La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados se reunió este martes en un encuentro informativo que tuvo como expositores a referentes de diferentes sectores industriales y pymes. Hubo reproches por la ausencia del secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne, quien prometió ir a principios de agosto.

En el inicio de la reunión, presidida por el entrerriano de Unión por la Patria Tomás Ledesma, se culminó el trámite de designación de autoridades, y estableció en la Vicepresidencia primera, al fueguino Santiago Pauli, quien fue propuesto por el oficialismo.

Luego, expusieron ocho representantes de los sectores pyme, industrial, comercio y servicios, refrigeración, electrodomésticos, lácteo, alimentos y mutuales, donde todos coincidieron que hubo una fuerte caída en el último semestre.

Antes de las exposiciones, el titular de la comisión expresó: “A la Argentina le hace falta mucho diálogo y estamos abogando a una forma de trabajar determinada por la iniciativa de los legisladores”. Del mismo modo, planteó que “este trabajo debe tener una agenda profundamente marcada”, y anunció que “es una primera instancia que va a proseguir las siguientes semanas”.

Respecto a la ausencia del secretario de Comercio, Pablo Lavigne, Ledesma explicó que “nos transmitió que no podía hacerse presente, pero mostró buena disposición para venir en los primeros días de agosto”.

Las exposiciones

El primer expositor invitado fue Daniel Rosato, referente de Industriales Pymes Argentinos –IPA-, quien advirtió que se prevén, a partir de la vigencia del RIGI –al que llamó como “un problema” para el sector-, “300.000 puestos menos de trabajo”.

En esa línea, acusó que “solo beneficiará a las grandes empresas y no a las medianas y pequeñas”. “Pedimos legislación para las pymes y si no hacemos algo al respecto, habrá una gran crisis social a fin de año”, alertó Rosato.

“Sabemos muy bien, nosotros que damos servicios a las grandes empresas, que ya están pidiendo presupuesto al exterior y muchos de China porque son más baratos”, reveló el referente industrial quien, además, se mostró autocritico y señaló que “tenemos 550.000 pymes manufactureras y estamos igual que hace 20 años atrás”.

Con relación a la situación presente del sector, afirmó que “la industria pyme está atravesando una situación grave y una crisis sin precedentes con caídas del 60% del mercado”. En ese punto, aseveró que “este problema no es por culpa de las pymes o los industriales, es la falta de políticas industriales”.

Cuestionó fuertemente que “a las pymes no nos tienen en cuenta en este desarrollo a futuro”, y explicó: “Nos piden competitividad, pero no somos competitivos porque pagamos insumos dos o tres veces más caro que el exterior y la energía la pagamos el triple en Argentina. No están dadas las condiciones para competir”.

También, sostuvo que “tenemos un costo financiero porque debemos ir al BCRA a pedir dólares, y eso es desde un 11 hasta 17 por ciento de costo adicional”. Al igual que varios expositores criticó y responsabilizó a la apertura de importaciones como factor que perjudica a su industria.

Por otro lado, criticó la calidad de los productos importados: “Hay mercadería que está entrando en mal estado al país, pero no tuvimos respuesta del Gobierno”, en alusión a la ausencia de Lavigne.

Por último, relató una situación particular: “Había tres empresas que fabricaban medidores de gas, hoy solo queda y estos medidores están fabricados bajo estándares de calidad inyectados con aluminio”. “Los que vienen de China son de chapa de hierro, se corroen, y en la costa perdían gas lo que pasó a ser un riesgo de accidente grave para la población”, enfatizó.

En su intervención, Martin Falchi, representante de la Cámara Argentina de la Industria de la Refrigeración y el Aire Acondicionado – CAIRAA- manifestó brevemente: “Nosotros fabricamos heladores, freezer y cámaras frigoríficas y estamos afectados por el mismo problema porque teníamos un arancel de 35% al producto terminado y ahora bajó a 20%”.

También, agregó: “En caso de hacerse, se debe hacer paulatinamente”. Se opuso a la derogación del impuesto al cheque y pidió establecer un costo fijo de seguridad e higiene”. “Si quieren que compitamos con el exterior que nos ayuden, no que maten a la industria”, indicó.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines, Gustavo Lazzari, expresó que “la Argentina tiene un crisol y hacemos todos los fiambres del mundo, pero nos encontramos con un costo argentino impositivo, regulatorio, laboral y logístico”.

En esa línea, añadió que “tenemos muchos impuestos que son altos, confusos, mal cobrados y no pasan un artículo de la Constitución”. También, cargó contra el LINTI -Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional- y amplió que “es un desmadre de recaudación entre Nación, las provincias y los municipios porque no somos el campo de batalla de la política, pero sufrimos los costos”.

A su vez, criticó que “somos el 6° exportador latinoamericano de China y por cada dólar que la Argentina le exporta a China, Brasil exporta 18”. De forma optimista, consideró que “300.000 millones de dólares deberíamos estar exportando”.

“No podemos conformarnos con vender un tercio de los vinos que exporta Chile. trabajemos sobre los costos y no tengamos miedo a la baja de impuestos”, cargó, y cerró: “Hagamos la Ley Bases 2, 3 o 4 pensando en las pymes, pero no queremos ningún regalo, queremos que nos saquen los pies de encima”.

Uno de los expositores más severos fue Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, quien inició su intervención al dejar expresa una queja sobre el presidente de la Cámara de Diputados porque “a pesar de las advertencias que hicimos, se votó dos veces la Ley Bases y no rechazó el DNU 70/2023 que destruyó las pymes argentinas”.

De igual manera, siguió: “De las 500 empresas más grandes se legisla para favorecer al capital de otro país ¿Cuánto más beneficio le tenemos que dar para que se siga comiendo nuestro capital?”. “Parece que no somos actores relevantes en la prioridad del Congreso”, destacó.

“Necesitamos que las leyes representen a los hombres y mujeres que damos trabajo en la Argentina porque también no sabemos a quién beneficia en el futuro la Ley Bases, mientras todos los que estamos acá debemos pagar sueldos el día 30”, aseveró Bilanski.

Con relación a la situación actual de la productividad en Argentina, detalló: “La situación no es cómoda para el empresario pyme porque las ventas se están cayendo en todos los sectores como en construcción, industria, comercio y servicios”.

Aseveró, además, que “desde hace dos trimestres hay más despidos que contrataciones”, y amplió: “el 36% de las industrias despidió a trabajadores y solo el 39% opera con normalidad”.

Finalmente, sostuvo que “la situación es agobiante”, y cargó contra el Gobierno Nacional: “Van seis meses de gestión y no hay dólares, no se bajó un solo impuesto y ojalá hubiese salido un régimen para pymes antes que el RIGI”.

De la Unión de Emprendedores Argentinos, Marcelo Festa remarcó su rechazo al DNU 70/2023 y señaló que los costos en comparación al extranjero para una pyme láctea son “de 6,30 de costo cuando en Italia se vende a 4,60”.

Además, propició cambios a los costos laborales: “En mi rubro un trabajador con la más baja categoría gana un millón 100 mil pesos, pero a mí me cuesta más de dos millones”. “Estamos cansados de pagar kioscos y aranceles”, sumó.

Dante Choi, empresario coreano, aseveró: “En el primer cuatrimestre se han cerrado más de 300.000 cuentas sueldo y no vemos rebrote ni mejora de la situación para el segundo semestre”.

Por otra parte, señaló que “hemos visto una apertura indiscriminada de importaciones sin control”, y cargó que “no hay control eficiente en los orígenes de los valores y nuestro sector industrial estará cerrando actividades para fin de año”.

El último en exponer fue Rodrigo Genoni, presidente de Federación de Mutualidades de La Pampa. Respecto a su provincia detalló que “en el primer cuatrimestre bajó la actividad de los comercios un 40%”, y cuestionó que “no hay costos en la Argentina porque nadie sabe lo que está pagando y si lo está pagando bien”.

En rigor, mencionó que “el 82% de la empleabilidad en la Pampa la generan las pymes”, pero advirtió que “el 28% redujo la cantidad de empleados, el 43 no puede pagar los costos a proveedores, el 35 tiene deudas financieras, 15 no pudo pagar salarios en tiempo y forma y solo el 57% pudo mantener la flota de trabajadores”.

En el final, afirmó que “la caída del consumo es una rueda que nos hace decrecer y si no se cuida la industria nacional tenemos un problema”. “Es mucha la incertidumbre que tenemos ahora porque si hay incertidumbre, no hay inversión, y si no hay inversión, cae el empleo”, concluyó.

En el marco de una reunión informativa, las Comisiones de Comercio, encabezada por la diputada Gabriela Lena (UCR), y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), mantendrán un encuentro para retomar el debate sobre la problemática existente relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito.

La reunión se llevará a cabo el miércoles 31 de mayo a las 10 en l Sala 1 del Anexo de Diputados a la cual asistirán expositores vinculados a la temática.

El debate anterior se realizó el pasado 3 de mayo en el que los representantes de las estaciones de servicio solicitaron cambios en la legislación de las tarjetas de crédito y plantearon la “grave” situación que atraviesan con motivo de la inflación y la demora en los pagos. Además, advirtieron que como consecuencia se “está generando el cierre de numerosas PyMEs”.

El proyecto en el que se está trabajando es el de la diputada nacional Victoria Tejeda (Evolución Radical-Santa Fe), elaborado en base a los reclamos del sector estacionero, sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución.El proyecto de la diputada Tejeda prevé que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3% sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

La acreditación de los importes correspondientes a las ventas canceladas mediante tarjetas de crédito en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 3 días hábiles.

Para las tarjetas de débito bancario, este porcentaje máximo será de 1,5%. La acreditación de los importes correspondientes en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo de 2 días hábiles.

Para el caso de las estaciones de servicio, el emisor de tarjetas en ningún caso ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores al 0,5% sobre las liquidaciones presentadas.

¿Por qué atiende esta iniciativa particularmente el sector de las estaciones de servicio? Porque en su mayoría son emprendimientos pequeños y medianos que viven una situación financiera compleja, sobre todo en la operatoria con las tarjetas de débitos y créditos. La posición dominante, que ostenta el monopolio u oligopolio que presenta el mercado de emisores de estos medios pago, menoscaba la posibilidad de negociación de establecimientos comerciales que sufren un desmedido impacto en su costo de financiación, lo cual atenta en su ecuación económica y rentabilidad. En algunos casos, a niveles de quebranto, señala el proyecto sobre el que girará la discusión de este miércoles.

Las estaciones de servicio concretamente, están atravesando un mal momento económico, los mínimos márgenes de utilidad, la enorme carga impositiva y “los abusos de las empresas que nuclean las tarjetas de crédito” -según denuncian-, ponen al sector en una situación terminal.

Un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, presidida por los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, se reunirá el próximo miércoles a las 11.

En el encuentro, que se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

La convocatoria se había programado en un primer momento para el 19 de abril, pero fue suspendida porque ese mismo día sesionó la Cámara de Diputados.

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada radical Gabriela Lena (Entre Ríos), se reunió este miércoles para avanzar en el debate sobre juicios laborales y registración de empleados y su impacto en el comercio y las PyMEs. Los legisladores del Frente de Todos estuvieron todos ausentes.

Los invitados a la reunión fueron Marcos Kon y Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca; Laura Velardez, abogada laboral, Walter Calderón, presidente de Nieve Sol S.A. y Rio Sky S.A.; y Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes.

Ninguno de los 15 legisladores del Frente de Todos que integran esta comisión estuvo presente en la reunión, lo cual fue criticado por los diputados opositores. En ese sentido la diputada Mónica Frade alertó que la ausencia de diputados del Frente de Todos dejaba expuesto “lo difícil que va a ser para Juntos por el Cambio discutir legislación laboral, porque no hay nadie del FdT que esté dispuesto a discutir. Dependerá de la fuerza que tengamos en el Congreso a partir de diciembre para que podamos discutir estos temas”.

El primero en intervenir -a través de videollamada- fue Marcos Kon, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, quien compartió una pantalla y explicó: “Detectamos que la problemática viene de la relación empleador y fisco, y empleador y trabajador”.

En esa línea, amplió: “Del punto de vista del fisco y el empleador, la problemática es la alta carga social de los microempresarios porque la mayor parte del empleo de la Argentina se genera de las micro y medianas empresas”. Así también manifestó que “existe una falta de incentivos para que las empresas contraten personas”.

Resaltó la existencia en su provincia de un artículo que les brinda beneficios fiscales, y sugirió que ese ejemplo se traslade a los demás fiscos. Advirtió que “hay un alto costo al despido sin causa”, y del mismo modo sostuvo que “ante el despido el trabajador inicia el trámite judicial, pero si el empleador no tiene la prueba por el despido, seguramente se transforme en juicio laboral y estos, siempre los ganan los trabajadores, y nunca el empleador”.

De igual manera, el catamarqueño siguió: “Vemos el exceso de incentivo de ser trabajador de la administración pública y son muy contados los casos donde ha habido personas despedidas del sector público”.

En esa línea, desarrolló: “Desde el sector público hay una cantidad menor de trabajo por día y cantidad menor de días de trabajo. Hay mayor sueldo en el sector público que en el sector privado y también, hay mayor cantidad de días de vacaciones (en el público 30 días, y en el privado 14).”

En el final de su intervención, volvió sobre los despidos: “Se analiza la idea de contratar un seguro, pero las pruebas mal aplicadas se transforman en juicios laborales y eso lleva a la quiebra de empresas”. “Las nuevas generaciones tienen poca tolerancia, renuncian y tienen alta conflictividad respecto a juicios laborales”, cerró.

Luego, Federico Rueda, presidente del Consejo de Ciencias Económicas catamarqueño, afirmó: “Queremos mostrar una mirada técnica y le pedimos a ustedes (diputados) que deben hacer el seguimiento de las leyes”.

Siguiendo con esa idea, amplió: “Desde el consejo estamos dispuestos a participar porque sabemos que un juicio laboral lleva a la quiebra a un emprendedor”. Asimismo, explicó: “En la actualidad, un emprendedor le sugiere a otro, no te conviene tomar gente porque te hacen juicio”.

“No es lo mismo el lobby de una gran empresa que de un emprendedor”, anunció, y finalizó: “El Consejo de Ciencias Económicas siempre tendrá un espacio para debatir estas cosas”.

A su turno, la abogada Velárdez explicó: “El tema del juicio laboral es distinguir a las grandes empresas con las mini pymes; no solo en la temática laboral, sino la fiscal”, relató. Además cuestionó el papel de las ART, al señalar que “cuando un empleado fallece, por cuestiones no laborales, la empresa debe pagarle el 50 de los costos”.

En tal sentido, Velardez explicó: “Lo ideal sería que se tome en un fondo todo lo que le corresponde a una empresa con las contribuciones de ART, seguridad social y obra social que actualmente no se pueden pagar”. “Tenemos el IVA, tenemos ingresos brutos y tasas municipales que, al momento de encarar una reforma, debe ser global”, añadió.

Además, lanzó críticas contra leyes actuales: “La ley permite cantidad de multas a una empresa, y esas multas se acumulan mes a mes. El trabajo de esta comisión debe ser coordinar toda la actividad comercial de una empresa y fijar en qué se la puede beneficiar”.

En cuarta instancia, el empresario Walter Calderón fue más duro que los anteriores y aseveró: “Tenemos casas de deporte en zona sur (del Gran Buenos Aires) y afrontamos muchos juicios laborales. Se agravó con certificados psiquiátricos que se consiguen por 5.000 pesos”.

En esa idea, relató una situación vivida en su empresa con una mujer que era encargada y ahora está embarazada y ausente. “Vamos pagándole el séptimo certificado de psiquiatría. Le hicimos una denuncia penal a un psiquiatra”, y agregó: “Esta empleada ya nos sacó siete meses de trabajo sabiendo que los certificados se venden”.

Por otro lado, Calderón expresó: “El empresario si tiene un buen empleado va a estar cómodo, pero estamos en una situación totalmente desfavorable”. “Después hay juicios y la ART no nos cubre el 100 por ciento”, señaló.

Así también, se refirió a la carga tributaria: “Nosotros tenemos problemas graves con las retenciones cuando vendemos a las provincias y eso, genera un gran perjuicio tremendo para las pymes”. “Hay una industria que es como un gas silencioso que no está matando”, cerró.

El quinto y último invitado fue Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes, quien de manera presencial explicó: “Traje conmigo a los clientes, proveedores y amigos y les pregunte en qué nos benefició, pero nadie respondió y cuando pregunte en que te perjudicó, todos respondieron”.

En tal tema, Rosetti exigió: “Debería existir una diferencia con las grandes corporaciones, respecto a las mini pymes porque la pyme es el motor del país y esta ley justamente viene ayudar porque la pyme tiene muchas trabas”.

En el cierre de su exposición, criticó a los beneficiarios de planes sociales ante la falta de mano de obra: “No hay gente para trabajar y aparece la excusa de que tengo un plan y piden no darse de alta para no perder el plan”.

Las consultas de los diputados presentes

El diputado nacional Marcos Carasso (UCR – Córdoba) le consultó a Calderón la cantidad de empleados que tenía antes y ahora, y este le respondió “pasamos de 113 a 57 empleados”. “Se podría buscar una manera de tomar gente dándole a los empresarios, tres meses de no pagar las cargas sociales”, agregó el empresario.

En esa línea, Calderón consideró: “Los despidos no deben ser tan elevados a la hora de pagar indemnizaciones porque hay empelados que buscan permanentemente que los echen y deberíamos buscar una solución” “Si una persona no quiere trabajar le debo pagar el 30 por ciento de la indemnización y le doy trabajo a dos personas”, indicó.

Del mismo modo, la diputada Mónica Frade (CC – ARI- Buenos Aires) expresó: “Si no encontramos una rebaja en el costo laboral, el juicio laboral seguirá siendo un bumerán que se lleva puesta las empresas”. Así también, consideró que “será difícil discutir este tema a partir de diciembre si no tenemos la mayoría. No se ha conseguido eliminar el trabajo en negro porque los responsables de los ministerios y sindicatos no lo controlan”, cerró.

El diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza) criticó la ausencia del FDT y amplió: “Presente un proyecto para bajar las cargas, y bajar costos de un 50 por ciento en pymes de hasta 25 empleados”. En esa línea, agregó: “Tratar temas previsionales y no el empleo registrado, es gravísimo”.

Con más fervor, el diputado nacional José Carlos Núñez (Pro – Santa Fe) afirmó que “la informalidad en la Argentina es del 40 por ciento”, y la consideró “terrorífica”.

“El denominador común es que todas las empresas necesitan empleados y del otro lado, en la 9 de julio los beneficiarios de planes diciendo que no hay trabajo”, aseveró. “Si no generamos las condiciones, nadie va a venir a invertir en la Argentina”, finalizó.

Por otro lado, el diputado nacional Juan Carlos Polini (UCR – Chaco) lamentó la ausencia del FdT y agregó al tema: “No podés tomar un empleado porque terminas comprando un problema a largo plazo”. “Cada vez que un empresario toma una pasantía, terminas tomando a tres meses y compras una hermosa hipoteca”, indicó.

Del mismo modo, relató que “hay un problema con los planes sociales”, y explicó: “En el norte hay muchos planes sociales, y hay gomeros y camioneros que laburan en negro. El país no da para más. Hay dos generaciones aisladas económicamente”.

La última legisladora en intervenir, fue Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA), quien afirmó: “Estamos buscando que lo que planteamos sea debatible porque tiene varias aristas y complejidades, ya que es un problema real”. Además, criticó al oficialismo: “Del FdT nos dicen que el problema no existe”

“acá están las experiencias, pero es el objetivo que nos planteamos cuando empezamos el debate”. “Nos han cercenado la posibilidad de debatir desde hace dos años y las bancas vacías lo dicen todo”, cerró.

En el final de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, aclaró: “Siguen siendo problemas prioritarios para nosotros”. “Desde esta comisión se van a seguir visibilizando los problemas de los comerciantes, medianas y pequeñas empresas y micro emprendedores”, concluyó.

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Gabriela Lena, se reunirá este miércoles desde las 11 con la intención de reanudar el debate sobre juicios laborales y registración de empleados y su impacto en el comercio y las PyMEs.

Durante el período extraordinario, la comisión realizó una reunión informativa, que se llevó a cabo más precisamente el 7 de febrero con la participación representantes del sector, quienes reclamaron por cambios en la legislación vigente.

En esa oportunidad, legisladores del Frente de Todos destacaron la importancia del debate pero resaltaron que la competencia estaba en la Comisión de Legislación del Trabajo, actualmente en manos de la oficialista Vanesa Siley.

En respuesta a ese reclamo, Lena le enrostró al presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, que su comisión no recibía el giro de proyectos y que hacía un tiempo ya largo estaban reclamando por la presencia del secretario de Comercio. Una semana después, Matías Tombolini se presentó ante la comisión.

Los invitados para la reunión de este miércoles son: Marcos Kon y Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca; Laura Velardez, abogada laboral; Walter Calderón, presidente de Nieve Sol S.A. y Rio Sky S.A.; y Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes.

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Gabriela Lena, fue citada para el próximo miércoles a las 11 con la intención de reanudar el debate sobre juicios laborales y registración de empleados y su impacto en el comercio y las PyMEs.

Durante el período extraordinario, la comisión realizó una reunión informativa, que se llevó a cabo más precisamente el 7 de febrero con la participación representantes del sector, quienes reclamaron por cambios en la legislación vigente.

En esa oportunidad, legisladores del Frente de Todos destacaron la importancia del debate pero resaltaron que la competencia estaba en la Comisión de Legislación del Trabajo, actualmente en manos de la oficialista Vanesa Siley.

En respuesta a ese reclamo, Lena le enrostró al presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, que su comisión no recibía el giro de proyectos y que hacía un tiempo ya largo estaban reclamando por la presencia del secretario de Comercio. Una semana después, Matías Tombolini se presentó ante la comisión.

Una visita largamente esperada y reclamada por la oposición era la del secretario de Comercio a la comisión homónima de la Cámara de Diputados, que está comandada por Juntos por el Cambio. Y precisamente eso ocurrió este martes, con la presencia de Matías Tombolini, quien defendió el programa de “Precios Justos”, habló de un año (2022) “récord” en exportaciones y afirmó que “la importación no está prohibida en Argentina”. 

El funcionario dio una breve exposición inicial y luego comenzaron las preguntas de los legisladores, las cuales atendió, pero cerca de las 14, cuando todavía no llevaba dos horas el encuentro -pues comenzó retrasado-, se retiró porque tenía una reunión con la UIA. 

Su partida despertó los reclamos de diputadas de Juntos por el Cambio, entre las que se escuchó a Dolores Martínez, Marcela Campagnoli y Roxana Reyes, que se quedaron con varias consultas atragantadas. Según dijo la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (UCR), faltaban 18 oradores por hablar. 

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, recordó que se había avisado que el secretario podía asistir hasta ese horario, pero que se prefirió dar celeridad al pedido, antes de que pasara otra semana sin su visita.

Finalmente, Tombolini se retiró de la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, y fue la vicepresidenta de la comisión, Silvana Ginocchio (FdT), quien entre murmullos aseguró que se pactaría una nueva reunión con Tombolini. Pero la nueva fecha no se fijó. 

“No es y no podría ser la solución a la inflación”, aclaró Tombolini sobre “Precios Justos”

En el arranque de su exposición, el secretario de Comercio subrayó que desde que asumió se han desplegado “los programas que tienen que ver con las distintas herramientas que el ministro (Sergio) Massa planteó al asumir”. Tras explicar la reorganización que tuvo la Secretaría a partir de los cambios en Economía, detalló: “Comenzamos por el mes de agosto con un relevamiento del estado de cada una de las áreas y, por supuesto, trabajando en la integración de articular la administración del comercio interior con el comercio exterior”.

Sobre el lanzamiento del “conocido programa como Precios Justos”, lo calificó como “una herramienta de política pública que nosotros entendemos importante pero que no podría funcionar en el vacío”, es decir que no podría haber “un acuerdo voluntario de precios si antes no hay un orden fiscal y acumulamiento de reservas”. Así, explicó que si funcionara como algo “aislado” terminaría en “incumplimiento”. 

El economista precisó que el programa “hoy aborda 600 empresas, 17 sectores” con un “alcance que supera los 50 mil productos” y “tiene un eje central que orbita sobre la pauta de precios de 3,2% desde febrero hasta el 30 junio”. 

Tombolini reconoció que Precios Justos “no es y no podría ser la solución a la inflación, pues la solución es de orden macroeconómico”, sino “una herramienta dentro de un conjunto de herramientas que tienen como objetivo tratar de atender al problema más importante que tiene la Argentina , que es la inflación”. 

Una vez que concluyó su breve introducción, el funcionario comenzó a contestar preguntas y ahondó en el tema. Sobre la consulta del diputado Fabio Quetglas (UCR) sobre si no consideraba mejor el libre mercado que los acuerdos de precios, el secretario insistió: “No es un programa que opere en el vacío, sino en una economía que tiene un conjunto de restricciones”. 

“Son acordados de manera voluntaria y libre por parte de las empresas”, reiteró y defendió que “desde el Gobierno creemos que el Estado, en situaciones como la actual, tiene cosas para decir, por eso entendemos que es una herramienta que permite trabajar sobre las expectativas de inflación, buscando orden en los precios, previsibilidad y evitando abusos”. 

Respecto de los controles sobre el cumplimiento en los precios y las sanciones, algo que consultó la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT), apuntó que “la Secretaría ha realizado 8.319 inspecciones en el período agosto-diciembre y 1.630 en el período enero y los días que van del mes de febrero”, además de fiscalizaciones web que se realizaron más de 15 mil en 2022 y más del 10 mil en lo que va del año. 

El titular de la Secretaría de Comercio añadió que en 2022 hubo “31.982 multas y se han realizado 5.754 actas in situ” y un total de 492 millones de pesos en multas, encabezadas por supermercados, prepagas, bancos, telefonía, delivery y energía. 

“Récord” de exportaciones en 2022

Avanzada la reunión, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical-JxC) lanzó: “Me preocupa que no vean que hay un sesgo antiexportador en ustedes”. El porteño también chicaneó sobre “Precios Justos” al preguntar si “es una promoción, es parte de un programa antiinflacionario, o es un ventilador”. Pero el funcionario le contestó sobre las exportaciones.

“En el último trimestre de 2022, 16.029 empresas lograron concretar importaciones por un monto de 16.332 millones de dólares, 19% de estas empresas generaron exportaciones entre octubre y diciembre de 2022 por un valor de 17.937 millones de dólares”, puntualizó Tombolini. 

Y destacó que las exportaciones “fueron récord en Argentina en el año 2022”, pero “la priorización está en aquellos sectores que están atados a la promoción o generación de valor exportable”. 

Restricciones a las importaciones 

En su intervención, el diputado Ricardo López Murphy (RU-JxC) hizo hincapié en “el fenomenal atraso cambiario en el tipo de cambio controlado que se acumuló sobre todo en el año 2021 y hasta agosto (del año pasado), en la gestión previa” lo que ocasiona la “incapacidad de generar un superávit comercial suficiente, no solo para afrontar los déficit sino también los pagos de intereses”. 

Pero hay además “una restricción al acceso de insumos que mes a mes se vuelve más dramática”, advirtió el liberal, y consultó entonces a Tombolini: “¿Qué tienen pensado para superar esa restricción? Sobre todo porque yo veo que se agudiza mes a mes”. 

“En particular veo una brutal distorsión en la administración del comercio exterior”, apuntó el legislador y reclamó conocer “qué criterios se utilizan para darle un permiso a algunos y a otros no” en cuanto a las importaciones. 

Al responder, el secretario de Comercio admitió que “los tipos de cambio múltiple son un problema para la Argentina”. “La unificación cambiaria como un punto de llegada es un objetivo compartido por todos”, agregó. 

“Cuando hablamos de importaciones tenemos que decir todo, porque Argentina en el año 2022 importó 81.500 millones de dólares, 29% más que el año anterior. Por supuesto, tenemos el efecto de la importación de energía”, informó. 

También señaló que “en el trimestre octubre-enero la variación solicitada en importaciones de dólares por parte del sector privado se incrementó un 49%, el Estado autorizó 7% más y continúa en estudio el restante”. “No está prohibida la importación en Argentina”, afirmó.

Luego aportó que “hay 21.463 empresas que solicitaron SIRA, de las cuales 97% de ellas fueron PyMEs y se aprobaron el 82% de las solicitudes hasta enero. En febrero el ratio creció más”.  

“Sin duda la brecha genera tensiones en la demanda de importaciones”, expresó, pero ratificó la postura de la Secretaría en cuanto a que “los dólares que se usan para las importaciones no vayan a máquinas tragamonedas, a pelotitas de golf o a patines sobre hielo si son escasos”. “Entendemos que es más importante trabajar sobre insumos para la producción y sobre aquello que no se produce en Argentina”, remarcó. 

Por su parte, el diputado Juan Martín (UCR-JxC) alertó que al recorrer las empresas de los parques industriales de su provincia, Santa Fe, observó que “muchos tienen problemas por falta de insumos para poder continuar con sus procesos productivos. Y fuera de los sectores que usted traía a colación, como pelotitas de golf o tragamonedas, se trata, por ejemplo, de cloruro de sodio para la industria láctica, de agua oxigenada para la frigorífica, muchas que impactan en la mesa de los argentinos”. 

El radical subrayó que esto produce “impactos recesivos” que hacen que los empresarios estén “produciendo menos o pensando en cerrar sus fábricas”. Por eso, pidió un “un compromiso concreto para que estas empresas” puedan tener “la tranquilidad de que este año lo van a poder atravesar”. 

Posteriormente, el funcionario le respondió a Martín que “lo mejor que se puede hacer en este sentido” es “solicitarle a la presidencia que esos reclamos nos los hagan llegar”. “Eso nos va a permitir atender esa situación”, cerró. 

En el mismo día que está previsto que el INDEC dé a conocer el índice de inflación de enero, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se presentará por primera vez en una comisión de Diputados.

La presencia del funcionario viene siendo requerida por la oposición hace ya un tiempo largo, más precisamente en la voz de la presidenta de la Comisión de Comercio, la radical Gabriela Lena.

Ese reclamo volvió a replicarse en la última reunión que mantuvo la comisión la semana pasada, cuando Lena hizo público el pedido al jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien dijo que tomaba la solicitud.

La confirmación de la asistencia del secretario, quien llegó a ese cargo a mediados del año pasado con el desembarco de Sergio Massa en Economía, se confirmó rápidamente, y la reunión se realizará este martes a las 12 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Desde que se inició el periodo de sesiones extraordinarias, la principal bancada opositora convocó este martes por primera vez una comisión que presiden: la de Comercio a cargo de la radical Gabriela Lena (Entre Ríos) en la que abordaron la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las PyMes.

Esta actitud se destaca porque la posición del principal interbloque opositor es la de no dar quórum en las comisiones o sesiones mientras el oficialismo mantenga el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, en las reuniones que ha habido desde el pasado 23 de enero, los legisladores de JxC dieron el presente una vez reunido el quórum.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. Sin un proyecto puntual a debatir, a la reunión informativa asistieron un total de 13 representantes del comercio y pequeñas y medianas empresas.

Al inicio de la reunión, Lena remarcó que “han sido años difíciles para nuestro país en general y para el comercio en particular porque encontramos trabas, problemas, burocracia para realizar esta actividad que es tan beneficiosa para el país que es el comercio en una actividad fácil de llevar adelante”.

“La gente espera de este Congreso que se traten temas que interesen a la sociedad”, disparó la radical y siguió: “Sabemos que hay mucha dificultad con la espiral inflacionaria con la falta de insumos para la industria. Con un salario que no alcanza. Con una política errática de cambios”.

En ese sentido, planteó: “Nosotros queremos poner una agenda de trabajo que tenga que ver con estos problemas, que son los problemas cotidianos de la gente, de la sociedad en general”. “Más allá de las diferencias partidarias o políticas que podamos llegar a tener, desde esta comisión estamos dispuestos a escuchar a todos en los diferentes temas que sean necesarios de dar los debates y de visibilizar cada uno de los problemas de los argentinos”.

Pidió la palabra la vicepresidenta de la comisión, la oficialista Silvana Ginocchio (Catamarca) resaltó que la comisión “tiene una importante temática que está relacionada con el comercio interior, el abastecimiento y todo lo que hace al comercio exterior”. Respecto al tema a debatir en la reunión, remarcó que “toca al trabajo y tiene sus propias problemáticas con sus propios actores donde están los trabajadores y quienes dan el empleo”.

“Reconozco que hay un problema desde hace un tiempo atrás que a atravesado nuestro país donde hubo pérdida de puestos de trabajo, donde hubo una pandemia, donde hemos tenido un endeudamiento con un impacto muy fuerte en nuestra economía. Hay variables económicas que están dando buenas pautas y lo que nosotros hoy estamos tratando es sobre problemáticas específicas dentro del mundo del trabajo que se relacionan con lo que es la informalidad, fraudes o higiene y seguridad en el trabajo dando lugar a reclamos”, explayó la fueguina.

En esa línea, subrayó que es “fundamental y necesario” que el Congreso “trabaje y funcione para poder atender todos los problemas que los argentinos esperan”.

A continuación, fue el turno del primer expositor Esteban Mancuso -Coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio- quien agradeció la invitación con el fin de “obtener la mejor ley posible para un problema endémico como es el empleo no registrado o mal registrado”.

“Concordamos con los fundamentos del proyecto, especialmente con las cuestiones vinculadas a la valoración de la situación que sufren las PyMEs cuando la imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una PyMe al momento de tener la extinción de un vínculo laboral o un juicio laboral que hoy implica el cierre de la persiana de una PyMe”, respaldó Mancuso.

A su vez, el funcionario sostuvo que es “conveniente el cambio del destino de las multas que sean destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiere recibir el registro jubilatorio en materia de financiamiento”, y sumó: “Estando en el 2023 es un gran avance hacerse de soluciones tecnológicas para lo que es un engrosamiento de las liquidaciones laborales como la entrega del certificado del artículo 80”.

Por último, planteó dos elementos para contribuir a la mejora de la ley: “Uno de ellos está vinculado con evitar mayor litigiosidad ya que retrotrae aquellos vicios que intenta solucionar cuando hablamos del destino de las multas y de la protección que recibe el trabajador. Son cuestiones que no quedan del todo precisas y entendemos que darían lugar a nuevos litigios judiciales que es uno de los objetivos que el proyecto intenta solucionar”.

En segundo lugar, Mancuso sugirió lo que fue la “complementaria Ley de riesgo del trabajo porque hay cuestiones vinculadas con la mochila y la antigüedad de registrar situaciones laborales que tienen una antigüedad suficiente como para ser un inconveniente a la hora de registrar esa relación laboral”. En esa línea, propuso acercar un programa donde las tres partes vinculadas “obtendrían una solución, es decir blanquear un trabajador sin que el Estado deje de percibir aquellos ingresos que fueron omitidos, que el trabajador se sienta amparado y otorgarles a todos los empleadores la posibilidad de acercar estas contribuciones que fueron omitidas en un periodo de tiempo considerable”.

En una breve interrupción, Lena aclaró que “no” se está tratando “ningún proyecto de ley” y dedujo que el invitado se refirió en su alocución a un proyecto que tiene que ver con las multas en la registración laboral.

En ese punto, Mancuso resumió: “Para incentivar la litigiosidad proponemos una instancia previa administrativa similar a la complementaria Ley de Riesgo de Trabajo donde lo que se buscaría es que en una instancia fuera de la justicia se intente incentivar acuerdos conciliatorios en esta instancia y una vez luego denunciarla a una instancia superior en la justicia”.

Luego fue el turno de Juan Ángel Ciolli -representante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)- remarcó que el tema de los juicios laborales es “importante y significante” que “hay que abordar seriamente”, pero manifestó que “es un tema que hay que abordar en conjunto con los trabajadores” porque “afecta a las PyMEs y a la organización de los trabajadores” y denunció que eso “se armó como un negocio entre abogados y jueces laboralistas”.

“Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 a 9 trabajadores, a partir de ahí un solo juicio puede representar una media de entre 5 trabajadores, el 20% de una empresa. Un juicio puede provocar el cierre de una empresa por eso es que creo que este tema hay que abordarlo en todas sus dimensiones, pero junto con los trabajadores”, consideró Ciolli.

Además, sugirió que debe haber un libro digital del sueldo para que los trabajadores puedan ver su salario y, en caso de reclamo, lo puedan realizar en los tiempos correspondientes. “Esto puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios. Debe haber una instancia intermedia y que debe ser un observatorio tripartito donde participen las cámaras, sindicatos y el Estado para tener una orientación clara para saber de qué tata el juicio”, planteó.

También criticó que “hay una segmentación en política pública en materia fiscal, financiera y laboral porque no es lo mismo una micro, pequeña o mediana empresa que una empresa de capital concentrado”, y pidió a los diputados “entender que la peor inequidad es legislar igual para desiguales porque tiene que haber una diferenciación entre los micro y medianos empresarios que damos más del 70% de la mano de obra”.

El asesor del Departamento de Legales de C.A.M.E, Juan Pablo Diab, también compartió que es “grave” el problema de la litigiosidad laboral porque el 95% de los juicios laborales están referenciados a tres normas que son la Ley Nacional de Empleo, la Ley 25.323 y la Ley 23.345 y remarcó que “no hay reclamo laboral que no conlleve a estas normas”.

“Están basados en normas que buscaban reparar ante el instituto del blanqueo de personal que en la historia ha demostrado que no ha tenido el efecto que buscaba y muchas veces fue usado como herramienta para confundir al trabajador en sus derechos y hacerlo tentar por sumas cuantiosas que caen en multas que no siempre se termina percibiendo y que como consecuencia termina perdiendo su fuente de empleo y a la empresa le genera una incordia y los gastos judiciales”, explicó Diab.

Al igual que sus predecesores, remarcó la necesidad de que haya una “instancia intermedia” en el tiempo de reclamo y en el plazo que da la ley cuando no es registrado el trabajador conforme a su denuncia. “Hay que hacer algo con la litigiosidad sin quitarle derechos al trabajador”, cerró.

Leo Ezequiel Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que en 2022 las empresas “tuvieron buenas ventas” tanto del comercio como de los servicios que “es un dato que contextualiza a la hora de hablar de los litigios laborales” porque “mientras haya venta la discusión se torna más amigable”.

“Esta discusión se debe dar en la Comisión de Legislación del Trabajo con discusiones multidimensionales porque la unilateralidad lleva a buen puerto”, sostuvo Bilansky. Respecto a un relevamiento realizado por la institución que preside sobre la litigiosidad y la conflictividad laboral destacó que “el 76% no tiene ningún tipo de reclamo laboral, mientras que un 12% tiene conflictividad con un solo trabajador y el 10% tiene episodios laborales significativos”.

En ese marco, precisó que un 42% de las empresas presentan conflictos o litigios por ausentismo injustificado, reclamos salariales distorsivos. “En Argentina hay 529 mil empresas registradas de las que el 96% de las empresas tienen hasta 50 empleados y 31,4% del empleo, solo el 4% de las empresas tiene más de 50 empleados y 68,6% del empleo”, informó.

“Hay que dar un debate sobre la simplificación laboral con todos los actores”, propuso Bilansky y comentó que en 2023 se crearon 10 mil empresas en el país y apuntó contra la gestión anterior donde “perdimos 31 mil PyMEs. Hay que crear al menos 50 mil PyMes”.

Por último, sobre los principales puntos que causan la litigiosidad enumeró: “La coyuntura económica, la inflación. Tenemos que estar hablando de los monopolios y oligopolios que le pisan la cabeza a las PyMes, ese es el tema que tenemos que debatir”.

En su alocución, William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) resaltó que los juicios laborales son “problemas muy grandes al sector”. Al igual que sus pares, compartió que deben estar todas las partes para encontrar una “solución de fondo”.

También expusieron Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD S.A.; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); el diputado nacional Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser, Confederación General de la Producción; y Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

En un contexto de altísima informalidad en Argentina, representantes del comercio y pequeñas y medianas empresas expondrán en la Cámara de Diputados sobre “la problemática de los juicios laborales” y la “registración de empleados”.

El encuentro se dará en la Comisión de Comercio, que preside la radical Gabriela Lena. Si bien el carácter de la reunión es informativo, esta es la primera comisión presidida por Juntos por el Cambio que es convocada en lo que va del período de sesiones extraordinarias.

La posición del principal interbloque opositor es la de no dar quórum en las comisiones o sesiones mientras el oficialismo mantenga el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

Sin embargo, en las reuniones que ha habido desde el pasado 23 de enero, los legisladores de JxC dieron el presente una vez reunido el quórum. A excepción de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde se debatió el plan de pago de deuda previsional que ya cuenta con dictamen, y estuvieron ausentes.

Para la reunión de este martes fueron citados a la Comisión de Comercio representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) y la Federación Económica de Corrientes. El encuentro se realizará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

En un contexto de altísima informalidad en Argentina, representantes del comercio y pequeñas y medianas empresas expondrán en la Cámara de Diputados sobre “la problemática de los juicios laborales” y la “registración de empleados”.

El encuentro se dará en la Comisión de Comercio, que preside la radical Gabriela Lena. Si bien el carácter de la reunión es informativo, esta es la primera comisión presidida por Juntos por el Cambio que es convocada en lo que va del período de sesiones extraordinarias.

La posición del principal interbloque opositor es la de no dar quórum en las comisiones o sesiones mientras el oficialismo mantenga el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, en las reuniones que ha habido desde el pasado 23 de enero, los legisladores de JxC dieron el presente una vez reunido el quórum. A excepción de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde se debatió el plan de pago de deuda previsional que ya cuenta con dictamen, y estuvieron ausentes.

Por su parte, días atrás el Frente de Todos le reclamó a María Luján Rey, titular de la Comisión de Legislación Penal, y a Facundo Manes, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología que convoquen a sendas comisiones a fin de tratar proyectos pedidos por el Poder Ejecutivo. Eso todavía no sucedió.

Por el momento, para el próximo martes 7 de febrero, Lena convocó a la Comisión de Comercio para recibir a representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) y la Federación Económica de Corrientes. El encuentro se realizará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

La Comisión de Comercio de la Cámara baja recibió a representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y otras asociaciones, que expusieron sobre la problemática de los medios de pago electrónico, el comercio ilegal y el comercio en general. 

La presidenta de la comisión, la diputada radical Gabriela Lena, abrió el encuentro agradeciendo la participación de los representantes en este “momento tan complejo” de “un montón de económicas nuevas, en un momento difícil donde necesitamos tener en esta situación toda la información para poder aunar algunos acuerdos y poder llegar a algunas soluciones”. 

Seguidamente, la diputada del Frente de Todos Silvana Ginocchio coincidió en la importancia del encuentro: “Somos conscientes de la necesidad de la construcción de los consensos y de escuchar a todos en un contexto difícil. Donde hay cuestiones que son estructurales y coyunturales y que es fundamental escuchar a los actores y que la construcción del país que necesitados es con todos y todas”.

Dando inicio a la ronda de expositores, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Grinman describió la importancia del sector: “Comercio y Servicios en la Argentina explica un poco más del 65% del PBI y alrededor del 67,3% de la mano de obra formal ocupada. Es un sector muy dinámico, que se recompone rápidamente pero también se cae rápidamente. Y es donde tenemos que poner el foco en las políticas de Estado que se necesitan para ser más numerosos”. 

A pesar de esto, indicó que hay “señales interesantes” porque “venimos midiendo la actividad del sector, y les puedo decir que julio 2022 contra julio 2021 hay un crecimiento del 6,5% en los sectores comercio y servicios. Pero aun así todavía estamos unos 2 puntos abajo que en el mismo que en el 2018. No hemos crecido, hemos recuperado lo perdido. El hecho de estar recuperándonos es una señal positiva”. 

De todas formas, indicó que hay otros problemas que tienen que ver con el comercio ilegal que “nos afectan y mucho. Y esto no significa que estamos en contra de que las personas se ganen su sustento trabajando como debe ser, porque además es muy digno trabajar. Entonces lo que tenemos que promover bajo todas las instancias es el trabajo formal”. 

Además, consideró que hay problemas de una “enorme” presión impositiva consolidada y contó: “Algunos me dicen que son iguales a los países del primero mundo, que es cierto, pero las prestaciones no son las mismas. Y además hay una tramando cantidad de tributos, en los cuales solamente diez está el 90% de lo recaudan el Estado. Hay que simplificar. Cada vez que se quiere abrir un comercio hay 200 trámites distintos. En lugar de facilitar la apertura de comercio, siempre le ponemos una trabita. Hay que terminar con esa burocracia perversa que de alguna manera desalienta la creación de nuevas fuentes de trabajo”. 

Finalmente, señaló que “hay cosas interesantes”, como los medios de pago electrónicos, por lo que consideró que “hay que ir a esas herramientas modernas, porque además son instrumentos muy buenos para evitar a la informalidad. Para evitar el negro. Cada vez que estemos más bancarizados vamos a ir en la lucha contra la informalidad”. 

A continuación, fue el turno del director del sector de Comercio de la CAME, Fabián Tarrío, que ilustró un panorama del sector: “El índice de ventas minoritas que elabora CAME arroja que en el mes de enero obtuvimos valores positivos en el promedio general, y en cada uno de los sectores revelados. La tendencia se rompió y comenzó a arrojar valores negativos en el mes de mayo hasta el último mes revelado, julio”. 

“Si uno observa la variación de la facturación de los comerciantes PyMes de manera acumulada desde enero hasta julio y lo compara con el mismo periodo del año anterior, va a poder observar que en líneas generales la facturación de los seis sectores revelados disminuyó un 12,1% promedio”, expresó con preocupación. 

Alejandro Segli, presidente Federación Económica de Catamarca y consejero CAME, remarcó la importancia que “los legisladores sepan de primera mano qué es lo que está pasando realmente en la calle”, porque “quizás muchos de los que vienen de los pueblos como venimos nosotros tienen la sensación de lo que sucede día a día. Si bien es cierto que la coyuntura es malísima, pero creo que el camino para poder sortear todo esto es trabajar en conjunto, articuladamente sector público con sector privado dejando las ideologías de lado. Y ese me parece que es el camino, la mesa de discusión el cual todos debemos sentarnos para poder sacar el país adelante”.   

En ese sentido, le pidió a los legisladores que “se animen a discutir cuestiones que tienen que ver con el fondo del problema que tiene que ver con empezar a legislar nuevamente, o discutir al menos –recién hablaban de una reforma impositiva- nos tenemos que animar a discutir o adecuar la ley laboral a los tiempos que se viven”.

“Hoy tenemos leyes laborales que están casi obsoletas, que ocasionan gran presión al sector empresarial. ¿Cómo el sector empresario puede generar empleo con la presión que tiene? Y no estamos en desacuerdo con lo que gana el trabajador, es más, queremos que el trabajador gane más para que pueda consumir más y mueva la economía. Lo que no estamos de acuerdo es con el impuesto al trabajo, que ya es prácticamente abrumador”, sostuvo Segli.

A su turno, Fabián Hrynewicz, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa manifestó su preocupación respecto al “crecimiento exponencial” en los últimos años en la Argentina del comercio ilegalidad: “Es cierto que antes el negocio físico para vender debía tener una vidriera bien armada, atractiva, y hoy esa vidriera es electrónica, pero también la utilizan aquellos que evaden y eluden todo tipo de impuestos. También es cierto que la Argentina tiene una presión tributaria alta, el ejemplo lo voy a dar con el Paraguay, que con todo concepto aplica el 31% de impuestos, y la prueba de que es ventajosos es la cantidad de empresas de la región que se están erradicando en este país”. 

En este sentido, consideró que “la mayoría que hoy están en la ilegalidad es producto de la cantidad de burocracias y costos que tiene estar en la legalidad. Es increíble que en el siglo XXI fronteras no tenga una ley que regule el comercio vecinal. El comercio vecinal tomado en cuenta con los usos y costumbres y conas las características propias de cada frontera”.  

Finalmente, señaló que presentaron un anteproyecto de Comercio de Fronteras que busca “compensaciones que vayan despegadas de la fluctuación cambiaria”.  

A continuación, Enrique Zanin, presidente Federación Económica de Formosa, hizo hincapié en el tema de la regionalización, ya que “es un tema importantísimo, que gracias a un grupo de gobernadores del norte grande argentino ha empezado a trabajar con la regionalización”. 

“Hay economías totalmente diferenciales, y yo creo que eso entra lógicamente en comercio también. Es decir, donde se produce es en las grandes ciudades, nosotros compramos productos terminados, y hay una gran diferenciación en la economía. Creo que ahí es el meollo del tema, de crear regiones en la argentina y de una vez por todas, en la reforma del año 94 de nuestra Constitución, dice simplemente crear regiones. Nunca se ha tocado la regionalización, ahí es donde creo que se tiene que trabajar muy fuertemente”, explicó. 

El presidente de Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (E.N.A.C.), Leo Bilanski, aportó una perspectiva distinta e indicó: “Tenemos que entender también que los dueños de la inflación están en las entidades empresarias afiliados, porque si no parece que es el sector privado contra el Estado y nosotros no tenemos nada que ver con la economía, y en rigor nosotros también transformamos la dinámica económica del país”. 

Bilanski advirtió la problemática que significa la inflación para el sector: “No solo castiga a nuestros trabajadores, sino también a las PyMEs. Hoy hay trabajadores del comercio, con un trabajo registrado que no llegan a fin de mes. Me parece que como empresarios tenemos que alertar qué tipo de capitalismo queremos para la Argentina. Creo que todos acá promovemos un capitalismo que desarrolle nuestro país”. 

En este sentido, señaló la necesidad de crear 100 mil empresas en el corto plazo para sacar a los trabajadores de la economía social y popular, porque “si vamos a hablar de la ilegalidad como si fuesen todos delincuentes, finalmente no vamos a poder diferenciar los delincuentes que realmente le hacen daño a esta Argentina, de la gente que trata a llegar a fin de mes. Si vamos a sacar 500 mil personas de la economía popular, y tratar de ofrecerles un empleo registrado para que lleguen a fin de mes tenemos que crear 100 mil PyMEs, y la verdad es que no hay herramientas hoy en el Estado que propugnen crear 100 mil nuevas PyMEs. 

Además, les pidió a los legisladores que recuperen la Ley de Góndolas: “Una herramienta que buscaba democratizar el acceso de las PyMEs a los supermercados, algo que todavía está vedado, y el Poder Ejecutivo todavía no lo implementó en todo este tiempo. Necesitamos que las góndolas de los supermercados se llenen de PyMEs, que tienen productos en cantidad, en calidad y en precio”.  

“Tenemos que empujar la Ley de Góndolas, tenemos que desmonopolizar la cadena de valor, tenemos que impulsar el Compre Argentino, iniciativas que vemos que se dirimen pero que no llegan a ningún puerto concreto. No podemos dilatar más las herramientas que necesitamos para fortalecer el entramado de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en la Argentina”, concluyó. 

Terminada la ronda de expositores, tomó la palabra el diputado del bloque Pro por Santa Fe Gabriel Chumpitaz, que concluyó que en la Argentina “no tenemos otra alternativa que ir a una flexibilización laboral”, y que si pretendemos cambiar esta matriz “que está llevando a la Argentina de tener la cuarta generación de personas que no trabajan y que viven de un plan, creo que tenemos que apoyar a las PyMEs que son justamente las generadoras de empleo. Y para eso no solo se necesita una flexibilización laboral, sino también una reforma tributaria, y en grandes términos económicos una reforma monetaria, pero también una reforma del Estado”. 

“El número de empresas que manifestaron cada mil habitantes tanto en Chile, Brasil y Argentina realmente es muy llamativo. La diferencia que tenemos de 55 en Chile, 26 en Brasil y 3 en la Argentina, evidentemente no estamos haciendo las cosas bien”, agregó. 

Finalmente, el diputado expresó que “el mensaje que quiero dejar es la importancia de que concienticemos a todos los actores políticos de nuestras coaliciones para trabajar en una flexibilización laboral. Que tiene que ver justamente con ese cambio de matriz de apostar a las empresas y a los trabajadores sin que pierdan ningún tipo de derecho, pero sí que puedan salir de esa esclavitud de los planes sociales”. 

La Comisión de Comercio, presidida por la diputada Gabriela Lena (UCR), realizó este miércoles una reunión virtual en la que expusieron comerciantes y referentes del sector empresario en el marco de la Pandemia por Covid-19.

En ese sentido, Enrique Zanín, presidente de la Federación Económica de Formosa afirmó: “Estamos en un aprendizaje social permanente con la pandemia. Hay un DNU vigente que hay que respetar”; al tiempo que agregó que “el Estado está asistiendo al sector empresarial con un enorme esfuerzo llevando alivio a los trabajadores y a las empresas, debemos trabajar todos juntos para salir adelante”.

Por su parte, Fredi Omar Vera, secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Formosa aseguró que “el comercio en Formosa está atravesando una situación preocupante”, y añadió: “La actividad comercial no contagia y si bien la ayuda del estado aporta no es suficiente, la industria del comercio se reactiva con las Pymes abiertas”.

En tanto, Norma Ríos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias Emprendedoras y Profesionales celebró el encuentro y expresó: “Tenemos dificultades pero debemos buscar caminos nuevos, con consensos para atravesar de la mejor manera posible los efectos sociales y económicos de la pandemia”.

Del encuentro también participaron Pablo Siddig, comerciante y licenciado en turismo; el vicepresidente de la Federación Económica de Formosa, Juan Darío Araujo; el presidente de la Asociación de Prestadores de Salud, Juan Celodonio Martínez; el presidente de Seguro de Formosa, José Ernesto Saporiti; Juan Marcelo Ocampo, comerciante gastronómico, y Gabriela Padrón, comerciante del sector del calzado, entre otros.

A horas de un nuevo anuncio sobre la continuidad de la cuarentena -más estricta en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires-, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío advirtió que la vuelta a la fase 1 en el AMBA significaría una pérdida de “548.500 milones de pesos” para los comercios.

Ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Lena, el dirigente de la organización detalló que “en este momento tenemos a nivel nacional entre un 13% y 14% de comercios cerrados definitivamente. Muchos de ellos son con mucha historia y muchas familias detrás”.

El vicepresidente del Sector Comercial de CAME aseguró que la extensión del aislamiento obligatorio provocará “una caída del 30,1% de toda la venta de un mes” y subrayó que, a pesar de haber sorteado otras crisis en el pasado, “el ingrediente que no teníamos era el miedo, que ahora no solo está presente en nosotros, está en la gente”.

“Necesitamos el acompañamiento”, enfatizó Tarrío, quien agregó que “el panorama es malo para las PyMEs, pero vayamos de la mano. No hay mejor lugar para expresar nuestra preocupación que este ámbito”. “Cuando no hay nada de trabajo, una pequeña PyME puede aguantar un mes, dos meses, pero ya en tres meses se pone muy difícil”, indicó.

También dijo que “los negocios que abren están vendiendo muy por debajo del margen en tiempos normales. Es verdad que casi el 80% del país está trabajando, pero no vendiendo o produciendo tanto más”. Asimismo, remarcó que “el AMBA produce el 40% casi de la economía”.

“No estamos criticando las medidas que se puedan tomar para proteger la salud”, aclaró, pero sostuvo que todo este contexto “es un problema serio” para “la supervivencia de un sector que da una cantidad muy importante de mano de obra”.

Por su parte, Arturo Stabile, presidente de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Lugano y Riachuelo, expresó que “el comercio venía de dos años de caída en las ventas, según el rubro, entre un 5% y 10%. De esta forma entramos en el 2020: con los comercios endeudados, baja de ventas y pérdida de rentabilidad”.

Además, apuntó que de la totalidad de los comercios, solo un “30% se dedican a actividades esenciales” y manifestó su “preocupación” porque “muchas de las ventas que no hacemos nosotros se hacen en los supermercados”.

“Vemos que hay un desinterés del sistema financiero por abordar esta necesidad que tenemos”, continuó y habló de la preocupación por el “enorme endeudamiento fiscal que estamos acumulando”. Por eso, Stabile afirmó que quisieran “tener la certeza de que va a haber una moratoria amplia” con un “largo período de gracia” y “una tasa muy baja”.

Pedido de informes rechazado

Tras la exposición de los invitados, el Frente de Todos y el diputado Alejandro Rodríguez (Consenso Federal) rechazaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo impulsado por Juntos por el Cambio. La legisladora Liliana Schwindt recordó que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, asistió a la comisión y “respondió muchísimas preguntas”.

La oficialista consideró que “más de la mitad de las preguntas no corresponden a Comercio Interior” sino “a otras áreas”, y se comprometió a trasladar algunas de ellas a la Comisión de Defensa del Consumidor -de la cual es vicepresidenta-, cuando Español se presente en ese ámbito.

Por otra parte, los diputados acordaron que se continúen analizando en asesores un proyecto de ley sobre régimen de monitoreo y control online de operaciones comerciales minoristas, y otro sobre modificación a la Ley de Abastecimiento, en referencia a las sanciones en contexto de pandemia.