La Comisión de Economías Regionales de Diputados se reunió este jueves por la tarde para llevar a cabo su constitución y ratificó al frente de la misma al formoseño Ramiro Fernández Patri (Unión por la Patria). Se fijó los días jueves a las 10 para la actividad legislativa.

El formoseño fue propuesto por su par Bernardo Herrera (Santiago del Estero) en nombre del bloque, y lo describió como: “Licenciado en administración, con conocimientos y máster en Ciencias del Estado y posgrado de desarrollo local”. También recordó que “tiene una vasta experiencia porque ocupó numerosos cargos en su provincia de Formosa como ministro, subsecretario y en este Congreso en donde cursa su segundo mandato. Además, ya fue presidente desde el 2021 al 2023 en esta comisión. Es la persona indicada”.

Para el cargo de vicepresidente fue propuesto el libertario salteño Carlos Zapata que es “contador nacional, asociado a la industria tabacalera, fue docente universitario, concejal, diputado provincial y desde el 2021 diputado nacional”, lo calificó su compañera de bloque la cordobesa Cecilia Ibáñez y agregó: “Él está con todos nuestros intereses y proyectos sobre el sector productivo”.

Unión por la Patria reservó el nombre de la vicepresidencia segunda. En tanto, para el puesto de secretario fue propuesto el pampeano Martín Ardohain (Pro) que es el licenciado en administración y productor agropecuario. Para ocupar el lugar de secretario segundo, fue el diputado Maximiliano Ferraro el encargado de sugerir a Victoria Borrego (HCF) que “se desempeñó en varias funciones a nivel municipal en el partido de 25 de Mayo y ejerció el cargo de secretaria de Gobierno, de Hacienda y secretaria general de Economía y fue intendenta y abogada”.

Por último, el catamarqueño Francisco Monti postuló como secretario tercero en nombre de la UCR al tucumano Roberto Sánchez es “ingeniero agrónomo de su provincia, presidió la Asociación de Productores de Papa Pucara, fue legislador provincial donde impulsó varias iniciativas vinculadas al sector agroindustrial, fue dos veces intendente”.

Tras ser ungido presidente, el formoseño Fernández Patri expresó: “Es una comisión que tiene un traspasamiento en el territorio de todas las provincias desde donde hemos venido trabajado muy bien y así seguirá siendo”.

Al pedir la palabra, Zapata agradeció su designación por la “confianza” y expresó: “El desafío que se presenta y la forma de aportar a la Gobernabilidad y al destino de los argentinos está orientado a la eliminación de asimetrías y a todas aquellas trabas que impiden y obstaculizan a los productores que aportan con su esfuerzo al crecimiento del país en la generación de empleo, de divisas y de productos brutos”.

Ardohain hizo suyas las palabras del salteño y agregó: “Representamos a las economías, venimos de esas regiones, las conocemos bien y sabemos de nuestras obligaciones financieras, sanitarias y económicas y nuestros pocos derechos. Tenemos mucho por trabajar. Hay vientos de cambios en el país y esta comisión la puede representar a lo largo y ancho del país”.

A continuación, pidió la palabra la diputada Sabrina Selva (UP) quien ponderó el rol de la comisión para “marcar una agenda que es de fundamental valor para el desarrollo productivo de la Argentina. La incidencia de nuestras economías regionales tiene un valor fundamental”.

“Estamos lejos de un equilibrio y de fortalecimiento que necesitan las economías porque tenemos un Gobierno nacional que está tomando medidas que las perjudican como por ejemplo la apertura de la importación de alimentos y están alarmando de la situación porque perjudican la producción y el consumo. Espero que desde esta comisión salgan medidas que ayuden a fortalecer y a cuidar a las economías regionales, lejos de lo que el Gobierno hace hoy”, remató.

El radical Sánchez remarcó que “de norte a sur en todo el país hay economías regionales que son muy importantes para cada uno de esos sectores”, y enumeró las actividades regionales que hay en Argentina y señaló que “cuando a esas producciones les va bien, le va bien a cada pueblo que vive de la economía esa actividad que hoy no la están pasando muy bien”.

Al cierre, Fernández Patri recordó que “se venía haciendo un muy buen trabajo en los últimos dos años. Es una mesa federal y estamos representadas gran parte del país”. Así, explicó que no hay una definición concreta sobre qué es economías regionales, pero remarcó que “hay varios proyectos que están intentando darle una definición y, el que venimos trabajando y tiene mayor consenso, lo define como actividades que tiene un sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, pero tienen una localización específica dentro de una región o provincia, de mano de obra intensiva y predominancia de pequeños y medianos productores”.

El presidente de la comisión informó que hay 31 proyectos de ley con estado parlamentario que “tenemos para trabajar más lo que pueden ir sumando. Tenemos un gran desafío porque genera muchos dólares y es un tema que nuestra macroeconomía necesita. Hoy generan más de 1 millón de puestos de trabajo directo y está en una situación difícil con insumos o costos elevados de transporte y ventas que disminuyen. Hay que encontrar medidas para que todo esto no sea en detrimento de empleo en cada una de las regiones”, cerró.

En una reunión muy breve, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que crea un régimen de promoción para la producción orgánica por 10 años. 

La iniciativa, que prevé una serie de beneficios fiscales, fue presentada por un grupo de diputados oficialistas encabezados por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la comisión, quien este miércoles destacó: “La producción orgánica tiene múltiples beneficios para la sociedad, principalmente es alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, más mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura”. 

El legislador detalló que en el país hay “casi cuatro millones de hectáreas en las que se está trabajando en certificación orgánica”. “Sabemos que podemos generar nuevos mercados para muchos de nuestros productores”, sostuvo, pero explicó que “hay muchos países que ponen como condición que sea orgánica la producción para que puedan ingresar (los productos)”. 

“Este proyecto de ley va a contribuir a concientizar para que aumente el consumo interno”, consideró Fernández Patri, que agregó que “hay que trabajar con la educación” de la población porque “cuando pagamos el precio diferencial de un producto orgánico estamos pagando salud, más años de vida y estamos contribuyendo a más trabajo en nuestras comunidades rurales”. 

Sobre el proyecto, el diputado señaló que se busca “generar un bono fiscal que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica”, el cual “se va a poder utilizar para cancelar otros compromisos ante la AFIP, salvo el impuesto a las Ganancias”. 

Sobre Ganancias, “se prevé una disminución del 60% de lo que tenga que pagar anualmente un productor que lleva más de un año ejerciendo esta actividad”, precisó, y dijo que también prevé la creación de un registro de productores. 

“Estipulamos que esta ley tenga un plazo de 10 años de vigencia”, añadió y expresó que con estos beneficios se busca contribuir a “financiar la certificación de la producción orgánica”. 

Al explicar algunas modificaciones que se hicieron al texto original, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, apuntó que en asesores se buscó “incorporar la mirada de la Comisión de Presupuesto para allanar el trámite”. De hecho, este miércoles el proyecto también será tratado en esa comisión. La que quedará pendiente es la de Agricultura y Ganadería, la tercera a donde tiene giro el texto. 

En alusión a la propuesta original de financiamiento del Fondo que se crea en 100 millones de pesos como base, el santafesino subrayó que en el actual contexto económico “hoy puede significar un monto significativo, pero posiblemente más adelante sea un monto que nos ate”. Por eso, se cambió esa cifra fija por una redacción que determina que se utilizarán “módulos” tal como se utilizan en el régimen de contrataciones que tiene el sector público.

Martínez detalló que hoy “un módulo son 8 mil pesos”, con lo cual para 100 millones de pesos “estaríamos hablando de 12.500 módulos”. “De esta manera nosotros podemos garantizar que ese piso de financiamiento se vaya actualizando a medida que cambia el módulo”, dijo. 

También se determina que los sujetos alcanzados sean “las empresas medianas tramo uno” de manera que “concentremos los beneficios en el entramado PyME” y “focalizarlo en los productores que más lo necesitan”, sumó el presidente de la bancada oficialista. 

1-DICTAMEN-6777-D-2022

Tal como adelantó parlamentario.com, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados no podrá concretar la reunión que tenía prevista para esta semana por problemas para alcanzar el quórum, producto de las ausencias en Buenos Aires por el calendario electoral del próximo domingo en cinco provincias.

Y tampoco se hará el plenario que tenía previsto con Economías y Desarrollo Regional, aunque esta comisión sí intentará avanzar de manera individual con el proyecto de ley de promoción de la producción orgánica. Será en una reunión que se realizará este miércoles desde las 14 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Se trata de una iniciativa que cuenta con aval del Poder Ejecutivo y en diciembre pasado fue presentado por un grupo de diputados oficialistas, encabezados por Ramiro Fernández Patri (FdT), presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional.

El proyecto apunta a crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. El objetivo es diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

El pasado 12 de abril, la comisión cabecera realizó una reunión informativa en la que participaron funcionarios del Gobierno nacional y de distintas provincias, productores y representantes de empresas certificadoras.

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, informó que el sector reúne a “más de 2.000 productores, más de 4 millones de hectáreas certificadas y 110 mil hectáreas cosechadas”. “Revertimos las exportaciones: pasó a ser Estados Unidos el primer exportador, nuestro principal destino con el 43%, y 40% la Unión Europea”, precisó sobre el mercado internacional.

La tercera comisión a la que tiene giro el texto es Presupuesto y Hacienda, que se reunirá también este miércoles, a las 16 en el segundo piso del Anexo “C”, para tratar este y otro proyecto que propone una refinanciación de las deudas que las provincias tienen con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), presentado por el diputado Eduardo Fernández (FdT).

Un plenario de las comisiones de Economías y Desarrollo Regional y de Agricultura y Ganadería de Diputados se reunirá este miércoles con el objetivo de avanzar en el dictamen de un proyecto de ley de promoción de la producción orgánica.

Se trata de una iniciativa que cuenta con aval del Poder Ejecutivo y en diciembre pasado fue presentado por un grupo de diputados oficialistas. Tras el trabajo en asesores, habría acuerdo entre oficialismo y oposición para avanzar, según pudo saber parlamentario.com. No obstante, el texto también tiene giro a Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, apunta a crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.

El proyecto tiene como objetivo diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

El pasado 12 de abril, la comisión cabecera realizó una reunión informativa en la que participaron funcionarios del Gobierno nacional y de distintas provincias, productores y representantes de empresas certificadoras.

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, informó que el sector reúne a “más de 2.000 productores, más de 4 millones de hectáreas certificadas y 110 mil hectáreas cosechadas”. “Revertimos las exportaciones: pasó a ser Estados Unidos el primer exportador, nuestro principal destino con el 43%, y 40% la Unión Europea”, precisó sobre el mercado internacional.

El plenario se realizará a partir de las 14 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, mientras que una hora antes, a las 13, Agricultura y Ganadería se reunirá para tratar proyectos de resolución y declaración.

Con la expectativa puesta en el avance de una ley que establezca beneficios para la producción orgánica en todo el país, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados realizó este miércoles su primera reunión del año, que tuvo carácter informativo con la participación de funcionarios, productores y representantes de empresas certificadoras. 

En el comienzo, el presidente de la comisión, el formoseño Ramiro Fernández Patri (FdT), destacó: “La actividad que vamos a hacer hoy es sumamente importante porque estamos avanzando en un proyecto de ley que va a permitir que evitemos lo que algunas veces pasa, que es que las leyes caen en letra muerta cuando no hay articulación”. “Estamos buscando que este proyecto de ley vaya en sintonía con lo que el sector necesita”, añadió.

Se refirió así a la iniciativa de su autoría, que presentó en diciembre pasado junto a un grupo de sus pares oficialistas, que tiene como objetivo la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.

La propuesta apunta a diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el primer orador de la jornada fue Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad, quien señaló que “la producción orgánica está diseminada y es una producción sumamente federal, que se corresponde con una definición que muchas veces tomamos de lo que son las economías regionales, en cuanto tiene importancia socio-económica, tiene anclaje territorial, la estructura productiva del sector orgánico son pequeños productores o MiniPyMEs, y agrega valor en el lugar”. 

“Argentina es un formidable productor de agroalimentos, pero también tiene una posibilidad enorme de agregar valor y diferenciar su producción”, apuntó el funcionario y detalló que “la producción orgánica viene creciendo año tras año. Estamos en más de 2.000 productores, más de 4 millones de hectáreas certificadas, 110 mil hectáreas cosechadas, y revertimos las exportaciones: pasó a ser Estados Unidos el primer exportador, nuestro principal destino con el 43%, y 40% la Unión Europea”. 

“En promedio nuestra producción orgánica emplea 3 a 1 en lo que es mano de obra y tiene un potencial de desarrollo enorme”, sumó. 

Por su parte, Rocío Leiva, directora provincial de Certificación, Comercialización y Agricultura Sostenible del gobierno de Catamarca, contó que el área que se creó “es para poder allanar el camino a los productores que desean convertir su producción orgánica a prácticas sustentables, que sean diferenciadas por los atributos de calidad que otorga la provincia”. “También tenemos como líneas de acción hacer catálogos para poder visibilizar la producción y rondas de negocios”, dijo y ponderó que “las seis provincias del NOA estamos trabajando en una mesa bajo un plan estratégico, en pos del fortalecimiento del sector y los impactos de crecimiento se ven reflejados en los datos de Senasa”. 

También desde esa provincia, Oscar Andreatta, productor de vid y elaborador de vino orgánico, relató su experiencia con la producción orgánica: “Descubrimos algo sorprendente, no cambiamos demasiado, hace 100 años que venimos produciendo de esta manera y no sabíamos que podíamos ser orgánicos. Descubrimos que esto va mucho más rápido de lo que uno piensa. En el campo todo lo que usamos era apto, y para la producción en bodega la mayoría era apto. Hoy no es nada complejo elaborar vinos orgánicos”. 

A su turno, Pablo de Acevedo, subsecretario de Fruticultura de Río Negro, comentó que “Río Negro y Neuquén son las provincias con mayor cantidad establecimientos de producción orgánica, principalmente frutícola, pera y manzana” pero “en estos últimos cinco años han tenido una disminución, 13% Neuquén y 20% Río Negro”. 

“Esos datos duros llaman la atención, porque un productor para certificar orgánico necesita mucho tiempo, trabajo, muchos costos; estamos hablando de tres años para obtener la certificación y que ese productor deje esa producción orgánica llama muchísimo la atención”, advirtió. 

Por eso, consideró que “ es importante este tipo de ley con estos tipos de beneficios impositivos, que lo que va a hacer es que por lo menos los productores no salgan de la producción orgánica, y ojalá sirva para que muchos más se sumen”. 

En el mismo sentido, Sebastián Garrido, director de Productores Argentinos Integrados, expresó: “La realidad es que la fruticultura del Alto Valle ha sido pionera en el mundo orgánico argentino y en la historia hemos vivido distintos momentos de expansión, crecimiento, pero en este momento estamos viviendo un proceso de crisis. Algunos productores por temas económicos están dejando de serlo”. 

“Una ley como esta nos beneficia en el sentido de que podemos planificar a futuro, entendiendo que parte de estos beneficios son realmente necesarios, porque la mano de obra es intensiva. Necesitamos mucha más mano de obra que la producción convencional”, explicó. 

Durante la reunión también expuso Pablo Chipulina, coordinador del área Apícola del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de Chaco, quien resaltó que “nuestra provincia es nueva en lo que es producción orgánica y se focaliza en dos cadenas, principalmente lo que es algodón y apicultura”. Sobre ésta última recordó que “la producción orgánica fue un proceso que inició en el año 2000, pero solamente quedaron tres productores de ese proceso, porque el mercado mundial no estaba preparado para pagar un diferencial de precio. Si bien la política pública estuvo presente, el consumidor no estaba dispuesto a pagar. En 2016 se retomó ese proceso nuevamente para certificar la producción apícola y hoy llegamos a más de 65 operadores primarios”. Y enfatizó en la importancia de este sector que “genera arraigo e ingresos para el país” y lo hace “cuidando al medioambiente, que es lo más importante”. 

Darío Ortiz, presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, que estuvo detrás de la redacción del proyecto de ley, rescató del encuentro que “todas las provincias están sensibilizadas con los faltantes y eso es lo positivo. Y es por eso que venimos acá a empujar que salga esta ley”. “Aparte de la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Agricultura hay un tema de medioambiente, porque uno al consumir un producto orgánico está cuidando el medioambiente”, señaló y agregó: “Estamos muy expectantes de que esto pueda seguir adelante”. 

Luego fue el turno de los diputados y entre ellos tomó la palabra el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sugirió que lo más favorable es que “esta ley esté sancionada antes que el Presupuesto, porque nosotros podemos poner el monto que queramos, pero el que define es el Presupuesto. La clave es que podamos estar incluyendo esto en el próximo Presupuesto de la Nación”. Por eso, auguró poder “avanzar rápido”, ya que se tiene que aprobar en las dos cámaras.

“Estamos dando un debate en un contexto difícil para ponernos de acuerdo alrededor de la ley de fomento a la agroindustria, ojalá la podamos sacar también”, sostuvo y afirmó que “no va a haber una ley que va a solucionar todos los problemas al mismo tiempo, por eso si tenemos varias iniciativas que puedan ir fomentando incentivos para el sector, al menos para nosotros, va a ser muy gratificante”. 

En el encuentro expusieron también Mariela Teixé, directora General de Fruticultura y Horticultura de la provincia de Neuquén; Griselda Capli, del área de Producción Orgánica del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones; María Rosa Barbarán, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero; y Gabriel Beradinelli, presidente de la Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER). 

La Comisión de Economías y Desarrollo Regional de Diputados, presidida por el formoseño Ramiro Fernández Patri (FdT), debatirá este miércoles sobre producción orgánica. La reunión informativa se realizará desde las 9.30 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Al encuentro asistirá como invitada la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, la cual expondrá sobre herramientas de promoción para estas economías regionales y pondrá a consideración de los legisladores e invitados los ejes estratégicos que vienen trabajando.

En diciembre pasado, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por Fernández Patri, presentaron un proyecto de ley que busca crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.

La iniciativa tiene como objetivo diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

La Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, a cargo del oficialista Ramiro Fernández Patri, tuvo este martes una reunión informativa junto a varios productores agropecuarios e industriales de todo el país y funcionarios del Ministerio de Economía para brindar datos sobre la actividad.

El primer expositor fue el secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad Federal del Ministerio de Economía, Jorge Neme, quien manifestó que la producción de limón, yerba, vino y lana “representan al 15% del desarrollo económico del país”, y agregó que “conectan el trabajo de miles de argentinos con el mundo”.

Además, sostuvo que “las economías regionales necesitan inversiones: asistencia técnica; caminos; conectividad; y sistemas de riego porque eso mejora a las condiciones de productividad”. En tal sentido, anunció que, junto al exministro Felipe Solá están preparando un plan para agregar canales de riego en 17 provincias.

Por otro lado, explicó que “es un tema central para la Argentina fortalecer las economías regionales, un sector que contribuye a la ocupación del territorio en temas productivos, a la agregación de valor, a la generación de empleo, a la mejora de la calidad de las políticas públicas y a la proyección de la Argentina al exterior”, e informó: “Este año las exportaciones de las economías regionales va a alcanzar el orden de los 13 mil millones de dólares que es el 15% del conjunto de las exportaciones argentinas pero la diferencia es que, a través, de esas economías regionales, hay miles de argentinos que se conectan con el mundo”. 

“En Río Negro hay dos proyectos para crear un sector productor con 56.000 hectáreas y otro con 36.000. Eso va a cambiar la economía social de la Patagonia. Los estudios probaron que en ese suelo se puede producir y eso, cambiará la geografía de las tierras. Está estipulado generar 18 toneladas de maíz y 8 de trigo por año”, señaló Neme y cerró: “Nos proponemos a ser muy agresivos en términos de invertir y acordar con los gobiernos provinciales, planes y proyectos que contribuyan a un rápido proceso de inversión en la base de las economías regionales”.

La subsecretaria de Planificación y Proyectos Prioritarios, Luciana Storti, presentó el Indicador Sintético de las Economías Regionales que se informa cada tres meses con datos precisos. “Las variaciones interanuales de crecimiento fueron: Cuyo 8,1 interanual; NOA y Centro 7,6; la Patagonia 7,5; y el NEA un 7,5”, expuso.

Asimismo, agregó que el desarrollo de las cinco regiones responde al segundo trimestre del 2022. Así también consideró que “venían en bajas durante 2020 y 2021 por la pandemia y por el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio”.

“Todas las regiones están superando los niveles previos de actividad y desarrollo con relación al 2019”, argumentó Storti y agregó: “El empleo registrado, la distribución de gas y energía, más la venta de combustibles registraron un crecimiento de 4 puntos, con Cuyo y el NOA superando a la región Centro”.

Así también, la subsecretaria amplió que “la región Centro recuperó actividad prepandemia, pero no logró superar los valores del 2019”. Asimismo, explicó que “fue la que más cayó durante el avance del coronavirus y es la que más se recupera en indicadores, pero sin superar a las demás regiones”.

“El NEA es la segunda de mayor crecimiento respecto a 2019, ya que tuvo un retroceso menor a otras regiones durante 2020 y 2021 y superó en 10,3 por ciento, respecto al 2019. Además, tiene tasas de crecimiento relativamente alta debido a su desarrollo exportador”, indicó y sumó: “El NOA es la región que más creció respecto a 2019 porque retrocedió menos en 2020 y comenzó su recuperación ese mismo año”, y la Patagonia “es intermedia respecto a las subas”.

En representación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) estuvo su asesora económica, Silvina Campos Carles, quien a través de una presentación virtual señaló el análisis de 19 economías regionales con el método “semáforo”.

En el inicio de su presentación, explicó que “varios productos han mostrado caídas”, y alertó: “Este año han dado en rojo productos como la miel, el maní, y las hortalizas; y solo en verde la industria forestal y avícola”. “Hay actividades que han cambiado de tendencias en los últimos años, antes estaban en verde y ahora, en rojo. Ha sido de los peores años en términos de semáforo”, expresó.

En el cierre de su exposición, remarcó que “la mayoría de las distribuciones han tenido falencias post pandemia”, pero destacó que se han generado 1.314.475 puestos de trabajo nuevos directos e indirectos.

Una de las exposiciones más polémicas fue la de Benjamín Enzini (presidente de Agrogenética Riojana), acerca de “los beneficios del Cannabis como industria regional”, quien consideró: “El mundo está mucho más preparado para utilizar esta planta milenaria. El cannabis fue usado durante 5.000 años y fuimos la primera generación con en prohibirlo”.

Tras una reseña histórica sobre el uso del Cannabis a lo largo de la medicina, Enzini sostuvo que “tanto el Cannabis, como el Cáñamo son materias primas que deben ser explotadas para generar desarrollo regional en La Rioja”, y pidió que “el Estado acompañe su moción”.

“Hay que deconstruir la palabra Cannabis y pensarlo como desarrollo y trabajo. Repensar al cannabis desde otro lugar y como incorporar a un producto con oportunidad de desarrollo. La Ley 27.669 ordena el desarrollo de la industria cannábica”, manifestó.

Además, sostuvo que “para el avance se necesita deconstrucción de legisladores y funcionarios”, y añadió que “hace falta una normativa complementaria con el apoyo de SENASA y ANMAT. Este producto puede generar 500.000 empleos por año en primera instancia”.

El funcionario Neme le respondió: “Estamos construyendo una mesa de trabajo con la idea de trabajar seriamente con el Cannabis por su cadena de valor y desarrollo, y su alto de nivel de consumo en Estados Unidos y Europa”.

El diputado nacional Jorge Vara (UCR – Corrientes) también habló sobre el tema y explicó que “la ley salió y los legisladores están muy involucrados en los estados provinciales con proyectos importantes”, y agregó que “está asegurada la cuestión porque la norma tiene respaldo para avanzar”.  

El presidente del Instituto Yerba Mate, Juan José Szychowski, destacó que “financian inversiones, con tasas bajas de interés a 13.066 productores, 15.000 cosecheros y 197 secaderos”. Además, dijo: “Nos distinguimos de la producción de Paraguay y Brasil”.

Szychowski señaló que la diferencia de producto entres países competidores “les da calidad reconocida y diferencia ante el mundo”, y expresó que “llevan adelante políticas de cuidado ambiental en Misiones y Corrientes”.

En tal sentido explicó que producen “282 millones de toneladas para el mercado interno argentino y 35 millones de toneladas para exportar”. A su vez, relativizó “la importancia de no tener que importar por tener cubierto con ‘stock’ para los próximos doce meses”.

“Sabemos que no va a pasar, pero la industria de la Yerba Mate podría darse el lujo de no producir por ocho meses, porque tenemos cubierta la producción para el siguiente año”, señaló. En esa línea, destacó la importancia de las provincias de Misiones y Corrientes “para cubrir el mercado interno y externo”.

Eduardo Francanzani, presidente de la Cámara Argentina del Maní, quien promueve el desarrollo de la industria desde 1975 relató que las exportaciones del 2021 “han alcanzado los 422.000 millones de toneladas”, y remarcó la exigencia que tiene con la Unión Europea: “Desde el viejo continente nos importan el 75 por ciento de lo producido”.

Sin embargo, Francanzani advirtió sobre la necesidad de reducir los aportes tributarios porque explicó que “Brasil, que antes era un comprador exigente, se transformó en un competidor directo por sus políticas tributarias más flexibles”.

En representación a la Cámara de Exportadores de Maíz Pisingallo, estuvo Sergio Casas quien afirmó que “su industria es una de las primeras exportadoras nivel mundial que abastece más de 120 países”. Además, explicó: “Nuestros principales exportadores son cines, parques de diversiones y distribuidores mayoristas. Argentina consume 210.000 millones de toneladas y Estados Unidos 145.000 millones”.

Sin embargo, coincidió con Francanzani respecto a las cargas tributarias y menciono el mismo ejemplo: “Brasil era comprador y ahora es competidor. Argentina es líder mundial, formadora de precios y contribuimos a generar divisas en el país. Además, desplazamos a Estados Unidos como máximo exportador, pero la cuestión tributaria es algo que mancomunadamente debemos trabajar entre públicos y privados para no bajarnos del primer lugar”.

Claudia Peirano de la Asociación Forestal Argentina describió que “en el país hay 280 millones de hectáreas de bosques nativos, de las cuales 55 millones están destinadas a la actividad económica de la madera”, y agregó que “el 95 por ciento de la base de la madera se provee de plantaciones forestales”.

Además, mencionó que, en menor medida, “Argentina produce nano-celulosa para reemplazar a los plásticos en la fabricación de automóviles”. A su vez, explicó: “La madera ha crecido para el aprovechamiento en la construcción de casas, ha tenido un aumento extraordinariamente el uso de pellets y chips y en la creación de recipientes de bebidas gaseosas y textiles en base a celulosa de madera”.

Por la industria arrocera estuvo Federico Gadea, quien afirmó “hay una caída de 15 por ciento y un estancamiento de 15 años”. En esa línea, explicó que “Argentina tiene capacidad para generar 2.000 millones de tonelada, pero solo se llega a 1.700 millones”.

“Necesitamos el apoyo del Estado y las herramientas que puedan generarse como la Ley de Economías Regionales que es beneficiosa. Pero nos ha aparecido un competidor que nos ha superado como es Paraguay por nuestro atraso cambiario que afecta a todas las economías. El arroz tenía 1.200 dólares de costo por hectárea de producción y hoy está en los 2.000”, sentenció.

Por la Sociedad Argentina de Apicultores, se expresó su propio presidente, Lucas Martínez, quien criticó que el sector no tiene ninguna ley que los respalde porque “las trabajan desaparecen, pierden estado parlamentario”, pero destacó que actualmente hay dos proyectos sobre apicultura de las cuales “no fuimos invitados para charlar sobre los proyectos que son temas importantes”.

En su presentación, Martínez destacó que en Argentina hay casi 4 millones de colmenas por lo que “está muy bien posicionado, es uno de los principales productores mundiales”, y remarcó: “Básicamente dependemos de la exportación, pero no es algo bueno porque cuando tenemos problemas cambiarios estamos al horno”.

“La apicultura se concentra en la región centro del país, pero hoy está en gran riesgo porque tiene dos grandes amenazas que son la agroindustria por la forma en que no se conserva la biodiversidad y como se mata al suelo lo que es 100% política eso. Nuestro insumo principal es el ambiente, si no tenemos ambiente no tenemos nada porque la abeja vive ahí y sino no tenemos nada”, advirtió y reclamó: “Se tienen que generar políticas para los pequeños apicultores, porque todas las economías regionales coincidimos en los mismos problemas”.

Mariano Tappata de la Asociación Productores Argentinos Integrados (PAI) contó que el 90% de lo que producen-manzanas y peras- se exporta, en términos de empleo hay 3 mil empleados. “Tenemos 40 años y hemos generado relaciones estables con clientes de Estados Unidos, Canadá, algo que no es fácil de sostener”, destacó y advirtió: “Nosotros pagamos costos en dólares que son cada vez más caros, y si antes estábamos en situación de flotación, ahora está claro que estamos en una coyuntura desesperante”.

En representación de SENASA-Centro Regional Patagonia Norte disertó Ricardo Sánchez quien señaló: “Hay un tema que hay que mencionar cuando hablamos de la fruticultura nacional, y es el bajo consumo per cápita que tenemos como país y la falta de programas que alienten el consumo en la infancia, que es donde se adquiere el hábito”.

A su vez, describió que “la fruticultura produce más de 13 mil toneladas de alimentos, esta actividad la producen más de 10 mil productores, más de 180 mil puestos de trabajos directos. Tiene un fuerte perfil exportados a una gran diversidad de países”. Asimismo, entre las dificultades resaltó: “El pequeño productor por un bajo nivel de asociación quien tiene más dificultades de poder acceder a nuevas tecnologías lo que hace que muchos productores abandonen la actividad. Hemos perdido 12 mil hectáreas de producción un 24%, en los últimos 10 años en un 35%; la gran diferencia que recibe el productor con el consumir”.

En su intervención, Daniel Codutti productor de miel en Chaco expresó: “Hoy estamos con ocho productos en doce provincias, no es fácil entrar en el mercado porque hay mucha competencia desleal y miel que es adulterada, necesitamos acciones concretas y financiamiento para competir en igualdad de condiciones”.

Un plenario de las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presididas por los senadores Roberto Basualdo (Producción y Trabajo – San Juan) y por Nora del Valle Giménez (FdT- Salta) respectivamente, recibió este miércoles al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

El funcionario, junto a otras autoridades y representantes de la misma institución, expusieron sobre “la situación actual de la industria en nuestro país y propuestas para el desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo”, y respondieron consultas de los legisladores. A su vez, los senadores distinguieron a Funes Rioja con un Diploma de Honor de la Cámara alta.

“Vamos a entregar un reconocimiento al presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja y, por intermedio de él, a todos los integrantes de la familia de esa Unión Industrial por haber asistido hoy”, informó Basualdo.

En esa línea, expresó: “Para nosotros es sumamente importante escucharnos, aprender de las experiencias positivas y negativas que tuvieron también en los últimos veinte años, no únicamente de ahora”, y añadió: “Ese es nuestro objetivo: poder estar con ustedes, trabajar desde el Congreso, que sea una herramienta para brindar las leyes necesarias para poder avanzar”.

Por su parte, la senadora Del Valle Giménez comentó: “Acá hubo propuestas y opiniones muy valiosas. Vamos a recoger estos aportes para hacer una agenda común de trabajo entre las dos comisiones, que nos permita incorporar tal vez muchas discusiones y muchos debates que están entre paréntesis, pendientes, esperando que nosotros tomemos la iniciativa, aunque las circunstancias sean difíciles. Ese es nuestro compromiso. Una renovación de la esperanza rescatando el diálogo”.

Al comenzar su alocución, el presidente de la UIA recordó: “Habíamos ido a Neuquén a festejar el Día de la Industria y sobre la medianoche del jueves decidimos ir lo mismo, pero para expresar política y públicamente nuestro firme compromiso con la no violencia, el repudio al atentado, y nuestra convicción de que solo en democracia y en orden constitucional se puede desarrollar la industria y el país”.

Asimismo, se refirió al trabajo realizado desde el año pasado: “Encomendamos a nuestras regionales, provincia por provincia, región por región, desde las realidades locales cuáles eran las potencialidades y cuáles eran las necesidades, hacia dónde tenemos que ir para buscar ese equilibrio y corregir esas asimetrías”.

A continuación, entregó un documento elaborado por la institución denominado “Libro Blanco” con más de 100 propuestas para impulsar al sector y explicó: “Es una obra dinámica”, agregó para luego detallar que “nuestro proyecto industrial hoy lo hemos plasmado en ese instrumento”. “Representamos a la industria, la representamos federalmente, creemos en el federalismo productivo”, afirmó.

Funes de Rioja también resumió que “Vaca Muerta y el gasoducto hoy son un desafío como fueron los ferrocarriles en 1890” y que “nosotros ahora estamos con un problema de insumos importados”.

“Necesitamos un ambiente donde haya políticas de estado como las que tienen los grandes países desarrollados industrializados a los que queremos parecernos”, prosiguió e instó a “trabajar juntos”, porque “sin diálogo, no se puede construir un país productivo y un país desarrollado si no es a través de ese diálogo y esos consensos”.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, secretario y director ejecutivo de la UIA resaltó: “La UIA es una representación del entramado industria que tiene 130 años en el país. Representamos el 21% del empleo formal, del sector privado. Tenemos 1,3 millones de empleadores y queremos incrementarlos, para eso necesitamos políticas que nos ayuden a desarrollarlos. Representamos el 37% de las exportaciones de bienes, el 27% de las recaudaciones de impuestos y el 20% del PBI y a su vez tenemos los mejores sueldos y en blanco como todos saben. Tenemos una política industrial que es la de desarrollar el país y crecer, porque creemos que sin industria no hay Nación”.

Por parte de la UIA participaron también Diego Coatz, director ejecutivo; Carlos Reyes, secretario de política tributaria; Matías Furió, vicepresidente Pyme; Julio Cordero, vicepresidente de política social; Claudio Terrés, presidente de medioambiente; Carolina Castro, presidente de legislación y relaciones parlamentarias.

El Senado avanzó este jueves con la puesta en marcha de cuatro comisiones y el Frente de Todos conservó la presidencia en ellas, al igual que la mayoría dentro de los integrantes que las componen, tal como sucedió en los últimos dos años.

Si bien al comienzo del año Juntos por el Cambio reclamaba más lugares, tanto en presidencias como en la proporcionalidad de los miembros, por haber incrementado el número de su interbloque, la postura del oficialismo que, junto a aliados construyó mayoría, prevaleció.

Así, el Frente de Todos continuará al mando de Legislación General; Economías Regionales, Economía Social y MiPyMEs; Defensa Nacional; y Educación y Cultura.

Legislación General

En la primera reunión constitutiva que se realizó este jueves en el Salón Illia, se conformó la Comisión de Legislación General, que próximamente tendrá el debate del proyecto del Frente de Todos para crear un “Fondo Nacional” para el pago de la deuda con el FMI, a partir de establecer un aporte a quienes hayan evadido y tengan bienes no declarados en el exterior.

Al frente de la comisión resultó elegido el pampeano Daniel Bensusán (FdT), quien agradeció “la confianza depositada” por sus pares “para desarrollar la presidencia de esta comisión. Creo que tenemos que armar una agenda de cara a los intereses de los argentinos y argentinas, y en esta comisión hay proyectos de vital importancia para debatir y tratar de llevar al recinto”.

Además, prometió que “trabajaremos todos los consensos necesarios” porque “la situación del país lo amerita y seguramente estaremos a la altura de las circunstancias”.

En tanto, a propuesta de Juntos por el Cambio la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) fue designada vicepresidenta; mientras que la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (FdT) será la secretaria de la comisión.

Por el oficialismo conforman Legislación General Daniel Bensusán, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Sergio “Oso” Leavy, María Eugenia Catalfamo, Anabel Fernández Sagasti, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos “Camau” Espínola.

Mientras que por Juntos por el Cambio la integran Silvia Giacoppo, Beatriz Ávila, Pablo Blanco, Lucila Crexell, María Belén Tapia, Gabriela González Riollo y Martín Lousteau. Y completa la lista la misionera monobloquista Magdalena Solari Quintana.

Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs

El segundo turno le tocó a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MyPyMEs, donde fue reelecta como presidenta la salteña Nora del Valle Giménez (FdT). Mientras Juntos por el Cambio se reservó la propuesta de vicepresidencia, la monobloquista riojana Clara Vega fue avalada como secretaria.

Giménez agradeció la “confianza depositada” y ponderó que la comisión “ha funcionado con mucho sentido de equipo y si hay algo que tiene que seguir prevaleciendo es esta disponibilidad al diálogo y el debate de los proyectos. Es una comisión donde hay mucho para hacer”.

“Sin duda uno de los más grandes desafíos para poder tener capacidad de respuesta frente a la situación económica y social viene de la mano de las economías regionales, de la mano de las PyMEs, de la economía asociativa, del funcionamiento de las cooperativas. Está probado que el 80% del empleo que se genera en el país no es generado por las grandes empresas, sino generado justamente por esta cadena de PyMEs distribuida a lo largo y ancho del país”, agregó.

Los senadores oficialistas designados para la comisión son Nora del Valle Giménez, Silvina García Larraburu, Edgardo Kueider, Cristina López Valverde, José Mayans, Carlos Linares, Matías Rodríguez, Juliana Di Tullio y Gerardo Montenegro.

Por su parte, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, Silvia Giacoppo, Alfredo De Angeli, Flavio Fama, María Victoria Huala y Mariana Juri son los legisladores de Juntos por el Cambio que la integran. Y se suma la monobloquista Clara Vega.

Defensa Nacional

Al mediodía se constituyó la Comisión de Defensa Nacional donde fueron designados el salteño Sergio “Oso”Leavy (FdT) como presidente; el riojano Julio Martínez (UCR) como vicepresidente; y el correntino Carlos “Camau” Espínola (FdT) como secretario.

Al tomar la palabra, Leavy enfatizó sobre la “relevancia” de esta comisión y destacó la aprobación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa) durante 2020, dada la “necesidad” que se tiene en el “reequipamiento de todas nuestras fuerzas” para combatir, entre otras cosas, la pesca ilegal y el narcotráfico.

Además, anunció que habrá “mucho trabajo” ya que “hay 64 proyectos trabajándose dentro del Ministerio de Defensa”. “Nos van a pasar toda la información con total reserva. Me gustaría que este año podamos tener un reglamento” sobre reserva de la información, señaló.

Martínez, por su parte, resaltó que los temas de defensa se han tratado “la mayoría de las veces al margen de la grieta, han sido cuestiones de Estado” y “se han aprobado por unanimidad cuando han llegado”.

En la antesala del 40° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el exministro de Defensa durante la gestión Cambiemos anuncio que la semana próxima se realizará un evento para “homenajear a algunos veteranos de los más destacados, y otros no tan conocidos”. También, “más allá de las grietas y las divisiones” la idea es “invitar a ese evento a todos los ministros de Defensa que están vivos y al actual (Jorge Taiana)”, comentó.

En la comisión fueron designados como miembros Sergio “Oso” Leavy, Rubén Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Carlos “Camau” Espínola, Adolfo Rodríguez Saá, Oscar Parrilli, Matías Rodríguez, José Neder y Lucía Corpacci, por el oficialismo; y Julio Martínez, Luis Juez, José María Torello, Mariana Juri, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Blanco, Humberto Schiavoni y Alfredo Cornejo, por Juntos por el Cambio.

Educación y Cultura

La seguidilla de reuniones culminó con la conformación de Educación y Cultura, donde fue reelegida presidenta la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT). También continuará como vicepresidenta la entrerriana Stella Maris Olalla (UCR), mientras que la fueguina María Eugenia Duré (FdT) asumió como secretaria.

Tras agradecer a su bloque, López Valverde reivindicó la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien “constituyó un hito, el de la educación, entre muchas otras cosas que hizo”. “El país grande, que a veces añoramos, el país que iba de la mano del progreso, tuvo como un pilar fundamental la educación”, agregó la sanjuanina.

Sobre una realidad que impuso la pandemia, como es la educación a través de la virtualidad, la legisladora llamó a seguir trabajando en la cuestión de la conectividad “porque el mundo así lo exige, ni que hablar el mundo de mañana”. “Se está trabajando en ello y ojalá se acelere rápidamente”, continuó.

“Hay que llegar a la equidad y justicia educativa, en cuanto a que el chico que está en el último rincón del país tenga las mismas oportunidades que el que vive en zonas urbanas o proviene de familias con cierto sustento económico para darle más posibilidades”, sostuvo.

López Valverde sumó que “la agenda es amplísima, es una comisión que requiere de mucha vocación”.

Los senadores que integran la comisión por el Frente de Todos son Cristina López Valverde, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni, Teresa González, María Eugenia Catalfamo, Guillermo Andrada, Ricardo Guerra y Marcelo Lewandowski.

En tanto, por Juntos por el Cambio la integran Stella Maris Olalla, Carmen Álvarez Rivero, Mercedes Valenzuela, Beatriz Ávila, María Belén Tapia, María Victoria Huala y Flavio Fama. La monobloquista Clara Vega completa la nómina.

En un extenso debate de un plenario de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que se reunió este jueves de forma remota, se avaló el proyecto de ley de la senadora Nora Giménez (FdT -Salta) que establece la creación de los observatorios regionales Pymes y quedó sujeto a modificaciones.

La autora de la iniciativa explicó que “la idea de la creación del observatorio como una herramienta que permita garantizar el acceso a todas las provincias del país a las políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo para favorecer al sector Pymes y en beneficio de las economías regionales, el cooperativismo, el asociativismo y los pequeños y medianos productores”.

“Tiene el objetivo de proveer herramientas, capacitación, y conocimiento que permitan responder a las necesidades de los actores que conforman las economías regionales, la producción local de las Pymes en las distintas provincias del país, las diferentes áreas de cooperativismo y asociativismo, desde una visión federal”, indicó.

En suma, Giménez detalló que “estarían distribuidos en todo el país”, y destacó que “cuando se discutió en las comisiones hubo muy buenos aportes y se definió que sea un organismo descentralizado de carácter técnico y con autonomía funcional y de gestión”. También aclaró que “desarrollará un sistema unificado de información y análisis, cuyo objetivo consistirá en la investigación, seguimiento, análisis y estudio de acciones, proceso relacionadas con las diversas problemáticas Pyme”.

Entre los alcances leyó que “se regirán en las diferentes áreas de las economías regionales, cooperativismo y asociativismo, producción y desarrollo del Estado Nacional y de las jurisdicciones provinciales”.

“Hay convenios firmados con el Banco Nación para llevar a cabo este proyecto, pero lo que no hay es la accesibilidad, es decir alguien que no esta entro del circuito del banco le resulta difícil acceder como Pyme o como emprendedor a la burocracia del Banco Nación ante las exigencias que plantean esos convenios cuando la bajad es a través de la provincia”, explicó la legisladora salteña y consideró a estos observatorios como “centros de información, de atención y de orientación para un emprendedor porque hace falta un conocimiento de la realidad local”.

Respecto de las funciones enumeró: “Promoción y difusión de las políticas Pymes; generar un Centro de consulta y asesoramiento, facilitando el alcance de las políticas nacionales; recepcionar, ordenar y compartir la información de la Región y las provincias; generar información accionable para empresas, organismos y diversos promotores; dirigir y buscar soluciones a los reclamos; entre otros”.

“Centralmente la creación de esos observatorios está pensada como la construcción de herramientas que garanticen la productividad y el apoyo a Pymes, cooperativas en el interior del país, y que sean herramientas con más equidad que sirvan en todas las provincias”, ratificó.

Por su parte, pidió la palabra la senadora Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) quien criticó: “Casi a fin de año analizando el proyecto que no es oportuno porque los propietarios de Pymes después de 2 años estaban esperando otra cosa, créditos para poder volver a la economía formal. Desde el tiempo de pandemia escuchamos cifras estremecedoras informando la cantidad de Pymes que cerraron”, y definió: “Las Pymes son industrias familiares, pequeños emprendimientos que durante la pandemia no pudieron seguir y el Estado poco y nada pudo aportar”.

“Respecto al observatorio, el propio Estado, provincias y municipios tienen organismos destinados al trabajo y acompañamiento, por eso no es oportuno hablar de más burocracia y presupuesto y no contempla la cantidad de recursos que deberían destinarse para el funcionamiento y el alcance para el desarrollo del proyecto. Creo que debemos seguir trabajándolo. Tenemos que sumar alivio y los dueños de las Pymes deben sentirse acompañados porque mayor burocracia es mayor tributación. Este país se va a levantar y a superar con mayor cantidad de emprendedores”, enfatizó Vega y adelantó el voto negativo.

En tanto, el legislador misionero Maurice Closs (FdT) ponderó el proyecto porque “tiene buena intención y va en buen rumbo”, y destacó que “se está planteando que con toda la burocracia que hay los beneficios terminan siendo no muchos los que acceden porque la gente no los conoce, para acceder hay que tener una calificación que a veces resulta de los bancos o de la AFIP y mucha gente no sabe cómo se maneja eso, también hay contradicciones para determinar una Pyme y la categoría”.

En el mismo sentido, María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe) resaltó que “el objeto del planteo es tendiente a la accesibilidad de la información que deben tener las Pymes en todo el país. Muchas veces el lugar donde se ubicó la Pyme hace que se restringa esa información por lo tanto creo que puede ser una herramienta muy importante”, y agregó: “No es necesario generar nuevas estructuras burocráticas ni que generen un mayor impacto presupuestario, pero el proyecto habla de un sistema unificado de información”.

Juliana Di Tullio (FdT -Buenos Aires) acompañó los argumentos de sus pares y destacó que “es una herramienta que va a fortalecer las economías regionales. Es súper interesante no sólo en términos de información sino como gestión”, y señaló que “hay cosas que se pueden mejorar, pero no veo algo que lo impida”. “Es importante acompañar y no desmerecerlo con definiciones como ‘exceso de burocracia’ porque no es el objetivo”, cuestionó.

A su vez, contradijo los dichos de la legisladora Vega porque “se olvida que durante la pandemia se crearon herramientas para ayudar a las Pymes, le faltó hacer un análisis de qué pasó económicamente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri donde se destruyeron miles de Pymes, algo que responde a un modelo económico para concentrar el capital en pocas empresas”.

“Siempre es una buena oportunidad debatir temas que tengan que ver con las pequeñas y medianas empresas. Siempre es oportuno y más aún en la situación del país”, manifestó el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco), aunque destacó que “hay que seguir trabajando el proyecto y proponer modificaciones” porque “es insuficiente” y sugirió agregar cuestiones de “reforma impositiva” y sobre “cómo abordamos el acceso al financiamiento”.

Y agregó: “Este proyecto tiene su proposición de estructura porque considero que hay organismos provinciales y municipales que hacen esta tarea, y se necesita mayor coordinación y difusión de la información con la que se cuenta”, y consultó sobre: “La conformación del observatorio y la selección de los integrantes”. Respecto al artículo 3 cuestionó que “no se le da participación ni a las provincias ni a los municipios” y, por último, consultó si “hay un costo estimado del impacto presupuestario”. “Es un proyecto que tiene que tener otras cuestiones y que no se vea solo como la creación de una estructura”, cerró.

Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) señaló: “No dudo que se busquen soluciones a las Pymes”, pero advirtió que “hay cosas que no vamos a solucionar con el proyecto. Las provincias tienen áreas que se dedican a ese tema, hay organismos públicos o privados también se dedican al tema. Comprendo que lo que se busca es desburocratizar porque es un problema que tienen las Pymes, pero no se hace creando otros organismos porque se estaría metiendo en lo que ya hacen otras entidades”, y sugirió que el observatorio se encargue de “coordinar la información”.

Norma Durango (FdT -La Pampa) expresó de forma breve su apoyo porque “las Pymes son herramientas importantes para el crecimiento de las provincias”, por lo tanto “son importantes para el desarrollo económico”, y remarcó que “las Pymes creadas por mujeres en el último tiempo hay que apoyarlas”.

“Va a permitir focalizar la problemática que existe y hay que darle un sesgo de realismo. Sabemos que hay un gran impacto del proceso pandémico acompañado de un proceso tarifario que destruyó a las Pymes por los altos intereses”, señaló el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT).

Por consiguiente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Caserio (Córdoba – FdT) cuestionó que “se usan los proyectos de ley para hacer manifestaciones políticas y no voy a venir a debatir eso. Nuestro Gobierno debe ser uno de los que más ha hecho en el tema Pymes”, y aclaró que “es un observatorio regional de Pymes que busca por medio de la investigación, el trabajo en conjunto en encontrar un camino para que provoquen un análisis, un proceso de las distintas problemáticas sin hacerlo de forma burocrática”.

“Nadie puede sacar el costo por esta ley, pero los proyectos se hacen para que sean lo menos gravosos para el Estado”, respondió Caserio ante la pregunta de Zimmermann y finalizó: “No estamos armando un organismo burocrático que traiga costos y no resuelva cosas”.

Al terminar el plenario, la comisión de Economías Regionales presidida por la senadora Nora Giménez pasó a consideración diversos proyectos de declaración y de comunicación.

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, confirmó una próxima visita a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMEs del Senado, durante un encuentro virtual con la senadora Nora del Valle Giménez -presidenta de dicha comisión-.

Además, el funcionario adelantó que en los próximos días se presentará un Programa de Empleo Joven para PyMEs, destinado a personas de entre 18 y 24 años, junto al Ministerio de Trabajo, para todo el país.

La senadora del Frente de Todos le compartió a Merediz una serie de solicitudes de organizaciones PyMEs del país referidas a la necesidad de cambios en los vencimientos de las moratorias, prórroga en el pago de créditos y flexibilización en los requisitos para el acceso al REPRO2. También, hablaron sobre la necesidad del fortalecimiento de los canales de comunicación para que todas las herramientas que se brindan para el sector, lleguen a todo el territorio nacional con un carácter distributivo federal e inclusivo.

“Hoy tenemos sectores productivos y de servicios que todavía no recuperaron su capacidad económica, como turismo, gastronomía, cultura y algo de deportes; y otros a los que les está yendo muy bien, con resultados superiores al inicio de la pandemia”, señaló Merediz, y agregó: “Se está creando empleo sostenido en el ámbito de la producción industrial, esto es autopartistas, línea blanca y maquinaria agrícola, en donde, por ejemplo, tienen toda la producción vendida hasta fin de año”.

Por otra parte, el secretario del Ministerio de Desarrollo Productivo aseguró que “desde el Gobierno estamos abordando esta doble foto, que es muy diversa, con herramientas específicas y diferenciadas, siendo un sector muy heterogéneo estamos asistiendo a todos y vamos a continuar trabajando para contener y desarrollar a todo el sector”.

“Hemos creado 26 líneas de créditos por 220 mil millones de pesos. Por cada necesidad, armamos una línea de financiamiento y seguiremos ampliando todo lo necesario para proteger y alentar la recuperación en sectores como el de turismo, gastronomía y cultura, que siguen teniendo una situación difícil”, sostuvo.

En la reunión con la legisladora salteña, el funcionario indicó que “el año pasado se dieron créditos como nunca en la historia de la Argentina. Para sopesar los montos, en 2020 se entregaron 654.000 créditos desde la Secretaría, contra 1.600 del año 2019”.

En cuanto a la morosidad crediticia, Merediz señaló que no observan una generalización del tema y manifestó que “recientemente se coordinó con el Banco Central la Comunicación 7285 por la que si una PyME hoy no paga ese crédito que se le brindó el año pasado, no cuentan con penalidad y se reprograma el pago sin recarga de intereses”.

Entre las novedades que destacó, se resaltan la creación de la Agencia Nacional de Capacitación PyME, el Programa de Empleo Joven y una propuesta novedosa de Régimen de la Factura de Crédito Electrónica.

“Nuestro objetivo es que todas las PyMEs sean escuchadas. Donde hay un problema hay que abordarlo y por eso es bueno escuchar todas la solicitudes y planteos que recaban los legisladores”, comentó.

Por su parte, Giménez rescató la importante medida de reducción de las contribuciones patronales, por 10 años, para las provincias del Norte Grande y se puso a disposición para armar una agenda de trabajo permanente en el territorio, que permita una activa participación de los senadores en todas las provincias, para el fortalecimiento institucional con las cámaras PyMEs, las universidades, los intendentes, los gobernadores y los trabajadores.

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa realizó este miércoles su último encuentro del año por teleconferencia.

Su titular, la salteña Nora del Valle Giménez inició el encuentro informando que la intención era “tratar todos los expedientes que están pendientes y que tienen a la nuestra como única comisión de tratamiento”.

De inmediato se aprobó avanzar con un proyecto de ley propiciado por el senador sanjuanino Roberto Basualdo para instaurar “la semana nacional del emprendadorismo” en la tercera del mes de noviembre.

Paralelamente se dio lugar a una iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados referido a instituir el 19 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Mujer Emprendedora”. 

Ante otro proyecto de ley de Basualdo para modificar el artículo 43 de la ley de regulación de PyMEs, respecto de incorporar el concepto de unidades fijas al régimen sancionatorio, la senadora Giménez informó que esa norma “ya tuvo reformas parciales en el 2018” por lo que en consecuencia no era necesario tratarlo.

No obstante ello aclaró que “la ley PyMEs es muy vieja, es del ’95, y debemos plantearnos como tema central para el año que viene llevar adelante una reforma integral” de esa norma 24.467, posición que tuvo el inmediato respaldo del senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich.

Para finalizar se aprobaron algunos proyectos de comunicación y de declaración y luego la presidenta del cuerpo brindó un informe sobre lo actuado por la Comisión durante el presente año.

Al respecto precisó que “se trabajó sobre un paquete de 60 expedientes, de los cuales 22 fueron del 2020” y consignó que “38 correspondieron a proyectos de ley y los 22 restantes fueron proyectos de comunicación y declaración, los cuales todos fueron aprobados”.

Además recordó que durante 2020 la comisión “tuvo la visita del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; del director de Cooperativas -ya fallecido- Mario Cafiero y dos veces del secretario Pymes, Guillermo Merediz”.

“El tema que abordamos en esta comisión es muy importante y forma parte de una reforma profunda que vamos a tener que abordar en la pospandemia. De algún modo las medidas que viene llevando el Ejecutivo Nacional nos marcan una necesidad de recuperar como estrategia el desarrollo local, de trabajar más sobre la unidad región, de fortalecer el federalismo para llegar a las pymes, de desburocratizar a la banca pública, entre otras medidas”, sostuvo Nora Giménez y destacó que “es imprescindible trabajar sobre reformas estructurales y modificar la implementación de las políticas públicas para que verdaderamente se pueda asistir a las pymes y que podamos recuperar ese tejido económico fundamental para la recuperación”.

Durante el encuentro se presentó un informe de todos los proyectos presentados y se agruparon en cuatro grandes grupos. El primer grupo son todos los proyectos de ley que tienen como objetivo aportar a la emergencia con medidas que favorecen a las pymes en el marco de la emergencia por la pandemia; el segundo grupo de proyectos apunta a una legislación específica de las pymes por actividad, “por ejemplo la propuesta de legislar dentro de la Ley Pymes para empresas energéticas con un régimen especial”, explicó Giménez.

En el marco del mismo análisis de las propuestas presentadas por los senadores, la senadora salteña indicó que “hay un tercer grupo que está vinculado a los regímenes de promoción de producciones regionales. Aquí advertimos que no hay ninguna legislación específica que regule el funcionamiento de las Economías Regionales, solo existen regímenes de promoción por actividad, por ejemplo para la fruta en Río Negro o para el tabaco en las provincias del Norte. El cuarto grupo de proyectos presentados están orientados a modificar la ley de PyMES 24467, que es una ley de 1995”.

“De acuerdo a esta clasificación de los proyectos presentados por los senadores de todos los bloques, propongo acordar una agenda que nos permita trabajar sobre la reforma de la Ley Pyme, sobre lo que hay muchísimo para hacer. Si uno lee la ley 24467, observa que quedó vieja hasta en sus términos. Han pasado muchos años y hoy tiene una vigencia relativa y sobre todo no alcanza en su articulado a generar incidencia en favor de la Pymes. Después nos queda la posibilidad de agruparlas por actividad”, expresó la legisladora.

En relación al tema Economías Regionales, la presidenta de la Comisión indicó que en contactos con la Subsecretaría de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura se “manifestó un fuerte interés para trabajar sobre un proyecto de ley global de producciones del país, y a partir de ahí identificar los regímenes de promoción específica. Esto nos serviría de base para trabajar la reforma global de la Ley Pymes”.

Este martes a partir de las 16, la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación recibirá la visita del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), Mario Cafiero quien responderá consultas de los senadores sobre la situación del sistema cooperativo argentino ante la pandemia y asuntos relacionados con proyectos en tratamiento.

La presidenta de la comisión, la senadora Nora del Valle Giménez, informó además que a partir de las 15 se tratarán, entre otros, proyectos de ley de los senadores Norma Durango, Inés Brizuela y Doria (MC) y Roberto Basualdo sobre temáticas del ámbito cooperativo y pymes y la institución del día nacional del emprendedor, entre otros.