Productores yerbateros preocupados por la situación del sector y representantes del INYM que defendieron la desregulación, fueron las posturas que se escucharon este jueves en la Cámara de Diputados durante una reunión que se extendió por largas horas.

El plenario de las comisiones de Economía y Economías Regionales, presidido por Julia Strada y Luis Basterra (Unión por la Patria), respectivamente, se llevó a cabo en la Sala 1, donde asistieron trabajadores, empresarios y funcionarios del Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuyas facultades para -entre otras- fijar un precio mínimo se desregularon por el decreto de necesidad y urgencia 70/23.

Los oradores fueron más de una docena y tras la exposición de todos comenzó el intercambio entre los diputados del oficialismo y la oposición, que se manifestaron a favor y en contra de la desregulación del mercado.

En primer lugar, Ángel Ozeñuk, referente del sector yerbatero de la zona norte de Misiones, señaló que "no se puede pasar por alto una ley", en relación a la que creó el Instituto Nacional de la Yerba -INYM- (N°25.564), y resaltó que "se tiene que cambiar por algo que sea superior, no inferior", en relación a la profunda modificación que se hizo mediante el DNU 70/2023.

A continuación, recordó que "en abril de 2023 la hoja verde puesta en secadero se estaba pagando 400 pesos, teníamos una corresponsabilidad gremial de 13,5 pesos y el gasoil a 190 pesos el litro. Un productor necesitaba dos kilos de hoja verde". "Hoy, en la actualidad, el productor necesita 11 kilos y medio para un litro de gasoil", comparó.

Ozeñuk subrayó que "muchas empresas se hicieron grandes gracias al pequeño productor" y "esas empresas hoy en lugar de ayudar al productor le están quitando la posibilidad de que el productor mejore en su chacra".

A su turno, Manfredo Seifert, gerente de Producción de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Limitada, mencionó que "en la década de los '90 la actividad se desreguló igual que en el 2023 por el decreto 70, con el mismo argumento de los economistas de ahora, de que los mercados imperfectos se ordenan por sí solos y decían que hay que dar libertad. Si esto fuera cierto, en los '90 no hubiéramos terminado en la peor crisis de la historia de la actividad", sin embargo, de esa experiencia "podemos decir que el mercado no se ordena solo".

"La crisis no solamente es en el productor, sino en toda la cadena, al resto de la economía provincial y al propio Estado, realmente lamentable", expresó y afirmó que "en este tipo de mercado no es solamente la oferta y la demanda la que define el precio, sino que prevalece siempre el poder dominante del comprador y del más fuerte de la cadena. Antes con el INYM consensuábamos un precio". "La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más salvaje y concentrado", enfatizó.

Por su parte, Ana Cubilla, Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, advirtió: "Nos estamos yendo todos del país, nos estamos yendo a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas. Los productores se pueden quedar sin trabajadores".

En ese sentido, la representante de los trabajadores habló de "una problemática social muy fuerte" que se traduce en "una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU, porque a partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas, la vida de la mayoría de las familias misioneras. Trajeron la destrucción con este DNU 70/23".

Presidente hace cinco meses del INYM, Rodrigo Correa reveló: "Al asumir nos encontramos con un organismo sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática". Sobre el Instituto, dijo que "hubo un 40% de aumento de la planta de trabajadores entre 2020 y 2023" y "no había control operativo ni transparencia".

Además, se manifestó en contra de "la fijación de precios como un techo artificial". "El precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo", apuntó y remarcó que desde la liberación del precio, el producto "bajó el 46%".

"Es fundamental desarmar la retórica populista de que la regulación protegía al más débil", planteó Correa y anunció que "el Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios".

Al cruce salió Luisa Fleitas, productora yerbatera, quien aseguró: "En ningún momento el paquete de yerba en góndola bajó, no, se mantuvo y aumentó también. Hay yerbas que se consiguen a 1.000 pesos el kilo, pero ¿cuál es calidad de esa?".

"Se está ahorrando un montón de dinero en el INYM, pero todavía nosotros los productores no lo vimos reflejado", denunció y agregó que le gustaría que "el presidente (Javier) Milei vaya y conozca nuestro territorio. Hicieron un DNU desde la base de la escritura, pero no sobre el territorio". "Misiones no es viable para cambiar de un día para el otro de actividad. Nosotros defendemos nuestra identidad que es la yerba. Misiones se está viniendo abajo", enfatizó.

Dentro de la extensa lista de oradores, Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra, alertó que "en todo el sur de Misiones la actividad económica está muy caída. Desde la Municipalidad cada día estamos asistiendo más a los trabajadores de la yerba mate. La asistencia social aumenta cada vez más".

"En estos 20 años del INYM se mejoraron las condiciones de trabajo de toda la cadena", valoró y mencionó la erradicación de trabajo infantil, gracias a este organismo y expresó: "Ahora lo que estoy viendo es que se está volviendo a precarizar el trabajo".

Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, reivindicó el DNU 70/23, al decir que "el decreto no produjo el problema que hay hoy, lo produjo simplemente la oferta y la demanda". "Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarlas", dijo y opinó: "No podemos estar pidiéndole a 'papá Estado' cuando me va mal, 'emparéjame la cancha y poneme restricciones'". Y sumó el DNU justo "coincidió con la sobreoferta".

Para Comas, el INYM lo hizo fue "restringir, restringir y poner palos en la rueda a toda la cadena" y "en 25 años no abrió ni un solo mercado en el exterior".

Durante una larga reunión de la Comisión de Economía, presidida por la diputada Julia Strada (Unión por la Patria), dueños de PyMEs y trabajadores despedidos y de empresas en crisis expusieron sobre la situación actual que atraviesan. Entre los reclamos, uno de los que más se escuchó fue la preocupación por la apertura de importaciones.

En el encuentro realizado en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, Strada resumió que, de todo lo escuchado, se abordará una agenda sobre temas como "control aduanero, composición textil, control de normas IMRA, aranceles, importación de ropa usada, valores criterios de la Aduana y ley de emergencia PyME".

Al abrirse la ronda de expositores, Fernando Pérez, trabajador de John Foos (calzado), mencionó que la empresa "se fundó en los años '80 en Haedo, se mudó en los '90 a Beccar, donde está actualmente", y en 2023 se llegó al récord de producir 3.600 pares por día.

"Pasamos por el macrismo, pasamos por la pandemia, superamos todas las crisis y se pudo seguir. En 2022, 2023, se incorporaron muchos compañeros, se trabajaba en doble turno", señaló, sin embargo "cuando cambia el Gobierno todas las proyecciones se vinieron abajo, nos sacaron la protección que teníamos ante las importaciones, la lucha desleal frente a los productos asiáticos y la empresa tomó la decisión de hacer un mix entre lo importado y lo fabricado acá, lo que llevó a despedir gente", señaló.

Pérez agregó: "En febrero nos anunciaron que van a presentar convocatoria de acreedores, posible quiebra y con esto nos amedrentan para arreglar por el artículo 241 (de la Ley de Contrato de Trabajo), de acuerdo voluntario, que son despidos encubiertos y ofreciéndonos solo el 60% de indemnización". "Este sistema de gobierno no se puede sostener más, está aniquilando la industria nacional. Queremos medidas proteccionistas para la industria y los trabajadores", reclamó.

A su turno, Alejandro Crespo, secretario General de SUTNA - Fate, sostuvo que "todos los despidos duelen, pero llegar al despido en empresas estratégicas debilitaría la estructura de funcionamiento del país". Tras recordar que "la Justicia dijo que estos despidos son ilegales", en alusión a las 920 desvinculaciones que provocó el cierre de Fate, advirtió que "el desamble de una fábrica de estas características no tiene vuelta atrás y nos deja dependientes de países extranjeros para poder mover al transporte en Argentina".

Dante Do Sun Choi, fundador de Peabody, contó que esta empresa produce hace 20 años en el país. "En los últimos cinco años invertí más de 20 millones de dólares en Argentina. En 2023 se inauguró la planta en La Tablada, teníamos más de 300 empleados, ese mismo año llegamos a fabricar 8.000 productos", manifestó.

Sobre la situación actual, remarcó que "en este momento debido a la apertura de importaciones estamos siendo seriamente afectados". "Lo que vengo a denunciar es la irregularidad que existe en la importación de los productos. Estamos siendo invadidos por productos que son copia e incumplen con las normas IRAM, con la seguridad eléctrica. La calidad de los componentes son malísimos y atentan contra la seguridad de los usuarios", alertó.

Por su parte, Pablo Brarda, trabajador de Lácteos Verónica y delegado de Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), manifestó: "Hoy 700 personas no sabemos la conclusión de este empresario que, desde diciembre y meses anteriores, generó un vaciamiento. Nos cortaron el servicio de transporte, nos dejaron de pagar salarios, nos dejaron de pagar coberturas médicas, cuotas alimentarias; hoy los trabajadores la estamos pasando muy mal. No sabemos si estamos despedidos, si van a cerrar, los dueños se nos esconden".

Julia Strada, presidenta de la comisión

Manuel Casas, trabajador de Acindar y secretario Adjunto de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), habló de que esta empresa "en diciembre de 2023 comenzó a entrar en crisis por algunas medidas que lleva adelante el Gobierno", tales como "el freno de la obra pública y la construcción" y "el enfriamiento de la economía".

"Hay denominador común que atraviesa a toda la industria nacional, que es el gran fantasma: la apertura indiscriminada de la importación", subrayó y pronosticó que "lo único que nos puede salvar es cerrar las importaciones". "Hoy el Gobierno está enfocado en el extractivismo y no en lo productivo", añadió.

Más adelante, Luciano Galfione, dueño de la empresa textil Galfione y presidente de la Fundación Pro Tejer, aseguró que "los países que tienen industria lo tienen por decisión política; no hay sectores inviables, hay políticas inviables". "El sector textil está presente en 17 de las 24 provincias, es uno de los sectores más federales", ponderó y sostuvo: "Cualquier cosa que producimos en Argentina no es cara, se vende caro, y esto es por la falta de competitividad sistémica. En Argentina vamos a seguir creyendo que por importar todo vamos a bajar los precios, y lo único que vamos a hacer es destrozar el empleo nacional y el problema no lo vamos a solucionar".

En tal sentido, señaló que "el sector lleva más de dos años consecutivos de caída", con un "18% en 2025 y -20% en relación a 2023"; con actualmente "6 de cada 10 máquinas paradas". Y esto se debe, en parte, a "la caída del consumo interno y el debilitamiento del poder adquisitivo de la población".

También expusieron Aldo Kaston, de Mood Alfajores y presidente de la Unión Industrial de Chaco; Emanuel López, de Cervecería Portlander; Norma Morales, secretaria Adjunta de UTEP; Gustavo Matta y Trejo, del sector petrolero; entre otros.

Tras las exposiciones de los invitados, hubo intervenciones de diputados de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Mientras los oficialistas defendieron las políticas económicas del Gobierno, algunos de los presentes en la sala le salieron al cruce.

El primero en recoger el guante fue el vicepresidente de la comisión, Adrián Ravier, quien arrancó: "Voy a defender al Gobierno, porque realmente creo que estamos haciendo las cosas muy bien. La tasa de desempleo está en 7,5%. ¿Cómo puede ser que estemos escuchando que se destruye tanto empleo y, sin embargo, la tasa de desempleo es más baja?".

"Hay muchas realidades en Argentina", dijo el pampeano, y admitió que "hay dinamismo en algunas áreas y falta en otras", pero pidió "describir la foto completa". "Argentina tiene un cambio de modelo de una economía cerrada y protegida a una abierta", continuó el libertario.

A su vez, sostuvo que "todos coincidimos en ser más competitivos, pero para eso necesitamos bajar impuestos", y para esto "necesitamos que la oposición nos acompañe en bajar el gasto público".

A continuación fue el turno de Mario "Paco" Manrique, quien comenzó: "Muchos empresarios le creyeron a este Gobierno y ahora los está carneando. Como también va a carnear al campo, eh". "El Gobierno está soñando con ser un estado adherente de los Estados Unidos, entonces va a hacer todo lo que le pida", remarcó el diputado de UP y expresó: "Abrir la economía... en los países desarrollados están todas las economías cerradas, controladas".

En un debate que se extendió largamente, otro de los que habló también fue Hugo Yasky. "Si alguno que está sentado en la bancada libertaria y después de escuchar todo esto no se conmueve, evidentemente es que no tiene la sensibilidad ni la capacidad de entender el drama que hoy vive la Argentina. No es una reconversión de modelo, el único modelo que estamos cambiando es volver a ser un país primarizado, un país sin industria y un país que entrega completamente sus riquezas naturales", aseveró.

Un plenario de las comisiones de Economía y de Análisis y Seguimiento de Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para escuchar la opinión de un puñado de investigadores, rectores universitarios y economistas sobre las perspectivas y el impacto del Presupuesto 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo “C” bajo el tema “Argentina 2025: Perspectivas Económicas y Tributarias”. El titular de la Comisión de Economía, el pampeano Ariel Rauschenberger (UP) explicó que “el objetivo es recabar la opinión de expertos y especialistas sobre el impacto que tiene para el 2025 el Presupuesto desde el punto de vista macroeconómico y tributario que afecta a distintos actos de la realidad política y económica y social del país”, la reunión se dividió en tres bloques: Ciencia, Tecnología y Universidades; Centros de Estudios Económicos e impacto en provincias; y Sistema cooperativo.

El encargado de abrir la ronda de expositores fue el investigador del CONICET Agustín Salvia quien detalló que “Argentina viene padeciendo un problema estructural de empobrecimiento de clases medias y una marginación de sectores más pobres, pero esto no nace del actual contexto ni régimen económico. Esto se viene acumulando hace décadas que han sido muy corrosivas en la economía de alta informalidad con muy pocas capacidades productivas, producción de trabajos muy precarios y alta marginalidad laboral”.

En esa línea, precisó que la clase media viene experimentando un proceso de “deterioro en su capacidad de ahorro y de inversiones”. “Pensar un presupuesto para el próximo año en términos de diagnóstico socioeconómico es pensar que Argentina no es homogénea ni regional ni social”, analizó.

“La proyección es que la situación mejore si Argentina baja la inflación como viene sucediendo, sin que produzca desempleo y mejoras en el nivel de actividad en los sectores de consumo y de producción. Para el mercado interno la situación es recesiva. Es de esperar al año que viene una reactivación y una mayor tasa de crecimiento económico”, avizoró.

En esa línea, advirtió: “Pero nos vamos a encontrar con valores de pobreza del 40%, indigencia del 15% lo que habla de una Argentina que sigue teniendo problemas estructurales en materia de inclusión y de capacidad de incorporar a la población al mercado formal”.

“Hoy necesitamos romper la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si bien necesitamos de un crecimiento económico que permita la creación de empleo para que las propias familias puedan invertir en su propio capital y desarrollo humano, también necesitamos que el Estado tenga capacidad de inversión en infraestructura social para romper ese circuito y que las provincias también hagan su trabajo. Eso implica una fuerte inversión en salud, educación y protección”, consideró.

Salvia sostuvo que los programas sociales son “insuficientes” para lograr ese objetivo y que “no son la medida educada para atender la transferencia de ingresos y resolver estos problemas”, y cerró: “Esto es grave en el país no en el actual contexto, se viene padeciendo este problema hasta en los gobiernos de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Hay que crear inversión y trabajo e inversión en capital humano y no burbujas ficticias de consumo”.

Luego fue el turno de Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien expresó que la realidad del sistema universitario desde la economía del país implica que “históricamente el sistema universitario era el 0,8% del PBI cuando otros países tienen un arancel y están por arriba del 0,9%. Ahora estamos en un 0,4% del PBI”.

“El sistema científico y técnico que, muchas veces se visibiliza en el CONICET cuya base está en las universidades públicas y hoy la disminución de lo que implica el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología repercute directamente en lo que es el sistema de investigación de Argentina y en el sistema universitario y su relación con el futuro de la economía del país”, alertó.

Así, señaló que Argentina tiene más de dos millones y medio de estudiantes universitarios con un porcentaje menor y “calidad de graduados que es algo que ni siguiera se pone en discusión de que nuestros graduados son recibidos en cualquier empresa de Europa porque el nivel de la calidad universitaria de Argentina es enorme”.

Alpa indicó que el porcentaje del PBI “bajó casi a la mitad debido a la reducción del salario real de más del 50% y el salario docente y no docente el 90% del Presupuesto universitario”, y contó que mantuvo una reunión con embajadores alemanes quienes se sorprendieron por la baja inversión en ciencia y técnica y “Estaban muy extrañados por la baja en las universidades”.

“Desde diciembre de 2021 venimos trabajando con 7.1 de política universitaria que hace mucho de los temas que se venían comentando. Hace más de tres años que venimos trabajando fuerte en nuestras carreras como políticas como la duración de las carreras, el salario, las tecnicaturas, y escuela de formación profesión enfocado en la salida laboral en función de lo que el país necesita”, comentó.

Por último, el rector denunció que los programas de extensión que estaban en el presupuesto prorrogado “no se han ejecutado y fueron debilitados bajo las líneas de investigación. El prestigio de nuestros graduados es de excelente primer nivel en la formación. Es fundamental que esa economía se logra con la inversión del presupuesto y pública”, y remató: “Está en el futuro del país la inversión que se haga en ciencia, técnica y el sistema universitario”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, denunció una “campaña de desprestigio de las universidades”, y alertó que “vamos a terminar el año con una participación del gasto público universitario en términos del PBI de una de las más bajas de 2006 a esta parte con un sistema universitario que es más grande que el de aquel entonces. Es un 0,5% del PBI es uno de los gastos en educación superior más bajos de casi los últimos 20 años con tasa de matriculación más alta de América Latina”.

Pinazo apuntó contra el Gobierno por sus críticas sobre la tasa de egresos y explicó: “Argentina tiene menos universidades por habitante que Brasil, que México”, detalló que según encuestas “en el área metropolitana de Buenos Aires se triplicó el número de egresados y el 42% pertenece a menores de ingresos por lo cual es falso que los pobres no llegan a las universidades”.

“Este recorte es inédito que nos ubica muy por debajo, con tasas de matriculación más alta en educación superior en América Latina”, remarcó y cerró: “Cuando discutimos Universidad pública en Argentina, no estamos discutiendo el derecho de quienes habitamos la Universidad, sino que hablamos de la capacidad de tener ciencia y tecnología, de tener grandes profesionales; es un derecho comunitario”.

En suma, el rector de la Universidad de Mar Del Plata, Alfredo Lazzeretti, expresó: “El Presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional prevé 3,8 billones de pesos; está bastante alejado del presupuesto que elabora anualmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que en está alrededor de 7 billones pesos”.

Además, se refirió a que “para hablar del desarrollo de la economía del país ya no es más la ecuación capital-trabajo lo que va dinamizar la economía argentina en un futuro, es capital-trabajo y conocimiento”. Al respecto, manifestó que “el no invertir en las universidades públicas, que es donde se genera más del 80% de los graduados, es una decisión equivocada desde cualquier mirada ideológica que uno tenga cuando quiera analizar el desarrollo del país”.

Luego, instó a los legisladores a “poner énfasis y profundizar el análisis del presupuesto y de todas sus partidas, para ver de qué manera podemos contribuir a dotar al sistema universitario público argentino de un presupuesto que nos permita arrancar con cierta normalidad el ejercicio 2025”.

El titular de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, agregó: “Las Universidades tienen un rol importante para la sociedad, no solo como un factor de movilidad social ascendente, sino que además contribuyen al desarrollo del país. Necesitamos que se reconsidere el presupuesto ya que es insuficiente y no podemos brindar la calidad y eficacia que se nos exige”.

En materia económica, la directora del Centro de Economía Política Argentina, Alejandra Scarano, explicó que “el diagnóstico sobre el cual se elabora el Presupuesto tiene que ver con el déficit fiscal. Y para ello se hace un blindaje fiscal: este trata básicamente de que, si los ingresos son mayores a los previstos, se bajan los tributos; en cambio sí se recauda menos, se ajustan las partidas del gasto discrecional”.

En tanto, el profesor e investigador económico Guido Zack sostuvo que “la regla fiscal del Presupuesto tiene un mecanismo que es pro cíclico, cuando la economía crece más hay mayor disponibilidad de recursos y eso habilita a bajar impuestos, pero cuando crece menos provoca una reducción de gastos. Esta visión no tiene en cuenta la integralidad del sistema tributario y fiscal. El sistema actual es distorsivo, desigual y fomenta la informalidad”.

Al analizar los números del presupuesto en la parte tributaria, Guillermo Michel, ex director General de Aduanas, reafirmó que “este presupuesto no tiene ninguna norma específica respecto a normas tributarias, no prevé ninguna modificación tributaria de fondo, ni ninguna eliminación de exenciones, incluso nada respecto al ajuste por inflación”.

Luego, Mariana González, directora económica del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), hizo hincapié en las proyecciones económicas incluidas en el proyecto de presupuesto 2025. “Según la regla fiscal se pretende alcanzar superávit primario y financiero con bajos ingresos, con lo cual todo el ajuste que recae sobre el gasto es absolutamente extraordinario”, aseveró.

También, participaron Horacio Fernández y Mariana Rivolta, del Instituto de la CTA Autónoma. Fernández remarcó que “este Presupuesto necesita un cambio de 180°, para tener un compromiso con nuestra gente; por más que se introduzcan modificaciones, si no se anula la discrecionalidad estamos complicados”. En el mismo sentido, Rivolta puntualizó que “En este caso pensamos que la regla, justamente, es que no hay ninguna regla, que pueden hacer lo que dispongan en función de garantizar los superávits que los acreedores necesitan”.

En la continuidad, Roberto Arias, coordinador de políticas públicas de la consultora EGES, y ex secretario de Política Tributaria de la Nación, planteó los objetivos de la política económica en tres ámbitos: el de corrección de externalidad y provisión de bienes públicos; la redistribución del ingreso; y la estabilización y el crecimiento económico. “Creo que las reglas fiscales, evitar la asistencia monetaria del tesoro y tener un programa que vaya consolidando las cuentas es algo totalmente necesario”, sintetizó.

Del Centro de Investigación de Economía Nacional (C.I.E.N.), expuso Lucas Nieto Catania, acompañado por Lucila Martínez Pelliza, quien se mostró preocupado por las proyecciones macro del presupuesto al catalogarlas “excesivamente optimistas”. Por zoom, Alejandro Nicolás Pegoraro, de la consultora Politikon, de la provincia de Chaco, que resaltó que “aún con la caída muy fuerte de los ingresos, que generó una caída del gasto también muy importante, las cuentas públicas provinciales hoy están mostrando resultados positivos”.
En tanto, Vicente Alberto Pollola, asesor financiero de la Comisión Federal de Impuestos, también por zoom, se abocó en su exposición principalmente a la recaudación de los tributos que sean coparticipables o de asignación específica.

En el último bloque, de sistema cooperativo, Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), formuló la idea de que “no existe en el mundo un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes que genere trabajo para toda su población activa y no considere fundamental su entramado industrial; hoy, Argentina, poco a poco lo está perdieron”. También formaron parte representando a Cooperar Alberto Bavestrello, su vicepresidente primero y Cesar Basañez; y Luis Usero, gerente General de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para recibir a autoridades de Aduanas y de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) para debatir sobre el proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas.

El Carnet ATA refiere a un documento aduanero internacional unificado (una declaración universal) que permite la exportación e importación temporal libre de impuestos y aranceles de mercancías de hasta por un año, agilizando el paso aduanero. Los beneficios son para todas las partes, facilitando el comercio, optimizando tiempo y costos, donde las mercancías están cubiertas por una garantía internacional.

En primera instancia, la licenciada Alejandra Cabral, directora técnica de la Dirección General de Aduanas, explicó que la medida “apunta a aquellos bienes o mercaderías que vienen con una finalidad determinada y retornan en el mismo estado, acá no hay procesos de transformación ni procesos económicos”, dentro de los cuales se incluyen “ferias, competencias deportivas, exposiciones y material profesional”.

Del mismo modo, enumeró que está destinado a: los títulos de importación temporal (cuadernos ATA y CPC), mercaderías destinadas a ser presentadas o utilizadas en una exposición, feria, congreso o manifestación similar, material profesional (TV, prensa, radiodifusión, coberturas de espectáculos, cine, etc), mercaderías con fines educativos, científicos o culturales, y efectos personales de viajeros y lo referido a las competencias deportivas.

Luego, el director general de Aduanas, Eduardo Mallea, explicó que el Convenio “no es algo exclusivamente que sirve para que un extranjero traiga algo a la Argentina, sino para que el argentino pueda ir con su producción cultural y económica a otros países”, y agregó que “es fundamental la presencia de la Cámara Argentina de Comercio porque se necesita una entidad que garantice”.

Por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el secretario Marcelo Elizondo, manifestó que “la disposición de la Cámara de Comercio para ser emisores y garantes, componente que es requisito para que esto funcione, tal cual lo prevé el Acuerdo”.

Además, Alejandro Terzian aseveró que este proyecto “es importante para las pymes”, y concluyó: “Tiene una perspectiva federal y de inserción de Argentina en el mundo".

Por último, María del Carmen Camelino, abogada y especialista en derecho aduanero, se refirió a la “problemática de los trámites aduaneros”, y aseguró que esta norma trae muchos beneficios como “la simplificación y facilitación del comercio”. “Cada país, a través del carnet, van a conocer quien se lleva y quien trae mercaderías”, indicó.

Respecto al Convenio de Estambul que facilita la importación temporal por medio de la simplificación y armonización de los procedimientos, Cynthia Yaworski (CAC) explicó que “el carnet A.T.A va a ser una consecuencia de poder interpretar este convenio de Estambul que armoniza internacionalmente temas específicos del régimen temporal”.

En una breve reunión, la Comisión de Economía de Diputados, presidida por el pampeano Ariel Rauschenberger (UP), acordó citar para un próximo encuentro a autoridades de Aduana y AFIP a fin de que opinen sobre el proyecto de ley que aprueba el Convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías, adoptado en Bruselas en 1961.

El titular de la comisión expresó: “Es un proyecto que trata de un convenio internacional que se firmó en Bruselas en 1961, que la Argentina lo aprobó en el Senado en 1998. No hay antecedentes de tratamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados”.

Así, explicó que es un convenio sobre el Cuaderno A.T.A. para la importación temporal de mercaderías por un plazo que no puede superar el año. “La condición es que la mercadería que se exporta tiene que retornar en la misma condición que se exportó y durante el período que está fuera del país tiene que ser comercializado”, precisó.

“Teniendo en cuenta que es algo que se firmó en 1961, se aprobó por una sola Cámara en 1998 y atendiendo el tiempo transcurrido consideramos que, para darle un tratamiento racional y responsable, deberíamos tener la opinión de expertos y autoridades competentes del orden nacional para que den su mirada sobre los impactos que puede tener el convenio al país”, propuso el pampeano.

A su turno, el libertario Julio Moreno Ovalle (Salta) adhirió a la propuesta y sugirió comunicarse con autoridades de AFIP y Aduana para que “nos digan qué es lo que está pasando, qué movimientos hubo en estos periodos que hubo y, obviamente, el futuro que pueda llegar a tener este convenio”.

“Nos vamos a comprometer a traer gente de AFIP y de Aduana para enriquecernos y después sacar una conclusión sobre este tema. En forma personal puedo hacer las gestiones con todo el apoyo de todos ustedes. Sería interesante que escuchemos otras opiniones al margen de lo que podamos llegar a tratar”, comentó el salteño.

Luego, la diputada cordobesa Alejandra Torres expresó: “Me parece súper interesante este tema porque personalmente lo he abordado en otras etapas de mi vida y me parece muy interesante que solicitemos la comparecencia de gente que está actualmente en el marco de la gestión porque podríamos aprovechar para preguntar cuestiones vinculadas con la disminución de las trabas burocráticas, la aceleración de los procesos y una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con este tipo de normativas que provocan una movilización de mercancía y que muchas veces, a raíz de diferentes cuestiones legales así como también trabas digitales, provocan una demora”.

“No solamente encarece la cuestión, sino también debilita el beneficio para la sociedad argentina”, consideró y solicitó saber con anticipación quiénes asistirán a la próxima reunión a fin de elaborar una serie de preguntas para agilizar el trámite. Sin embargo, Rauschenberger afirmó: “La idea es no dejar una fecha fija para la próxima reunión, sino coordinar con las autoridades”.

Por otro lado, la comisión completó sus autoridades siendo designados como vicepresidente 1ro Carlos Castagneto (UP); vicepresidencia 2da el rionegrino Agustín Domingo; secretarías el chaqueño Juan Carlos Polini (UCR) y la catamarqueña María Fernanda Ávila (UP).

Por último, Castagneto expresó: “Ojalá que podamos trabajar en esta comisión que es muy importante y que podemos, no solo proyectos, sino realizar informes que sirvan para un diagnóstico de la economía y de un trabajo en conjunto con todas las propuestas que puedan surgir”.

Durante una reunión de la Comisión de Economía Nacional e Inversión realizada este martes en forma remota y presidida por la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR), el gerente de soporte comercial del Banco Santander Argentina en representación de la Asociación de Bancos de la Argentina, Juan José Alegre, y el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos, Alejandro Pérez, brindaron su punto de vista sobre tres proyectos de ley en tratamiento en la comisión. Se trata de uno del oficialista catamarqueño Dalmacio Mera (FdT) sobre servicios bancarios prestados por cajeros automáticos; otro del senador por La Pampa Juan Carlos Marino (UCR) que crea el Programa de Bancarización y Acceso Simplificado para Adultos Mayores, y el tercero del sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que determina la incorporación de cajeros biométricos a los ya instalados en las sucursales bancarias.

Al comenzar la reunión, Juan José Alegre se refirió a la disponibilidad de cajeros y apuntó que la "la cantidad de cajeros depende de la densidad poblacional de ese lugar, de la necesidad económica de la gente y la actividad que se desarrolle en ese lugar" y que "tanto la Red Banelco como Link son interoperables". Además, destacó "otros medios como el extra cash, que llega a más de 35.000 comercios" y "las corresponsalías bancarias, como Rapipago o Pago Fácil para poder llegar a una cantidad mucho más grande de personas a lo largo y lo ancho del país".

Respecto al retiro de efectivo consideró que "llevar el límite a 168.000 pesos como tope máximo nos parece que está lejos de la realidad actual", que "tiene un problema técnico" y que "deberían hacerse varias extracciones", al tiempo que señaló que "la cantidad de billetes es importante también". Asimismo, detalló que hay "entre 18.000 y 20.000 cajeros en el mercado" y que "hoy tenemos una disponibilidad del 95% que los cajeros puedan tener la plata suficiente que requiere la comunidad". "Poner un límite que en 24 horas debería arreglarse un cajero automático nos parece algo un poco abusivo", afirmó.

A continuación, se refirió a la colocación de nuevos cajeros y sostuvo que "hay que ver también cuál es la disponibilidad del software y el hardware que tienen hoy estas dos empresas grandes que se dedican a la provisión de estos equipos" así como también señaló que "hay que tener en cuenta las leyes municipales" e instó a una "motivación de la gente de usar un esquema digital que nos permita descomprimir un poco el uso físico de la extracción del efectivo". Por último, afirmó que "poner una fecha de 120 días para hacer las biometrías o adaptar todos los cajeros nos parece que es casi incumplible" y advirtió que "no todos los bancos van a estar en condiciones de adaptarlo" ya que "significa un costo muy grande".

A su turno, Alejandro Pérez coincidió en que "dado el parque que existe hoy de los cajeros, es de imposible cumplimiento" y que "lo importante es canalizar los esfuerzos hacia una legislación que incentive el dinero virtual tanto de la demanda como de la oferta". Asimismo, consideró que "el tema de los extra cash y las corresponsalías coayudan a que cualquiera de los usuarios financieros puedan acceder a sus billetes sin necesidad de contar con un ATM o un cash dispenser" y destacó la importancia de tener en cuenta "la capacidad de los cajeros y la disponibilidad de billetes de alta denominación" al referirse al incremento del monto de extracción sugerido.

Seguido, se refirió al mantenimiento de los cajeros y afirmó que "el tema de las 24 horas es 100% impracticable: como está redactado el artículo nos pone en una situación de incumplimiento". "Quiero destacar un elemento que es en el tema de infracciones", añadió, "hay una distribución de las multas que un cuarto va al damnificado, me genera la duda de si no estaremos impulsando con esta medida una industria del juicio".