Senado: pasó a la firma el proyecto de ley para la creación de un Parque Nacional en Río Negro

Juntos por el Cambio respaldó la iniciativa que presentó el Frente de Todos porque es “una zona amenazada”, por lo que se busca “la protección del lugar”.

En una breve reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que se llevó a cabo este martes a través de una videoconferencia, se trató el proyecto de ley que busca la creación del Parque y Reserva Nacional Islote Lobos en Río Negro, que lleva las firmas de Silvina García Larraburu, Martín Doñate (FdT) y Alberto Weretilneck (JSRN) -representantes de la provincia-, el cual fue respaldado por la presidenta de la Comisión de Ambiente Gladys González (Pro), quien tenía una iniciativa en el mismo sentido.

La primera oradora fue García Larraburu, quien agradeció “la voluntad política” para tratar el proyecto de ley porque “es una demanda del pueblo rionegrino” que permitirá constituir “el segundo Parque Nacional” en la provincia y también el país tendrá “el primer Parque Marino-Costero”.

“El área fue designada en 1977 como Reserva Provincial y en 2018 se fijaron los límites provisorios”, detalló la rionegrina y agregó que el “objeto es brindar una protección adecuada a una colonia de lobos marinos de un pelo, a los sitios de aves ubicadas en los Islotes de Pájaros y así como el humedal de manera integral”.

Además, puntualizó que “el área protegida se despega sobre el Golfo San Matías el que con sus 18.000 kilómetros cuadrados alberga 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y 94 especies de aves terrestres”.

A su vez, la legisladora del FdT precisó que el área comprende “sitios arqueológicos de gran importancia para la conservación del patrimonio cultural y atestiguan la vinculación de los pobladores con el mar”, y subrayó que “la creación de este Parque Nacional significará un impulso para el sector costero y la posibilidad de una oferta variada turística”.

En consecuencia, González expresó su acompañamiento, pese a sus reparos sobre la extensión del protocolo de funcionamiento remoto, y abonó con imágenes para reflejar lo que se está protegiendo, ante lo que explicó: “La biodiversidad, los ensambles de aves marinas y costeras, los apostaderos de los lobos marinos, la colonia de pingüinos, los humedales y los servicios ecosistémicos”.

También, aseguró que es una zona “amenazada por los residuos pesqueros y urbanos” que no es “cuidada ni tiene la inversión necesaria para que las visitas sean de forma ordenada para que no destruya el ecosistema”, y concluyó que “con la creación de este Parque Nacional estamos protegiendo este ecosistema”.

En este sentido, pidió brevemente la palabra el senador José Mayans (FdT), quien opinó que “la idea es tener despacho para llevarlo al recinto para mostrar la importancia de este lugar” y felicitó a los que “presentaron este proyecto”.

El presidente del plenario Carlos Caserío (FdT) sumó: “Me parece importante el proyecto para defender estos espacios y las riquezas naturales, la fauna y el ambiente harán construir una Argentina más fuerte”.

Con la participación de especialistas, el Senado arrancó el debate sobre delitos ambientales

Durante un plenario de comisiones, cuatro expertos dieron su visión sobre distintos proyectos que buscan incorporar sanciones de este tipo al Código Penal.

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Con la participación de especialistas, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado arrancó con el debate sobre la incorporación de delitos ambientales al Código Penal, un tema que cobró especial relevancia a partir de los trágicos incendios que azotaron en los últimos meses a distintos puntos del país.

A la vista se pusieron en consideración proyectos de los senadores Gladys González, Alfredo Luenzo, Lucila Crexell y Antonio Rodas, sobre los cuales se buscará alcanzar un texto consensuado.

La reunión informativa comenzó con la exposición del doctor José Alberto Esain, magíster en Derecho Ambiental y consultor en organismos internacionales, nacionales y provinciales. “La regulación ambiental existe en todo el mundo”, sostuvo el experto, y lamentó que no es así en Argentina, donde el ambiente no recibe tipificación penal, “excepto algunos casos como la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.

El especialista propuso que la tipificación de estos delitos tenga tres partes: “Una primera parte en donde se haga referencia a la regulación administrativa”; también lo relativo a “las acciones, las conductas que están alcanzadas”, con la aclaración de que “las conductas que se tipifiquen sean conductas que sean limpias de resultado”, porque sino es difícil probarlas en las causas judiciales; y finalmente que se consideren los resultados como graves cuando el delito “provoca un daño grave al ambiente”, y menos graves cuando la acción “ponga en peligro al ambiente”.

Luego habló Gustavo Aboso, doctor en Derecho Penal y defensor oficial de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad, quien ponderó que “los cuatro proyectos parten de una premisa correcta, que es incorporar una concepción eco-antropocéntrica”.

En comparación con legislaciones de otros países, ejemplificó que en Alemania, Francia y España “se castigan las meras desobediencias administrativas”, por lo cual “una empresa que empieza a funcionar sin la certificación ambiental es castigada con un delito”.

Aboso se manifestó a favor de avanzar “por la vía de una ley especial” para regular la materia ambiental. Sobre ello, explicó que el emparchado Código Penal no contempla la responsabilidad de las personas jurídicas, “salvo para delitos en materia económica”, y es muy importante “tener en cuenta el sujeto contaminador”.

Continuó con las exposiciones el doctor Federico Iuspa, magíster en Derecho Penal y fiscal federal, que al igual que sus preopinantes hizo mención a la falta de tipificación de los delitos contra el ambiente, que apuntó “es un derecho público y a la vez su preservación es deber de todos”.

Además, señaló que los hechos “se deben ver agravados con el resultado muerte, tanto si es una derivación de un obrar doloso o de un obrar imprudente, culposo”. Otro caso en el que sugirió la figura agravada fue en todos los proyectos “calificados por la intervención de funcionarios públicos, tanto en lo que hace a los delitos contra el medio ambiente como aquellos proyectos donde ya se menciona la biodiversidad y también contra el patrimonio paleontológico y arqueológico”.

En el mismo sentido, advirtió que debería tenerse en cuenta “la magnitud del daño ocasionado. Por ejemplo, por citar alguno, si hubiera un efectivo daño a la salud de las personas o si por motivo de los hechos existieran pluralidad de víctimas”.

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Foto: Comunicación Senado

Especialista en derecho ambiental y fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale enfatizó que actualmente “la impunidad ambiental total. En Argentina es mucho más punible penalmente romper la ventanilla de un automóvil, que está muy mal, que quemar millones de hectáreas de un bosque o humedal, lo que no tiene prácticamente ninguna sanción”.

“Permanentemente tenemos injusticias ambientales, zonas de sacrificio, con afectados en la salud y el ambiente, y no hay ningún tipo de consecuencia penal”, insistió. En su intervención, recomendó que la ley debe contemplar que “el delito sea de peligro abstracto”, a la vez de “la sanción expresa a quienes dañen bosques, humedales y glaciares legalmente protegidos” como también el mar argentino.

Viale afirmó que deben tenerse en cuenta “agravantes; sanción a funcionarios públicos; sanciones a los privados que falseen datos en las evaluaciones de impacto ambiental; sanciones a los CEO’s y gerentes de las empresas; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y la competencia federal en casos de efectos interjurisdiccionales”.

La voz de los autores de los proyectos

Autora de uno de los proyectos y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la bonaerense Gladys González (Pro) sostuvo que “es una deuda para la legislación argentina la incorporación de un título (sobre este tema) al Código Penal”. “Estamos hablando de un cambio de paradigma, en el que también coincidimos los cuatro autores y acabo de recibir el proyecto del diputado (Leonardo) Grosso”, destacó.

Tomando como ejemplo lo que sucede con la Ley de Residuos Peligrosos, la senadora le consultó a los especialistas “de qué manera podemos darle herramientas a la Justicia que sean lo suficientemente claras para la aplicación del derecho en estas causas”. En ese sentido, enfatizó su deseo de que una vez sancionada una ley de este tipo “sea eficiente aplicar la sanción”.

También impulsor de una iniciativa, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) observó que “un tema que tenemos que trabajarlo”, a la hora de buscar un texto consensuado, será “ser más precisos para determinar frente a qué hay un peligro abstracto o un peligro concreto”. “Hay matices en los que nos vamos a poner de acuerdo”, confió.

En tanto, la neuquina Lucila Crexell puso el foco sobre el tema de “la ejecutoriedad de las sentencias”, porque “uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos daño ambiental” es al “cumplimiento de las sentencias”. “Es uno de los grandes vacíos que tenemos. Las sentencias no se cumplen y en especial cuando el Estado es el demandado”, advirtió.

Por su parte, el chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos) consideró que deberían crearse “fiscalías que realmente sean específicas” en el tema ambiental, y la implementación del juicio por jurados para resolver estos casos. Además, opinó que la ley debería ser especial -y no una modificación al Código Penal únicamente- “para que este paradigma realmente sea efectivo”, porque los acusados, sean funcionarios o personas jurídicas, “siempre le encuentran el vericueto”.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (Frente de Todos), aseguró “el compromiso que esta semana o la que viene vamos a ir armando una agenda de trabajo” para avanzar con el debate.

Trotta y Cabandié expondrán en el Senado por la ley de Educación Ambiental Integral

Será durante una reunión remota que tres comisiones realizarán este miércoles, desde las 14. La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados.

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Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado comenzará este miércoles, a partir de las 14, con el tratamiento del proyecto de ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país.

El encuentro, que será de carácter remoto, contará con la participación de los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Juan Cabandié (Ambiente). También expondrán Carlos Gentile, exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; y Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el pasado 27 de marzo con 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca establecer la EAI como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales.

En el texto, se define a la EAI como “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.

La propuesta prevé una “Estrategia Nacional” como instrumento de planificación, la cual será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

También se crea la “Coordinación Ejecutiva” de dicha estrategia, con representación de distintos sectores y un Consejo Consultivo de asesores, entre los cuales podrán ser parte legisladores de las comisiones de Ambiente y Educación del Congreso.

Esa Coordinación “se convocará en un plazo no mayor de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley y realizará una revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral que refleje los consensos alcanzados y establezca el marco operativo para su implementación”.

A su vez, se incorpora al artículo 92 de la Ley 26.206 -de Educación Nacional- que formará parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.

Entre otro de los puntos, establece que cada Día Mundial del Ambiente (5 de junio) cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’ en el cual, en diferentes ámbitos de la sociedad, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores, funcionarios y funcionarias de gobierno, atendiendo a la efectiva participación de pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas”.

Con el rechazo de JxC, el FdT avanzó con el proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego

En un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados. La oposición pidió más tiempo para analizar el texto, pero no tuvo éxito.

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Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el Frente de Todos pasó a la firma el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de prohibir cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios.

Pese al pedido de Juntos por el Cambio de dar más tiempo al debate y convocar a distintos sectores para que den su opinión, además de incorporar otra comisión al análisis, el oficialismo se mantuvo firme en su decisión de avanzar de inmediato con la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (FdT), explicó al abrir la reunión los puntos del proyecto y dijo que este año “la Argentina ardió en llamas”, y recientemente en su provincia, Corrientes, hubo “varias localidades tuvieron focos de incendios”, destacándose la situación en la localidad de Virasoro. “Es sumamente necesaria (esta ley) porque tenemos que proteger nuestro medioambiente”, afirmó.

Por Juntos por el Cambio, la macrista Gladys González repasó todos los argumentos en contra de la iniciativa. “Lejos de cumplir con el objetivo de proteger, es contrario al principio de no regresividad. La Ley de Bosques no habla de plazos, sino que protege a perpetuidad, y este proyecto lo que hace es ponerle un plazo. Estaríamos retrocediendo en la protección”, señaló.

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable remarcó además que la iniciativa “avanza sobre facultades provinciales”, porque “prohíbe usos que en realidad son las provincias las que tienen que determinar, en función de una categorización general, así que es claramente inconstitucional”.

También criticó que “no distingue entre los incendios provocados y los accidentales o naturales”, por lo que apuntó que con su aplicación se podría hacer “pagar al dueño de un terreno por un incendio que provocó otro”.


González enfatizó que la iniciativa tiene características de “inconstitucionalidad, desproporcionalidad, injustificación, no protección”.

“Avancemos en la Ley de Humedales, pongámosle presupuesto a Ley de Bosques y a la Ley de Manejo del Fuego, pensemos proyectos juntos de prevención y mayor concientización sobre el tema, incorporemos delitos ambientales al Código Penal, pero no avancemos en esta norma que además de ser inconstitucional no soluciona el tema de fondo“, completó.

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La macrista Gladys González, titular de la Comisión de Ambiente, encabezó el rechazo a la iniciativa. (Foto: Comunicación Senado).

A su turno, el entrerriano Alfredo De Angeli advirtió que “un incendio en un campo muy pocas veces es que sea intencional”. En ese sentido, el macrista ejemplificó que “en un día de mucho calor, como hoy, un vidrio hace prisma y puede prender fuego un campo y sería injusto penalizar al dueño de un campo porque un vidrio prendió fuego”, o “una chispa de un caño de escape con 40 grados” que causa fuego al pasar un camión por un campo.

El legislador reclamó que se le dé giro a la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque “las mejores leyes son las más discutidas”. “Yo creo que esta ley no es buena”, agregó.

En tanto, la radical Silvia Giacoppo reclamó que el proyecto pase por asesores y habló de “la preocupación de muchos productores agropecuarios” al respecto. Por eso, la jujeña resaltó que “por la importancia, el impacto y algunos artículos que tiene, merece ser trabajado” y no dictaminarse sin antes “escuchar a las partes” y “discutir el tema como amerita”.

Almirón defendió entonces que el proyecto no haya pasado por asesores, dado “el trabajo fructífero del Senado”, donde “ya no teníamos tiempo” porque “está colapsado el horario, porque todas las comisiones pidieron trabajar”.

En defensa de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun destacó que la ley tiene como objetivo “defender los derechos medioambientales y colectivos de toda la sociedad”. “Como en toda ley existen tensiones y distintos intereses a proteger. Es lógico que haya que escuchar a los intereses particulares, pero hay derechos colectivos, protegidos expresamente por la Constitución Nacional”, manifestó la oficialista.

En la misma posición que sus pares, el macrista Esteban Bullrich llamó a dar “una discusión más profunda” y “escuchar más voces”, porque “esta norma tiene problemas”. “La velocidad es importante, pero la calidad también, sobre todo cuando hablamos de leyes. No entiendo que estemos sacando una ley de cualquier manera; la podemos corregir, para eso somos cámara revisora”, subrayó el bonaerense.

Durante el debate, el chubutense Mario Pais aseguró que la iniciativa se da “en función de la manda constitucional del artículo 41” y negó que se esté “avanzando sobre las facultades provinciales”. “Esta ley está estableciendo una suerte de restricciones administrativas sobre superficies en el marco de las potestades que tiene la Nación y las provincias”, indicó el oficialista y argumentó que “apunta a dar una respuesta a una situación que ha sido verdaderamente emergencial”.

Finalmente, Almirón comunicó la decisión del Frente de Todos de avanzar con el dictamen y consideró que hubo “tiempo” de análisis porque “la reunión fue convocada la semana pasada” y “son solamente tres artículos que se modifican”.

“Es una herramienta de control positivo que tiende a desalentar los incendios intencionales”, expresó y abogó por el “trabajo conjunto”, tal como lo planteara su par Nora del Valle Giménez, entre la Nación y las provincias, porque “si no tenemos una aplicación efectiva en cada una de las provincias efectivamente la ley va a caer en saco roto”.

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La oficialista Ana Almirón, presidenta de la Comisión de Legislación General, justificó que el tema no haya pasado por asesores. (Foto: Comunicación Senado).

Qué plantea la iniciativa con media sanción

El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.
Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.

En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.

Firmaron varios dictámenes en la Comisión de Ambiente del Senado

Se aprobó una veintena de proyectos de declaración y de comunicación.

Con el acompañamiento unánime de los integrantes de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable que preside la senadora Gladys González, se aprobaron diferentes proyectos, que entre otros puntos, contemplan los siguientes temas:

Declarar de interés el trabajo de reciclaje y separación de residuos realizado por la cooperativa “Bella Flor” de la localidad de Macachín en la Provincia de La Pampa.

Declarar de interés la actividad realizada por “Circuito Verde” en contribución a la mejora de la situación ambiental en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Preocupación por numerosos incendios forestales en el centro y norte de la Argentina, así como incendios en zonas rurales y  boscosas que afectan a 15 provincias.

Declarar de interés la formación en naturalista de campo e intérprete del patrimonio natural, dictada por la Escuela Argentina de Naturalistas en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.

Solicitar informes sobre la mortandad de peces en las aguas del Río Bermejo, en los departamentos de Orán y San Martín en la Provincia de Salta.

Implementar medidas para la investigación, desarrollo y producción de polímeros destinados a incrementar la eficiencia en el manejo del agua para riego y en el combate contra los incendios forestales.

Informes sobre la modificación en el servicio de prestación de agua potable en CABA y en la Provincia de Buenos Aires.

Garantizar el acceso al agua potable y segura a los hogares no conectados a una red de agua.

Adhesión a la conmemoración del Día Internacional Contra el Cambio Climático, el 24 de Octubre de 2020.

Avanza un proyecto que establece la capacitación obligatoria para funcionarios en el cuidado del medio ambiente

Una iniciativa consensuada obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado. La formación será para todos los agentes de los tres poderes del Estado.

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Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminaron a favor de un proyecto de ley que establece la capacitación obligatoria en el cuidado del medio ambiente para todos los agentes de los tres poderes del Estado.

Autora de una de las iniciativas, la presidenta de la comisión, Gladys González (Pro), destacó el trabajo en conjunto con la senadora María Eugenia Catalfamo (FdT). Además, señaló que a los temas de ambiente “a veces resulta difícil discutirlos y ponerlos en agenda” pero “esta mirada de sostenibilidad tiene mucho que ver con la realidad actual” de pandemia.

La macrista indicó que se trata de “una ley muy similar a la Ley Micaela” -sobre capacitación en género- en la que “también hubo consenso”. “Hay temas que son realmente transversales”, resaltó y dijo que “lo ambiental tiene que estar presente en cada decisión de política pública”.

Catalfamo recordó que su proyecto fue presentado el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a instancias de una propuesta de jóvenes activistas de San Luis. “La ley recibe el nombre de Yolanda Ortiz”, informó, en referencia a quien fue la primera secretaria de Ambiente del país -durante el gobierno de Juan Domingo Perón- y de América Latina.

La puntana detalló que la iniciativa propone la “formación integral” de los funcionarios, con “perspectiva de desarrollo sostenible” y haciendo “hincapié en el cambio climático”. La capacitación será obligatoria y los contenidos se definirán teniendo en cuenta “a las distintas organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad científica orientada en esta materia”.

“El cambio climático está provocado todas las reacciones que vemos en el mundo en que vivimos”, sostuvo la oficialista y afirmó que se trata de “generar una conciencia general verdadera” en “quienes a diario pensamos diferentes políticas públicas, o legislamos, o hacemos que la ley se cumpla”.

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Foto: Comunicación Senado

Durante el debate, el senador Claudio Poggi (Avanzar San Luis) recordó que en 2012, cuando gobernaba la provincia de San Luis, conoció a Yolanda Ortiz: “Una persona maravillosa, con casi 90 años en ese momento”. El puntano valoró que la exfuncionaria fue quien “creó el Consejo Federal de Medio Ambiente”, un acto de “puro federalismo” y además “lideró el ingreso de la mujer a las políticas verdes, no solo en Argentina sino también en América Latina”.

En tanto, la santacruceña María Inés Ianni (FdT) celebró el trabajo en conjunto y expresó que este proyecto “nos da un desafío para poder, en todas las jurisdicciones, entender que no es una cuestión de marketing o eslogan hablar de medio ambiente, sino que es necesario cuidar esta casa en la que todos vivimos”.

Entre los oradores, el cordobés Carlos Caserio (FdT) aseguró que “es una ley muy significativa” que “se alinea en lo que está pensando el mundo”. El medio ambiente “ya no es una cuestión de los expertos” únicamente, dijo. Respecto al artículo que invita a la adhesión a las provincias, el oficialista consideró “muy importante que las provincias adhieran y asuman compromisos, porque hoy tienen una tarea fundamental”.

Sobre el costo que implicará la aplicación de la norma, el titular de la Comisión de Presupuesto reveló que la Oficina de Presupuesto estimó una suma de “200 millones de pesos”, pero subrayó que “nosotros estimamos que es mucho menor”. “No va a ser ningún gasto sino una contribución enorme a una Argentina mejor”, agregó.

En una reunión con senadores, especialistas volvieron a reclamar por una ley de humedales

A raíz de los incendios en las islas del Delta del Paraná, expertos fueron convocados a un encuentro informativo en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Con motivo de los graves incendios que se registraron en las islas del Delta del Paraná durante los últimos meses, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro), recibió este lunes a especialistas, quienes durante dos horas expusieron sobre la necesidad de una ley de humedales.

En primer lugar, Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la UBA, sostuvo que la ley “es un instrumento básico” que “debe ir acompañada de políticas públicas, de un adecuado sustento científico y técnico, de acciones concretas en el territorio por los organismos específicos, y el compromiso de todos y todas”.

El especialista señaló que en los proyectos que hay presentados en ambas cámaras “hay muy buenas intenciones, consenso e ideas claras”. “Tenemos que ser muy precisos en los conceptos y términos que utilizamos”, remarcó.

Sobre la necesidad de un inventario, Bo explicó que “hacer un inventario no implica solo hacer un mapa, requiere saber dónde están, de qué tipos son, cuántos hay, cuál es su estado o condición, el término de su origen, su función y valores”.

Asimismo, el ordenamiento territorial, “no solo debe concentrarse en los humedales sino que debe extenderse a su contexto socio-ambiental”. “No podemos trasladar modelos de usos propio de otras regiones o ambientes”, advirtió.

Finalmente, agregó que en la norma “debe considerarse la opinión de las comunidades locales” y “las eventuales sanciones para los que no cumplen con la ley merecen un análisis profundo y superador”.

A su turno, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resaltó que “los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico” pero “se pierden y degradan a un ritmo alarmante, a manos, principalmente, de la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y el desecho irresponsable de residuos domésticos e industriales”.

En ese sentido, expresó que los humedales “son percibidos por algunos sectores de la sociedad como tierra de descarte, sin función alguna, que deben modificarse o rellenarse para ser puestos al servicio de la producción. Esto trae aparejado enormes impacto socioambientales”. A continuación, precisó que en Argentina constituyen un 21% de nuestra superficie.

“La crisis de incendios en el Delta del Paraná deja en evidencia la falta de institucionalidad y de cumplimiento de la ley”, indicó y añadió que “estas quemas tienen severas consecuencias sobre la salud de los ecosistemas y la salud humana”.

Di Pangracio consideró que “necesitamos hoy más que nunca” una ley, porque “la importancia de los humedales y la necesidad de protegerlos debe estar en la agenda de los tres poderes del Estado”.

La norma “tiene que tener una visión ecocéntrica” y “tiene que ser una ley progresista, un reflejo del derecho ambiental moderno”, además de contener “un engranaje institucional, que permita asegurar que es implementable desde el momento de su promulgación”, dijo la especialista. Además, tiene que prever un fondo nacional de humedales, porque es fundamental la cuestión de los recursos.

Por la Asociación Ecologistas de Santa Fe, César Massi alertó que “estamos ante un desastre ecológico”. “Nos estamos quemando desde enero”, enfatizó, en referencia a los incendios en el Delta del Paraná, y señaló que “el único respiro que tuvo el humedal fueron los momentos donde el ser humano estuvo, por la cuarentena, guardado adentro”, período que abarcó desde el 15 de marzo al 15 de abril.

“Junio y julio fue el período desastroso”, manifestó, y detalló que hasta el 15 de julio se había “calculado una quema de 50 mil hectáreas, 500 kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de Rosario”. En tanto, en el cálculo de todo el mes de julio se habla del doble, un total de 100 mil hectáreas.

Massi aseguró que “hablamos de un ecocidio: eliminamos de golpe en 850 kilómetros de costa la mayor parte de los reptiles que estaban en letargo durante el invierno, los pasamos por arriba con fuego a reptiles, víboras, lagartos, tortugas”, además de a “pequeños mamíferos” como “ratones, nutrias, carpinchos…una devastación”. “Le causamos daño a las aves que vienen migrando del invierno patagónico”, agregó.

Por su parte, Fernando Miñarro, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina, opinó que en el proyecto de ley se necesita “una definición precisa y operativa”. “Lo que más nos preocupa es el tiempo que esto puede llevar”, sostuvo, sobre la aplicación de la ley, aunque aclaró que ese tiempo se puede acordar “con decisión política y recursos”.

“Se toman muchas veces decisiones desde el Estado que son perjudiciales para los humedales”, cuestionó y remarcó que “el error” está “en querer adaptar la actividad humana al humedal”, cuando debería ser “al revés”.

Por otra parte, Miñarro pidió “conversar entre ambas cámaras para que el debate esté saldado cuando llegue a la cámara revisora”, para que la ley finalmente prospere y no suceda lo que pasó con la última media sanción del Senado, en 2016, que se trabó en Diputados.

En tanto, Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresó que “los incendios son solo una parte del problema, son lo más visible, pero vienen a ser como la punta del iceberg, el tema es mucho más profundo” y “pone en evidencia la falta de una política nacional”.

La funcionaria subrayó la importancia de que la norma no sea “una ley antiproducción”. “Todos somos conscientes de la necesidad de impulsar los procesos productivos, y más en este contexto tan difícil que estamos atravesando, pero no podemos perder de vista que los humedales ocupan casi la cuarta parte de nuestro territorio”, destacó.

Por eso, Taboada hizo hincapié en la necesidad de que “las actividades productivas se ajusten a formas respetuosas del medioambiente” y se busque un “equilibrio”, al tiempo de “establecer reglas claras” para que “la ley se apruebe y tenga una aplicación efectiva”.

En alusión a las iniciativas que hay presentadas, Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, observó que “en los proyectos se habla de ‘uso racional’ y en la doctrina ambientalista se utiliza para el beneficio de la humanidad, pero la ley no lo dice y se pueden elaborar varios conjeturas sobre eso, habría que aclararlo”.

“Todo el tema teórico tiene una consecuencia práctica”, advirtió, y también analizó que en ninguna de las iniciativas se habla del tema de la delimitación. “La delimitación es un proceso complejo que lleva varios años, si no lo dice la ley no se va a hacer, porque hasta ahora nunca se hizo”, completó.

La Comisión de Ambiente y Desarrollo sustentable avanzó con varios temas

Una serie de proyectos fue debatida de manera remota en la comisión del Senado que preside Gladys González, y se acordó la agenda para las próximas reuniones.

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, que preside  la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio) se reunió este jueves de forma remota para analizar varios proyectos de declaración y de comunicación  y dos de resolución, los cuales fueron puestos a la firma de los senadores para los dictámenes correspondientes.

Al inicio de la reunión, a las 10.30, la senadora González explicó que serán tratadas “varias declaraciones de interés, beneplácitos y adhesiones de los senadores acerca de eventos, días conmemorativos, convenios, pedidos de informes y campañas”.  Entre ellos nombró la Celebración del Día Nacional del Agua el 22 de marzo; adhesión a la Celebración de la Madre Tierra el 22 de abril, adhesiones a la declaración de las abejas como la especie más valiosa del mundo, sobre administración de parques nacionales, contaminaciones atmosféricas, cambio climático, residuos urbanos, reciclaje, desarrollo sustentable, campaña sobre uso de plásticos, control de actividades de quema, solicitud de limpieza de Parque Nacional Lanín.

Luego, los miembros de la comisión acordaron la agenda parlamentaria y el temario para las próximas reuniones. La senadora González consideró que “nuestros temas muchas veces están lejos del interés por falta de conciencia”, y destacó que no están sobre todo hoy en agenda  por la coyuntura que requiere del tratamiento de otras prioridades: “Sabemos que son temas que no van a entrar en la sesión”, pero “podemos ir ganando tiempo e ir generando consensos”.

Aseguró que “nosotros creemos que estos temas tienen mucho interés y hay que trabajar generando consensos en asuntos como educación ambiental, ley de envases, ley de bosques, biodiversidad, manejo de residuos y plásticos,  parques nacionales y las enfermedades respiratorias y la contaminación”.

De este modo, y con total acuerdo de los senadores presentes, la presidenta de la Comisión,  propuso como prioridad “avanzar en especial con los proyectos con media sanción, los cuales son 5, como el de Contaminación Acústica”, y empezar desde “la próxima reunión con la invitación de especialistas, médicos e investigadores del Conicet que “disertarán sobre la relación que hay entre la salud y la naturaleza, más específicamente sobre enfermedades zoonóticas como dengue, malaria y chagas”.

El senador por Chubut Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) consideró necesario  “avanzar en esos temas” y resaltó que “lo ambiental es sumamente importante después de  esta pandemia. El Consejo Económico y Social por ejemplo va a necesitar  de la pata ambiental”. “Por eso es un asunto que debemos poner en valor”, añadió el senador.

En tanto, el senador por Catamarca Dalmacio Mera (Frente de Todos) sostuvo que “acompaña la propuesta de dar prioridad a los proyectos que tienen media sanción y las reuniones con charlas con especialistas y funcionarios”.

Cabandié: “Después de esta pandemia tenemos la oportunidad de volver mejores”

El ministro de Ambiente utilizó esa frase al presentarse este viernes ante los senadores, por videoconferencia, aclarando que la usaba sin intenciones políticas. Hablaba de lo que vendrá en materia de medio ambiente post pandemia y pidió que “no volvamos a cometer errores”.

La senadora nacional Gladys González (Pro – Buenos Aires) fue designada este viernes al frente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, que se puso en marcha para escuchar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié.

Durante la reunión, que se extendió durante dos horas, el ministro consideró que “no sería justo que un productor utilice PET y obtiene una ganancia con ello, no sea consciente de que también está generando un residuo que en muchas ocasiones termina contaminando los mares”, en referencia a los envases de ese material plástico.

En ese sentido señaló que la definición de “responsabilidad extendida del productor” está haciendo referencia a un término muy utilizado décadas atrás y que no es otro que la denominada “Responsabilidad Social Empresaria”.

Durante su presentación ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la que el chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos) fue designado vicepresidente, el funcionario señaló que su ministerio ha puesto el acento en la inspección y relevamiento de todos los aspectos vinculados al sector. “En la Argentina tenemos unos 2.500 municipios y alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto”, señaló, en una referencia que ya hizo en su momento durante su paso por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Al respecto señaló que “tenemos una tradición un tanto medieval en el tratamiento de los residuos”. 

Cabandié comentó que el 65% del financiamiento con el que cuenta el ministerio proviene de préstamos del Banco Mundial y del BID, básicamente para el tratamiento de los residuos.

“El sistema de residuos patógenos está contemplado en los protocolos contra el Covid-19”, señaló Cabandié.

Destacó que en el tratamiento de los residuos “no se trata simplemente de entregar maquinarias sino de resolver el tema definitivamente”. En ese punto puso de manifiesto que “se trata de generar conciencia en la ciudadanía y en la dirigencia política. No dudo que la ciudadanía tiene más conciencia que la dirigencia política y me incluyó en ella”. Sobre el tratamiento de los residuos resaltó que “estamos en proceso para contar con los recursos necesarios para el tratamiento de los basurales a cielo abierto”.

También se refirió al tema de los residuos patógenos, señalando que “el sistema de residuos patógenos está contemplado en los protocolos contra el Covid-19. Actualmente su capacidad está ocupado en un 50%”.

El ministro también subrayó la “existencia de un crédito del Banco Mundial por unos 50 millones de dólares para realizar 7 pozos de agua para la comunidad Wichi”. De ese total, hasta el momento “utilizamos unos 1.600 millones”, dijo.

En su informe, Cabandié destacó las inspecciones que desde su ministerio vienen realizando a empresas de hornos de residuos peligrosos, así como su preocupación por la deforestación, que se monitorea a través del Sistema SAT “que lo realizan tres satélites, uno de ellos extranjero”.  Resaltó que se redujo el tiempo de los informes que surgen de ese monitoreo, “de 70 a 20 días. Así fue que hemos comprobado que la deforestación es mayor a la denunciada por algunas ONGs vinculadas al cuidado del ambiente”.

En un pasaje, el ministro ponderó de la gestión anterior el apoyo a la energía eólica. “Vemos bien esa política, hay que continuarla”, señaló, apuntando que “si es necesario (se debe) modernizar nuestra matriz energética, descarbonizar”.

“La contaminación se produce sobre todo en los grandes aglomerados urbanos, también en algunas zonas agropecuarias”, señaló más adelante, advirtiendo que el glifosato se extendió desde la Pampa Húmeda hasta las provincias del NOA y el NEA. “Ese glifosato, o veneno, contamina las napas freáticas, se fumiga en los centros urbanos, en la cara de los niños de escuelas rurales… Si hiciésemos un estudio en nuestro plato de comida nos asombraríamos –advirtió-. Eso no tiene geografía, llega a todos lados. La contaminación tiene esas características, la degradación del ambiente no tiene lugar físico”.

“Lo que se contamina en otras partes del mundo afecta a todos desde todos lados”, apuntó.

En referencia al diferendo entre las provincias de Mendoza y La Pampa por Portezuelo del Viento, señaló que se trata de “un problema interjurisdiccional. Vamos a ser facilitadores del diálogo en la búsqueda de soluciones. Este problema interjurisdiccional es la anticipación de problemas de ese tipo entre distintos estados que produce el cambio climático”, y citó en ese sentido una “tremenda sequía” que se está viviendo en el oeste de La Pampa y “el Paraná seco”.

“Estos problemas van a ser recurrentes”, señaló, aclarando que no pretendía ser apocalíptico. Con todo, dijo creer que “lo que podamos resolver en el marco del diálogo entre La Pampa y Mendoza tenemos que hacerlo en fraternidad y solidaridad”, generando el aplauso de la senadora pampeana Norma Durango.

Ante la consulta de la senadora Silvia Sapag sobre Vaca Muerta, Cabandié fue muy áspero, advirtiendo que allí “los residuos son alarmantes”, y le apuntó a las empresas instaladas allí, que “se manejan con impunidad”, preguntándose “cómo con el grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, pasivos ambientales, maquinarias en desuso, contaminando napas freáticas, el ambiente… Es inconcebible lo que está pasando”.

“Así que esperamos que puedan tomar cartas en el asunto”, aclaró, anticipando que “vamos a seguir marcando lo que está mal”.

Pidió la palabra entonces la neuquina Lucila Crexell, quien recordó que había presentado un pedido de informes sobre la falta del ejercicio del poder de policía, apuntando a “la falta de responsabilidad de los gobiernos que no cumplen los controles que tienen que hacer”. Muchas veces, insistió, “el problema es la falta de ejercicio del poder de policía. Muchas veces es el Gobierno y los estados locales los que fallan en el control”.

Sobre el final, el ministro Cabandié habló de las urgencias climáticas que vive nuestro país en este contexto de pandemia. “No podemos hacernos los distraídos con lo sostenible”, dijo, apuntando que “lo que estamos haciendo hasta ahora va en contra de todo eso”. Abogó por “un nuevo paradigma, un nuevo orden, donde la calidad de vida esté en el centro, pero en armonía con los bienes naturales”.

“Después de esta pandemia tenemos la oportunidad de volver mejores, todos”, dijo, aclarando de inmediato que “esta es una frase que no tiene posición política. Lo que hoy vemos, cielos más limpios, ríos que se ven mejor, fauna silvestre en las ciudades, eso es una foto, no es la recuperación del ambiente. Es una foto para que el día después no volvamos a cometer errores”.