Con representantes del sector, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Cultura de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un debate sobre proyectos que promueven una ley de fomento federal para la industria audiovisual y, a su vez, la regulación de las plataformas digitales. 

En el encuentro, la diputada de Unión por la Patria Gabriela Pedrali se refirió a un proyecto de su autoría que busca establecer “una nueva ley federal para la industria y producción audiovisual”. “El INCAA distribuye los fondos muy poco federalmente, donde el 89% de la torta se queda en CABA”, apuntó y también consideró que “se maneja con una ley antigua; necesita actualizaciones”. 

Pablo Carro, quien condujo el debate en su rol de presidente de la Comisión de Comunicaciones, se refirió a su iniciativa para regular las plataformas digitales y explicó: “Cambiaron las formas de producción y de consumo; no se ven películas en los mismos lugares y no se producen de la misma manera. Y esto tiene una afectación muy fuerte sobre los institutos de la cultura en general”. 

En ese sentido, el legislador de Unión por la Patria señaló que “lo que cambió brutalmente es a dónde se dirigen las publicidades”. “Las plataformas transnacionales son dólares que se van del país y además no distribuyen para los organismos de cultura”, agregó. 

En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón mencionó un proyecto recientemente presentado junto a pares de otros bloques, que propone “declarar la emergencia del sector audiovisual por dos años”, para que se debata en lo pronto, mientras se discute un nuevo régimen. “Uno puede entender la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero no puede entender cómo en pro de ordenar las cuentas públicas atacamos una industria que genera mucho empleo y riqueza”, sumó. 

El primer invitado en exponer fue Carlos Pirovano, el presidente del INCAA, a quien también consultaron por el funcionamiento y presupuesto del organismo. 

Sobre las plataformas digitales, el funcionario manifestó que “si uno piensa cómo viene evolucionando la tecnología y cómo influye en el entretenimiento y la cultura en general, yo creo que debe haber pocos ejemplos paradigmáticos como la irrupción de las plataformas” que “se encuentran sustituyendo ya a los canales de cable, a la televisión, de manera muy llamativa y de manera altamente competitiva entre ellas”. 

“El entretenimiento se adapta a estos mecanismos y las alternativas que se presentan, o también se adaptan o desaparecen. El cine en pantalla claramente se ha adaptado. La cantidad de gente que sigue yendo al cine nacional tradicional sigue en los mismos niveles que en 2010, 2014, que en Argentina son aproximadamente 45 millones de espectadores. Pero en el mundo también se sostienen estos mismos números”, aseguró Pirovano. “La interacción entre la tecnología y la cultura, siempre que exista la libertad, es algo virtuoso y bueno para la gente”, concluyó. 

A su turno, Leandro González, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, apuntó que “Argentina es un exportador audiovisual, es uno de los exportadores más relevantes de nuestra región. Estamos cerca de los 600 millones de dólares por año. La balanza comercial del sector es deficitaria, porque es deficitaria en casi todo el mundo. El abrumador dominio de Estados Unidos en la cadena de valor del sector audiovisual hace que los países sean deficitarios en casi todo el planeta”. Y dijo luego que ese déficit “ha ido aumentando” en relación con el crecimiento de las plataformas.

En nuestro país, “los servicios tradicionales se mantienen estables en materia de importación”, mientras que las suscripciones a plataformas “aumentan constantemente”.  “Nuestra industria audiovisual perdió competitividad frente a Uruguay, Colombia y Chile”, advirtió. 

González remarcó que “esto se puede solucionar por medio de una regulación inteligente. Tenemos que pensar una estrategia sobre el ecosistema actual y además crear organismos que sean capaces de actualizar constantemente, cada cinco o diez años, la normativa”. 

“No estamos en contra de las empresas, queremos un mercado fuerte y con empresas capaces de competir a nivel internacional”, afirmó y puso como ejemplo la normativa de la Unión Europea, aprobada en 2010 y revisada en 2018, que establece cuota de catálogo, prominencia y contribuciones financieras. 

Finalmente, el investigador recordó que “este año se están cumpliendo 30 años de la reforma de la Ley de Cine, se están cumpliendo 15 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y desde entonces no hemos tenido modificaciones sustantivas”. “La regulación no es contraria al mercado, lo que busca es atraer inversiones”, cerró. 

La actriz Alejandra Flechner, en representación de la Coordinación de la Multisectorial Audiovisual y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, enfatizó: “Hoy se cumplen 292 días sin ficción de producción nacional de estreno en la televisión de cable y aire. Un hecho inédito. Parecería que lo que no logró la censura de la dictadura cívico-militar lo está logrando esta tiranía del monopolio de mercado. Para peor y casi como una burla, la intervención de Radio y Televisión Argentina acaba de programar dos telenovelas de producción mexicana, justamente LS82 Canal 7, la Televisión Pública, que debería ser garante de nuestra representación audiovisual nacional y federal en la emisión de contenidos, no sólo no produce, sino aún peor, promueve la cultura extranjera por sobre la argentina. Muy gravoso, realmente”. 

A su vez, “la crisis económica, inflacionaria y recesiva pone a todo el sector cultural audiovisual, cinematográfico, televisivo, radial, teatral, musical, la danza y también el espectáculo público-recreativo en una situación terminal”, aseveró. 

Flechner alertó que “si los organismos están en modo ‘no hay plata’, sin asistencia del Poder Ejecutivo y con la caída de la recaudación de las asignaciones específicas difícilmente el sector pueda ser competitivo”. Además de la ayuda para el sector, reclamó por la regulación de la Inteligencia Artificial, que “ya comenzó a desplazar trabajadores, actores y actrices, locutores, intérpretes de la voz”, entre otros. 

Por su parte, Miguel Diani, presidente de Argentores, dijo que hace cuatro años comenzaron a impulsar el proyecto de ley para la industria audiovisual, el cual es transversal federalmente. “Las plataformas no existían en 1994 (año de la reforma de la Ley de Cine) y por eso tienen que estar” en una nueva normativa, señaló. 

También expusieron este martes Oscar “Tato” Tabernise, autor y secretario General del Sindicato Argentino de Autores y Autoras (SADA); Vanesa Pagani, presidenta de la Asociación Argentina de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA); Diego Boris Macciocco, integrante de la Mesa de la Industria y Actividad Musical; Ezequiel Radusky, presidente de la Asociación de Directores PCI; Horacio Grinberg, integrante de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; Pablo Storino, en representación del Sindicato Argentino de Televisión y Servicios Audiovisuales (SATSAID); Laura Fortini, del Sindicato de la Industria Cinematográfica; Juan Delú, de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC); Julio Raffo, asesor de Espacio Audiovisual Nacional; y Virna Molina, presidenta de Realizadores Integrales de Cine Documental.

El presidente del INCAA, Carlos Pirovano, fue convocado este martes a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de un debate sobre el impacto de las plataformas digitales y el streaming en la comunicación y la cultura.

Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, quien condujo el debate, aclaró que no se iba a hablar específicamente del funcionamiento del organismo, y que para ello iban a poder consultarle dentro de dos semanas al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quien asistirá a la comisión homónima. Sin embargo, no fue posible. Las decisiones de la nueva gestión en torno al INCAA y el financiamiento para el cine surgieron en las preguntas.

La diputada de Unión por la Patria Lorena Pokoik reivindicó que el INCAA "es el ejemplo más claro de un instituto que, lejos de ser deficitario, genera divisas, valor agregado y un enorme valor intangible, con el cual ganamos premios. Nos enorgullecen como país nuestros artistas, productores y realizadores".

Observó luego que el presupuesto proyectado para el año que viene "no se condice con la inversión" que debería tener, y criticó un "desfinanciamiento" del sector a partir de "las previsiones para que un instituto al cual su Gobierno intentó cerrar, destruir, aniquilar".

Al responder, Pirovano expresó que "los premios, los títulos, el reconocimiento, no es del burócrata que está en el INCAA, es de los artistas que han sido reconocidos por el gran público, por la gente, y eso es muy valioso".

"La cultura argentina va más allá de los entes burocráticos y de las políticas públicas. La cultura argentina existió incluso sin ninguna política pública y va a seguir existiendo aún sin ninguna política pública", sostuvo.

Y cuestionó que "pareciera que el desfinanciamiento del INCAA viene con esta administración" cuando "no se me ocurre -dijo- un desfinanciamiento mayor que capturar los recursos que deberían ir a la actividad audiovisual y gastarlos en empleados públicos, edificios y gastos de estructura".

El funcionario detalló que el organismo "recauda genuinamente por ley 15 millones de dólares por año" y "se estaban gastando más de 12 millones entre nómina salarial y edificios". "Hasta 2009 el INCAA contaba con aproximadamente 100 empleados; en febrero de este año tenía 730 empleados", agregó. Sobre el año próximo, confirmó que se destinarán 12 millones de dólares de presupuesto.

Cuando tomó nuevamente la palabra, Pokoik manifestó que disentía sobre cuál "debe ser el rol del Estado en la cultura". "Esta cuestión del Estado mínimo y que los talentos nacen solo por la meritocracia, entiendo que responde al paradigma del Gobierno. Capacidad y talento hay a lo largo y ancho del país, en todos los pueblos de la Argentina. Lo que no hay en todos los pueblos son políticas públicas activas que igualen en la posibilidad de las oportunidades para que puedan desarrollarse", señaló.

Al subrayar que "la cultura es un derecho social", la porteña se quejó de que se haya buscado otorgarle a la SIDE 100 mil millones de pesos "para entre otras cosas financiar quizás, lo digo en potencial para evitarme un juicio, la próxima campaña electoral; o quizás para hacer persecuciones políticas". Y opinó que hablar de los edificios del INCAA y la burocracia es parte del "discurso anticasta que tiene que ver con un Estado mínimo".

"Para defender al Estado máximo uno tiene que entender que el Estado máximo usa los recursos de la gente, entonces el Estado máximo es la gente al mínimo. Y el Estado mínimo es la gente al máximo. Nosotros creemos realmente que la gente es lo importante, no la burocracia", le devolvió Pirovano.

El titular del INCAA afirmó que "lo que estamos haciendo nosotros es ordenar, pagar, liberar recursos, para justamente identificar talentos, ayudar a que se desarrollen, de dónde vengan, no importa su color, raza, ideología o religión".

Intervino después el diputado oficialista Carlos D'Alessandro, quien reveló que el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, asistió a la bicameral de control y "demostró que no se había tocado un solo peso; trajo una certificación bancaria del Banco Nación, donde estaban 80 mil millones de dólares intactos" mientras que los otros 20 mil millones "no habían llegado del Tesoro Nacional".

"Este Estado no está acá para perseguir a nadie", aseguró el legislador de La Libertad Avanza y remató: "Estamos intentando hacer las cosas como no se hicieron antes, sin una doble vara, que tengamos un presidente que después diga que el cine argentino es una mierda, como escuchamos en las últimas grabaciones de Alberto Fernández".

A su turno, la diputada radical Natalia Sarapura hizo énfasis en "la obligación que tiene el Estado para garantizar un derecho" y consideró que "la inversión en cultura, en el cine, contribuye a la identidad nacional, al patrimonio nacional, y no podemos verla solo con la mirada del equilibrio fiscal".

Tras varias preguntas sobre medidas que se tomaron en el INCAA, como la eliminación del Comité de Preclasificación o el cambio en la modalidad del otorgamiento de anticipos de subsidios, Sarapura dijo: "Celebro que hayan superado el debate y el discurso de que 'no le vamos a quitar la comida a los chicos con una película', porque son dos temas absolutamente distintos".

"El INCAA se financia por una ley y esta ley es la que determina los recursos. Y nosotros ejecutamos esos recursos. Desde el INCAA no nos planteamos si la plata que viene al INCAA no le deja comer a los chicos, pero quiero decirle en términos personales que, si una película implica que un chico no coma, claramente la la opción no está en discusión. Preferimos que los chicos coman a que esté la película", aseveró Pirovano.

Durante un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, tuvieron dictamen distintos proyectos sobre la atención a los clientes que deben brindar las empresas de servicios de telefonía, cable e Internet. 

El despacho de mayoría resultó el de Unión por la Patria, acompañado por Alberto Arrúa (Innovación Federal) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda); y luego hubo dictámenes de minoría de La Libertad Avanza y el Pro (de rechazo); otro de la UCR, en base a un proyecto de Martín Tetaz; y uno de Hacemos Coalición Federal, sobre una iniciativa de Oscar Agost Carreño.

Al anticipar que no se había alcanzado consenso, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, fundamentó que “uno de los mayores reclamos es que nunca entre las opciones cuando hablamos por teléfono aparece en primer lugar la de hablar con un ser humano que nos atienda del otro lado por parte de la empresa, sino que siempre tenemos opciones digitales para ir a otras opciones y otro menú”.

Al respecto, el legislador de Unión por la Patria especificó que, en su proyecto, la idea es que en el primer menú “nos atienda una persona de carne y hueso, para beneficiar a los usuarios y no a las empresas”. En otro aspecto, informó que incorporaron al texto “que las empresas nos avisen un mes antes que se nos va a terminar la promoción”. “Las mayorías de estas propuestas están en las reglamentaciones que tienen que cumplir hoy las compañías telefónicas, y nos las están cumpliendo; por eso, nos parece importante que queden fijadas por ley”, remarcó el cordobés.

Desde la UCR, la diputada Karina Banfi consideró que por más que “haya atención personalizada no significa que sea mejor”. En ese sentido, instó a “resolver los asuntos con un sistema de inmediatez, que es lo hoy está pidiendo la sociedad y es donde nosotros tenemos que trabajar, no sólo con respecto a las compañías telefónicas, en lo que refiere a comunicación, sino también en cómo utilizamos la tecnología para hacer la vida más fácil de los consumidores”.  

Al igual que lo pidió Banfi, la macrista Silvana Giudici opinó que los proyectos debían volver a asesores. “Para que haya servicio de telefonía también tiene que haber un marco de seguridad jurídica para que la inversión privada pueda desarrollar su modelo de inversión de negocio con previsibilidad de cobro de tarifas y precios”, sostuvo. 

La extitular del ENACOM añadió: “No es ajeno a este Congreso la necesidad de mejorar la cobertura de Internet, las prestaciones telefónicas, lograr que los precios sean asequibles y de que lleguen a todos los ciudadanos, no importando donde vivan, con buena cobertura, señal y con tarifas conocidas y canastas promocionales”.

A su turno, Oscar Agost Carreño expresó que “la tarea que podemos hacer nosotros con estos proyectos es buscar los equilibrios para que no tengan una sobrecarga económica y de trabajo a las empresas desmesuradas y, por otro lado, que no sea imposible acceder con una persona humana cuando hablamos por teléfono para cualquier cosa sencilla”. “Tenemos que obligar, con otras herramientas, a que presten un mejor servicio; si prestan un mejor servicio, tienen menos llamadas”, subrayó el diputado de HCF. 

 En contrapartida, Myriam Bregman fustigó que se anteponga como argumento que es “en defensa de las PyMEs” pero “siempre es contra el pueblo trabajador”. “La desconexión es una condena a la pobreza, a no poder acceder a la educación ni que los pibes puedan hacer la tarea”, enfatizó la jefa del bloque Frente de Izquierda. “Me parece muy grave que no se enfoque que lo que hoy se está tratando son servicios públicos, fundamental para la vida de todas las familias, no estamos hablando de los negocios de los privados”, señaló. 

 Por último, José Peluc, de La Libertad Avanza, solicitó convocar a las empresas involucradas para que brinden su experiencia. “De no darse así, estaríamos entrometiéndonos en el accionar de un privado desde el Estado. Lo que pretendo es que logremos sacar dictámenes con la contundencia que tiene que tener en este caso”, manifestó.

Mientras que su par María Emilia Orozco dijo: “Debemos tener la responsabilidad en trabajar en un proyecto superador, pero creo que lo estamos haciendo con una celeridad irresponsable”. “Adherimos a volver el proyecto a asesores, cursar las invitaciones pertinentes, y en caso de que no se acceda estaríamos rechazando la aprobación”, anticipó. Finalmente, se terminaron firmando los dictámenes. 

 En otro orden, durante el encuentro se terminó de completar la nómina de autoridades de la Comisión de Comunicaciones e Informática, siendo avalado como vicepresidente el diputado libertario Carlos D’Alessandro.

La Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados tratará el próximo miércoles a las 10, en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja, el proyecto de ley que busca incorporar a la "violencia digital" como una de las modalidades de violencia contra las mujeres en la Ley 26.485 (Protección Integral a las Mujeres).

La iniciativa, consensuada entre propuestas de las legisladoras Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (Evolución Radical), ya obtuvo aval de la Comisión de Mujeres y Diversidad.

El texto plantea una serie de modificaciones a la Ley 26.485, entre ellas, incorpora la modalidad de violencia digital o telemática, definida como "toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar".

"En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la Ley 25.326 y/o la que en el futuro la reemplace, o acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación, o cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos de la presente ley", agrega.

En otro de los cambios, establece que se deberán "promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente".

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el "resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes".

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá "ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital" y "ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital".

También, tendrá la competencia para "ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital".

La Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, a cargo del oficialista Pablo Carro (Córdoba) cerró la jornada de reuniones de este martes en la cual emitió dictamen favorable al proyecto de ley que modifica la norma 23.789 de Telegrama y carta documento gratuitos, que ya venía con luz verde de la Comisión de Legislación del Trabajo. 

Además, pasó a la firma otros proyectos de declaración sobre la emisión de estampillas postales con imágenes de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación a cumplirse el 3 de junio de 2022. También otro proyecto sobre la emisión de estampillas postales con imágenes del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, con motivo de conmemorarse el centenario del inicio de su construcción.

Al inicio del encuentro, Carro informó que “hay tres proyectos de ley, dos de ellos tienen que ver con estampillas, pero resulta que esa es una atribución del Poder Ejecutivo y no del Congreso, entonces en la reunión de asesores se pusieron de acuerdo para convertirlos en un proyecto de declaración”.

“La atribución de emitir estampillas es del Poder Ejecutivo, la Cámara no puede sancionar una ley para esa medida, por lo tanto, vamos a solicitar que lo haga a través de un proyecto de declaración”, aclaró la diputada Sabrina Ajmechet (Pro).

Ley de Telegrama y carta documento gratuitos

Fue el diputado oficialista Carlos Ponce (San Luis) el primero en hablar. Agradeció el tratamiento de los proyectos de su autoría de los cuales “uno de ellos tiene que ver con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2021”, y explicó que “ahí se reúne la sociedad de la información y donde se premia a los países que tienen innovación, proyectos con respecto a temas de la tecnología. San Luis ha sido premiada y son pocos los países que consiguen esta premiación y la provincia lo están conseguido todos los años. Eso es raíz de la política que tiene en relación a información, la conectividad e innovación”.

“Me siento orgulloso de ser de una provincia que lleva a cabo una política de Estado en todo lo que tiene que ver con la conectividad, comunicación y que pueda ser premiada a nivel internacional junto a países que tratan esos proyectos”, manifestó.

Sobre el proyecto que propone modificar la Ley 23.789 de Telegrama y carta documento gratuitos plantea agregarle al artículo 1 un nuevo inciso que establezca: “Por los derechos habientes y/o convivientes del trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador y/o a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que deba efectuar vinculada con el contrato o relación de trabajo”.

“Eso tiene que ver con la gratuidad de las cartas documento o telegramas que muchas veces los trabajadores tienen, pero cuando ocurre un hecho como por ejemplo el fallecimiento del trabajador, pierde ese derecho y los familiares directos necesitan terminar trámites que, algunos de ellos, pueden ser el reclamo de la indemnización o de cualquier otra índole, y tienen que correr con los gastos porque en la práctica, entendemos, hay empleadores muy responsables en la cual acompaña al trabajador en una situación de esas características ayudándolo, pero en muchos casos hay empleadores irresponsables y terminan ocultando lo que deben abonar”, explicó Ponce y agregó: “Hay telegramas que hay que remitir y los trabajadores tienen esas dificultades”.

Además, bregó por sacar dictamen al proyecto y recordó que “tuvo tratamiento el año pasado en al cual tuvo dictamen favorable de ambas comisiones, pero no pudimos tratarlo en el recinto en sesión”.

El pedido de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sin ser miembro de la Comisión, agradeció el tratamiento de un proyecto de su autoría que propone expresar beneplácito por el lanzamiento del primer diario ignifugo del mundo “Noticias de la Comarca” de la provincia del Chubut, como modo de concientizar acerca de la problemática de incendios forestales en la Patagonia.

Se trató de una edición especial del tradicional diario local impreso, pero cuyo papel recibió un tratamiento anti flama que evitaba ser alcanzado por el fuego. El tratamiento fue similar al que se aplica en elementos textiles o de maderas para hogares, fabricas u oficinas mediante el cual se utilizó un líquido impregnante especial que cubre el material y evita ser afectado por un eventual incendio.

Respecto del mismo, sostuvo: “Cuando hicimos este proyecto nos llamó la atención el esfuerzo de un grupo de personas que desde la Comarca Andina señalaban el drama que estaban viviendo con los incendios. Hoy, más allá de las coyunturas políticas y económicas por las que atraviesa nuestro país, lo cierto es que hay muchos ciudadanos que tiene esta misma situación que vieron en 2021 los habitantes de la Patagonia Argentina es que los efectos de la desertificación, los efectos del cambio climático, la falta de la toma de conciencia no solamente de la dirigentica en todos los referentes, sino también de la propia comunidad respecto de lo que significa, trae y nos remonta y remontará cada año estas terribles escenas de incendios como las que tenemos en el Delta del Paraná que son terribles”.

“Es terrible no poder acceder a un pedazo del territorio que el fuego se lo está comiendo, ver la desesperación de la gente, pasar por esas rutas incendiadas y ver la desesperación de un ambiente contrario a la especie humana”, expresó la legisladora que integra el interbloque Federal y señaló que “los incendios mayoritariamente se provocan por la propia acción del hombre, ya sea por una ambición productiva, por descuidos en la falta de capacidad de darse cuenta. Lo cierto es que el enorme porcentaje de los incendios que se provocan en el mundo están vinculados con la acción del hombre y hay una parte pequeña que son producidos por la naturaleza, ya sea por rayos o la sequedad”.

En ese contexto y yendo al plano local, Camaño precisó que “los incendios del sur comenzaron por cuestiones naturales, pero hubo incendios que comenzaron por la acción del descuido del hombre o la acción exprofeso de los ambiciosos. Los incendios del Delta están aún sin resolver, pero sin dudas la carencia del río, la falta de la altitud necesario para poder proveer a los humedales y ríos internos, lo que nos pasa con el cambio climático tiene mucho que ver”.

En ese sentido, disparó: “Este Congreso tiene una deuda, por sobre todo Diputados más que el Senado porque en esa Cámara si tuvo dictamen la ley de humedales que nosotros la dejamos caer en 2013 y 2016”, y agregó: “Cuando la sociedad se expresa en redes exigiéndonos el tratamiento de la ley lo hace por estas cuestiones que pasan. Cuidar el ambiente no está reñido con la producción, eso lo tenemos que entender”, y cerró con una advertencia: “Si no haceos el esfuerzo vamos a tener problemas muy serios”.

A su turno, la vicepresidenta de la Comisión, la radical Karina Banfi, solicitó el tratamiento de cinco expedientes de su autoría que tiene giro. “Durante el año pasado y este año nos hemos enterado de irregularidades alarmantes de la RTA (empresa Radio y Televisión Argentina) que es presidida por Rosario Lufrano y desde el año pasado la estamos llamando y es imposible”, explicó Banfi.

En suma, coincidió con la diputada preopinante porque “la Cámara de Diputados tiene una deuda con todos nosotros que es la habilitación de Bicamerales por lo tanto los expedientes presentados tienen giro en segunda instancia a esa Comisión”, y reclamó la conformación de la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización -Ley 27078-.

En una jornada maratónica en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo este miércoles en el Anexo “A” la reunión constitutiva de la Comisión de Comunicaciones e Informática que quedó presidida por el oficialista Pablo Carro, siendo elegidas en las vicepresidencias la radical Karina Banfi y Florencia Lampreabe (FdT).

Como secretarios parlamentarios fueron propuestos Florencia Klipauka Lewtak (Pro), Liliana Paponet (FdT) y Emiliano Yacobitti (Evolución radical). Aún restan por designar dos miembros de la comisión.

Como agenda de trabajo acordaron que las reuniones se realizarán todos los martes a las 17.

En el uso de la palabra, Banfi sostuvo: “Esta Comisión va a tener un trabajo importante y vamos a hacer que la dinámica sea estratégica porque cuando hablamos de desarrollo y productividad hablamos de revolución del conocimiento. Esta Comisión es clave en eso”.

“Tenemos capacidad de diálogo, hay todo un tema de plataformas y redes que son imprescindibles para tratar y tenemos que tener consenso para debatirlo. Son temas que para adelante necesitamos amplios consensos”, cerró Carro.

En una reunión virtual de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados se dio dictamen de manera unánime este viernes a tres proyectos, entre los cuales se encuentra una iniciativa para establecer la gratuidad de los telegramas y cartas documentos de trabajadores. También se aprobaron un conjunto de proyectos de declaración y resolución consensuados.

En primer lugar, la diputada nacional Silvana Ginocchio (Frente de Todos-Catamarca) anunció su proyecto para declarar el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Radiodifusión y el Desarrollo Sociocultural, Plural e Inclusivo. “La radio es un medio único de comunicación”, argumentó la legisladora catamarqueña, que añadió que también es una “excelente plataforma para el discurso democrático”.

El diputado Carlos Ponce (Frente de Todos-San Luis), por su lado, presentó la iniciativa de su autoría para modificar la Ley 23.789 y así establecer la gratuidad de los telegramas y cartas documentos de trabajadores. El proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, con lo cual quedó habilitado para ser tratado en el recinto.

"Cuando se pierde un trabajador muchas veces la familia queda con toda la situación engorrosa después para resolver, y algunos empleadores muchas veces no facilitan las cosas, sino todo lo contrario, ponen muchísimas trabas para que cobren la indemnización y lo que les corresponde", sostuvo Ponce.

Actualmente el telegrama y las cartas documentos son gratis para los trabajadores en relación de dependencia, y para jubilados y jubiladas. Esta modificación a la Ley 23.345 busca que también lo sea para los derechohabientes de los trabajadores, en caso que deban comunicar, notificar e intimar a los empleadores del trabajador fallecido y/o a su ART, para distintos tipos de situaciones que versan sobre el contrato o relación laboral. Por ejemplo, el cobro de indemnizaciones, seguros, liquidaciones, etc.

El presidente de la comisión, el diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba), expuso su proyecto para instaurar el 5 de abril de cada año como el Día de las Radios Universitarias Argentinas en conmemoración de la inauguración de la primera radio pública y universitaria del país.

“Fue un 5 de abril cuando se fundó la radio de la Universidad Nacional de La Plata”, aseguró el legislador oficialista. “El papel que cumplen las radios universitarias es muy importante en todo el país”, consideró, y concluyó: “Me parecía que este reconocimiento este año que se cumplen los cien años de la radio era oportuno”.

En la reunión se firmó dictamen para las tres iniciativas de manera unánime a través de una única votación. Además, se aprobaron un conjunto de proyectos de declaración y resolución consensuados.

Pedidos de declaración a Rosario Lufrano

La diputada Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) comenzó la reunión con una solicitud de cambio de dos expedientes de pedidos de informe a la periodista Rosario Lufrano de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la presente Comisión de Comunicaciones e Informática.

La radical describió a los expedientes como "dos pedidos de informes orales, de citaciones, a la titular de RTA, de TV Pública, a la señora Lufrano". Agregó que los proyectos están como cabeceras en Asuntos Constitucionales. "La Constitución no habla del sistema de medios públicos", aseguró, y consideró todo "un error administrativo".

La diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) propuso que el asunto sea tratado en la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnolgías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, a lo que Waldo Wolf (Pro-Buenos Aires) le recriminó: "No creo que el único ámbito para que Lufrano de explicaciones sea la Comisión Bicameral". Argumentó que el pedido "tiene que ver con la misión y el objeto de esta comisión".