Representantes de organismos de Derechos Humanos asistieron este miércoles a la comisión homónima de la Cámara de Diputados, donde alertaron por la situación de los Sitios de la Memoria. La convocatoria se dio luego del reclamo que días atrás hicieran desde Unión por la Patria. 

En una misiva enviada a la presidenta de la comisión, la macrista Sabrina Ajmechet, la oposición denunció que “en lo que va de 2024, los Sitios de la Memoria han sufrido una gran cantidad de despidos, lo que pone en riesgo su preservación, regida por la Ley Nacional 26.691 y el decreto reglamentario 1986/2014, así como su normal desarrollo”. 

“Como consecuencia, esto pone también en riesgo pruebas materiales que pueden ser necesarias en los juicios de lesa humanidad”, agregaron, y pidieron la citación de los trabajadores de estos lugares y referentes de organismos en la materia. 

Así las cosas, este miércoles expusieron en el encuentro Claudia Careaga y Cecilia De Vicenti, familiares y compañeros de “los 12 de la Santa Cruz”; Guillermo Pérez Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo; Paula Eugenia Donadío y Virginia Franco, de H.I.J.O.S. Capital; Verónica Torras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Miguel Ángel D’Agostino, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”.

En primer lugar, Careaga relató su historia de la desaparición forzada de su madre durante la dictadura y también el posterior secuestro de su hermana. “Estuvimos muchos años buscándolas y recién en 2005 pudimos recuperar sus restos que aparecieron en las costas de Santa Teresita en diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN y recuperados por el equipo de antropología forense”, detalló. Luego, criticó la visita de diputados libertarios a los represores en la cárcel de Ezeiza.

Por su parte, De Vicenti sostuvo que “la desaparición era no saber adónde estaba tu familiar, no saber qué le pasaba y no tener ninguna noticia”. En ese sentido, explicó cómo fue que Alfredo Astiz hizo para infiltrarse en la iglesia y el posterior secuestro de su madre. “Mi papá se murió sin saber y mis hijos no tuvieron abuela”, expresó.

Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, contó cómo fue el secuestro de su familia en el local que tenía su padre en Martínez, provincia de Buenos Aires, y llevados a un centro clandestino en Morón. “Mi abuela tiene 104 años y todavía está esperando saber qué es lo que pasó con su única hija, dónde están sus restos y quién es responsable de su deceso”, manifestó, al tiempo que agregó: “Y yo vivo en un constante duelo, eterno, hasta no saber cuándo, cómo y dónde están los restos de mis padres, que continúan desaparecidos”.

“Tenía un año de edad cuando fui secuestrada y fui llevada al centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturaban y desaparecían gente”, comenzó su exposición Virginia Franco, de H.I.J.O.S. Capital. “Lo que me preocupa es qué va a pasar con los responsables de nuestro secuestro, si vamos a tener que caminar por las calles nuevamente con ellos, no entendemos cuál es la estrategia del Gobierno con respecto a esto. Esto genera impunidad”, advirtió.

También de H.I.J.O.S. Capital, Paula Eugenia Donadío comentó su historia familiar. “Mi mamá pudo declarar en el año 2013 ante un tribunal porque los organismos de DD.HH., los sobrevivientes y el pueblo argentino definió que la vía para no repetir esos crímenes, vivir en una democracia plena y que nos sirva a todos, era juzgar los crímenes de lesa humanidad”, subrayó.  

Verónica Torras, del CELS, hizo hincapié en que “este tema no es una cuestión partidaria ni de los organismos de DD.HH., esto tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad argentina, del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país”, enfatizó.

Como último orador, D’Agostino solicitó que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante una investigación sobre lo ocurrido con los legisladores de La Libertad Avanza. 

Una vez finalizada las exposiciones, los legisladores avalaron el proyecto de resolución presentado por Pablo Yedlin (UP) de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Ley 26.691, de “preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria del terrorismo de Estado”. María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, no acompañó la iniciativa. 

Luego de la conmemoración que se realizó por las víctimas del atentado contra la AMIA, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados continuó por unos minutos con la reunión de este martes. Allí fue que el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky hizo un planteo respecto de la preocupación por la eventual eliminación vía decreto de una unidad de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, clave en la búsqueda de nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. 

“Es un tema que para nosotros reviste trascendencia, más allá de todos los organismos que se están disolviendo -lo que para nosotros significa un retroceso-, en este caso en particular reviste mayor gravedad el tema, porque es un organismo del Estado que posibilitó avances que permitieron recuperar nietos desaparecidos”, enfatizó el vicepresidente de la comisión. 

Al destacar la labor de la CONADI, señaló que “es un organismo que tramita causas que todavía están en vías de resolución; tiene una formación de personal idóneo, específica y que no se puede reemplazar; y tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, que es una política que desde los distintos sectores que componemos este Congreso tenemos que sostener como política de Estado”. 

Para Yasky, “sería muy importante convocar a las Abuelas de Plaza de Mayo, a los familiares de víctimas, a los nietos recuperados” para que relaten sobre “el papel que jugó la CONADI”. También pidió convocar a “referentes de la intelectualidad argentina”. 

A pesar que el diputado de UP deslizó que podría enviarse un pedido de informes al Poder Ejecutivo, la presidenta de la comisión, la macrista Sabrina Ajmechet, cerró la reunión sin emitir opinión ni sugerir qué pasos se podrían seguir. 

Días atrás, Abuelas de Plaza de Mayo manifestó a través de un comunicado su “profunda preocupación por la decisión del Gobierno nacional de eliminar la ‘Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado’ (UEI), de la CONADI. La Unidad fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad”. 

“La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”, agregaron desde la organización que preside Estela de Carlotto.

Por su parte, en los argumentos de un proyecto de declaración encabezado por Yasky, diputados de UP advirtieron que “la eliminación de la UEI es un claro ejemplo de las medidas regresivas impulsadas desde el Gobierno que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes. Este decreto no sólo busca eliminar una entidad clave del Estado, sino que también es un anticipo de las implicancias negativas de la Ley Bases, la cual otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Esto podría significar la eliminación de instituciones fundamentales para la construcción de una memoria histórica y la garantía de derechos humanos en nuestro país”.

A días de que se cumplan 30 años del atentado terrorista contra la AMIA, se realizó este martes en la Cámara de Diputados un homenaje a las víctimas, en el marco de una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, a la que asistió la canciller Diana Mondino. La funcionaria, que no hizo uso de la palabra, permaneció hasta el final del encuentro y luego posó para una foto conjunta con los invitados y los legisladores de distintos bloques. 

Al abrir la jornada, la presidenta de la comisión, Sabrina Ajmechet, expresó: “Esta conmemoración del atentado a la AMIA es extraordinaria. Nosotros en el Congreso teníamos una deuda que tiene que ver con que el atentado a la AMIA, como también lo fue el atentado a la embajada de Israel, fueron contra el pueblo argentino y que por lo tanto son temas que son necesarios traer a esta cámara”. 

La diputada del Pro dijo que tras el ataque contra la embajada, “pensamos que no iba a volver a suceder y tuvimos un nuevo ataque, aún más doloroso en cantidad de víctimas, fueron 85 los muertos”. “Son 30 años en los que no hemos obtenido ni verdad, ni justicia, son deudas pendientes; queda todavía hoy la necesidad de esclarecer por completo lo que ha sucedido”, continuó. 

La porteña enfatizó que “Hezbollah fue el brazo armado que llevó adelante el atentado y el responsable fue el Estado Islámico de Irán y sus altos mandos. Muchos de ellos hoy circulan libremente por el mundo y, por eso, seguimos también pidiendo justicia, como lo seguimos pidiendo por todos los vínculos argentinos que ayudaron a que se cometa el atentado”. 

“Hemos pasado de la firma del Memorándum con Irán a este momento donde desde el Estado Nacional, desde el Poder Judicial, se dice abiertamente que Irán es un Estado terrorista”, destacó y aprovechó para pedirle a Mondino que “el Poder Ejecutivo declare finalmente a Hamás como organización terrorista”. “Entendemos que está la predisposición para hacerlo y están trabajando en eso”, añadió. 

Fotos: HCDN

Uno de los relatos que se escuchó fue el de Sofía Kamplinsky de Guterman, quien perdió a su hija Andrea en el atentado. La mujer contó cómo su hija tres meses antes del hecho comenzó a tener pesadillas premonitorias, incluso una noche antes del 18 de julio, día que fue a la bolsa de trabajo de la AMIA. “Ni bien entró, estalló la bomba. La estuvimos buscando siete días”, contó. 

Kamplinsky de Guterman manifestó que en estos años recorrió escuelas de todo el país dando charlas sobre lo ocurrido: “25 años sembrando semillitas de memoria, donde fui recibida con empatía, solidaridad y mucho cariño”. 

“Había como un manto de encubrimiento que empezaba a tapar las cosas, que llegó a convertirse en un manto oscuro de impunidad”, lamentó, al tiempo que destacó que “el Memorándum por suerte quedó sin efecto”. “Fueron y siguen siendo muchos años de lucha. Yo le doy preponderancia a la memoria, si bien quiero que haya Justicia”, sostuvo. 

Finalmente ponderó la labor hecha por el fiscal fallecido Alberto Nisman y confesó sentir “indignación porque los ideólogos y ejecutores del atentado a la AMIA van a morir como hombres libres”. 

A su turno, Amós Linetzky, presidente de la AMIA, se refirió a la vida de una de las víctimas, llamada Noemí, quien “empezó a trabajar en el servicio social de AMIA y el 18 de julio no tenía que estar en el edificio, pero una amiga le pidió que la reemplace”. “(Las víctimas) no son solo números, arrancaron 85 vidas valiosísimas”, manifestó. 

A su vez, valoró que los familiares “han estado 30 años reclamando sin bajar los brazos, muchos de ellos en forma organizada, muchos de forma individual, pero nos dan un ejemplo admirable”. Al mencionar la cuestión de la resiliencia, apuntó que “la AMIA de hoy no es la que era en el pasado, ha crecido mucho, ha sabido decirle no al terrorismo”. 

Sin embargo, “en el Estado no se ha aprendido de estas catástrofes. El Estado no ha estado a la altura de las circunstancias”, consideró y remarcó que “la legislación argentina no es adecuada para investigar y prevenir el terrorismo”. “Necesitamos saber la verdad como sociedad y como país”, cerró. 

En otro tramo de su intervención, Linetzsky reprochó que “la causa más importante en la historia de la Justicia argentina y uno de los peores atentados terroristas sufridos en la historia de la humanidad está a cargo de un juez temporal”.  “Hace un año si nos juntábamos íbamos a nombrar a un juez, hoy es otro y quizá en un tiempo sea otro. Es una causa que si ponemos todos sus cuerpos en el piso probablemente tome varios kilómetros”, graficó.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja escuchó este miércoles el testimonio de dos presos políticos que padecieron torturas durante su detención en el centro “El Helicoide” en la ciudad de Caracas, Venezuela. En esa línea, tuvo despacho el proyecto que permite conocer el lugar a través de realidad virtual.

En el inicio de la reunión, la presidenta Sabrina Ajmechet (Pro) completó la nómina de autoridades y el diputado nacional Matías Molle (UP) fue designado secretario, tras ser propuesto por su propio bloque. También, se declaró el repudio al lesbicidio ocurrido en CABA hace un mes y la oposición reiteró su pedido de citar a Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Nación, por sus declaraciones contra el matrimonio igualitario y la Ley de Divorcio.

Impulsado por la diputada Karina Banfi (UCR), se emitió dictamen al proyecto que declara interés a la muestra “Realidad Helicoide” de la ONG Voces de la Memoria. Esta iniciativa permite experimentar a través de la realidad virtual las vivencias y testimonios de los presos políticos que se encuentran detenidos en ese centro. El mismo ya tenía despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Los invitados a la reunión fueron Víctor Navarro -de manera virtual- y Antony Vegas -presencial-, quienes estuvieron detenidos y fueron torturados en El Helicoide. Ambos responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro y al Estado venezolano por lo que acontece en ese lugar.

En primer lugar, Navarro, quien vive como refugiado en Argentina desde el 2019, participó a través de una grabación audiovisual donde relató que “cuando me detuvieron le dijeron a mi madre que me vayan a buscar a la morgue”. “Fui detenido por Nicolás Maduro cuando 35 oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) me detuvieron sin orden de captura y sin orden de allanamiento en mi casa mientras estudiaba para mi tesis”, arrojó.

Tras reiterar la responsabilidad del Estado venezolano por lo que vivó en el centro de torturas, Navarro siguió: “Me torturaron física y psicológicamente y buscaban que yo inculpara a personas inocentes para acusarme públicamente de terrorista”.

“Estuve 5 meses aislado sin ver el sol, sin tener abogad, se me prohibió el derecho a una llamada, no se garantizaron mis derechos ni mi libertad y vivi las peores atrocidades que puede vivir un ser humano”, aseveró.

Navarro quien participó en este mecanismo de realidad virtual, señaló que “estuve detenido en una celda con 4 menores de edad y dos fueron torturados”. “Es de las peores experiencias que he tenido en mi vida y con este proyecto queremos a ayudar a visibilizar que hay 270 presos políticos y 17 centros de detención clandestina”, cerró.

Presente en la Sala 4, Antony Vegas recordó: “Fui secuestrado por la dictadura política de Nicolás Maduro”. Este joven venezolano detalló cómo una tarde en el 2014 fue interceptado en la calle junto a 10 personas más por un grupo paramilitar y llevado al Helicoide. “Se me acusó de la muerte de un diputado”, afirmó.

“Yo no sabía que era un diputado y ellos me preguntaban cuanto me habían pagado para matarlo”, relató Vegas de la vez en que fue llevado al centro de torturas. “Jamás desee la muerte tanto como en ese momento y cuando era torturado me decían que iban a violar a mi hija de 9 años”, relató.

Agregó, además, que varias veces realizó diferentes huelgas para lograr su liberación que luego, quedaron sin efecto. Detalló las condiciones inhumanas e insalubres en las que pasó detenido 4 años. “Me quitaron 1825 días de mi vida y hoy solo pido justicia”, concluyó.

La autora del texto afirmó que “en Venezuela hay una dictadura y es un Estado opresor que mata a sus conciudadanos”. De cara al proceso eleccionario que habrá allí a fines de mes, señaló que “el 28 de junio el pueblo sabe lo que tiene que hacer y deseo que el mundo pueda festejar la liberación de un opresor de todo el pueblo venezolano”.

Por otro lado, la diputada nacional Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, ambos de la CC, reiteraron el pedido de citación sobre Francisco Sánchez, secretario de Culto, por sus declaraciones en contra de la Ley de Divorcio. Pidieron emplazarlo en esta reunión, pero Ajmechet respondió que no está dentro del orden del día. Finalmente la CC lo hará a través de un proyecto de declaración.

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón (HCF – Santa Fe) repudió el ataque a cuatro mujeres ocurrido hace un mes en Barracas, donde tres mujeres perdieron la vida y una continua en grave estado. Del mismo modo, mencionó la detención de un hombre en Parque Avellaneda que compartía información por redes sociales sobre la preparación de diversos atentados contra la comunidad judía y LGTB.

Por último, le envió un mensaje al Gobierno Nacional: “Le pedimos al Poder Ejecutivo políticas públicas contra la discriminación y una respuesta estatal y publica para una sociedad más diversa”.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, a cargo de la macrista Sabrina Ajmechet (Pro – CABA), se reunió este miércoles por segunda vez para recibir nuevamente a la hermana de Magalí Morales y a la madre de Facundo Astudillo, dos jóvenes que aparecieron muertos luego de haber sido detenidos por la policía durante la vigencia del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio en 2020.

Antes de presentar a los invitados, Ajmechet expresó que “es una deuda pendiente del Congreso ante la falta de escucha de las anteriores autoridades de esta comisión”, y lanzó críticas contra la bancada kirchnerista: “Lamento que por segunda vez consecutiva se ausenten los integrantes de Unión por la Patria”.

A su vez, la comisión debía completar la designación de autoridades. Para ello, el bloque radical propuso al formoseño Fernando Carbajal en el cargo de vicepresidente segundo, el cual fue aceptado por los integrantes presentes en la reunión informativa.

Por otro lado, el diputado Alejandro Vilca (FIT – Jujuy) pidió mencionar los lesbicidios contra tres mujeres ocurrido en Barracas hace dos semanas. “Nos parece importante que se incluya el pedido de justicia como se hizo en el recinto ayer”, remarcó.

También, la diputada Mónica Frade (CC – Buenos Aires) reclamó por el proyecto de declaración en repudio a las declaraciones del secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, y reiteró el pedido de convocatoria por sus dichos en contra de las leyes de aborto, matrimonio igualitario y divorcio. “La virulencia está encarnada en las autoridades de este país”, aseveró.

En respuesta a ambos pedidos, la titular de la comisión Sabrina Ajmechet anunció una reunión para el próximo miércoles 5 de junio para tratar proyectos de ley sobre discriminación. También, anticipó que “vamos a trabajar sobre los discursos del odio”.

El caso de Magalí Morales

La primera invitada fue Celeste Morales, hermana de Florencia Magalí Morales, quien fue encontrada ahorcada en abril del 2020 en una celda de la Comisaría de Santa Rosa del Conlara, en San Luis. En primera instancia, la causa había sido caratulada como “suicidio”, pero luego pasó a “averiguación de muerte”. Por el caso, están procesados el comisario, el subcomisario y dos agentes, pero permanecen en libertad.

“La recordamos porque fueron muchas las marchas que se hicieron bajo el lema ‘nadie se suicida en una comisaría’”, presentaron las autoridades. Acto seguido, Celeste Morales afirmó: “Han pasado cuatro años y hay gente que no está escuchando porque nadie se suicida en una comisaría y hemos recibido el maltrato y el manoseo de la Policía sanluisense”.

Con relación a los hechos, agregó que “mi hermana no fue detenida, entró de manera voluntaria a la comisaria y no se suicidó como dijeron”. Asimismo, sumó que “tuvimos que poner peritos de nuestra parte y los abogados nos dijeron que era meterse con el poder”.

También relató que “la forense y la perito en criminalística que nosotros contratamos demostraron que no fue suicidio y cerramos que esta gente (juez, fiscales, defensor oficial y forense) son una banda de asesinos”. Añadió, también, que “no pueden decir que ‘esa chica se habia suicidado’ sin ningún fundamento porque mi hermana llevaba cinco horas de muerta cuando nos avisaron”.

Entre lágrimas, la mujer cargó contra el juez Jorge Pintos y cerró: “Hay testigos que dicen que mi hermana pedía irse para estar con sus hijos y a nadie le importó. Son todos cómplices, todo taparon y queremos que vayan presos”. “Esperemos que a la Justicia de San Luis le llegue esto porque Magalí fue una víctima más de la ‘gestión pandemia’. A mi hermana la mataron”, concluyó.

Del mismo modo, el periodista Osvaldo Bazán detalló la cronología de los hechos a partir de la lectura de la crónica periodística que tituló como “La muerte en bicicleta”. En tal sentido, recordó sus aportes en la difusión del hecho: “Recibía informaciones de la zona de Cuyo, averigüé y no había demasiada información respecto al tema”.

El relato de la madre de Facundo Astudillo

El segundo relato fue el de Cristina Castro Alanis, madre de Facundo Astudillo Castro, un joven que había estado desaparecido desde abril del 2020 hasta el hallazgo de su cuerpo sin vida en agosto de ese año. Desde su familia, apuntaron contra el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el expresidente Alberto Fernández.

“Mi flaco salió a buscar el amor y se encontró con la peor escoria que se puede encontrar un ser humano que es la Policía bonaerense y más la de Villarino”, inició Cristina. “Ellos dicen que a él lo paran y lo dejan seguir, pero tenemos probado que a él lo ingresaron en la comisaría”, cargó.

Así las cosas, la mujer señaló que “la Justicia provincial y nacional nos dieron la espalda porque no quisieron escuchar”. Puntualizó, en ese sentido, contra la jueza María Gabriela Marrón quien “nos negó todas las pruebas que le dimos y no quería avanzar sobre la autopsia”.

Sin tapujos, apuntó contra Berni y afirmó que él “siempre supo lo que su policía había hecho con Facu porque tenemos probado que lo desapareció su Policía bonaerense”. “Berni tiene la cara de decir ‘sabíamos donde estaba el cuerpo’ cuando él me dijo que me lo iba a encontrar”, remarcó.

En profundidad, añadió: “Me tengo que bancar que salga a hablar y defienda a una policía corrupta y asesina que me dejó sin mi hijo porque Berni sabe lo que la policía le hizo a Facundo”. Asimismo, manifestó que “tenemos un montón de cosas probadas, solo falta que la Justicia actúe”.

En esta parte del relato, Cristina Castro Alanis desenfundó críticas contra el gobierno del Frente de Todos de A. Fernández y Cristina Kirchner: “No querían tener un muerto en el placard y acarrearon miles de vidas porque no son solo 33 o 34 pibes”. “El gobierno saliente no hizo más que hundirnos, perseguirnos y hostigarnos”, enfatizó.

Por último, acusó a la Policía de Villarino: “A nosotros nos mandan a todos los castigados (oficiales) por ser el último pueblo de la provincia porque esos castigados nos desaparecen los pibes y lo hacen porque se sienten impunes.”, y cerró: “Necesito hacer un duelo y que mi hijo descanse en paz, y para eso necesito justicia”.

Al término de ambos de ambos relatos, la diputada Frade propuso sumar un banco de datos sobres jueces, fiscales y comisarios que han intervenido en estas causas para hacer el seguimiento y/o promover juicios.

También, la diputada Romina Del Plá señaló que “la impunidad es un mecanismo que tiene el Estado”, y amplió que “en la pandemia se han puesto en evidencia y nosotros denunciamos permanentemente cada uno de los casos antes y despues porque esta es una nefasta persistencia y línea de acción de las fuerzas en contra de la juventud”.

Brevemente, el diputado nacional Eduardo Falcone (MID – Buenos Aires) expresó: “Estamos conmocionados por lo visto y escuchado”.  Felicitó, además, a los diputados que “han trabajado en estas cuestiones”. “Que esta comisión sirva como caja de resonancia”, concluyó.

En el final de la reunión, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, manifestó que “le tengo miedo a la policía como toda madre que tiene hijos adolescentes porque es una policía que no está preparada y que es racista”.

Para terminar, advirtió: “Que sepa la jueza Marrón que la vamos a perseguir que rinda cuentas, y a Ayelén Mazzina por dejar su cargo de ministra y que no haya rendido cuentas. Estos son dos casos que se llaman violencia institucional”.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados realizará una segunda reunión en la que recibirá testimonios de víctimas y familiares de víctimas de abusos cometidos durante la cuarentena por la pandemia en 2020. Será este miércoles desde las 14 en la Sala 4 de la Cámara baja.

Los encuentros son impulsados por la presidenta de dicha comisión, la diputada del Pro Sabrina Ajmechet, quien criticó con dureza más de una vez la gestión del expresidente Alberto Fernández y el accionar del gobierno anterior durante esa época.

El ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) se aplicó en todo el país durante la pandemia -año 2020 y gran parte de 2021-, al tiempo que las provincias aplicaron luego sus propias restricciones y aperturas, lo que provocó también medidas más duras o más flexibles en distintos puntos del país. Casos como los de Solange Musse y Abigail Giménez fueron de los más resonantes.

Precisamente, los padres de Musse expusieron durante la primera reunión, en la que no se hicieron presentes diputados de Unión por la Patria, algo que desde el resto de la oposición resaltaron puntualmente.

También participó el actor Marcelo Mazzarello y Francisco Luna, cacique de la comunidad wichí en Formosa.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la macrista Sabrina Ajmechet, recibió a víctimas y familiares de víctimas de abusos cometidos durante la cuarentena por la pandemia de Covid. Al encuentro no asistieron representantes de Unión por la Patria, algo que desde otros bloques de la oposición remarcaron especialmente. 

“Me parece que es muy significativo que estemos hablando de acontecimientos que ocurrieron todos durante el último gobierno kirchnerista y a ninguno le interese escuchar lo que sucedió, acompañar a los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el último gobierno del cual fueron parte”, lanzó Ajmechet y luego le agradeció la presencia de los invitados porque “era una deuda que el Congreso tenía de recibirlos, de poder escucharlos, acompañarlos”.

En la reunión expusieron Pablo Musse y Teresa Oviedo, padres de Solange Musse, que “tenía 35 años cuando viajó de Neuquén a Córdoba por un tratamiento y lamentablemente falleció en Córdoba y dijo ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos’ y a lo que se refería era a la posibilidad de despedirse de su familia”; el actor Marcelo Mazzarello; y Francisco Luna, cacique de la comunidad wichí en Formosa. 

El primero en hacer uso de la palabra fue Mazzarello, quien denunció: “Mi familia y yo fuimos víctimas de la gestión de pandemia. Mi padre en particular fue sometido a trato cruel e inhumano, calculo que la figura legal es abandono de persona como tantos argentinos pasaron”.

“No tuvimos derecho a acceder a la Justicia. El Congreso no funcionaba. No tuvimos derecho a un hábeas corpus. Este puede ser un primer paso a recuperar la memoria, la verdad y la justicia como fue negada en ese momento”, expresó y sumó: “Desde ese lugar vengo a hacer la lectura de la carta de Solange que representa ese pedido de justicia, de verdad y de memoria que nos debemos como sociedad y todos entenderán lo que significa para sus padres el dolor que representaría leer esta carta”.

Así, leyó detalladamente la carta que Solange le escribió antes de morir al entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que reclamaba poder estar con su familia y que no sean maltratados. Al terminar, Mazzarello pidió hacer un minuto de silencio en su memoria.

Con la voz quebradiza y angustiado tomó la palabra Pablo Musse, el papá de Solange, quien manifestó que “hoy es un día histórico para nosotros, para las víctimas de gestión de pandemia de 2020”.

Entre lágrimas se refirió a la carta de su hija: “Lo que relató fue muy duro. Quiero que sepan cómo fue la realidad. Solange y la madre viajaron a finales de febrero del 2020 a hacer un tratamiento alternativo y a buscar el auto. Eran cinco sesiones que tenía que hacer y regresar a Neuquén, pero lamentablemente nos agarró la pandemia el 20 de marzo, el famoso DNU del expresidente Fernández totalmente inconstitucional y eso algún día lo verá la justicia”.

Musse señaló que “no se podía pedir ningún permiso, ni viajar, estaba todo cerrado. Infructuosamente varias veces pedí permiso para poder viajar, pero todos fueron negados”. En tanto, precisó que “el 14 de agosto salió un permiso en Córdoba del viaje de regreso a casa en el cual lo solicité porque la tía de Solange tenía domicilio ahí. Pedí el permiso excepcional por la enfermedad de mi hija al COE (Centro de Operaciones de Córdoba), vía mail envíe los certificados, me lo otorgaron y tenía que informar por qué ruta viajaba, con qué vehículo”.

“Salí normal de Neuquén, pasé a la provincia de Río Negro, La Pampa, sin ningún problema. Me pedían en los controles los permisos, todo legal y todo bien, me paró hasta Gendarmería y estuvo todo bien. Hasta el primer ingreso en Huinca Renanco, el pueblo de la provincia de Córdoba, 6.30 de la mañana me dicen que tenía que esperar a que abra el control de rutina que se hacía. Anterior a eso Córdoba cambió el ingreso y pedían el hisopado negativo, que salía $8000, pero ya estaba sobre la fecha de viaje y no disponía de ese dinero en el mismo mail les dije que nada me iba a impedir ver a mi hija y que iba a viajar igual”, contó. 

Y siguió: “En ese puesto me hacen un test en el cual para ellos dio positivo dudoso, se lo hicieron a todos los que querían ingresar. El segundo jefe del COE en una segunda declaración dijo que conmigo había hecho una excepción y no fue así, ese test se los hacía a todos”. “Pedí que me hicieran otro test y también salió positivo. Pedí que se lo hicieran a mi cuñada que viajaba conmigo y la misma enfermera me dijo ahí que yo no tenía COVID-19, que podía tener alguna infección por lo que el contacto estrecho no existía”.

Musse contó que le explicó esa situación a “un muchacho de 20 años del puesto de control que me dijo ‘tal vez no se quiso contagiar’. En el lapso de las 8.30 hasta las 13 deciden el regreso nuestro a Neuquén y mediante videollamada con mi esposa y Solange me pedían que me calme y que me hiciera el hisopado”.

“Me escoltaron hasta el límite de La Pampa por el COE. Les pedí poder ir a una estación de servicio porque mi cuñada con su discapacidad no había ido al baño y me lo negaron. En el límite provincial la policía me pide que me haga en una banquina, le insistí que Paola necesitaba ir al baño y una oficial de La Pampa me acompañó hasta el destacamento. Veníamos sin dormir desde el día anterior. Teníamos que mostrar los documentos por ventanilla porque en vez de COVID-19 parecía que teníamos otra peste”, detalló.

“El Gobierno de La Pampa nos saca escoltados por cinco patrulleros, les volví a pedir en el ingreso a General Hacha que Paola tenía que ir al baño, me negaron. Fue una situación degradante para una mujer con discapacidad tuvo que hacer sus necesidades al costado de la ruta, y así hasta llegar a Neuquén. Le pedí al policía que se identificara y nunca lo hizo, se creen con mucho más poder que nosotros que el ciudadano común y no es así”, denunció.

Musse narró que el 17 de agosto pudo hacerse el hisopado tras insistirle al médico y tras explicarle la situación porque “no me lo quería hacer porque no tenía síntomas” y acotó: “Mientras tanto Solange seguía esperando”.

“Nadie escuchó a Solange”, reclamó su papá y agregó: “Es un enojo total con toda la dirigencia política, sostengo eso porque tuvieron el tiempo suficiente para cambiar las formas y el modo. Desde el 17 de agosto hasta el 21 que falleció Sol no hubo una sola palabra de nadie”.

“El 23 de agosto el expresidente de la Nación se reunió con Moyano y su familia, ellos no tenían restricciones, sino privilegios. Ya habían tenido la fiesta de Olivos y el cumpleaños de la señora Fabiola. Él mismo desmintió y luego tuvo que admitirlo. Tengo muchas más fechas por nombrar”, culpó y siguió: “El exgobernador Omar Gutiérrez tres días antes de que pasara esto, el 14 de agosto, envió a su familia en un avión privado hasta España. La clase política tenía sus privilegios, nosotros no. Lo que buscamos es memoria, verdad y justicia”.

Musse reclamó que “esto no puede quedar en la nada, nosotros iniciamos varias causas judiciales las cuales todas están paradas. La denuncia en Córdoba fue en el Juzgado Federal, pasó a la justicia de la provincia, se dictaminó que no era correspondiente y la pasó a la Federal y en ese lapso la Corte Suprema dictó que pase a la justicia de la provincia para que tenga más celeridad, el fiscal pidió la elevación a juicio y el juez de la causa dictó falta de mérito y hoy el mismo juez pide la elevación a juicio y la investigación a Alberto Fernández. Ya llevamos 3 años y 8 meses, no sé dónde está la celeridad que pidió la Corte Suprema”.

“No hubo justicia para ninguno de los casos de pandemia. Lo que sí hubo fue abuso de autoridad, privilegio para varios, como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner que el 23 de marzo viajó para buscar a su hija Florencia; 27 de noviembre funeral de Diego Maradona, ahí no había contagios; 23 de noviembre funeral de Jorge Brito, un banquero muy importante y con más derechos que los ciudadanos comunes. El 30 de diciembre la ley del aborto, donde se bailó y se festejó en la calle, no estoy a favor y en contra, sino las restricciones que tuvo el ciudadano común y lo que le convenía al Gobierno en esa época”, enumeró.

El orador apuntó contra Alberto Fernández que “dijo desconocer del caso Solange”, y opinó: “Estábamos todos encerrados y la noticia de Sol la conocen todos, la ciudadanía la escuchó, no así los dirigentes. Se notó que el 2021, en plena pandemia también, en año electoral la mayoría salió a buscar los derechos humanos que en 2020 nadie los buscó y nadie se preocupó por eso. La palabra ‘derechos humanos’ es partidaria, es para unos y no para otros”.

“El mismo día que Sol falleció, el 21 de agosto, la oficina de Derechos Humanos de Neuquén se comunicó con nosotros preguntando si necesitábamos algo. Hasta el día de hoy no tuvimos un llamado de alguien diciendo ‘disculpen, nos equivocamos’. La familia está destrozada y vamos a seguir destrozados hasta que nos lleve al lado de Sol”, expresó.

Musse destacó el inicio de la comisión con testimonios de víctimas en pandemia que “sucedieron y son reales así la quieran ocultar. El presidente dio facultades de hacer barbaridades como terraplenes, asesinatos por parte de instituciones policiales, y de eso nadie habla y nadie habló”.

“Hoy varios de los que faltan acá pertenecieron a ese espacio político y es lamentable que no estén. No están a la altura de escuchar lo que sucede, lo que sucedió y que quede un registro de todas las víctimas. Tengo más de 200 testimonios de gente que pasó situaciones peores. Sol pidió por sus derechos. Buscamos justicia, verdad y memoria a partir de lo que pasó desde el 2020 en adelante”, cerró.

El otro testimonio fue de Francisco Luna, cacique de la comunidad wichí en Formosa, quien denunció que “en el tiempo de pandemia fuimos privados de libertad” y “aprovecharon el abuso y marginación a nuestros derechos como ciudadanos”. “En Formosa tenemos un gobierno que se adueñó hasta muchas veces la cultura, en un sector de la comunidad dijo que él (por el gobernador Gildo Insfrán) que era el cacique general”. 

“En la cuarentena vivimos la marginación, humillación y maltrato de nuestras personas”, aseveró Luna y recordó que él fue detenido por la policía y luego de haberle hecho el hisopado, y decirle que era positivo, fue trasladado a un centro de aislamiento. “El pueblo originario fue abusado aprovechando esa pandemia; hubo torturas, muchos fueron escapando de una comunidad a otra para que no los aislen”, agregó. 

En la intervención de los legisladores, Cecilia Ibáñez (MID) reveló un hecho personal: “En el año 2020 falleció mi tío Rodolfo Francisco Brandorini en Córdoba; nosotros somos todos cumplidores de la ley y Córdoba fue uno de los lugares donde más restricciones hubo. No hubo posibilidad de hacerle un velorio y estuvo solo, porque ninguno de sus hijos pudo venir”. “Él fue como un padre para mí, era un hombre extraordinario”, expresó con la voz quebrada y resaltó que la foto de la fiesta en la quinta de Olivos “es una daga al corazón”.

Por su parte, Karina Banfi (UCR) consideró que se debe “re-encauzar el rol del Estado; durante la cuarentena se rompió algo indispensable que es la humanidad. Lo que ofreció el gobierno fue el odio a la humanidad, no permitirle a un padre ver a su hija, escoltarlo con la policía, hablar de fronteras entre provincias, que tenga que seguir pidiendo Justicia. A nosotros lo que nos toca es cambiar ese rumbo”.

En tanto, Fernando Carbajal (UCR) afirmó que “el proceso de curación requiere de reconocer quiénes son las víctimas; negar a alguien la condición de víctima es lo más doloroso que se le puede hacer. Algunas ausencias del día de hoy implican esa negación y dejan la herida abierta. El testimonio de las víctimas es lo que va a terminar asegurando la verdad y la memoria. No sabemos si será suficiente para traer Justicia, pero sí va a ser la base para tener memoria, que no repitamos las mismas acciones y que no haya nuevas víctimas en el futuro”.

 

En una reunión donde la grieta se cerró y tanto oficialismo como oposición coincidieron en reforzar los reclamos por la liberación de los rehenes argentinos en la Franja de Gaza, familiares de ciudadanos argentino-israelíes dieron su testimonio ante las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados.

A casi siete meses del ataque de Hamás contra Israel, Sandra Miasnik, prima de Shiri Silberman Bibas (35) y tía de Kfir Bibas (1) y Ariel Bibas (4), relató este jueves en primera persona cómo se enteraron del secuestro. Fue a través de un chat del grupo de WhatsApp de la familia, donde se subió “la foto de Shiri con sus dos bebés envueltos en una manta” en la cual ella “tenía una cara desfigurada, desencajada”. Otra prima contaba “se los llevaron y no entendíamos nada”, recordó.

La médica contó que “los padres de Shiri vivían en el mismo kibutz Niros, a unas pocas casas de distancia, y no contestaban; ese mismo día empezamos a esperar a seis personas de mi familia, a los 15 días nos enteramos que mis tíos habían sido encontrados calcinados”. También se refirió al secuestro del papá de los nenes, Yarden Bibas, de cuyo hecho hay un video reciente.

“Es difícil gestionar emocionalmente una situación que uno nunca antes había vivido. Saber que tu familia está hace más de seis meses en manos de personas que se filmaron mientras violaban, torturaban. Esta gente masacró bebés, decapitó, los metió en hornos. Hay vejaciones, mutilaciones de genitales y todo esto contado por testigos y documentado por los perpetradores”, expresó.

A su vez, lamentó la reacción por parte de organismos de derechos humanos en Argentina: “Nos encontramos con una respuesta bastante opuesta, inentendible al menos para mí, de gente que también sufrió algo parecido a lo de mis familias. Yo esperaba un poco de ese abrazo de los argentinos, así que agradezco este”.

Sandra Miasnik (Foto: HCDN)

Conectado por Zoom desde Israel, Itzik Horn, padre de Iair (45) y Eitan Horn (37), además de sobreviviente del atentado a la AMIA, contó que sus hijos “fueron secuestrados el sábado negro, como le decimos aquí”. “Ya acostumbrados a tantos años de que nuestros ‘queridos vecinos’ nos disparan, ya tenemos una especie de rutina”, arrancó y relató que cuando comenzó el ataque le envió un mensaje de WhatsApp a su hijo Iair para preguntarle “si en el kibutz de él también sonaron las alarmas y que entre al refugio en su casa, al cuarto de seguridad”. Él le contestó, pero luego no se pudo comunicar nunca más.

“El domingo por la mañana empezaron a mostrar por la televisión las imágenes que los propios terroristas cometieron”, señaló y dijo que tras insistentes intentos de contacto con su hijo, finalmente al mediodía del domingo consiguió contactarse con alguien del kibutz Niros, el mejor amigo de su hijo, Martín, también argentino, quien al contestarle “empezó a tartamudear”.

A partir de ahí se enteró que su otro hijo había ido de visita: “El amigo de mi hijo me decía no están, no salieron de ningún escondite, tampoco están entre la decena de cuerpos”. “Después de tres semanas se contactaron con nosotros del Ejército y nos confirmaron que estaban desaparecidos. Para quienes vivimos en Argentina la terrible época de la dictadura militar fue un puñetazo en la mitad de la cara y el estómago, porque todos sabemos cuál fue el oscuro y triste final de los desaparecidos en Argentina. Es una situación que no se la deseo a nadie, porque no saber si tus familiares están vivos o muertos es terrible”, sostuvo.

La última noticia que tuvo Itzik Horn acerca de sus hijos fue en noviembre, cuando testigos afirmaron haberlos visto “bien” y que “no estaban heridos”. Sin embargo remarcó el deterioro que tendrán al día de hoy los secuestrados. Hay 133, de los cuales 9 son argentinos. 

En su exposición, aseveró que le llamó “la atención” que los organismos de derechos humanos en Argentina no hayan expresado “la solidaridad con este hecho terrible y atroz”. Por otra parte, le agradeció al presidente Javier Milei, quien los escuchó durante su visita a Israel; y al excanciller Santiago Cafiero, luego que éste hablara en la reunión.

Itzik Horn

Al abrir la jornada, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias, valoró la presencia de legisladores de distintos bloques -a excepción de la izquierda- y sostuvo que “esa representación amplia expresa una preocupación y un compromiso de todas las fuerzas democráticas de nuestro país con este tema”.

“Nueve ciudadanos argentinos han sido secuestrados por una organización terrorista con fuerte apoyo de un Estado, que no sabemos dónde están y cómo están”, señaló el legislador del Pro, que vinculó que “esto configura algo que toca directamente en un sector sensible de la memoria histórica de Argentina, que es la desaparición forzada de personas”.

Pese a ese antecedente, “este hecho está pasando por debajo del radar, no por boca del escándalo que debería ser”, opinó Iglesias y agregó: “Nos convoco y me convoco a seguir dándole relevancia”.

Además, agradeció la presencia del embajador de Israel, Eyal Sela; la exembajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta; y Mariano Caucino, designado recientemente embajador en India. Y reveló que habló con la canciller Diana Mondino, quien se comprometió “a la brevedad venir a la comisión para contarnos las gestiones que ha hecho el Estado argentino” al respecto.

A su turno, la titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sabrina Ajmechet, recordó que el pasado 7 de octubre “cambió la historia de Israel y de Occidente”. “Era muy importante de que esta reunión sucediera”, consideró y advirtió que “se habla poco del antisemitismo que estamos sufriendo en Argentina y casi ni se habla del hecho de que hay nueve ciudadanos argentinos desaparecidos. Hay hay mucho silencio sobre esto”.

“Estamos con las democracias, estamos con los países que respetan los derechos humanos”, enfatizó la diputada del Pro, quien aseguró: “Vamos a seguir reclamando que en nuestro país no haya expresiones que condenen a Israel por estar haciendo lo que tiene que hacer cualquier Estado que fue atacado y que tiene ciudadanos secuestrados, que es defenderse”. “Se siguen escondiendo detrás de discursos antisionistas mensajes antisemitas”, añadió.

Eyal Sela (Foto: HCDN) 

Durante el encuentro, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, agradeció “al gobierno anterior y al actual, a Alberto Fernández y Javier Milei, y a Santiago Cafiero y Diana Mondino, que desde el 7 de octubre están haciendo enorme trabajo y ayuda en este tema”. “La mayoría de la sociedad argentina, vía sus representantes y sus gobiernos, están apoyando en esta tarea”, reiteró.

El diplomático contó que “lamentablemente Hamás niega que haya intento de llegar a un acuerdo sobre la liberación de los rehenes”; al revelar que “hay un debate interno en nuestro gobierno”, afirmó luego que “todos quieren la liberación de los rehenes”. En ese asunto Estados Unidos, Qatar y Egipto son los principales mediadores, a través de los cuales Israel comunicó que “está dispuesto a pagar un enorme precio”, pero Hamás “se niega a responder y también a dar cuenta de en qué situación están los rehenes”.

En la ronda de intervenciones de legisladores, el diputado de Unión por la Patria y excanciller Santiago Cafiero resaltó que “desde el 7 de octubre la Argentina ha tenido una posición unánime: condenó el ataque terrorista y a la vez empezó a articular todos los medios que tenía a su disposición para lograr la liberación de los rehenes cuando se conoció que había argentinos”.

En ese sentido, recordó el trabajo conjunto con AMIA y DAIA para repatriación de argentinos, entre ellos niños que estaban en intercambios educativos. Mencionó que “en ese momento logramos nueve liberaciones de rehenes, hasta el mes de noviembre, y desde ahí en más lo cierto es que se detuvo; luego se lograron dos más, en febrero”.

“Quiero que quede claro que la posición de la Argentina es una posición unívoca, de condena a las acciones terroristas de Hamás, y de inmediata liberación de todos los rehenes, y por supuesto hacemos mucho más énfasis en los connacionales”, insistió y le agradeció la mención a Eyal Sela, al ponderar que “independientemente de que hubo un cambio de gobierno, la acción ha sido una acción de Estado”.

Foto: HCDN

Avanzada la reunión, el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro propuso que “este 7 (de mayo) hacer algo todos juntos. Creo que cuando se trata de derechos humanos no hay ningún tipo de prejuicio ideológico”. “Yo me comprometo personalmente a hacer con los organismos de derechos humanos de la Argentina una gestión para preguntarles por qué este silencio que ustedes dicen”, se comprometió con los familiares.

A continuación, Ajmechet dijo que tomaba la propuesta realizada por Santoro y que iba a “trabajar para que todos los bloques podamos estar presentes el martes que viene y que sea quizás la primera declaración conjunta que salga de acá”. Al mismo tiempo de mostrarse a favor de lo planteado por Cafiero y también el radical Julio Cobos de que el reclamo se reitere en cada sesión que haya en la Cámara baja.

Sobre el cierre, la oficialista Juliana Santillán afirmó que “para nosotros por supuesto es un tema de mucha sensibilidad”, al mencionar el interés de Milei con la historia de Israel, y tras recordar el atentado a la AMIA, manifestó que “cada familia judía que ha sufrido desde el 7 de octubre es un edificio más que se nos cae y es un edificio más que deja un espacio vacío”.

“Estamos empezando en estos temas a dejar las mezquindades político-partidarias y estoy escuchando a diputados que están proactivos hacia el mismo ejemplo que estamos nosotros pidiendo constantemente: defender la libertad, la vida y la propiedad privada”, señaló la diputada de La Libertad Avanza, quien pidió “la participación necesaria de los organismos de derechos humanos, porque tienen recursos, tienen representación en el exterior; en Latinoamérica son muy importantes las Abuelas y deberían ser una voz que esté presente y estamos todavía a tiempo de corregir eso”.

Cafiero aprovechó para recordar que el 18 de octubre del año pasado “hubo un pronunciamiento de Abuelas sobre esto”, aunque aclaró que “quizás lo que falte o se está reclamando es un poco más de volumen”.

Finalmente, se concluyó el encuentro con el anuncio de Ajmechet para que se establezca “una comisión de seguimiento de los secuestrados argentinos en Gaza”, dependiente de la Comisión de DD.HH.

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados recibe este jueves, desde las 11, a familiares de argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás.

Desde el ataque perpetrado el pasado 7 de octubre, hay más de 100 personas que permanecen capturadas en algún lugar de la Franja de Gaza, entre ellos ocho ciudadanos argentino-israelíes.

Hace semanas atrás, una multitud se congregó en el Parque Centenario para reclamar por su liberación. Entre quienes convocaron estuvieron familiares que este jueves serán escuchados en la Cámara baja.

Entre los secuestrados se encuentran Kfir Bibas, quien cumplió un año en enero -estando en cautiverio-, su hermano Ariel Bibas, de 4 años y su mamá Shiri Silberman Bibas, de 35.

La lista continúa con Lior Rudaeff (61) -es el mayor de los argentinos secuestrados en Gaza-; los hermanos Iair (37) y Eitan Horn (45); y David (33) y Ariel Cunio (26).

En febrero pasado, el Ejército de Israel liberó a Fernando Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70 años.

 

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles, a las 11.30, a familiares de argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás.

Desde el ataque perpetrado el pasado 7 de octubre, hay más de 100 personas que permanecen capturadas en algún lugar de la Franja de Gaza, entre ellos ocho ciudadanos argentino-israelíes.

Hace dos semanas atrás, una multitud se congregó en el Parque Centenario para reclamar por su liberación. Entre quienes convocaron estuvieron familiares que este miércoles serán escuchados en la Cámara baja.

Entre los secuestrados se encuentran Kfir Bibas, quien cumplió un año en enero -estando en cautiverio-, su hermano Ariel Bibas, de 4 años y su mamá Shiri Silberman Bibas, de 35.

La lista continúa con Lior Rudaeff (61) -es el mayor de los argentinos secuestrados en Gaza-; los hermanos Iair (37) y Eitan Horn (45); y David (33) y Ariel Cunio (26).

En febrero pasado, el Ejército de Israel liberó a Fernando Marman, de 60 años, y Louis Har, de 70 años.

Con fuertes críticas a Javier Milei, Victoria Villarruel y Mauricio Macri, representantes de organismos de Derechos Humanos participaron de una reunión en la Cámara de Diputados, donde reclamaron por la “urgente” sanción de una ley que castigue a los funcionarios públicos que nieguen los crímenes de lesa humanidad y genocidios. 

De la segunda reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que se realizó en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, participaron solamente diputados del oficialismo. 

A menos de dos semanas del balotaje, los invitados advirtieron lo que significaría, en materia de la política de memoria, verdad y justicia, un triunfo de La Libertad Avanza, al recordar las expresiones que han tenido en relación a la última dictadura cívica militar tanto Villarruel como Milei. De hecho, durante el encuentro, la candidata a vicepresidenta publicó en sus redes un mensaje en contra del debate. 

Los organismos de DD.HH. defendieron el proyecto de ley que consensuaron y que recogió la diputada Carolina Gaillard. El texto propone que el INADI pase a llamarse INADIN (Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo), y que sea el encargado de dictar la “capacitación de carácter obligatoria en materia de Derechos Humanos (Memoria, Verdad y Justicia) para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. 

Además, esa iniciativa incorpora el artículo 248 al Código Penal, de modo de establecer que “será reprimido con pena de inhabilitación especial de 3 meses a 4 años, el/la funcionario/a público/a que, en el ejercicio del empleo, cargo o función, negare, minimizare, justificare o revindicare públicamente y por cualquier medio, genocidios o crímenes contra la humanidad reconocidos oficialmente como tales por el Estado Argentino”, esto es no solamente la última dictadura, sino también el Holocausto o genocidio armenio, entre otros. 

Primera en hablar, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, les pidió a los diputados que “por favor urgente aprueben esa ley para realmente castigar legalmente, no con cárcel, con inhabilitación, a todos aquellos negacionistas, a los que reivindican el genocidio. Aquí no hubo una guerra, hubo un genocidio”. 

“Estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre, pero ahora están envalentonados, se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo si llegan a regir los destinos del país”, alertó. E insistió en que “más que nunca tienen que sancionar urgente esa ley, no puede ser que estos deplorables personajes sigan ensuciando la memoria de los 30 mil, porque son 30 mil; que sigan ensuciando esta democracia que nos costó tanto conseguir”. “Les digo a esos deplorables personajes que el Nunca Más es Nunca Más”, cerró entre aplausos. 

Desde la agrupación H.I.J.O.S, Carlos Pisoni expresó que este “es un día que nunca esperamos que tuviera que llegar”. “No quisiéramos estar aquí debatiendo de negacionismo, querríamos estar festejando que el 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia”, sostuvo y lamentó “estar debatiendo retrocesos”. 

Tras enumerar logros de los organismos de DD.HH. en estos años, como la recuperación de 137 nietos o la condena de 1.100 genocidas, también recordó el fallo 2×1 de la Corte Suprema que “dimos vuelta y fuimos millones en las calles”. 

“La mejor forma de combatir al negacionismo es la educación. Al negacionismo no se lo combate con la punición, se lo combate con la prevención”, destacó y sobre el proyecto impulsado por los organismos de DD.HH. señaló que “propone un plan nacional en educación y derechos humanos que sea impartido por el INADI”, el cual deberá pasar a llamarse INADIN. También, “la formación obligatoria a todos los funcionarios públicos en materia de derechos humanos” y la tipificación en el Código Penal “al negacionismo para los funcionarios públicos que de alguna manera nieguen, relativicen, banalicen o minimicen los crímenes de lesa humanidad reconocidos por el Estado argentino y los genocidios”, como el Holocausto o la masacre a pueblos originarios. 

“Si esta ley se hubiese aprobado antes, seguramente estaríamos discutiendo la inhabilitación en el cargo de Victoria Villarruel y Javier Milei por ser negacionistas e infiltrados de la democracia”, apuntó Pisoni. 

A su turno, Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, subrayó que “hay un sector que siempre vuelve con declaraciones negacionistas y que hoy en Argentina está expresada en la derecha”. Recordó que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri “vimos con estupor como Darío Lopérfido comenzó a hablar de que no eran 30 mil” y que “la cifra había sido inventada”. Junto a los organismos y artistas, “logramos que pidiera disculpas y después renunciara”, agregó.

La activista remarcó que “no solamente niegan los hechos del terrorismo de Estado, que en nuestro país como en ningún otro país del mundo han quedado demostrados en juicios ejemplares” sino que “pretenden ser presidente y vicepresidente de la Argentina”. “¿Ustedes imaginan qué país vamos a tener con Milei de presidente y Villarruel de vicepresidenta? Realmente es inimaginable pensar tanto retroceso para nuestro país”, lanzó contra la fórmula de La Libertad Avanza. 

Sobre la iniciativa, aseguró que “la sanción del negacionismo protege a los ciudadanos y a las víctimas del terrorismo de Estado, nos cuida a los familiares, y además protege a los 30 mil desaparecidos, porque no permite que se insulte su memoria”.

Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que “los discursos negacionistas conducen inevitablemente a un genocidio, y no lo afirmamos porque sí, lo afirma Auschwitz, lo afirma la ESMA, lo sostiene y es ejemplo Ruanda y Armenia, esos genocidios son la prueba palpable de que tolerar esos discursos va a terminar muy seguramente en algo que nosotros conocimos muy bien la historia reciente, y que padeció nuestro pueblo: el terrorismo de Estado”. 

“No venimos a reivindicar estrategias penales y tampoco somos de la idea de engordar códigos”, aclaró, sino que “la centralidad del proyecto se sostiene en la necesidad de formación, de capacitación”, manifestó. No obstante, sobre la incorporación de un artículo al Código Penal, que plantea el texto, explicó que los funcionarios “van a tener que responder si esos discursos los sostienen en público”. 

En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo -cuya titular, Estela de Carlotto, no pudo asistir-, Guillermo Pérez Roisinblit opinó que este proyecto se trata de “una reacción inmune” pero “tardía” porque “esto no arranca ahora en la campaña, sino con un presidente (en alusión a Macri) que se anima a decir que todo lo hecho por los organismos de derechos humanos era ni más ni menos que un curro”. “Es alarmante que dentro de lo que significa el juego de la democracia haya personas, actores y candidatos que reivindican todo lo que pasó cuando no la tuvimos”, dijo.

Roisinblit aseveró que “no fueron excesos, fueron crímenes y delitos de lesa humanidad” y “un plan sistemático llevado adelante en el cual se había pensado quedarse con los hijos de las víctimas”. Nuevamente en una crítica a los libertarios, enfatizó que esos discursos provengan de “dos personas que quieren jugar al juego de la democracia, pero cuando se aburran se la van a llevar puesta”. 

Nieta recuperada y legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro habló de que estamos en “una instancia tremendamente preocupante para la democracia; lo que está en riesgo es tremendamente grave”. Sobre la ley, afirmó que “es el marco que necesitamos para ponerle un freno no solo a un discurso, sino a una práctica política que quiere instalarse en Argentina, que quiere borrar la historia y que quiere atacar a nuestros jóvenes”. 

“No es posible que una candidata a vicepresidenta niegue la historia de la Argentina y los 30 mil desaparecidos y la existencia de los nietos que fuimos recuperados”, sostuvo y alertó que, en caso de ser gobierno, podrían “cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos”. 

Montenegro señaló que “esta pelea no termina con estas elecciones, creemos que vino a quedarse y disputar lo que conquistamos en estos años”. “El legado de las madres, de las abuelas y los organismos es un legado que debe ser de toda la sociedad argentina, y los discursos de odio vienen a atacar ese legado. Es cierto que el amor vence al odio, pero el amor hoy necesita una regulación urgente”, cerró. 

Representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Federico Efrón pidió: “Demos una respuesta a esto, porque es inadmisible que en el marco de un debate de cinco candidatos a presidente escuchemos las palabras de (Emilio) Massera en su defensa final, antes de que termine el juicio de las juntas”. Para el funcionario, “tiene que haber algún tipo de respuesta frente a esos discursos” porque “desde 2003 en adelante tenemos una política de Estado consolidada”. 

En ese sentido, explicó que se ha transformado en una política gracias a las decisiones y resoluciones del Ejecutivo, las leyes del Legislativo y las sentencias del Poder Judicial. Precisamente sobre esto último, informó que “al día de hoy, considerando la sentencia que se dictó ayer en Corrientes, en donde tres de los siete condenados no tenían una sentencia previa, llegamos a las 1.200 personas condenadas”. Además se han finalizado “336 juicios, hay otros 15 que están en curso y hay muchos más esperando comienzo. Sólo en lo que va de 2023 hubo 20 sentencias distintas”. 

“Las sentencias reconocen que lo que pasó fueron crímenes de lesa humanidad, utilizan el término terrorismo de Estado, no es un discurso político, es algo que está reconocido por los jueces en todo el país”, enfatizó Efrón e insistió que los discursos negacionistas son “además de una absoluta falta de empatía con las víctimas, negar la realidad y negar los actos mismos del Estado en los últimos años”. 

El funcionario indicó que “no se trata de criminalizar el discurso ni atentar contra la libertad de expresión”, sino de “responsabilizar al funcionario público que públicamente negara lo que ya está probado y reconocido por el Estado”. 

Otro de los expositores invitados fue Remo Carlotto, director ejecutivo del Instituto de DD.HH. del Mercosur e hijo de Estela de Carlotto, quien mencionó que “lo que nos está sucediendo en la Argentina es algo que está sucediendo en la región”. En ese sentido, ejemplificó el caso de Brasil, donde Jair Bolsonaro siendo diputado “reivindicó al torturador de Dilma Rousseff” y luego “como presidente construyó un proceso de degradación de la democracia y la creación de una agenda violenta en la sociedad. Creció 800% la portación de armas (en su gobierno)”.

El exdiputado lamentó que no haya legisladores de la oposición en el debate, “porque quizás piensan que esto es un tema que no les incumbe, y eso es lo peor que puede pasar”. “La democracia nos pertenece, la democracia es un valor enorme para quienes vivimos la persecución y el exilio”, añadió. 

También expusieron en la reunión Luis María Alman Bornes, titular del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Verónica Torras, del CELS; la senadora nacional oficialista Nora del Valle Giménez, quien estuvo detenida durante la dictadura; y Andrea Cuellar Camarena, de la Intersindical de Derechos Humanos. 

La diputada oficialista Carolina Gaillard, quien recogió la propuesta consensuada por los organismos de derechos humanos, sostuvo que “esta ley se la debemos a las abuelas, a los hijos, a las madres, a todos lo que padecieron esos años trágicos en nuestro país, esa etapa oscura que fue la dictadura”. “Nuestro país ha sido reconocido internacionalmente por su política de memoria, verdad y justicia”, ponderó y recordó a Néstor Kirchner, quien impulsó la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. 

“A 40 años de la democracia es inadmisible que tengamos candidatos en las fórmulas presidenciales, como es caso de Victoria Villarruel, que acaba de tuitear que la estamos amordazando con las leyes anti-negacionistas. Es decir, ella ratifica y reafirma que está en lo correcto negando o minimizando lo que ocurrió en nuestro país”, comentó sobre el posteo en la red social X de la candidata a vicepresidenta. 

Los proyectos de “negacionismo” que se tratan en el Congreso son para amordazar a los que pensamos distinto, a los que cuestionamos el relato y las mentiras sostenidas con dinero público y a evitar que cualquiera que tenga coraje se anime a hablar para ejercer su libertad de…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 7, 2023

En el final del encuentro, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, anunció que buscarán “avanzar con la unificación de todos los proyectos, porque tenemos voluntad de que haya un solo proyecto”. 

El cierre quedó a cargo de Taty Almeida, quien dijo que “efectivamente quedamos muy poquitas madres, pero no me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas seguimos de pie. Falta tan poquito para votar quiénes van a regir los destinos de nuestro país: por favor demostremos en las urnas, demostremos en los resultados que no nos han vencido”. “Sé que en algún rinconcito están Alejandro y los 30 mil desaparecidos apoyando este proyecto de ley”, expresó y los asistentes terminaron el encuentro al canto de “30 mil compañeros desaparecidos ahora y siempre”. 

Tal como lo adeantó Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, se convocó a una reunión para este martes 7 de noviembre a las 10 para continuar el debate respecto a distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

Con la presencia de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también estarán presentes Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Charly Pisoni, de HIJOS; Eduardo Tavani, de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, en representación de los familiares y compañeros de Los 12 de la Santa Cruz.

La convocatoria se realiza a pocos días del balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y en un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Con ineludible tono de campaña, es innegable que el tema se agita especialmente para aprovechar las posiciones que vienen exponiendo sobre el tema Javier Milei y Victoria Villarruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

De los siete proyectos en danza, uno está impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

El proyecto de los organismos de DD HH

La iniciativa establece una capacitación con especial énfasis en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; como así también en los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.

Estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y está destinada a la totalidad de los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado Nacional, ya sea que se desempeñen en forma permanente o transitoria.

A su vez, las personas obligadas que no hubieran realizado la capacitación serán intimadas a hacerlo por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate.

También, propone sanciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o del Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, públicamente negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país.

La norma introduce una modificación en el título del Capítulo VI, del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, que pasa a denominarse: “Negacionismo de los crímenes del Terrorismo de Estado y los genocidios”, e incorpora la inhabilitación absoluta de cinco a diez años para ejercer cargos públicos para aquel funcionario público que públicamente negara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país.

0112-P-2023

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de Diputados, presidia por el oficialista Hugo Yasky, mantuvo este miércoles una reunión informativa para analizar distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

El encuentro se da en plena campaña electoral de cara al balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y ante un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Entre esas declaraciones se han destacado las de Javier Milei y Victoria Villaruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

De los siete proyectos, uno está impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

Al inicio del encuentro que se llevó a cabo en la Sala 3 del Anexo, Yasky comentó que los temas a tratar “tienen relación entre sí y tienen plena vigencia”. En primer lugar, hizo referencia al proyecto de la diputada Mariana Stilman para incorporar como causal el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592) y le dio la palabra a la diputada de la Coalición Cívica para que explique la iniciativa.

Así, Stilman aclaró que fue una coautoría con la diputada Margarita Stolbizer y que lo trabajaron en agosto del año pasado. “Partimos de la definición de la organización internacional IHRA (Alianza Internacional de Memoria del Holocausto) de 2016 del concepto de antisemitismo que fue aprobada, que no es vinculante. Cancillería en 2020 sacó una resolución 114 en junio adoptando para todo el sector público nacional esta definición de antisemitismo”

“En sus considerandos explica que la República Argentina ha demostrado sus compromisos con el respeto irrestrictos de los derechos humanos adoptando los más altos y modernos estándares en dicha materia vigente en el mundo. La lucha contra cualquier tipo de discriminación, incluyendo el antisemitismo es una de las políticas de Estado más importante y por ello Argentina participa activamente en todas las iniciativas internacionales y regionales destinadas a combatir este flagelo”, leyó.

Stilman recordó que ese mismo año “el presidente había participado del Foro Mundial del Holocausto con motivo de conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de conmemoración del Holocausto”. Asimismo, señaló que la Cámara baja “adoptó esa misma definición por resolución conjunta con el Senado porque me parecía que había que ser contundentes desde esta Casa también con respecto al tema, pero decidí que tenía más contenido y más efecto avanzar sobre la Ley de Antidiscriminación con una modificación que incluyera la categoría de antisemitismo como forma de discriminación”.

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”, definió la diputada bonaerense y sumó: “No podemos dejar de desconocer este tipo de discriminación que va más allá porque es una categoría distinta de discriminación por nacionalidad, por religión, o por raza. Esta ley que está vigente desde el año 88’ no debemos olvidar que vivimos dos atentados antisemitas a posteriori que son el atentando a la Embajada y a la AMIA”.

La diputada de JxC señaló que “han persistido actitudes discriminatorias antisemitas que por ahí no tienen tanta visibilidad, pero son reales”, y agregó: “En este contexto internacional me pareció oportuno y necesario traer la discusión a la cámara”, porque “tenemos una ola de odio en contra de los judíos que avanzó desde lo ocurrido en Medio Oriente. Hechos ocurridos en Francia o en Berlín con pintadas o casas marcadas con la estrella de David. El ataque al avión en Rusia o ayer en Viena”.

En el plano local, Stilman indicó que “las familias viven el terror de las consecuencias del Medio Oriente. Además de tener familiares desaparecidos o asesinados. Chicos argentinos que concurren a establecimientos educativos viven hoy esa discriminación en carne propia y las propias instituciones tuvieron que endurecer las medidas de seguridad gracias a la infamia del antisemitismo”.

“Es una discusión que hay que darla”, planteó y explicó que desde lo técnico la ley tiene un planteo sencillo porque consta de un artículo que hace un decálogo de conductas discriminatorias en las que “incluí el antisemitismo como categoría específica”. También aclaró que se incluyó el tema de la etnia, la categoría de género e identidad de género, percepción y orientación sexual porque “en ese sentido también la veíamos desactualizada a fin de quienes sufran puedan reclamar la protección civil del Estado”.

Además, precisó que el artículo 3 establece que se reprima penalmente y que se aplique el agravamiento de penas del artículo 2 y las conductas que alentaran a la persecución u odio con motivo del antisemitismo. “Es un tema importante y complejo y tenemos que tener una contundente expresión, rechazo y reproche expresado en la ley porque no podemos estar ajenos a esta problemática mundial”, cerró.

Volvió a tomar la palabra Yasky adelantó que el tema se continuará en una próxima reunión el día martes 7 en la cual estará presente el diputado Alejandro Finochiaro -autor de una de las iniciativas- quien también pidió incorporar un invitado. Luego procedieron a tratar los proyectos sobre negacionismo e informó: “Vamos a iniciar una serie de reuniones donde nos proponemos es tratar de escuchar las opiniones del más amplio y plural arco posible representativo de la sociedad”.

“Sabemos que es un tema que tiene que ver profundamente con estas cuatro décadas de democracia ininterrumpida que, con orgullo, podemos exhibir en el país. Sobre la base de una política de memoria, verdad y justicia y con ese hecho histórico que distingue a los argentinos en el mundo el juicio a las juntas militares y el castigo a los genocidas, único país donde algo así ha sucedido, pudimos ir construyendo una convivencia democrática basada en el principio de memoria, verdad y justicia que tuvo como protagonistas a las Abuelas de Plaza de Mayo que serán invitadas especiales la próxima reunión y organismos de Derechos Humanos”, anticipó Yasky.

Negacionismo: la palabra de abogados y escritores

Abrió la ronda de expositores el sociólogo e investigador argentino Eduardo Feierstein manifestó que “son desafíos a la memoria colectiva, a la forma de transmisión de nuestra experiencia histórica y podríamos plantear que la sociedad argentina tuvo la riqueza de poder confrontar con esos peligros a partir del trabajo de infinidad de organizaciones en la posibilidad de acorralar a estas visiones, sobre todo en lo que fue la primera década después de la dictadura”.

“El problema es cuando emerge nuevamente y no es un problema solamente de nuestro país sino internacional, pensar en esas distintas herramientas que pueden ser formas vinculadas a formas de estrategias de capacitación, formación o estrategias educativas que puede ser vinculada a cuestiones a derechos administrativos o de derecho civil vinculadas a las condiciones de idoneidad para el ejercicio de la función pública. Todas condiciones que son de enorme importancia y en otra instancia podemos pensar”, explayó.

El sociólogo planteó que los objetivos son pensar alguno de los problemas tanto a nivel doctrinario, pragmático y operativo de intentos de plantear la lógica de la penalización como herramienta para ese combate político. “El primer problema que veo es de carácter más doctrinario en términos de decir que recurrir a la penalización para un debate que es eminentemente político, es asignarle al derecho penal una función para la que no fue creado”, explicó y sumó: “El debate sobre la negación de un hecho histórico que ha ocurrido e implica avanzar en la lógica del derecho penal en asignarle la potestad de penalizar opiniones por despreciables o grave que nos parezcan”.

Feierstein planteó que es “rico” analizar los 40 años de democracia que se van a cumplir y resaltó que “fue posible enfrentar estas lógicas políticamente y vale preguntar por qué en ese momento han logrado una mayor visibilidad o cuáles de los acuerdos políticos que impedían ese surgimiento se ha ido resquebrajando”, y cuestionó que una fuerza política niega los hechos vividos en el país en la última dictadura o convoca a acciones de violencia articulables con formas neofascistas la “gravedad que eso tiene para la estructura política del país y requiere que se ponga un límite ante esa posibilidad, pero son límites políticos no penales”.

En segundo lugar, indicó que el problema es de orden pragmático y propuso pensar “cuál fue la efectividad de estas legislaciones penales en aquellos lugares donde fue implementado porque existe un poco uso de este derecho penal, básicamente en países europeos en relación al genocidio nazi y se han agregado otros casos, pero ahí aparecen problemas”.

“Hay que pensar si estas legislaciones han tenido el efecto de impedir la expresión de afirmaciones negacionistas o de contribuir a la detención del crecimiento de esos movimientos políticos neonazis y el resultado que encontramos no es alentador”, señaló y ejemplificó que Alemania sancionó una ley de penalización del negacionismo en 2005 y su partido que reivindica al nazismo de diversas maneras ha pasado de un peso del 4% a más del 10% en las elecciones de 2021 consolidándose como segunda fuerza. En Francia hay una ley desde 1990 y el Frente Nacional tenía entre el 10 y 12% de votos y llegó al 23%, en Italia se planteó un proyecto en 2016 y la derecha neofascista logró conquistar el gobierno.

“No pareciera que este problema doctrinario de penalización del negacionismo logra compensar el costo de asignarle al derecho penal funciones que no debería tener con la efectividad de lograr limitar el crecimiento del negacionismo. Parece que sería más bien al revés”, alertó el investigador y afirmó: “Es una cuestión política que se resuelve de modo político y de abajo hacia arriba”.

Por otro lado, manifestó que otro de los problemas pragmáticos es cómo definen los Parlamentos cuáles son los casos que se incluyen porque “el Parlamento no fue creado para esto al igual que el derecho penal porque no son un Cuerpo de historiadores sociales que puedan con tanta facilidad limitar cuáles son los casos que deberían ser incluidos o son objetos de discusión colectiva. Es extender funciones en esa relación”.

Por último, indicó: “Uno de los problemas que veo en proyectos es que les sirve como propaganda particularmente útil a los discursos negacionistas porque, al transformarlos en contra hegemónicos, los vuelven más atractivos y siendo que las penalizaciones que se pueden implementar nunca pueden llegar a ser penalizaciones de verdadera gravedad puede ser muy valioso frente a la ventaja política y victimizarse”.

“En esta decisión de otorgarle al Poder Judicial la potestad de penar formas de interpretación de la realidad histórica, un problema operativo es dónde poner el límite y el riesgo que se abre otorgando a esa autoridad de poder intervenir. Hay otro problema en las formas de implementación de las penas y qué efectos tendrá”, cerró.

A su turno, la abogada Valeria Thus planteó si la “herramienta penal es la herramienta posible o no, legítima y deseable”. Sin embargo, reflexionó sobre el estado de situación en la actualidad porque “las políticas públicas contra los negacionismos implican la madre de las batallas”. “Se produjo un reingreso en el orden de lo visible de tópicos y expresiones de violencia de desprecio hacia determinados grupos y sectores sociales. Discursos en la esfera pública pronunciados por personas referentes del arco político que alientan el desprecio, la discriminación y la agresión hacia el otro”.

“A esto se le suman los discursos negacionistas y apologéticos de la dictadura de candidatos presidenciales. Estas violencias habilitadas en la discursividad social son parte de las representaciones con las cuales miramos al mundo sobre la cual diseñar políticas concretas que es en este caso abordar la discusión por la criminalización”, argumentó y sumó: “Al negar la experiencia genocida, la violencia política de la historia se busca generar condiciones de repetición, volver a validad ideas, representaciones y prácticas de exterminio. Esa es la gravedad del discurso negacionista”.

Así, precisó que “con el tiempo esa construcción discursiva determina qué es lo exterminable, lo naturaliza y sedimenta y habilita a nuevas violencias”. Asimismo, analizó la legitimidad penal punitiva y sostuvo que “es necesario pensarlo en clave de derechos humanos y cómo afecta o no a la libertad de expresión”.

“El negacionismo y la libertad de expresión es una relación difícil y por eso tenemos que pensar en políticas públicas que no tengan una complejidad de cara al sistema de protección de derechos humanos, porque es hablar del papel que va a asumir el Estado frente a los discursos que contradicen los valores democráticos”, precisó y preguntó qué vamos a hacer con el discurso intolerante que se ampara en la libertad de expresión para humillar y despreciar.

Thus explicó que “el discurso del odio se piensa en dos ejes por un lado el negacionismo y la apología de los genocidas, y por el otro lado, los casos específicos de incitación al odio y eso tiene un origen histórico específico en la Convención de 1965 nace del escándalo del 59 en Alemania donde las sinagogas aparecen esvásticas. Ese es el modo de construcción del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el modo de construcción de la Convención Europea de Derechos Humanos”.

“A partir del 2008 la decisión marco de Europa toma una decisión colectiva que es instar a los estados soberanos a la legislación punitiva contra el negacionismo. Hay más de 20 países que lo penalizan”, informó, pero planteó que “no se puede hacer lo mismo que se hizo en Europa” y explicó: “Nosotros no tenemos un modelo de libertad de expresión de democracia militante como si tienen la mayoría de los países en el sistema europeo, pero tenemos que hacernos cargo de las marchas y contramarchas en el sistema de protección de derechos humanos”.

La abogada enumeró los riesgos de la criminalización: “En el sistema universal de derechos humanos hay un cambio de criterio en las observaciones generales donde se plantea la posición de tolerar esas expresiones que son espantosas, pero las democracias de mercado tienen que ser toleradas”.

“Para no tener problemas normativos se debe adoptar el Plan de Acción de Naciones Unidas de 2012 que plantea los criterios que corresponden la intervención legal punitiva, la administrativa y en cuales ninguna. Se abre el camino de pensar los discursos negacionistas en la modalidad de discursos de odio y establecer los límites democráticos de la libertad de expresión y pensar los negacionismos en esa clave”, sugirió y propuso que Argentina ratifique la Convención Interamericana contra el racismo e intolerancia que “en el artículo 4 habla específicamente del negacionismo”.

“Es necesario analizar todas las reglas del sistema de protección de derechos humanos, aquellas respuestas que nos gustan y las que no, para poder pensar un modo de tipo penal que sortee los obstáculos normativos”, señaló y aclaró que “así es posible criminalizar el negacionismo con todos los matices, pero hay que preguntarnos qué crímenes, qué sujetos y para qué lo haríamos para pensar estas cuestiones. Las dos primeras tienen que ver con la legitimidad, y la última tiene que ver con la justificación”.

Thus explicó que existen dos modelos de penalizar el negacionismo, uno referido a la negación del Holocausto y otros modelos a partir del marco europeo del 2008 de hablar de los crímenes internacionales. “Hay que discutir los periodos de tiempos por eso hay que buscar una fórmula que no mencione la temporalidad”, sugirió.

Por su lado, Pablo Llonto periodista, escritor y abogado, sostuvo que como abogado en causas de delitos de lesa humanidad desde “hace 40 años escucho la voz de los 360 familiares de a quienes represento, todos piden una ley que castigue los discursos negacionistas y yo no estoy de acuerdo”. “Este despertar de estos discursos negacionistas ha generado otro despertar que es el despertar de quienes solicitan urgentemente ponerle freno”, aseveró.

“Los discursos negacionistas existieron siempre y tuvieron olas intensas. Esta será otra nueva ola intensa a partir de dos candidatos, dos representantes de un partido político que han tomado desde hace un tiempo ese discurso y copan escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación”, añadió y propuso suscribir los sujetos exclusivamente a los funcionarios públicos, sacar de la esfera de punición a los particulares y pensar en el concepto de figura pública y pensar en la situación de los candidatos electivos en procesos electorales.

Para Llonto: “Ya tenemos las herramientas” como los juicios con “300 sentencias condenatorias a los genocidas uno de los logros más fuerte de nuestra sociedad”, la educación, y el trabajo militante en derechos humanos. “En Argentina le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y va a ser largo. Para ganarle fue necesario construir las herramientas y las tenemos y tienen que ser reforzadas porque no resolvemos problemas del negacionismo con el engorde del código penal, estamos en contra de que el código penal engorde frente a las presiones de los grupos de derecha y ultraderecha en la humanidad”, puntualizó.

En carácter de autora de uno de los proyectos, la diputada Litza expresó: “El negacionismo tiene que tener un tratamiento desde la política para poder lograr la modelación de las conductas sociales, salirse del punitivismo; por eso proponemos la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática”.

A su turno, el diputado Eduardo Fernández precisó: “Mi proyecto establece penalidades frente a la denegación, apología y/o reivindicación de genocidios o crímenes de lesa humanidad. Tipificar significa no dejarle lugar a la justicia, ninguna duda, de qué y a qué nos referimos”.

“Necesitamos de este tipo de herramientas, como la penalización de los discursos de odio y negacionistas, en defensa de la democracia. Necesitamos que la democracia genere sus propios resortes de defensa”, exigió la oficialista Gisela Marziotta.

La jujeña Carolina Moisés aseguró que “el daño está atravesado por altos niveles de ignorancia social en las nuevas generaciones. Los chicos de 20 años no tienen registro, ni en sus cuerpos ni en sus vidas, de lo que fue la falta de libertad y el proceso de la dictadura”.

Presidida por Hugo Yasky (FdT), la Comisión de Derechos Humanos y Garantías convocó a una reunión informativa para este miércoles a las 14 para considerar los distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

El encuentro se da en plena campaña electoral de cara al balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y ante un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Entre esas declaraciones se han destacado las de Javier Milei y Victoria Villaruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

En su última reunión, la comisión avanzó con un proyecto de repudio al acto de “homenaje a las víctimas del terrorismo” organizado por la diputada libertaria el 4 de septiembre pasado en la Legislatura porteña, junto a Lucía Montenegro.

En esa ocasión, Juntos por el Cambio decidió no participar, alegando que “solo fueron tratados proyectos del oficialismo”, tal cual anunció al principio del encuentro el vicepresidente de la comisión, Sebastián Salvador (UCR).

De los siete proyectos a analizar este miércoles, está el impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

Presidida por Hugo Yasky (FdT), la Comisión de Derechos Humanos y Garantías convocó a una reunión informativa para este miércoles 1ero. de noviembre a las 14.00 para analizar la modificación de la Ley 25.592 incorporando como causal el antisemitismo y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática con la modificación del artículo 213 del Código Penal de la Nación, sobre sanción para actitudes negacionistas y / o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

También serán tratadas la modificación de la Ley 25.164 para la regulación del Empleo Público Nacional y la modificación de la Ley 25.188 sobre erradicación del negacionismo, discursos de odio y fortalecimiento de los valores democráticos en la función pública.

El primer tema es respecto a la ley sancionada en 1988, la cual impone medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, donde se buscará incorporar al antisemitismo como causal.

La creación del Observatorio de Convivencia Democrática buscará fortalecer el diálogo político mitigando los discursos de odio, violencia e intolerancia y estará integrado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, los diputados y senadores nacionales de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y el miembro representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El Observatorio tendrá entre sus funciones diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y violencia; describir las TIC en el sistema político con énfasis en el negacionismo; y organizar actividades de formación y difusión de conocimiento.

También, está prevista la modificación del artículo 213 del Código Penal, el cual dejará establecido que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Finalmente, la modificación de la ley marco de regulación del empleo público busca prohibir acciones discriminatorias por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

También, prohíbe reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, y actos del terrorismo de Estado. Así, también exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos mencionados.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Yasky (FdT), se reunió este miércoles para aprobar un proyecto de “máximo repudio” contra el acto “homenaje a las víctimas del terrorismo” organizado por la libertaria Victoria Villarruel el 4 de septiembre pasado en la Legislatura porteña.

Además, pasaron a la firma otros nueve proyectos de declaración y resolución entre los que se destacan la declaración de interés al Museo “Sitio de Memoria ESMA”, adherir al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial cada 21 de marzo y declarar de interés al Tercer Malón de la Paz para reclamar por los “derechos vulnerados” en la provincia de Jujuy.

Desde Juntos por el Cambio decidieron no estar presentes en la reunión al alegar que “hubo una convocatoria unilateral solamente con proyectos del oficialismo”, en palabras del vicepresidente de la comisión, Sebastián Salvador (UCR), quien antes de retirarse expresó que “durante este gobierno hubo casos de violencia institucionales y a los derechos humanos”.

“Exigimos que para esta reunión debió estar el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti”, señaló, y concluyó: “Repudian a una diputada, pero el Partido Justicialista no integró la Conadep hace 39 años, y es allí donde se encuentra la relación (Javier) Milei con (Sergio) Massa”.

En contraposición a Salvador, el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) contestó: “He sido testigo y protagonista de esos tiempos que nombra el vicepresidente, yo era delegado de los empleados del Poder Judicial y fui parte del primer paro a Videla, con Roberto Digón y Saúl Ubaldini”.

“El PJ fue el primero en denunciar que hubo detenidos desaparecidos y no es justo que digan que el peronismo no estaba en la Conadep porque siento orgullo de que el peronismo haya luchado contra la dictadura y fue una lucha en conjunto entre peronismo y radicales para derrocar al partido militar”, agregó.

El tema central tratado fue el proyecto unificado por Yasky, Cecilia Moreau y Eugenia Alianiello en “máximo repudio” al acto llevado a cabo el 4 de septiembre de 2023 organizado por el CELTYV, y por la diputada nacional Victoria Villarruel y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Lucía Motenegro, en “homenaje a las víctimas del terrorismo” en el salón dorado de la Legislatura porteña.

También, el repudio contras las “expresiones injuriosas” de la diputada libertaria contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y otras cuestiones conexas.

Sobre el final, el diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT) se retrotrajo en el tiempo al inicio de la reunión, para ningunear a Salvador: “Me guardé cosas del alegato gorila de este diputado que no sé ni el nombre”. “Este acting deja en claro que JxC no vino para no votar esto”, enfatizó.

También ironizó que “quizás sintieron que no aplicaba personería por motivos políticos e ideológicos”. Asimismo, enfatizó: “Están confundidos sobre las consecuencias de esto y se nota que están perdidos porque no tienen bien en claro por donde agarrar”.

Así las cosas, añadió que “debería ser automático el repudio a las declaraciones de Villarruel”, y remarcó: “Lo de esta diputada libertaria tiene que ver con un historial. No son hechos aislados. Tiene una trayectoria siendo amiga de Jorge Rafael Videla, porque era ella quien visitaba a Videla que terminó sus días en una cárcel de José C. Paz”.

Para concluir, Toniolli le contestó a Salvador: “Si no pueden hacerse cargo de repudiar, entonces no pueden dar cátedra de lucha por los Derechos Humanos”. “Si no repudian, son cómplices de estos ‘afirmacionistas’, no negacionistas, porque son gente que no niega los crímenes de lesa humanidad, los defiende y justifica”.

Por otro lado, se aprobó el proyecto unificado por las diputadas Carolina Moisés y Lía Caliva (ambas del FdT) para declarar de interés al Tercer Malón de la Paz, llegado a Buenos Aires el día 2 de agosto de 2023 para reclamar por sus derechos vulnerados en la Provincia de Jujuy.

El secretario de la Comisión de Derechos Humanos, Alejandro Vilca (FIT – Jujuy), sostuvo que “se han violado importantes derechos en Jujuy que necesitan que este Congreso por lo menos se pronuncie”. Del mismo modo, acusó al FdT de “repudiar la represión de Gerardo Morales desde Buenos Aires” y fue cruzado por la diputada Moisés.

Los demás proyectos

En la reunión de este miércoles avanzaron en Diputados los proyectos para expresar beneplácito el libro “Noemí Labrune y la lucha por los derechos humanos. De lo individual a lo colectivo” de La editorial EDUCO; expresar beneplácito por la encomiable tarea llevada a cabo por la “Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”; y declarar de interés de esta Honorable Cámara el Museo “Sitio de Memoria ESMA”, emplazado en el ex Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada.

También se aprobó la iniciativa para declarar de interés el III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 que se realizará en la Argentina del 20 al 24 de marzo; declarar adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” cada 21 de marzo; y declarar de interés la película “El secreto de maro”, por su aporte a la visibilización del genocidio armenio.

Finalmente, tuvieron aval el beneplácito por la designación como Lugar de Memoria a la obra ‘Del cielo los vieron llegar | Monumento a las víctimas de los bombardeos a plaza de mayo de 1955’, otorgado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIPDH-UNESCO) y declarar de interés la película documental “Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo”, dirigida por Cristian Arriaga.

Antes de dar por terminada a la reunión, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky, expresó: “Es una pequeña victoria de los sectores democráticos y populares para que se incluya en el debate presidencial el tema de los Derechos Humanos”.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por Hugo Yasky (FdT), tratará el próximo miércoles a las 14 dos proyectos de resolución que buscan repudiar los dichos que tuvo la libertaria Victoria Villarruel contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Una de las iniciativas está encabezada por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez; y la secretaria parlamentaria del bloque, Paula Penacca.

En el texto, los oficialistas expresan su “más enérgica condena y repudio a las expresiones descalificantes, injuriosas, violentas y aberrantes” que tuvo la legisladora nacional y candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza.

“Instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar este tipo de expresiones y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”, sostienen.

Moreau, Martínez y Penacca señalaron que “a 40 años de la recuperación de la democracia, y con el compromiso de la sociedad en su conjunto de transitar el camino de Memoria, Verdad y Justicia es inadmisible que se incentiven o avalen este tipo de declaraciones, que además llevan intrínsecamente el germen del negacionismo del terrorismo de Estado vivido en nuestro país”.

“Asimismo, expresamos la solidaridad con la señora Estela Barnes de Carlotto, con todas las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y las organizaciones de derechos humanos”, manifestaron y agregaron que “las incitaciones al odio, la tergiversación de la historia, el negar los crímenes cometidos por la última dictadura cívico militar, son incompatibles con la democracia y la paz social”.

Finalmente, consideraron que “es extremadamente necesario brindar un mensaje a la sociedad que no deje dudas que todas las fuerzas políticas coincidimos en condenar estas declaraciones y respaldar sin dobleces el compromiso del pueblo argentino con el Nunca Más”.

El otro de los proyectos por los dichos de Villarruel corresponde a la diputada del FdT Eugenia Alianiello, pero el temario -entre otros puntos- también incluye una iniciativa impulsada por Yasky para repudiar el acto que la compañera de Javier Milei realizó en la Legislatura porteña el pasado 4 de septiembre para homenajear a las “víctimas del terrorismo” y generó polémica.

Fue luego de ese acto que Villarruel, en declaraciones al canal LN+, expresó: “Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Con ese cariz de abuelita buena ha justificado al terrorismo. Es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando debería contar que su hija era combatiente de Montoneros. Carlotto es una muestra de la gran hipocresía de la izquierda”.

En medio de un clima enrarecido entre oficialismo y oposición en la Cámara baja, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside el oficialista Hugo Yasky, se reunirá este miércoles a las 12 en la Sala 2 del Anexo.

A pocos días de cumplirse 39 años del retorno de la democracia, diputados debatirán sobre proyectos vinculados a Madres de Plaza de Mayo, cuya máxima referente, Hebe de Bonafini, falleció recientemente; y al fiscal Julio César Strassera, figura reivindicada en la actualidad gracias a la película “Argentina 1985”.

Puntualmente, el temario incluye una iniciativa para instituir el 30 de abril de cada año como el Día del Amor Maternal, en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Había sido presentado el año pasado por el exdiputado Héctor Fernández, junto a la actual secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca.

Por otra parte, el proyecto impulsado por el radical Sebastián Salvador -vicepresidente de la comisión- propone que se instale un monumento conmemorativo con una placa en memoria del doctor Julio César Strassera por su destacada labor en el Juicio a las Juntas Militares de la última dictadura, y su trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

El monumento deberá tener una placa que diga: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más'”.

Según la iniciativa, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos convendrá y coordinará juntamente con las autoridades de la Fundación “Julio César Strassera” los términos, alcance, ubicación y las acciones tendientes a la creación del monumento conmemorativo y memorial, y las medidas de su mantenimiento, preservación, promoción y divulgación.

Además, la comisión avanzará con proyectos de resolución y declaración.

El Senado cerró su semana de actividades con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías que mantuvo un encuentro de forma virtual en donde obtuvo dictamen el proyecto de ley que garantiza los la protección y los derechos de las personas en riesgo de situación de calle y familias sin techo, el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 191 votos a favor.

“Esta media sanción busca garantizar los derechos de las personas que se encuentra en situación de calle o aquellos que están en riesgo de estar en tal situación”, comenzó la titular de la comisión de Legislación General Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes) y agregó que “también trata los derechos y la interrelación que tiene con los distintos estratos nacionales, provincial y municipal para garantizar los derechos fundamentales. Hay una interrelación que realizan con asociaciones, con sindicatos, con universidades, entre otros”.

En otro sentido, sumó que el proyecto contempla: “Las personas en situación de calle o con riesgo a eso, que residan en establecimientos públicos o privados y no cuenten con vivienda, las personas notificadas de un desalojo, personas que habiten en asentimientos precarios, sin acceso a servicios públicos y en condiciones de hacinamiento”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Julio Martínez (UCR – La Rioja) consideró que “es un tema complejo, importante y necesario que requiere un tratamiento más intenso, creo que hay que tener invitados y no se puede agotar en el día de hoy. Necesitamos lo mismo que en Diputados porque hay advertidas inconsistencias, incompatibilidades. Puede mejorarse para lograr una buena ley”, y ratificó que “es un tema necesario”. En ese contexto, manifestó la “molestia” del bloque por “por el cambio de giro que hubo injustificado, puede ser por una cuestión política, ha sido algo desprolijo y necesitamos una explicación. Se necesita también el impacto económico y la opinión de la Comisión de Presupuesto”.

Por consiguiente, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) manifestó: “La satisfacción de poder avanzar en este tipo de normativas que son importantes. La situación de calle de tantos argentinos requiere del debate en el Parlamento. En este caso entiendo que hay que darle la premura del caso, más allá de que hay que estar abierto a mejorar la normativa”, y agregó: “Comprendo las palabras del senador Martínez, pero debemos avanzar en que tengamos una normativa concreta que regule la situación que padecen tantos argentinos. Hay una necesidad de involucramiento del Congreso y entre los distritos organismos del Estado nacional”.

Por su parte, Silvina García Larraburu (FdT – Río Negro) precisó que “es un día importante porque reconocer los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo amerita premura y que lo pongamos en tratamiento. Es un proyecto que se trabajó con organizaciones muy importantes en materia de derechos”.

“Después de cuatro años de un ajuste más dos de la pandemia que ha puesto en jaque a todo el planeta, sin duda debemos desde el ámbito legislativo atender este problema. Es un día muy importante para darle dictamen”, concluyó la senadora rionegrina.

También hizo uso de la palabra la senadora Cristina López Valverde (FdT – San Juan) quien destacó: “Si bien los derechos de las personas en situación de calle son los mismos que los de todos, no está demás focalizar en estos grupos. Rescato esos aspectos que hacen a la operatividad y abren la posibilidad de programas”.

Lo que el proyecto propone:

• La creación de una red nacional de centros de integración social con atención las 24 horas con espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral.

• Un sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata.

• La capacitación obligatoria a todas las personas que intervienen en la atención de personas en situación de calle.

• El Estado debe realizar acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, CUIL y CUIT y toda documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad.

• Derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público.

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.

El encuentro contará con la participación, según pudo averiguar Parlamentario.com, de Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza; Maximiliano Corach, subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires; Maria Pía Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social de Chaco; Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de Tucumán; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense.

La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Federico Fagioli en marzo pasado, y hace dos meses atrás se llevó atrás a cabo la primera reunión informativa en la que funcionarios -entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo- brindaron su respaldo al texto.

El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

Se prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Entre sus puntos principales, la propuesta contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.

Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.

La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación expondrán este jueves, a partir de las 15, ante diputados sobre las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre los lugares de detención.

El encuentro será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos, que presiden los diputados oficialistas Carolina Gaillard y Hugo Yasky, respectivamente.

Durante el encuentro participarán por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal -presidente-, Diana Conti, Gustavo Federico Palmieri, María Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín, Diego Jorge Lavado, Ricardo Nioi, Alejandro Armoa, Francisco Mugnolo, Alex Ziegler, María Laura Leguizamón y Alan Lud.

También lo hará la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.

Además, expondrá la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez; y el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Guillermo Todarello.

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de Diputados realizaron este lunes una reunión virtual informativa sobre violencia institucional. El plenario se realizó en el marco del debate del proyecto de ley integral contra la violencia institucional del oficialismo y expusieron representantes de asociaciones de trabajadores. 

Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, denunció “una tensión estructural continua entre prensa y la policía. A la policía no le gusta que la vean reprimir”. Además, aplaudió el capítulo del proyecto que pide que las denuncias sean realizadas por personas ajenas a las fuerzas policiales.

Por su lado, Victorio Paulon, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, invitó a “insistir con la responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios que en una gran cantidad de ocasiones se esconden y se niegan al diálogo con los que reclaman”. Pidió también que exista “una obligación mayor de los funcionarios” de generar respuestas para evitar la violencia. “La policía responde a las órdenes políticas de quienes los mandan en ese momento”, opinó, y agregó que la iniciativa es “un piso” sobre el cual seguir avanzando.

En representación de la Unión Personal Municipal de Berazategui, Mario Carlos Torroba puso en el foco la violencia de los funcionarios públicos, de la política. “Como si las fuerzas de seguridad tuvieran el monopolio de la violencia institucional en el país”, cuestionó. 

Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, relató experiencias en primera persona.  “No queda registro de los operativos violentos”, denunció, y siguió: “Nosotras mismas tenemos que registrarlos con nuestras cámaras”. Además, habló de un discurso policial “xenófobo”, “racista”, “selectivo” y “clasista”. 

“Desde el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales apoyamos esta ley, creemos que hay que ponerle un freno a la violencia institucional y, que hay que ponerle un freno a las coimas policiales, a los discursos racistas y a la selectividad con la que operan las fuerzas de seguridad en nuestro país”, expuso Orellano.

Más adelante acusó que “una de las cosas que aumentó en esta crisis sanitaria es la violencia policial. Nosotras tenemos un registro propio, porque no hacemos la denuncia, porque la historia nuestra nos dijo que quienes quieran la denuncia, nuestras delegadas, nuestras referentes, han sido asesinadas por la policía”. “Los mismos policías estuvieron dos o tres meses sin salir a la calle pero estaban en la comisaría”. 

Miguel Aponte, secretario administrativo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, consideró: “Tenemos demasiadas víctimas de violencia institucional en la provincia -de Córdoba-” e instó a “dar pasos más concretos”. Además, se lamentó de que los casos de violencia son “tan recurrentes” que “están naturalizados”.

En representación de la Federación Gráfica Bonaerense  Rodrigo Loza opinó: “Esto por sí solo no resuelve el problema que aflige no sólo a nuestro país, ya que lo estamos viendo por ejemplo en Colombia, sino que debe haber un compromiso de todas las instituciones del Estado y de las organizaciones libres del pueblo para el cumplimiento de esta ley. Entonces celebramos que se pueda aprobar un marco legal para regular el accionar de las fuerzas de seguridad sin importar el Gobierno de turno”.

Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados y diputada nacional (Frente de Todos) resumió que el proyecto plantea la “capacitación y formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad”. En ese sentido, planteó la posibilidad de “ampliarlo para todos y todas”. 

La diputada Claudia Ormachea (Frente de Todos-Buenos Aires) destacó también la importancia de la capacitación y la formación. “Si vos en la capacitación y la formación les marcaste una línea de impunidad y les marcaste una línea de ‘enemigo el otro’ eso perdura después y es muy difícil modificarlo”, sostuvo. La formación, consideró, debe estar “en contacto y en presencia de otros integrantes de la sociedad: obreros, estudiantes…”.

El diputado Eduardo Valdés  (Frente de Todos-CABA) trajo a cuenta el “espionaje ilegal de periodistas” y pidió que se incluya dentro de la violencia institucional.

La diputada Mara Brawer (Frente de Todos-CABA) reclamó: “No tiene tanto que ver si existe o no violencia institucional. El eje central es la pregunta acerca de qué hacen los ejecutivos ante esta violencia si la aplauden o la combaten”.

Por su parte, la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos-Buenos Aires) criticó que “durante los cuatro años del Gobierno de Macri padecimos de fuerzas de seguridad que funcionaban de manera clandestina y que formaban parte de las movilizaciones y agitaban muchas veces situaciones de violencia. Lo digo por haber participado en esas movilizaciones. Identificar claramente que quienes motorizaban la violencia no éramos los que participábamos, sino fuerzas de seguridad encubiertas”.

El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales cerró la reunión al concluir: “Los que ya tienen poder, la ley esta no les va a quitar ni les va a agregar nada, en tal caso los va a limitar en el ejercicio del poder. Lo que necesitamos es el resguardo de los más débiles”. A continuación, consideró: “Ha sido muy esclarecedor y muy importante el esfuerzo de todos ustedes”.

El proyecto

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La de este lunes fue la tercera reunión informativa que llevó a cabo el plenario sobre el proyecto impulsado por el oficialismo. Con anterioridad, habían expuesto representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de estos casos.

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados realizarán este miércoles, desde las 18, una reunión informativa sobre el proyecto de ley integral contra la violencia institucional.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Al encuentro, que será de forma remota, fueron invitados José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Néstor Miguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y Paola García Rey, de Amnistía Internacional.

También expondrán Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Victoria Darraidou, del CELS; Diana Cohen, de la Usina de Justicia; y Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad.

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Comisión de Derechos y Garantías del Senado ratificó autoridades este jueves por unanimidad en una reunión remota. Continúa como presidente Julio Martínez (UCR-La Rioja), como vicepresidente Mario Pais (FdT-Chubut) y como secretaria Ana Almirón (FdT-Corrientes).

Los senadores José Mayans (FdT-Formosa) y Mario Fiad (UCR-Jujuy) solicitaron la palabra para confirmar a las autoridades y agradecer por el período transcurrido. “La verdad que esta comisión creo que se conformó recién para septiembre y tuvieron un arduo trabajo en el tema de la Ley de Defensa al Consumidor. Les deseo éxitos para este año parlamentario”, comentó Fiad.

El flamante presidente agradeció por “la ratificación de la confianza” a todos los senadores y opinó que la comisión es “muy importante y con temas pendientes interesantes”.

Mario Pais también dió las gracias y coincidió en que “tenemos muchas iniciativas muy dispersas en materia de modificar y mejorar la legislación de protección a los usuarios y los consumidores”. Además, recordó el pendiente del proyecto en revisión por el cual “se aprobó la necesidad de reconstruir los legajos de aquellos trabajadores que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, que fueron desaparecidos”.

A continuación, la secretaria Ana Almirón mostró su gratitud y aseguró que “en todas las comisiones venimos trabajando muchísimo más que de manera presencial”. 

Como días de reunión, Martínez propuso martes y jueves a las 11 horas, aunque con posibilidad de flexibilidad. Luego, dio por finalizada la reunión.

Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que presiden los oficialistas Hugo Yasky y Pablo Yedlin, respectivamente, comenzarán este martes, a partir de las 18, con el tratamiento de un proyecto de asistencia a personas en situación de calle y familias sin techo.

La iniciativa, presentada por el legislador del Frente de Todos Federico Fagioli, se empezará a debatir con la participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Inclusión Social de dicha cartera, Laura Alonso; y la titular de la Sedronar, Gabriela Torres.

El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

El texto prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.

Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.

La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Hugo Yasky, realizó una reunión informativa en la que se debatió sobre un proyecto de ley que apunta a la recuperación de los legajos de trabajadores del sector privado desaparecidos o asesinados durante la última dictadura militar.

Representantes de organismos de derechos humanos y la exlegisladora Carla Pitiot, autora de la iniciativa, expusieron este miércoles durante un encuentro virtual.

Yasky enfatizó en la necesidad de “avanzar en una tarea que para nosotros forma parte de las políticas de restitución y de memoria, verdad y justicia”. “Es una conquista que en el sector público se pudo llevar y concretar, y todavía está pendiente en el sector privado”, señaló.

En tanto, el diputado radical Sebastián Salvador, vicepresidente de la comisión, aseguró que desde la UCR “siempre hemos defendido esta bandera de derechos humanos, de ahí provenimos, y nos parece muy importante esta reconstrucción”.

Antes de dar la palabra a los expositores, Yasky leyó una carta enviada por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, quien sostuvo que “la reparación de los legajos de carácter documental e histórico, restituye los derechos laborales de las familias de los desaparecidos o asesinados durante la última dictadura cívico-militar”.

“Cabe destacar que esta reparación no representa ninguna erogación presupuestaria para el Estado Nacional puesto que será realizado por áreas que ya están en actividad”, resaltó en la misiva y, en ese sentido, valoró el trabajo de la “Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”.

La misma fue puesta en marcha por decreto en 2012 y “a lo largo de estos años ha reparado y entregado en actos públicos 150 legajos a familiares de víctimas de más de 20 establecimientos públicos y asimismo, gracias a su labor, 26 hijas e hijos se han reincorporado a los lugares de trabajos de su madre o padre”, destacó De Carlotto.

A su turno, Carla Pitiot recordó que el proyecto fue presentado en 2019, durante su último año de mandato, pero en 2015 hubo una iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y luego quedó sin tratarse en el Senado.

La exlegisladora explicó que la iniciativa, de seis artículos, “dispone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos laborales de trabajadores víctimas de Estado, que en ese momento figuraban como personal en relación de dependencia del sector privado”.

Pitiot reconoció que “es enorme el trabajo que hace la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad”. A su vez, dijo que el proyecto “se encuentra en total concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas”.

“Esta reparación es histórica y es simbólica”, manifestó y opinó que “no es solo para las generaciones presentes sino para las generaciones futuras”.

Por su parte, Julián Scabbiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, explicó que la tarea consiste en “un circuito administrativo, abierto”, que es coordinado por la Jefatura de Gabinete junto a la Secretaría de Derechos Humanos.

“Este proyecto de ley tiene que ver con equiparar este derecho”, remarcó e informó que igualmente -sin ley- se han recuperado “más de 100 legajos” de privados, en un proceso donde “las empresas han colaborado”.

Scabbiolo dijo que “hay una historia para reconstruir”, por los familiares y los excompañeros de trabajo de los detenidos-desaparecidos, y consideró que es necesario “para que los trabajadores y trabajadoras del presente sepan lo que pasó en cada lugar”.

Con un enfático pedido para que el proyecto se convierta en ley, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó que “nuestros queridos desaparecidos que trabajaban en reparticiones privadas tienen derechos”.

En un agradecimiento especial a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, la dirigente afirmó que “llevan adelante las tres patas de la lucha: memoria, que se los recuerde; verdad, que no es que renunciaron o que porque faltaban los dieron de baja. No. Son desapariciones forzadas, son detenidos desaparecidos, esa es la verdad. Y justicia, la que hace a nuestros hijos detenidos desaparecidos al devolverle el verdadero motivo y que conste en el legajo”.

En su rol de secretario de derechos humanos de la CGT, Julio Piumato pidió que la iniciativa “rápidamente tenga media sanción y este año pueda convertirse en ley”. A su vez, ponderó el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo a “la tarea que se hace en Argentina por dejar presente nuestra historia”.

“Una vez aprobada esta ley va a ser una tarea ardua la reconstrucción”, pronosticó, por eso observó que “ahí tendrán que estar las asociaciones sindicales junto a los organismos y familiares”. “Reconstruir la historia laboral de nuestros mártires es una tarea fundamental”, agregó.

También expusieron Esteban Santamaría Esteban, hijo de un trabajador de Xerox detenido-desaparecido; Victorio Paulón, intersindical de DD.HH.; Tano Santucho, de Abuelas de Plaza de Mayo; Carlos Pisoni, de la Agrupación Hijos; y Urieta Marieta Ruso, de SITRAJU-Tucumán.

Con un relato personal, la diputada oficialista González reveló: “He tenido que hacer un gran camino de reconstrucción de la historia de mis viejos para saber quién soy, para hoy recién a los 44 años estar en condiciones o a meses de poder tener mi apellido paterno en mi partida de nacimiento y, por ende, en mi documento”.

“Por supuesto que el compromiso para que esto salga está”, aseguró y añadió que “para nosotros la política de memoria, verdad y justicia es innegociable” y “todo lo que implica la reconstrucción es fundamental”.

Reclamos de la oposición

Los legisladores de los distintos bloques que intervinieron durante la reunión manifestaron su respaldo al proyecto con unanimidad. No obstante, en el final del encuentro, desde la oposición reclamaron que la comisión trate los temas de violaciones a los derechos humanos que han sucedido en el último tiempo.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño solicitó: “Tratemos y debatamos temas que hacen a casos de gatillo fácil, de violencia policial”. Mencionó entonces “la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro” y pidió invitar “a familiares de las víctimas, también de Luis Espinoza, Ceferino Nadal”.

En tanto, la radical Gabriela Lena sostuvo que “la pandemia nos ha demostrado, entre otras cosas, la cantidad de violaciones a los derechos humanos durante el tiempo de coronavirus”, tales como “la falta de libertades de circulación en distintas provincias, que han impedido que familiares se reúnan antes de la muerte; desapariciones forzadas y muertes, obviamente que el que más tenemos a la vista es Facundo Astudillo Castro, pero hay un montón de otros casos y no podemos hacernos los tontos”.

También desde la UCR, Karina Banfi enfatizó que “es importante que le demos un curso a los temas actuales en materia de derechos humanos que estamos atravesando”. Recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, informó cuando se presentó ante la comisión que durante la cuarentena hubo 531 denuncias por violaciones de derechos humanos, cuando antes del aislamiento “habían llegado a 71”. “Estamos en una emergencia en relación a nuestras garantías y libertades”, sentenció.

Finalmente, la radical Brenda Austin señaló que en los últimos meses ocurrieron “más de 17 asesinatos y situaciones de abuso por parte de las fuerzas de seguridad”. “Estoy en una Córdoba que se ha visto profundamente conmocionada con el asesinato de Valentino Blas Correa, un joven que fue baleado por la Policía de Córdoba”, dijo.

Y solicitó que teniendo en cuenta que los funcionarios hablaron de una ley contra la violencia institucional, “nos acerquen un borrador, nos comiencen a hacer parte de la idea que tienen, porque creemos que es urgente que Argentina dé respuestas y se entienda que este tiene que ser un debate federal”.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, anunció este miércoles que presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, quien habló sobre la posibilidad de un golpe de Estado.

Al comenzar la reunión, en la que se debatió sobre un proyecto de ley para la reparación de los legajos de los trabajadores detenidos-desaparecidos del sector privado, el diputado radical Sebastián Salvador trajo el tema al sostener que esas declaraciones “nos parecen lamentables, desafortunadas y fuera de lugar”.

“No sabemos si tiene información, de dónde las saca o por qué las dice”, señaló el bonaerense y ratificó que desde el bloque de la UCR “siempre” estarán “del lado de la democracia”.

Yasky dijo entonces que se presentó “un proyecto de declaración para que haya un repudio del Congreso de la Nación a estas expresiones”.

“Quienes provenimos de la lucha por la defensa de los derechos humanos, del movimiento sindical, sabemos lo que significa la dictadura militar y el terrorismo de Estado”, manifestó el legislador del Frente de Todos.

Asimismo, el dirigente sindical destacó que “hemos logrado ser el único país del mundo que logró enjuiciar a sus genocidas” y donde “la memoria, verdad y justicia tiene el carácter de una de política de Estado”.

“El único país en que cada año, al recordarse la fecha del golpe de Estado (24 de marzo), millones de argentinos se movilizan en todas las provincias y en la Capital Federal, y esto hay que atesorarlo”, añadió.

En declaraciones a Radio 10, Duhalde expresó que “cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? A sangre”. “Si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso anárquico en la Argentina, yo lo viví en el ’76”, disparó el exmandatario, que luego en otra entrevista habló de que el próximo año no va a haber elecciones.

Al presentarse este viernes ante un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Sabina Frederic informó que desde el inicio de la cuarentena se denunciaron 39 casos de violencia institucional.

La ministra de Seguridad nacional señaló que ese es el número de episodios en el que estuvieron involucrados efectivos de las fuerzas federales. “El personal implicado suma un total de 96; personal que pasó a disponibilidad, involucrado en estos hechos, seis; y el total de acciones disciplinarias en curso, 10”, precisó.

Además, enumeró que 20 tuvieron que ver con la Gendarmería Nacional; nueve con la Policía Federal Argentina; siete con la Prefectura Naval Argentina; y uno con la Policía Aeroportuaria.

Sobre los hechos cometidos por cuerpos de las policías provinciales, la funcionaria remarcó que “corresponde a cada una de las jurisdicciones” que “tienen autonomía respecto a cómo conducen sus policías”.

No obstante, subrayó: “Al tomar conocimientos de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se contactó con las autoridades provinciales”.

Además, Frederic manifestó que esta situación se convirtió en “un tema de agenda determinante en dos reuniones del Consejo de Seguridad Interior”, donde las provincias informaron sobre las acciones disciplinarias iniciadas al respecto.

La ministra apuntó que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja sobre si las jurisdicciones “tienen programas específicos que propicien el uso racional de la fuerza”, al tiempo de enviar protocolos, guías y recomendaciones. “Hay que responder de forma inmediata, adoptando todas las medidas correspondientes que sean necesarias”, sostuvo.

E insistió: “Rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional y debemos ser inflexibles ante la aparición de algún hecho”. En ese sentido, agregó que hay que erradicar también “formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas como el racismo o la discriminación”.

El trabajo de la cartera contra la violencia institucional

En el marco de la reunión informativa, que fue convocada bajo el título “Hacia una Ley nacional contra la Violencia Institucional”, Frederic afirmó que para la cartera que conduce “el ejercicio del control de la violencia institucional es un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrática y, consecuentemente, de una sociedad más justa y segura”.

“El control y la prevención de la violencia institucional es una política transversal”, enfatizó y expresó que desde el Ministerio se actúa sobre la aplicación de las sanciones correspondientes, la prevención, la confección de protocolos, la articulación con las organizaciones, el monitoreo de las condiciones de detención y la redacción de recomendaciones, entre otras acciones.

También hay una dirección de control y prevención de estos hechos, donde se reciben peticiones y denuncias, al tiempo que se amplió la línea 134 de atención y los mails institucionales. En cuanto a formación, la funcionaria destacó la capacitación reciente de 1207 funcionarios de las cuatro fuerzas federales.

“Para el Estado Nacional, para la Argentina en su conjunto, es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

La funcionaria recordó que este viernes “se cumplen 100 días” sin saber el paradero del joven -oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro- y resaltó: “Para nosotros es absolutamente importante describir todo lo que ha hecho el Estado, el Poder Ejecutivo, para dar con su paradero, que para nosotros es central”.

En ese sentido, Frederic brindó un repaso cronológico de la intervención que las cuatro fuerzas federales (Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria) tuvieron durante estos meses en la búsqueda de Astudillo Castro.

Además, resaltó que los recursos del Ministerio “han estado, están y seguirán estando para la búsqueda realizada a raíz de su posible desaparición forzada”.

La ministra señaló que la cartera que conduce “no lleva adelante la investigación del caso que, por otra parte, se encuentra bajo sumario”, sino que “interviene a pedido de la justicia federal de Bahía Blanca”.

Frederic insistió que entre los “muchos de los recursos que ya se han puesto en acción”, el caso del joven “fue cargado en el sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas para dar intervención a todas las juridiscciones del país”.

La funcionaria recordó que Astudillo Castro “fue visto por última vez el día 30 de abril”, cuando camino a la casa de su novia fue detenido por la Policía Bonaerense. “El 5 de junio su madre realizó la denuncia y comenzó a intervenir la unidad fiscal de Bahía Blanca”, continuó.

Luego detalló que el 25 de junio el Ministerio toma parte “ante la hipótesis de gravedad institucional que se denunciaba” poniéndose “a disposición de la justicia provincial”, y la causa se retransmitió a nivel nacional. “El 8 de julio la causa pasó al fuero federal, bajo la caratula de desaparición forzada”, indicó.

La ministra agregó que “entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto se realizaron diversas pericias en torno al teléfono” del joven, y “hasta el día de hoy continúan las tareas de rastrillaje en lugares específicos que surgen de la investigación judicial”.

Hacia el final, ratificó “el compromiso del Estado Nacional con los organismos internacionales”, entre ellos “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos exigió hace casi un mes un informe de las acciones realizadas”.

Y añadió que se trabaja para que el Banco Nacional de Datos Genéticos “es también de utilidad para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas”, o bien, se realice la creación de un banco de cotejo genético para estos casos.