La Comisión de Economía y Desarrollo Regional llevó adelante una reunión informativa sobre “Soberanía y Arraigo”, en la que especialistas, representantes del sector productivo y legisladores analizaron los posibles efectos de las modificaciones a la Ley de Tierras que se discuten en el Senado. Hubo advertencias sobre la extranjerización de la tierra y el impacto en los productores nacionales.
La Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa para analizar la temática “Soberanía y Arraigo: Riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”, en el contexto del debate sobre la normativa que actualmente se desarrolla en el Senado.
Al abrir el encuentro, el presidente de la comisión, Luis Basterra (Unión por la Patria), explicó que la convocatoria respondió a la necesidad de abordar “un tema que es de máxima actualidad”, destacando la relevancia que el asunto ha adquirido en distintos sectores de la sociedad.
“Entendiendo la responsabilidad que nos cabe en esta Comisión, hemos propuesto esta reunión informativa sobre la base de lo que se está discutiendo”, señaló el legislador, quien remarcó la importancia de escuchar opiniones y visiones de especialistas y actores vinculados a la problemática.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Pablo Ansaloni expresó que el bloque oficialista no acompañaría formalmente la reunión debido a que aún no se conoce el dictamen que será tratado en el Senado. No obstante, sostuvo que consideraba necesario participar del encuentro para escuchar a los distintos sectores involucrados.
“Vamos a llevar adelante la reunión y el debate que sea necesario para encontrar un punto de encuentro. Soy un hombre del interior y me preocupa también, igual que a cada una de las personas, lo mejor para Argentina”, afirmó.

Entre los expositores invitados, el profesor e investigador Aldo Casella sostuvo que la discusión gira en torno a la necesidad de evitar la conformación de grandes extensiones territoriales con elevados niveles de autonomía económica. En ese sentido, planteó que el objetivo de la regulación debe ser impedir la concentración de grandes superficies en manos de actores con gran poder financiero y cuestionó el avance de proyectos impulsados mediante sociedades vinculadas a gobiernos extranjeros.
Luego expuso Florencia Gómez, abogada y coordinadora de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, quien recordó el amplio consenso político que acompañó la sanción de la Ley de Tierras en 2011. Según señaló, en aquel momento existía una coincidencia generalizada respecto de la necesidad de establecer límites a la extranjerización de la tierra y manifestó su preocupación ante la posibilidad de flexibilizar esas restricciones.

Por su parte, el diputado Oscar Herrera Ahuad (UP) aportó la mirada de Misiones y advirtió sobre la necesidad de contemplar las particularidades regionales. El legislador destacó que se trata de una provincia con una alta ruralidad y una fuerte dependencia de la producción agropecuaria, además de compartir extensas fronteras con Brasil y Paraguay.
En la misma línea crítica, Pedro Peretti, exdirector de la Federación Agraria Argentina, consideró que el límite actual del 15% de tierras en manos extranjeras ya es elevado y opinó que el debate debería orientarse a reducirlo. Asimismo, alertó sobre los riesgos que, a su entender, podría generar una mayor apertura a la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Finalmente, Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuestionó el proyecto en discusión y sostuvo que las modificaciones propuestas no contribuirían al desarrollo productivo ni al arraigo rural. Según expresó, la iniciativa favorecería a grandes grupos económicos y empresas transnacionales.
La reunión permitió reunir posiciones de especialistas, dirigentes rurales y legisladores en torno a una discusión que atraviesa cuestiones vinculadas con la soberanía territorial, la producción agropecuaria y el desarrollo regional, en momentos en que el Congreso debate posibles cambios en el régimen de propiedad de la tierra.