Defensores del pueblo de distintas provincias alertaron por las altas tarifas energéticas

Fueron recibidos en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia de la Cámara de Diputados.

Foto: HCDN

Presidida por la diputada Carolina Yutrovic (UP), la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, recibió a representantes federales nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

A modo introductorio, Bernardo Damián Voloj, secretario General de ADPRA y defensor del Pueblo de Chaco, afirmó que “acceder a energía eléctrica es un derecho inherente a la persona”. “Apostamos a consumidores y usuarios bien informados, con una consagración de derechos real y efectiva, pero fundamentalmente que no se ponga al usuario y consumidor siempre como el último eslabón, que tiene que pagar los costos”, analizó.

Coincidiendo con su antecesor en el uso de la palabra, Claudia Bard, defensora del Pueblo de Chubut, hizo hincapié en la “relevancia que tiene para el interior del país el nombramiento del defensor del Pueblo de la Nación, porque las provincias quedamos totalmente desprotegidos ante este tipo de subas de tarifas”. Al respecto, expresó la inquietud que tienen todos los defensores respecto al aumento de servicios públicos. “No le sirve al ciudadano, ni a la clase gobernante y tampoco a las empresas, porque dejan de ser operativos a medida que la gente se va bajando del sistema”, remarcó.

Luego, Analía Woloszczuk, de Bariloche, explicó la relación de cercanía con la ciudanía. “Nosotros tenemos al vecino en nuestra institución al que contenemos, escuchamos, asesoramos y acompañamos. En el caso de las tarifas, lo que nos toca es derivar a las autoridades decisorias de todas las acciones que se deben llevar adelante”, manifestó, al tiempo que instó a que “las tarifas sean justas, razonables y proporcionadas; la gente necesita poder calefaccionarse y usar los servicios esenciales”.

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Jorge Henn, planteó que “la situación es absolutamente compleja”, donde los usuarios -a su entender- están siendo corridos del sistema de los servicios públicos. En esa línea, agregó: “El análisis tiene que ser con los ciudadanos de Santa Fe, sobre todo con los sectores más desprotegidos, adentro”.

Leonardo Gialluca, defensor del Pueblo de Formosa, expuso: “No queremos con nuestros planteos quebrar al Estado, pero se nos hace muy difícil en los últimos meses trabajar, comprender, entender y contener a los consumidores y usuarios”. “Necesitamos que las políticas públicas contemplen la diversidad y la situación de demanda, y que sean realmente federales”, sostuvo.

Para concluir, Roberto Daoud, habló en representación de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), quien mostró preocupación por la situación de los electrodependientes. En otro aspecto, informó que le dejó a la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) “un proyecto de ordenanza que se ha ido replicando en distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el sobreendeudamiento para analizar y trabajar en conjunto”.

 

Dictamen a un proyecto para que las empresas de telefonía e Internet garanticen la atención personalizada

El tema fue debatido en un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Defensa del Consumidor. El despacho de mayoría fue de UP. 

Durante un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, tuvieron dictamen distintos proyectos sobre la atención a los clientes que deben brindar las empresas de servicios de telefonía, cable e Internet. 

El despacho de mayoría resultó el de Unión por la Patria, acompañado por Alberto Arrúa (Innovación Federal) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda); y luego hubo dictámenes de minoría de La Libertad Avanza y el Pro (de rechazo); otro de la UCR, en base a un proyecto de Martín Tetaz; y uno de Hacemos Coalición Federal, sobre una iniciativa de Oscar Agost Carreño.

Al anticipar que no se había alcanzado consenso, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, fundamentó que “uno de los mayores reclamos es que nunca entre las opciones cuando hablamos por teléfono aparece en primer lugar la de hablar con un ser humano que nos atienda del otro lado por parte de la empresa, sino que siempre tenemos opciones digitales para ir a otras opciones y otro menú”.

Al respecto, el legislador de Unión por la Patria especificó que, en su proyecto, la idea es que en el primer menú “nos atienda una persona de carne y hueso, para beneficiar a los usuarios y no a las empresas”. En otro aspecto, informó que incorporaron al texto “que las empresas nos avisen un mes antes que se nos va a terminar la promoción”. “Las mayorías de estas propuestas están en las reglamentaciones que tienen que cumplir hoy las compañías telefónicas, y nos las están cumpliendo; por eso, nos parece importante que queden fijadas por ley”, remarcó el cordobés.

Desde la UCR, la diputada Karina Banfi consideró que por más que “haya atención personalizada no significa que sea mejor”. En ese sentido, instó a “resolver los asuntos con un sistema de inmediatez, que es lo hoy está pidiendo la sociedad y es donde nosotros tenemos que trabajar, no sólo con respecto a las compañías telefónicas, en lo que refiere a comunicación, sino también en cómo utilizamos la tecnología para hacer la vida más fácil de los consumidores”.  

Al igual que lo pidió Banfi, la macrista Silvana Giudici opinó que los proyectos debían volver a asesores. “Para que haya servicio de telefonía también tiene que haber un marco de seguridad jurídica para que la inversión privada pueda desarrollar su modelo de inversión de negocio con previsibilidad de cobro de tarifas y precios”, sostuvo. 

La extitular del ENACOM añadió: “No es ajeno a este Congreso la necesidad de mejorar la cobertura de Internet, las prestaciones telefónicas, lograr que los precios sean asequibles y de que lleguen a todos los ciudadanos, no importando donde vivan, con buena cobertura, señal y con tarifas conocidas y canastas promocionales”.

A su turno, Oscar Agost Carreño expresó que “la tarea que podemos hacer nosotros con estos proyectos es buscar los equilibrios para que no tengan una sobrecarga económica y de trabajo a las empresas desmesuradas y, por otro lado, que no sea imposible acceder con una persona humana cuando hablamos por teléfono para cualquier cosa sencilla”. “Tenemos que obligar, con otras herramientas, a que presten un mejor servicio; si prestan un mejor servicio, tienen menos llamadas”, subrayó el diputado de HCF. 

 En contrapartida, Myriam Bregman fustigó que se anteponga como argumento que es “en defensa de las PyMEs” pero “siempre es contra el pueblo trabajador”. “La desconexión es una condena a la pobreza, a no poder acceder a la educación ni que los pibes puedan hacer la tarea”, enfatizó la jefa del bloque Frente de Izquierda. “Me parece muy grave que no se enfoque que lo que hoy se está tratando son servicios públicos, fundamental para la vida de todas las familias, no estamos hablando de los negocios de los privados”, señaló. 

 Por último, José Peluc, de La Libertad Avanza, solicitó convocar a las empresas involucradas para que brinden su experiencia. “De no darse así, estaríamos entrometiéndonos en el accionar de un privado desde el Estado. Lo que pretendo es que logremos sacar dictámenes con la contundencia que tiene que tener en este caso”, manifestó.

Mientras que su par María Emilia Orozco dijo: “Debemos tener la responsabilidad en trabajar en un proyecto superador, pero creo que lo estamos haciendo con una celeridad irresponsable”. “Adherimos a volver el proyecto a asesores, cursar las invitaciones pertinentes, y en caso de que no se acceda estaríamos rechazando la aprobación”, anticipó. Finalmente, se terminaron firmando los dictámenes. 

 En otro orden, durante el encuentro se terminó de completar la nómina de autoridades de la Comisión de Comunicaciones e Informática, siendo avalado como vicepresidente el diputado libertario Carlos D’Alessandro.

Una comisión presidida por la oposición recibirá a damnificados por el DNU de Milei

Será una reunión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, en manos de Unión por la Patria. Fue citada para este miércoles a las 11.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, presidida por la diputada de Unión por la Patria Carolina Yutrovic, realizará una reunión en la que recibirá a damnificados por las medidas dispuestas por el Gobierno nacional a través del DNU 70/23, que cuenta con rechazo del Senado desde hace un mes.

La convocatoria al encuentro, que será este miércoles desde las 11 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, tiene como temas “la medicina prepaga, obras sociales, medicamentos y acceso a la vivienda (alquileres)”. Para exponer, fueron invitadas asociaciones, especialistas y personas que se vieron perjudicadas por los aumentos de precios en este sentido.

En el caso de las prepagas, si bien el Gobierno fue el que liberó los aumentos a partir del decreto, en los últimos días -ante las altas subas- anticipó que demandará a las empresas del sector por presunta “cartelización”. “Le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, había escrito en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

La semana pasada, Unión por la Patria, junto a la izquierda y el socialismo, organizó en la Cámara de Diputados un encuentro con abogados constitucionalistas para rechazar el DNU. A la jornada se sumaron un puñado de radicales y dos diputadas de Hacemos Coalición Federal.

Ahora, en el marco de la Comisión de Defensa del Consumidor, será el turno de escuchar a ciudadanos que directamente se vieron afectados por las medidas del DNU que rige desde diciembre pasado.

El oficialismo en Diputados continuó constituyendo comisiones

Ocho comisiones se conformaron a lo largo de este miércoles, con la salvedad de que la polémica que envolvió a la reunión de Juicio Político puso en duda esa constitución. El resto de las reuniones.

Prematuro arranque de jornada legislativa tuvo la Cámara de Diputados este miércoles con la conformación de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. A lo largo del día se constituirán un total de siete comisiones.

El encuentro comenzó pasadas las 9.30 en la Sala 7, donde la chubutense Eugenia Alianiello propuso en nombre del bloque UP a la fueguina Carolina Yutrovic como titular de la misma que “se incorporó en la función pública en el 2009 y, a partir de esa fecha, se desempeñó en diversos cargos en el ámbito del Concejo Deliberante del Municipio de Ushuaia y del gobierno de la provincia. Fue subsecretaria y ministra de trabajo, industria, comercio e innovación productiva de la provincia, cargo que le permitió adquirir experiencia en el área de comercio y defensa del consumidor”.

“Previo a sus cargos públicos y su actual rol como diputada nacional, reconoce en su condición de empleada metalúrgica por casi 25 años y de actividad gremial en la mitad de ese período ocupando diversos cargos en la Unión Obrera Metalúrgica de su localidad, su mayor experiencia con la defensa y sostenimiento de derechos que comprometen para la tarea que le toca en la comisión”, argumentó Alianiello.

Al tomar posición en la cabecera de la comisión, Yutrovic agradeció la designación y expresó su deseo de “estar a la altura de las circunstancias, más en los tiempos que corren. Tenemos un gran compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, de la competencia, de la cuestión de los precios. Nos queda una enorme tarea por delante. Tenemos el compromiso y la voluntad de tratar y hacer partícipes de todos los proyectos con estado parlamentario que son muchísimos y estamos hablando de temas esenciales para los ciudadanos como son los servicios, las tarifas, la regulación de precios que es necesario para proteger al consumidor”.

Como vicepresidente primero fue propuesto por la propia titular de la comisión al cordobés Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) que “por una cuestión de salud no se encuentra presente”. Yutrovic lo presentó como “abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, Máster Internacional en cultura, sociedad y economía en Madrid, especialización en comunicación política, en gobierno digital y en administración pública y fiscal”.

La fueguina acotó: “Este currículum lo hacen más que habilitante para poder ocupar esta comisión y colaborar en el trabajo que nos espera en ella”.

Por la vicepresidencia segunda, la diputada Marcela Passo (UP) postuló a María Eugenia Alianiello que es “licenciada en psicología de la UBA, ingresó a la función pública en el 2011 como directora provincial de la Niñez en Chubut. Pasó por cargos que estuvieron enfocados en la defensa y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ha estado a cargo del seguimiento, ejecución y control de programas de derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Fue subsecretaria provincial de desarrollo humano y familia, secretaria municipal de desarrollo comunitario, concejala”.

Además, hicieron reserva de las dos secretarías al igual que La Libertad Avanza que le corresponde la secretaría primera.

A la hora de definir días y horarios de reuniones, Yutrovic explicó que “hay una cantidad enorme de comisiones que ya se conformaron y han puesto el día martes y se pueden llegar a generar superposiciones”, por ello propuso los días miércoles a las 10 y aclaró que, en caso de sesión, pasar el encuentro.

Promediando la reunión, el jefe del bloque UP, el santafecino Germán Martínez, pidió la palabra y explicó: “Esto nos va a pasar en muchas comisiones porque se fueron conformando. En algún momento el área de comisiones de la Cámara junto con la secretaría parlamentaria propondrá un esquema que permita que en una determinada franja horaria se superpongan lo menos posible para que no tengamos problemas con la asistencia de los diputados en cada comisión”

“Esta es una comisión que ojalá funcione mucho. Es interesante leer las competencias que tiene la comisión”, indicó Martínez y procedió a explicar la misma: “Compete a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia dictaminar sobre todo lo vinculado con la protección del consumidor, la defensa de la competencia, la política de precios, a la observancia de las normas que regulan la garantía de calidad, la responsabilidad frente al consumidor por parte de fabricantes, intermediarios y comercializadores de bienes y servicios y todo aquello que tienda a la transparencia del mercado, en resguardo del interés económico general”.

Así, manifestó: “En tiempos que estamos hablando mucho de tarifas, de prepagas, de acceso a servicios fundamentales como telecomunicaciones, esta comisión le tiene que dar un rostro humano a una enorme cantidad de decisiones políticas que se están tomando sin ánimo de debate, la intensión es que se pueda trabajar mucho y ser complementario al trabajo de otras comisiones. Espero que haya una entidad colaborativa que podamos avanzar”.

Yutrovic sumó: “En función de la realidad que nos toca atravesar, esta comisión debería tener muchísimo trabajo. Tenemos cientos de pedidos de usuarios y consumidores pidiendo reuniones y que esta cámara sea caja de resonancia de todas las situaciones que atraviesan el acceso a servicios que necesitan las familias”.

Comisión de Comunicaciones

La Comisión de Comunicaciones e Informática se reunió a continuación, reeligiendo presidente al cordobés Pablo Carro (UP), en tanto que vicepresidenta primera seguirá siendo la radical Karina Banfi. La vicepresidencia segunda quedó reservada para La Libertad Avanza.

La secretaría primera quedó para la diputada del Pro Silvana Giudici; la secretaría segunda para alguien de UP, y la tercera para Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal.

Al tomar posesión del cargo, habló del DNU 70/23, a través del cual se intervino el Enacom y RTA. “Para mí son dos entes muy importantes, que tienen representación de minoría parlamentaria. Que se haya perdido esa representación, me parece que lo único que hace es debilitar nuestra democracia y sería bueno que estos temas pudiéramos abordarlo nosotros”, señaló, considerando que “sería bueno que esta Cámara definiera el rumbo de estas instituciones”.

“A mí me gustaría que  pudiéramos tratar el tema de medios públicos, porque si llega a ser que se tenga que tratar en el  pleno la privatización de medios públicos y no tenga giro a esta comisión, a mí me gustaría que nosotros hayamos tenido el trabajo y discutido las diferentes posiciones que puede haber en relación a medios públicos”, agregó.

La flamante vicepresidenta Banfi ponderó a su colega Carro, señalando que “vamos a encontrar dos posiciones a veces antagónicas”, pero aclaró que “sabemos muy bien en qué no nos vamos a poner de acuerdo, y sí en qué nos podemos poner de acuerdo”.

En su intervención recordó que durante los últimos cuatro años convocaron reiteradamente a las autoridades de RTA, y aclaró que le constaba que el presidente Carro había hecho gestiones para que Rosario Lufrano y todos los del directorio pudieran concurrir a hablarles “sobre la crisis ahora totalmente desatada en los medios públicos. Nunca quiso venir, hasta me increpó una vez en el canal oficial”, comentó la legisladora radical.

A su vez, Silvana Giudici celebró la derogación del decreto de Alberto Fernández número 690, conocida este miércoles, referido a los precios de Internet, cosa que consideró “una excelente medida”, pero aclaró que el mismo “estaba absolutamente anulado por un fallo de primera instancia, por lo cual nunca se había cumplido”. Destacó también otro DNU, el 70/23, que a su juicio “generó una innovación muy importante, que es la posibilidad de que haya prestación de internet por satélite”, algo que estaba vedado hasta ahora, y abogó por una modificación total de la Ley de Medios.

Por otra parte, sugirió citar a la defensora del Público, “para que nos informe del accionar de un organismo que hasta ahora no ha informado nada”. Señaló el interés por conocer sobre el personal de ese organismo, recursos, patrimonio y “balance de la gestión que está a punto de terminar de Miriam Lewin”, y aclaró que “este tipo de organismos no puede generar que se persiga ni la opinión de los periodistas, ni regular manuales de estilo para los periodistas”.

Por su parte, el diputado Carro le dijo que “si somos inteligentes, vamos a ponernos de acuerdo en muchos más temas que los que creemos cuando ideologizamos mucho la discusión”. Y sobre la derogación del decreto 690, aclaró que esa medida solo perjudicó a las pequeñas y medianas empresas, pues las grandes accionaron legalmente y evitaron tener que acatarla, cosa que no pudieron hacer las más chicas.

Por eso, dijo que “regulación inteligente es no ir contra las empresas, sino buscar el desarrollo. Ese decreto fue un boomerang contra las PyMEs, un corset para ellas. Por eso creo que hay que ser inteligentes. Legislar solo pensando en un sector nos lleva a errores”.

Posteriormente se constituyó la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que será presidida por Sabrina Ajmechet (Pro). En tanto, el extitular de esa comisión, Hugo Yasky (UP), fue elegido para la vicepresidencia primera y la bancada de la UCR reservó la vicepresidencia segunda.

La secretaría 1° quedó a cargo de María Celeste Ponce (LLA), la secretaría 2° fue reservada para el bloque de UP y Alejandro Vilca (FIT) ocupó la secretaría 3°.

La Comisión de Finanzas quedó constituida con la presidencia de Alberto Benegas Lynch (LLA), acompañado por Itai Hagman (UP) en la vicepresidencia primera y Victoria Borrego (Hacemos Coalición Federal) en la vicepresidencia segunda.

Daiana Fernández Molero (Pro) ocupó la secretaría 1°, mientras que los bloques de la UCR y UP hicieron reserva de las secretarías 2° y 3°.

Asimismo, se constituyó la Comisión de Discapacidad, donde fue elegido Daniel Arroyo (UP) como titular. Nicolás Del Caño (FIT) y Eduardo Valdés (UP) ocuparon la vicepresidencia primera y la segunda, respectivamente.

En dicha comisión, Karina Ethel Bachey (Pro) fue elegida para la secretaría 1°. En tanto, la secretaría 2° quedó reservada para el bloque de UP y, en la secretaría 3°, designaron a Natalia de la Sota (Hacemos Coalición Federal).

Por último, los diputados eligieron las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que será presidida por Pablo Yedlin (UP). Ambas vicepresidencias fueron reservadas para los bloques de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria.

Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal) fue elegida como secretaria 1°, Ana Carla Carrizo (UCR) como secretaria 2° y el bloque de UP hizo reserva de la secretaría 3°.

Un plenario de comisiones de Diputados debatirá sobre los pagos con tarjetas de crédito

Será en una reunión de Comercio y Defensa del Consumidor, ambas presididas por la UCR, el próximo miércoles a las 11.

Un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados, presidida por los radicales Gabriela Lena y Víctor Hugo Romero, respectivamente, se reunirá el próximo miércoles a las 11.

En el encuentro, que se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, fueron invitados expositores que hablarán sobre la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia.

La convocatoria se había programado en un primer momento para el 19 de abril, pero fue suspendida porque ese mismo día sesionó la Cámara de Diputados.

Iniciativas sobre planes de ahorro automotor

La Comisión de Defensa del Consumidor recibió a distintos especialistas con el fin de disertar sobre la metodología de los sistemas de capitalización y ahorro.

Puntapié inicial en Diputados al debate sobre usuarios perjudicados por planes de ahorro automotor 

Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Defensa del Consumidor, de la que participaron funcionarios. El radical Víctor Hugo Romero pidió avanzar a partir de febrero con la discusión de una nueva norma.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados dio puntapié inicial este martes al debate sobre usuarios perjudicados por planes de ahorro automotor. El encuentro contó con la visita de funcionarios y, durante la discusión, se afirmó que es necesario avanzar en una nueva normativa sobre este tipo de contratos. 

En el arranque, el presidente de la comisión, el radical Víctor Hugo Romero, señaló: “Es un tema que queremos empezar a debatirlo, hay proyectos presentados, pero la idea es que profundicemos este sistema de capitalización y ahorro desde el trabajo horizontal, en equipo, junto al Poder Ejecutivo y que definamos un mecanismo de una nueva ley si hace falta”. 

“Es un tema que es necesario que el Congreso lo aborde, que requiere de un análisis minucioso, no es un tema para resolverlo de un día para el otro, es complejo”, aclaró el cordobés, al recordar que “esto se rige por un decreto reglamentario de 1943; claramente estos sistemas de capitalización de aquella época no son los actuales”. 

En esa línea, Romero agregó que “el Congreso tiene que dar un nuevo marco normativo para fortalecer la transparencia y este sistema tiene que ser un instrumento de ahorro y capitalización, pero básicamente garantizando defensa de los derechos de los consumidores”. 

Al exponer, Alejandro Alonso Pérez Hazaña, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, precisó que durante este año se recibieron 8.379 reclamos, liderados por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, más la Ciudad de Buenos Aires. “El 30% fueron reclamos por demora en la entrega del bien; el 25,3% por falta de devolución de los montos en casos de renuncia; el 12,3% por incumplimiento de oferta; el 5,1% por cobro indebido; y el el 4,6% por aumento no previsto o indebido del monto del valor del móvil”, detalló. 

Además, reveló que las “empresas más reclamadas” son “Volkswagen con 32%; FSA 28,29%; Plan Rombo (Renault) 19%; Peugeot 8,67%; Chevrolet 7,5%; y Plan Ovalo (Ford) 3,6%”. 

El funcionario advirtió que cuando se judicializan los reclamos, “la cantidad de expedientes que se cierran sin acuerdo” en un promedio de 65%. “Estos números reflejan que hay un problema”, expresó y afirmó que trabajan en “un proyecto de resolución, junto con la IGJ, para poder dar respuesta a cautelares que se han caído a partir de procesos colectivos”. 

Durante su alocución, explicó que “en términos generales en estas relaciones de consumo” hay “una falta de información en general en toda la operatoria del contrato”. “Es un contrato muy turbio, difícil de entender, tiene una lógica de otra época, de los años ´50”, resaltó.

No obstante, Pérez Hazaña consideró que “el mejor sistema de información no necesariamente resuelve los problemas de fondo de este sistema de comercialización”. “El problema más complejo en el que hay que encontrar una respuesta es en la mecánica de la determinación del precio. Si no resolvemos eso, no resolvemos el problema de los consumidores”, sostuvo, al tiempo que añadió que hay que corregir “cláusulas abusivas” como el cobro de “una comisión por estar inscripto en el contrato” y “el cobro de los seguros”. 

Luego fue el turno de Darío de León, director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien reconoció que “con el aumento generalizado de precios comenzó a ser esto un problema en todo el país” porque “la gente no puede pagar las cuotas” y “genera un alto índice de conflictividad a lo largo y ancho de todo el país”. “Lo primero que se intentó fueron algunos parches, desde la fase administrativa, para buscar algún tipo de paliativo” como “un diferimiento de cuotas, pero esto no solucionó el problema, fue de emergencia”, admitió. 

El funcionario llamó a “repensar el sistema” porque “estamos en un tema del sector privado, pero actores del sector privado que de alguna manera inciden sobre el interés público, porque lo que se hace es una captación del ahorro público, por eso este tipo de contratos se encuentra regulado y fiscalizado de forma permanente por parte del Estado”. 

“Tenemos un procedimiento de denuncia para que se pueda hacer de forma digital, pero el principal problema que tenemos es el poder sancionatorio, podemos poner 11 mil pesos de multa. Eso nos dice todo…Entonces, ejercer un control pero sin poder sancionar es un poco una contradicción”, subrayó. 

De León explicó que “la gente va a los organismos buscando una solución y ponerle 11 pesos de multa a la empresa no es una solución para nadie”. 

Además, el director de Sociedades Comerciales de la IGJ pidió no “pasar por alto” la oportunidad de que, si se avanza con una nueva normativa, se tenga en cuenta no solo al sector automotor sino también a “aquellas empresas, o sociedades de empresas, que captan el ahorro público con promesa de prestación futura de dinero, hemos visto el grupo Zoe, el grupo Vayo”, las cuales “no están expresamente alcanzadas por ningún marco específico” y “se aprovechan de ciertos grises legislativos”. 

Al momento de la ronda de preguntas, el oficialista Juan Manuel Pedrini reclamó: “La IGJ es la autoridad de aplicación y control porque se está captando ahorro público. Ahora, al contrato lo aceptan ustedes. Contratos que son altamente perjudiciales para el usuario. Desde el Estado estamos corriendo muy atrás en la defensa de los consumidores”. “Parecería ser que tenemos detectado el problema, pero que estamos más del lado de las automotrices que de los ciudadanos”, se quejó y consultó si “la autoridad de aplicación que autoriza estos contratos tiene voluntad de modificarlos o vamos a necesitar una ley”. 

Por su parte, el radical Marcos Carasso puso como ejemplo a una persona que pagó un plan de ahorro de 36 cuotas para un Fiat Cronos y “en diciembre de 2019 pagó una cuota de 7.900 pesos y en noviembre de 2022 fue de 56.586 pesos. La variación de las cuotas fue del 614% y la inflación acumulada en el mismo período de 275%”. 

“La gente hoy todos los meses está perdiendo su valor adquisitivo, todos los meses le aumenta la cuota. Esto genera un desequilibrio todos los meses”, enfatizó y aseguró que “la urgencia es inminente, no se puede esperar a que pasen los meses”. En esa línea, observó que hay que “lograr un índice lógico y razonable” y habló de “un millón de argentinos” afectados en todo el país y que “hay 100 mil cordobeses desesperados esperando que resuelva la Justicia”. 

“Hasta tanto se sancione una normativa, que evidentemente es necesaria, habiendo cláusulas notoriamente leoninas, abusivas, el Estado tiene que actuar ya mismo”, apuntó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien además aprovechó para recordar a sus pares que “hace muy poco se votó retenciones cero para las automotrices, las premiaron para una década”, y pidió que “se revise esa norma” ya que “se las premió con semejante beneficio y es así como tratan a los habitantes de este país”. 

Más tarde tomó nuevamente la palabra Pedrini, a quien se lo vio claramente molesto, y solicitó a los organismos que se controle “el plazo de entrega y el tema de los reintegros” porque “las concesionarias venden el plan y se desentienden”. “Pidanle al usuario que se comunique con los administradores…es misión imposible. Hay que poner atención presencial. Es una vergüenza como estamos”, manifestó y exclamó: “O acá legislamos para el pueblo, o trabajamos para las automotrices, porque es una estafa lo que se le está haciendo al pueblo argentino”. 

Finalmente, el chaqueño afirmó que le iba a pasar a los funcionarios “una lista de todas las cosas que se pueden mejorar ya con decisiones administrativas” porque “hay cuestiones que se pueden resolver ya”, más allá de la necesidad de trabajar en un proyecto. 

“Tomo todas las sugerencias, es un muy lindo, se puede hacer una normativa muy hermosa, la pregunta es, ¿cómo hacemos para obligarlos a que cumplan si no hay poder sancionatorio?”, le devolvió De León. 

Hacia el final, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman consultó sobre “qué factor no estamos viendo que incide en los ciclos que terminan en colapso siempre”. A lo que Pérez Hazaña respondió que “mientras que las administradoras no sean parte de los consumidores que forman parte del grupo, sino que integran directamente por el fabricante, la ecuación del contrato nunca va a cerrar”. “Hasta la inflación es algo que podría manejarse mejor en estos contratos si hubiera una administración distinta del sistema de ahorro, porque hay casos en los que se ha acreditado que no es la inflación sino el aumento del dólar, pero el dólar después baja y los valores no bajan. No es nada más un tema de la inflación. El tema de fondo es que la mecánica contractual es muy complicada”, explicó. 

Para cerrar, el presidente de la comisión destacó la “predisposición” de los funcionarios “de que trabajemos en una mesa en conjunto este tema”, el cual “está claro que requiere una visión integral”. A pesar de la situación de los consumidores, “ellos como funcionarios tienen limitaciones por tener una norma de 1943”, señaló Romero. 

El cordobés se comprometió a convocar también a las comisiones de Comercio y Legislación General, donde tienen giro los proyectos, para “abocarnos a este tema que viven muchos argentinos”. “No podemos trabajar en este Congreso a través de un sistema de parches. El tratamiento es urgente”, aseveró, aunque reconoció que la discusión continuará seguramente a partir de febrero, cuando se convoquen a todos los sectores al debate, en pos de “encontrar una solución legislativa que beneficie al consumidor”. 

Diputados comenzaron a analizar proyectos para proteger a consumidores de planes de autoahorro

El titular de la Comisión de Defensa del Consumidor informó que el debate seguirá en conjunto con la Comisión de Legislación General. Además, convocarán a las áreas del Estado encargadas de la regulación y control de las empresas.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero (UCR), se reunió este martes para comenzar a analizar una serie de proyectos tendientes a proteger a los suscriptores de planes de autoahorro.

Para continuar con el debate parlamentario del tema, el titular de la Comisión propuso trabajarlo junto a la Comisión de Legislación General y convocar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Secretaría de Comercio, áreas del Estado encargadas de la regulación y control de las empresas.

Al comienzo del encuentro, la diputada Graciela Ocaña (Pro) defendió un proyecto de su autoría que declara la emergencia económica y financiera sobre los planes de ahorro previo para la adquisición de automotores, por el termino de 12 meses.

Ocaña precisó que el proyecto tiene su origen en el año 2020, frente al contexto de la pandemia, pero que la situación actual “nos llevó a presentar el proyecto luego de escuchar a quienes tenían planes de ahorro”.

“Decidimos representar el proyecto porque entendemos la crisis económica y la situación que atraviesan muchas personas que adhirieron a un plan automotor y se les hace imposible pagar las cuotas”, argumentó y agregó: “Se necesita trabajar en una ley que defienda al consumidor y le dé transparencia”.

Según se explicó en la reunión, el contexto de inflación genera que las cuotas de los planes de autoahorro se disparen y, como consecuencia, la posibilidad de cumplir con los pagos para acceder a un automóvil resulta imposible para las familias.

A su turno, el oficialista Juan Manuel Pedrini también expuso sobre un proyecto de ley de su autoría, que declara la emergencia crediticia para planes de ahorro aplicable a los contratos de compraventa de vehículos automotores, quien denunció que “el consumidor está indefenso frente al abuso de los planes de autoahorro”.

En el mismo sentido, el diputado Marcos Carasso (UCR) introdujo su proyecto que propone un régimen de ordenamiento de las operaciones de consumo de vehículos bajo sistemas de auto ahorro.

Carasso advirtió que las empresas “inducen al autoplan porque la financiación es el secreto de estos planes” y que “hay gente desesperada” porque no pueden pagar las cuotas. “El sueño del auto se convierte en una pesadilla”, resumió.

Invitado por el diputado Carasso, expuso también el abogado Alexis Aymar, quien retrató los casos que se registran en la provincia de Córdoba y la situación de los ahorristas afectados, cuyas cuotas han duplicado la inflación del último año.

Citarán a funcionarios nacionales y provinciales a la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados

Así lo anticipó el presidente de la comisión, el radical Víctor Romero, al establecer una metodología y agenda de trabajo.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara baja, presidida por el radical Víctor Hugo Romero, se reunió este miércoles para establecer una metodología y una agenda de trabajo. En ese contexto, propuso citar a funcionarios nacionales y provinciales para que conocer “cuál es la mecánica del Gobierno nacional con respecto a la defensa al consumidor”. En tanto fijó los miércoles a las 14 como día de encuentro.

Al comienzo de su alocución, Romero resaltó la “importancia que tiene la comisión en temas que están relacionados con el consumidor y hay demandas permanentes de todo tipo. Era necesario hacer la reunión para definir la mecánica”.

En ese sentido, sugirió hacer una base de datos de todos los proyectos que tienen como “cabecera para tener un orden”, y propuso que “cada 15 días por secretaria se vayan incorporando los nuevos así podemos ir generando información”.

“Que los asesores empiecen a trabajar en cada uno de los proyectos porque hay muchos que tienen temáticas similares y es bueno generar alguna unificación. Luego definiremos el criterio político de cuáles son los proyectos que se van a tratar”, consideró y sumó: “Sería una buena mecánica que los asesores trabajen de forma virtual por las distancias para que nos vayan dando información”.

Por otro lado, sugirió establecer “un periodo de escucha de la comisión, generar herramientas o reuniones informativas con funcionarios nacionales y trabajar de forma virtual con los distintos funcionarios provinciales que trabajan en la temática y escucharlos. La idea es que sean reuniones de escucha y tomar un criterio”.

En esa línea, propuso “invitar a la secretaria de Comercio e Industria o a la subsecretaria que están relacionados con defensa el consumidor”, con el fin de saber “qué programas hay, cuál es la mecánica del Gobierno nacional con respecto a la defensa al consumidor y tener una visión cabal de los temas a tratar. Luego organizar con las entidades que están a cargo de la defensa del consumidor en cada provincia y Capital Federal, hacer un encuentro federal virtual con una temática”.

“La idea es que trabajemos en equipo, es importante”, resaltó el radical y aclaró que la idea es establecer también “un periodo de escucha con asociaciones intermedias, sociedad civil” porque “es bueno saber la visión que tienen en el programa de gestión nacional, hay que escuchar a todos ese es el objetivo”.

Diputados reanudó el debate del proyecto de etiquetado frontal de alimentos y se encamina al dictamen

Un plenario de cuatro comisiones recibió a expositores para continuar con las consultas sobre la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Acordaron realizar una última reunión informativa antes de firmar dictamen.

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En el marco de una nueva reunión informativa, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina al dictamen favorable.

Por videoconferencia, los diputados escucharon este martes a más de diez especialistas a favor y en contra de la ley, y acordaron realizar una última audiencia con expertos -en fecha a definir- antes de llevar el tema al recinto.

La iniciativa, considerada dentro del temario de sesiones extraordinarias, se aprobó el 29 de octubre en la Cámara alta por amplia mayoría, y apunta a garantizar una alimentación saludable a través de sellos de advertencia en los empaques de productos que contengan exceso de azúcar, sal o grasas.

Elizabeth Kleiman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reflexionó que la iniciativa se enmarca en “pensar cómo poder brindarle el bien común a la sociedad, garantizando los derechos humanos vinculados a la salud, al acceso a la alimentación, a la educación y a la información”.

“Si bien el rotulado y la información nutricional viene mejorando y avanzando”, señaló, la expositora remarcó que hay que seguir “mejorando la información para que los consumidores puedan decidir qué es lo que necesitan de una manera esencial”. “Es crucial generar y construir hábitos saludables desde la niñez”, agregó.

Por su parte, Mabel Vucko, representante de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), se mostró a favor de “poder informar y facilitar al consumidor la selección de alimentos más saludables”. “Estamos a favor y apoyando este rotulado”, afirmó, al tiempo que abogó por “una comercialización en igualdad de condiciones” para “poder armonizarlo con el Mercosur”.

En ese sentido, Vucko subrayó que el diseño del sello “sea armónico con la región”, de modo de evitar “trabas en la comercialización o costos de packaging”. Asimismo, pidió “la incorporación en el Código Alimentario Argentino de herramientas para poder reformular nuestros productos y cumplir con las exigencias”. También, que “las etapas de implementación sean escalonadas”, de modo que “la industria y, sobre todo las PyMEs, se puedan adaptar a la normativa”.

A su turno, Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, resaltó que “el objeto de la ley, que es advertir a los consumidores y consumidoras sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz, no se cumplirá, pues esta capacidad de proveer información se verá objetada por un defecto en la selección de los parámetros del proyecto de ley”.

Con una explicación técnica, Socolovsky dijo que si se mantiene la redacción actual del artículo 6 de la iniciativa, “varios productos presentarán información falsa sobre el real contenido de nutrientes en el alimento o la bebida”. Por eso, apuntó que los parámetros establecidos deben ser “en gramos por 100 gramos o 100 mililitros”. “El rótulo frontal debe ser siempre coherente con la información que se brinda en la tabla nutricional”, añadió.

En cuanto al aspecto publicitario, el director ejecutivo de la ONG Sanar, Ignacio Porras, detalló que “los niños están expuestos a 60 publicidades de comida chatarra semanales; nueve de cada diez son alimentos de baja calidad nutricional; uno de cada tres promete regalos; y uno de cada cuatro muestra personas o personajes famosos”.

“La industria sigue utilizando la flexibilidad del Código Alimentario a su favor, el neuromarketing sigue reinando en la góndola, el sistema tiene una lógica supermercadista y se siguen subvencionando alimentos de baja calidad nutricional”, denunció, al tiempo que habló de “una falta de políticas que incentiven la producción de alimentos frescos” y una “utilización de sociedades científicas o asociaciones de prestigio y salud para vender ultraprocesados”.

Con varias propuestas de modificaciones al proyecto, Gabriela Marcello, directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, expresó: “Nos preocupa y nos ocupa el tema del etiquetado frontal y creemos que tiene que tener un abordaje no solo a nivel sanitario, sino a nivel productivo”.

La funcionaria provincial enfatizó que el sello en los productos “no debe causar temor, confusión, ni demonizar algunos tipos de alimentos”, porque “todos los alimentos pueden formar parte de una dieta, siempre que las cantidades y la frecuencia de ingesta de esos alimentos generen un equilibrio”.

Para Marcello, los parámetros a cumplir en los valores máximos no tendrían que ser los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino “con el criterio del Ministerio de Salud de la Nación” que defina “cuáles son los criterios adecuados para nuestra población”. En otro tramo, opinó que el octógono no debe decir “exceso en” sino “alto en”.

Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), su titular Ercole Felippa, consideró que “se debería aclarar” en el etiquetado “cuando son nutrientes agregados o nutrientes propios del alimento en sí”. Puntualmente sobre la prohibición, prevista en el artículo 10, de “resaltar las declaraciones nutricionales complementarias”, explicó que “esto no permitiría destacar el contenido de calcio y otros nutrientes en los productos lácteos”.

“Esta ley debe ser aprobada pero los productos lácteos deberían tener un tratamiento especial”, aseveró. También indicó que la OPS establece límites “exigentes” que hacen “imposible la reformulación” de los alimentos. “Los productos lácteos ya de por sí contienen naturalmente lactosa, grasas saturadas y algo de sodio. Las grasas saturadas que son propias de la leche son consideradas ‘buenas’ ya que no se las relaciona con efectos negativos como otras grasas saturadas”, sostuvo Felippa.

Por eso, el expositor aclaró que “la OPS recomienda no aplicar el perfil a las leches fluidas, leches en polvos y yogures, sin agregados. Pero este aspecto no está aclarado en este proyecto de ley”. “Si se aplicara, las leches tendrían hasta tres sellos, por eso entendemos que se debería cambiar la redacción”, sugirió.

Carlos Otrino, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas, advirtió que “los argentinos no consumimos ni la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la OPS/OMS”, ya que “la mayoría no pasa de la unidad y media de consumo diario”.

“Esta realidad termina impactando en los sectores de menores ingresos”, lamentó Otrino, y agregó que “nuestros productos terminan llegando a las mesas de los consumidores muchas veces por descarte”.

Por su parte, Mijael Kaufman Falchuk, un joven de 22 años cofundador de Consciente Colectivo, remarcó ante los diputados: “A la hora de votar van a tener que pensar en el futuro y la salud de los millones de niños que habitan la Argentina”.

El estudiante exigió “no dilatar más” la sanción de esta ley sin modificaciones para que “el Congreso no se convierta en una burocracia constante”.

“Este proyecto es la puerta de entrada para generar miles de puestos de trabajo porque la alimentación saludable tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.

En tanto, José Luis Londoño, jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, llamó la atención sobre el impacto de “medidas restrictivas” sobre las marcas.

“No es cierto que presentar en la parte frontal del empaque un sello u obligar a eliminar elementos que pueden considerarse marcas garantice la protección del consumidor”, consideró, y tras mostrar algunos ejemplos, insistió en que “regular para promover el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales”.

El último expositor fue Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien destacó que en la ley confluyan “el etiquetado de advertencia, la regulación de la publicidad y la protección de entornos escolares”.

Laspiur habló de “la experiencia internacional y regional que dan muestra de por qué estamos ante un proyecto con estas fortalezas”.

Resaltó a su vez que el proyecto en debate “ha aprovechado la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y la experiencia internacional y regional”, dado que, entre otras cosas, el sistema gráfico del sello octogonal negro “es el que más evidencia arrojó”.

Asimismo, informó que en Chile, con una ley similar, se redujo un 25% el consumo de bebidas azucaradas y un 17% el de los postres envasados, y añadió que en México “en cinco años se ahorrarán casi 2.000 millones de dólares en costos asociados a la obesidad”.

“La ley no tiene ningún impedimento internacional ni riesgos para el comercio internacional ni generación de empleo”, enfatizó.

Por último, ante una consulta de la diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos), Laspiur explicó que el perfil de nutrientes de la OPS “se basa en recomendaciones de la OMS sobre las ingestas máximas permitidas para que no se ponga en riesgo la salud”, por ejemplo, con “información documentada de cuál es el porcentaje de ingesta de azúcar” que puede derivar en enfermedades como obesidad y diabetes.

Asociaciones expusieron sobre la creación de un Código de Defensa del Consumidor

El proyecto busca desarrollar un marco regulatorio sólido, más amplio y actualizado para el sistema de protección del consumidor.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia realizó una reunión informativa para escuchar la opinión de asociaciones de consumidores acerca de la creación de un Código de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo es ampliar y actualizar los derechos de los consumidores contemplados por la Ley 24.240, sancionada en 1993.

En primer lugar, la representante de la ONG Codelco-Salta, Liliana Musa, apoyó las iniciativas, destacó la incorporación del concepto de “consumidores hipervulnerables” y aseguró que “9 de cada 10 familias en Salta están sobreendeudadas”, advirtió. Luego, se refirió a la necesidad del principio de gratuidad para el “beneficio de litigar sin gastos”. “Hay muchos fallos que cuando dejamos medidas cautelares nos exigen una contracautela y se dificulta el acceso a la justicia”, fundamentó.

A su turno, Ricardo Espinosa, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Argentina (ACUDA), también apoyó el principio de gratuidad en relación al artículo 28. Y solicitó que “la participación de las asociaciones y los entes reguladores, y el fortalecimiento de las asociaciones estén explícitos en el proyecto que sea obligación del Estado”.

Desde la Asociación de Consumidores e Inquilinos (ADCOIN), Exequiel Vergara sostuvo que “todos los aportes deberían hacerse sobre el Código unificado que podría pasar a llamarse “Código Civil Comercial y del consumidor”. “Sería la forma de evitar la hipertrofia legislativa que perjudica a los consumidores y proveedores creando una gran inseguridad jurídica”, afirmó. A su vez, destacó la regulación de acciones colectivas que es “urgente porque necesitamos manejarnos con leyes y no acordadas”.

Participaron de la reunión las asociaciones: Consumidores Libres; Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC); Consumo Cuidado; Asociación de Consumidores del NOA; Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC), entre otras.

Preocupación por la pandemia de asociaciones de consumidores

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y dela Competencia recibió este jueves a organizaciones de la sociedad civil para analizar la situación de consumidores en el contexto del aislamiento social.

A través de una videoconferencia, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Diego Mestre (UCR), recibió este jueves a asociaciones de consumidores para analizar cómo impacta el contexto de la pandemia en los usuarios.

En primer lugar, la titular de Adecua (Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina), Sandra González, denunció que los consumidores “se están convirtiendo en consumidos y usados”. “La pandemia nos llevó a cambiar hábitos de consumo y tuvimos que empezar a comprar por internet. Y nos encontramos que compras un vaso y te traen un ladrillo”, dijo.

Por Acción del Consumidor (ADELCO) expuso Claudia Collado, quien reclamó financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil y consideró que “lo urgente hoy es el endeudamiento de los consumidores”. “Estamos embarcados en una ley para la clase media y baja que no pudo acceder a los paliativos que el gobierno ha otorgado”, señaló también.

A su turno, el titular de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, Ricardo Espinosa, se mostró preocupado por “los comercios que no han podido abrir” y los precios que dejará la situación post-pandemia. “Está habiendo aumentos del 5 al 7%, la comida hoy está en aumento”, resumió.

Desde la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada pidió regular “la sociedad digital” que produjo el aislamiento social. “Hay que regular el comercio electrónico, las mesas de entradas virtuales donde no queda constancia de los reclamos y la aparición de productos y servicios libres de Covid-19”, dijo.

Asimismo, el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, se refirió a la inflación y el aumento de precios. “La Argentina consolidó el tercer lugar en el mundo por los constantes aumentos de precios, aún en plena cuarentena, donde están congeladas las tarifas y los combustibles”, señaló.

Polino también reclamó el cumplimiento de la ley de tarjetas de crédito, la ley de Observatorio de precios y la ley de defensa de la competencia. Del mismo modo, pidió la declaración de la telefonía móvil como servicio público.