En una breve reunión, celebrada en el Salón Arturo Illia, de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, presidida por el riojano Julio Martínez (UCR), se le dio tratamiento al proyecto sobre información crediticia, a uno de resolución y 15 de declaración.

El proyecto de ley, que volvió a Comisión, fue impulsado por la senadora opositora Lucila Crexell (Neuquén) apunta a la modificación del artículo 26 de la Ley 25.326 de Protección de datos personales, respecto del requerimiento de la información crediticia por parte de archivos, registros y bancos de datos.

En tanto, el de resolución, propuesto por la misma legisladora tiende a modificar el observatorio de derechos humanos y de objetivos para el desarrollo sostenible en el Senado de la Nación, incorporando la adaptación, implementación y seguimiento de la aplicación de los objetivos de la agenda 2030.

Por último, Martínez adelantó que se reimpulsará un proyecto de ley de defensa al consumidor “que tiene una amplia coincidencia”, y cuyo tratamiento inicial tendrá lugar en dicha Comisión.

En una reunión plenaria de las comisiones de Derechos y Garantías y de Trabajo y Previsión Social del Senado, se dictaminó este martes un proyecto de ley que incorpora la condición de “desaparecido-detenido” en los legajos de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado estando en relación de dependencia en el sector privado, con media sanción de Diputados. Luego, la Comisión de Trabajo, presidida por Daniel Lovera (FdT–La Pampa), pasó a la firma otras cinco iniciativas.

Sobre la iniciativa referida a los legajos laborales, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Julio Martínez (UCR-La Rioja), recordó que “esto ya se venía tratando en su momento con el sector público, había pedido estado parlamentario. Han pedido por él distintos sectores como las Abuelas de Plaza de Mayo”.

En tanto, Lovera explicó que “este proyecto ya fue sancionado, por eso viene con media sanción del 11 de noviembre del 2020. Hay una norma similar que se encuentra vigente ya para los trabajadores del sector público. Una de las particularidades que tiene es que en el artículo 6 incluye a todas las entidades sindicales y organismos de derechos humanos a colaborar en la identificación de las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Nuestro bloque va a acompañar”.

“La idea es contribuir a que haya memoria, verdad y justicia”, expresó Mariano Recalde (FdT–CABA), y agregó: “Lo que sucedió con muchos trabajadores que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que fueron detenidos y desaparecidos es que no volvían a su trabajo y las empresas los despedían y se daba la finalización del vínculo laboral; porque no volvían figuraban como abandono de trabajo, y se busca reparar eso y que se ponga la verdad en la mesa, para que se haga justicia y respetar la memoria”. “Que se haga este acto de reparación simbólica”, abogó.

Finalizada la reunión conjunta, la Comisión de Trabajo analizó el proyecto de la senadora Beatriz Mirkin (FdT–Tucumán) que incorpora a la Ley 26.844 -de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares- la obligación por parte del/la empleador/a de contratar a favor del personal un seguro de vida colectivo. “La idea central es igualar o poner en las mismas condiciones a las trabajadores de casas particulares con el resto de los trabajadores que tienen la ART y tienen un seguro de vida. En el caso de las mujeres de casas particulares no cuentan con seguro de vida y obviamente ocurre que tienen fallecimientos que no tienen cómo cubrirlos. La idea era adecuar dándole esa misma oportunidad y ampliar los derechos”, manifestó la impulsora de la iniciativa.

Por consiguiente, se analizó el proyecto del legislador Juan Mario Pais (FdT–Chubut) que sustituye el artículo 235 de la Ley 20.744 -Contrato de Trabajo-, respecto de la obligatoriedad de efectuar la notificación del preaviso por escrito. “Ya tuvo medida sanción en el Senado, pero en Diputados perdió estado parlamentario. Básicamente lo que se pide es que el preaviso cuando se notifique tenga una fecha. La ley actual prevé que el preaviso debe notificarse por escrito sin perjuicio de lo cual no prevé ningún tipo de modalidad de que se pueda obtener fehaciencia de la oportunidad del aviso”, explicó.

Y continuó: “El preaviso tiene consecuencias jurídicas importantes. Primero establece un plazo previo que puede ser de un mes o de dos meses por el cual el trabajador está avisado que se va a prescindir de sus servicios y ese aviso genere el derecho a dos horas de inasistencias para poder buscar otro trabajo y, en el caso que no se cumpla, se dé una indemnización”. “La actual legislación no prevé una forma fehaciente de notificación y hace que el trabajador sea víctima por parte de los empleadores. Es algo que no tiene costo alguno, sino que se busca que se establezca un requisito similar al de la renuncia porque se necesita acreditar la certeza y la voluntad del trabajador. Que sea a través de un escrito”, señaló el senador.

Por su parte, la senadora chubutense Nancy González (FdT-Chubut) explicó el proyecto de ley sobre régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado: “Es un proyecto de larga data y está destinado a los trabajadores que prestan servicio en la industria del pescado y subproductos. Trabajar en plantas pesqueras que trabajan en el frío, en malas condiciones, y llega un momento que no pueden seguir prestando servicios. Hay informes médicos de las enfermedades que sufren los trabajadores al estar expuestos, lo que le produce problemas de artrosis”. Entonces, defendió que se propone “una jubilación anticipada desde los 55 años, con 30 años de aportes, y se combine con otros regímenes, pero el 60% de esos aportes sea trabajando en la industria pesquera”.

Por último, se trataron dos proyectos cuya autoría son de Lovera. Uno propone modificar el artículo 15 de la Ley 25.191 de trabajadores rurales, respecto de actualizar los montos de las multas por incumplimiento y destinar lo recaudado a la capacitación de los trabajadores, por intermedio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

 “Esta norma lo que hace es que, a pesar de realizar las modificaciones, lo que pasó es que no introdujo cambios en el régimen de sanción y quedó desvirtuado con el paso del tiempo y el proceso inflacionario hizo que las multas quedaran desactualizadas. Han pedido que los valores vigentes que están desde 1999 se actualicen. También que la recaudación de esas multas se destine a capacitaciones y actividades formativas llevadas a cabo por el Renatre”, puntualizó.

El otro proyecto busca crear una la línea telefónica gratuita con alcance nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y el trabajo adolescente irregular, respecto de lo cual el presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que “se busca que sea una línea gratuita, con denuncias de forma anónima para la detección temprana, de contención, prevenir y erradicar el trabajo infantil y adolescente”.

Durante una reunión que se extendió por más de tres horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado debatieron este martes proyectos de ley que buscan limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y también privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación y empresas de seguros, entre otros-.

Hacia el final del encuentro, con la venia de Oscar Parrilli, autor de las iniciativas, oficialismo y oposición acordaron que los asesores trabajen en una serie de modificaciones a los textos y se llegue a un pre-dictamen para el próximo viernes, cuando se retomará el cuarto intermedio, estableció la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, al argumentar que a partir del 19 de julio habrá receso invernal hasta el 30.

Además, a pedido de la macrista Laura Rodríguez Machado, en la reunión del viernes -antes de pasar a la firma los despachos- se convocará al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y a representantes de escuelas privadas, para que aporten su opinión.

Sobre este último sector, el cordobés Ernesto Martínez pidió excluir a la educación de gestión privada de esta ley, y Parrilli aseguró que “de ninguna manera tenemos interés de perjudicar a la educación y mucho menos a los padres”, con lo cual se evaluará la propuesta.

Al abrirse la reunión, Parrilli sostuvo que “la especulación financiera se ha transformado en el mundo en una de las acechanzas y amenazas que tienen todos los países desarrollados y subdesarrollados”, algo que se “recrudeció con la pandemia”. “El sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir”, opinó.

El legislador oficialista resaltó que muchas veces “los servicios públicos se prestan de manera monopólica y por una concesión que el Estado les brinda”, y aplican “una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación”.

“En muchos casos nos encontramos con que había cargos financieros, cargos por mora, por no pago en término, por envío de intimación, por reconexión del servicio”, observó, y explicó que esto genera el hecho de que “un ciudadano, o una empresa, o un club, lo que fuere, no pague su factura” y se genere “un grave perjuicio, en beneficio obviamente del prestador, que nosotros consideramos abusivo, excesivo, y que responde a una rentabilidad que no responde a la prestación de servicios”.

La postura de los expositores

El primero en exponer fue Sergio Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor, quien celebró las iniciativas que tiendan a “la visibilización de la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores”. El funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que tener a parte de la población sobreendeudada “es tener a parte de nuestra sociedad excluida del consumo”.

“Creemos que muchas de las soluciones que se proponen son interesantes”, avaló y dijo que en los proyectos “debe centrarse la mirada principalmente en la figura de los consumidores”, al tiempo de contar con “una perspectiva federal, que implique no sólo la intervención de las autoridades nacionales de aplicación, sino también de las locales”.

Por su parte, Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisiones Regionales de tarjetas de crédito y consumo no bancarias, resaltó su representación en nombre de las PyMEs del interior que atienden a 17 millones los usuarios de tarjetas, que representan el 30%, y “son todos usuarios del interior del país, de un segmento de bajos ingresos o ingresos informales, que no son atendidos por los bancos”.

“Nuestra tasa de interés ya está regulada por la ley y el Banco Central”, subrayó y, en ese sentido, expresó que “especulación no podemos hacer”. “El 30% del mercado de tarjeta de créditos está asentado en los emisores no bancarios. Hoy, la tasa de interés es un dolor de cabeza porque nuestra rentabilidad está justa o incluso negativa”, continuó.

En su intervención, Etchegoyen se refirió también a las comisiones que “necesariamente deben tener previa autorización del Banco Central”. “El margen de nuestro sector, prácticamente en los últimos 10 años, en Argentina se ha ido deteriorando y corre riesgo este negocio”, agregó y opinó que avanzar con estos proyectos logrará “incentivar el comercio en negro y la caída de la recaudación”.

A continuación habló Gonzalo Rodríguez, abogado especialista en derecho del consumidor, quien explicó que “el endeudamiento del consumidor para acceder a los bienes y servicios” se debe a una “falta de regulación” en el mundo. “Estos proyectos reconocen que el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios es mucho más que la mera protección del sujeto individual consumidor destinatario final, los proyectos vienen a regular un mercado”, consideró.

Sobre la iniciativa referida a las tasas de interés de servicios privados, apuntó que “si lo que se busca es prevenir situaciones de sobreendeudamiento está faltando un actor que son los proveedores no financieros de crédito, empresas que se dedican al préstamo de dinero”.

En la línea de Etchegoyen, César Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito (ATACYC), señaló que este “es un sector muy regulado, ya desde el año 1999 tenemos tasas máximas y aranceles” y “es el único sector de la economía que paga impuesto a los Débitos y Créditos por administrar fondos de terceros”.

Además, aseveró que el año pasado, con la llegada de la pandemia, hubo “una cantidad impresionante de regulaciones adicionales para el sector. Hubo varias normas del Banco Central bajando tasas de intereses, el congelamiento de comisiones” y ” todas ellas claramente para beneficiar a los consumidores y que permitieron sobrellevar la situación de los consumidores”.

Bastien estimó que de salir el proyecto se incrementará la pérdida de las empresas a partir de una tasa menor al costo de los fondos; se desincentivará el pago de los usuarios; el cambio en la fecha de cobro generaría pérdida económica y problemas operativos sin mejorar la posibilidad de pagos de los usuarios; y se generará menor oferta de préstamos, sobre todo para los segmentos socioeconómicos más vulnerables.

Otro de los invitados fue Rubén Morcecian, abogado especialista en contratos, quien opinó que “hay situaciones de emergencia, de excepción, que hay que atender” y que el “fenómeno mayor del sobreeendeudamiento de las personas humanas” viene desde la crisis del 2008.

“No hemos podido obtener todavía un instrumento legal que le permita a los ciudadanos endeudados resolver razonablemente su situación, que no sea anunciar su propia quiebra; hoy tenemos la quiebra del jubilado, la quiebra del ama de casa, del policía en el interior del país, del empleado público”, graficó.

Luego fue el turno de Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, quien mantuvo un picante cruce con Parrilli. Sobre los proyectos, advirtió que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir” entre los usuarios no morosos.

Adrián Ganino, de la dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, sostuvo que “no podemos trasladar el riesgo que implica llevar adelante diferentes actividades comerciales a los usuarios y consumidores finales, en este aspecto de cuidar los intereses, la salud y el trato digno del que nos habla el artículo 42 de la Constitución”.

“Es claro que necesitamos un marco normativo”, apoyó y observó que “no se trata de limitar las ganancias, sino que el consumidor y usuario sea protegido con la idea que pueda sanear su situación económica” y se pueda “volver a insertar en el mercado”.

En representación de los bancos, Alejandro José Pérez, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), alertó que “Argentina es uno de los países con menor grado de bancarización del continente y con tendencia bajista”. “El proyecto bajo análisis regula el mercado de créditos y por ello es necesario tomar los recaudos para evitar que se deteriore aún más el grado de bancarización”, prosiguió.

Pérez manifestó que “el sistema financiero actualmente tiene problemas de rentabilidad”, al tiempo que precisó que “respecto a la mora del sistema financiero, el índice asciende a solo al 4,2% de morosidad” en abril. “Cuando algún deudor tiene problemas para honrar sus compromisos, las entidades financieras se ponen en contacto con ellos a fin de buscar una solución para que el cliente pueda regularizar su situación. Siempre se busca una solución de común acuerdo con los deudores y en el 99% de los casos se lo alcanza”, añadió.

En tanto, Hugo Bruzone, asesor de Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), enfatizó que “estamos en un sistema que ya de por sí es muy regulado y con números de mora que no marcan que ésta se haya incrementado visiblemente”. “El proyecto engloba dos universos que son totalmente distintos: por un lado están los préstamos en dinero y por otro lado están los servicios públicos”, diferenció.

“El proyecto habla de interés moratorio y prohíbe los punitorios y hay muchos contratos escritos que pueden haber usado distinto lenguaje, entonces creo conveniente que lo que se regule comprenda tanto a intereses compensatorios o punitorios”, agregó.

Finalmente, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat expresó: “Me parece sustancial que se invoque en los fundamentos al artículo 42 de la Constitución Nacional porque las precisiones que contiene le van a dar un soporte normativo de mayor jerarquía en caso de una impugnación del valor constitucional de estos proyectos”. Asimismo, sugirió hacer “menciones al artículo 1ro. de los dos pactos internacionales” de la ONU y propuso cambios en la redacción de las iniciativas.

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados firmó dictamen este martes sobre el proyecto de resolución que expresa el beneplácito por la postulación de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA -Escuela Superior de Mecánica de la Armada-, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, “por constituir un símbolo de la importancia de la persuasión y el consenso social como medios para obtener justicia, dado su valor universal excepcional como testimonio del terrorismo de Estado perpetrado por el gobierno de facto de la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983”. En la reunión, además, se aprobó dictamen a una convención en contra de la discriminación y se expuso un proyecto de ley para eliminar la discriminación por razones de edad.

También dio dictamen favorable al proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. La diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba) celebró la aprobación de las convenciones contra la discriminación y explicó que “es una iniciativa ya de vieja data, simplemente para recordar en el año 2013 en Guatemala se avanzó con la firma de estas convenciones tan importantes para robustecer y reforzar las herramientas que tiene el marco Interamericano en la defensa de los Derechos Humanos en la región”.

Además, la legisladora radical recordó: “En el año 2018 de la mano del presidente Macri con su canciller ingresó en esta cámara allá por febrero y desde entonces estamos a la espera del tratamiento en las comisiones”. Austin también pidió que “la ratificación de estas convenciones no sea solamente un acto formal sino que venga de la mano de un compromiso de la Argentina”.

Karina Banfi (UCR-Buenos Aires), por su lado, se identificó de manera personal con la iniciativa. “Yo soy de una familia interracial. Mis hijos son afrodescendientes, nacieron en Haití. Y vivimos en una comunidad de chicos y chicas que también nacieron en Haití y hoy son argentinos y pertenecen a esta sociedad”, relató.

Por eso, expresó: “Espero que hoy con este paso de poder llevar este proyecto que además va a salir por unanimidad podamos generar una sociedad mucho más tolerante con el otro, con el diferente”.

A continuación, en una segunda parte de la reunión, la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) expuso su proyecto de resolución y declaración sobre la eliminación de toda forma de discriminación por razones de edad en el marco del aislamiento social decretado por la pandemia del Covid-19. 

La legisladora del oficialismo pidió “iniciar una conversación que nos lleve a que todos y todas sintamos que estamos dándole a la sociedad una herramienta con la cual luchar contra los viejismos y contra el edaísmo y poder pensar las vejeces como vejeces activas, deseantes, plenas, que puedan seguir ejerciendo sus derechos, más allá de lo que la sociedad ha determinado que es un límite en el cual preferimos no hacernos más cargo de esos seres humanos que ya no sabemos para qué están dentro del sistema en el cual está armado”.

El senador radical riojano Julio César Martínez y su par del Frente de Todos Juan Mario Pais (Chubut) fueron elegidos presidente y vice, respectivamente, de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

La elección de las restantes autoridades de la comisión quedó pendiente para el próximo encuentro. Oportunamente también se establecerá el temario de trabajo de los legisladores. Aunque a priori, tanto el presidente de la comisión, como su vice, expusieron diferentes criterios alrededor de la Ley de Defensa del Consumidor y de modificaciones que deberían realizarse.

Martínez destacó que “hay muchos proyectos en carpeta y que la comisión entiende en temas de ampliación de derechos, temas de consumidores, temas de servicios”. Exhortó a los restantes integrantes diciendo que “la comisión tendrá la importancia que le queramos dar”.

Participaron del encuentro, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT); por Chaco, María Inés Pilatti Vergara (FdT); por Jujuy, Guillermo Snopeck (FdT); por Catamarca, Dalmacio Mera (FdT); por Tucumán, Beatriz Mirkin (FdT); por Chubut, Alfredo Luenzo (FdT); por San Juan, Cristina López Valverde (FdT); por Chubut, Juan Mario Pais (FdT); por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT); por San Luis, María Eugenia Catalfamo (FdT); por Jujuy, Silvia Giacoppo (JxC); por Jujuy, Mario Fiad (JxC); por Entre Ríos, Stella Maris Olalla (JxC); por Buenos Aires, Gladys González (JxC); por San Juan, Roberto Basualdo (JxC) y por Neuquén, Carmen Lucila Crexell (Bloque Movimiento Neuquino).