La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados, presidida por el radical Facundo Manes, fue convocada para el próximo martes 21 de marzo a las 15, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, a una reunión informativa con expertos para comenzar con el debate de un proyecto impulsado por el Gobierno.

Se trata de un proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, que propone el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, el cual será ejecutado desde la cartera que comanda actualmente Daniel Filmus. El Ministerio coordinará las acciones necesarias para el cumplimiento de dicho plan con las jurisdicciones y entidades involucradas.

El Plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

El Plan desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

Luego de emitir dictamen del proyecto de Compre argentino y con el fin de continuar con la actividad legislativa, la comisión de Industria, que preside el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, se reunirá con la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a cargo del radical Facundo Manes, para debatir la modificación y la prórroga de la Ley 26.270 de “Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” que fue sancionada el 4 de julio de 2007.

El plenario se reunirá desde las 11 en la Sala 1 para abocarse al análisis de la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece la sustitución de su denominación por la de “Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología”, y la prórroga de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2037.

Han sido invitados a participar la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito; el  presidente de la Agencia I+D+I, Fernando Peirano; el CEO de Tecnovax, Diego La Torre; el director de Crudda, Pablo Turek; la presidenta de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), Graciela Ciccia; y el coordinador ejecutivo CAB, Sergio Drucaroff.

También asistirán este miércoles el director científico Incubadora UNR, Alejandro Vila; el presidente de Adox, Javier Viqueira; el director científico de Chemtest Argentina, Diego Comerci; el CEO de SF 500, Francisco Buchara; el director de Bioceres SA, Claudio Dunan; por Terragene SA, Carla Bragos; Marco Serventich, de Richmond SA; y el gerente general de Zelltek SA, Juan Ceriani.

“La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 dejó en evidencia la importancia del sector público para fortalecer las capacidades industriales en los campos de la innovación, la investigación y el desarrollo bio y nanotecnológico, así como la producción de bienes de capital, insumos y productos de uso crítico para el país y para el sector de la salud en particular”, fundamentan en el proyecto.

Además, destaca el “surgimiento del sector de la nanotecnología, cuyo campo comprende toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”, que es un área de “ desarrollo horizontal y multipropósito puede generar avances y nuevas tecnologías para sectores productivos, como el de la salud, el textil, la microelectrónica, el industrial, el químico y el agroindustrial, entre otros”.

En ese contexto, la iniciativa precisa que en el año 2007 se sancionó la mencionada Ley N° 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, con una duración de QUINCE (15) años desde su promulgación.

“Por ello, resulta necesario no solamente extender la vigencia del citado régimen, sino también adaptar sus disposiciones normativas a las características y problemáticas actuales del sector para promover el desarrollo tecnológico, así como también el flujo de conocimiento y capacidades y el desarrollo comercial de los proyectos beneficiados y alcanzados por la Ley”, argumentan.

En consecuencia, y sobre la base de lo expuesto, es que se proponen diversas modificaciones a la Ley N° 26.270, respecto lo cual detallan:

• Atento a que los incentivos para fortalecer al sector de la Biotecnología Moderna finalizarán el corriente año 2022, es que se propicia una extensión de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037.
• Se considera oportuno extender el alcance de las disposiciones de la mencionada Ley N° 26.270 al sector de la nanotecnología.
• Por otro lado, se impulsa actualizar los conceptos de las definiciones de biotecnología y nanotecnología, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos y se elimina el inciso d) de los artículos 6° y 7°, dado que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se encuentra derogado por el artículo 76 de la Ley N° 27.260.
• A su vez, entre las modificaciones propuestas, se establece una comunicación entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Autoridad de Aplicación, a efectos de verificar y controlar el estado de aplicación y uso de los beneficios fiscales, y se propone la creación de una Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología.
• Del mismo modo, se propicia la derogación del “Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna”, creado por el artículo 15 de la referida Ley, atento a que su puesta en funcionamiento generaría una superposición de funciones en la misma Autoridad de Aplicación, dado que el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC)”, creado por el artículo 18 de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, tiene por objeto fortalecer, entre otras actividades, la biotecnología y la nanotecnología y atiende objetivos similares.
• Finalmente, se propone también la derogación de la obligación de solicitar una patente ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en función de la lógica de explotación de las rentas de la propiedad intelectual, que en la dinámica empresarial actual pueden tomar otras formas jurídicas distintas a la del patentamiento, en particular la del secreto industrial.