De pasar a la firma, el recinto quedará habilitado en una semana y Diputados deberá resolver la sanción en dos días. El Acuerdo fue avalado por la jueza neoyorquina Loretta Preska en marzo pasado. Cuándo fue el inicio de ambos litigios.
Foto: Comunicación Senado
Luego de no ser tratado en el recinto y devuelto a comisiones en el arranque de la sesión ordinaria del jueves pasado, el Senado volvió a convocar el plenario de Economía Nacional e Inversión junto a Presupuesto y Hacienda para pasar a la firma el despacho del Acuerdo de Conciliación con Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund Lp. La reunión fue convocada para este martes 19 de mayo a las 16.00.
El primer expediente considerado por la Cámara alta fijaba como fecha límite al próximo 30 de abril del 2026. Sin embargo, el Poder Ejecutivo de la Nación envío un segundo expediente el jueves pasado -minutos antes de que se lleve a cabo la sesión- donde se informó que el acuerdo de pago entre las partes para se extiende hasta el 30 de mayo próximo.
El nuevo texto, según se menciona en el texto que el Gobierno nacional mandó al Senado el pasado 14 de mayo, lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Ruben Kliksberg.
El Acuerdo de Conciliación para cancelar el pago de bonos ronda los U$S 175.000.000 que le son reclamados al Estado argentino tras ser avalados por la Justicia de los Estados Unidos en marzo de año pasado. Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016, respectivamente.
El plan del oficialismo es que ese martes Martín Goërling Lara y Agustín Monteverde, titular de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda, pasen a la firma el despacho, el cual quedará habilitado para ser llevado al recinto a partir del martes 26. Luego, Diputados tendrá tres días para realizar un plenario, dictamen exprés y sancionarlo definitivamente en sesión especial.
El acuerdo entre las partes que avaló la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos se alcanzó en marzo pasado cuando el Estado argentino llegó a un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó la reestructuración de la deuda en default y que mantiene una disputa judicial con la República Argentina desde 2016. La Justicia de Estados Unidos ya falló a su favor y le reconoció el cobro de 95.000.000 de dólares más cargos en concepto de intereses.
Por otro lado, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, sostiene un litigio con la Argentina desde el 2014 por el cobro de deuda soberana adquirida luego de su fundación en 2012.
Se trata de holdouts que no ingresaron en acuerdos alcanzados anteriormente. El plazo para su aprobación era el 30 de abril, pero el oficialismo busca dar una señal.
El próximo miércoles, mientras Manuel Adorni exponga en Diputados, el oficialismo en el Senado buscará un dictamen clave: el del proyecto de ley por el cual se aprueban Acuerdos de Conciliación celebrados con dos holdouts que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros fondos buitre.
Desde las 11.30 se llevará a cabo en el Salón Azul un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía e Inversión Nacional, la cual primero deberá constituirse.
La iniciativa fue enviada el pasado 20 de abril, pese a que en los argumentos se informó que "los acuerdos establecen como fecha límite de cierre ("Outside Date") el 30 de abril de 2026". Sin chance de que las cámaras puedan tratarlo antes de ese plazo, la señal clave será poder firmar el dictamen.
Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmando en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.
"La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas", advirtió el PEN en los fundamentos sobre los plazos.
Por otra parte, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
"La decisión estatal de avanzar en la normalización de los servicios de la deuda pública vinculada a los títulos alcanzados por condenas en tribunales internacionales se ha mantenido de manera concordante en la Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, a continuar con la normalización de los servicios de la deuda pública", fundamentó el Gobierno.