

A su turno, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), destacó tres artículos del proyecto, entre ellos el que se refiere a la “valuación de la hacienda” para “reducir el problema que genera la ganancia por tenencia, tanto por aumento de peso como por efecto inflacionario”.

Lo que se busca es evitar que “en la invernada el productor se descapitalice por pagar Ganancias previo a la venta de la hacienda”, apuntó. También valoró los artículos que “vienen a solucionar parcialmente el desincentivo” que presentan los sectores de “pollos y cerdos, que requieren alta inversión por unidad productiva”.

Por su parte, Miguel Cané, presidente de ArgenTrigo, recordó que “tenemos pendiente una Ley de Semillas” para “incentivar y atenuar” la problemática del sector por la cuestión de regalías y propiedad intelectual. “En el cultivo de trigo dependemos enormemente de lo que es la fertilización”, señaló, por lo cual ponderó que los “incentivos” contemplados en la iniciativa “ayudan mucho”.

El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, opinó que “Argentina sale con este tipo de acuerdos, con esta forma de vincularnos”. “Muchos productores ven en este proyecto un foco de esperanza en un país que todos sabemos las situaciones que vivimos”. En esta propuesta “hay aliento a la producción, al empleo, promoción al federalismo”, al tiempo que “alienta el asociativismo en los servicios”, expresó. En la misma línea, consideró al proyecto como “una plataforma de lanzamiento para establecer las famosas políticas de Estado para que haya en el país reglas previsibles”.

Otra voz desde CONINAGRO fue la de Elbio Laucirica, quien abogó por que el proyecto “nos brinde las certezas, las previsibilidades, la confianza y el marco legal necesario para llevar adelante nuestras producciones”. “Necesitamos de estos acuerdos, de estos consensos y celebramos que nuestros representantes en el Congreso lo estén tomando en cuenta”, añadió.

Por Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, advirtió que “Argentina lo que necesita es empezar a pensar y decidir en políticas que tengan efectos a todos los niveles de la cadena, y no solo en eslabones”. “Los productores primarios necesitamos la atención en forma urgente de una reducción de carga impositiva, y que eso se dé con la eliminación de derechos de exportación es sumamente necesario”, reclamó, y dijo que en la iniciativa “no lo hemos visto plasmado”. “No quiero que se tome como crítica, ni como una defensa del sector primario, pero lo que estamos solicitando es un acto de igualdad”, agregó.

Avanzada la reunión, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, subrayó que “el 70% de las exportaciones de este país vienen del sector agropecuario”, por lo cual es “importante cuidar al sector por la generación de divisas que trae”. “El uso de la tecnología es cada vez más crítico para el agro”, manifestó y afirmó que “no solo para que podamos exportar más, sino para que el planeta no siga sufriendo, para que podamos producir más sin dañar al medioambiente”.

En esa línea, observó que “el sector contribuye fiscalmente muchísimo” a través de las retenciones que, “en algunos casos son más de un tercio” y eso “compromete la rentabilidad del productor”; con lo cual “cualquier incentivo que lleve al productor a que en la compra de tecnología pueda tener algún tipo de recupero en otros impuestos” es “realmente muy importante”.

También presente en la reunión, expuso Matías Lestani, secretario de Agricultura, quien reveló que la elaboración del proyecto “llevó un montón de tiempo, revisión de artículos de leyes específicas y hasta los cálculos de impacto”. “Para el Ministerio es una condición trabajar en el desarrollo del fomento de las exportaciones y dar bases sólidas, este es un ejemplo de una política de Estado”, sostuvo.

Y reforzó que “justamente el sector más pujante de la economía argentina no tiene una política de Estado clara en este sentido, y esta ley es el primer peldaño”. “No cabe ninguna duda y no puede estar en objeción que este es un primer escalón importantísimo”, insistió. Asimismo, aclaró que “los consensos con cada área ya se hicieron y esta es la ventaja grande de este proyecto” que contó con “consensos entre el sector privado y público” y “un camino de construcción conjunta”.

El reclamo de la Sociedad Rural por las retenciones

Entre los oradores, asistió al plenario el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien aclaró que la entidad “no participó en ninguna de las instancias” del armado del proyecto, que consideró “busca impulsar las inversiones abordando temas aislados”, ya que “no contempla las verdaderas reformas estructurales que están generando las verdaderas causas de la baja inversión que tiene la Argentina, y que hacen que la economía no crezca desde el año 2012”.

Entre esas causas, mencionó “la alta carga tributaria y los derechos de exportación”. Sobre estos últimos, remarcó que “hoy no son legales, por eso la SRA inició un juicio en Córdoba”. “Pedimos al Congreso que tome este tema para evitar mayores daños y pérdida de institucionalidad”, reclamó.

Pino enumeró que se necesita “contar con una moneda estable; con una política cambiaria con un tipo de cambio unificado; disponer de un sistema financiero profundo; eliminar las intervenciones que alteran el normal funcionamiento de los mercados con cupos, con fideicomisos que afectan los precios que recibe el productor; eliminar las transferencias entre distintos eslabones de la cadena; contar con los insumos estratégicos, como el gasoil y los fertilizantes, dos insumos claves que hemos visto que en estos últimos días han faltado”.

En consonancia con la cuestión de las retenciones, le tocó luego hablar al jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien expresó: “Los derechos de exportación son para nosotros un elemento que debería estar integrando y que integraba el documento, o los primeros papers que formaron parte de este trabajo que rescato”.

“Hay que incorporar (las retenciones) en esta discusión para que el parche deje de ser un poco menos parche”, afirmó y enfatizó que “hay que sacarle la pata de encima al productor, hay que dejarlo que produzca”. “No puedo ser muy optimista de que vayamos a doblar la producción, de que vayamos a obtener los números que están allí (por el proyecto) planteados, si no incorporamos algún capítulo en la ley sobre cuestiones como los derechos de exportación”, reforzó.

Convocado por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, que preside Ricardo Buryaile, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se presentó este miércoles para explicar la situación del sector del país.

Desde la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados, el expresidente de la Cámara baja entre 2011 y 2015, habló de una nueva ley de semillas la cual destacó que “es un estímulo para la inversión en el sector que aún tiene un camino para recorrer y es algo importante para la Nación”, pero la mayor parte de su ponencia se enfocó en la ley agrobioindustrial, destinada a estimular la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor a las economías regionales, uno de los temas clave que figura al tope de la agenda oficialista para los próximos meses.

Al inicio de la reunión el presidente de la comisión expresó: “Acá pretendemos que se dialogue. Hoy tenemos una responsabilidad todos los estamos en la política en un momento que vive la argentina, de dialogar, de encontrara soluciones. Pensamos distinto porque eso enriquece y eso es mejor para la sociedad”.

En su alocución Domínguez agradeció la invitación a la comisión y recordó que cuando fue ministro en el 2010 “se trabajó en lo que fue el PEA – Plan Estratégico- donde se trabajaron en metas por cadena de valor”. En tanto reconoció que la sorpresa más grata es cuando se enteró que se institucionalizaban la materialización de las diferentes cadenas productivas. Es un hecho absolutamente novedoso en la vida empresarial y productiva del país”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta de “principal interés” en esta etapa de la gestión es la propuesta del Consejo agroindustrial y resaltó que “la trabajó el sector privado. La constituyeron las diferentes organizaciones empresariales, se debatió mucho en la órbita del Ministerio de Economía. Cuando asumí estaba convencido que era el mejor instrumento para la acción, para subir un proceso de promoción y de nuevas inversiones, de industrialización de la ruralidad argentina, de generación de empleo y venía a dar respuesta a uno de los principales problemas que reclama el productor argentino que son reglas de previsibilidad”.

“Tenemos el convencimiento de que el mejor mensaje que hoy pueden recibir los productores, la Argentina y la industria del sector es que se van construyendo consensos básicos y promociones a quienes decidan invertir en el país”, señaló el titular de la cartera de Agricultura y sumó: “La mejor noticia que puede tener el país es que el sector privado en acuerdo con el sector público pone a consideración una propuesta para ser discutida y debatida”.

En tanto, explicó que dicha propuesta “viene en un contexto que no imaginábamos. Fin del año pasado la Argentina vivía un contexto internacional que se modificó más allá de lo que los economistas del sector podían plantear porque nadie imaginaba que la guerra iba a traer las consecuencias que trajo como el costo de los fertilizantes fue la primer señal que recibimos donde el escenario iba a cambiar y eso ameritó reuniones con los ministros de los países limítrofes donde consecuencia de ese aumento América Latina estimaban que 80 millones de habitantes iban a  bajar por la línea de la pobreza. Esa señal nos advertía los problemas que iban a haber sumado a una demanda creciente de lo que Argentina produce”.

“Estamos en un escenario de que lo que Argentina produce, el mundo lo reclama. Es una construcción colectiva que viene a dar respuesta y a generar mejores condiciones para las nuevas inversiones en el país”, resaltó Domínguez y ponderó que “hay mucha distorsión con este proyecto porque contempla todas las economías, todas las regiones del país. No es un proyecto pensado para un sector o región particular, sino que busca estimular nuevas inversiones y alentarla en todo el país. Es importante porque es la ley de todo el país, fue conversado con más de 12 gobernadores. Recoge un sentimiento o deseo de generar condiciones para que Argentina pueda avanzar en un proceso de inversión y de industrialización”.

En tanto, contó que cuando presentaron el proyecto la denominaron “Ley agrobioindustrial,” porque “vivíamos un proceso, hasta fines del año pasado, donde los países centrales tenían condiciones sanitarias extremadamente rígidas que terminaban actuando como barrera arancelaria para nuestra producción”. También relató que defendieron la producción ganadera sobre la cual había una “embestida sobre la producción”, lo cual llevó al país a un ejercicio de certificación de buenas prácticas agrícola y de certificación de manera que se garantizara la trazabilidad de lo que el país producía.

También destacó que su predecesor impulsó a las economías regionales bajando “a tasa 0 los derechos de exportación” es decir “hubo una clara decisión de generar mejores condiciones de competitividad”.

“La ganadería es un punto común de todos los productores de Argentina. Nos aprecia que llevar una estrategia en las políticas ganaderas que permitieron más y mejor carne, el objetivo es más ternero por madre, más carne por animal, para lograr recomponer la pérdida de 900 mil vientres”, enumeró y recordó los trágicos incendios de Corrientes que “nos descalzó en el plan ganadero. Haberlo sufrido a dicho incendio fue una catástrofe imposible de imaginar. La angustia e incertidumbre de los productores, pero logramos la interacción del gobierno provincial y nacional de las entidades para reponerse rápidamente y las consecuencias en el impacto a la economía fueron mucho mejor al que pensábamos”, explayó Domínguez.

En ese sentido, afirmó: “Mi visión sobre el sector ganadero es la mejor porque asumieron y absorbieron un cambio de ciclo y desplazamiento de la ganadería que fue exitoso”, y señaló que “si hay algo que tenemos que defender si queremos seguir produciendo, exportando, si queremos dar respuesta a la demanda global de alimento, es el primer paso que es el productor argentino porque cada vez que los productores tuvieron problemas la producción está comprometida”.

En suma, ponderó el proyecto de industrialización del Consejo Agroindustrial porque “es un compromiso con el futuro y un mensaje fuerte para los países de la región. Construirá la mejor señal de previsibilidad a nuestros socios del Mercosur”.

“Es una ley que promueve el incremento de la inversión y el incremento del empleo. Genera condiciones altamente favorables para la inversión y el empleo. Las metas que se plantearon poder exportar 100 mil millones de dólares y generar 290 mil puestos de empleo. El horizonte es altamente importante. Pretende impulsar el aumento de la producción y la competitividad de las diferentes cadenas por lo que está pensado de una manera sensata en un momento donde el mundo espera de los países que producen proteínas. Actuará como un disparador de rendimiento y de industrialización”, describió.

Y sumó: “Genera un aprovechamiento de la biomasa y eso lleva a un impulso de la transformación de valor agregado. Promueve la producción de alimentos procesados, servicios para el agro”.

“Argentina ha hecho una fenomenal transformación en las últimas dos décadas, fue una verdadera revolución en la producción extensiva. Estamos en el límite de las capacidades de crecimiento de la producción agrícola del país. Tiene un horizonte de ampliación de la zona cultivable”, destacó el ministro de Agricultura.

A su vez, destacó que los dos ejes centrales para el desarrollo de la agroindustria del país son el INTA porque “es un espacio de cooperación” y el SENASA porque “Argentina puede garantizar lo que exporta”. Por otro lado, destacó las capacitaciones en las universidades porque son “generaciones aptas para el desarrollo del sector con grandes conocimientos”.

Por último, se refirió al cambio climático que “vino para quedarse y la respuesta viene por la biotecnología y la empresa del conocimiento. Por eso el plazo de la ley de cinco años es aceptable porque construye la previsibilidad que los empresarios y agricultores demandan”.

En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, a manos del oficialista Carlos Heller, se retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y que cuenta con media sanción del Senado, con voces a favor y en contra la iniciativa pasó a la firma.

Al comienzo de la reunión, en defensa del proyecto la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) sostuvo que “es un tema muy importante para muchas familias argentinas porque están esperando este marco legal que les va a permitir acceder al tratamiento con cannabis”.

En ese sentido, recordó que en el 2017 se sancionó la Ley 27.350 que fue un “gran paso y un avance en materia de cannabis, pero se limitó a declarar de interés la investigación y estableció algunas cuestiones que permitieron que haya ciertos desarrollos en todo el país, aunque fueron cultivos experimentales y la ley no permitió el cultivo para comercializar, producir y exportar que es lo que viene a hacer este marco legal”.

“La Ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se pueda producir productos de cannabis medicinal”, sostuvo la entrerriana.

Además, destacó: “El cannabis medicinal está considerado un estupefaciente y por eso se necesita una autorización para cultivar, para producir, para exportar. Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se puede producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud”, y subrayó que “hoy la única manera de acceder es con el autocultivo lo cual no es suficiente porque falta el marco legal”.

“El tema del cannabis se trata de un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para el país, permite generar empleo de calidad y por supuesto se prevé que el escenario hacia el 2025 la creación de 10 mil puestos de empleos nuevos, 500 millones dólares de ventas al año. Permite un desarrollo productivo que tiene un universo prominente. Viene a complementar la ley anterior, ya que permite el desarrollo productivo. La creación de la agencia es necesario porque hay que pensar la producción del cannabis como una industria que requiere de una estructura como la agencia que pensará toda la política del desarrollo productivo y de salud”, explayó la legisladora del FdT.

“Es importante que haya un registro de semillas de cáñamo y cannabis para no tener que estar importando, la ley 27.350 no fui suficiente porque conseguir el aceite de cannabis no es una posibilidad, las familias lo consiguen con un cultivador solidario porque no hay un marco legal que permita el desarrollo productivo”, puntualizó Gaillard y cerró: “El cannabis es un producto vegetal, pero falta un amor legal para que todo aquel que quiera exportar, desarrollar o producir lo pueda hacer. Que las familias que hacen tratamientos con cannabis puedan acceder a un producto de calidad”.

A su turno, la legisladora Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley prevé un régimen simplificado”, resaltó.

En su uso de la palabra, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) manifestó: “Creemos que es importante crear un marco regulatorio, la industria porque puede ser un potenciador de empleo, es necesario desarrollar el cannabis medicinal”. Sin embargo, señaló que “el presente proyecto tiene aristas a marcar”, y precisó: “Se crean estructuras nuevas del Estado que son innecesarias porque ya hay estructuras que pueden cubrir eso. Hay una delegación legislativa muy amplia a este ente ARICCAME que sería una delegación a la discrecionalidad de las discusiones del Ejecutivo. Es una normativa que debe ser sustancial para marcar una regulación de un tema muy sensible. El Congreso debería establecer los requisitos, procedimiento de la producción, los productores. También se están creando nuevas tasas y es algo que no pregonamos en el interbloque. Además, debería reverse la cámara de origen”.

A su turno, el neuquino Pablo Cervi coincidió en “la necesidad y potencial que tiene el cannabis porque es usado para uso medicinal tanto en humanos como veterinarios, eso no se discute”. Pero, también apuntó sobre las tasas que se crean, la Cámara de origen, la delegación de facultades del nuevo ente y el “centralismo de la ubicación de la agencia en CABA”, por lo que sugirió que puede ser “más federal”.

A continuación, el radical Jorge Rizzotti (Jujuy) lamentó que el tema haya sido puesto en la agenda de extraordinarias, pero que nunca se trató. En tanto, sostuvo que es “una ley que no es la ideal”, y ejemplificó con la situación actual de su provincia que “es la que más ha avanzado en el cultivo” y enumeró los beneficios que traería la sanción de la ley en cuanto a empleo e ingresos.

Sin pertenecer a la comisión, el rionegrino Luis Di Giacomo adelantó el voto negativo del bloque y criticó que en el Senado solo hubo dos sesiones informativas donde “el 95% de los expositores eran autocultivadores y muy pocos advirtieron de la situación que pasa el país y América de lo que significa la legalización de la marihuana”.

“Este proyecto tiene una visión sesgada a la aprobación este tipo de uso recreativo o narcótico de la marihuana. Es totalmente fuera de lugar que se ponga en la misma ley el cáñamo con el cannabis. El cáñamo es una variedad del cannabis, la marihuana, porque así se llama en un discurso donde tratan de tapar la peligrosidad ahora la llamamos cannabis, es otra variedad. Coincidimos en todos los aspectos del cáñamo, lamento el proyecto del Ejecutivo porque aborda dos temas que quedan al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrollan un camino hacia la legalización y uso recreativo de la marihuana quitando la peligrosidad que tiene”, criticó el rionegrino y pidió “debatir en profundidad el tema”.

De la verdad oficialista, el misionero Héctor Bárbaro celebró el proyecto de ley porque “hay muchas familias esperando el tratamiento del cannabis medicinal”. En segundo lugar, también remarcó la creación de puestos de trabajo y la reglamentación que la iniciativa propone.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

En la seguidilla de constitución de comisiones en la Cámara de Diputados, se conformó este jueves una clave: la de Agricultura y Ganadería, que a partir de este año estará en manos de la oposición.

Durante el encuentro fue ungido presidente el radical Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria durante el gobierno anterior. “Venimos a trabajar para mejorar la situación de la Argentina. Como presidente no vengo cavar trincheras, vengo a que trabajemos para que le vaya mejor a la Argentina”, aseguró al tomar la palabra.

El formoseño reconoció que “en muchas cosas seguramente estaremos de acuerdo, en otras no, pero trataremos de llevarlo de la mejor manera posible”. Además, resaltó que “hace mucho tiempo”, precisamente unos “10 o 12 años” que “no llega al recinto un proyecto trascendente de agricultura desde esta comisión”. “Es un deber que nos debemos”, agregó.

“La idea de la comisión es trabajar puertas abiertas”, afirmó el legislador de Juntos por el Cambio, que prometió “trabajar con el Frente de Todos” porque “no venimos a confrontar”.

En cuanto a la realidad del sector, enumeró que “hay problemas impositivos, crediticios, estructurales, hay problemas de regulación de tecnología, de aplicaciones, de buenas prácticas agrícolas, de organismos”.

“Es necesario mejorar la situación del sector, es necesario acordar una política que se proyecte en el tiempo para el sector agropecuario, no soluciones coyunturales”, completó.

Por su parte, el oficialista Carlos Ponce, designado como vicepresidente, sostuvo: “Estamos en una tarea realmente difícil, que requiere un fuerte compromiso por parte de todos”. En esa línea, convocó a trabajar “pensando no en una cuestión ideológica, sino que trabajemos pensando en una sola bandera, que es la argentina”.

El puntano abogó por trabajar “juntos” lejos de “cualquier show de peleas mediáticas y absurdas”. “Que esto no sea un rin”, pidió, sino por el contrario “que estén por sobre todas las cosas las propuestas, las ideas, que las podamos discutir con mucho criterio y le podamos llevar soluciones al Poder Ejecutivo”.

A su turno, el macrista Pablo Torello, que asumió como vicepresidente segundo, también llamó a “trabajar juntos, con buena voluntad” porque “le debemos a la Argentina y a un sector que es un gran aportante de recursos, y un gran pilar, un conjunto de leyes”. “Le pedimos mucho a ese sector y creo que les tenemos que dar las herramientas”, sumó.

Durante la elección de autoridades, fueron designados secretarios Nelly Daldovo (FdT), Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal). En tanto, quedó pendiente una secretaría para el oficialismo; y también la designación de otro vocal de la comisión, que deberá tener 35 y no 34 miembros.

Por el oficialismo forman parte 17 legisladores: Juan Carlos Alderete, Eugenia Alianiello, Héctor Bárbaro, Fabián Borda, Lisandro Bormioli, María Luisa Chomiak, Marcos Cleri, Nelly Daldovo, Pedro Dantas, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Nilda Moyano, Liliana Paponet, Eber Pérez Plaza, Carlos Ponce, Carlos Selva y Lucio Yapor.

Desde Juntos por el Cambio, los 16 integrantes son Victoria Borrego, Sofía Brambilla, Gabriela Brouwer de Koning, Ricardo Buryaile, Pablo Cervi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Martín Maquieyra, José Núñez, Claudio Poggi, Juan Carlos Polini, Marilú Quiroz, Roberto Sánchez, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello y Jorge Vara.

La nómina se completa con el cordobés Carlos Gutiérrez, del interbloque Federal.

En el encuentro se votó, por protocolo, que las reuniones de la comisión serán los martes a las 17.30, pero tanto el día como horario quedaron sujetos a ser revisados una vez que se conformen todas las comisiones.

En otro orden, Buryaile adelantó que junto a las autoridades recopilarán todos los proyectos que tienen como cabecera la comisión para armar la agenda a tratar en las próximas semanas.

En la última reunión de este martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, cuya presidencia está a cargo de José Ruiz Aragón, se reunió de forma presencial por la tarde y aprobó los dictámenes sobre modificaciones a la Ley 27.118  de Agricultura Familiar sobre prohibición de desalojos a comunidades campesinas; la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF) y la iniciativa que crea un Programa nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales (PRONAFER). Más temprano, tuvo tratamiento el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio al desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

El primer orador fue Lucas Godoy (FdT – Salta), quien remarcó que “la agricultura familiar es el camino apto para proporcionar alimentos suficientes, para lidiar con el cambio climático, generación de mano de obra. Los alimentos en Argentina mas del 60% se produce por las familias agricultoras. Se están produciendo desalojos, es fundamental prorrogar. Hay que pensar en el fondo del asunto y en una solución para garantizar el acceso a las tierras a los campesinos, para fortalecer el arraigo rural y que no terminen expulsados, preservación y fomento de las tecnologías el acceso al agua. Tenemos que resolver el problema”.

“La mayoría no tiene acceso a un fondo de créditos. Este proyecto de la creación de un fondo se pudo dictaminar. El eje central es ese para garantizar el acceso a la tierra y lo facilite. El crédito también es para comprar tierras privadas, utilizar tierras en desuso para que los campesinos lo puedan trabajar”, remarcó Godoy.

En tanto, el diputado Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) agregó que “este proyecto sintetiza varias iniciativas que se venían construyendo con organizaciones en torno a la economía popular y campesinos y trabajadores de la tierra. Viene a dar respuesta a una demanda histórica de la agricultura familiar y van a tener más posibilidades de desarrollo, con la creación del fondo fiduciario se va a facilitar el acceso a las tierras tras el otorgamiento de créditos para la adquisición de bienes rurales y la construcción de viviendas”, y cerró que “también se busca proteger los sectores peri urbanos y productivos que son fundamentales y reducir un impacto ambiental”.

Por otro lado, Héctor Bárbaro (FdT – Misiones) recordó los desalojos en su provincia en donde habían presentado un proyecto y contó: “Me puse del lado de 12 familias que fueron desalojados como animales y los tiraron con sus pocas pertenencias sin una orden judicial”, y agregó: “El tiempo me dio la razón, el juez que había ordenado ese desalojo fue el que le sacó el arma a unos policías que habían secuestrado camiones ilegales. Después de una lucha esas familias les conseguimos 10 hectáreas a cada uno para poder trabajo”.

“Las prórrogas no sirven, queremos que vuelvan a asesores y darle una solución porque esta propuesta no nos va a llevar a ningún lado”, solicitó Pablo Torello (Pro – Buenos Aires) y subrayó que “pequeños productores hay en todos lados y ustedes están invisibilizando”. “Ustedes hablan de pequeños productos periurbanos, pero al productor profundo no lo ven y no se dan cuenta de lo que están haciendo”.

Alfredo Schiavoni (Pro – Misiones) destacó y reconoció el trabajo de Bárbaro con los que “menos tienen en mi provincia”, pero le cuestionó que “por tantos años haya sido aquiescente con el gobierno provincial que ha generado esa situación de marginalidad y pobreza y situó a los agricultores familiares en esa situación”.

Por último, Jorge Vara (UCR – Corrientes) recomendó que “hay que apoyar a los productores con financiamientos competitivos. Hay que aplicar la ley Pierri y nosotros la aplicamos”.

Tras una intensa jornada, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Cámara de Diputados, presidida por José Ruiz Aragón (FdT), se reunió este martes por la tarde en un encuentro en el que emitió dictamen al proyecto de ley para crear un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

En su exposición, el funcionario explicó: “Es un proyecto que se trabajó más de un año en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo que pensamos y discutimos en los sectores del futuro que puedan ampliar la matriz productiva argentina, con un carácter general, para generar empleo, incorporar un conocimiento de ciencia y tecnología”.

“Nos encontramos con una riqueza de debate importante. Luego de un recorrido largo llegamos a un texto que entendemos que satisface buena parte de las necesidades de este sector. Le puede dar mucho potencial a la Argentina”, destacó Kulfas y estableció cuatro preguntas que responde el proyecto: “¿Por qué el cannabis para uso medicinal e industrial puede ser una actividad económica de alto crecimiento y porque Argentina tiene condiciones para ser productor importante en esta industria?, ¿Por qué es necesario tener una ley para regularlo y que beneficios esperamos de ese marco regulatorio?”.

En esa línea, respondió: “La primera pregunta es mostrarles que ya hay más de 50 países que han avanzado en algún tipo de legislación y utilización del cannabis sobre el uso industrial y medicinal. Estamos hablando de una actividad que aumenta exponencialmente, a principios del siglo se producía menos de una tonelada y hoy estamos cerca de 500 millones de toneladas y se incrementa año a año”.

“Se proyecta una producción global de 4 mil millones de dólares para el año 2024. Vemos algunos líderes como Israel, Canadá y Estados Unidos, y a nivel regional Uruguay y Colombia. Es una oportunidad para que Argentina se desarrolle en esta actividad que es intensiva en empleos y conocimientos. El 20% de los empleos de esta cadena productiva está destinado a investigación y desarrollo, calidad. Generar también una gran cantidad de eslabonamiento de alto valor agregado considerando toda la cadena”, precisó el titular del Ministerio de Desarrollo.

Y agregó: “¿Por qué Argentina tiene condiciones? Porque tiene un liderazgo mundial en materia de producción agropecuaria, tienen una red de investigación científica en torno al cannabis, una industria productiva, un adecuado entramado de laboratorios, mucha experiencia en organizaciones, numerosas iniciativas en 22 provincias y 80 municipios”.

“Pero necesitamos un marco regulatorio. Se ha desarrollado un denso entramado científico tecnológico en torno al cannabis”, señaló el funcionario y recordó: “Tenemos una legislación, la Ley 27.350 que surgió de este Congreso que permitió un avance en la producción de cannabis medicinal, pero en muy baja escala por estar limitado exclusivamente a fines experimentales y no productivos”.

En este contexto, detalló que se “apunta a la legalización de la producción y desarrollo de la cadena productiva del cannabis y el cáñamo con una visión productiva, sujeto a ciertas regulaciones, basado en recomendaciones internacionales y en estudios realizados sobre los países pioneros a nivel global y regional”. “Las regulaciones establecidas apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal”, destacó y añadió: “Una adecuada trazabilidad permite que Argentina se posicione con una marca país asociada a la máxima calidad de producto, valorizando sus exportaciones”.

Entre los objetivos productivos, precisó: “Desarrollar integralmente la cadena del cannabis de uso medicinal y fisioterapéutico mediante la creación del marco regulatorio para que puedan realizarse inversiones públicas y privadas en todos los eslabones productivos. Regularizar los proyectos existentes y complementar la legislación actual”.

En cuanto al cáñamo industrial señaló: “es una variedad especifica con bajo THC, hay estudios que muestran que pueden ser un insumo para varios sectores productivos como fibras, textiles ropa, calzado, cosmético, material de construcción, papel, autopartes. Es una panta que genera efectos ambientales positivos en el suelo”.

Por su parte, Ana Carolina Gaillard (FdT -Entre Ríos) afirmó: “Si no hay una licencia en el país en nuestro país no hay desarrollo privado. Hay mas de 14 proyectos aprobados, pero son de investigación. Entonces nos encontramos con una ley limitada en el acceso para la salud porque no garantizaba la producción. Le faltaba una parte y este marco legal le viene a agregar el desarrollo productivo al permitir que esta agencia de autorización para cultivar, comercializar productos s de cannabis y de cáñamo.

“Es central que esto avanzada porque lo que ocurre es que las familias tienen que importar de países donde esta legalizado o a cultivadores solidarios y acceder de forma ilegal. Esto provoca que las familias no acceden a un producto seguro y de calidad, se busca que haya una industria que haga estos productos, trabajar sobre el precio justo y que no haya una o dos empresas grandes”, finalizó la diputada.

En tanto, Mara Brawer (FdT -CABA) explicó: “Tienen a la vista una ley del cáñamo industrial. El cáñamo es una variedad que produce bajos porcentajes del THC. Se puede utilizar toda la planta y se pueden producir diferentes derivados”. “Tiene combinación de omega 6 y 9, son ricas en proteínas, se pueden utilizar para reemplazar la fibra de vidrio. Tiene una enorme calidad productiva”, indicó.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productores agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Fedral para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

A partir de las opiniones de invitados en los plenarios de la Cámara alta, se incorporó un capítulo denominado “Promoción de la Investigación, Emprendimientos y PyMEs”, donde se estima que la ARICCAME “articulará programas de investigación con las Universidades Públicas, y los organismos de Ciencia y Técnica de la Nación y de las provincias, orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo”.

Además, la ARICCAME “articulará con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores programas de financiamiento y apoyo emprendedor orientados a facilitar y promover, en el ámbito de su competencia, el desarrollo de emprendimientos y PyMEs vinculadas a las actividades reguladas en la ley”.