Se constituyó este jueves la Comisión de Defensa Nacional, que tal cual había adelantado parlamentario.com quedó en manos del exministro del área Ricardo López Murphy. La vicepresidencia primera quedó en manos del radicalismo, aunque todavía no quedó establecido quién ocupará ese cargo. El mismo criterio se adoptó para la tercera secretaría, que será entonces de alguien de la UCR.

La vicepresidencia segunda fue para Unión por la Patria, que hizo reserva de ese lugar para alguien a designar. Así lo anunció el diputado Eduardo Toniolli, que también hizo referencia al repudio y pedido de esclarecimiento de un ataque a una militante de la agrupación H.I.J.O.S, denunciado este jueves desde la organización de derechos humanos.

Alejandro Bongiovani fue propuesto para la secretaría primera en nombre del Pro; en tanto que por la Libertad Avanza fue elegido Guillermo Montenegro para la secretaría segunda.

La secretaría tercera quedó también reservada para Unión por la Patria.

Por ese espacio se quejó Germán Martínez porque la presidencia no les hubiera correspondido a ellos, teniendo en cuenta que durante los últimos períodos siempre fue ocupado ese lugar por alguien de la oposición.

“Esta idea de que la oposición pueda tener la presidencia de la Comisión de Defensa tenía el sentido de cuidar un marco normativo que ha sido resultado de consensos democráticos muy amplios en la Argnetina. Me estoy refiriendo a la ley de defensa Nacional y que es prácticamente la hoja de ruta para todo el sistema de defensa nacional”, advirtió.

Lo dijo porque justamente en ese momento en conferencia de prensa Patricia Bullrich y Luis Petri estaban haciendo anuncios de cambios normativos que tenían que ver con la participación de los militares en la seguridad interior.

El presidente del bloque UP le pidió a López Murphy ayudar en que se le dé a esos temas el debate que corresponde. “Lo hacemos sin ningún tipo de especulación política”, aclaró.

El flamante presidente de la comisión prometió atender ese pedido. “En estos temas lo más peligroso sería no ser cuidadosos. Vamos a ser extremadamente cuidadosos y el debate va a ser dado con toda la profundidad que se pueda”, garantizó.

En un encuentro presidido por el diputado nacional Alberto Asseff, la Comisión de Defensa Nacional avaló varias iniciativas de declaración y resolución.

Al inicio, se firmó dictamen al proyecto de declaración del diputado Héctor Stefani (Pro-Tierra del Fuego) para expresar beneplácito por la conmemoración del 150° aniversario de la creación de la “Base Naval Zarate”, a celebrarse el 16 de diciembre de 2023. Luego, se avanzó en una iniciativa de la diputada Gisela Marziotta (FdT) para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes y el denominado “Sector Antártico Argentino”.

También, dos proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados. Uno, del diputado Carlos Selva (FdT) que refiere a la conmemoración del 190° aniversario del suceso conocido como “La Rebelión del Gaucho Rivero en las Islas Malvinas”, ocurrido el 26 de agosto de 1833. Y, el otro, del titular Asseff a la “2° expedición homenaje al submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes”, desde el 9 de julio de 2024 hasta el 15 de noviembre 2024, comenzado en la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires) y finalizando en el puerto Almanza (Tierra del Fuego).

Por último, luego de algunos contrapuntos entre los legisladores quedó pendiente el tratamiento de la iniciativa para solicitar al Poder Ejecutivo disponga dar cumplimiento a la compensación económica establecida en el DNU 829/2019 para personas que participaron en la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”, de Formosa.

La iniciativa busca brindar una compensación económica para personas que participaron de la defensa de dicho cuartel. La iniciativa tiene las firmas de, entre otros, los diputados Asseff y Victoria Villarruel.

“Estamos en deuda con las víctimas de los 11 caídos en el ataque terrorista al regimiento 29 de Formosa en un Gobierno constitucional, el de Isabel Perón”, señaló Asseff al presentar el tema.

Recordó Asseff el DNU firmado por Mauricio Macri en noviembre de 2019 por el que se brindó un resarcimiento, pero nunca fue reglamentado por la administración que lo sucedió. “Por eso solicitamos que el Poder Ejecutivo lo reglamente, para que quede operativo, porque está vigente porque la Bicameral del Congreso no lo derogó en todo este lapso”, señaló Asseff.

El diputado del bloque Pro aclaró que se llegó a un consenso que permitió firmar una iniciativa suscripta por todos los diputados formoseños y el Partido Justicialista. “Llamativamente ese giro fue a (la Comisión de) Previsión Social, que no lo está tratando. Se ha pedido por nota que se expidan rápidamente y se ha solicitado que presidencia le cambie el giro y lo mande a Defensa”, explicó el diputado, para quien “si hay consenso en el fondo de la cuestión, no se entiende porqué no podemos avanzar sobre el fondo de la cuestión”.

Advirtió Asseff sobre el paso del tiempo y la muerte de varios deudos, mientras algunos otros están muy grandes. “Cincuenta años ya pasaron… Nos gustaría una ley, pero vemos cómo está trabada. Ni siquiera conseguimos que lo podamos tratar en esta comisión. Frente a esta trabazón, ratamos de impulsar una iniciativa que es un pedido al Ejecutivo, porque Diputados no le puede ordenar a otro poder. Simplemente tiene este pedido un valor simbólico del consenso que tiene la Cámara de Diputados”.

A su turo, la diputada Agustina Propato (FdT-Buenos Aires) dijo que “en principio consideramos que es una discusión en abstracto tratar este proyecto, porque hemos hablado mucho sobre esto y habíamos llegado a un consenso”.

Recordó que hubo un acuerdo con los formoseños, a partir del cual el gobernador Gildo Insfrán declaró el 5 de octubre de cada año Día del Soldado Heroico. Aclaró que desde el oficialismo tenían disposición para avanzar con los consensos, pero admitió que el proyecto había sido enviado a Previsión Social porque existe una afectación fiscal.

Por primera vez, luego de la pandemia, se concretó este miércoles la visita de los agregados de Defensa y Fuerzas Armadas de 16 países extranjeros al Congreso de la Nación quienes se interesaron sobre el proceso de tratamiento legislativo que tuvo el proyecto de Ley 27.565 de Creación del Fondo Nacional para la Defensa.

El encuentro se propició, gracias a la invitación de las autoridades de las Comisiones de Defensa de las Cámaras de Diputados y Senadores y del Ministerio de Defensa, a través de la diputada, Agustina Propato; el senador Sergio Leavy y el secretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero.

La visita al Congreso y el encuentro de trabajo se centró en fortalecer los lazos en temas de entrenamiento militar y propiciar el intercambio de ciencia y tecnología para el desarrollo de la defensa entre los países que representan estos funcionarios extranjeros.

Entre los puntos centrales que destacaron los legisladores estuvieron la aprobación de la Resolución de la ONU que extiende la Plataforma Marítima Argentina, la reafirmación de la Soberanía de las Islas Malvinas y la importancia estratégica de la política de defensa en pos del resguardo y protección de los recursos naturales.

También formaron parte del encuentro, los presidentes de las Comisiones de Defensa de Diputados, Alberto Asseff; de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá y los diputados, Germán Martínez, Guillermo Carnaghi, Carolina Yutrovic y Eduardo Toniolli. Los presentes pudieron dialogar con el embajador de Turquía, Sefik Vural Altay y los agregados militares de Alemania, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, Panamá, Perú, Reino Unido, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y Rusia.

Sobre el final, el titular de Defensa de Senado, Sergio Leavy, aprovechó la oportunidad para invitar a los diputados y jefes militares extranjeros a una visita que realizarán la semana próxima a Tandanor, los senadores de la Comisión.

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja mantuvo un encuentro para tratar diversos proyectos de resolución y reconocer la actuación de excombatientes en la Guerra del Atlántico Sur. 

Además, la comisión presidida por el diputado de Juntos por el Cambio Alberto Asseff esperaba la asistencia del presidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, dr. Federico Danilo Granato, quien -de acuerdo al propio Asseff- “no pudo asistir debido a una gestión que tenía pendiente fuera de la ciudad”. Debido a esto, el legislador pidió que se convoque al funcionario para la próxima reunión en noviembre, con un temario que tenga que ver con seguridad y con área de frontera, en referencia a los conflictos mapuches que se intensificaron en las últimas semanas.

“Creo que con esto estamos expresando una preocupación transversal a todos los partidos políticos, no es una cuestión partidaria, sino que es una preocupación de toda la sociedad argentina y sobre todo de la sociedad de Río Negro y Neuquén y la sociedad patagónica”, agregó el legislador al respecto. 

Quien manifestó la primera objeción fue el oficialista Leopoldo Moreau, quien confesó que “me cuesta mucho entender la razón de la competencia de esta comisión respecto a esta cuestión. Me parece que son más bien cuestiones que tiene que ver con el ámbito de la Seguridad Interior. Digo esto porque a lo largo de los años de democracia hemos establecido límites de lo que significa la Defensa Nacional, y por el otro lado -en distintos gobiernos, incluso- la Seguridad Interior. Me parece que debemos examinar con mucho cuidado esta cuestión para no vincular la comisión de defensa nacional con cuestiones que tienen que ver con la seguridad interior”. 

Justificando su posición, Asseff admitió que “es cierto que es una cuestión especifica y claramente de seguridad interior”, pero que también es una cuestión de la zona de frontera que tiene que ver con competencia de Defensa Nacional: “Estamos en una zona muy crítica, vital para los intereses argentinos, donde del otro lado de la cordillera, el país hermano de Chile, movilizó a las fuerzas armadas. Nosotros no estamos proponiendo semejante cosa ni mucho menos, estamos simplemente pidiéndole al administrador de Parques Nacionales que nos diga que medidas preventivas está adoptando, porque la mayoría de las usurpaciones y todas las situaciones que se están viviendo en el Sur tienen que ver con Parques Nacionales”. 

En este sentido, prosiguió: “Yo pienso que no vendría mal que el administrador de Parques Nacionales nos brinde un panorama, incluso como Comisión de Defensa, para eventualmente tomar una decisión, o hacer una propuesta y a lo mejor hacer una reunión conjunta con la comisión de Seguridad Interior”. 

Por su parte, el neuquino del Frente de Todos Guillermo Carnaghi señaló que “Parques Nacionales cuando la Patagonia era territorial nacional, y todavía no estaban las provincias, tenían un sentido de Defensa. Pero luego con el tiempo se fue modificando, y de acuerdo a cada momento político fue cambiando su rol. En tiempos del desarrollismo parques nacionales dependía de Agricultura, en tiempos de la Alianza dependía de Turismo, y ahora de Medioambiente. Por lo cual, el rol ya no es de defensa. Hoy la cuestión de defensa en la frontera es de Gendarmería, y la cuestión de defensa nacional responde a las Fuerzas Armadas; y no a las cuestiones de conflictos internos, que la Ley de Defensa no le permite actuar, como si le permite actuar en Chile, que es un país unitario y tiene otra legislación y otro manejo de la Seguridad Interior, y por eso tienen otras conductas”, respondió. 

En este sentido, el legislador cuestionó las expresiones de Asseff respecto a la intencionalidad de traer este tema a colación en la comisión: “Creo que este pedido de convocatoria del director de Parques Nacionales tiene connotación política, en función de una serie de declaraciones y expresiones que uno ha venido escuchando a lo largo de la semana en el tema del conflicto, sobre todo en Mascardi, cuando muchos legisladores o dirigentes importantes de JxC, hablan de los pseudo mapuches, o terroristas que están contra la Seguridad Nacional, contra la Soberanía Nacional. Esto esta expresado en diversas expresiones y también esta expresado en algunas presentaciones que se han hecho acá en la Cámara, la última que me llamo la atención es un diputado que está pidiendo el Estado de Sitio en Rio Negro, ni más ni menos”. 

El legislador coincidió en que, si hay acuerdo, que el director de Parques Nacionales asista a la comisión, pero sostuvo que “sí está connotado con una visión política, que vienen expresando dirigentes importantes, entre ellos el expresidente de la República, que, muy suelto de cuerpo, en un reportaje en su canal, planteaba que los pseudo mapuches son chilenos. Y esto lo repiten varios dirigentes importantes de la oposición que no responde hoy a la realidad histórica, a la realidad científica, y de última, a algunos no les debe gustar, pero hay un mandato de la Constitución nacional, en el artículo 75, inciso 17, en cuanto al reconocimiento de los pueblos de la cultura y la presencia de los pueblos prexistentes”. 

“Con lo cual está bien que venga, pero tampoco digamos que es tan solo para ver qué pasa en Parques, esto está connotado con una visión y con un prejuicio de lo que está pasando con las comunidades mapuches en el sur”, concluyó. 

Asseff tomó nuevamente la palabra para aclarar que desde su presidencia y de la comisión se “respeta absolutamente la Constitución nacional y los derechos de los pueblos originarios que nuestra Carta Fundamental establece”, pero que, de ir al caso, “estamos hablando a un grupo, que, invocando su condición de pueblo originario, reniega del Estado nacional argentino, dice que no respeta a la bandera nacional, que no reconoce al Estado nacional, que no se considera ciudadano nacional, y que quiere otra nación que no es la nuestra. Si vamos al caso, esta es la situación, no estamos hablando de un pueblo originario que reivindica tierras para pastorear, sembrar o vivir, si no que está reivindicando una Nación nuevo. Por lo tanto, no estamos en una cuestión menor, si vamos al caso de hablar de esta situación”. 

Por esto, para el legislador “no se reduce a invocar la Constitución nacional, porque en todo caso yo también la invoco en cuanto a que algunos actos de esa naturaleza rondan con la traición a la patria. Y, por otro lado, tengo entendido que la propuesta de Estado de Sitio es para dar la oportunidad de que el Poder Ejecutivo Nacional tenga la posibilidad de resolver rápidamente la cuestión que tiene bajo zozobra y afecta la paz social en una comarca, que es la comarca andina. Por eso no es el Estado de Sitio que se propuso en la provincia de Río Negro, si no en un punto, como la Constitución dice, de la República Argentina, en Villa Mascardi”. 

Para la vicepresidenta primera de la Comisión, Agustina Propato, en el caso puntual que se puso sobre la mesa, que tiene que ver con el desalojo en Villa Mascardi, “claramente es una competencia de Seguridad Interior asique los legisladores que estén interesados sabrán como actuar en cuanto a la iniciativa para pedir alguna explicación a la cartera, y también saben cuál es la discrecionalidad y facultad de los Ministerios para venir a rendir explicaciones. Creo que está muy claro por parte del Ejecutivo, el desalojo se llevó adelante, es un tema que tiene disidencias, pero actuó la Justicia y los auxiliares de la Justicia son las fuerzas de Seguridad Interior”. 

Quien también se expresó al respecto, fue el vicepresidente segundo, Ricardo López Murphy, quien en primer lugar, consideró que la invitación al director de Parques Nacionales fue “en buena fe”, y expresó: “Me parece que es una reunión de carácter informativo en un área donde estamos viendo una extrema conflictividad, y donde participan personas en donde otros países generan la respuesta de las fuerzas armadas, por lo que no es un tema menor. No pasaba más que por familiarizarse en un tema delicado en un área de frontera”. 

En segundo lugar, respecto al caso particular en la región, López Murphy apuntó que ya realizó una denuncia en sede penal para que la RAM sea declarada “una fuerza terrorista”, y en tal caso inhibir la provisión de recursos a esa entidad. “Esa fuerza está disputando la soberanía del Estado, y la está disputando no solo en términos de la Constitución que van a respetar, también al sistema de leyes de este mismo Congreso y a nuestra propia bandera. No estamos hablando de un conflicto menor, estamos hablando de gente que está dispuesta a desafiar el monopolio de la fuerza del Estado legítimo de derecho. En última instancia, las fuerzas armadas con nuestra constitución y nuestras leyes son la última garantía del monopolio del uso de la legitima violencia del Estado”, manifestó el legislador. 

En este sentido, respondió el señalamiento del diputado Carnaghi, e indicó que fue uno de los legisladores que pidió declarar en la zona de operaciones el Estado de Sitio, “justamente respetando nuestra configuración legal, que le da al Poder Ejecutivo Nacional las facultades para utilizar todos los medios del Estado según fuera la proporcionalidad de la reacción que hubiera tener”. 

“En última instancia el Estado Argentino no puede estar inhibido de lo que hacen otros estados, no es cierto que Chile puede actuar porque es un Estado unitario y nosotros somos federales, no. Nosotros tenemos que tener un continuo, la clave del continuo de la utilización de las fuerzas armadas es la declaración del estado de sitio. Por eso la denuncia terrorista y el pedido de Estado de Sitio tienen una lógica, esa lógica depende de la voluntad del Estado Nacional. Era darle un instrumento, que lo tiene que determinar el Congreso por nuestra Constitución”, agregó. 

“En este caso habían ocurrido episodios de desaborde de las fuerzas de seguridad. Le habían quemado las instalaciones a la Gendarmería y se habían retirado. Si eso fue por la razón que fuere, habilita a creer que el Estado nacional estaba sufriendo una situación de dificultad de imponer la ley y el orden. Y esa circunstancia fueron las que habilitaron la escalada que estoy narrando, que se ajusta perfectamente a la legislación. Si hay fuerzas irregulares que atacan el territorio argentino eso pasa a ser un problema de Defensa Nacional, de acuerdo a la Ley”, concluyó su intervención. 

El último en expresarse sobre este tema fue el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, que cargó contra el legislador preopinante: “La verdad que esta última intervención no aportó absolutamente nada en relación a lo que estamos discutiendo, que es sobre si esta comisión tiene la competencia para discutir o tener una reunión con el administrador de Parques Nacional. Ni siquiera habló de Parques Nacionales, habló del conflicto mapuche. Pues bien, el conflicto mapuche no tiene nada que ver con nosotros. Que se discuta en otro lado, donde quieran”. 

Para el legislador, el conflicto mapuche “es un concepto que están instalando dirigentes como el diputado López Murphy. A mí no me consta que los mapuches desconozcan la República Argentina. La verdad que no he visto ninguna consideración o manifestación de ellos. Por supuesto que si quieren reconocerse como una nación lo pueden hacer, tienen derecho. La nación es un concepto distinto al de la república. Puede convivir una nación adentro de esta república, como conviven por ejemplo en Bolivia, distintas naciones, y por eso se reconoció la plurinacionalidad. No me interesa esa discusión, lo que sí me interesa que acá no venga una persona a hablar del conflicto mapuche porque no tiene nada que ver nuestra competencia”.  

Además, sostuvo que “tampoco me parece confiable el criterio del diputado López Murphy para considerar terrorista a alguien. El diputado López Murphy consideró terroristas a los tripulantes del avión iraní, que hace 5 meses no podían salir del país sin ninguna razón, y ahora la Justicia acaba de confirmar que efectivamente no había ninguna razón para ser considerados tales. Y estos criterios que usa el diputado López Murphy para considerar de terroristas a los mapuches y a los iraníes no los utiliza para considerar a quienes intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, no vi ninguna manifestación del diputado diciendo que eran terroristas”. 

De esta forma, el presidente de la comisión dio por concluido el asunto, sugiriendo que el pedido de convocatoria al director de Parques Nacionales vuelva a consideración de los asesores. 

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja, a cargo de Alberto Asseff (Pro), pasó a la firma los proyectos para declarar héroes nacionales al General Manuel Eduardo Arias; al Brigadier general Juan Bautista Bustos; a Juan Francisco Borges y a Juan Felipe Ibarra. También otra iniciativa que propone declarar como veteranos de guerra de Malvinas, al total de la tripulación del buque aviso –ARA– Comandante General Irigoyen.

Además, el diputado del Pro planteó la posibilidad de citar al Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, “para que, igualmente como lo hizo en el Senado en junio pasado, proporcione una información detallada de cuestiones fundamentales, como el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa), el equipamiento previsto, la cuestión salarial, la ley personal y militar que hay que modernizar, entre otros asuntos”.

En primer lugar, fue aprobado por unanimidad el proyecto que reconoce al General Manuel Eduardo Arias, a razón de su notable rol en la batalla de Humahuaca, y de su valiosa contribución en el período independentista.

Al respecto, el titular de la Comisión informó que la Academia de Historia “contestó el dictamen que le pedimos respecto del General Arias y finalmente no aconseja la declaración de Héroe Nacional, pero entendemos que la propuesta que hizo la diputada jujeña merece el respeto y la consideración de esta Comisión por eso recomendamos la aprobación de este dictamen”.

En el uso de la palabra, el referente de Republicanos Unidos y vicepresidente segundo de la Comisión, Ricardo López Murphy, manifestó: “Dado que le hemos pedido un informe a la Academia y se ha pronunciado desfavorablemente, ¿no deberíamos invitar a algún miembro para que haga su descargo de una manera razonable y no violentar el asesoramiento técnico?

Y procedió a explicar: “Si buscamos el asesoramiento técnico y lo ignoramos, me parece que no es un buen procedimiento”.

Por el contrario, la diputada oficialista y secretaria de la Comisión, Agustina Propato, recordó que es un proyecto que viene con media sanción del Senado”.

Pidió la palabra el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) pidió ser “generosos” cuando se mira hacia atrás porque “equivocados o no, muchos de los hombres y mujeres que hicieron por la Patria, hicieron a la Patria”. En ese sentido, adelantó su postura a favor del proyecto y consideró que cuando se le pide una sugerencia a la Academia debe ser un “asesoramiento fáctico” porque “la declaración de Héroe Nacional es algo que tomamos de índole política en el Congreso de la Nación”.

En tanto, Asseff aclaró que “cuando se hizo la consulta a la Academia de la Historia no se precisó lo que acaba de señalar el diputado preopinante”, y adelantó que la próxima vez se harán consultas sobre hechos puntuales y no sobre la figura. A su vez, aclaró que la Academia no “hace una objeción al protagonismo del General Arias ni mucho menos, sino que desaconseja. No desconoce su papel en la batalla del Norte Argentino”.

A su turno, el diputado santiagueño Ricardo Daives (FdT) sugirió unificar los proyectos porque “no estamos discutiendo en cuanto los que significa el protagonismo sino su accionar y todo lo que sirvió a la conformación de la Patria”. Además, también se sumó a las críticas a la respuesta que dio la Academia porque es “escueto y sin fundamentos”.

Otro de los proyectos que se trataron fue el que propone declarar héroe nacional al Brigadier general Juan Bautista Bustos por el federalismo, respecto del que Asseff describió como “un verdadero y gran héroe de la Patria, gobernador de Córdoba que expresó el apoyo cuando San Martin lo requería en Lima, manifestándole que la provincia el entregaba todo lo que podía dar para auxiliar su campaña que estaba en un momento crucial”.

“No estamos dilapidando el tiempo, sino que estamos haciendo una honra y homenaje al pasado que es parte de nuestra entidad colectiva”, remarcó el titular de la Comisión y precisó que “los países más avanzados son los que veneran más las tradiciones y, entendemos que, con estos actos, en esta Comisión intentamos tomar una ruta en ese sentido”.

De inmediato, fueron contemplados los proyectos que recalcan como héroes nacionales a Juan Francisco Borges y a Juan Felipe Ibarra, partícipes decisivos en la declaración de la autonomía provincial de Santiago del Estero.

A modo de balance general, Propatto consideró importante “destacar hechos históricos que tienen que ver con nuestro propio interés nacional”, al tiempo que referenció al Congreso como “el ámbito donde tenemos la responsabilidad de hacer un repaso histórico minucioso y exigente, que tenga que ver con un respeto a nuestros héroes y una conmemoración de nuestros caídos”.

En otro orden, la Comisión acordó que el proyecto que declara al total de la tripulación del buque aviso -ARA- Comandante General Irigoyen como veteranos de guerra de Malvinas, regrese a la instancia de debate en asesores.

Asseff fundamentó la decisión en base a procesos judiciales en curso vinculados con el buque, que tienen por jurisprudencia “un marinero de 19 años del aviso Irigoyen, que logró judicialmente un reconocimiento como veterano de guerra, lo que abrió la posibilidad de que todos los tripulantes, suboficiales y oficiales, puedan lograr igual indemnización”.

Mero trámite, pero indispensable. Así se presenta la reunión de este martes de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, prevista para las 15, pues analizarán el proyecto proveniente del Senado para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse del 1° de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023. Se descuenta que se dará dictamen y considerando las fechas previstas, incluirán la iniciativa en la próxima sesión del 31 de agosto próximo.

Pero no será ese el único tema que tratarán en la comisión que encabeza el diputado de JxC Alberto Asseff. También están previstos dos proyectos de ley que también vienen con media sanción del Senado, y son los que declaran Héroe Nacional, defensor del Federalismo y la República al general don Francisco Ramírez; y el que nomina Héroe Nacional al General de la Independencia don Bernabé Aráoz.

Ahora bien, veamos de quiénes se trata y qué es lo que hicieron estos hombres que hemos leído al pasar en los libros de historia.

El primero corresponde a Francisco “Pancho” Ramírez, también conocido como el Supremo Entrerriano, y fue presentado en agosto del año pasado por la senadora radical Stella Maris Olalla. Ramírez fue un caudillo federal argentino, uno de los líderes entrerrianos en los años de formación de la República Argentina, y llegó a crear la República de Entre Ríos.

Integrante del partido artiguista, que lideraba José Gervasio Artigas, años después terminaría enfrentándolo y derrotándolo, razón por la cual Artigas tuvo que exiliarse. Ramírez moriría en 1821, en el marco de un enfrentamiento con fuerzas de Estanislao López, con el que había estado aliado.

En el caso de Bernabé Aráoz, la iniciativa corresponde a la tucumana Silvia Elías de Pérez, quien propone declarar héroe nacional a Bernabé Aráoz “por su capacidad estratégica militar durante la batalla de Tucumán de 1812, uno de los combates más importantes en la lucha contra los realistas”.

Aráoz también tuvo un papel destacado durante las sesiones del Congreso de 1816 y la Declaración de la independencia.

Según cuenta el propio proyecto, entra de lleno en la escena pública en 1812, cuando el general Manuel Belgrano viene en retirada desde Jujuy, con el Ejército del Norte, rumbo a Córdoba. Ahí es que los vecinos encabezados por Bernabé Aráoz interceptan a Belgrano y le piden que se detenga en Tucumán y enfrente a los realistas. Le prometen ayudarlo con dinero, hombres, caballos y víveres. Lo convencen y todo el pueblo se moviliza para reforzar el ejército que ganaría la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812.

También se le atribuye a Aráoz una participación decisiva en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813. Un año más tarde, causa gran impresión al general San Martín, quien tomó la jefatura del ejército y el 4 de abril asumió el cargo máximo en la región: es designado gobernador intendente de Salta.

Meses más tarde, al crear el Directorio la provincia de Tucumán –que abarcaba también Santiago del Estero y Catamarca, es nombrado primer gobernador intendente de la nueva jurisdicción.  

La de Defensa Nacional fue la última comisión de la Cámara de Diputados en constituirse, y su titular, Alberto Asseff, convocó a reunirse este martes para analizar un amplio menú de temas. Entre ellos, concitaba especial atención el proyecto del diputado salteño Carlos Zapata para crear el servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), Darío Díaz Pérez, quien expuso al principio de la reunión un informe sobre esa institución. También participó de la reunión el anterior presidente de esa comisión, el diputado nacional (MC) Carlos Fernández, para defender uno de los proyectos para reformar el Régimen del personal militar, derogación de la Ley 19.101, que estaba puesto a consideración.

Ese y otros temas previstos para la jornada pasaron a asesores para su profundización, y entre ellos el proyecto del servicio militar. Tomada esa decisión, pidió la palabra el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza), quien se refirió a ese tema y a otro referido a los liceos, que él como exliceísta suele defender. Puntualmente sobre el proyecto del diputado Carlos Zapata contó su experiencia propia sobre una iniciativa al menos parecida.

Recordó que cuando gobernó su provincia, recurrió a las Fuerzas Armadas por dos temas: uno, porque cuando compraron cuatro aviones para utilizarlos en la lucha antigranizo los pilotos fueron capacitados en la Cuarta Brigada Aérea de esa provincia, con muy buenos resultados. Recordó el exvicepresidente que el comandante de esa unidad le comentaba de manera risueña esta paradoja: “Estamos preparados para esquivar las nubes, no para enfrentarlas”.

La otra cuestión por la que debió relacionarse con los militares de su provincia fue cuando decidieron implementar el Servicio Cívico Voluntario. “Había una gran deserción entre el 8vo y 9no año, y no teníamos lugar para generar un programa de inserción de esos chicos. Por eso recurrimos a la estructura ociosa que tienen en nuestro país las fuerzas armadas. Ellos tienen estructura y también la Universidad de Mendoza había hecho un convenio con ellos para utilizar sus instalaciones”, recordó Cobos.

En este caso firmaron un convenio con el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Defensa José Pampuro, por el cual 4.300 chicos cumplieron con ese programa desde enero hasta diciembre para concluir el último año de secundaria. “Los docentes los ponía la provincia, los instructores de los talleres sí eran del Ejército”, comentó el diputado, que agregó que los jóvenes eran instruidos en talabartería y mecánica automotor, entre otras actividades.

“De ahí en más buscamos a las universidades para que vinieran a asesorar a estos chicos en cuestiones como educación sexual; eran chicos en situación de vulnerabilidad”, precisó Cobos, concluyendo que fue “una buena experiencia”, al punto tal que más adelante, siendo senador, Pampuro presentó un proyecto orientado para las escuelas primaria y secundaria, que “se frenó”. Por eso pidió mirar esta iniciativa “con los ojos de que tenemos una estructura ociosa; no tengamos pruritos en este sentido con las fuerzas armadas. Ha pasado mucho tiempo, si es para reinsertar a nuestros chicos, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea pueden brindar esa posibilidad”.

Cobos concluyó poniéndose a disposición de los asesores para enviar a los que participaron en esa experiencia a brindar detalles.

A continuación, el presidente del bloque oficialista Germán Martínez, miembro de la comisión de la que fue vicepresidente, aclaró que ellos debían “mirar los temas con los ojos de la defensa nacional”, no necesariamente con los de la educación.

A su vez, la vicepresidenta Agustina Propato celebró la decisión adoptada con ese y otros proyectos: “Nos dimos la posibilidad de llevarlo nuevamente a asesores. Es un buen criterio, darles un plazo razonable para poder dar los debates necesarios. Debatamos acá si es el camino pero que nadie se sienta incomodado de expresar sus posiciones”.

Este martes la Comisión de Defensa de la Cámara baja fue convocada para tratar una serie de temas como la declaración como veteranos de la guerra de Malvinas para la tripulación del buque aviso Comandante General Irigoyen, como así también entregar medallas a ciudadanos que actuaron en la Guerra del Atlántico Sur.

Pero en el temario de la convocatoria de la comisión que preside el diputado opositor Alberto Asseff figura también un proyecto destinado a generar polémica: la creación del servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.

La iniciativa fue presentada el 5 de mayo pasado, por el diputado salteño Carlos Zapata, del monobloque Ahora Patria, que integra el interbloque Juntos por el Cambio, y muy allegado al exdiputado nacional Alfredo Olmedo, quien durante su paso por la Cámara de Diputados impulsó iniciativas en el mismo sentido.

La propuesta de Zapata apunta directamente a los “Ni-Ni”. En efecto, tiene como objetivo incluir a quienes no trabajan ni estudian, pero el detalle clave es la obligatoriedad para participar del sistema. La cual comprenderá a todos los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, y a diferencia del tradicional servicio militar, incluye a varones y mujeres. Pero solo aquellos y aquellas que no tengan la posibilidad de estudiar o trabajar. Todas estas personas serán incorporadas a las fuerzas armadas “con la finalidad de contribuir a su desarrollo personal e inclusión laboral”.

Se deja claro en el proyecto que los ciudadanos que vayan a participar del servicio desarrollarán las actividades que sean necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades. Asimismo recibirán la educación y capacitación en general y en oficios en particular en función de la demanda laboral que se establezca en la reglamentación. Y se apunta además que “no podrán serles encomendadas tareas ajenas al servicio”.

El Servicio Militar Obligatorio y Comunitario para incluir a quienes no trabajan ni estudian será de carácter obligatorio para quienes cumplan este requisito. Tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de un año, salvo las excepciones que determine la ley.

Aquellos que sean convocados para prestar el servicio de conscripción tendrán estado militar desde el momento en que efectúen su presentación ante una autoridad militar, a los efectos de la asignación de destino.

El Ministerio de Educación de la Nación será encargado de desarrollar los planes educativos para los ciudadanos incluidos en el servicio, garantizando la terminalidad educativa; promoviendo diferentes alternativas para finalizar los estudios primarios y secundarios. También la alfabetización, creando planes de estudios necesarios para dar el primer paso en el camino de la educación, aprendiendo a leer y escribir.

Asimismo se encargará el ministerio de establecer las estructuras curriculares que contengan conocimientos teóricos básicos y la práctica de los mismos en materia de Defensa Civil, preservación y cuidado del medio ambiente y acompañante terapéutico, a los efectos de contribuir con apoyos diversos a personas enfermas, frágiles o vulnerables.

También se incluirá la educación vial y la organización de centros comunitarios y centros culturales.

Asimismo se prevé la implementación de currículas con conocimientos teóricos y prácticos en educación técnica con el objeto de garantizar a los ciudadanos incluidos en el Servicio Militar Obligatorio y Comunitario la inserción laboral en tareas tales como: mecánico integral de autos y motos; bobinado de motores; reparación de celulares; electricista; soldador; instalador sanitario y gasista; reparación de PC; albañil y armador y montador de paneles y cielorrasos; carpintería metálica; refrigeración y aire acondicionado; maestro cocinero; estilista, y programador de PC.

La convocatoria comprenderá a todos los jóvenes que hayan cumplido 18 años el 31 de diciembre del año anterior. Aquellos que estén incluidos en el sistema educativo o en el mercado laboral, quedarán automáticamente exceptuados  de cumplir lo dispuesto en la presente ley.

Obviamente entonces quedan expresamente exceptuados de este sistema los estudiantes secundarios, universitarios y estudiantes terciarios no universitarios, quienes deberán acreditar que el establecimiento en el que cursan sus estudios se encuentren reconocidos por la autoridad educativa nacional y/o convenios internacionales.

Quedarán también excluidos de cumplir el Servicio Militar Obligatorio y Comunitario a quienes se encuentren a disposición de los tribunales civiles o cumpliendo condena; los que estén en seminarios o conventos en itinerario de formación sacerdotal; las ciudadanas que al momento de la convocatoria hayan concebido o se encuentren en estado de gravidez; y aquellos ciudadanos que hayan contraído matrimonio antes del momento de la convocatoria.

Los ministerios involucrados en esta norma son los de Defensa, Trabajo y Educación de la Nación.

La norma prevé penalidades para quienes al momento de ser convocados no se presenten ante la autoridad competente en tiempo y forma, sin causa justificada. También las habrá para aquellos estudiantes que abandonen sus estudios y no lo pongan en conocimiento de la autoridad competente. En ese caso cumplirán un recargo dentro del sistema de Servicio Militar Obligatorio y Comunitario, que será de dos días por cada jornada de retardo en su presentación, y hasta un año como máximo.

En todos los casos, al concluir el cumplimiento de la conscripción se les ofrecerá la posibilidad de ingresar a las Fuerzas Armadas.

En sus fundamentos, el proyecto observa que el 24,1% de los argentinos de entre 18 y 24 años de edad no estudia ni trabaja, según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, sobre la base de datos publicados por la OCDE.

De tal manera, nuestro país se encuentra dentro del grupo de naciones con mayor cantidad de “Ni-Ni” (ni estudia ni trabaja), pues ocupa el lugar 34° entre las 38 incluidas en el mencionado listado de la OCDE. De hecho, solo están peor Brasil, con el mayor porcentaje de Ni-Ni dentro de los países analizados (35,9%), y por Colombia (34,5%), Turquía (32,2%) e Italia (24,8%).

El proyecto recoge expresiones del director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la UB, Alieto Guadagni, respecto de que de cada 10 argentinos cuya formación alcanzó el nivel terciario, apenas 2 no consiguen empleo. “Pero esta cifra asciende a 4 cuando se trata de personas que no alcanzaron más allá del nivel secundario superior”, advierte Guadagni.

Además de la Comisión de Defensa, el proyecto ha sido girado a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

“No pretendemos restaurar la ‘colimba’ -aclara el diputado Zapata-. Nuestro objetivo es devolverles a nuestros jóvenes la esperanza a través de valorar la cultura del trabajo y la educación”. Y concluye advirtiendo que “no es lo mismo qué país les dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos a nuestro país”.

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana, se hará presente este jueves a la Comisión homónima de la Cámara alta en el Salón Arturo Illia para brindar un informe sobre los avances en los proyectos que contiene el FONDEF.

El anuncio había sido realizado hace un mes por los senadores José Mayans, como presidente del interbloque del Frente de Todos; Sergio Leavy (Salta) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), como presidente y secretario de la Comisión de Defensa del Senado, luego de mantener una reunión con el funcionario y hacerle la invitación para que profundizada sobre el trabajo que viene realizando desde su asunción al frente de esta cartera.

El informe será sobre el equipamiento que están incorporando a las Fuerzas a través del FONDEF y el resultado de los Operativos Belgrano 1 y 2 con el que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea brindaron apoyo sanitario y asistencia humanitaria durante la pandemia, en todo el país.

Previamente, desde las 14 se realizará un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto para analizar el proyecto de ley que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.

Luego, la Comisión de Defensa Nacional, antes de recibir al ministro, debatirá el proyecto de consideración y aprobación del procedimiento para el tratamiento de asuntos vinculados al Fondo Nacional de la Defensa.

También, analizaran los proyectos de declaración del senador radical Víctor Zimmermann, uno que adhiere al 208° aniversario de la creación de la armada argentina el 17 de mayo de 2022; y el otro expresa beneplácito por la conmemoración del 210° aniversario del “Regimiento de Granaderos a Caballo” el 16 de marzo de 2022. Por último, el proyecto de José Neder y Ledesma Abdala de Zamora que reconoce el accionar de la fuerza aérea argentina en conmemoración de su bautismo de fuego acaecido el 1 de mayo de 1982.

En reunión con senadores del interbloque del Frente de Todos, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, les confirmó una visita informativa sobre los avances en los proyectos que contiene el FONDEF a la Comisión homónima del Senado de la Nación para la primera semana de junio.

Los senadores José Mayans, como presidente del interbloque del Frente de Todos; Sergio Leavy (Salta) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), como presidente y secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara alta se reunieron este viernes por la mañana con el ministro Taiana durante dos horas en las que acercaron la invitación y pudieron profundizar sobre el trabajo que viene realizando desde su asunción al frente de esta cartera.

Al término del encuentro, los senadores señalaron que el ministro mostró su plena disposición para brindar informe sobre el equipamiento que están incorporando a las Fuerzas a través del FONDEF y el resultado de los Operativos Belgrano 1 y 2 con el que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea brindaron apoyo sanitario y asistencia humanitaria durante la pandemia, en todo el país.

También profundizaron sobre el trabajo que está realizando en Tandanor, la Campaña Malvinas, los ejercicios militares previstos para este año y todo lo atinente al esquema del sistema de Defensa Nacional.

El Senado avanzó este jueves con la puesta en marcha de cuatro comisiones y el Frente de Todos conservó la presidencia en ellas, al igual que la mayoría dentro de los integrantes que las componen, tal como sucedió en los últimos dos años.

Si bien al comienzo del año Juntos por el Cambio reclamaba más lugares, tanto en presidencias como en la proporcionalidad de los miembros, por haber incrementado el número de su interbloque, la postura del oficialismo que, junto a aliados construyó mayoría, prevaleció.

Así, el Frente de Todos continuará al mando de Legislación General; Economías Regionales, Economía Social y MiPyMEs; Defensa Nacional; y Educación y Cultura.

Legislación General

En la primera reunión constitutiva que se realizó este jueves en el Salón Illia, se conformó la Comisión de Legislación General, que próximamente tendrá el debate del proyecto del Frente de Todos para crear un “Fondo Nacional” para el pago de la deuda con el FMI, a partir de establecer un aporte a quienes hayan evadido y tengan bienes no declarados en el exterior.

Al frente de la comisión resultó elegido el pampeano Daniel Bensusán (FdT), quien agradeció “la confianza depositada” por sus pares “para desarrollar la presidencia de esta comisión. Creo que tenemos que armar una agenda de cara a los intereses de los argentinos y argentinas, y en esta comisión hay proyectos de vital importancia para debatir y tratar de llevar al recinto”.

Además, prometió que “trabajaremos todos los consensos necesarios” porque “la situación del país lo amerita y seguramente estaremos a la altura de las circunstancias”.

En tanto, a propuesta de Juntos por el Cambio la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) fue designada vicepresidenta; mientras que la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT) será la secretaria de la comisión.

Por el oficialismo conforman Legislación General Daniel Bensusán, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Sergio “Oso” Leavy, María Eugenia Catalfamo, Anabel Fernández Sagasti, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos “Camau” Espínola.

Mientras que por Juntos por el Cambio la integran Silvia Giacoppo, Beatriz Ávila, Pablo Blanco, Lucila Crexell, María Belén Tapia, Gabriela González Riollo y Martín Lousteau. Y completa la lista la misionera monobloquista Magdalena Solari Quintana.

Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs

El segundo turno le tocó a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs, donde fue reelecta como presidenta la salteña Nora del Valle Giménez (FdT). Mientras Juntos por el Cambio se reservó la propuesta de vicepresidencia, la monobloquista riojana Clara Vega fue avalada como secretaria.

Giménez agradeció la “confianza depositada” y ponderó que la comisión “ha funcionado con mucho sentido de equipo y si hay algo que tiene que seguir prevaleciendo es esta disponibilidad al diálogo y el debate de los proyectos. Es una comisión donde hay mucho para hacer”.

“Sin duda uno de los más grandes desafíos para poder tener capacidad de respuesta frente a la situación económica y social viene de la mano de las economías regionales, de la mano de las PyMEs, de la economía asociativa, del funcionamiento de las cooperativas. Está probado que el 80% del empleo que se genera en el país no es generado por las grandes empresas, sino generado justamente por esta cadena de PyMEs distribuida a lo largo y ancho del país”, agregó.

Los senadores oficialistas designados para la comisión son Nora del Valle Giménez, Silvina García Larraburu, Edgardo Kueider, Cristina López Valverde, José Mayans, Carlos Linares, Matías Rodríguez, Juliana Di Tullio y Gerardo Montenegro.

Por su parte, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, Silvia Giacoppo, Alfredo De Angeli, Flavio Fama, María Victoria Huala y Mariana Juri son los legisladores de Juntos por el Cambio que la integran. Y se suma la monobloquista Clara Vega.

Defensa Nacional

Al mediodía se constituyó la Comisión de Defensa Nacional donde fueron designados el salteño Sergio “Oso”Leavy (FdT) como presidente; el riojano Julio Martínez (UCR) como vicepresidente; y el correntino Carlos “Camau” Espínola (FdT) como secretario.

Al tomar la palabra, Leavy enfatizó sobre la “relevancia” de esta comisión y destacó la aprobación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) durante 2020, dada la “necesidad” que se tiene en el “reequipamiento de todas nuestras fuerzas” para combatir, entre otras cosas, la pesca ilegal y el narcotráfico.

Además, anunció que habrá “mucho trabajo” ya que “hay 64 proyectos trabajándose dentro del Ministerio de Defensa”. “Nos van a pasar toda la información con total reserva. Me gustaría que este año podamos tener un reglamento” sobre reserva de la información, señaló.

Martínez, por su parte, resaltó que los temas de defensa se han tratado “la mayoría de las veces al margen de la grieta, han sido cuestiones de Estado” y “se han aprobado por unanimidad cuando han llegado”.

En la antesala del 40° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el exministro de Defensa durante la gestión Cambiemos anuncio que la semana próxima se realizará un evento para “homenajear a algunos veteranos de los más destacados, y otros no tan conocidos”. También, “más allá de las grietas y las divisiones” la idea es “invitar a ese evento a todos los ministros de Defensa que están vivos y al actual (Jorge Taiana)”, comentó.

En la comisión fueron designados como miembros Sergio “Oso” Leavy, Rubén Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Carlos “Camau” Espínola, Adolfo Rodríguez Saá, Oscar Parrilli, Matías Rodríguez, José Neder y Lucía Corpacci, por el oficialismo; y Julio Martínez, Luis Juez, José María Torello, Mariana Juri, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Humberto Schiavoni y Alfredo Cornejo, por Juntos por el Cambio.

Educación y Cultura

La seguidilla de reuniones culminó con la conformación de Educación y Cultura, donde fue reelegida presidenta la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT). También continuará como vicepresidenta la entrerriana Stella Maris Olalla (UCR), mientras que la fueguina María Eugenia Duré (FdT) asumió como secretaria.

Tras agradecer a su bloque, López Valverde reivindicó la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien “constituyó un hito, el de la educación, entre muchas otras cosas que hizo”. “El país grande, que a veces añoramos, el país que iba de la mano del progreso, tuvo como un pilar fundamental la educación”, agregó la sanjuanina.

Sobre una realidad que impuso la pandemia, como es la educación a través de la virtualidad, la legisladora llamó a seguir trabajando en la cuestión de la conectividad “porque el mundo así lo exige, ni que hablar el mundo de mañana”. “Se está trabajando en ello y ojalá se acelere rápidamente”, continuó.

“Hay que llegar a la equidad y justicia educativa, en cuanto a que el chico que está en el último rincón del país tenga las mismas oportunidades que el que vive en zonas urbanas o proviene de familias con cierto sustento económico para darle más posibilidades”, sostuvo.

López Valverde sumó que “la agenda es amplísima, es una comisión que requiere de mucha vocación”.

Los senadores que integran la comisión por el Frente de Todos son Cristina López Valverde, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni, Teresa González, María Eugenia Catalfamo, Guillermo Andrada, Ricardo Guerra y Marcelo Lewandowski.

En tanto, por Juntos por el Cambio la integran Stella Maris Olalla, Carmen Álvarez Rivero, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, María Belén Tapia, María Victoria Huala y Flavio Fama. La monobloquista Clara Vega completa la nómina.

Mientras sigue la indefinición en torno a la integración de las comisiones de ambas cámaras, van trascendiendo algunas. Este jueves el salteño Sergio “Oso” Leavy confirmó que será el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la Nación y explicó que fue elegido por “haber cursado cuatro años en el Colegio Militar”.

“A partir de la nueva composición de las comisiones, voy a ser el presidente de la de Defensa. Es muy importante, el último presidente de la comisión hoy es el ministro de Defensa de la Nación, es una gran responsabilidad que me encomendó Cristina Fernández de Kirchner con todos los compañeros del bloque”, manifestó Leavy en Hablemos de Política.

En tanto, indicó que cada seis meses se realiza auditoría de todas las Fuerzas Armadas, el ejército y la Fuerza Área y que fue elegido por haber cursado en el Colegio Militar.

“El Congreso es el órgano contralor de las Fuerzas Armadas”, precisó el senador salteño y añadió que se está comprando “cuatro fragatas para controlar nuestros mares porque los buques pesqueros extranjeros están saqueando los mares”.

Diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Defensa advirtieron por un recorte en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, lo cual resaltaron “pone en peligro el control de la soberanía nacional, al dejar desprotegido al país frente a la constante depredación del Mar Argentino y a la entrada de aviones ilegales con drogas y contrabando por la frontera norte”.

Durante los días martes 19 y viernes 29 de octubre, los legisladores encabezaron dos jornadas de análisis de los recursos destinados al área en el Presupuesto 2022, junto a más de 75 especialistas y expositores del mundo académico, militar, diputados, senadores y asesores.

En un comunicado en el que plasmaron las conclusiones del exhaustivo estudio, los diputados señalaron que “el presupuesto de Defensa para 2022 profundiza la irrelevancia que las Fuerzas Armadas tienen para el Gobierno ya que planifica una reducción en términos reales del 18,5%”.

El texto fue firmado por Carlos Fernández (UCR) -presidente de la comisión-, Alberto Asseff (Pro), Juan Aicega (Pro), Sebastián Salvador (UCR), Julio Sahad (Pro), Hernán Berisso (Pro), Jorge Vara (UCR), Gonzalo del Cerro (UCR) y Dolores Martínez (UCR).

Para los opositores, a partida destinada al Ministerio de Defensa, que conduce Jorge Taiana, “entierra cualquier tipo de expectativa de reconstrucción del instrumento militar, menos aún para el desarrollo de una mayor capacidad de disuasión y de control soberano del territorio”. “El ajuste impactará fuertemente en la posibilidad de las Fuerzas Armadas de cumplir su misión específica: adiestrar, equipar y sostener capacidades militares”, agregaron.

También cuestionaron que “el ajuste previsto implica en la práctica el abandono de la política de Defensa enunciada por el Gobierno nacional con la reciente aprobación de la Directiva de Defensa Nacional (DPDN), ya que los objetivos enunciados quedarán en un papel ante la falta de recursos asignados”.

“Para peor, a pesar de la inclusión del FONDEF, el peso relativo de Defensa sigue perdiendo peso relativo en el total del Presupuesto Nacional (3,2% en 2022 en comparación con el 3,93% del Presupuesto 2021), lo que explicita claramente la voluntad del Gobierno nacional de seguir ajustando a las Fuerzas Armadas, quienes tendrán que hacer frente a una situación límite por los escasos recursos destinados a las áreas de alistamiento operacional y adiestramiento”, insistieron.

Asimismo, los legisladores lamentaron que “hace muchos años que la Nación Argentina no alcanza a cubrir mínimamente la capacidades de: movilidad estratégica y táctica y superioridad aérea, terrestre y naval en sus espacios, que le permitan el control y aseguramiento soberano de los mismos; comando, comunicaciones y control; inteligencia (táctica y estratégica) y un subsistema informático; sostenimiento logístico para sustentar el equipamiento, la preparación, el adiestramiento y las operaciones en desarrollo. Y, por eso, sus espacios son vulnerados, depredados y amenazados en forma permanente”.

Además, la política salarial para las Fuerzas Armadas “continúa siendo una tarea pendiente ya que en éste Presupuesto no se resuelve la desproporción entre los haberes que percibe el personal de las Fuerzas de Seguridad Federales (FF.SS.) y sus jerarquías equivalentes de las FF.AA., con distorsiones que oscilan entre un 30% y un 50% en detrimento del personal militar en actividad y retiro”, apuntaron.

Por otra parte, el tema de la inflación se metió en el análisis: “Al ritmo de emisión monetaria del mes de octubre, según el Banco Central, todo el presupuesto previsto para Defensa ($438.191 mil millones) se imprime cada 40 días. Todo el presupuesto previsto en el FONDEF para modernizar el aparato militar ($72.000 mil millones) se imprime cada 6 días y medio”. “El Gobierno acelera de forma descontrolada la inflación mientras que deja sin recursos a quienes custodian la soberanía del país”, criticaron.

Los diputados de Juntos por el Cambio expresaron que “esta escasa asignación presupuestaria puesta en el ejercicio fiscal 2022 refleja una vez más la brecha entre una narrativa oficial marcada por el ‘soberanismo’ y una realidad en la cual las Fuerzas Armadas siguen siendo la variable de ajuste”.

“Los recursos del FONDEF deben ser realmente independientes de los que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional, y deben ser aplicados específicamente para la recuperación, modernización y/o incorporación de nuevos materiales para las Fuerzas y no permitir el uso de fondos para compras corrientes como el caso de la compra de uniformes o mantenimiento”, sostuvieron.

En el final, alertaron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la página 34 del proyecto de Presupuesto 2022 subrayó: “Se presentan a continuación distintos escenarios de reducción del gasto primario necesarios para hacer frente al pago al Fondo Monetario Internacional de US$20.000 millones en 2022 producto de la deuda insostenible contraída por la administración anterior”.

Y esto implicaría “postergar prioridades de política” tales como “paralizar la obra pública de sectores de la economía claves para la recuperación, en simultáneo con un incremento tarifario incluso más elevado que el efectuado por la gestión anterior. A su vez, se suspenderían leyes determinantes para el desarrollo de ciertos sectores como la Ley de Financiamiento Educativo Ley N°26.075, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación N°27.614 y la creación del FONDEF Ley N°27.565“.

“Auspiciamos el diálogo para mejorar el Presupuesto 2022, que esperamos y promovemos un debate profundo, claro y preciso para robustecer el presupuesto y potenciar la capacidad que tendrá el instrumento militar para proteger la soberanía nacional, en el presente y a futuro; y el mayor riesgo que tendrá el personal militar al operar en estas condiciones”, concluyeron los legisladores de la oposición.

En un plenario de las comisiones de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores y Culto del Senado se dio dictamen favorable al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo mediante el cual se autorizan una serie de ejercicios militares.

Se trata de una iniciativa que se vota todos los años, a través de la cual el Congreso avala la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, que en este caso se realizarán desde el 1ro. de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.

Al comienzo del encuentro de este lunes, la senadora chubutense Nancy González (FdT), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, precisó que en el proyecto se contemplan “un total de 11 ejercicios, de los cuales siete corresponden a la Armada y cuatro a la Fuerza Aérea” y “seis son de carácter bilateral y cinco de carácter multilateral”. En tanto, para el próximo año, el Ejercito Argentino y el Estado Mayor Conjunto no tendrán ejercicios combinados programados.

Además, la oficialista precisó los ejercicios, que se tratan “atento a la situación de emergencia y catástrofe, uno; en el marco de una hipotética misión de la ONU, cinco; ejecución de procedimientos de técnicas y tácticas navales básicas, uno; integrar las capacitaciones con fuerzas armadas de otros países para diferentes operaciones, tres; y operaciones aéreas en apoyo humanitario, búsqueda y rescate, uno”.

Invitado a explicar el proyecto del Ejecutivo, el subsecretario de Asuntos Internacionales, Roberto Mario De Luise, señaló que hay previsto “un menor número de ejercicios que el año anterior y los anteriores” y esto “se explica por la situación de pandemia”, dado que “estos ejercicios llevan una planificación previa entre los Estados”.

Al detallar algunos de ellos, el funcionario indicó que se realizarán “dos que hace la Armada anualmente con Chile, desde 1990”, los cuales “no demandan un costo y un movimiento muy grande”. También, la Armada hará “otro con Brasil, es más antiguo, que empezó en los años ’80” y uno con “Uruguay, respecto a la carga de combustible en vuelo”. Asimismo, está previsto un ejercicio “en aguas de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Este año la sede es Uruguay, pero año a año se va modificando el país”.

En el bloque de las preguntas, el senador Oscar Parrilli (FdT) opinó que “no estaría mal una mirada nuevamente sobre esos ejercicios, porque me parece que muchos de ellos obedecen a las disputas militares del siglo pasado, de la Guerra Fría, donde había conceptos, valores, ideas de cómo podían ser las amenazas y acechanzas que tenían los Estados”.

Por eso, el neuquino consideró que debería haber una revisión “a la luz de las nuevas realidades políticas, económicas y militares” y de la “la guerra informática”. “Estamos yendo a un mundo moderno donde las guerras ya no son tirar cohetes o balas, sino que pueden ser guerras económicas o cibernéticas”, agregó el oficialista.

A su turno, el senador Jorge Taiana (FdT), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió la realización de los ejercicios porque “las Fuerzas Armadas tienen que compartir con otras” y “lograr ver qué están haciendo los otros”, sobre todo “con los vecinos esto tiene una importancia bastante grande”.

En referencia al Fondo Nacional de la Defensa (​FONDEF), creado por ley el año pasado y que Nancy González anunció que se había remitido información al respecto, Taiana subrayó la importancia de que “ese Fondo esté funcionando” y “las perspectivas de que en cierto plazo tengamos Fuerzas Armadas modernizadas, que cumplan el objetivo de la defensa nacional con las mejores herramientas”.

Cuando volvió a tomar la palabra, De Luise respondió que “revisamos los ejercicios y mucho” y hay “un proceso interno que hacemos de debate con cada una de las fuerzas, donde siempre se analiza la nueva situación”. “Algunos (ejercicios) siguen siendo muy positivos”, apuntó, pero expresó que “obviamente el mundo está cambiando y vamos a tener cambios radicales a partir de la pandemia, y esto debe reflejarse en el tipo de ejercicios que se hacen”.

“En el caso de la ciberdefensa hay que estar atentos con las diferencias que tenemos entre seguridad interior y lo que es nuestra Ley de Defensa”, advirtió el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, que reveló que “actualmente en nuestro país la organización de la ciberdefensa se hace en base de vinculaciones muy fuertes entre diferentes Ministerios”.

Y sumó que, desde la cartera que conduce Agustín Rossi, se está “buscando tener mayor colaboración con otros países” y “conversaciones con otros Estados”, al tiempo de sumarse a los seminarios y capacitaciones que desarrolla la OEA en este tema.

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto que busca darle un marco de protección a las Reservas Naturales de la Defensa, administradas por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Tras haber recibido anteriormente el aval de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ahora solo resta que la iniciativa sea debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El despacho fue acompañado por todos los bloques, sin embargo Juntos por el Cambio acompañó con algunas disidencias, planteadas por el diputado Juan Aicega (Pro).

La iniciativa reúne propuestas de proyectos que fueron presentados por los legisladores Germán Martínez (FdT), Héctor “Toty” Flores (CC-ARI) y Eduardo Fernández (FdT).

Durante la breve reunión, Juan Aicega afirmó que “es un proyecto positivo para la defensa”. “La defensa y el medio ambiente pueden ir de la mano y verdaderamente las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades de cuidado del medio ambiente importantes”, señaló, aunque remarcó que “hay ciertas actividades de la defensa que se contraponen con la defensa del medio ambiente”.

“Entiendo el espíritu de esta ley de tratar de hacer convivir ambas cuestiones”, dijo el macrista y enumeró propuestas de modificaciones al texto.

Sin embargo, el proyecto se dictaminó sin cambios, pero Germán Martínez dejó abierta la posibilidad de evaluarlos. “Todo aporte que se haga y tienda a la mejora del proyecto es muy bienvenido, la vamos a analizar a todas y cada una para ver cómo podemos encontrarle la canalización”, expresó el oficialista.

Y reforzó que “hasta el mismo momento de la aprobación, el proyecto está abierto y siempre se puede mejorar para que cumpla la finalidad específica”.

“Nos quedemos con la tranquilidad de que esto pudo avanzar hasta esta instancia porque esto ya está funcionando, porque la reserva natural de la defensa ya existe, el Comité Ejecutivo funciona y los comités locales en varios casos funcionan”, agregó el santafesino.

Por su parte, el presidente de la comisión, Carlos Fernández (UCR), destacó que “lo que estamos tratando es una ley absolutamente trascendente, se trata nada menos que de 650 mil hectáreas que van a pasar a formar parte del Sistema de Áreas Protegidas de la Nación”.

En ese sentido, valoró estar “minimizando las diferencias”, en referencia a la redacción, porque eso “ha facilitado que esto continúe su tratamiento legislativo”. Además, el radical aseguró que hay modificaciones que incluso se podrán abordar por parte del Poder Ejecutivo en la reglamentación.

La iniciativa establece la creación de “la categoría de Reserva Natural de la Defensa (RND), que será integrada por aquellos predios, asignados en uso y administración al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y demás organismos descentralizados de dicha jurisdicción ministerial, que presentando elementos de significativo valor para la conservación de la biodiversidad o del patrimonio cultural y natural de la Nación o que, por su ubicación cercana a otras áreas protegidas, puedan constituirse en corredores de conservación o áreas de amortiguación biológicas, o por su ubicación contigua o cercana a otras reservas naturales, brinden oportunidades especiales de educación ambiental o de interpretación de la naturaleza”.

En las RND estará prohibida “la realización de todas aquellas actividades que modifiquen sus características ambientales, que amenacen disminuir su biodiversidad, o que de cualquier manera afecten a sus elementos bióticos o abióticos, con excepción de aquellas acciones estrictamente necesarias a los fines de la Defensa Nacional conforme lo determine el Ministerio de Defensa”.

Las RND serán creadas por ley del Congreso de la Nación, tanto las designadas por la norma como aquellas que se creen en el futuro, y serán incorporadas al dominio público nacional e inscriptas en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). “En tanto integran el patrimonio natural del Estado Nacional quedan expresamente excluidas del ámbito de actuación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado”, aclara el proyecto.

También, el texto prevé la creación de un Comité Ejecutivo de las RND, el cual estará conformado por: tres funcionarios del Ministerio de Defensa -uno de ellos ejercerá la presidencia-; un Oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y un delegado suplente; un Oficial de cada Fuerza y un delegado suplente; y cuatro representantes de la Administración de Parques Nacionales. A su vez, por cada RND se conformará un Comité Local.

Las 14 Reservas Naturales de la Defensa que se crean:

“PUNTA BUENOS AIRES”- Provincia de Chubut

“PUERTO PENINSULA”- Provincia de Misiones

“CAMPO MAR CHIQUITA-DRAGONES DE MALVINAS”- Provincia de Buenos Aires

“BATERIAS-CHARLES DARWIN”- Provincia de Buenos Aires

“LA CALERA”- Provincia de Córdoba

“ASCOCHINGA”- Provincia de Córdoba

“CAMPO GARABATO”- Provincia de Santa Fe

“ISLA DEL TALA”- Provincia de Santa Fe

“QUEBRADA DEL PORTUGUES-ESTANCIA EL MOLLAR”- Provincia de Tucumán

“USPALLATA”- Provincia de Mendoza

“ISLA MARTIN FIERRO”- Provincia de Santa Fe

“FARO QUERANDI”- Provincia de Buenos Aires

“MANANTIALES”- Provincia de San Juan

“FARO PUNTA DELGADA”- Provincia de Chubut

En la reunión de conformación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, la senadora María Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego) presentó su iniciativa de adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero.

“Se cumplen 117 años de permanencia ininterrumpida en el Continente Blanco, con lo que eso significa para nuestro país”, argumentó y agregó que “Argentina es el país con más bases en la Antártida. Hoy tiene trece bases que administra y seis de ellas son permanentes”.

“La importancia de este proyecto tiene que ver con visibilizar a la Antártida”, puntualizó la legisladora oficialista. “No podemos no hablar ni de Antártida ni de Malvinas con la importancia geopolítica que tiene la Antártida, con la importancia turística, económica, científica”, concluyó Duré. Su iniciativa fue unificada con la de la senadora Nora Del Valle Giménez (FdT-Salta), quien también propuso adherir a la conmemoración del 22 de febrero.

Otros cinco proyectos también se pusieron en tratamiento, aunque sus autores estaban ausentes. Todos se aprobaron y se pasaron a la firma.

Al comienzo de la reunión, la comisión ratificó a sus autoridades. Nancy González (FdT-Chubut) continuará como presidenta, Ernesto Martínez (Pro-Córdoba) como vicepresidente, y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro-Río Negro) como secretario.

La flamante presidenta agradeció por “el acompañamiento que he tenido el año pasado en la comisión” y destacó que “hemos sacado proyectos muy importantes, como la aprobación del FONDEF que era una ley muy esperada para nuestras Fuerzas Armadas”.

Pidieron la palabra para agradecer y ratificar a las autoridades los senadores Oscar Parrilli (FdT-Neuquén), Julio Cobos (UCR-Mendoza), y los propios Martínez y Weretilneck.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable de un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que establece un beneficio extraordinario -opcional- por única vez para los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

La iniciativa, que se tratará este jueves en la primera sesión del año de la Cámara baja, recibió aval unánime.

El radical Carlos Fernández, titular de la Comisión de Defensa Nacional, señaló que el proyecto “se suma como un acto de reconocimiento a los múltiples actos de reconocimiento ya realizados a los 44 tripulantes”.

“La pérdida total de la conformación del submarino” fue “un hecho doloroso, que nos conmovió absolutamente a toda la Argentina”, sostuvo y destacó la “vocación de servicio heroica (de la tripulación), que tuvo hasta el último minuto el respeto al juramento de honor realizado cuando asumieron el servicio y fallecieron en ocasión de prestar un servicio a la defensa nacional”.

Por su parte, el oficialista Germán Martínez afirmó: “Queremos que esta ley sea un gesto de acompañamiento a los familiares”. Al describir la iniciativa, el santafesino explicó que la fórmula de cálculo prevista “ya fue utilizada para determinar los montos indemnizatorios en otras leyes reparatorias”.

“Solicitar acogerse a esta indemnización es opcional y es un acto voluntario, los que deseen continuar por la vía civil pueden hacerlo, obviamente eso los priva de la indemnización”, aclaró.

Sobre ese punto, el rionegrino Luis Di Giacomo objetó que se establezca la renuncia a “acciones en trámite o a tramitarse, porque esto tiene que ver con la búsqueda de justicia, de que puedan encontrarse determinadas responsabilidades”, e incluso que una resolución judicial determine “un resarcimiento que podría ser mucho mayor”. En ese sentido, el legislador remarcó que “coloca a los familiares frente a una disyuntiva”.

Martínez citó entonces el artículo 8 de la Ley 27.179, de reparación a familiares de víctimas de las explosiones de Río Tercero, y el artículo 11 de la Ley 27.139, de indemnización a los familiares del atentado a la AMIA, similares en su redacción al artículo 5 del proyecto, apuntado por Di Giacomo.

“Tiene carácter opcional, es un acto voluntaria acogerse a este régimen”, reiteró el diputado del Frente de Todos, que agregó: “No se le priva a ningún familiar de la posibilidad de llevar adelante las acciones que le parezcan pertinentes”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, expresó que “el proyecto pretende incorporar un derecho optativo para las familias y plantea que al hacer uso de ese derecho deja sin efecto los otros caminos que los familiares podrían tener”.

“Pagar esa indemnización voluntaria y dejar abierto a que todos puedan hacer acciones judiciales puede ser la manera no más conveniente de actuar, esto visto desde el punto de vista de la gestión y los intereses que tenemos la responsabilidad de administrar”, completó el oficialista.

Qué prevé el proyecto

La iniciativa reconoce a los y las familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue hallado un año y un día después, “el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar”, el cual “tendrá el carácter de indemnización extraordinaria”.

Podrán acceder al beneficio los hijos y las hijas por partes iguales; a falta de hijos o hijas, los progenitores y las progenitoras por partes iguales; el o la cónyuge supérstite, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la desaparición o muerte; y el o la conviviente supérstite, siempre que hubiese convivido con carácter público, notorio, estable y permanente con algún o alguna integrante del personal militar tripulante durante al menos dos años inmediatamente anteriores al día de la desaparición de la nave.

La indemnización “será equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, multiplicada por 100.

“El cobro del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto”, indica la iniciativa.

Además, estipula que “el otorgamiento del beneficio previsto por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias a causa del hecho”.

“El pago del beneficio (…) liberará al Estado de la responsabilidad patrimonial que le pudiere corresponder frente al beneficiario desinteresado”, estima el artículo 6, que fue mejorado en su redacción por una sugerencia del diputado Juan Aicega (Pro).

También se establece que “en los casos en los que se haya reconocido indemnización por daños y perjuicios por resolución judicial y la misma haya sido percibida, los beneficiarios y las beneficiarias solo podrán percibir la diferencia entre lo establecido” por la ley y “los importes efectivamente cobrados”. “Si la percepción hubiera sido igual o mayor, no tendrán derecho a la asignación pecuniaria”, agrega.

En tanto, “si al tiempo de solicitar el beneficio extraordinario existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos”, quienes pretendan acogerse al régimen deberán acreditar ante el Ministerio de Defensa “haber formulado el correspondiente desistimiento de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho”.

La indemnización estará exenta de gravámenes, al igual que las tramitaciones judiciales o administrativas en jurisdicción nacional.

El Ministerio de Defensa, que será la autoridad de aplicación, tendrá a su cargo el pago de las prestaciones mediante depósito o transferencia en bancos oficiales de la jurisdicción que corresponda al domicilio del beneficiario o de la beneficiaria.

Finalmente, la Jefatura de Gabinete queda autorizada a realizar “las adecuaciones presupuestarias correspondientes” para dar cumplimiento a la norma, que entrará en vigencia una vez que se publique en el Boletín Oficial y tendrá vigencia por un año.

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley, con media sanción del Senado, que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas. La iniciativa, avalada por unanimidad, quedó así en condiciones de ser tratada en el recinto.

En la reunión, los legisladores escucharon al subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Roberto De Luise, quien destacó que “los ejercicios combinados que se están presentando son parte la formación de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas”.

El funcionario detalló que de los 17 ejercicios que se proponen, la mayoría son “con países vecinos” y hay otros con participación de México, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica e India. “Estos ejercicios son parte de una política de defensa que se basa, en primer lugar, en la generación de relaciones en la región”. “Estamos convencidos que es fundamental tener una región en paz”, agregó.

En relación a la pandemia de Covid-19, De Luise aclaró que “ninguno de estos ejercicios se llevará adelante si se pone en riesgo la salud de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas”. Sobre ello, detalló que 12 ejercicios corresponden a la Armada, cuatro a la Fuerza Aérea y uno al Ejército Argentino, pero “sabemos que ya por la situación de la pandemia algunos no van a poder realizarse“, dijo.

Por su parte, el director nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, Juan López, señaló que los ejercicios militares “tienen importancia porque permiten medir comparativamente los niveles de adiestramiento del personal y de alistamiento del material”, además de permitir “interoperar con otros países, con los que hay coordinación en muchas actividades” y “son en sí mismos medidas de confianza mutua”.

Exposición del rector de la UNDEF

Al comienzo de la reunión, los diputados recibieron la visita del rector de Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), Jorge Battaglino, quien expuso sobre la gestión desarrollada en la institución.

Al principio, el doctor aseguró que “hay un fuerte nivel de continuidad entre ambas gestiones” -en referencia a la anterior- y señaló que su período, iniciado en marzo pasado, se vio marcado por la pandemia. “Apenas asumí, a la semana se declaró el aislamiento obligatorio”, recordó.

En ese sentido, el rector destacó “la logística de licenciamiento masivo de todas las instituciones de formación militar” que se realizó. “Fue la primera vez que se licenció simultáneamente a todos los colegios. Fue un enorme movimiento de gente, de miles de cadetes, implicó un máximo esfuerzo por parte de las Fuerzas Armadas y el rectorado”, agregó.

Además, Battaglino sostuvo que “el primer gran objetivo que nos ha movido en estos meses ha sido la educación a distancia”, y que si bien ya se había creado un sistema remoto, “la pandemia nos obligó a acelerar considerablemente toda la infraestructura tanto de hardware como de software”.

En su alocuación, enumeró varias acciones realizadas, como la creación de un área de género, una de derechos humanos y otra de cooperación internacional; también los procesos de investigación llevados adelante; la firma de varios convenios; y la incorporación de carreras nuevas para el próximo año.

En tanto, Gonzalo Álvarez, exrector de la UNDEF, recordó que la institución se creó en 2014, mediante un ley en la que “no fue una discusión sencilla, fue bastante compleja”. Al asumir a mediados de 2016, manifestó que se abocó a fortalecer la Universidad, porque “estaba recién conformada, no había burocracia e infraestructura”.

“Como universidad nueva es una universidad muy atípica”, indicó y subrayó que “puede emitir una oferta académica y matricular a alumnos en todo el territorio nacional”. Álvarez añadió que “uno de los desafíos fue ubicarla dentro del sistema universitario” y ponderó la decisión del Congreso de incorporarla a la planilla de universidades dentro del Presupuesto.

Los diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el radical Carlos Fernández, expresaron su rechazo a la derogación que el Gobierno nacional hizo de dos decretos, firmados durante la gestión de Mauricio Macri, sobre las facultades de las Fuerzas Armadas y consideraron que con esta decisión “atrasan 40 años”.

“El decreto 571/20 que deroga las Directivas de Política de Defensa Nacional, genera una situación que atrasa, nos lleva en el marco normativo 14 años hacia atrás, agravando lo que ya de por sí era una interpretación errónea que avanzaba por sobre la Ley de Defensa 23.554, autolimitando el empleo legítimo del derecho de todo Estado a la Defensa”, señalaron.

Mediante un comunicado, los legisladores cuestionaron “la existencia de agresiones de origen externo, por parte de potencias extranjeras es un escenario de aparición improbable, por las decisiones de política exterior adoptadas por la Argentina, no existiendo hipótesis de conflicto con los países vecinos”.

“La tajante separación existente en nuestro marco normativo entre defensa y seguridad interior es el producto de un contexto nacional y latinoamericano propio de la situación imperante hace 40 años. Esa mirada no se comparte hoy en el mundo”, consideraron.

Además, los opositores expresaron que les parece “racional generar una mirada más abarcativa de las eventuales agresiones que pudiera recibir nuestro país, que tenga en cuenta la naturaleza y dimensión de estas, más que la ubicación geográfica y la naturaleza jurídica del agresor”.

“Los cambios tecnológicos en el mundo generan la aparición del ciberespacio como una nueva dimensión de la defensa que debe ser tomada en cuenta”, advirtieron.

Para los diputados de JxC “no resulta conveniente evitar una profunda mirada sobre lo que sucede en nuestro entorno inmediato. La situación provocada por el régimen de (Nicolás) Maduro en lo político, social y económico, más las gravísimas violaciones a los derechos humanos y la generación de tensiones con países limítrofes tienen un potencial efecto desestabilizante en la región que no se puede desconocer”.

“Consideramos que la decisión adoptada, fuera de contexto, tiene una mirada distinta a la que sostenemos, resulta poco pragmática y un retroceso al pasado que no privilegia los intereses estratégicos de nuestro país”, sintetizaron.

Finalmente, instaron a “generar espacios que permitan reflexionar en conjunto para evitar estas decisiones unilaterales, que contradicen los dichos de generar una política de Estado en los temas de Defensa Nacional”.

“El futuro debiera ser una construcción conjunta, en donde el instrumento militar y sus funciones y las políticas que hacen a la protección de los argentinos y sus intereses estratégicos debiera ser una visión compartida y de largo plazo”, completaron.

El comunicado fue firmado por Carlos Fernández, Alberto Asseff, Juan Aicega, Hernán Berisso, Gonzalo Del Cerro, Federico Frigerio, Dolores Martínez, Martín Medina, Julio Sahad, Sebastián Salvador, Jorge Alberto Vara, Luis Juez y Mariana Stilman.

Un viejo conocido de los diputados volverá a presentarse este lunes ante los integrantes de la Comisión de Defensa que encabeza el radical Carlos Fernández. Hablamos del ministro de Defensa,  Agustín Rossi, quien lo  hará acompañado por dos jefes de las Fuerzas Armadas.

En efecto, estarán junto al ingeniero Rossi el jefe de Estado Mayor Conjunto General de Brigada, Juan Martín Paleo y el comandante Operacional General de Brigada, Martín Deimundo Escobal.

Durante la presentación, el funcionario y los militares informarán el despliegue de las Fuerzas Armadas de la Nación en el marco del operativo general Manuel Belgrano relacionado con el Covid-19.

Rossi ya expuso ante los integrantes de la Comisión de Defensa el pasado 8 de abril, y también lo hizo ante esa comisión del Senado el pasado 27 de abril.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que a raíz de la pandemia del coronavirus, las Fuerzas Armadas están realizando “el despliegue operativo más importante en democracia o, si se quiere, desde la Guerra de Malvinas”.

Al exponer ante la comisión homónima del Senado, que se constituyó minutos antes y fue ungida presidenta la chubutense Nancy González (Frente de Todos), el funcionario informó que las FF.AA. ya han realizado en todo el país 2.008 tareas de asistencia humanitaria.

En su exposición, el titular de la cartera de Defensa señaló que las operaciones se realizaron en el marco de las normas preexistentes -Ley de Defensa Nacional y Ley de Seguridad Interior- y del DNU que estableció la emergencia sanitaria por el Covid-19. En ese sentido, agregó que el Ministerio dictó diferentes resoluciones, incluso desde antes que se diera el primer caso de la enfermedad en el país.

Entre las medidas adoptadas, Rossi enumeró que en febrero se aplicaron medidas de prevención en las bases antárticas argentinas ante el desembarco de buques de China; en marzo se crearon un comité de riesgo sanitario y otro de emergencia; y en abril se creó una “comisión de seguimiento de donaciones, contrataciones y adquisiciones en emergencia”.

Sobre esto último, ponderó que se trata de una comisión “innovadora” dentro del Ministerio, conformada por “las áreas que tienen que comprar y también las áreas de transparencia”, que ya ha elaborado “un protocolo de cómo se trabaja en las donaciones que hemos estado recibiendo y una norma de buenas prácticas”.

El ministro detalló que en todo el territorio nacional hay 14 comandos de emergencia, que articulan “con las autoridades, gobernadores o intendentes, cuáles son las demandas y se ve qué capacidad tenemos para resolverla”. “Nosotros no decidimos qué operación hacemos ni dónde la hacemos, nosotros actuamos a requerimiento”, aclaró.

El funcionario indicó que las más de dos mil acciones que se llevaron a cabo “implican movimiento de tropas y de medios que trasladen a ese personal militar” y las tareas son “fundamentalmente humanitarias, de reparto de alimentos”. También precisó que en lugares como el partido de La Matanza se cocinan las viandas, mientras que en Quilmes se distribuyen raciones ya elaboradas previamente en otro lugar, y en algunas provincias el trabajo consiste en embolsar y repartir alimentos secos. “El personal militar que participa de cada una estas acciones lo hace sin armas, va desarmado”, remarcó.

En otro tramo de la reunión virtual, que se extendió por dos horas, Rossi informó que dentro de las FF.AA. “solamente hubo 19 infectados” por coronavirus, y 18 de ellos fueron en Tierra del Fuego; además de “13 casos de recuperados y 3 sospechosos”. “La tranquilidad que nos genera es que ninguno de los casos han sido producto de personal en territorio, en operaciones”, dijo.

Por otra parte, mencionó la labor realizada en cuanto al “fortalecimiento de los establecimientos hospitalarios, hemos aportado camas, tiendas de campaña; hemos participado de operativos de vacunación, toma de temperatura. Hemos puesto a disposición todo lo que podíamos hacer en materia de ampliar la capacidad hospitalaria”.

“Tenemos 17 hospitales militares, en todos ellos hicimos una tarea de reingeniería: aumentamos espacio, recuperamos camas, instalamos mayor cantidad de camas críticas; también instalamos dos hospitales reubicables, uno en Campo de Mayo y otro en el barrio de Pompeya, al lado del Hospital Aeronáutico”, destacó y reveló que “estamos montando en el Apostadero Naval, cerca de Tandanor, un centro de aislamiento y atención médica” que esperan “el 25 de mayo ya lo podamos tener funcionando”.

Asimismo, el titular de la cartera de Defensa informó que dentro de las FF.AA. hay “1.354 médicos y 2.274 enfermeros militares” y dijo que entre los 17 hospitales hay “124 camas críticas de terapia intensiva, 372 intermedias y 364 camas generales”.

El ministro apuntó que se han realizado 14 vuelos humanitarios, en los cuales “volvieron 1.041 argentinos“. Al hacerse con el Hércules, “un avión de carga, no es un vuelo cómodo, no tiene butacas, hemos preferido ir a lugares de más corta distancia, en América Latina”. Y aclaró que “los vuelos de repatriación lo decide Cancillería” y agregó que también se han usado aviones de las FF.AA. para “traslado de insumos médicos a Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Salta y Tucumán”.

En cuanto a las donaciones, el funcionario contó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha donado elementos de salud; mientras que empresas han colaborado con el Ministerio con agua, contenedores, camas, carpas, entre otros.

Sobre las relaciones con naciones vecinas, Rossi aseguró que “hay coincidencias en el trabajo de las FF.AA.” de países hermanos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil que también “participan en tareas de ayuda humanitaria y fortalecen el sistema hospitalario” en sus territorios.

“Lamentablemente desde que se cayó la Unasur el multilateralismo se vio afectado”, expresó al responder una consulta del neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos), pero resaltó que tiene “una muy buena relación bilateral y un muy buen nivel de diálogo” con sus pares de estos países, excepto Bolivia porque el gobierno argentino no reconoce a Jeanine Áñez.

De la videoconferencia participaron también los jefes del Estado Mayor Conjunto, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Armada; y funcionarios del Ministerio de Defensa.

Vuelve a reunirse una comisión del Senado. En este caso, la de Defensa Nacional, que lo hará por el sistema de videoconferencia para escuchar el informe de un ministro de la Nación: Agustín Rossi.

El funcionario santafesino expondrá a partir de las 16 sobre las medidas adoptadas por la cartera a su cargo en lo que lleva de gestión, y fundamentalmente las tareas que desarrollan las Fuerzas Armadas en esta coyuntura pandémica.

El funcionario ya expuso ante los diputados el pasado 8 de abril, y ahora será el turno del Senado. Por supuesto la actividad se desarrollará de manera no presencial y podrá ser seguida en vivo a través del canal de Youtube del Senado y del canal 20 digital de Telecentro, y en el canal de YouTube del Senado.