La Comisión de Educación que preside el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro), abordó propuestas para modificar el régimen de evaluación y acreditación de la calidad de las carreras de formación docente. Y la necesidad de la educación financiera para docentes y estudiantes.

En la apertura, el doctor en Educación Mariano Palamidessi, argumentó “en favor de la creación de un instituto nacional de evaluación, investigación y estadística, similar al Indec, con independencia, solidez científica y técnica, cosa que, hasta ahora nuestros sistemas de evaluación educativos, que dependen del Poder Ejecutivo, no han logrado".

Por su parte, la secretaria general SADOP Marina Jaureguiberry cuestionó que “este debate se da en un contexto adverso de desfinanciamiento, estamos preocupados porque las propuestas restringen la discusión y el escenario a un único camino que es evaluar, dejando afuera otros componentes como el puesto de trabajo docente digno, el proceso y la organización de la escuela".

Mirta Chemes, de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), señaló que “la formación docente debe ser continua, gratuita, con inversión y debe preparar al docente para enfrentar los nuevos desafíos".

En representación del Instituto Educación, Justicia y Trabajo N° 1, Inés Rodríguez Moyano, expresó que “las escuelas no son empresas, no pueden replicar sucursales, cada comunidad tiene sus desafíos propios, se debe pensar a sí misma". Y agregó: "Proponemos seguir trabajando en las políticas de evaluación que vayan de la mano de la enseñanza".

En cuanto a la promoción de la educación financiera en las escuelas, el economista Alan Mac Carthy destacó: “Los chicos son un gran motor para llevar conceptos como ‘auto ahorro’ desde las aulas a las casas”. “Hay una ley de educación financiera de 2018, hay que implementarla”, concluyó.

También expusieron Marisa Díaz, asesora del ministerio de educación de La Rioja; Mariana Scayola, secretaria general de ADEMYS; Laura Man, Confederación de Educadores Argentinos (CEA); Alicia Wigdorovitz, profesora emérita UBA; Mirta Chemes, Unión de Docentes Argentinos (UDA); Miguel Duhalde, secretario de educación de Ctera; Silvia Almazán, secretaria general adjunta Suteba provincia; Leticia Mirás, docente universitaria de la UNTREF; Bárbara Briscioli, Instituto de Educación, Justicia y Trabajo N° 1; Liliana Pascual, por el Instituto Marina Vilte Ctera, Natalia Stoppani del Centro de la Cooperación, entre otros.

Con el foco puesto en la cuestión presupuestaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para iniciar el tratamiento de proyectos sobre evaluación y formación docente. Pero en el comienzo del encuentro, el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro (Pro), informó que había un pedido para convocar al secretario de Educación, Carlos Torrendell, para abordar lo relacionado a las proyecciones del área en el Presupuesto 2025. 

“Entiendo que debe darse en el seno de la Comisión de Presupuesto y nosotros abocarnos a los temas en tratamiento”, sostuvo Finocchiaro.

A su turno, la vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna (UP), opinó: “En lo que hace al presupuesto de la educación va a tener sí un tratamiento específico en la Comisión de Presupuesto, pero nada obsta que nosotros desde esta comisión abordemos el tema presupuestario, habida cuenta que tanto las cuestiones vinculadas a evaluación, y el desarrollo de evaluación del sistema educativo, requieren de no pocos recursos. Lo mismo sucede con la formación docente”. 

Luego, Germán Martínez (UP) aseguró que hay “predisposición de dar un debate profundo sobre las cuestiones vinculadas a la evaluación”, tema sobre el cual “hay experiencia en las provincias argentinas que vale tener en cuenta”. 

En cuanto a la propuesta de Esteban Paulón (EF) para que asista Torrendell, Martínez dijo que le parecía “muy pertinente”. “Hay que ver cómo la instrumentamos, pero no debería ser un obstáculo”, agregó el jefe de UP, que además señaló que el Presupuesto 2025 contempla “un presupuesto muy magro en materia de política educativa”. 

“Este es un ámbito propicio para que nos preguntemos por qué quieren suspender el artículo 9 de la Ley 26.206, que es el que plantea el compromiso del financiamiento del Estado nacional con el sistema educativo de Argentina”, subrayó. 

En tanto, Paulón consideró que “más allá de que no es competencia específica de esta comisión el tratamiento del presupuesto educativo, me parece que siendo la educación uno de los puntos centrales de cualquier proyecto de desarrollo para el país, es fundamental que podamos darle la profundidad que requiere el tema”. 

Durante la reunión, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) expuso sobre su proyecto de ley de “Evaluación Integral y creación del Instituto Nacional de Evaluación, Investigación e Información del Sistema Educativo Nacional”. Aseguró que el mismo “trata de responder algunas preguntas que todos conocemos, que tienen que ver para qué evaluamos, cómo estamos evaluando en la Argentina, qué tipo de diagnóstico tenemos, en lo que es principalmente la educación obligatoria, pero también en el sistema de formación docente, y cómo mejoramos”.

Para el porteño, “hay que romper la mirada que se tenía en la Argentina de que la evaluación solamente está vista como una cuestión punitiva. Nosotros pensamos la evaluación para mejorar, para generar incentivos para ese cambio en cada una de nuestras instituciones educativas, pero a su vez, también, para poder evaluar la formación docente inicial y la formación docente continua”. 

Además, sostuvo que “la evaluación tiene que ser vista sin miedo y es la brújula que va a tener el sistema para permitirnos saber cómo estamos y qué tenemos que hacer, no es solamente la evaluación de la foto de un momento sino de qué manera la evaluación nos permite mejorar en el mediano y en el largo plazo, que los diagnósticos sean confiables y que no tengan el riesgo de los gobiernos de turno”. 

Por su parte, la diputada Danya Tavela (UCR) expresó que “es sumamente relevante el proyecto que presentó el diputado Ferraro”, y consideró que la conformación de un instituto de evaluación servirá para generar “estadísticas y datos para la toma de decisiones”. 

En la reunión, el diputado Hernán Lombardi (Pro) mencionó un proyecto de su espacio que propone uno de los aspectos que contemplaba inicialmente la Ley Bases. Se trata de incorporar el artículo 95 bis a la Ley de Educación Nacional “e ir a un examen esencial obligatorio” para los estudiantes como tienen Brasil, Corea, Francia e Italia. “Es parte del cambio cultural que necesitamos”, manifestó y aseveró que “hay que eliminar que la evaluación da miedo, que es punitiva. La evaluación es para mejorar, no para castigar”. Y habló de que se prevé que el examen sea “voluntario por parte de los estudiantes”. 

El Juicio a las Juntas

Por otra parte, la Comisión de Educación declaró de interés el documental "El Juicio", la obra dirigida por Ulises de la Orden y editado por Alberto Ponce y Gisella Peláez, que condensa en 177 minutos las 530 horas que duró el juicio a las juntas militares. La TV Pública (en aquel momento ATC) filmó las 90 jornadas donde la Cámara conformada por los jueces Arslanian, Gil Lavedra, Torlasco y Dalessio, Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma decidieron preservar El material en el parlamento de Noruega durante el alzamiento carapintada, y luego digitalizado por la fundación Memoria Abierta.

Sobre el cierre, el diputado Eduardo Valdés conmemoró a Adriana Calvo de Laborde y a Jorge Julio López, a 18 años de su desaparición, y propuso que este documental sea proyectado en las escuelas para consolidar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, haciendo suyas las palabras del fiscal Julio Strassera "Golpes de Estado, NUNCA MÁS".

En el marco del GPA con Vietnam los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara baja recibieron a una delegación de alto nivel del Partido Comunista de Vietnam.

Participaron del encuentro los diputados nacionales de Unión por la Patria Blanca Osuna, Nancy Sand y Eduardo Toniolli; del bloque Independencia, Gladys Medina; de Encuentro Federal, Juan Brügge; y de La Libertad Avanza, Mercedes Llano y Juliana Santillán, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Además, estuvieron presentes Nicolás Varzilio, de la dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y Luis del Solar Dorrego, director de Asia y Oceanía de Cancillería.

La delegación vietnamita estuvo conformada por Nguyen Trong Nghia, presidente de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; Vu Thanh Mai, vicejefe de Comisión de Propaganda y Educación del PCV; Phan Thi Thang, viceministro de Ministerio de Industria y Comercio; Pham Hung Thai, subsecretario permanente del Comité Provincial del Partido de Tay Ninh; Nguyen K Y Son, jefe del Departamento de las Américas, Comité Central de Asuntos Exteriores del Partido; Nguyen Phu Truong, jefe de Oficina de Comisión de Propaganda y Educación del PCV; y Pham Ngoc Phuong, asistente del Jefe de la Delegación.

También Phan Thanh Cam, jefe interino del Departamento de Organización de Personal, Comisión de Propaganda y Educación del PCV; Phan Thi Quynh Mai, vicejefa del Departamento de Prensa y Publicaciones, Comisión de Propaganda y Educación del PCV; Vu Van Tuan, jefe de Oficina de Recepción, Comité Central de Asuntos Exteriores del Partido; Nguyen Viet Hung, experto del Departamento de las Américas, Comité Central de Asuntos Exteriores del Partido, y traductor de la delegación; y Ho Hoai Linh, experto del Departamento de Información Exterior y Relaciones Internacionales, Comisión de Propaganda y Educación del PCV.

Al darles la bienvenida, la diputada Osuna (UP) destacó “la relación intensa de más de cincuenta años” entre los dos países al ponderar que Vietnam es “uno de nuestros principales socios de Asia sudoriental”.

En representación de la delegación de Vietnam, Nguyen Trong Nghia, valoró el “ambiente de solidaridad y amistad” por parte de los legisladores argentinos. Asimismo, remarcó que el GPA Argentina-Vietnam “es una forma de interés y de apuesta al trabajo parlamentario en general”. “El objetivo principal es consolidar las relaciones con el Congreso y el Estado argentino, siendo muy importante conocer las experiencias de los países del mundo e impulsar cooperación", detalló.

"Para nosotros es importante la experiencia argentina en desarrollo, educación y ciencia”, subrayó el funcionario vietnamita y, en el mismo sentido, instó a continuar trabajando para impulsar la “cooperación económica y comercial”. Luego, agregó: “Valoramos la importancia de consolidar esta relación, crear ambientes favorables para los empresarios de ambos países y generar intercambios de mercancías".

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió este jueves y dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación. El texto lleva las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal -en disidencia parcial-.

El dictamen fue unificado entre ocho iniciativas impulsadas por el titular de la comisión, Alejandro Finocchiaro y Martín Maquieyra, del Pro; las diputadas radicales Carla Carrizo y Danya Tavela; Maximiliano Ferraro de la CC; y los exdiputados Gustavo Hein y Victoria Morales Gorleri.

En el comienzo de la reunión, desde Unión por la Patria acusaron al oficialismo de actuar de forma irregular y apuntaron contra la Secretaría Parlamentaria. Germán Martínez, jefe de bancada, señaló que “es insólito esto que está pasando”, en alusión a la rapidez con la que los dictámenes agilizaron los giros en otras comisiones para ser dictaminados.

En el mismo sentido, la diputada nacional Romina Del Plá, quien se despidió del Cuerpo ya que dejará su banca, denunció una maniobra “gravísima”, y apuntó que este tratamiento “tiene ánimos de venganza” por el avance del FONID. Además, planteó que “no se busca resolver problemas de fondo, sino prohibir la huelga docente”.

Hubo fuertes cruces entre los bloques Pro y Unión por la Patria. En medio de los gritos, chicanas e interrupciones de ambos lados, Finocchiaro amagó con levantar la reunión. Finalmente, el proyecto que declara servicio esencial estratégico a la educación quedó listo para ser tratado en una posterior sesión en el recinto de la Cámara de Diputados.

Fuerte debate en comisiones

El primero en exponer fue el radical Fabio Quetglas, quien defendió el proyecto impulsado por su bloque y cargó contra la actividad gremial docente: “El 90% de la pérdida de días de clases son motivadas por razones sindicales”. Asimismo, indicó que “la educación es lo único que puede garantizar la movilidad social transgeneracional”.

Luego de mencionar a los diputados heridos en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso durante el debate de la ley Bases en el Senado, Germán Martínez repasó los proyectos del temario y mencionó la fecha en que se presentó cada uno y los giros correspondientes de cada texto. “Están pasando cosas raras con los giros en Diputados, algunos innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno”, arrancó.

Citó, para ello, que el martes pasado se trató ludopatía y ciberapuestas -un mismo tema- en dos reuniones diferentes. “Creo que el presidente de la Cámara (Martín Menem) debería prestar atención a lo que está pasando con Secretaría Parlamentaria porque esto no puede pasar desapercibido y nosotros siempre hemos dado todos los debates”, sostuvo.

Del mismo modo, cuestionó que no se haya convocado a una reunión informativa con invitados sobre el tema. Fue allí cuando el clima se empezó a caldear tras recordar que “fui presidente de bloque oficialista y nunca avalé tratamientos así”.

No había terminado la exposición de Martínez que las diputadas del Pro, Silvia Lospennato y Sabrina Ajmechet, cargaron contra el jefe de bloque kirchnerista. En defensa del santafesino, la diputada Paula Penacca les contestó: “Fue su gobierno el que endeudó a la Argentina por 100 años”.

Impulsora de uno de los proyectos, la diputada radical Carla Carrizo aclaró que “no hay nada en contra del derecho a huelga porque queremos docentes bien pagos y chicos estudiantes”. “Este es un enfoque avalado por la Convención de los Derechos del Niño”, sumó.

Tras cruzarse en reiteradas oportunidades con UP, Lospennato señaló que “estamos reunidos acá para defender el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y, si tenemos una mayoría que nos acompañe, estaremos dando una solución a millones de padres con un paso muy importante”.

También, autor de uno de los proyectos, Maximiliano Ferraro manifestó que “en la Argentina hoy tenemos un 57% de pobreza infantil, a su vez en los sectores más desfavorecidos las desigualdades económicas o las brechas se consagran aún más”. “Sabemos que en lengua solo alcanzan los resultados esperados 5 de cada 10 estudiantes y en matemática 4 de cada 10”, explicó.

“Hay brechas de este colapso en los tipos de gestión de la educación tanto gestión pública como privada.  En matemática en privada 7 estudiantes de cada 10 alcanzan los niveles satisfactorios, en pública 5 de cada 10, en privada 9 de cada 10 alcanzan los niveles satisfactorios en lengua y 6 de cada 10 en pública”, amplió.

A su vez, añadió que “la modificación que nosotros estamos planteando de la Ley de Educación Nacional no rompe en ningún sentido el criterio armonioso, y que siempre, en coincidencias o diferencias, tratamos de cuidar a la hora de dictaminar en acuerdo o en desacuerdo”.

A su turno, Hugo Yasky cargó contra la gestión del Gobierno Nacional y consideró que “es el mayor ajuste de la historia”. Por otro lado, se opuso al proyecto y aseveró que “le exigimos título universitario a los docentes y le pagamos como un trabajador de la categoría más baja de la construcción. Respetemos lo que es ser docente y alumno de la escuela pública”.

Por el lado del oficialismo, Santiago Santurio señaló que “se dijeron varias barbaridades”, y agregó que en los últimos 20 años “se aumentó un 35% la cantidad de empleados públicos en un Estado grande y deficitario que da servicios pésimos como la educación”.

Asimismo, cargó contra la oposición: “Nos vienen a dar clases de Constitución o reglamentos, pero yo les hablo de esta ley para cuando haya un gobierno kirchnerista no cierren las escuelas”, en relación a la cuarentena del 2020. “Me parece importante el dictamen que sale de la comisión, pero es una medida que no va a ser suficiente”, afirmó.

Brevemente, la diputada libertaria Mercedes Llano defendió el dictamen y explicó que “es para que la educación sea el eje del progreso después de años de declive”. Además, detalló que “en los últimos 35 años, se perdieron 2,3 años de escolaridad a raíz de los paros docentes”.

“Cada año resulta en deterioro de los estudiantes y menos días de clases afecta a los sectores más vulnerables”, subrayó. En el cierre, cargó contra el secretario gremial del SUTEBA: “Vamos a pasar de un modelo Baradel a un modelo ‘sarmientino’ para que la educación sea un modelo de ascenso social”.

Con el anuncio del dictamen firmado por 18 diputados del oficialismo y los bloques dialoguistas, Alejandro Finocchiaro despidió a Romina Del Plá, quien dejará su banca en los próximos días y será reemplazada por Mónica Schlotthauer.

La Comisión de Educación de Diputados debatirá sobre proyectos que proponen declarar a la educación como servicio estratégico esencial, un tema que surgió con fuerza durante la pandemia y que desde el Pro insisten hace ya tiempo.

La reunión de la comisión presidida por el macrista Alejandro Finocchiaro, autor de dos de las ocho iniciativas que están en el temario, está prevista para este jueves a partir de las 14 en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja.

Entre los proyectos hay presentados por el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Los textos impulsados por Maximiliano Ferraro (CC) y Danya Tavela (UCR) son más amplios, incluyendo otras cuestiones.

El tema de declarar la educación como servicio esencial fue incorporado por el radicalismo en su dictamen sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo docente, lo que provocó polémica en la última reunión de la comisión.

La oposición en la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo en torno a un dictamen sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero igualmente, conforme a lo que se había votado en la última sesión, logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro de postergar el tema. 

Al arrancar la reunión, el presidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, recordó que el encuentro se daba en el marco de un emplazamiento, pero planteó llevar adelante un cronograma y recién emitir dictamen el miércoles 12 de junio, con el fin de tener un “estudio serio y profundo” sobre el costo fiscal del asunto. 

Sin embargo, su propuesta naufragó porque la oposición -en condición de mayoría- insistió con respetar el emplazamiento votado, que había dispuesto el jueves pasado para el comienzo del debate y este martes para la firma de los despachos. 

En el final hubo en total cinco dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas. 

Desde UP plantearon en su despacho la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional. 

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado.

Pero además, como revelaron las diputadas Carla Carrizo y Danya Tavela, el radicalismo incluyó en su dictamen establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”. Esto generó polémica y rechazos por parte de legisladores de otros bloques, al traer al debate un tema que viene siendo reclamado hace tiempo y que no estaba contemplado en el emplazamiento. 

Con fuerte enojo contra Rodrigo de Loredo, el cívico Maximiliano Ferraro habló de una “mejicaneada”. “Yo no voy a permitir que este plenario o esta Cámara habilite el ‘como sí’ la simulación o el cinismo para pagar las culpas que puede tener alguna conducción de bloque”, lanzó y se manifestó en contra de que “vengan hoy acá a cambiar el eje de lo que es producto de esa sesión que tuvimos” para quedar “como abanderados de la esencialidad educativa”. 

Y atribuyó que esa propuesta es “porque no pueden hacerse cargo algunos del acuerdo que lograron con Unión por la Patria y el resto de todos los bloques opositores” para emplazar a las comisiones. “Lo hago responsable al presidente del bloque del radicalismo de cambiar el eje de la discusión que teníamos que dar hoy”, enfatizó Ferraro. 

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

El presidente Javier Milei decidió no extender este año la vigencia del FONID, que venció el pasado 1ro. de enero. La última prórroga, por dos años, había sido por un decreto de Alberto Fernández en 2022. Desde su creación, en 1999, fruto de la protesta docente de la “Carpa Blanca”, el FONID fue a lo largo de todos estos años prorrogado por distintas leyes o decretos.

Los recursos destinados a las provincias tenían como objetivo contribuir a los salarios docentes, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los fondos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 15% del sueldo de los maestros.

El mayor reclamo surgió además de que el Presupuesto 2023, prorrogado este año, ya tenía previstos los montos para el FONID. Sin embargo, en marzo pasado, mediante el DNU 280/24, el Gobierno modificó el destino de estas partidas. 

El debate

“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y el costo fiscal, que estimamos en no menos de 1 billón de pesos a 1,4 billones de pesos; teniendo en cuenta que el superávit que este Gobierno ha logrado, pero que en realidad ha logrado la sociedad argentina durante estos cinco meses en base a un gran sacrificio, es de 1,1 billones, les queremos proponer un cronograma con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme para la sociedad argentina, no para el Gobierno o la Secretaría de Educación”, planteó Finocchiaro en el principio. 

Y, a continuación, sugirió convocar a una reunión informativa para este jueves a las 13, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell; otra para el próximo 5 de junio a las 14, con los ministros de Educación del país; y finalmente el miércoles 12 de junio a las 15 para dictaminar. 

Al hablar inmediatamente después, la vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna, resaltó que el emplazamiento de las comisiones fue votado en el recinto por 152 diputados. “Es clave no relativizar su envergadura”, enfatizó y dijo que “no hay en la historia de esta Cámara un desconocimiento a un emplazamiento”. Además, mencionó que anteriormente un grupo de diputados había apelado al artículo 109 del reglamento para incorporar las iniciativas sobre FONID al temario de la comisión; y que se recibió también una nota de ministros de Educación de distintas provincias pidiendo su tratamiento. 

La entrerriana señaló que el FONID fue “una responsabilidad asumida en el acuerdo democrático por la Nación y las provincias” y se implementó “por todos los gobiernos, más allá de los colores o partidos”. “Incluso usted como ministro de Educación (durante la gestión Cambiemos) cumplió con el FONID; quizás no como nos hubiese gustado, pero cumplió, así que no se va a poder desdecir”, le enrostró la legisladora de Unión por la Patria a Finocchiaro. 

“La educación argentina necesita docentes con buenos salarios”, aseguró y si bien admitió que “el FONID no soluciona cabalmente esa realidad” es “indispensable que asumamos esta responsabilidad”, respecto de mantenerlo vigente. 

Molesto con la intención del oficialismo y el Pro de dilatar la cuestión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, arrancó: “El reglamento, las resoluciones tomadas por el recinto y los acuerdos políticos están para cumplirse”. Y cuestionó que con este tema “que afecta a todas las provincias y a todos los docentes de la República Argentina, algunos quieren mirar para el costado”. 

“Que vengan a proponer un cronograma que no tiene nada que ver con lo votado por 152 diputados tiene un límite, que es el que nosotros tenemos que expresar: nosotros venimos a dictaminar sobre el FONID, por decisión política de nuestro bloque, pero además porque lo indicó el cuerpo en una decisión tomada en el recinto, a la cual no se puede obviar ni postergar”, ratificó. 

A su turno, el diputado del FIT Christian Castillo fustigó contra el oficialismo: “Acá se ha sostenido que hay que bajar el impuesto a los Bienes Personales y lo han votado un montón de diputados y diputadas. Para bajarle impuestos a los que tienen departamentos en Miami y Punta del Este hay plata. Para el FONID y que los docentes ganen un poco más, no hay plata. Para no enviar la comida a los comedores populares, no hay plata. Para darle exenciones impositivas a (Marcos) Galperin hay plata. Para el salario de los docentes universitarios, no hay plata. Para bajarle Ganancias a las grandes corporaciones con el RIGI, hay plata. En este punto se concentra parte de la hipocresía de todo el discurso gubernamental, que es: plata para los que están forrados en guita hay, y cada vez les damos más; plata para el pueblo, nunca hay y les sacamos cada vez más. Entonces, no vengan con lo que significa económicamente. Está la plata, lo que pasa es que la quieren girar hacia otro lado”.  

Desde La Libertad Avanza, Santiago Santurio lamentó que “estamos hablando poco y nada sobre si están aprendiendo los chicos en los colegios o no” cuando hay un “retroceso en alfabetización” y “los chicos no saben leer ni escribir”. 

“El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas. Las provincias son responsables de este Fondo”, consideró y dijo que “el FONID claramente no está vigente, tenía una fecha y caducó” y así lo sostuvo “un juzgado de La Plata” ante un reclamo judicial. “Es muy fácil gobernar repartiendo plata. Esa manera de gobernar es la que nos trajo hasta acá. El superávit es la piedra angular para salir de la decadencia”, argumentó el libertario. 

Al cruce le salió el diputado de UP Hugo Yasky: “Cuando escucho hablar a algún diputado, yo me lo imagino un mes teniendo que trabajar en las condiciones que trabajan las maestras de la Argentina en las barriadas pobres, y lo encontraría desesperado, pidiendo a los gritos que lo saquen de la escuela. ¡Reivindico a las maestras de la Argentina! Que con dignidad le enseñan a leer y escribir a estos que son verdaderos ignorantes”. 

En sintonía con el oficialismo, la macrista Silvia Lospennato cuestionó la práctica de “legislar con una enorme irresponsabilidad fiscal y técnica”. “Gastamos los recursos del Estado que son el aporte de cada contribuyente de la Argentina con los cinco dedos oscilantes, no sabiendo cuánto cuestan los proyectos”, subrayó y consideró que “tenemos el déficit fiscal que tenemos, entre otras cosas, porque los legisladores nos creemos que se hace la plata escribiendo en un papel los gastos que se nos ocurre hacer”. 

 

Las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se reunieron este jueves –tal como se validó en el recinto- para avanzar con los proyectos sobre actualización en el financiamiento universitario. Hubo 4 dictámenes.

Los despachos fueron presentados por Unión por la Patria con 34 firmas (el de mayoría); el de La Libertad Avanza y el Pro con 26; el de la Unión Cívica Radical (en conjunto con Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica) con 21 ; y el del Frente de Izquierda con 2.

El encuentro comenzó con la palabra del titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien anunció que “hoy va haber dictámenes de todos los bloques, porque a todos los espacios nos interesa que la universidad pública esté bien y esté mejor”. Asimismo, apuntó contra la medida gremial docente que se realizó este jueves: “Estamos tratando esto en un día en que muchos millones de chicos no tienen clases y desde 1983 a la fecha, llevamos más de mil paros”.

En su intervención para defender el dictamen de Unión por la Patria, el titular de bloque Germán Martínez anticipó que pedirán ir al recinto el próximo martes 4 de junio a las 15. Esta sesión fue confirmada por Finocchiaro, quien anunció que este viernes será oficializada.

De cara a esa sesión, fuentes del radicalismo aclararon que si el lunes que viene se firma el acuerdo entre el Gobierno y las universidades, “pierde sentido sancionar la ley”.

Si bien el acuerdo con el Gobierno es solo para este año, desde el partido centenario aclararon que para el año que viene la situación quedará aclarada en el Presupuesto 2025. Para el presente año, desde el radicalismo señalan que el presupuesto prorrogado vigente no debe quedar congelado, sino actualizarse por la inflación acumulada. “Si a eso se le da solución el lunes con un monto que conforme a las universidades, tema resuelto por este año”, apuntaron, dejando claro que para el próximo año se discutirá a partir de septiembre con el próximo presupuesto.

En relación a las iniciativas a tratar, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, aclaró que el texto presentado por el diputado nacional Pablo Carro (UP) sobre promoción de la economía del conocimiento “tiene como comisión cabecera a Comunicaciones e Informática, y por eso vamos a seguir en conversaciones sobre el proyecto que estará a la vista y no al despacho”. El cordobés asintió la moción.

Varios legisladores de diferentes espacios se manifestaron en contra de lo que declaró el presidente Javier Milei el martes pasado -al cabo de la sesión donde se votó el emplazamiento-, respecto de que “cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quiera romper el equilibrio fiscal, romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar". También, hubo duras críticas contra el Gobierno anterior.

En qué difieren los despachos de UP y la UCR

Tal como lo anunció Germán Martínez, hay muchas similitudes entre el dictamen de mayoría que emitió Unión por la Patria con 34 firmas; y el de la UCR -en conjunto con HCF, CC e IF-, respecto a la actualización del financiamiento universitario. Sin embargo, se diferencian en algunos artículos.

En ambos casos, se propone la actualización de las partidas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2024 y de forma bimestral. Pero en el caso de UP integra a los sectores ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.

Además, desde la bancada kirchnerista le exigen al Poder Ejecutivo restablecer todas las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución, puntualizando sobre las cinco universidades nacionales creadas por ley en 2023.

A diferencia del dictamen de la diputada radical Danya Tavela, UP propone la inmediata actualización de los salarios docentes y no docentes universitarios y el aumento de la cantidad y monto de las becas estudiantiles.

Por su parte, el despacho del radicalismo difiere en esta cuestión ya que en palabras de su impulsora “los aumentos son por paritaria nacional docente para no cambiar las reglas”. Del mismo modo –algo que no está en el dictamen de la oposición más férrea- es la realización de auditorías y su posterior informe al Congreso, pero no en el sentido que propone el Gobierno Nacional, sino para que “quede claro que las universidades no tienen nada que ocultar”.

El debate

En primera instancia, la diputada nacional Romina Del Plá anunció que el Frente de Izquierda irá al recinto con su propio despacho, porque “no solo es la necesidad del incremento en los gastos operativos, sino que insistimos con la declaración de emergencia, un incremento del 300%, mejoras en salarios de docentes, no docentes y becas para estudiantes e insistimos con la actualización de las obras sociales de las universidades”.

De participación sindical activa, Del Plá reivindicó el paro de este jueves en todos sus niveles: “Hoy estamos de paro con la docencia universitaria porque somos víctimas de esta política de ajuste y los docentes están diciéndole al Gobierno Nacional y a los gobernadores que no vamos a admitir que se siga ajustando en la educación pública”.

El monobloquista neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) trajo a colación la situación actual de la Universidad Nacional del Comahue y señaló que “el presupuesto prorrogado del 2023, que fue planificado en 2022, generó un déficit de 211 millones de pesos” en la casa de altos estudios de Neuquén. Cargó, además, contra el presidente por mencionar la posibilidad del veto y cerró: “Los dialoguistas no estamos de ningún lado de la grieta, estamos del lado de las universidades”.

A su turno, el diputado nacional Fabio Quetglas (UCR - Buenos Aires) manifestó que “sin Presupuesto carecemos de un horizonte ético de saber a quién le pedimos y a quién no le pedimos el esfuerzo”, y agregó que “la arbitrariedad presupuestaria está haciendo estragos en un montón de aspectos de la vida pública”.

El jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó las diferencias entre su despacho y el de los radicales (junto a HCF e IF), y amplió que “los artículos 3 y 4 son exactamente los mismos que el 1 y 2 de nuestro dictamen, pero se toman a cuenta de los aumentos que sean incluidas las cinco universidades creadas el año pasado”.

Asimismo, agregó que “incluimos un artículo 3 para prever la actualización de las partidas sobre desarrollo de proyectos tecnológicos, científicos y de extensión universitaria”, y se refirió a Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación: “No vamos a darle facultades delegadas a un área que ha demostrado no cumplir con nada”.

Al igual que Llancafilo y la izquierda, cargó contra el presidente Javier Milei: “Estamos en esta situación por el salvaje proceso de ajuste desde el primer día de su gobierno”. Recordó, en esa línea, otros procesos de ajuste y afirmó que los pedidos de auditorías y control “son excusas” para ejecutar la desfinanciación de las casas de altos estudios.

También, destacó la labor de la oposición respecto a este tema y repaso la movilización universitaria del 23 de abril, la posterior sesión sin quórum del 24 y el emplazamiento a comisiones del martes pasado. “Nosotros veníamos planteando esto desde mediados de marzo”, consideró el santafesino.

“La universidad es el resultado de tres grandes aportes, la reforma del 18, la consagración efectiva de la gratuidad y la creación de universidades de cercanía de la República Argentina. Sin eso podría ser esa proyección aspiracional de movilidad social ascendente”, afirmó.

Para cerrar su intervención, el jefe bancada de UP alertó a “tener posturas claras porque nos van a querer meter el financiamiento privado por el costado y la batalla se está dando ahora”, en relación a la redacción los artículos del proyecto, y anunció que “están dadas las condiciones para que tengamos una sesión con quórum y en las próximas horas, nuestro bloque va a pedir para el martes 4 de junio a las 15”.

El titular del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, anunció la firma de un tercer dictamen y cuestionó al que presentaron La Libertad Avanza y el Pro: “Les pedimos que mejoren la redacción del artículo 2 porque es una expresión de deseo en un dictamen”. “Es inadmisible en la práctica parlamentaria, referirse a un acuerdo que todavía no está suscripto con el CIN”, aseveró.

Impulsora del proyecto del radicalismo, la diputada nacional Danya Tavela afirmó que “este es el dictamen que espera el sistema universitario”. Asimismo, sumó: “Quiero que discutamos el artículo 58 porque se necesitan criterios claros, sino el vínculo político de turno hace que la plata no vaya a los estudiantes, sino que se reparte por un criterio partidario”.

A su vez, planteó que “quiero que discutamos criterios objetivos de asignación presupuestaria”, pero advirtió que “no van a encontrar en nuestro dictamen una actualización salarial porque nosotros defendemos la paritaria porque no vamos a cambiar las reglas de juego”.

Al igual que todos los bloques de la oposición, la diputada radical criticó la postura del oficialismo: “Vamos a pedir que se presenten las Auditorías porque las universidades no tienen nada que ocultar y no vamos a permitir que este Gobierno siga avanzando en el ajuste en la educación”.

La vicepresidenta de la comisión, Blanca Inés Osuna, expresó enérgicamente durante el plenario: “No se merece la universidad pública argentina estar en esta situación y nosotros entendemos que es indispensable tener una mirada integral sobre la situación de las Universidades”. Además expresó que “nos comprometemos a que puedan resolverse de la manera más rápida en el recinto y avanzar”.

En representación del oficialismo, el diputado nacional Santiago Pauli (LLA – Tierra del Fuego) deslizó que “es falso que haya diputados que defienden la universidad pública y otros que no la defienden”, y defendió al presidente de la Nación: “Tenemos un gobierno que sí ha aumentado las partidas y ha garantizado el funcionamiento de las universidades”.

En medio de los abucheos de la oposición, el fueguino siguió: “Lo que se está haciendo es desactivar bombas porque hace tiempo hubo un ‘acting’ que se hizo en una universidad donde se apagó la luz e hicieron campaña del miedo con las universidades y no han cerrado”.

“El fantasma del cierre y el arancelamiento no son reales porque hay problemas de larga data”, enfatizó Pauli. “¿En qué se gastó el gobierno anterior la plata? Y sí desde la UBA suspendieron la declaración de emergencia es porque el acuerdo entre CIN y Gobierno suspende aquellos que consideraba que estaban en emergencia”.

En defensa del despacho oficialista, la diputada libertaria Mercedes Llano (Mendoza) explicó que “las universidades han implicado un retroceso en la calidad educativa en relación al aumento del gasto público”.

“La expansión de la inversión no está reflejado en mejoras de la calidad universitaria”, cuestionó Llano, quien afirmó que “es un deber moral de los representantes del pueblo ratificar que los docentes ingresen por concurso”. “Estas reformas quieren poner la universidad al servicio de la sociedad y no de los partidos políticos”, culminó.

Por último, la presidenta de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, remarcó que el problema central recae en la ausencia de una Ley de Presupuesto para este período y defendió la movilización universitaria del mes pasado: “El pueblo argentino salió sin banderías políticas y todos estamos llamados a defender la universidad pública”.

En tal sentido, afirmó que la universidad “promueve el acceso a la cultura y permite la democratización de las oportunidades que es lo que necesita el país para salir adelante”. Para ello consignó “buscar un criterio objetivo por ley que no dependan de particularidades”.

Del mismo modo, relató la situación de las casas de altos estudios de Salta: “Las universidades consumieron más del 90% de su presupuesto en el primer cuatrimestre”.  “Por eso debemos generar criterios objetivos que puedan ser logrables, que establezcan previsibilidad y pedimos el reconocimiento del IPC del 2023 y el 2024”, concluyó.

Culminadas las exposiciones sobre los cuatro dictámenes emitidos, Finocchiaro, quien estuvo acompañado por José Luis Espert -en su rol de presidente de Presupuesto y Hacienda-, anunció que el martes próximo se tratarán los proyectos para restablecer la vigencia del FONID.

 

Exfuncionarios de la gestión Cambiemos -luego diputados del interbloque Juntos por el Cambio-, Alejandro Finocchiaro (Pro) y el jefe de bancada radical Rodrigo de Loredo protagonizaron un áspero cruce donde se acusaron e ironizaron respecto a sus trayectorias políticas al inicio del pedido de emplazamiento del temario de la sesión de este martes.

En su rol como presidente de la Comisión de Educación, Finocchiaro catalogó a esta sesión como “ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”. Agregó, además, que “son todos temas que están en la comisión que presido y hay cuestiones en el temario que ya fueron resueltas por el Gobierno Nacional”, en alusión al incremento del presupuesto de las universidades nacionales.

Mientras era interrumpido por diputados de UP y la UCR -Martín Menem reiteró en tres oportunidades el pedido de silencio-, el exministro de Educación (2017 -2019) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri señaló que esta sesión “le está dando la oportunidad al kirchnerismo de mostrar cuánto les preocupa la educación, cuando –en realidad- su brazo sindical va a dejar sin clases el jueves a todos los chicos de nuestro país”.

Asimismo, siguió: “El objetivo del kirchnerismo no es el presupuesto universitario, es emplazar para que se trate el FONID (Fondo de Incentivo Docente), que es un mal concepto porque es dinero en negro que deben pagar los gobernadores y no el Estado nacional”. “El FONID ha dejado desde un billón hasta 1.4 billones de déficit”, aseveró.

De ese modo, remarcó su postura en relación a que todos estos temas debían arribar al recinto siguiendo el camino en el plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda (presidida por el liberal José Luis Espert) que había sido convocada para este jueves 23 a las 16.

Nuevamente, el titular de Educación en la Cámara baja repasó el camino de los proyectos en comisiones y aludió que “el viernes a última hora (momento en que se difundió la convocatoria del radicalismo para sesionar los textos sin dictamen) la sesión se gestó de forma ignominiosa”.

En su relato, Finocchiaro aseguró que “estábamos encaminados a un dictamen”, y agregó que hubo un acuerdo entre distintos diputados y Espert (en su rol como presidente de Presupuesto y Hacienda) para levantar la sesión de este martes si es que había una convocatoria a reunión plenaria. Sin embargo, el pedido de sesión salió igual.

Cabe aclarar que, durante el fin de semana, la fecha establecida para la reunión plenaria en cuestión figuraba en la web oficial del Cuerpo para el jueves 28 de mayo por la tarde. El lunes fue corregido para el día 23.

Con relación a esta reunión entre bloques y los titulares de Educación y Presupuesto y Hacienda, Finocchiaro relató que “le pregunté al señor Rodrigo de Loredo si esto era así (levantar la sesión a partir del plenario) y su respuesta fue ‘sí Ale’”. “Quiere decir que el diputado De Loredo faltó a su palabra”, apuntó el macrista.

El exministro de Educación enfatizó: “Me dirijo formalmente ante toda esta Cámara a decir que De Loredo faltó a su palabra”. “Estoy hablando de él y no hago mención de ningún hombre y mujer ni en el pasado ni en la actualidad de la Unión Cívica Radical. Que conste”, añadió.

En medio de gritos de las bancadas radicales y de UP, señaló que “quienes burlan no entienden el profundo valor que la palabra empeñada tiene en la política porque para mí es muy importante la palabra empañada”.

Así las cosas, ironizó: “Quien sabe que culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”. Siguió, en el mismo sentido, que “entiendo que después de todo lo que dije De Loredo se va a sentir sentido aludido”.

Para terminar sus cuestionamientos contra el jefe de bancada radical, sumó: “Quiero, por su intermedio señor presidente (dirigido a Menem), manifestarle al diputado De Loredo que no solo tengo honor para mantener mi palabra, sino que tengo coraje y hombría de bien para mantener mis dichos”.

La respuesta del jefe de bancada radical

Concepción de la palabra mediante, la respuesta del titular de bloque radical, Rodrigo de Loredo, no se hizo esperar. “Si algo me ha caracterizado es haber tenido y tener siempre sentido crítico de uno mismo y de las trayectorias que cada dirigente tiene”, empezó.

En medio de interrupciones y el pedido de compañera de bloque Soledad Carrizo de hacer silencio, el cordobés, quien supo ser el titular de Arsat en los cuatro años de gestión macrista, agregó que “no tenía pensado estas digresiones, pero al ser directamente mencionando voy a contestar brevemente”.

“En Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar que define a la honorabilidad como el orgullo atravesado por la ética, no veo en las palabras de Finocchiaro de ninguna manera una actitud honorable”, contestó el radical, y sumó: “Falta absolutamente a la verdad en sus términos”.

A su vez, el cordobés se guardaba un pase de factura por la gestión de exministro y apuntó: “Con aciertos y errores trato de cultivar un sentido crítico y soy un férreo defensor del gobierno que me tocó integrar porque hemos tenido un rumbo acertado, pero faltó tiempo”.

Y siguió: “Destaco los errores y siempre visibilice un gobierno que pecó de ‘porteñocentrismo’ que subestimó la política, pero ha llegado la hora de que haga público una de las autocríticas que tuve por haber integrado ese gobierno que es el bajo nivel de su ministro de Educación”.

El presidente de bloque radical aseveró: “Queda claramente expresado por la carencia de educación en un hecho que, en mis años como representante parlamentario, fue pocas veces visto”. “Que se haga cargo de sus expresiones”, reiteró.

También, respondió al relato del encuentro del viernes: “Esas reuniones nocturnas a las que usted le asigna una relevancia tan trascedente y además las falsea, no son a las que le damos prioridad”. “Nosotros le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público”, expresó.

A su vez, defendió el pedido de sesión y ratificó que “estamos acá por una cuestión de tiempo porque el tiempo está pasando y las soluciones no aparecen”. “Ha pasado un mes de la marcha más relevantes de la cual el Gobierno tomó nota”, agregó.

Describió, además, al retraso del tratamiento de los proyectos de educación superior en comisiones como “una actitud pseudo-extorsiva”. “Han querido fragmentar el sistema universitario en su solidaridad”, explicó De Loredo.

 

Finalmente, apuntó contra el Gobierno Nacional: “El núcleo duro del argumento comunicacional de ustedes que estira la paciencia de la gente es que habrá luz al final del túnel y es un argumento de tiempo, pero el desfinanciamiento de la educación augura un fracaso de país”.

 

En el cierre, el jefe de bancada radical dejó asentada la moción de emplazamiento para tratar los proyectos en el plenario del jueves 23 a las 16 “con la obligación de emitir dictamen”. También, auguró por el inicio del debate los textos que restablecen la vigencia del FONID para el próximo martes.

A casi un mes de la marcha federal que movilizó a una multitud en defensa de universidad pública, y en el marco del debate de proyectos de ley sobre el financiamiento de la educación superior, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, asistió este martes a la comisión homónima de la Cámara de Diputados. 

“Estamos progresivamente aumentando el presupuesto, por supuesto no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable”, aseguró sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales, luego del reclamo que se dio por los fondos que se encontraban congelados en el arranque de las clases. 

Cabe recordar que, un día antes de la marcha, el Ministerio de Capital Humano informó -mediante un comunicado- que había establecido un “cronograma de pagos” con el Consejo Interuniversitario Nacional y que había depositado el “100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales”. También indicó que dicho depósito incluyó un aumento del 70% de las transferencias, por un total de $10.075.851.995.

Ese incremento fue el que destacó este martes el funcionario, quien además consideró que “la comparación permanente que se hace con el año pasado tiene una cierta injusticia”. “Es más sencillo distribuir recursos en un contexto de emisión monetaria fuerte que en un contexto de restricción, porque se quiere sanear la economía”, lanzó. 

Torrendell aseveró que “aunque los recursos puedan escasear, proporcionalmente la apuesta por la educación resulta simbólica y efectivamente consistente”. “Entiendan que llevamos cinco meses de un Gobierno que está enfrentando de forma novedosa toda esta situación”, agregó. 

En ese sentido, insistió: “La educación para nosotros es vital y el presupuesto universitario también. Se plantea que parecería que esto no es así, a partir de comparaciones con las situaciones previas. Y no podemos comparar lisa y llanamente la situación actual con la anterior, como si eso demostrara una minusvaloración del presupuesto universitario, en un contexto de crisis económico relevante, en donde se quiere hacer un tratamiento de las cuentas públicas ordenado”. 

Durante su exposición inicial, el secretario de Educación señaló que “lógicamente hay un pedido de previsibilidad, que es razonable y entendible” por parte de la comunidad universitaria; y reveló que cuando asumieron en diciembre había “una deuda de 360 millones de pesos de los dos meses y medio previos” con el sector, que pudieron pagar “rápidamente”. Sin embargo, todavía “hay otras deudas que abordar en el sistema educativo”. 

“Entiendo el anhelo de previsibilidad, pero también es complejo”, dijo y habló de un cambio de paradigma sobre el financiamiento de la educación, “que pase más de la lógica de distribuir recursos a una lógica centrada en lo que podríamos llamar una eficiencia integral, que contemple dos dimensiones”, propuso. En esa línea, explicó que debe financiarse de manera que “los recursos vayan a los que menos tienen” y además “distribuir los recursos para que efectivamente los alumnos aprendan, que haya una mejora en los aprendizajes”. “Argentina lleva muchas veces esta lógica de repartir recursos y no de vincularlos con un direccionamiento inteligente”, sumó. 

Sobre la cuestión salarial, el funcionario reconoció que “evidentemente hay una pérdida en relación a la inflación de los salarios del mundo educativo y docente”. “Hemos estado convocando a paritarias y, aunque no se pudo acordar, hemos otorgado aumentos durante estos meses. La idea es seguir ampliándolo, de manera de ir mejorando paulatinamente la situación salarial”. 

Torrendell apuntó que “el aumento de 70% de los gastos de funcionamiento” a las universidades “ ya se ha abonado” y anunció: “El mes que viene, sobre los gastos de funcionamiento de mayo, también va a haber un segundo aporte”. Este nuevo aumento no lo especificó, como tampoco los fondos que se enviarán a las casas de altos estudios que tienen hospitales. Más tarde, los diputados Daniel Arroyo (UP), Danya Tavela (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) le pidieron que envíe el detalle de esas partidas.

A su vez, prometió que se fortalecerán los programas de ciencia y técnica y se continuará con las becas doctorales. “Nuestra idea es, en diálogo con (el Ministerio de) Economía, por lo menos iniciar las obras que se puedan, priorizar las de educación y con las universidades que están con obras más avanzadas”, expresó sobre la cuestión infraestructura. 

“El presupuesto reconducido del 2023 a 2024 es de 1,4 billones. Con lo que se ha aumentado hasta ahora, si se congelara todo, ya este año el gasto con las universidades llega a 2,5 billones. Nosotros vamos a seguir ampliando los salarios y los gastos de funcionamiento”, aseguró. También informó que cualquier universidad que requiera de recursos extra para el pago de tarifas de energía o seguridad, podrá pedir ayuda para afrontarlo y “eso va a ser abonado”.  

Al momento de las preguntas, el diputado Ferraro manifestó: “Creo que usted entiende de lo que estamos hablando, quizás también la ministra de Capital Humano, a quien no conozco. Pero acá los que no están entendiendo y hay que hacerles entender, con un fuerte tirón de orejas, son dos funcionarios: el jefe de Gabinete, el señor (Nicolás) Posse, y el ministro de Economía, (Luis) Caputo”. 

Para el cívico hay que determinar “de qué manera salimos del látigo y billetera por parte del ministro de Economía y del jefe de Gabinete” y “el Gobierno nacional nos marca una previsibilidad y un camino de cómo va a ser el financiamiento universitario en estos siete meses que quedan del año”. 

“Para que la inversión sea correcta no es solo distribuir recursos”, sostuvo Torrendell, que no detalló números y dijo que el trabajo hacia el presupuesto del año próximo “comienza en breve” y se llevarán adelante, para ellos, reuniones con el CIN. 

Uno de los temas que surgió fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que la gestión de Javier Milei decidió no prorrogar. El radical Julio Cobos recordó que “el FONID surgió en un gobierno que es admirado por el actual presidente, de hecho hoy se ha inaugurado un busto en homenaje al presidente Carlos Menem”, señaló en referencia al acto que hubo este martes en Casa Rosada. Y mencionó a continuación que eso se hizo “de manera de compensar la descentralización que se hizo hacia las provincias, en materia de funciones y operaciones; pero que no fue oportunamente acompañado por sus recursos”. 

Torrendell afirmó que no hubo un ajuste sobre los fondos que estaban previstos para el FONID, porque no se han quitado a la Secretaría de Educación, sino que se los va a “redireccionar a la mejora de los aprendizajes” como en alfabetización. Indicó que la ley de 1998 “no instaló para siempre” a este Fondo. “El FONID surge para compensar el problema del salario docente, por las diferencias de salarios provinciales, pero eso se resolvió con la Ley de Financiamiento Educativo de 2006”, consideró, avalando así la decisión. Y agregó que la idea del Gobierno es “ordenar las economías nacional y provinciales, para que las provincias se hagan cargo de lo salarial”. 

Al consultarle la diputada radical Danya Tavela qué opina sobre los proyectos que están en debate y que buscan establecer un régimen de financiamiento universitario -ella es autora de uno-, el secretario de Educación precisó que el año pasado el presupuesto para universidades tuvo un esquema de “ 90% a salarios, 5% para gastos de funcionamiento y otro 5% en todo lo que fue programas”. Torrendell recomendó no establecer porcentajes fijos, haciendo un esquema inflexible, sino “debatir con los rectores” qué es lo que conviene. 

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón le preguntó al funcionario por la resolución del mes de febrero mediante la cual “la ministra (Sandra Pettovello) dispuso parar con el funcionamiento de universidades que se habían creado a fines de 2023: Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. ¿En qué situación se encuentra esa revisión?”. 

“Sobre Delta y Pilar hubo dos cautelares; la situación de la de Madres de Plaza de Mayo es bastante compleja, porque tiene asambleas impugnadas, no tenemos autoridades hoy constituidas; en el caso de Ezeiza es provincial y por un convenio tiene que ser trasladada a Nación. La de Río Tercero se me escapa en qué situación está. En la resolución se planteó una revisión del proceso previo a la ley. Esas universidades son leyes, la idea es verificar el estado en el que están, continuar en los casos que se pueda y si hay alguna dificultad la traeremos aquí”, contestó. 

En la reunión, que se extendió por más de tres horas, también expusieron rectores de universidades; el director del Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), Marcelo Melo; y la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, quien aseveró que “a todos los ministros nos afecta que el Ministerio haya devenido en Secretaría de Educación”. 

“El sistema educativo argentino en estos cinco meses del gobierno de Javier Milei está sufriendo un cruel desfinanciamiento”, denunció, y reclamó que se traten “urgentemente” los proyectos de ley presentados sobre la continuidad del FONID. 

La funcionaria provincial sostuvo que “hay una desinversión en materia educativa que pone en riesgo la garantía de derechos y la ampliación de oportunidades”. “La falta de definiciones respecto de la continuidad de programas nacionales nos quita toda posibilidad de previsibilidad y nos introduce en un escenario de incertidumbre”, añadió. 

Hacia el final, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, resaltó que “las dos palabras que más resonaron fueron previsibilidad y urgencia”. “No da para más este debate, el intento de patearlo para adelante es un proceso de dilación inaceptable”, enfatizó y exigió tener una fecha de dictamen. Más adelante, el socialista Esteban Paulón propuso que se dictamine el 21 de mayo. Sin embargo, el presidente de la comisión, Alejandro Finocchiaro, cerró la segunda reunión informativa sin precisar cuándo será el próximo encuentro. “Se avisará por Secretaría”, finalizó. 

Foto: HCDN

 

Presidida por el macrista Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se vuelve a reunir este martes 14 de mayo a las 13 en un tercer encuentro informativo, que tendrá como expositor invitado al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

El funcionario asistirá a la Sala Anexo “C” para ampliar el debate sobre el régimen de financiamiento de universidades nacionales, la modificación la Ley de Educación Superior y la declaración de emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública hasta el 31 de diciembre.

Desde la primera reunión del 2 de mayo, la oposición (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda) exige avanzar con los dictámenes para llevar todos los proyectos al recinto en una próxima sesión. Las autoridades habían dejado abierta la posibilidad de avanzar con las firmas cerca del 16 de mayo. Sin embargo, la fecha nunca fue confirmada.

Fuentes parlamentarias señalaron que el presidente de la comisión Finocchiaro “no va a convocar para dictaminar hasta no tener algún ok gubernamental”.

De esta manera, esta tercera reunión (la segunda informativa) solo tendrá exposiciones entre funcionarios, invitados y diputados. Cabe recordar que todos estos temas fueron llevados al recinto al día siguiente de la histórica marcha universitaria del 23 de abril, pero la misma se cayó por falta de quórum.

Durante una reunión informativa de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, autoridades de universidades, profesores y estudiantes expusieron sobre su preocupación por el retraso presupuestario y el financiamiento del sector, tema que comenzó a tratarse la semana pasada. 

El próximo martes 14 de mayo asistirá el secretario de Educación, Carlos Torrendell, según informó el presidente de la comisión, el macrista Alejandro Finocchiaro. En el cierre, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna reclamó que “nos aboquemos lo más urgentemente posible a tener una reunión plenaria con Presupuesto y Hacienda. Es crucial lograr dictamen en base a los proyectos presentados”. 

Primera invitada en hablar, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, consideró que “la discusión entre el tema del financiamiento universitario y el FONID no son dos temas separados. En Argentina durante muchísimos años hemos peleado por el financiamiento educativo, que incluye a las universidades y a las escuelas”. En ese sentido, dijo que todos los niveles “forman parte de un mismo plexo normativo” y “la Ley de Financiamiento Educativo prevé fondos para ambos sistemas”. 

“Estamos en una situación crítica, donde no sólo se dejó de pagar el FONID, sino que el Estado Nacional dejó de enviar los fondos para los comedores y copa de leche, refuerzo nutricional a las provincias”, denunció y alertó también que “se dejaron de enviar los fondos para construcción de escuelas”. 

Alesso habló de “consecuencias dramáticas para la educación pública”. “Quieren maestros de Finlandia pero con sueldos de Nigeria”, cuestionó y remarcó: “La Cámara de Diputados debe velar por las leyes que aquí se votaron”. 

Sonia Alesso

A su turno, Lucía Ortega, doctora en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, valoró que con la marcha del pasado 23 de abril quedó demostrado que la educación pública, gratuita y de calidad “no está puesta en cuestión, ese es un principio que la sociedad planteó que es fundamental para nuestro desarrollo y futuro”. 

“Es necesario que haya financiamiento para todos los gastos que necesitan las universidades. Con una inflación de 300% anual, un presupuesto congelado significa que solamente alcanza para uno de cada cuatro pesos que alcanzaba el año pasado”, resaltó. 

Ortega aclaró que “hay que tener en cuenta que viene un desfinanciamiento de hace varios años” sobre el sector, pero “el salario docente desde noviembre del año pasado hasta acá cayó cerca de un 30%”. “Con el retraso que hay se necesitaría un aumento del 54% para poder tener el poder adquisitivo de noviembre pasado”, precisó. 

Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz, relató que desde el cambio de gobierno se fueron “perdiendo sucesivamente distintas acciones, proyectos y actividades que teníamos y que de a poco van mermando en las universidades”, como por ejemplo la suspensión de proyectos de infraestructura y de las transferencias para la compra de equipamiento para proyectos de ciencia y tecnología. 

“En el sistema universitario hay gran preocupación y una gran angustia, los organismos de doble dependencia, investigadores e investigadoras, están viendo que las líneas de trabajo se están cayendo”, expresó e informó que “el crédito vigente cae para el grueso de los organismos de ciencia y tecnología en el orden del 30% real, siendo el INTI e INTA los que menos descienden y siendo las universidades nacionales las más afectadas, con una caída del 84% real respecto de 2023”. 

Kusinsky agregó: “El escenario que estamos atravesando está poniendo en juego el desarrollo de la ciencia y tecnología, no solo para este momento, sino para el futuro”. 

Por su parte, Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, opinó que “hay un antes y un después desde la marcha del 23” de abril, porque el reclamo de la comunidad universitaria se convirtió “en un reclamo de todos los argentinos”. “Los docentes universitarios, igual que los no docentes, perdimos en cuatro meses del gobierno de (Javier) Milei más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación y esta es la pérdida salarial más grande de la historia”, dijo.  

Norberto Heyaca, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, enfatizó que “el pueblo pidió universidad pública” y en un mensaje a los legisladores manifestó: “De ustedes depende que esa universidad tenga presupuesto y a partir de eso tenga certezas, objetivos, motivación y futuro. Tengo la esperanza que puedan llevar adelante un buen proyecto”. 

Alejandro Finocchiaro (Foto: HCDN)

Entre los oradores, Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sostuvo que “las universidades estamos atravesando un ajuste presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente. Si suponemos que en abril la inflación va a ser del 9%, los gastos de funcionamiento en términos interanuales se van a ver reducidos un 60%”. 

Pinazo indicó que Argentina es el país de la región con más alta matrícula universitaria, sin embargo “en términos de PBI gasta menos en educación superior que Brasil, Chile y Uruguay”. 

“La universidad pública gasta alrededor de una cuarta parte de lo que el Estado deja de recaudar en exenciones impositivas”, señaló y comparó que el año pasado el gasto universitario fue de “alrededor de 80 mil millones de dólares y solo una empresa, Mercado Libre, recibió exenciones impositivas por más de 100 mil millones de dólares”. 

Ileana Celotto, secretaria general Asociación Gremial Docente de la UBA, denunció: “Las universidades estamos sufriendo una brutal asfixia presupuestaria, al momento solo se ejecutó el 70% sobre el funcionamiento, que representa un 8 o 9% del total del presupuesto. Se ejecutó el 22 de abril, un día antes de la marcha universitaria, como para que nos nieguen que el manejo de los fondos hacia la educación superior no tiene por este Gobierno un objetivo político”. 

“El 90, 92% restante del presupuesto, la mayoría, que se destina a salarios, no hay sobre eso ninguna novedad, no hubo ningún aporte presupuestario”, afirmó y lamentó que “desde hace añares el presupuesto universitario está siendo ajustado; evidentemente todos los gobiernos lo vienen ejecutando”. 

Al hacer hincapié en el salario docente, Celotto contó que “un ayudante de primera, a cargo de alumnos, con título universitario y muchas veces también de posgrado, de dedicación semiexclusiva, lo que equivale a la carga horaria de un maestro de jornada simple, tiene un salario en abril de 247.025,16 pesos”. “La mayoría de nuestra docencia universitaria está por debajo de la línea de la pobreza”, advirtió. 

Al comienzo de la reunión se llevó a cabo la elección de la secretaria segunda, donde fue designada la diputada libertaria María Celeste Ponce. 

 

 

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por el bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro), se reunió este jueves para comenzar a darle tratamiento a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 4 del Anexo, fue convocado a raíz de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales y luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” analizar el tema.

A la hora de fijar una hoja de ruta, Maximiliano Ferraro en nombre del bloque HCF propuso realizar dos reuniones de carácter informativas -la primera de ellas con la presencia del subsecretario de políticas universitarias y la segunda con decanos, docentes, etc.- y una tercera reunión entre diputados para consensuar y dictaminar. Además, le solicitó al libertario Santiago Santurio que “intervenga” y le solicite al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un plenario.

Por su parte, por el Frente de Izquierda Romina Del Pla pidió “darle urgencia y no dilatar” el tema y planteó realizar un solo encuentro informativo y dictaminar, a fin de “tratar FONID la misma semana”.

En tanto el bloque Unión por la Patria planteó que es “necesario un cronograma porque la Confederación de trabajadores de la educación solicitaron tenerlos en cuenta para tratar el incentivo docente”, por lo que propusieron llevar a cabo dos reuniones y la última dictaminar, posiblemente el 16 de mayo.

Finocchiaro recogió las sugerencias y expresó: “Es urgente resolver lo del financiamiento universitario, pero también se proponen fórmulas para asignación de ese presupuesto. Pero no vaya a ser cosa que por apurarnos y votar algo rápido terminemos arrepintiéndonos como pasó con la Ley de alquileres”.

Así, comunicó: “Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”.

Antes de pasar a considerar el temario, la comisión se abocó a completar las autoridades que integran la misma. Para la primera secretaría fue designada la correntina Nancy Sand (UP), la segunda secretaría fue para Romina del Plá (PO/FIT-U). Para la tercera secretaría iba a ser postulada la libertaria cordobesa María Celeste Ponce, pero renunció a la integración de la comisión, por lo que el cargo sigue vacante.

Luego de que por secretaría se le diera lectura a los proyectos que se pondrán en consideración, Finocchiaro aclaró que hay dos expedientes -uno de Del Plá y otro de Mónica Litza (UP)- relacionados con el tema que “no se encuentran ene el temario debido a que no tienen giro a Educación, sino a otras comisiones y no se pueden tratar hasta que esas comisiones le den tratamiento”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman inició su intervención al afirmar que “no podemos tratar estos expedientes como si no pasara nada”, y remarcó que desde su bloque “somos los más interesados en tratar esto”.

Recordó, además, la sesión llevada a cabo esta semana: “El martes cambió algo con la aprobación de la ley Bases y la reforma fiscal. Se decidió que el ajuste recaiga sobre los jubilados y los trabajadores”. “No queremos que el presupuesto educativo sea a costas de dejar a los pibes sin trabajo y o con trabajo, pero sin derechos”, señaló.

“Venimos de una movilización histórica (en referencia a la marcha universitaria del 23 de abril) porque la universidad no es una isla y en la Argentina desde 1918 se ha demostrado que la universidad es una gran caja de resonancia de lo que pasa”, enfatizó Bregman.

A continuación, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) celebró la convocatoria y apuntó contra el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert: “Ojalá corriéramos con la misma suerte con respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto, que sigue con su práctica demostrando ser que es el presidente de una comisión de un bloque parlamentario y no de todos los diputados de la nación que integramos la Cámara”.

Luego reivindicó la “magnífica marcha federal universitaria que se dio a lo largo y ancho del país. Fue una de las más importantes y significativas en estos años de democracia”.

Ferraro destacó el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que coinciden con los datos que brindó la Oficina de Presupuesto del Congreso y al respecto señaló: “La decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 coloca al sistema de educación superior frente a una situación económica más que crítica y eso lo podemos ver con datos del primer cuatrimestre donde ya en este período vemos que el devengado que tienen la mayoría de las universidades está entre el 95 y el 123%”.

“Lo que nos quieren transmitir desde el Ministerio de Capital Humano, el propio subsecretario de políticas universitarias, está claro que se evidencia esta crisis económica que está viviendo el nivel superior en cada universidad”, cuestionó y agregó: “Estos datos estamos evidenciando que estamos en los niveles más bajos en relación a lo que fue el año 1997. Si para 2024 tomamos el Presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Educación Superior estamos en un 72% más bajo comparado con respecto al año anterior”.

El diputado de la CC-ARI planteó: “Si observamos que la ejecución del primer trimestre refleja una clara reducción del 34% con respecto al año anterior y la caída interanual de las partidas presupuestarias para el sistema de educación superior fue más pronunciada con respecto a lo que se ha dado en otros rubros vinculados al gasto público nacional”.

“Nosotros en esa comisión nos tenemos que dar una clara y precisa hoja de ruta en cómo vamos a trabajar cada expediente”, manifestó y destacó el proyecto de la diputada Danya Tavela que “trata de poder enfrentar la situación del contexto de urgencia actual pero una discusión más de fondo la política de educación superior. También es relevante para poder resolver los alarmantes datos el proyecto de la diputada Pamela Calletti y en el proyecto del diputado Pablo Carro y Hagman hay una buena resolución de cómo agarrar el índice de precios al consumidor con respecto a los gastos de funcionamiento”.

Al finalizar su exposición el diputado Ferraro señaló que esta situación que vive el sistema universitario público es consecuencia del acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para no aprobar por ley el presupuesto 2024 y así poder prorrogar el de 2023 y licuar con la inflación esos recursos asignados. “Está la crisis y la situación en lo que tenemos devengados en el primer cuatrimestre y esto requiere urgentemente una ampliación presupuestaria para lo que es inciso 1 gasto de personal docente y no docente y gasto de funcionamiento”, cerró.

Así, propuso que en la próxima reunión se invite al subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez para que “venga a rendir cuentas y explique cuál es la política de financiamiento”. “Tenemos que volver a invitar a los rectores, la federación universitaria, gremios docentes. Hay que realizar tres o cuatro jornadas de trabajo para atender la urgencia”, propuso.

La vicepresidenta de la comisión Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) apuntó contra la gestión presidencial de Javier Milei: “El origen de la desfinanciación de la universidad pública argentina tiene que ver con un modelo de país que apunta al enriquecimiento de un sector vinculado a las finanzas y a la especulación y un empobrecimiento de lo público y los trabajadores”.

De este modo, elaboró un pedido especial respecto al tratamiento para restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): “Junto al Fondo de Compensación Salarial son productos de la lucha docente”.

“Estamos pidiendo que haya agilidad en el tratamiento de este tema (presupuesto universitario) para resolver cuanto antes con un dictamen”, sostuvo, y añadió: “Insistimos que resuelto este tema se incorporen los proyectos del Fonid”.

Su compañero de bancada, Daniel Arroyo coincidió en que “es clave tratar el financiamiento de las universidades públicas” porque “el Gobierno está trabajando con el presupuesto 2023 prorrogado. Un presupuesto que se presentó en 2022 y se suponía que iba a haber un 60% de inflación, hubo 211%”.

“Es imposible que una universidad pública funcione de esa manera. El presupuesto para las universidades se ha terminado porque hay un desfasaje entre lo asignado y la inflación”, alertó el bonaerense y sumó: “Hace falta un cambio estructural profundo en la educación en general, pero no va a ser posible en la práctica ir cada 15 días a discutir al Ministerio de Economía para ver cuánto les transfiere a las universidades, no es posible que funcione de esta manera el sistema”.

Arroyo afirmó que “ya hubo un recorte del 70% y las universidades ya no tienen planta. Tenemos en serio dictaminar rápidamente porque no hay mucho por debatir porque es evidente que están faltando recursos, que todo está desfasado y que un sistema no tiene forma de ir consiguiendo presupuesto”.

“Tenemos que acelerar, tenemos que dictaminar cuanto antes. Suena razonable tomar el IPC, pero no podemos estar de reunión en reunión debatiendo porque las universidades necesitan tener claridad. Va lo mismo con el FONID, y con las provincias. Todo es grave”, insistió. En el mismo sentido se pronunció Hugo Yasky de “dictaminar ya” porque “estamos frente a una situación de colapso”.

La quinta expositora fue la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) quien pidió en lo posible de culminar la reunión con un dictamen y se refirió al Fonid: “Esa reducción impacta en salarios que ya son magros e impacta en la calidad educativa”.

A su turno, el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) indicó que en su provincia el 85% de la educación es pública con lo cual “es de suma importancia este debate y lo que pasa en la Universidad del Comahue”, y lamentó: “Un presupuesto prorrogado lastima y hiere a la educación pública”.

Así, alarmó que “el retraso en función del proceso inflacionario hace que nuestra universidad tenga ejecutado prácticamente el presupuesto que tiene estimado para este año y va a tener un serio problema a partir del mes que viene si es que no le damos celeridad al tratamiento de actualización del presupuesto universitario y una cláusula gatillo que rápidamente produzca una actualización del mismo que genere no tener a volver el problema que tenemos”.

“Es un error del presidente no reconocer esta situación”, cuestionó y también apuntó contra la gestión anterior que “congeló el envío de recursos actualizados a las universidades. Tenemos cuantificados 120 mil millones de pesos tenemos de déficit en infraestructura escolar. Un país sin educación no tiene futuro, pero tiene que ser una educación de calidad que garantice los días de clases”.

El diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), en sintonía con lo planteado desde su bloque, reafirmó que “es imperioso dictaminar cuanto antes”. Asimismo, manifestó que “la macha con 1.200.000 de personas puso en evidencia que no se puede seguir postergando el tratamiento del presupuesto universitario”.

Del mismo modo, recordó a la sesión fallida del miércoles 24 de abril que pretendía tratar estos proyectos y apuntó contra el presidente de bancada radical: “Muchos de los que fueron a la marcha universitaria no vinieron a sesionar. (Rodrigo) de Loredo vení y dá quórum”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de los salarios docentes y amplió que “la salida tiene que ser integral de la actualización salarial”. “hablan de auditoría y van a darse que falta plata, no que sobra, por eso instó a que se dictamine”, concluyó Castillo.

La diputada radical Danya Tavela fue al principio de la cuestión y recordó el acuerdo entre Sergio Massa y Milei en 2023: “Tenemos que tener en cuenta que el problema comienza por un acuerdo preelectoral entre los candidatos sobre no discutir el Presupuesto 2024”.

Asimismo, consideró que “las 60 universidades no pueden estar yendo cada mes a resolver la financiación porque la expresión de la marcha fue ‘encuentren la solución’”. Se diferenció, por otro lado, de la oposición más dura y afirmó que “instó que nos demos el espacio de diálogo y escucha sin salir corriendo”.

En su intervención, el socialista Esteban Paulon (Santa Fe) preguntó: “¿Cuál es la política educativa que pretende el gobierno?”. “Este presupuesto 2023 es parte de otra de las políticas de Estado que es la subestimación de la inflación”, cuestionó.

El santafecino se refirió a las condiciones en las que se atraviesa el proceso de educación obligatoria que “son centrales, por lo tanto, cuando discutimos presupuesto universitario, salarios, partidas para investigación, tenemos que poder garantizar un tránsito razonable y con recursos correspondientes en todos los tramos”.

“En estos cuatro meses este Gobierno ha sub ejecutado muchas partidas. Aprovechó la licuadora y motosierra”, apuntó y comparó: “Los ATN crecieron un 177% ahí la licuadora anduvo en velocidad uno, pero con la educación y en términos nominales las transferencias a las provincias en concepto de educación cayeron el 80%”.

Paulon alertó que “las Becas Progresar, váuchers educativos y el subsidio para educación privada no aparecen por ningún lado, no se otorgan y esto impacta en tramos de la educación”. “Hay dos programas nada más del Gobierno nacional en educación que han logrado superar el 10% de ejecución el de Hora Extra. Algunos se interrumpieron completamente como el de comedores escolares, el de cooperadoras, políticas edilicias”, precisó y cerró: “Vemos un desfinanciamiento parejito en la educación obligatoria que no puede tener otra contraparte que el consecuente desfinanciamiento universitaria”.

“Tenemos la responsabilidad de recuperar la potestad presupuestaria del Congreso y modificar y corregir este aspecto de la política pública que intenta impulsar por vía de la ausencia con un presupuesto Javier Milei”, y ratificó el pedido por incorporar al temario el FONID y solicitó que el plan de trabajo y debate sea “preciso”, al tiempo que solicitó que la Comisión de Presupuesto se acople a una reunión conjunta para “dar una respuesta urgente y evitar el inminente cierre de las universidades”.

La jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, relató que se reunió con autoridades de la Universidad de Salta y aseveró que en marzo “tuvieron presupuesto por 90 millones y la factura de luz fue de 58”. “Las universidades están sin aire porque la situación es crítica”, remarcó.

Del mismo modo, sostuvo que “Salta ha reclamado ante la Corte Suprema la reemisión del FONID. Entendemos que es importante”, y coincidió con lo propuesto por Tavela en relación a estos debates: “Que no sean más de dos reuniones informativas”.

En primera instancia, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, recordó que el tratamiento del Presupuesto 2024 no fue “un pacto político”, sino que explicó que se definiría a partir del resultado del balotaje entre Massa y el actual presidente. “No se hizo lo del 2015 que se aprobó un presupuesto y luego hubo otro presidente”, remarcó.

Asimismo, planteó: “La última renovación del FONID la hizo Alberto Fernández a través de un DNU porque no le habían aprobado el Presupuesto, Milei podría haber hecho lo mismo, pero no lo hizo”.

Con relación a este debate, el santafesino sostuvo que “todos estamos de acuerdo que se requiere previsibilidad en el presupuesto universitario”, pero enfatizó que “lo que hay que hacer es poner fecha de las cosas que nos permita tener un horizonte de sesión”.

En esa línea, planteó que “el jueves 16 tendríamos que estar dictaminando”, y sugirió que “la clave es que la ampliación de este presupuesto la discuta el Congreso”. En el cierre, cargó contra el titular de Presupuesto y Hacienda: “Que (José Luis) Espert no pedaleé estos temas porque son muy sensibles”.

Por el lado radical, también habló el mendocino Julio Cobos que, sin ser miembro de la comisión, presentó un proyecto sobre la restitución de FONID, destacó el consenso entre los diputados del cual “puede constituir un punto de inflexión en la relación que tenemos que tener todos para resolver los temas”.

“En los sucesivos gobiernos siempre ha sido la manera de construir los presupuestos subestimando partidas para, luego, otorgar con cierta discrecionalidad el incremento de la partida que puede poner el jefe de Gabinete, pero no contar con un presupuesto claro agrava aún más estos problemas. Se merece un gran debate esto”, expresó y pidió fijar una fecha razonable para convocar invitados.

Del lado del oficialismo, fue Santiago Santurio (Buenos Aires) quien habló y señaló que “el problema (del financiamiento educativo) es por la inflación descontrolada que tenemos en la Argentina, sobre todo en el 2023 y que recién ahora muestra signos de que esto está cambiando”.

También indicó que “las políticas tienen que tener verdadero impacto porque venimos con una crisis educativa muy grande donde decrecimos en alfabetización”, y defendió las medidas del Ministerio de Capital Humano: “Hubo aumentos del 60% y el 70% en mayo para el financiamiento educativo que desde septiembre del 2022 los fondos estaban congelados”.

Al hacer uso de la palabra durante la reunión de la Comisión de Educación de Diputados de este jueves, el socialista Esteba Paulon (Santa Fe) recordó que es el Día Internacional Contra el Acoso Escolar o el Bullying que se conmemora cada 2 de mayo con el fin de concientizar sobre los riesgos que conlleva este mecanismo, el cual afecta a uno de cada tres niños y anticipó que presentará una iniciativa al respecto.

“Es un día que ha ido tomando visibilidad. Sabemos lo que implica en la igualdad de oportunidades de una sociedad que los niños y niñas puedan atravesar su proceso de educación obligatoria libre de discriminación, acoso y hostigamiento en las escuelas ya que es una de las principales causas de abandono escolar”, explicó y adelantó: “Vamos a estar presentando una iniciativa de abordaje integral del tema que espero pronto podamos tratar en la comisión”.

La efeméride fue proclamada en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el apoyo de diferentes asociaciones no gubernamentales que trabajan por la lucha contra el bullying.

A una semana de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales, la Comisión de Educación de Diputados debatirá este jueves sobre el tema, en una reunión que fue convocada para las 15 en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja.

El encuentro fue citado luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran "con carácter urgente" dar tratamiento en la comisión a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

La reunión fue convocada además luego de una sesión fallida, impulsada por Unión por la Patria, para abordar la cuestión en el recinto. Desde este bloque, su jefe, Germán Martínez, intentó este martes sin éxito emplazar a la comisión para que debata además sobre un conjunto de iniciativas que plantean la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Al recoger el guante, el presidente de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, aseguró durante la última sesión que este jueves propondría un cronograma de trabajo para el tratamiento del presupuesto universitario y otros asuntos. Entre ellos mencionó un proyecto anhelado desde hace tiempo por el Pro: el que declara a la educación como servicio esencial.

El pasado 23 de abril, una multitud marchó hacia Plaza de Mayo en reclamo de la actualización presupuestaria para el funcionamiento de las universidades nacionales. Horas antes, el Ministerio de Capital Humano aseguró -mediante un comunicado- que había establecido un "cronograma de pagos" con el Consejo Interuniversitario Nacional y que había depositado el "100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales". También indicó que dicho depósito incluyó un aumento del 70% de las transferencias, por un total de $10.075.851.995.

 

Días después de que se conformara la Comisión de Educación, parlamentario.com dialogó con el presidente de la misma y legislador de Vamos por Más (VxM), Sergio Siciliano, acerca de las principales iniciativas que se están evaluando en ese espacio, entre las que se encuentran proyectos relacionados a la educación socioemocional, formación docente y más tecnologías en el aula.

-Usted preside la Comisión de Educación. ¿En qué proyectos ya están trabajando? ¿Cuáles serán las prioridades legislativas para esa Comisión?

- Actualmente, en la Comisión de Educación estamos trabajando en varios proyectos que buscan mejorar la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes. Uno de los principales ejes en el que enfocamos es el de educación socioemocional. Creemos que es fundamental brindar a nuestros estudiantes herramientas emocionales y sociales para que puedan enfrentar los desafíos del mundo actual. Además, estamos revisando propuestas relacionadas a la formación docente y la inclusión de tecnología en el aula. Nuestras prioridades legislativas se centran en promover una educación integral que no solo se enfoque en el desarrollo académico, sino también en el bienestar emocional y social de los estudiantes, preparándolos para el mundo que se avecina.

-Recién mencionaba un proyecto sobre educación socioemocional, que es de su autoría. ¿Podría comentarnos de qué se trata?

- Mi iniciativa sobre educación socioemocional busca implementar en las escuelas la enseñanza de habilidades emocionales y sociales fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Este programa se centra en fortalecer aspectos como la gestión de emociones, la empatía, la automotivación, el trabajo colaborativo y la resolución pacífica de conflictos, entre otros. Creemos que es fundamental que los estudiantes adquieran estas habilidades desde una edad temprana para que puedan desenvolverse de manera efectiva en su vida personal, académica y futura profesional. La educación socioemocional no solo beneficia a los estudiantes, sino que también contribuye a crear un ambiente escolar más positivo y respetuoso.

-Por otro lado, el Gobierno nacional lanzó los váuchers educativos. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

-Respecto a los váuchers educativos lanzados por el Gobierno nacional, considero que constituyen una medida positiva en el sentido de que buscan proporcionar apoyo financiero a las familias para que sus hijos puedan acceder a la educación. Es importante que se brinde asistencia económica a aquellos que más lo necesitan para mantener a los niños dentro del sistema educativo. Estos váuchers pueden ser una medida paliativa eficaz para garantizar que ningún niño se quede fuera de la escuela debido a barreras económicas. Sin embargo, es importante monitorear de cerca su implementación y asegurarse de que lleguen a todas las familias que califiquen, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad. Además, es fundamental que estos váuchers se complementen con otras medidas que aborden los desafíos estructurales del sistema educativo y promuevan la equidad en el acceso a la educación.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna (Entre Ríos), llevó a cabo este martes su cuarta reunión informativa en la que profundizó el tratamiento del proyecto financiamiento educativo. El texto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), que lo debatirá este miércoles a las 10 a fin de dejarlo listo para el recinto en una próxima sesión.

Del encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios y de instituciones académicas, quienes hicieron hincapié en varias modificaciones en la redacción de la iniciativa.

Desde el Anexo “C” de la Cámara baja, Osuna destacó que el proyecto fue presentado hace “unos meses” por los ministros Jaime Perczyk y Sergio Massa y señaló que “tiene en el Congreso innumerables antecedentes, hay 13 proyectos presentados en la Cámara de Senadores, 19 en Diputados. Estamos hablando desde el 2007 en adelante poniendo ese punto en virtud de que tenemos una Ley de Financiamiento Educativo la que envió Néstor Kirchner siendo presidente y Daniel Filmus ministro de Educación y que fue debatida en este Congreso y aprobada en diciembre de 2005 y promulgada en el 2006”.

“Entre los proyectos que han circulado en esta cámara, el que tiene vigencia y que ponemos a la vista es el del 13 de febrero de 2023 del diputado Julio Cobos”, precisó y sumó: “El proyecto que vamos a estar analizando forma parte de una sucesión de reuniones la primera el 27 de septiembre, la segunda el 4 de octubre donde recibimos 15 oradores, la tercera reunión fue el 1ro de noviembre”.

La palabra de los invitados

Abrió la ronda de expositoras Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien retomó las palabras de la UNESCO respecto de que “todo dispositivo de educación es positivo, por analogía siempre discutir financiamiento es positivo”.

En ese sentido, celebró que esté en agenda proyectos para el financiamiento de la educación en general. “Todos los que estamos acá creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados, por lo tanto, vale la discusión de la ley”, señaló y destacó aspectos “muy positivos” de la iniciativa tales como “poner en agenda el tema de la sala de 4 y de 5 y de 3, y sobre todo ponerlo en agenda a nivel nacional y no crecer de manera despareja a nivel federal”.

“Es muy importante que esta ley pueda afrontar y financiar los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela. Me parece muy bien el tema del segundo idioma, el fortalecimiento de las escuelas técnicas, ampliar las jornadas en horas y en días del año, la inclusión, la capacitación docente, no ponernos colorados a la hora de hablar de analfabetismo porque todavía lo hay. Me parece muy bien un camino de ida hacia la capacitación de los chicos en robótica e informática y seguir recordando las prácticas y capacitación en las ESI”, enumeró.

También destacó de la ley la “introducción de dos aspectos fundamentales de la gestión de la educación” y explicó: “Tiene que ver con hacer un principal destaque del artículo 18 que habal de la Comisión de Seguimiento. Me parece muy importante que existan dispositivos en las leyes que uno pueda monitorear cómo va el avance de las leyes”. Además, ponderó el sistema de información o gestión del que habal el artículo 26.

A su vez, resaltó la “articulación entre las universidades y las escuelas, no debe ser un salto al vacío, no deben tener distintas posibilidades aquellos colegios más cercanos a las grandes ciudades y desproteger a los del profundo interior que tiene la Nación”. Moriñigo consideró que “tenemos que empezar a hablar del futuro del trabajo y del trabajo del futuro porque no podemos seguir enseñando como hace tiempo para un momento donde se nos viene con otra velocidad del conocimiento. Esta comunión entre universidad y escuela tiene que asociarse mucho más sobre todo a la hora de establecer la currícula de cada una de las materias de las asignaturas y contendimos mínimos del saber”.

El académico planteó que “el conocimiento en el mundo avanza de una manera veloz. Se tardó 1.500 años en duplicar el conocimiento. Luego se tomó 250 años en duplicar ese conocimiento y así ha ido avanzando”, y señaló que “somos de la generación que en el 2030 el conocimiento en el mundo se va a duplicar en 12 horas”, por lo que cuestionó que “no podemos tener un plan de estudio que dure 8 años. No podemos enseñarles de la misma manera”.

“Los contenidos de las escuelas y de las universidades tienen que tener otra velocidad y los diseños curriculares tienen que tender a contenidos que hablen sobre la alimentación, sobre la educación financiera y que hablen sobre una gestión ambiental”, sugirió.

Por último, expresó preocupación por que “se cumpla todo lo que se discute en función desde venimos desde el 2006 de la Ley Filmus con un poco grado de cumplimiento. Ojalá estas comisiones que tienen poder de monitoreo y cumplan su rol porque ahí tenemos esperanza sobre el cumplimiento”. Al respecto, indicó que será “positivo el consenso que se alcance de los diputados por el tema de la aplicabilidad de la curva”.

“Las veces que fuimos a buscar esta Ley Filmus lo que se nos contestó es que se lo llevó la variable salarial. Todo lo que el articulado trata de fortalecer a la hora de la educación si el ritmo inflacionario es como venimos, ojalá no se la lleve toda la variable salarial”, cerró el rector puntano.

A su turno, Marcela Browne secretaria de la CADE informó que “2 millones de niños de 45 a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque halamos de una desprotección total”.

En esa línea, sumó que “311 mil de 3 años sin cobertura, 80 mil de 4 años sin cobertura. Estaríamos hablando de 2 millones de niños y niñas de nuestra patria”, y apuntó para “quienes se les ocurra pensar que esto no es necesario”. Por otro lado, alertó: “Tenemos que pensar que hoy no tenemos sillas, no tenemos aulas necesarias para esa cantidad de niños por eso necesitamos ese porcentaje del 8% para esa infraestructura y también necesitamos formar docentes de nivel inicial para cubrir este volumen de personas”.

Browne hizo algunas sugerencias para mejorar la redacción del texto. Así, señaló como primer aspecto cuando se habla de modalidad de gestión “dice claramente de gestión pública y a las de gestión privada e invisibiliza el enorme esfuerzo que hacen las organizaciones sociales y comunitarias en los territorios acompañando a los jóvenes que, la mitad de los que mencioné, no recibiría educación”. Por ello, instó a que “en esta ley se recupere el espíritu de la ley nacional se retome las obligatoriedades del Estado para garantizar el derecho de los trabajadores y la educación de gestión social y comunitaria”.

Por otro lado, indicó que en el proyecto se menciona la inclusión educativa para personas con discapacidad, algo que estamos de acuerdo y celebramos, pero en contrapartida no menciona ni a los estudiantes en situación de educación domiciliaria ni hospitalaria, tampoco a las personas que están en situación de privación de libertad abandonada por el sistema judicial, tampoco a las personas que son jóvenes y adultos y es una modalidad totalmente desfinanciada. El espíritu de esta ley no es hablar de ciudadanos de primera y de segunda, con lo cual o lo mencionamos a todos o hacemos unas generales de la ley porque es delicado no mencionar a todos”.

“Celebramos los indicadores de la coparticipación, pero creemos que es importante desde el sentido de la justicia y de la equidad”, señaló y solicito “tener en cuenta los indicadores de eficiencia interna educativa porque los niveles de repitencia, de terminalidad que en pandemia se agudizaron notablemente y son muy distintos en el país federal”.

También destacó el articulado que hace referencia a las sanciones cuando “las jurisdicciones no hacen el esfuerzo educativo que les corresponde”, y sugirió: “Hay que generar recaudos para que el derecho a la educación sea garantizado más allá de las irregularidades de cada jurisdicción”.

Además, sostuvo que el articulado sobre los compromisos de inversión anual “no se comprende la redacción porque no especifica si son porcentajes. Si fuera en pesos estaríamos en un problema enorme porque en nuestro país el presupuesto por estudiante nos da muchas pistas, pero hablar de un gasto anual por alumno no inferior al verificado al año 2015 no nos alcanzaría a comprarle un lápiz y una goma. Pedimos especificaciones en el articulado”.

“Entendemos que el espíritu es recuperar lo del 2015 que fue el único año donde se cumplió el 6% de la inversión del PBI, pero como esta ley busca el 8% no se comprende bien”, indicó Browne y pidió también revisar ese aspecto.

En suma, solicitó que se revise la meta anual del ejercicio fiscal que establece la iniciativa porque “parecería ir en contra de los mismos propósitos de la ley porque si tenemos que revisar la meta en función de la recaudación tendríamos un problema”. Sobre este punto, sugirió que si se cumpliera el 50% del impuesto a las grandes fortunas “tendríamos 250 mil millones para cubrir. También un incremento del 10% de los bienes personales, la reducción del 20% de los gastos tributarios. Tenemos un listado de propuestas en materia tributaria donde los derechos se asocian a la justicia fiscal”.

A continuación, disertó el director de Educación del CIPPEC Esteban Torre celebró la discusión de la iniciativa que pone el foco en “la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras”.

Torre consideró que los fundamentos se “podrían fortalecer de dos maneras. Por un lado, colocando al proyecto educativo que emana de la iniciativa como un componente fundamental de un proyecto de desarrollo y de un modelo de país. La educación es un motor del desarrollo económico y creemos que podría jerarquizarse de una manera mucho más clara. Por otro lado, el mensaje de los fundamentos da cuenta de un Estado que decide invertir en educación y sería bueno que los fundamentos hiciesen explica la aspiración de contar con un Estado eficiente que no solo aumenta la inversión, sino que las dirige a metas hace seguimiento para hacer su cumplimento efectivo”.

A su vez, el funcionario señaló que proyecto “propone una meta de financiamiento hacia 2030 del 6.5 del PBI para la educación no universitaria y del 1.5% del PBI para la universitaria. De esta forma, el subsistema universitario necesita una duplicación de su presupuesto mientras el resto de los niveles un aumento del 50%”.

“Se necesita hacer un ejercicio de priorización en el proyecto que persigue 40 objetivos”, planteó y se refirió a la Comisión de Seguimiento de Metas porque “hay objetivos que tienen metas de acá a unos años, pero otros no las tienen”, por lo que recomendó "poner metas escalonadas para objetivos prioritarios de primer nivel”. “Este proyecto tiene el potencial de ser la base de un consenso para construir un pacto educativo nacional y ponerlo en diálogo con un proyecto de desarrollo y con un modelo de país”, cerró.

En su presentación, Flavio Pinto de AIEPA alertó que “poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos”, y resaltó que “este proyecto de ley es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos 10 - 15 años”.

“Lo necesitamos los ciudadanos a esta iniciativa. Necesitamos consensos políticos mínimos que perduren en el tiempo y, particular, que no sean discriminatorios de las escuelas de gestión privadas porque llegan a cuenta gotas a la gestión”, cuestionó y advirtió: “Desde la pandemia y con esta situación las escuelas están mal, muchas escuelas están cerrando, las familias necesitan libros o computadoras. No toda escuela de gestión privada es escuela de elite”.

En tanto, remarcó: “Esta ley es una oportunidad para hacer más equitativo la participación de todos los programas de nación para las escuelas de gestión privada”, pero pidió tener en cuenta la “situación en la que nos encontramos junto con la mayor matriculación, deserción escolar, sobre edad, situaciones de precariedad en aprendizajes. Esta ley es la oportunidad para focalizar en estas cuestiones. Esta es la realidad de la educación, si un chico aprende o no. Esta ley tiene que ser concreta con inventivos para las provincias”.

La directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, expresó: “Un incremento en el presupuesto universitario tal como está planteado en el proyecto nos parece fundamental para darle a las instituciones previsibilidad, permitiendo una planificación efectiva y concretarse en transformaciones reales”.

La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, agregó: “Más del 70% de la investigación se realiza en la universidad, por eso creemos que el Programa Nacional de Investigadores debe tener una mirada especial dentro de lo que significa la ley de financiamiento”.

Por su parte, la exdiputada nacional y congresal de SUTEBA, Nathalia González Seligra, resaltó que “la inclusión y el acceso a la educación tiene que cuestionar las políticas económicas y pensar una educación no subordinada a los intereses de multinacionales, extractivismo y capital financiero como creemos propone este proyecto”.

Walter José Merkis, ssecretario General de FATUN, opinó: “Creo que este proyecto garantiza lo que necesitamos, aporta a una proyección de un país que apunte a la grandeza que necesita y también a que su pueblo se pueda desempeñar en virtud de esta utilidad de la educación pública”.

En su alocución, Norberto Heyaca secretario general de FAGDUT destacó que “la universidad es la inversión a corto plazo y por eso la importancia, no solamente de mejorar como dice la ley la terminalidad, sino también agregar la posibilidad de que haya programas de recupero de aquellos que no terminaron por poco”.

“Mi preocupación es traer aquí la situación salarial, la situación con la que pretenden echarle la culpa a la docencia, que muchas veces sostiene las falencias de una educación pública justamente desfinanciada”, planteó Amanda Martín en su carácter de secretaria general adjunta de ADEMYS.

Leticia Medina, secretaria general de CTA Córdoba, avizoró: “Aspiramos a que la efectivización de este proyecto de aumento presupuestario pueda mejorar la calidad del trabajo docente, en particular un mejoramiento de las condiciones de dedicación horaria universitaria”.

Por último, el secretario General de FEDUN, Daniel Ricci, manifestó: “Creo que este consenso es importante, que vayamos avanzando cada vez con más derechos, no solamente para los universitarios y educadores, sino para toda la sociedad en general”.

El oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo este martes a las 16 en la Comisión de Educación, a cargo de Blanca Osuna, de la Cámara baja, y al día siguiente, una hora antes de la sesión especial prevista para tratar otros temas, pero con vistas a la reunión que se hará por latarde, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), lo dejará listo para ser tratado en el recinto.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio irá con un dictamen de minoría sobre esa iniciativa que el oficialismo se propone aprobar este mismo miércoles.

En la reunión de este martes está previsto que haya nuevamente invitados, y para el miércoles el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo en una próxima sesión.

Los objetivos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

A cargo de Blanca Osuna, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el próximo martes 7 de noviembre a las 16 para tratar de avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo.

Según pudo saber parlamentario.com, más allá de que está previsto que haya nuevamente invitados, el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo a una sesión que se realizaría al día siguiente.

El proyecto fue presentado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en la primera reunión a finales de agosto y en las siguientes reuniones expusieron funcionarios provinciales, rectores universitarios y representantes estudiantiles.

Los objetivos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de Blanca Osuna -recientemente reelecta-, se reunió este miércoles para reanudar el debate del proyecto de ley sobre financiamiento educativo, el cual fue impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa.

En esta tercera reunión informativa estuvieron presentes referentes jurisdiccionales, rectores, funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de estudiantes. Anteriormente, en la primera reunión, había sido defendido por el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

En representación de los distritos de todo el país, estuvieron: Andrea Centurión, ministra de Educación de Catamarca; José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza; Gustavo Menna, vicegobernador electo de Chubut; Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno electa de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Siciliano, legislador porteño recientemente electo; Alicia Aluani, vicegobernadora Electa de Entre Ríos; y Pablo Urquiza, jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires;

Por el lado de los rectores asistieron a la reunión: Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Arnaldo Medina, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; y Hugo Andrade, de la Universidad Nacional de Moreno.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación, estuvo Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, y las representaciones estudiantiles fueron llevadas a cabo por: Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA); Sofía Yalj Harteker, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López; Francisco Bargas, referente de la Red Nacional de Centros de Estudiantes; y Camila Dabadie, integrante de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios.

Los representantes federales

Poco antes de las 17, la titular Blanca Osuna expresó que “es la tercera reunión (hubo otras dos el 24 de agosto y el 27 de septiembre)”, agregó que “estuvieron ministros provinciales, representantes de universidades nacionales, decanos, académicos, docentes, cooperadoras escolares, y el ministro de Educación de la Nación por eso ahora, damos continuidad con referentes de las provincias y CABA”.

En primer lugar, la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, agradeció el espacio para exponer y ser protagonistas mas añadió que “este proyecto plasma el trabajo que se ha hecho en el marco del Consejo Federal de Educación y que hoy son una realidad”.

Entre los temas destacados, la funcionaria catamarqueña mencionó que
“se requiere inversión para que estos proyectos sean políticas de Estado porque tenemos el compromiso de los 190 días de clases y que en la gestión pública y privada los alumnos tengan su libro de lengua y matemáticas en la mochila”.

En el tema, Centurión manifestó que “trabajamos en la formación continua de nuestros docentes y el plan alimentario escolar que ha marcado a la ruralidad de nuestra provincia”. “Con aporte del Gobierno nacional, el 60% de las escuelas primarias aumentaron una hora más y han llegado a jornada completa”, indicó.

Después, el director general de Escuelas de Mendoza, José Thomas, indicó que “en los últimos años no se ha visto reflejado en mejoras comparables al aumento en la inversión”, y pidió por un esquema de prioridades respecto a los objetivos.

En esa idea, agregó que “primero cumplamos lo que la ley (vigente)”, solicitó que “primero se invierta en la educación obligatoria y después se le aumente a las universidades”, y cuestionó que la comisión de seguimiento tenga solo 5 representantes de las provincias.

Del mismo modo, el vicegobernador electo de la provincia de Chubut, Gustavo Menna, recordó los años 90 y la falta de financiamiento, y advirtió que “toda asignación tiene que venir con una fuente de financiación muy clara”. “El tema del financiamiento es que la sanciona el Congreso, pero la responsabilidad es de las provincias”, siguió.

“No vemos en el proyecto de ley el aporte nacional para el financiamiento de esta ley y en Chubut aún se superponen espacios físicos. No los estamos viendo y nos puede llevar a repetir esa experiencia”, señaló Menna, y cerró: “Se les dan responsabilidades a las provincias, pero se le quitan recursos como con la quita del Impuesto a las Ganancias mi provincia pierde 30 millones de pesos”.

En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron la vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, y el legislador Sergio Siciliano. En profundidad, el edil porteño pidió “¿saber de dónde sale ese 8%? Y mirar y en paralelo, el debate del Presupuesto 2024 con una política macro”.

También, recientemente electa, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, solicitó que “se tome en cuenta a un derecho sobre la salud integral informativa, el ciclo lectivo de 190 días, a la educación como servicio esencial”, y pidió por reformas para una “nueva escuela secundaria”.

El jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, expresó que “este proyecto de ley va en el sentido de tener un proceso constante de preocupación en relación a la educación de nuestra sociedad para fortalecer el rol del Estado, del Ministerio de Educación y de las jurisdicciones”.

Los rectores

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazzo, relató que en su casa de altos estudios “tenemos 2,5 hectáreas y un jardín maternal para que estudiantes puedan dejar a sus hijos que se financia con 38 millones de pesos mensuales, lo que representa menos de dos días de lo que CABA gasta en pauta publicitaria”.

El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, valoró el crecimiento de las casas de altos estudios en el conurbano bonaerense y expresó que “nuestras universidades se están beneficiando de la ley que dispone del 1% del PBI en ciencia y tecnología”

Asimismo, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, refirió que “en el siglo pasado la inversión era de 0.5 y ahora se duplicó y se agrandó en 19 universidades que son un capital social en el territorio”.

“Antes se creía que había territorios con derecho y capacidad a tener una universidad y otros que estaban bajo de la línea de pobreza no tenían necesidad de generarla. Fue una decisión acertada”, enfatizó Andrade, y cerró: “Las nuevas universidades garantizan derechos y la movilidad social”.

En representación a los claustros estudiantiles, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, expresó: “La primera definición del texto dice que hay consenso de que la educación es un derecho humano fundamental, pero me preocupa que ese consenso esté en riesgo y esté en puja”.

En tal sentido, defendió al proyecto de ley en cuestión y aseveró: “No hay lugar para los váuchers, la educación arancelada y los ataques a la educación pública”.

Con más dureza, la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López, Sofía Yalj Harteker, cuestionó a la ley debatida y a la anterior por la situación de los centros: “Tenemos que señalar que acá se viene incumpliendo la ley vigente (del 6% del PBI)”.

“No contamos con edificios propios y compartimos otros niveles, tenemos problemas edilicios, no tenemos luz, hay goteras y esto no es algo exclusivo, sino que es moneda corriente de los institutos de la provincia, ya que los gastos caen en la cooperadora y eso es una privatización indirecta”, siguió Herteker.

Para cerrar, consideró que “necesitamos respuestas ahora, no esperar un proyecto de ley para cursar en condiciones”, y cerró:“Otra cuestión es el tema de las netbooks que no se han entregado en el nivel superior en la pandemia y no ocurre ahora y no lo plantea el proyecto de ley”.

Finalmente, el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, manifestó que “en un momento donde hay voces que cuestionan la obligatoriedad de la educación, es muy importante que los representantes del pueblo argentino estemos convalidado el sistema educativo”.

Siguió que “Argentina tiene las tasas de escolarización mas alta de América Latina”, y amplió que “tenemos el 95,9 % de escolarización primaria y el 92% en escolarización secundaria”. “La mejor forma de defender esto es mejorando la educación pública a través de la inversión y el financiamiento”, afirmó.

Por último, advirtió que “es una ley institucionaliza el comportamiento del Estado y que no se llegó al 6, pero solo se desvió 0,5 del PBI”, y cerró que “el compromiso lo asume el Estado nacional y así pasa a las jurisdicciones porque siempre es un buen momento para invertir en educación, creemos que no es un problema sino una solución”.

Puntos destacados del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FoNID) y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la entrerriana Blanca Osuna (FdT), reanudará este miércoles el debate sobre el proyecto de ley de financiamiento educativo. La reunión se realizará desde las 16.30 en la sala del segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

La iniciativa, motorizada en plena campaña electoral de Sergio Massa, ya fue defendida en la comisión por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien aseguró en la primera reunión que “la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión”.

Desde la oposición solicitaron la necesidad de convocar a los gobernadores actuales y electos por el artículo que propone invertir los porcentajes entre las provincias y Nación. Para este encuentro están invitadas autoridades jurisdiccionales y organizaciones de estudiantes.

Puntos destacados del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de la Cámara de baja, a cargo de la diputada nacional Blanca Osuna -recientemente reelecta-, convocó a una reunión para el próximo miércoles 1ero. de noviembre a las 16.30 en la sala del 2º piso del Anexo “C” para tratar el proyecto de ley sobre financiamiento educativo.

Esta iniciativa fue impulsada por el ministro/candidato Sergio Massa y ya tuvo en Diputados la presencia del titular del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk, quien defendió al proyecto y expresó en la primera reunión que “la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión”.

Desde la oposición solicitaron la necesidad de convocar a todos los gobernadores actuales y electos por el artículo que propone invertir los porcentajes entre las provincias y Nación. Para esta reunión, fueron invitadas autoridades jurisdiccionales y organizaciones de estudiantes

Los fundamentos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras haber despachado la creación de cuatro universidades en un plenario, la Comisión de Educación y Cultura, presidida por la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT), se mantuvo reunida este miércoles -sin la presencia de la oposición- para pasar a la firma un proyecto unificado que busca incorporar a la educación vial en los niveles educativos y tratar una batería de iniciativas para la institución de días nacionales, declaración de monumentos, bienes y lugares históricos.

La fueguina Eugenia Duré se refirió a su proyecto que busca instituir el día 11 de marzo de cada año como “Día Nacional del Docente Continental Argentino”, y explicó: “En la Antártida hay temperaturas de 5 o 10 grados bajo cero y ahí viven nuestros docentes de la escuela de la Base Esperanza”.

“Me da alegría seguir mostrando a la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y poner en valor a los docentes porque tenemos que comprender que la actividad científica y 4educativa que allí se realiza es muy importante para nuestro continente”, enfatizó Duré.

Asimismo, agregó que la Base en cuestión se encuentra “a 3.600 kilómetros de CABA y a más de 1.000 de Ushuaia”. Luego, relató que los docentes que allí trabajan “van por un año y les dan clases a los hijos de los miembros de la Base Esperanza”.

Antes de finalizar, mostró en el mapa la ubicación de la base y cuestionó a los candidatos de la oposición: “Escuchamos cuestiones que ponen en duda nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, por eso hacemos mención sobre la soberanía de la Antártida”.

A continuación, la vicejefa del bloque oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, explicó el proyecto de Promoción de la Educación Vial -fruto de la unificación de tres proyectos, uno de su autoría y otros dos del salteño Sergio Leavy-: “Esto fue consensuado con el senador Leavy. Luego de tratar la ley de Alcohol Cero que salió por amplio consenso, insistimos en que había que tratar este tema de una forma integral, por eso realizamos este proyecto para que se incorpore a la currícula común el respeto a la seguridad vial como forma de prevención de accidentes fatales”.

“Es un paso más que damos porque la educación es una de las herramientas necesarias como también los controles que deben hacer municipios y provincias y que sea mancomunadamente. En el 2022 se registraron en el país 3838 víctimas fatales siendo un promedio de 9,4 accidentes fatales por día y 10,5 víctimas fatales por día a causa de accidentes de tránsito.  Casi 11 personas mueren en Argentina por accidentes viales que pueden ser evitables. Debemos seguir colaborando con leyes para conservar vidas y evitar muertes porque es la principal causa de muerte de adolescentes”, precisó.

Al respecto, López Valverde señaló que los proyectos “apuntan a un mismo objetivo. Se trabajó en asesores y se acordó a llegar a un dictamen unificado. La propuesta busca que se incorpore en el inciso h del artículo 92 de la Ley de Educación el siguiente texto ‘el conocimiento de las normas de tránsito y de las prácticas y hábitos que fomenten el respeto por la seguridad vial en concordancia con los principios de la educación vial contemplados en el artículo 3 de la Ley 27.214 de Promoción de Educación Vial’”.

Al tratar el proyecto que instituye como “Día Nacional de la Lucha Contra el Cambio Climático y el Calentamiento Global” el 4 de noviembre de cada año, la autora de la iniciativa la riojana Clara Vega recordó que fue presentado en 2022 pero “hoy más que nunca nos interpela más que nunca ante tanto negacionismo de lo que impacta el cambio climático y lo que genera en el mundo. Es un día para tomar conciencia y visibilizar la lucha contra el calentamiento global, aunque los especialistas dicen que pasamos a la etapa de derretimiento global a raíz del mal uso o falta de control de acciones diarias en contra del medio ambiente”.

Al término de la segunda reunión informativa para debatir el proyecto de ley de Financiamiento Educativo, en la Comisión de Educación, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) postuló tres preguntas para con los rectores de universidades y los ministros provinciales.

En ese punto, Del Plá le preguntó a Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, respecto de los resultados de la Educación Sexual Integral (ESI) e ironizó que “existe hace 16 años, pero ustedes la aplican hace uno”.

También, se refirió al paro docente convocado por el SUTEF en la provincia de Tierra del Fuego; y a los rectores les consultó “si están dispuestos a cumplir el Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria, que hace que la mayoría de los trabajadores trabaje casi gratis”.

Tras ello, la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, contestó: “La convocatoria está relacionada a un proyecto de ley, esto es especifico y diría que eso debe formar parte de otro tenor de reunión”. “Usted sabe que respeto su inquietud y las valoro, pero quiero ser respetuosa de la temática”, remarcó.

Sin embargo, Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional se refirió al tema y explicó: “El Convenio Colectivo de Trabajo es ley y está por encima de cualquier estatuto de universidad”.  “Ustedes deben aprobar este proyecto para garantizar el financiamiento y por tu tono debes ser de un espacio progresista”, aseveró.

Finalmente, Soro arremetió: “Ustedes, los políticos, están siendo acusados de ser casta, y nosotros los rectores, somos catalogados de adoctrinadores”. “Ustedes no son casta, son representantes del pueblo, y nosotros no somos adoctrinadores”, cerró.

Presidida por Blanca Osuna (FdT), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa, donde recibió a 14 especialistas para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo.

Esta vez, estuvieron presentes: Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán; Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

También, expusieron ante Diputados Marcos Córdoba (decano de la facultad de Derecho de la UAI); Graciela Morgade, decana de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Mariano Nardowski, exministro de Educación de CABA (2007-2009); María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola; Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento; Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales; Héctor De Luca, director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora; Verónica Alzú, directora de la Técnica Nº8 de Quilmes; Javier Curcio, de la Fundación Alem; y Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte.

Por su parte, la oposición, a través del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI), planteó “acordar una metodología para próximas invitaciones”. Luego, Sabrina Ajmechet (Pro), al igual que en la primera reunión, insistió con que deben ser invitados los gobernadores provinciales y anunció que van a presentar una carta para convocarlos.

Las exposiciones

El primer expositor fue Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, quien, además de representar a su provincia, afirmó representar "al norte grande en su carácter federal”. “Nación es querer vivir juntos e imaginar un futuro en conjunto y consideró que este proyecto tiene características federales y debe ser un hecho determinante”, enfatizó.

Asimismo, destacó que “no hay desarrollo sin inversión y la ley tiene un principio de solidaridad entre el Estado nacional y los provinciales”. Además, sostuvo que “en 40 años de democracia podemos, estadísticamente, decir que se ha ampliado el derecho a la educación en la Argentina y el proyecto viene a ratificar este rumbo de acción”.

En representación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -así pidió que llamen a su provincia-, estuvo Analía Cubino, quien sostuvo que “la soberanía es tan fundante como la educación”.

“Hablo desde un federalismo construido de las provincias hacia el centro y esto viene a fortalecer un debate para materializar conquistas que hemos tenido en estos cuatro años porque este federalismo marca la ampliación de derechos”, agregó.

Del mismo modo, planteó que “mis 57.000 estudiantes y los 8.000 maestros son tan importantes como los del resto del país”. “Las políticas son fundamentales para el crecimiento de nuestra gente y no hay que olvidar que el espacio escolar es un espacio de cuidado”, añadió.

La ministra celebró el agregado del proyecto respecto a cuidados maternales porque “es una innovación en la ley que atiende a un reclamo genuino a los colectivos feministas”. “Celebro que se nos haya escuchado para la redacción de este proyecto y tenemos que profundizar un modelo de país”, cerró.

A su turno, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró que se considere a la educación como una política de Estado: “La educación superior forma el desarrollo cultural y económico del país”.

“Es un bien público preferente, y es preferente en bien el Estado lo financie”, agregó. Sin embargo, advirtió que “el presupuesto normativo calcula la inversión necesaria que es duplicada cada 15 de septiembre con la Ley de Presupuesto”.

Además, sostuvo que “la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país y hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades”.

Luego, Marcos Córdoba afirmó que “la incorporación de la educación en el ámbito abre las posibilidades para la equiparación de los componentes en la búsqueda de la igualdad de la formación a través de la educación”. Asimismo, señaló que “el porcentaje de la formación pública y privada nos muestra que la inclusión debe ser de todos los sectores”.

Brevemente, Rubén Soro, rector de la UTN, manifestó: “Cuando hablamos de federalismo me siento bien porque tenemos más de 30 sedes en todo el país”, y agregó: “Me pone triste -por la primera reunión- cuando los sectores dicen que la educación es un gasto y el momento es ahora cuando peligra la salud y la educación porque estamos a muy poquitos días de unas elecciones y los acuerdos deben superar el sistema de país hermoso que tenemos”.

También, la rectora de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren, expresó que “la educación es un derecho fundamental de los argentinos”. “Celebro esta propuesta que promueve a todos los niveles de educación integral y desde la UnaM, que es una universidad de frontera con 68.000 estudiantes y 30 carreras de grado, sabemos que esto le mejora de la calidad de la vida de los argentinos y es parte del federalismo”, indicó.

A su turno, Graciela Morgade, doctora en educación y decana de la facultad de Filosofía y Letras, manifestó: “Coincido con Cubino en tematizar la construcción de jardines maternales”. Sin embargo, propuso ampliar dos temas en el proyecto: “Hay que cambiar la escuela secundaria para que en esta ley estén los recursos, y tematizar que las universidades formen docentes porque hay fuertes cambios de las juventudes en cómo piensan al trabajo”.

El doctor Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), cuestionó que “nunca se llegó al 6% de inversión con la ley anterior”. “Es una deuda educativa del Estado con el pueblo argentino y sería bueno que en este proyecto, cuando no se llegue al 6%, la diferencia debe quedar en el presupuesto siguiente”, propuso.

Por otro lado, señaló que “hay muchas acciones que necesitan financiamiento” y propuso que "haya un censo de infraestructura”. Por su parte, cuestionó: “Si no alcanzamos los 180 días de clases ¿por qué alcanzamos los 190? el número tiene que ser una meta y no un piso”.

Finalmente, expresó: “Si esta ley supera a las anteriores es mejor, pero con muchos problemas”. “¿Cuánto cuesta la educación de calidad? el mayor problema de la ley es el tema universidades”, consideró.

Muy emocionada, María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola, relató que “las familias y las cooperadoras somos iguales que el resto y tenemos el compromiso de luchar por la educación pública y gratuita”. “Les pedimos que se unan y dejen de pelear porque queremos a los pibes en la escuela y lo tienen que tener como derecho todos los pibes de nuestra patria”, indicó.

En tal sentido, Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento, manifestó que “en el pais hay 25.000 cooperadoras que de forma voluntaria colaboran y garantizan al funcionamiento de la escuela”. “Disminuir la desigualdad debe ser el desafío de todos los que estamos acá porque hay escuelas que necesitan inversión y se pueden ampliar”, añadió.

“Esto dará respuestas a la falta de vacantes y mejorará la calidad y el tema de los libros es el paso fundamental para ir a clases”, enfatizó Cesaroni, quien se mostró a favor de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa.

Con relación a la paritaria nacional docente, Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales, explicó que “hay dos componentes que son el Fondo Compensador Salarial y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que fueron creados en la ley 2005 y se instituyeron en 2008”.

“El aporte de este proyecto es sustancial porque el juntar la paritaria docente, el fondo compensador y el FONID en una misma normativa, con rango de ley, es un gran avance y es esencial para la institucionalidad laboral”, destacó.

Por otro lado, sostuvo que “del 2003 al 2015 creció el salario real y bajó la conflictividad docente, pero en 2017 se derogó la PND y luego se arma un consejo negociador que no discute salarios y el resultado de la supresión subió la conflictividad docente y bajó el salario real”.

El director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora, Héctor De Luca, remarcó que “sin financiamiento no hay educación y sin financiamiento no hay escuela técnica”. “Este hecho nos ha permitido poner un punto muy importante en las técnicas profesionalizantes y el séptimo año nos vincula específicamente con el trabajo”, destacó.

“Nuestra escuela se relaciona con más 65 empresas donde los alumnos van a realizar prácticas y están a la altura porque el 100% sale a realizar trabajos fuera de la escuela y al termino de sus prácticas son contratados por esos empresarios”, relató.

También, Verónica Alzú manifestó: “Soy de la última escuela que se creó en Quilmes inaugurada en 2008, tenemos alrededor de 300 chicos y la matricula fue creciendo”. “Hablar de educación de calidad es hablar de inversión, pero corremos por detrás de las tecnologías que tienen nuestras empresas”, afirmó.

“No podemos abrir puertas de talleres con tornos del año 40 y nosotros fuimos incrementando con planes de mejoras, pero esto no es suficiente. Con educación pública hablamos de inclusión, pero no pasa por meterlos en el aula sino por prestarles atención”, advirtió.

Desde la Fundación Alem, Javier Curcio, expresó: “Esto busca apuntalar a un sector imprescindible para focalizar en las discusiones del financiamiento para dar un contexto en los niveles que tenemos en las adecuaciones previas y la adecuación normativa”.

Sin embargo, al igual que Narodowski, cuestionó que “en los últimos años nunca se cumplió con lo del 6% del PBI”, y manifestó: “El nivel de inflación es tan alto que lamentablemente siempre los salarios van detrás de eso y el gasto educativo que tiene una incidencia salarial muy fuerte está por debajo de ese esquema”.

Por último, Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte, parafraseó a los anteriores expositores, con cuales coincidió y expresó que “nos da mucha satisfacción que se planteé un proyecto de ley que incluya la continuidad y el incremento del financiamiento destinado a la educación”.

El proyecto

El texto propone un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

Además, establece la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

También, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

Por último, ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

La Comisión de Educación, presidida por la diputada nacional Blanca Osuna (FdT), convocó a una reunión informativa para este miércoles 4 de octubre a las 13.30 para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo.

Esta convocatoria será la segunda reunión informativa sobre el tema, tras la exposición del ministro de Educación, Jaime Perczyk, del miércoles pasado donde explicó los principales lineamientos del proyecto que envió junto al ministro/candidato Sergio Massa.

El titular del Palacio Pizzurno había afirmado que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, “que a nuestro juicio es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.

El proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de la oficialista Blanca Osuna, recibió al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien explicó los principales conceptos del proyecto de ley sobre fortalecimiento educativo y respondió consultas de los legisladores.

Una vez iniciada la reunión, Osuna sintetizó los puntos más destacados del proyecto y expresó que “Argentina es un país federal y eso está en permanente construcción”. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Educación, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro), sostuvo que “nos tenemos que dar un plan de trabajo que incluya la opinión de especialistas en educación”.

En su intervención ante la comisión, Jaime Perczyk planteó las premisas que establece la iniciativa del Poder Ejecutivo: “Queremos que todos los chicos vayan al nivel inicial; que terminen su primaria aprendiendo lo que tienen que aprender; que todos vayan a la secundaria. Tenemos que lograr que haya 190 días de clases efectivas, y todo eso requiere un esfuerzo, seguimiento y compromiso”.

“El camino que está discutiendo el mundo, y nosotros, es que la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión. Y eso propone la ley. Una ley que es perfectible, que plantea el esfuerzo que queremos y tenemos que hacer”, remarcó el ministro.

El titular del Palacio Pizzurno sostuvo que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, “que a nuestro juicio es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.

Para el ministro, el proyecto es “perfectible, con metas que creemos justas” y que a continuación enumeró, partiendo con la que tiene que ver con los 190 días de clases. “Hace 5 o 6 años hablábamos del incumplimiento de los 180 días. Todos estamos peleando por cumplir con los 190 días: más días de clases, con la presencia en la escuela de los chicos y chicas y los docentes”, dijo, advirtiendo sobre la necesidad de “establecer mecanismos institucionales para que eso se cumpla”.

“También proteger la paritaria nacional docente, que está en una ley, donde fijamos el mínimo inicial que ha logrado empujar los salarios docentes a la mejora, con un esfuerzo grande de las provincias y Nación”, dijo, y precisó: “En el salario inicial de los maestros, hoy la Nación participa con el 14,3%, con lo que ayuda al esfuerzo que hacen las provincias. Y creemos que hay que seguir mejorándolo”.

La ley tiene una meta que es la puesta en marcha de jardines maternales de 45 días a 3 años, sobre todo en los sectores populares, los que más necesitan. “Si no logramos resolver el cuidado de los chicos y el trabajo de las mamás, reproducimos un círculo que tenemos que romper”, precisó.

Al respecto dijo que la ley se propone la construcción de jardines para la escolaridad plena de los chicos de 4, y las salitas de 3. “Proponemos universalizarlos, que todo aquellas mamás y papás que necesiten una salita, la tengan. No estamos proponiendo que sea obligatoria, sino universal, que todo aquel que lo necesite lo encuentre”, remarcó.

Perczyc contó que en el año inicial los chicos deben tener un libro de lectura y que hay que comenzar a ir a un ciclo de alfabetización inicial, desde el nivel inicial hasta el primer ciclo de la escuela primaria que asegure “que los chicos terminen con la alfabetización inicial completa, la comprensión lectora, su primer acercamiento a la matemática”.

La palabra de los diputados

Del mismo modo, Finocchiaro -exministro de Educación durante el macrismo- manifestó que “para nosotros es muy importante, como espacio político, hablar de algo tan trascendente”. “En esta ley se establece una fórmula que está bien, pero implica comprometer recursos de las provincias. Debemos saber que opinan”, remarcó.

Además, sostuvo que “siempre debemos saber de dónde va a salir el dinero porque si no nos engañamos a nosotros mismos”, y añadió que “es muy importante conformar ese plan de trabajo y es importante que todas las provincias se expresen a lo que el oficialismo llama paritaria nacional docente”.

Al respecto, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT) expresó: “Está claro que la docencia y las familias hacen enormes esfuerzos para el sostenimiento de la educación y prevalece la idea de insatisfacción”. “Desde la parte gubernamental pareciera que se invierte un montón, pero la realidad es diferente”, señaló.

Para Del Plá, muchos de los lineamientos del proyecto, “podrían implementarse de inmediato sin la necesidad de ser una ley”. Además, cuestionó que “del 2006 al 2020, solo en tres años se cumplió la inversión del 6% del PBI”, y agregó que “hay temas como la Educación Sexual Integral (ESI) debería implementarse ahora”.  

En tal sentido, sostuvo que “sistemáticamente se coloca la responsabilidad sobre los docentes y el problema tiene que ver con las políticas de vaciamiento que llevaron adelante”. “Hay escuelas que rotan en burbujas por las faltas de aulas y no se puede seguir prorrogando las necesidades de escuelas que llevan a este hacinamiento”, indicó.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) consideró: “Creo que es importante seguir debatiendo y trabajar en fortalecer, pero me hubiese gustado que este proyecto no llegara en época electoral”.

Por otro lado, observó positivamente “discutir políticas que trasciendan gobiernos”, y agregó: “Agregaría responsabilidades en compromisos al incumplimiento para atender las demandas que tenemos en este mundo de tanto cambio”.

Llegado el turno del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI), este aseveró que “no podemos omitir en el debate de este tipo de leyes que son cíclicas y se pensaron con expansión económica (por la aprobada en 2005) y esta será de características con una retracción económica”.

“Estamos con déficit fiscal y una inflación del 140 anual. sin ánimo de chicana, si no pudimos cumplir los objetivos del 2005, donde no se llegó a ese 6%, ahora debemos ver como se resuelven las inequidades fiscales y que se cumplan los 190 días de clases”, añadió Ferraro.

En contraposición, la diputada nacional Susana Landriscini (FdT) respondió que “recibimos una herencia muy pesada con la deuda y estamos pagando un 4,5 por ciento del PBI para pagar la deuda que ustedes nos dejaron”. “Si tuviéramos ese dinero haríamos maravillas”, señaló.

A su turno, la diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro) afirmó que “sin educación no hay oportunidades”, pero aseveró: “Nos tenemos que hacer cargo de la situación y esto lo hacemos en el mayor momento de crisis educativa sin tener en cuenta el contexto actual”.

“Celebro que pasemos de 180 a 190 días de clases, pero lo hace el Gobierno que mantuvo dos años las escuelas cerradas. Los padres están desesperados porque sus hijos no reciben la educación que ellos tuvieron hace 20,30 o 40 años”, remarcó.

Finalmente, al igual que Finocchiaro, pidió que los gobernadores electos y actuales sean invitados para que “entre todos hagamos una ley que no sea una farsa y una falta de respeto y que sea una ley que ayude a mejorar la educación”.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, sostuvo que “es esperanzador discutir sobre educación en Cámara de Diputados”, y agregó que “todo lo que hicimos en educación en el gobierno de Néstor Kirchner iban en este sentido”.

“Hoy la ley de Financiamiento Educativo tiene un consenso más grande y cuesta encontrar la idea de que las cosas que se plantearon en el 2005 se cumplieron al 0 a 100% cuando hay peldaños porque nosotros estamos por cuatro años y nos toca legislar más allá de nuestro período y lo que aportamos lo vemos como logros en 12 o 15 años más adelante”, analizó.

Para cerrar, destacó que “muchas de las cosas que vamos a plantear vamos a tardar para verlas concretadas y sean motivo de evaluación final”, y cerró con autocritica a toda la Cámara de Diputados: “Los alumnos volvieron a clases antes que los diputados volvamos al recinto”.

El cierre de Perczyk

Para finalizar la reunión, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, remarcó que “nosotros queremos garantizar que los chicos estudien con libros y eso requiere acuerdos de esta cámara y el Senado”. Asimismo, resaltó que “hubo una inversión de 24 millones para la compra de 10 millones de libros”.

“La salida es invirtiendo en educación. Multiplicamos los universitarios por siete y debemos mejorar una gran cantidad de cosas, pero hay logros”, sostuvo Perczyk, y agregó que “en el año 83 de 10 chicos, 4 no iban a la secundaria, y después de 40 años, el 94 por ciento de sus pibes en la secundaria”.

Además, remarcó que, de la premisa de cumplir los 6 puntos del PBI, “durante el período 2015-2019 bajó un 0,66, mientras que en nuestro gobierno solo 0,3”. “No es verdad que no se cumplen los objetivos”. Hay 350.000 alumnos universitarios y la Argentina logró recuperar a los pibes que se desvincularon de la escuela, no todos los países lo han hecho”, concluyó.

El proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6 por ciento hasta alcanzar, en 2030, el 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 por ciento del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 por ciento a la educación universitaria”, detalla.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por las referidas jurisdicciones.

Del mismo modo, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5 por ciento destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para defender el proyecto del Poder Ejecutivo de ley de financiamiento educativo, se presentó este miércoles ante la Comisión de Educación de la Cámara baja el ministro del área, Jaime Perczyk, quien planteó las premisas que establece esta iniciativa puesta a debatir: “Queremos que todos los chicos vayan al nivel inicial; que terminen su primaria aprendiendo lo que tienen que aprender; que todos vayan a la secundaria. Tenemos que lograr que haya 190 días de clases efectivas, y todo eso requiere un esfuerzo, seguimiento y compromiso”.

“El camino que está discutiendo el mundo, y nosotros, es que la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión. Y eso propone la ley. Una ley que es perfectible, que plantea el esfuerzo que queremos y tenemos que hacer”, remarcó el ministro.

En el inicio de su exposición inicial, Perczyk señaló que este es un proyecto “largamente trabajado, que tiene antecedentes de varios diputados de diversos espacios políticos y que se da en un tiempo de mucho debate y discusión de la educación argentina. A nosotros nos parece muy bien que se debata y se proponga mucho”.

“Somos defensores de la educación pública; queremos cuidarla, para defenderla hay que transformarla. Eso se hace defendiendo lo que se ha logrado durante muchísimos años”, detalló el funcionario.

Se remontó en el tiempo para llegar a la Ley 1420, que hablaba de la obligación a estudiar y ponía en las madres, padres, tutores y encargados de esos chicos esa responsabilidad. “Y esa escuela que tuvo un crecimiento muy importante, que llegó a niveles de cobertura muy amplios, mayores al 80% en la década del 60; y llegó a escolarizaciones por arriba del 90% en la década del 90 del siglo pasado -agregó-. Para la Argentina, la obligatoriedad fue uno de los pilares de su construcción democrática y federal. Y esa posibilidad de que todos vayan a la escuela se amplió después con la Ley de Educación General, con la obligatoriedad de la escuela secundaria, y llegó al 94% de los chicos que van a la secundaria. Queremos defender el derecho a la escuela y la idea de que es obligatoria y que el responsable de esa obligatoriedad es la familia, el Estado. La sociedad es responsable de que los chicos vayan a la escuela desde 2006 a los 5 años; y desde 2014 a los 4. Y que vayan 14 años a la escuela, a nosotros nos parece bien defenderlo y cuidarlo”.

El titular del Palacio Pizzurno sostuvo que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, “que a nuestro juicio es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.

En ese sentido señaló que nuestro país incorporó a casi el 25% de los chicos que no tenían lugar en el jardín; creció también la sala de 4. Y en 2014 se modifica la ley y hace obligatoria la sala de 4. “Los resultados son una consecuencia de esa ley que posibilitó que el 85% de los chicos tengan una consecuencia de esa ley que posibilitó que el 85% de los chicos tengan una hora más de clase, otra de lengua y matemática; 25% más de tiempo en la escuela y aumentar un 50% la cantidad de escuelas en nuestro país que tienen jornada completa o extendida. Eso lo  posibilitó el financiamiento de esa ley. Y posibilitó esa ley pasar del 8% de nuestros chicos en la escuela técnica, a 17%. Y posibilitó un crecimiento muy importante de la matrícula en la universidad argentina: más del 30%, llegando hoy a 2 millones y medio de chicos en la universidad, y el 82% en la universidad pública”.

Valoró el ministro la creación de universidades nuevas: 19; como así también el crecimiento de la matrícula en las universidades grandes. De esas universidades nuevas, dijo, tiene 80, 90% de estudiantes que son los primeros de sus familias que van a la universidad pública. “Universidades que tienen 40% que es el primer madre y padre con primario completo, y en una generación sus hijos llegan a la universidad”, resaltó.

Perczyc destacó además el crecimiento de la tasa de graduados, aunque aclaró que hay “problemas” y se debe “mejorar la tasa de graduados”.

Para el ministro, el proyecto es “perfectible, con metas que creemos justas” y que a continuación enumeró, partiendo con la que tiene que ver con los 190 días de clases. “Hace 5 o 6 años hablábamos del incumplimiento de los 180 días. Todos estamos peleando por cumplir con los 190 días: más días de clases, con la presencia en la escuela de los chicos y chicas y los docentes”, dijo, advirtiendo sobre la necesidad de “establecer mecanismos institucionales para que eso se cumpla”.

“También proteger la paritaria nacional docente, que está en una ley, donde fijamos el mínimo inicial que ha logrado empujar los salarios docentes a la mejora, con un esfuerzo grande de las provincias y Nación”, dijo, y precisó: “En el salario inicial de los maestros, hoy la Nación participa con el 14,3%, con lo que ayuda al esfuerzo que hacen las provincias. Y creemos que hay que seguir mejorándolo”.

La ley tiene una meta que es la puesta en marcha de jardines maternales de 45 días a 3 años, sobre todo en los sectores populares, los que más necesitan. “Si no logramos resolver el cuidado de los chicos y el trabajo de las mamás, reproducimos un círculo que tenemos que romper”, precisó.

Al respecto dijo que la ley se propone la construcción de jardines para la escolaridad plena de los chicos de 4, y las salitas de 3. “Proponemos universalizarlos, que todo aquellas mamás y papás que necesiten una salita, la tengan. No estamos proponiendo que sea obligatoria, sino universal, que todo aquel que lo necesite lo encuentre”, remarcó.

Perczyc contó que en el año inicial los chicos deben tener un libro de lectura y que hay que comenzar a ir a un ciclo de alfabetización inicial, desde el nivel inicial hasta el primer ciclo de la escuela primaria que asegure “que los chicos terminen con la alfabetización inicial completa, la comprensión lectora, su primer acercamiento a la matemática”.

Detalló el ministro que en la escuela primaria, “la ley propone seguir en la política de ampliación de la jornada escolar. Teníamos el 17% de las escuelas con más de 20 horas semanales de clase; el 83% tenía 20 horas semanales de clase; en el 81% de las escuelas el 85% de nuestros hijos tienen al menos 25 horas semanales de clases”. Según el ministro, “hay que llegar al 50% de las escuelas con jornada completa extendida priorizando que este esfuerzo muy grande que van a hacer nuestro pueblo y los gobiernos tienen que estar centrados en resolver los problemas de desigualdad educativa. Priorizando a los sectores más populares. Y priorizando lengua y matemática”.

Agregó el funcionario que “la nueva norma plantea la construcción de escuelas para que todos los chicos con alguna discapacidad tengan un lugar en las escuelas. En la secundaria se plantea una política de concentración horaria, y esa es una inversión enorme”.

Por otra parte, el funcionario llamó a “fortalecer en la secundaria los vínculos con el mundo del trabajo; estamos proponiendo incorporar programación y robótica en el segundo ciclo de la escuela secundaria, y también creemos que para que esa incorporación de contenidos sea exitosa, hay que fortalecer lengua y matemática en el ciclo básico de la escuela secundaria”.

Promediando su exposición habló de fortalecer el programa Conectar Igualdad, como así también las Becas Progresar en la escuela secundaria. Al respecto dijo que “más del 90% de los pibes que tienen beca ha terminado su 2022 de forma regular, algunos sin llevarse materias, más del 50%”.

El ministro resaltó también la necesidad de fortalecer los sistemas de evaluación e información que tiene hoy la educación argentina. Y recordó la vigencia de una ley de Norma Durango y Julio Cobos para crear un registro nominalizado de los chicos de todo el país. Llamó a “dar continuidad a los sistemas de evaluación y como novedad hemos desarrollado una plataforma de evaluación formativa, y a eso hay que darle continuidad, hay que seguir invirtiendo, comprarle computadoras a la escuela, nuevos sistemas”.

Sobre el final sostuvo que “hay que seguir invirtiendo en infraestructura universitaria: tenemos una prioridad: aula, laboratorio y biblioteca; queremos que los chicos puedan estar en la biblioteca, que es el corazón de la universidad. Hay universidades y unidades académicas muy grandes que todavía no tienen su biblioteca y hay que construírselas”.

Valoró también la creación de nuevas universidades y aseguró que nuestro país necesita más casas de altos estudios. Al respecto dijo que hoy la Argentina tiene una universidad cada 350 mil habitantes; México tiene una cada 104 mil; Brasil una universidad cada 145 mil habitantes; Colombia una cada 177 mil habitantes”.

“Es una ley que requiere un esfuerzo, que va a hacer fundamentalmente el pueblo argentino”, señaló Jaime Perczyk, que agregó “una novedad, que es el incremento en el crecimiento de la inversión”, en el que hace un esfuerzo más grande la Nación y además divide: 6,5% de ese 8% destinado a la educación obligatoria y 1,5 a la universidad argentina.

Ante el pedido del ministro/candidato Sergio Massa al Congreso de que “se aboque inmediatamente” en el tratamiento del proyecto sobre Fortalecimiento Educativo, la Cámara de Diputados tomó nota y puso el tema en agenda para esta semana.

Precisamente será el miércoles a las 14 en una reunión de la Comisión de Educación, presidida por la oficialista Blanca Osuna (Entre Ríos), a la que asistirá el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y funcionarios de su gabinete a explicar los lineamientos del proyecto.

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

0017-PE-2023

Hace un año, el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el debate de un paquete de proyectos de ley que proponen la creación de universidades nacionales en distintos puntos del país. Pero, hasta ahora, esas iniciativas no han podido aprobarse en el recinto.

El año pasado, cuando fueron incluidas en temario, la sesión del 1ro. de diciembre se cayó en medio de un escándalo, cuando justamente se había iniciado el debate sobre este punto. En tanto, el 21 de ese mes, la otra sesión citada para tratar -entre otros dictámenes- este tema, no reunió quórum.

Ahora, habiendo perdido estado parlamentario tres proyectos de ese conjunto, el Frente de Todos convocó a un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para volver a sacar despacho. La reunión será este martes a las 17.

El primero de los proyectos que figura en el temario es impulsado por el diputado Hugo Yasky (FdT) y propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El segundo fue presentado por el diputado Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) y propone la creación de la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires; en tanto, el tercero es de María Rosa Martínez (FdT), que propicia la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Del paquete tratado el año pasado, ya cuentan con dictamen la creación de la Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda del Senado buscará este martes, a partir de las 17, el dictamen de un proyecto que busca convertir en ley el Programas Libros para Aprender.

La iniciativa es encabezada por la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT), junto a sus pares Carlos Linares, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara y Teresita González.

El Programa Libros para Aprender fue creado por resolución del Ministerio de Educación en noviembre del año pasado y tiene por objeto la entrega individual de libros de texto y de literatura a estudiantes y docentes del nivel inicial, primario, secundario de escuelas públicas y de los Institutos de Formación Docente.

Este programa tiene objetivos dentro y fuera del espacio áulico. Promover el hábito de leer permite no solo la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también facilitar la apropiación de los bienes culturales y trasladar esta práctica a las familias, se argumentó.

"La propuesta de convertir en ley un programa ministerial tan importante, focalizado en nuestras infancias y adolescencias, permitirá pensar y planear la política pública a mediano y largo plazo, asegurar el derecho al libro y a la lectura en todos los sectores sociales y fomentar el hábito de leer en las familias y en toda la comunidad educativa", señaló su autora en los fundamentos del proyecto.

Además, López Valverde, quien es presidenta de la Comisión de Educación, resaltó: “Tengo la firme convicción de que debemos acercar la práctica de la lectura y la lectocomprensión a nuestros niños, niñas y adolescentes y que en ese acercamiento la escuela ocupa un lugar fundamental en la construcción de ciudadanos y ciudadanas con valores democráticos”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de la oficialista entrerriana Blanca Inés Osuna, mantuvo una reunión este martes en la que avanzaron con distintos proyectos que proponen el acceso a la conectividad y a dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos.

También, pasaron a la firma diferentes iniciativas sobre declaración y resolución, mientras que el proyecto de ley en revisión por el cual se declara Cuna del Magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, será analizado en otra reunión.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 2, la titular de la Comisión enumeró los distintos proyectos en torno a la inclusión digital educativa, Ley de Justicia Digital Educativa, Agencia Federal de Conectar Igualdad, Plan Federal del Sistema Educativo, modificaciones al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), y remarcó: “Estamos abordando un tema que tiene numerosos antecedentes”.

A su vez, mencionó que el diputado Pablo Carro durante el 2020 “presentó proyectos de ley en ese sentido. Lo hemos trabajado con la diputada Morales Gorleri y hay en años previos iniciativas en este sentido. Cuando hablamos de derecho en educación, estamos abordando este tipo de cuestiones”.

En el uso de la palabra, la diputada de izquierda Romina Del Plá fundamentó que “es un tema que largamente hemos planteado que tiene que ver con el acceso a la conectividad, a los dispositivos”, y resaltó que es un tema que precede la pandemia y que se puso en “evidencia” con la misma.

“Hay que buscar un equilibrio porque no todo es educación digital porque también tenemos que tratar de reforzar todos aquellos aspectos que sabemos deficitarios en materia educativa en todos los aspectos, pero obviamente es necesario avanzar en la accesibilidad plena de los estudiantes, docentes y escuelas a la conectividad y a los dispositivos”, precisó Del Plá y señaló que actualmente hay “muchas escuelas del país que no tienen conectividad”.

En esa línea, agregó que “es la realidad que tenemos en muchos lugares donde las directoras y docentes pagan de su bolsillo el acceso a internet, no muy lejanos, tenemos acá en el conurbano donde podemos encontrar una multitud de esos ejemplos e incluso seguro acta en la Ciudad”.

“Garantizar el acceso y la navegación gratuita a los servicios de internet para docentes, alumnos y escuelas es un tema clave”, plateó la diputada de izquierda y explicó la iniciativa presentada por su espacio. “En primer lugar tiene que ver con determinar este acceso que es fundamental para todas las instituciones. En ese sentido se tienen que dar todas las medidas por parte del Estado para garantizar esto”, precisó y agregó: “Algunos edificios hay que adecuarlos para poder tener acceso correcto. Hay que garantizar el acceso a los dispositivos para aquellos que no los tienen y permitir tener el acceso a la navegación”.

Además, plantearon en el proyecto que “el costo de la conectividad para docentes, estudiantes y escuelas deben asumirlas las empresas de telecomunicaciones sin costo para el Estado”, y explayó: “Son las empresas las que justamente se han llenado enormemente los bolsillos a partir de la pandemia y nos parece que deberían prestar un servicio que es garantizar el acceso a la comunidad educativa a la conectividad. Sería a penas rozar el piso de las superganancias que tienen las empresas y nos parece un error que el Estado tenga que asumir, con recursos que hoy no tiene, el costo de garantizar ese acceso”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que se trata de una política “indispensable” para el país y ponderó el programa Conectar Igualdad que “tuvo un impacto en todas las escuelas públicas, primarias y secundarias, de educación técnica a todo lo largo y ancho del país. Con el propósito, no solo de entregar dispositivos y equipamiento, sino también para poder generar una participación activa hacia la comunidad en su conjunto”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas públicas educativas tienen que ser transformadas en ley para que puedan trascender los gobiernos y garantizar el derecho del acceso a la tecnología”.

La diputada Morales Gorleri (Pro) recordó que en el 2020 presentó un proyecto que “tenía el foco a las grandes necesidades y dificultades respecto a los temas de conectividad”, y sumó: “Creo que la mirada de mi proyecto debe ampliarse, porque la reunión anterior informativa que tuvimos dejó en claro que tenemos que tener una estrategia eficiente y equitativa respecto a la conectividad a nivel país, pero también trabajar con los equipos docentes para que tengan educación inicial y continua y garantizar los insumos”.

“Hay propuestas muy ricas, muy interesantes. Un tema de esta magnitud y en esta época, después de haber atravesado la pandemia, amerita detener diálogos profundos y fecundos para tener dictámenes conjuntos. Es importante intentar llegar a un acuerdo. hay materia muy interesante en los proyectos, en algunos tengo dudas”, opinó la diputada del Pro.

El vicepresidente de la Comisión y diputado del Pro, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que “es una política prioritaria para tender a reducir la brecha digital, asegurar la inclusión digital educativa. Creo que tenemos que ser realistas y saber que esto proviene de dinero público, el Estado recauda e invierte en función de lo que recauda, entonces estamos frente a este desafío con el dinero que tiene el Estado”.

En ese aspecto, señaló: “Mientras más invertimos en lo que realmente se debe invertir, y menos en lo que no se debe, más realidad va a ser ese derecho. Siempre nos enfocamos como dispositivo en la computadora, pero no nos olvidemos que existen otros dispositivos como kit de robótica, drones, equipamiento en 3D. Podemos avanzar en otros tipos de tecnologías y dispositivos”.

Pasaron a la firma proyectos de declaración y resolución

La titular de la Comisión comentó que en las distintas reuniones que se mantuvieron los legisladores presentaron diferentes proyectos de resolución y de declaración sobre las que van a “dictaminar” porque “han sido trabajadas y acordadas”.

Por otro lado, Blanca agradeció a diputados que se sumaron a la reunión pese a que no son parte de la Comisión, pero “tienen particular interés por llevarse esas declaraciones, resoluciones”, y pidió que se leyeran los proyectos para pasarlos a la firma.

En el uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) adelantó los motivos por el que no acompañó algunos proyectos, uno de ellos de la diputada oficialista Susana Landriscini porque “creo que podríamos tener un criterio en términos de, una cosa es la creación de una universidad a conmemorar el inicio de un ciclo lectivo, más allá que sean 50, 60 o 100 años. Es importante que la comisión, como tienen otras comisiones, tenga un criterio en ese sentido”, y agregó: “Sino estamos declarando los aniversarios de los ciclos lectivos, de las universidades. Es para que tengan un sentido los proyectos de declaración”.

 “No creo conveniente declarar de interés de esta Cámara de Diputados una política de Estado que lleva, en este caso, un gobierno jurisdiccional como es el de la provincia de Buenos Aires porque estaríamos generando una situación de que declaremos de interés por parte de esta Cámara un programa del Ministerio de Educación. No es un criterio lógico ni válido”, agregó Ferraro respecto a otro de los proyectos.

Y sumó: “No soy del criterio de rendir beneplácito a políticas que llevan los gobiernos tanto nacionales, jurisdiccionales o provinciales porque se entiende que las políticas que se impartan por parte de los distintos organismos, sean eficientes y efectivas en ese sentido”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) quien, además, tampoco acompañó el proyecto que establece expresar beneplácito por la graduación de los primeros cinco médicos y cinco médicas de la Facultad de Ciencias Médicas, ya que “entraríamos en la misma lógica de que cada vez que hay un nuevo graduado en una nueva carrera, en una nueva Facultad en el país, se va a expresar beneplácito”.

De la vereda de enfrente respondió la oficialista Mara Brawer: “La actividad legislativa no empezó hoy. Siempre hubo criterios, pero que cada diputado tiene derecho de acompañar o no”, y coincidió con lo expresado por Ferraro respecto a que “las acciones de gobiernos harían engorrosa la tarea y son solo acciones de Gobierno”, pero preguntó: “¿Por qué ese proyecto en particular si está lleno de aniversarios?”.

Fue el propio diputado de la CC-ARI quien le aclaró: “No es a modo de embarrar ni demorar la discusión que tenemos, sino para poder establecer un criterio. Cuando nosotros vemos que habla de la apertura del ciclo lectivo y después habla de la conmemoración de los 50 años de la creación de la universidad. Entonces ¿es el primer ciclo lectivo o los 50 años de la universidad? No se entiende si se expresa beneplácito al primer ciclo lectivo o al aniversario de la institución”.

De forma breve, la rionegrina Landriscini le explicó al diputado preopinante que un proyecto trata de la universidad de Neuquén y el otro tema es el Instituto de Formación Docente en la provincia de Rio Negro. “Se juntaron por una disposición de un gobierno que no tenía funcionando al Congreso porque era época militar y decretan la creación de la Universidad, pero como eran de dos provincias que tenían que hacer todos los trámites internos de adecuación, la universidad lo festeja y rememora cuando se inicia el primer ciclo lectivo de conjunto entre ambas provincias”, explayó la oficialista.

Por último, respecto al proyecto de ley en revisión por el cual se declara cuna del magisterio argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, Osuna aclaró: “Todos sabemos que es la primera escuela normal, no solo de Argentina sino de Latinoamérica. Esto es una declaración con formato de norma. Lo dejamos para cuando tratemos respaldo en particular de leyes”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna, se reunirá este martes a las 15 para debatir sobre un conjunto de proyectos relacionados a la inclusión digital, las becas progresar y la evaluación integral.

Una de las iniciativas del temario, presentada por Lucila Masin (FdT), tiene como finalidad "garantizar la efectiva inclusión digital educativa de todos los/as estudiantes, alumnos/as y los/as docentes de las instituciones educativas de gestión estatal, social y cooperativa de los niveles inicial, primario, secundario, de los Institutos Universitarios e Institutos de Educación Superior, de todas las modalidades y asegurar el derecho al acceso a la educación no presencial en los términos previstos del artículo 109 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional".

Además, prevé la creación en el ámbito del Ministerio de Educación de una Estrategia Nacional de Inclusión Digital Educativa (ENIDE); y un Fondo Nacional para la Inclusión Digital Educativa "que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas".

En el mismo sentido, hay un proyecto del diputado Tomás Ledesma (FdT), que habla de "justicia digital educativa"; y de la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro), sobre un Plan Federal de Conectividad.

Entre los temas se incluyen distintos proyectos que buscan jerarquizar como ley las becas Progresar; y otros vinculados a la evaluación educativa integral, presentados a través de diferentes iniciativas por Maximiliano Ferraro (CC-ARI), Sabrina Ajmechet (Pro) y Mara Brawer (FdT).

También se tratará un proyecto de Osuna que propone la creación de una "Agencia Federal de Conectar Igualdad" como "organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado".

Además de proyectos de resolución y declaración se avanzará con un proyecto de ley para declarar "cuna del magisterio argentino" a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El diputado nacional Héctor Stefani (Pro-JxC) presentó un proyecto de ley para que los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, incorporen a la currícula una materia referida al “Emprendedurismo”, tanto para enseñanza primaria como secundaria. El fin de la iniciativa es "darle herramientas a los alumnos para que aquellos que inicien un negocio autogestionado cuenten con herramientas que los ayuden a desarrollarse", explicó el legislador.

El fueguino señaló que lo que se busca es que el Consejo Federal de Educación "establezca los criterios y modalidades para la incorporación en forma gradual y progresiva en los diseños curriculares de la asignatura 'Emprendedurismo'. Esta materia brinda herramientas para mejorar y facilitar la inserción al mercado laboral de los más jóvenes".

“Argentina es uno de los países con mayor desempleo juvenil en la región y cada vez vemos más jóvenes que se lanzan al mercado con proyectos independientes”, observó el opositor y remarcó que “el emprendedurismo puede ser un vehículo para mejorar la empleabilidad y la movilidad social en nuestro país”.  

Además, Stefani argumentó que "actualmente, el uso de las redes sociales y la globalización en general han impulsado los proyectos independientes. Abre puertas, facilita la difusión y genera contactos que pueden potenciar los emprendimientos. Por eso, si logramos que las instituciones educativas también formen a los jóvenes en esa asignatura, los preparará para los desafíos que tengan por delante”.

El proyecto ya fue girado a las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda. El mismo cuenta con el aval de más de 15 diputados del interbloque, entre ellos Fernando Iglesias, Gerardo Milman y Soher El Sukaria.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió este martes a invitados especializados en políticas referidas a becas, conectividad y evaluación educativa.

Al comienzo del encuentro, la diputada Blanca Osuna (FDT), titular de la comisión, resaltó la posibilidad de “escuchar voces que provienen de la academia, del estudio sobre problemas y hechos de la educación y políticas educativas”.

“El objetivo es terminar este encuentro con ideas, planteos, conceptos que giran en torno a tres ejes que la Cámara de Diputados y, en esta comisión, han tomado forma de proyectos”, dijo.

El diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) manifestó que “desde nuestro espacio de Juntos por el Cambio consideramos que son tres temas esenciales que hacen a la mejora de nuestra calidad educativa, que hacen que nuestros chicos y chicas tengan mejores oportunidades frente a la vida”.

En tanto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) coincidió en que “así como hay distintas miradas sobre varios planos, sí hay un consenso del conjunto de diputados y diputadas de que tenemos que generar acuerdos fuertes, profundos y trascendentes en el sistema educativo, más allá de los espacios políticos y más allá de cada pertenencia”.

Como primera expositora, Adriana Puigróss (asesora de Presidencia de la Nación; docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la UNIPE; asesora de CTERA; y diputada nacional entre 1997 y 2001, y 2007 y 2015) expuso: “Toda sociedad tiene que tener una base de consenso. Hay ciertos temas sobre los cuales no cabe discusión. La definición misma de sociedad implica tener consensos básicos sobre algunos temas. Consensos que no estén sujetos a cambios en los signos políticos de los gobiernos”.

“De ninguna manera la idea de que los jóvenes han perdido en norte, el lenguaje, puede inhibirnos o puede inhibir al Estado argentino a hacerse cargo de la educación y de su responsabilidad respecto al conjunto de los niños, de los jóvenes y de los adultos”, explicó Puigróss.

Posteriormente, Carolina Ruggero (socióloga experta en políticas públicas; Directora Ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad del Min. de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) se refirió a la temática de la evaluación. “Estamos acostumbrados a una discusión sobre las evaluaciones estandarizadas, pero también tomamos evaluaciones formativas que se diseñan de otra manera y en las que interviene mucho más los docentes”, expresó.

“Cada una de esas evaluaciones sirven para sacar distintos tipos de conclusiones y colaboran con distintos estamentos del sistema. Nunca una evaluación sirve si después no vemos qué pasa con los resultados; acá requerimos el mayor esfuerzo para tratar de ver que pensó ese niño cuando respondió de tal manera ese ítem; esa es la riqueza más compleja y es la evaluación de la que menos se habla socialmente y es en lo que más trabajamos la mayoría de las oficinas educativas de este país”, dijo.

Del mismo modo, Ruggero invitó a “pensar en la evaluación de la educación en todas sus dimensiones: en la evaluación estandarizada que ayuda a los sistemas a mejorar; en las evaluaciones formativas que acompañan a los docentes y a las escuelas, y que ayudan a esos docentes a desafiar a los chicos para dar un poquito más; y en las evaluaciones políticas para saber que van para donde nosotros queríamos que vayan”.

Graciela Morgade (vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; doctora en Educación; master en Ciencias Sociales; se desempeñó como subsecretaria de Participación y Democratización en el Ministerio de Educación) analizó la situación de las becas y del Progresar.

“Espero que los legisladores puedan recuperar, sostener y mantener la idea de la beca como derecho, como reconocimiento al derecho a estudiar. No una beca como premio a quien estudia. Estos son matices de cómo se considera una beca. Y el derecho a la educación como el derecho ampliado; hoy tenemos muchos consensos respecto de esto ya que no es solo el acceso a la educación sino también el derecho a permanecer, el derecho a egresar y a la calidad”, explicó.

Morgade consideró que la beca Progresar es “una política educativa y también de juventud, que tiene que ver con un mensaje que el Estado le da a quienes estudian, porque importa que estudien y que permanezcan”.

“El Progresar no es solo una política económica de apoyo económico; es el sistema educativo haciéndose cargo de sus jóvenes”, resumió.

Sobre conectividad, Rocío Fontana (Directora General de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) explicó que “en la necesidad que la escuela esté conectada y no desconectada de la cultura digital, las propuestas y soluciones implican mucho más que los accesos; implican hoy pensar cómo navegamos, el tiempo que pasamos en internet, con quiénes nos relacionamos, qué compartimos, a qué información accedemos”.

“Escuchamos voces que provienen de la universidad, de las escuelas y de responsables políticos. De ellas nos quedan ideas, planteos y conceptos en torno a ejes que en esta Comisión han tomado forma de proyectos. La inclusión digital, las trayectorias educativas, la inversión estatal, la permanencia y egreso de los y las estudiantes, motivan la formulación de numerosas iniciativas," explicó Osuna luego del encuentro.

“El derecho a la educación nos exige una mirada profunda y propuestas integrales sobre estos desafíos actuales. Por eso respaldar por ley el Programa de Becas Progresar significa apostar a la permanencia de políticas para todos los niveles del sistema educativo, con el necesario compromiso del Estado para consolidar el derecho de estudiantes y apostar además a la inclusión social de jóvenes y adultos”, argumentó la diputada entrerriana.

También expusieron Mariano Palamidessi, rector de UNICABA, doctor en Educación, licenciado en Ciencias de la Educación; Candela Coletti, estudiante del Normal N°1 de La Plata y representante de la Red Nacional de Centros de Estudiantes (RENACE); Adriel Ezequías Segura, estudiante de la Escuela Técnica n°34 de la Ciudad de Buenos Aires; Violeta Schnek, estudiante de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, entre otros.

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Educación y Cultura del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Cristina López Valverde (San Juna) respectivamente, el FdT logró este miércoles el dictamen del proyecto que propone crear por ley el Programa “Conectar Igualdad” que apunta a proveer de una computadora a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias estatales.

Al inicito del encuentro, que se realizó en el Salón Illia, el senador pampeano procedió a explicar el proyecto de su autoría y recordó que el Programa Conectar Igualdad se creó en el 2010 que consta de la entrega de notbooks y material tecnológico educativo a los alumnos de escuelas secundarias de gestión pública de todo el país que tuvo “innumerables beneficios para todos los alumnos que han recibido los dispositivos”.

 “Creemos en la necesidad de que sea una política de Estado, más allá de los gobiernos de turno que pasen, que se mantenga en el tiempo. Es un Programa que achica la brecha digital y social del país y, uno de los fundamentos del Programa, es una política de inclusión tanto digital, tecnológica y social sobre todo para alumnos que no pueden acceder a la adquisición de estas computadoras y para los docentes de las escuelas”, explayó Bensusán.

Por otro lado, comentó que el proyecto se trató en varias reuniones de asesores en las que se “tomaron varias observaciones y se hicieron modificaciones al proyecto original. Creo que hemos llegado a una redacción final del proyecto de ley en el que los asesores que participaron estuvieron todos de acuerdo”.

A su vez, remarcó que “desde el primer momento estuvimos en contacto con el Ministerio de Educación y ellos también dieron el visto bueno para que este Programa pase a ser ley”. También informo que, según datos del Ministerio de Educación, se llevó conectividad a 2000 escuelas y se estima que “para fin de año 9 de cada 10 alumnos puedan tener internet en sus aulas y estaríamos en los índices más altos de América y de la región en ese sentido”.

En el uso de la palabra, la titular de la Comisión de Educación y Cultura expresó: “Tenemos una gran satisfacción por como hemos trabajado y ampliando el universo del proyecto y es importante que se contemple la educación especial porque hablamos de inclusión, no solo en el sentido de llegar con la computadora un elemento tan necesario para la alfabetización sin descuidar la otra, sino también tener en cuenta a las personas con discapacidad”. Además, dejó abierta la posibilidad de que se incorporen al proyecto otros niveles educativos o ciertas medidas.

La puntana Eugenia Catalfamo (FdT) destacó el tratamiento de tres proyectos en un “día tan especial” -haciendo alusión al Día del Estudiante- porque “dan cuenta de un Gobierno Nacional y popular presente, que siempre se ocupó de llegar a los lugares vulnerables”.

En ese sentido, felicitó a su par de bancada por la iniciativa porque “elimina desigualdades cuando tratamos de que estos dispositivos electrónicos y las computadoras puedan llegar a chicos que no tienen recursos y el acceso directo para poder estudiar y poder formarse”.

En el mismo sentido se expresó la senadora formoseña María Teresa González (FdT) quien sostuvo: “Es una política de Estado inclusiva en todos sus aspectos y también es un quiebre y rotura de barreras territoriales porque en paralelo a este Programa, todas las provincias han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a los tendidos de redes fibra ópticas. Este proyecto suma, incluye y amplia fronteras”.

En su intervención, el santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) adelantó su acompañamiento y señaló que “no es solamente un dispositivo, sino que es incluir o no en la educación, es la conectividad”. A su vez, destacó que hay varias provincias que trabajan en el tendido de fibra óptica y consideró que “debe ser impulsado, promovido y profundizado” porque “cuando se recorren las necesidades laborales, se ve que la informativa y la robótica son una especialidad que incluye y excluye de un trabajo”.

En su alocución, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que “no solo es el acceso para los alumnos, sino que fue el primer dispositivo que tuvieron en la casa. Eso produjo una gran revolución y es lograr que aquellas pequeñas localidades puedan tener el acceso a internet”, y agregó: “Lo demostró la pandemia de que aquel que no esta conectado de esa manera esta alejado del mundo”.

La vicejefa del interbloque oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, remarcó: “Esto es muy importante a nivel nacional”, y recordó que “es un programa que se inició en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Un programa visionario entendiendo que la brecha digital iba a ser uno de los ítems que iba a estar cuantificado en la accesibilidad y en la igualdad para educarse, para trabajar, para hacer un trámite que se aceleró en pandemia”.

“Los datos muestran que en el 2015 llegamos a una brecha digital cero en las secundarias públicas de todo el país es decir que todos tenían una netbook que se fabricaba en Tierra del Fuego, que generaba trabajo, que era el 20% de la industria y que era un programa virtuoso”, ponderó Fernández Sagasti y apuntó contra la oposición: “Todos en pandemia nos dimos cuenta de qué diferente hubiese sido si ese programa no hubiese sido discontinuado por el gobierno anterior”.

A su vez, consideró que “esto también tiene que ser una política de Estado de cada provincia”, y disparó contra el gobernador de su provincia: “Mendoza es la menos conectada de Cuyo. Estamos muy lejos en el ranking de conectividad en el país solo el 37% tiene conectividad. Esto tiene que ser una política de Estado porque las desigualdades pasan por la accesibilidad y la conectividad”.

Y cerró: “Este es un programa que debe unirnos porque está el presente y el futuro en esta ley. tenemos que pensar en la educación digital”.

Luego de la reunión conjunta, Legislación General pasó a la firma un proyecto del senador Ricardo Guerra (FNyP-FdT) sobre autoprotección y poderes preventivos en materia de derechos humanos, y otro del senador Matías Rodríguez (UC-FdT) que modifica el artículo 69 del Código Civil y Comercial, respecto de las causales de cambio de nombre sin intervención judicial.

Un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de los oficialistas Blanca Osuna y Carlos Heller, respectivamente, debatió y pasó a la firma los proyectos para crear tres universidades: una en el Delta, otra en Pilar y en Saladillo.

El debate estuvo marcado con picos de tensión en el discurso de algunos diputados del interbloque de Juntos por el Cambio que le enrostraron al Frente de Todos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anuncio un recorte en educación. De 70 presentes, 46 miembros acompañaron con su firma los proyectos.

La explicación de los proyectos: Delta, Pilar y Saladillo

Al inicio de la reunión, Osuna explicó: “Son proyectos que vienen gestándose hace un tiempo largo, hablo de varios años cuya construcción ha tenido idas y vueltas. Algunas tienen que ver con el propio funcionamiento de la Cámara, ya que se materializaron en proyectos y por la dinámica de nuestro propio funcionamiento los proyectos cayeron y fueron representados”.

“Las condiciones que la legislación tiene para la creación de universidades que es un plano, el otro plano tiene que ver con una gesta muy particular que se da en las propias comunidades donde los debates, las necesidades, la puja y la fortaleza que cada uno de los sectores va, de manera concurrente, coordinando hace que esta tarea corone ese esfuerzo”, destacó y sumó: “Es una tarea maravillosa de las comunidades, de las organizaciones comunitarias, de instituciones educativas que están en las comunidades y vienen coordinando y trabajando la formación superiores de los jóvenes. Estamos dando un paso importante”.

En ese contexto, Osuna explicó que previo al acuerdo plenario hay un trabajo de equipos técnicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que analizan los proyectos y, respecto a la iniciativa que propone la creación de la Universidad del Delta, explicó: “El CIN señala que el informe de factibilidad resulta en términos generales completo y plantea una propuesta formativa ligada al sector productivo local y propone, además, una propuesta de formación integral desde cursos de pregrado, grado, post grado”.

En ese sentido, el CIN también pondera que la iniciativa tiene “un acento a la formación de temáticas asociadas a la biotecnológica, la tecnología, ingeniería, a las ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de gestión”.

Por otro lado, sobre el proyecto de creación de la Universidad de Pilar el acuerdo plenario del CIN señala que “el partido de Pilar registra niveles de necesidades básicas insatisfechas en los hogares, en materia de viviendas, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Dadas las particularidades de la realidad, en la región se da una serie de características productivas que el proyecto de esta universidad incluye un detallado punteo de la misión fundacional”, y señaló que también “hace referencia a la existencia de un polo educativo y una red de instituciones de docencia y de instalaciones que vana a ser uso de un predio que se evidencia en el texto del proyecto y tiene trascendencia emblemática que es el Carlos Pellegrini. El proyecto y el CIN destacan el aporte que el Gobierno municipal realiza respecto a la iniciativa”.

A su vez, Osuna destacó las condiciones sociales y económicas del lugar que “hay como meta el objeto de la contribución a resolver problemas sociales de Pilar y su zona de influencia”.

Por último, sobre la creación de la Universidad de Saladillo y la resolución del CIN, la diputada oficialista procedió a leer: “La elección de su emplazamiento responde a la importancia que representa para sus actores la conectividad existente dentro y fuera del partido. Hay un destaque muy particular en cuanto a la cobertura poblacional porque no solo está en la meta de los proyectos sino también nos motiva a todos a acompañarlos el hecho de que hay un fuerte compromiso a atender a una población que debe permanecer a sus propias comunidades, la baja movilidad esa particularidad exigencia que hay que implica inversión económica y desprendimiento de jóvenes que deben trasladarse a otros pueblos para cursar sus estudios, en este caso es parte de las tres universidades planteadas como objetivo de ley y de aprobación, y nos motiva a nosotros”.

A su vez, la titular de la Comisión de Educación sumó: “Hay un desafío en esta etapa en particular de la Argentina tiene que ver únicamente con la calidad de la propuesta educativa vinculada, no solo a la eficiencia, sino también al acompañamiento e inclusión de jóvenes y adultos mayores”.

“Estas nuevas universidades deberán tener la tarea de fuerte y firme compromiso de vinculo con las comunidades donde estarán asentadas”, indicó Osuna y expresó: “Todos los necesitamos porque una universidad crea valor en una comunidad”.

Por último, manifestó: “Este Congreso fue testigo de la creación de muchas universidades, y la creación de esas instituciones siempre trae debates, tensiones previas y luego uno las ve caminar. La creación de nuevas universidades, además de las históricas que ya hay, han demostrado el valor que tiene la posibilidad de acceder a una carrera de educación superior”, y cerró: “Hay cuestiones pendientes, en algunas regiones del país, en materia universitaria”.

La palabra de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada oficialista Alicia Aparicio solicitó una modificación en el artículo primero del proyecto de creación de la Universidad del Delta especificando que “la sede central se encontrará en el Partido de Tigre”, y explicó: “La modificación no altera el espíritu del proyecto que es especificar la sede central y las dos regionales en el partido de San Fernando y Escobar”.

En ese sentido, procedió a leer cómo quedaría redactado el artículo: “Créase la Universidad Nacional del Delta que atenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. La Universidad contará con su sede central en el Partido de Tigre, y regionales en San Fernando y Escobar”.

Hoy dimos un paso muy importante. En la reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto, dimos dictamen a la creación de tres nuevas universidades nacionales: Pilar, del Delta y Saladillo. Es movilidad social ascendente, desarrollo local y trabajos del siglo XXI. pic.twitter.com/XZDuJqUX3T

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 24, 2022

A continuación, su compañero de bloque Daniel Arroyo consideró que “los tres dictámenes que estamos firmando son de suma importancia. Una Universidad es algo distinta a todo el resto porque combina educación e investigación porque la Argentina tiene que desarrollarse en base a industria y desarrollo que tiene investigación, producción. las universidades generan esa situación. Me parece que estar aprobando tres universidades es un salto importante, un momento significativo”.

“Crear estas tres universidades significa tres cosas: primero es movilidad social ascendente, en las nuevas universidades que se crearon en los últimos años más del 80% de los alumnos son primera generación de universitarios en sus familias, porque para que a la Argentina le vaya bien uno tiene que estudiar y trabajar y para eso es necesario que haya una universidad cerca, este es un avance claro. Las universidades implican desarrollo local, afianzar capacidades productivas, conocimiento, fortalecer a los actores locales porque el país se reconstruye de abajo hacia arriba. Por último, esto es promoción de trabajo”, describió Arroyo.

También se expresó la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá quien reflexionó: “Una universidad no solamente es un edificio, que es un detalle importante, pero uno de sus componentes fundamentales son sus docentes”, y contó: “En muchas universidades no se respeta el convenio colectivo de trabajo. Es fundamental que la tarea docente se pueda desempeñar respetando los derechos laborales de ese convenido colectivo conquistado que no se respeta como por ejemplo en la UBA, pero tampoco en muchas otras. Debe respetarse el libre pensamiento, la estabilidad laboral y los derechos vertidos en el convenido colectivo de docentes”.

En su intervención, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) expresó su “alegría” por la segunda reunión de la Comisión de Educación “desde que se inició el año legislativo”, y expresó su preocupación porque “la primera reunión fue para tratar el tema de enfermería y, en esta ocasión, estamos discutiendo la creación de universidades nacionales en el contexto catastrófico de la educación obligatoria en el país”.

Y bregó para que “en la tercera reunión que tengamos podamos hablar de otras cuestiones porque la realidad es que estamos en un país donde solamente 16 de cada 100 estudiantes terminan el colegio secundario en tiempo y forma”, y subrayó que la “atención” tiene que estar puesta en “los que dejaron las escuelas, en los que perdieron saberes que no van a recuperar, en los saberes docentes, en la evolución de los estudiantes. Hay muchos temas que son prioritarios para la educación argentina y para el futuro de los niños y jóvenes argentinos”.

A su vez, ratificó su respaldo a la creación de nuevas casas de altos estudios, pero lamentó que “no forme parte de los temas que tratamos los problemas actuales de la educación obligatoria”. Respecto a los proyectos remarcó la necesidad de un estudio estructurado sistémico sobre qué lugares, qué careras, se necesitan crear en la Argentina porque “desde 2009 hasta la actualidad se crearon 13 universidades nacionales y 9 se crearon en la provincia de Buenos Aires y ahora van a ser 12. Tenemos que tener una discusión sobre qué necesidades federales tiene el país sobre las universidades nacionales”.

“Al mismo tiempo que se decide crear nuevas universidades, el Gobierno hizo recortes en la educación. Este no es un Gobierno que apoye la calidad educativa, a que el futuro de los chicos este asegurado a través de la educación y esfuerzo y aprendizajes. Son los temas que necesitamos discutir de forma urgente”, cuestionó Ajmechet.

En el mismo sentido se pronunció el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien celebró tener “un segundo encuentro de la Comisión de Educación, un plenario con Presupuesto, porque hay en agenda para poder debatir donde creemos que están incluidos los temas que hacen a las necesidades prioritarias que atraviesa el sistema educativo nacional y, particularmente, lo de educación obligatoria”.

“Estamos generando un toma y daca con respecto a la construcción de universidades nacionales o tirándonos a la marchanta la construcción de instituciones y queda reflejado en los últimos 12 años de las 13 universidades, vamos a tener 12 que vana  estar en la provincias de Buenos Aires y este planteamiento de la educación superior no está haciendo un camino virtuoso con previsibilidad y con la suficiente asignación de recursos que sea sostenible en el tiempo y que incluya los componentes y procesos que tiene la educación superior”, detalló.

El Ministerio de Economía ajusta $70.000 millones de educación después de una crisis educativa sin precedente. Pero hoy en @diputados se proponen dictaminar 3 nuevas universidades nacionales, una de ellas en Tigre. El despilfarro lo pagan nuestros chicos.

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 24, 2022

En esa línea, precisó: “No se trata de crear más instituciones, sino de qué manera nos ponemos a trabajar seriamente para mejorar los indicadores, al calidad y lo que es la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, y agregó: “Ahí entra lo que es el estudio de factibilidad, estamos mirando para otro lado lo que establece el artículo 48 de la Ley de Educación Superior porque establece el estudio de factibilidad que ninguno de nosotros cuenta en esta Comisión, el informe del CIN y la asignación presupuestaria correspondiente, pero no podemos dejar de lado que el ultimo informe de ares de vacancia es del 2018”. En tanto recordó que en otras oportunidades se quiso aprobar la ceración de universidades sin tener la aprobación del CIN y denunció que es un “aspecto violatorio del artículo 48 de la Ley de Educación Superior”.

Además, disparó contra el oficialismo: “Tenemos que ver cuál es el sendero de prioridades que están estableciendo en esta Cámara porque no podemos dejar pasar por alto el contexto de reducción presupuestaria en la educación obligatoria, reducción que nos tienen que interpelar a cada uno de nosotros para poder repensar las prioridades en lo que es la reasignación de recursos y en una política central como es la educación”.

“La resolución del ministro de economía reduce casi a 70 mil millones de pesos el presupuesto de educación que es más del 50% de la reducción que ha determinado con esta decisión administrativa que asciende a casi 130 mil millones”, denunció Ferraro y expresó la exigencia de “discutir en este Congreso políticas educativas que ubiquen en un lugar central a la educación y al debate estructural y una reforma de la educación superior sancionada en los 90”.

“Solo 16 de cada 100 alumnos terminan el secundario, tentemos las desigualdades socioeconómicas donde está el ingreso tardío, a la repetición, la deserción en los primeros grados que influyen en la no conclusión de la educación”, informó el legislador de la CC y sumó: “También se dan desigualdades en los aprendizajes, lo hemos visto en las pruebas Aprender en el retroceso de esas evaluaciones. Un poco más de 3 de cada 10 asisten al último año del secundario en el sector privado. El 63,7% culminan en tiempo y forma con los conocimientos necesarios de escuelas privadas y el 36,3% escualos estatales del país. Solo 1 de cada 10 jóvenes de sector pobres asiste a la universidad, el 12,4% cursa estudios universitarios en el país, en los segmentos más altos el 46% asiste a la universidad. La desigualdad educativa de todos los niveles se traslada y persiste cuando se analizan los trayectos posteriores”.

Adhirió a estas expresiones la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) quien describió a la educación superior como “una estrategia calve para el desarrollo individual y social del país”. Sin embargo, señaló que “está faltando entender el contexto, las circunstancias que están pasando en la Nación cuando en el día de ayer se anunció la reducción de 70 mil millones de pesos al sistema educativo obligatorio y estar debatiendo esto, una medida tomada por el superministro que se puso la capa de Superman, pero se transformo en el peor villano que le metió la mano en la lata al futuro de los pibes”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista María Rosa Martínez coincidió en el diagnóstico de la desigualdad que “nos lleva a discutir en la redistribución de la riqueza que va a ser un aporte significativo”. Sobre el proyecto del cual es coautora para crear la Universidad de Pilar explicó que “es una posibilidad de complementación con las instituciones de la zona, no se produjo una superposición de carreras, sino de articulación, vinculada al desarrollo científico y tecnológico que va a ayudar el desarrollo de la ciudad”.

“Está pensada en institutos y en los alumnos porque permite articular la educación secundaria y la superior. Es una manera de abordar la problemática de no terminar el trayecto universitario, por eso va a haber un acompañamiento para que no dejen. Crear universidades tiene que ver con los derechos humanos y poder terminar con las desigualdades”, agregó.

En su intervención, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) ponderó poder coincidir con el pleno con el diagnóstico respecto a la educación, aunque “con matices”, y planteó que “la agenda que sigue en materia educativa tiene que ver con la inclusión, la calidad e innovación”. “Voy a apoyar la creación de las tres instituciones universitarias, porque estamos hablando de la provincia más grande, la que reúne la mayor cantidad de población y la que mayores desigualdades tiene. También me llena de orgullo la creación de la Universidad de Saladillo”, adelantó y cerró: “Los tres proyectos alientan las condiciones de igualdades, tienen vinculación con el territorio, se observa con claridad que no piensan avanzar sobre carreras ya formadas, que trabajan con el contexto socio productivo y generan oportunidades de distintos tipos de niveles en la formación profesional de los jóvenes y adultos”.

El titular del bloque del FdT, Germán Martínez (Santa Fe), se encargó de cerrar la reunión con su ponencia en la cual cuestionó a la oposición porque “en tiempos de pandemia puso las políticas educativas dentro de la grieta. Hubo una decisión de empezar a debatir las cuestiones políticas desde un ‘ellos’ y un ‘nosotros’ exagerado”.

“Me encontré en la Ciudad de Buenos Aires con dos candidatos del Pro haciendo campaña electoral con los temas educativos”, denunció el santafecino y consideró que “no se le hace ningún favor a la Argentina tratar los temas educativos de esta manera”.

Respecto a los proyectos ponderó que “siempre es una buena noticia crear universidades porque es continuar ampliando derechos y acercando la posibilidad de acceso a esos derechos de argentinos que lo tienen más distantes”, y añadió: “Nosotros queríamos tener estas tres leyes aprobadas el año pasado y no pudimos”.

“Estamos tomando una buena decisión, ampliando derechos, creando nuevas universidades, sabiendo que el camino no empezó con nosotros y no va a terminar tampoco. Es el deseo de poder seguir avanzando en el debate en la creación de universidades en el interior que también hace mucha falta”, precisó Martínez y tiró un palito hacia la oposición: “Pasa que acá no se escucha cuando se habla”.

A días de que el proyecto de “fortalecimiento de la carrera docente” llegue al recinto, parlamentario.com le acerca este informe en el que se detalla cada uno de los puntos claves de la reforma al Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se prevé modificar 28 artículos para horizontalizar la carrera de los educadores.

La iniciativa había sido anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la sesión inaugural en marzo pasado y días después fue presentado en la Legislatura local por la diputada de la UCR-Evolución y presidenta de la Comisión de Educación, Manuela Thourte.

El proyecto tuvo giro parlamentario a tres comisiones de la Legislatura: Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria; Legislación del Trabajo y Educación, Ciencia y Tecnología. En ese contexto se realizaron diversas reuniones en las que participaron 17 sindicatos docentes de la Ciudad y más de 20 oradores entre docentes, directores y supervisores para conocer su opinión.

Además hubo tres encuentros de asesores parlamentarios para continuar perfeccionando el texto que llegará este jueves al recinto de sesiones para ser evaluado por el conjunto del cuerpo parlamentario. No obstante, sectores de la oposición y la comunidad educativa plantearon su rechazo; tan es así que desde el Frente de Izquierda (FIT) presentaron un dictamen de minoría en el que piden el archivo de la iniciativa de Thourte y exigen la titularización masiva de los docentes.

Los puntos clave del proyecto

A través de la iniciativa que busca modificar el Estatuto Docente, se prevé “actualizar la carrera y los contenidos brindando nuevas oportunidades de desarrollo profesional a los docentes”, “jerarquizar la profesión docente otorgando nuevos incentivos y formas de reconocimiento salarial vinculados al mérito”, “profesionalizar la práctica a través de propuestas formativas para que los docentes estén más preparados para formar a los estudiantes en los desafíos del presente y del futuro” e “implementar estrategias para que los docentes con mayor formación y trayectoria elijan trabajar en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable”.

De esta manera, el proyecto se basa en cuatro ejes centrales: el primero de ellos es implementar una nueva carrera docente con roles de especialización; en segundo término, articular la formación docente con incentivos salariales; en tercer lugar se buscará potenciar el rol del preceptor con responsabilidades tutoriales; y, finalmente, equilibrar la formación con la antigüedad en el puntaje docente para el ingreso y ascenso.

Cabe recordar que actualmente existen dos cargos: el “maestro de aula titular”, que es el punto de partida de la carrera, y el “maestro secretario”, que forma parte de la conducción de la escuela que tiene una formación enfocado en lo administrativo.

Es por esto que el proyecto plantea la creación de dos nuevos cargos, ambos son roles de ascenso en la carrera. Se va a lograr este ascenso a partir de la aprobación de un curso de ascenso con formación específica en cada caso y la participación en un curso de oposición (es decir, un examen con puntaje entre varios candidatos).

El primero de estos cargos es “maestro especialista”, el cual se aplicará para los niveles inicial y primario, y tendrá como función orientar y acompañar en el aula a su cargo a aquellos estudiantes de la formación docente inicial que realicen prácticas en los establecimientos en los que estén asignados, coordinando con el equipo de conducción.  Además de abordar problemáticas específicas en el ámbito de su especialidad en articulación con otros docentes del establecimiento y registrar prácticas propias en el ámbito de su especialidad y coordinar con el equipo de conducción espacios de puesta en común con sus colegas en los Espacios de Mejora Institucional (EMI) o en otras instancias jurisdiccionales.

Mientras que el segundo cargo es el de “maestro coordinador de trayectorias”, que se implementará en el nivel primario, y se desempeñará en las escuelas, desarrollando, orientando y promoviendo acciones institucionales que permitan fortalecer la enseñanza y la mejora de los aprendizajes. También intervendrá en la dinámica grupal y colaborar con el equipo directivo en la articulación del trabajo con los docentes y colaborará con el equipo de conducción en la recepción de los programas que establezcan contacto con la escuela con el objeto de enriquecer la labor educativa de la comunidad.

En todos los casos, al igual que para ser Maestro Secretario a los nuevos cargos se va a acceder por concurso. Los tres cargos de ascenso luego pueden continuar con la carrera docente que ya está en funcionamiento y concursar para vicedirector, director o supervisor.

Mejoras salariales para los docentes

Para que los docentes puedan acceder a estos nuevos cargos deberán especializarse en un trayecto formativo específico vinculado al rol que desempeñarán. Una vez concursado y obtenido el cargo, esta especialización se verá reflejada en el aumento salarial correspondiente a su nueva responsabilidad.

Asimismo, aquellos directores titulares que completen sus estudios de posgrado en las áreas prioritarias definidas por el Ministerio, recibirán una retribución económica adicional de hasta el 20% de su salario en concepto de especialización.

En el caso del nivel secundario, uno de los mayores aprendizajes que trajo la pandemia está vinculado a la necesidad de acompañar el desarrollo socio - emocional de los adolescentes. En ese sentido, y con la evidente cercanía que ya tienen los estudiantes con los preceptores, el proyecto propone la creación del cargo de Preceptor Tutor, que va a asumir la función tutorial de los primeros dos años de todas las escuelas secundarias haciendo seguimiento de los planes personales de aprendizaje.

Con este nuevo cargo, además de la mejora salarial y una formación específica se ofrece una nueva alternativa de desarrollo profesional para los preceptores, valorando y potenciando su rol en la escuela.

Con un fuerte rechazo por parte de los sindicatos docentes y de la oposición, la Comisión de Educación le dio dictamen favorable al proyecto de ley que busca fortalecer la carrera docente mediante la introducción de una serie de modificaciones al Estatuto Docente, a través de las cuales se buscará horizontalizar la carrera y promover mejorar salariales sin dejar el aula.

El proyecto en cuestión crea dos nuevos cargos docentes a los que se accederá por concurso y requerirán de una formación específica, incentivos para los directivos que continúen profesionalizándose y mejoras para los preceptores.

Al respecto de la iniciativa, la presidenta de la Comisión de Educación, Manuela Thourte (UCR-Ev), aseguró que “con esta ley buscamos fortalecer la carrera docente, ampliando las oportunidades de desarrollo profesional que actualmente ofrece el Estatuto, a través de incentivos salariales y profesionales. Creemos que mejorar la carrera docente es necesario y primordial para mejorar la calidad de los aprendizajes de chicos y chicas” y recordó que “actualmente, un docente tiene que esperar, en promedio, 18 años para acceder a un puesto de mayor jerarquía, que siempre es administrativo, en roles directivos o de supervisión y alejados del aula. Hoy, la Ciudad de Buenos Aires es la primera jurisdicción del país en proponer una carrera de desempeño en el aula, prevista en art. 69 la Ley de Educación Nacional, para brindar opciones de crecimiento a los docentes que quieran un desarrollo profesional dentro del aula, mediante la creación de nuevos roles”.

Además recordó que “el proyecto tuvo giro parlamentario a 3 comisiones de la Legislatura: Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria; Legislación del Trabajo y Educación, Ciencia y Tecnología, comisión que este año me toca presidir y donde tuvimos, hasta el momento, cuatro reuniones de Diputados. Allí contamos con la presencia de la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, y de funcionarios del Ministerio que vinieron a presentar el proyecto de Ley y a responder dudas y preguntas de los legisladores”.

“También, en el marco de estas reuniones, convocamos y escuchamos a representantes de 17 sindicatos docentes de la Ciudad y a más de 20 oradores entre docentes, directores y supervisores para conocer su opinión. Hasta el momento tuvimos también tres reuniones de asesores parlamentarios”, continuó señalando y destacó que “llevamos a cabo un debate muy interesante, que lo iniciamos con el objetivo de dar lugar al diálogo, a la construcción de consensos y a escuchar a quienes quisieran expresarse. Además, también se consideraron los proyectos de ley con estado parlamentario relacionados con esta temática”.

Al mismo tiempo que indicó que “concretamente, proponemos la modificación de 28 artículos del Estatuto para que el docente que así lo desee pueda tener nuevas alternativas de desarrollo profesional. Esto implica la creación de nuevos roles dentro y fuera del aula: Maestras especialistas en el nivel inicial y en primaria, que puedan ayudar en el fortalecimiento de los aprendizajes de los primeros años y quienes profundizarán en los mayores desafíos pedagógicos (por ejemplo: lecto-escritura en el primer ciclo); Maestros coordinadores de trayectorias escolares en el nivel primario, que puedan acompañar especialmente a aquellos alumnos que más lo necesiten; y la figura del Preceptor Tutor en Secundaria, para realizar un acompañamiento socio vincular de los jóvenes para fortalecer sus aprendizajes”.

“La Ley prevé otorgar incentivos y formas de reconocimiento salarial vinculadas al desarrollo profesional, para que la antigüedad y el paso del tiempo no sean la única forma de crecer en la carrera. Queremos hacer de la formación continua, de la mano de la trayectoria y de la experiencia, uno de los principales motores de transformación de la carrera profesional de los docentes de la Ciudad. Un punto esencial es que estos roles van a asignarse primero a las escuelas de mayor vulnerabilidad educativa”, añadió.

Thoute concluyó destacando que “esta propuesta viene a dar nuevas oportunidades, pero el docente que quiera continuar su desarrollo fuera del aula lo va a poder seguir haciendo. Se trata de sumar, de darle incentivos y oportunidades a los docentes dentro del aula. Estamos convencidos de que esta política tendrá como resultado una mejora en la calidad de los aprendizajes”.

Con este dictamen favorable de la Comisión de Educación, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto de sesiones el próximo 12 de mayo.

El rechazo de la oposición

Por su parte, la oposición porteña y los sindicatos docentes expresaron su rechazo a la iniciativa del oficialismo y advirtieron que se trata de “una reforma laboral encubierta” e insistieron en que el texto modifica “condiciones laborales que deben ser discutidas con las asociaciones sindicales, y no definidas en la Legislatura”.

Es por ello que desde la izquierda presentaron un dictamen de minoría en el que se pide el archivo del proyecto del proyecto del oficialismo. Además solicitaron que “los agentes del nivel medio, superior, profesionales de Equipos de Orientación Escolar, docentes curriculares del Reformulación, y el conjunto de docentes de Cultura, se titularizan de manera masiva y fotográfica que al momento de la sanción de la presente ley se encuentran como interinos en el sistema educativo de gestión estatal de la CABA”.

“Los agentes que reemplacen como suplentes a los agentes titularizados por la presente ley, como efecto cascada, quedarán titularizados en los cargos en los que revisten como suplentes”, sostiene el texto.

En tanto desde el gremio docente Ademys acusaron a la Legislatura de darle un tratamiento exprés al proyecto e insistieron que se trata de una “reforma encubierta”. En ese sentido, la referente de ese sindicato Mercedes de Mendieta planteó que “a espalda de la docencia y mediante un tratamiento express el gobierno de Larreta y la ministra Soledad Acuña quieren avanzar en una reforma laboral encubierta mediante la Reforma del Estatuto Docente, que apunta a una mayor precarización de las condiciones laborales de los docentes, con la clara intención de imponer salarios por ‘mérito’, además de imponer una desvirtuada orientación mercantilista mediante su proyecto de UNICABA”.

“Esta reforma laboral encubierta está hecha para seguir ajustando a la docencia según los criterios impuestos por el FMI y los organismos de crédito internacional, y que tienen como cómplice al gobierno nacional de Fernández y que Larreta busca imponer en la Ciudad. Por eso llamamos a organizarnos en cada una de las escuelas y a movilizamos junto a Ademys a la puerta de la Legislatura para tirar abajo esta reforma regresiva, pedir la titularización masiva y fotográfica de las y los docentes de todos los niveles y programas, además de seguir luchando por la recomposición salarial y por más presupuesto para la educación pública”, sentenció.

Quedó constituida este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La misma seguirá siendo presidida por la entrerriana oficialista Blanca Osuna, en tanto que fueron elegidos dos vicepresidentes: el también oficialista Daniel Arroyo y por Juntos por el Cambio el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Hubo en un primer momento una discrepancia en torno a la cantidad de integrantes y la proporcionalidad de la constitución de la misma, pero luego la misma quedó subsanada.

La diputada del Frente de Todos por Corrientes Nancy Sand fueron elegidas secretarias, también la tucumana Lidia Azcárate (UCR) y a la cordobesa Adriana Ruarte (Pro).

Antes de procederse a la designación de autoridades, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro expresó su desacuerdo con la constitución de la comisión, por cuanto a diferencia de lo que sucede habitualmente esta vez se había determinado que fueran 34 los miembros y no 35, según sostuvo. “De los cuales hay 17 que corresponden al Frente de Todos, 15 a Juntos por el Cambio y después las integraciones de otros bloques”. Ferraro se quejó por considerar que existía una “desproporción de la representación”, al quedar establecida en 17, 15, 1 y 1. A juicio de Ferraro, al aplicarse el sistema D’Hont la proporción debería ser 17 para el Frente de Todos, 17 para Juntos por el Cambio y el restante para otras fuerzas, o bien 34, 16, 1 y 1.

“Quiero dejar sentado esto porque llama la atención”, insistió, aunque poco después la secretaria de la comisión aclaró que con la llegada de Romina del Plá se había llegado a la conformación de 35 integrantes, “como siempre hubo”.

Presente en la reunión, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró la situación al dejar claro que ellos tenían 16 integrantes en la comisión, y enfatizó: “Los acuerdos los cumplimos”. Fin de la polémica.

“Quienes estamos acá es porque elegimos esta Comisión, con la convicción y el compromiso de aportar a los grandes problemas y desafíos nacionales con respecto a la educación, que atraviesa la formación de las personas y la integración de nuestro pueblo”, destacó Blanca Osuna tras asumir en el cargo, y agregó: “Estamos transitando una etapa nueva, luego de las implicancias de la pandemia mundial, pero también de la fuerte crisis en educación, a partir del desfinanciamiento y el corte abrupto de programas durante el macrismo, muchos de ellos que hubieran sido estratégicos en los últimos dos años”.

“Hay una agenda que es intensa, con algunas iniciativas que están plasmadas en proyectos que veníamos trabajando en la Comisión y otras propuestas que tienen que ver con esta nueva etapa”, detalló Osuna. “Un período donde el vínculo, la interacción personal y la presencialidad toman otras formas. Y donde es necesario seguir avanzando en todo lo relativo a conectividad, a las políticas de estado vinculadas a las becas y el Progresar, y a la revinculación de chicas y chicos que fueron afectados por la pandemia”, profundizó.

La Cámara de Senadores continúa con la actividad de su agenda legislativa, ya que este miércoles desde las 10 mantendrá un encuentro un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá, y la de Educación y Cultura, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde.

La reunión tendrá lugar en el Salón Arturo Illia en la que se analizará el proyecto de ley que aprueba el acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo - República Oriental del Uruguay el 17 de diciembre de 2018.

Una vez finalizada la reunión plenaria, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto tratará proyectos de declaración y resolución.

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Educación de la Cámara de Diputados, presididas por los oficialistas Pablo Yedlin y Blanca Osuna, respectivamente, comenzarán con el tratamiento del proyecto de ley de formación y desarrollo de la enfermería.

La primera reunión informativa se realizará este miércoles, a las 18, con la participación de expositores invitados. La iniciativa fue presentada por el legislador Yedlin y anunciada días atrás durante un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández.

Han sido invitados al plenario el coordinador nacional del Programa Nacional de Formación de Enfermería del Ministerio de Educación de la Nación, Gabriel Muntaabski; Diego Golombek, director ejecutivo del INET; Pedro Silberman, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur; María Donatila Gómez Marquisio, directora nacional de Enfermería, y Marcelo Morales, jefe del Departamento de Enfermería del Hospital Angel C. Padilla, de Tucumán.

También estarán, entre otros, Sergio Santa María, vicedecano a cago de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero; Alejandro Fabián Miranda, presidente de la Asociación de Enfermería de Capital Federal; Nelson Giménez, integrante del equipo técnico de la Fundación Soberanía Sanitaria; y Carlos Regazzoni, extitular del PAMI.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras/os en su formación continua.

De acuerdo con la propuesta, se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se dispondrán becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

Entre sus puntos principales, la propuesta establece el derecho de enfermeras/os a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión.

Se agregan líneas de becas destinadas a auxiliares de enfermería para que validen sus conocimientos y puedan acceder a tecnicaturas y licenciaturas, al tiempo que se incluyen capacitaciones de actualización para que cuenten con mejores herramientas.

Las universidades públicas y privadas, e instituciones superiores de enfermería nacionales y provinciales, tenderán a avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes.

La Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería será el organismo de asesoramiento técnico encargado de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias de formación.

Además, se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación.

Mientras el Gobierno local continúa ampliando la presencialidad de las clases, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presidida por el oficialista Gonzalo Straface (VJ),  se reunirá este viernes a las 12 para debatir, analizar y despachar una serie de proyectos tendientes a obtener información acerca de esta presencialidad y sobre las becas de estudios para el nivel superios, entre otros temas.

En cuanto a la presencialidad, la Comisión buscará avanzar con un texto promovido por Myriam Bregman y Alejandrina Barry (MC) que prevé obtener precisiones acerca de si se realizó un relevamiento de todas las escuelas del sistema educativo de la Ciudad, a fin de verificar la viabilidad de la aplicación del protocolo sanitario previsto para el inicio de clases, en particular en lo referido a la ventilación de las aulas y al distanciamiento social.

También pidieron que el Gobierno porteño informe “la cantidad de establecimientos educativos que no cuentan con las condiciones de infraestructura necesarias para garantizar la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes”, “el importe del presupuesto ejecutado, las modificaciones presupuestarias realizadas y las partidas presupuestarias extraordinarias generadas o a generar, en todos los casos destinadas a realizar obras de infraestructura que permitan readecuar y/o refaccionar los establecimientos educativos que no pudieren garantizar la aplicación de los protocolos sanitarios” y la “cantidad de personal docente y no-docente que cumple tareas laborales en más de un “grupo burbuja” y/o establecimiento educativa”, entre otros puntos.

En esa misma reunión se debatirá otro proyecto que prevé solicitar informes acerca de las becas para estudios de nivel superior, Ley Nº 1.843/05 y detalles relacionados con el estado de mantenimiento del edificio de la Escuela Primaria “Niñas de Ayohuma”. Asimismo buscarán obtener información sobre la falta de mantenimiento en el JIC N° 1 y en la Escuela N° 19 D.E N° 15; sobre el edificio de la escuela infantil de la calle Venezuela Nº 3158; informes sobre el edificio nuevo de la Escuela de Danzas N° 2 D.E. 18 “JORGE DONN”.

También se buscará declarar de interés educativo el proyecto Eutopia; declarar personalidad destacada, en el ámbito de la educación, a la profesora y escritora Graciela Montes; declarar de interés educativo la plataforma "ANIMACIONES" de la empresa EDUCABOT.

A su vez se prevé tratar un proyecto de ley para la “Creación Del Programa de Tutorías Académicas Intensivas para la Recuperación de Oportunidades de Aprendizaje”.

Tras tres semanas de disputa judicial entre el Gobierno de la Nación y la Ciudad al respecto de la presencialidad de las clases, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del distrito capitalino. Por lo que el presidente de la Comisión de Educación y diputado de Vamos Juntos, Gonzalo Straface, dialogó con parlamentario.com al respecto de la determinación judicial y advirtió que el mismo “tiene que actuar como un llamado de atención para la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, aseguró estar “muy contento porque si bien este era un fallo que esperábamos, creo que los argumentos de los tres votos fueron contundentes en cuanto a que la Nación no puede estar por encima de la facultad de las provincias de decidir sobre su educación.  Esto volviendo un poco para atrás que, cuando se aceptó que la Ciudad litigue a pesar de que la Nación había rechazado el estatus de provincia de la Ciudad”.

Al mismo tiempo que destacó algunos de los aspectos fundamentales del fallo, sobretodo “el derecho e importancia de la educación que en los votos de los ministros de la Corte dicen claramente que solamente pueden ser vulnerados o suspendidos en una circunstancia excepcional y siempre que haya una concurrencia del Estado Nacional y las provincias en la decisión, lo que no ocurrió con este DNU. Fue una decisión unilateral de la Nación”.

“El fallo dice que en el caso del DNU 241 también aplica a decisiones futuras, creo que debería actuar como un llamado de atención para la provincia de Buenos Aires y las provincias que no tienen clases presenciales, sobretodo porque la Corte dejó en claro que la justificación presentada por la Nación fue insuficiente y que no alcanza para compensar el daño enorme que representa el no tener clases presenciales, sobre todo después de un año completo sin tenerlas”, advirtió.

Además Straface precisó que “esto es una enorme alegría pero lo tomamos con calma, tenemos que seguir trabajando para volver al 100% de la presencialidad cuando la situación sanitaria lo permita… nosotros somos muy respetuosos de esos, pero si creemos que las escuelas son un lugar seguro y donde más se cumplen los protocolos” y concluyó señalando que esto es posible gracias a que “toda la comunidad educativa hace cumplir los protocolos, por eso creemos que este es el camino”.

Diputados de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Educación firmaron este miércoles un comunicado titulado “Vamos a luchar para que la Argentina no sufra una tragedia educativa”, donde insistieron con la presencialidad en las escuelas.

Los representantes del interbloque en la comisión son Victoria Morales Gorleri, Adriana Ruarte, Hernán Berisso, Sofía Brambilla, Alicia Fregonese, Sebastián García De Luca, Dina Rezinovsky, Gisela Scaglia, Lidia Ascárate, Brenda Austin, Albor Cantard, Josefina Mendoza, José Riccardo, Emiliano Yacobitti, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli,

“Instamos a que el Gobierno Nacional arbitre todos los medios necesarios para que la presencialidad en las escuelas sea una realidad en todo el país. La decisión unilateral del presidente de la Nación Alberto Fernández de suspender las clases presenciales en el AMBA deja en evidencia su desvalorización absoluta por la educación y sobre todo una enorme lejanía de la situación social, familiar, emocional y económica que atraviesan nuestros niños y jóvenes en todo el país, que afectan de manera mucho más profunda al 60% que se encuentra en situación de pobreza”, advirtieron.

Y continuaron: “No desconocemos la realidad sanitaria que vive nuestro país pero esta no puede ser una excusa para vulnerar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. El escenario actual nos demuestra que la educación debe ser esencial y que no puede estar sujeta a las decisiones arbitrarias de un gobierno que toma medidas sumamente improvisadas y sin rigor científico que perjudican el presente y el futuro de toda la sociedad”.

Para los legisladores, “la falta de datos del Ministerio de Educación de la Nación y la lentitud de las jurisdicciones para garantizar la presencialidad escolar son realmente preocupantes. Un estudio de ECO Educativo a nivel nacional refleja una enorme disparidad entre las provincias y sostiene que el 36% del país no tiene educación presencial. No hay un verdadero retorno a las aulas, las desigualdades se siguen profundizando frente a la inacción de gran parte de las jurisdicciones”.

Sostuvieron que “UNICEF estima que hemos perdido en 2020 a un millón y medio de alumnos que no volvieron a la escuela. Ese millón y medio de jóvenes no volvió a intentarlo ni se les ofreció una alternativa, fueron simplemente descartados del sistema. Es que en nuestro país uno de cada cinco alumnos de primaria no tiene acceso a internet en sus hogares y se estima que el 78% sólo tiene como dispositivo el celular, una situación agravada porque muchas veces no pueden acceder a datos, lo que los deja sin posibilidad real de aprender”.

“Fue el propio ministro de Educación de la Nación quien informó hace pocos días que las estadísticas indican que sólo el 0.16% de los alumnos y el 1.03% de docentes, directivos y personal no docente se contagiaron desde que comenzaron las clases presenciales”, recordaron.

Finalmente, señalaron que “si los niños y niñas tienen que afrontar otro año sin escuela, los efectos seguirán haciendo estragos en las próximas generaciones, en el futuro de la Argentina. Le pedimos a las jurisdicciones que aporten certidumbre a las familias y dicten las medidas necesarias para garantizar la presencialidad cuidada y así evitar esta tragedia educativa a la que nos está arrastrando el Gobierno Nacional”.

Las comisiones de Educación y Cultura y Banca de la Mujer que presiden las senadora por la sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde y la pampeana Norma Durango, respectivamente, realizaron este martes una reunión conjunta donde trataron varios proyectos de ley que reivindican el rol de la mujer en distintas actividades.

Se trata de la iniciativa del senador  por Chubut Alfredo Luenzo (FdT) que  instituye el 1° de octubre de cada año como el "Día de la Mujer Aeronáutica"; dos proyectos que declaran como "Día de las Futbolistas Argentinas" el 21 de agosto de cada año, uno en revisión de la Cámara de Diputados y otro de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu; y por último uno de la senadora por Chubut Nancy Susana González (FdT), que instituye el 15 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres y Diversidades en el Ámbito Marítimo.

La senadora García Larraburu explicó que "creemos que con la instauración buscamos visibilizar y reconocer el avance que tuvo el fútbol femenino. En Argentina más de un millón de niñas y mujeres practican este deporte tanto de manera amateur como profesional".

Consideró que "esto es fruto de las profundas transformaciones y el fin de estereotipos sociales que encasillaban que eran más masculinas o menos femeninas por practicar este deporte".  "Estamos rescatando y reivindicando la historia del fútbol argentino que tiene un gran futuro. La fecha es en reconocimiento a las pioneras que viajaron al mundial de México en 1971", concluyó.

La senadora Durango se manifestó respecto a la iniciativa de la senadora Nancy González. Aseguró que "el proyecto va a dar visibilidad y promover la participación equitativa de las mujeres y diversidades para erradicar la discriminación de las actividades navales".

Luego el senador Luenzo explicó su proyecto y destacó que "la finalidad de esta iniciativa es reconocer y comenzar a visibilizar a las mujeres en este caso  en el mundo de la aeronáutica, buscando reivindicar este rol que tiene la mujer no solo como pilotos sino también como tripulantes y aeronavegantes".

Luego las senadoras analizaron las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien expresó que quienes eligen ser maestros son personas "cada vez más grandes de edad" y de "los sectores más bajos socioeconómicos" con poco "capital cultural".

La bancada oficialista repudió sus dichos al considerarlos que "son irresponsables y que no se puede desprestigiar la tarea docente". El senador Esteban Bullrich (Pro) defendió a la ministra Acuña y pidió no quedarse en la declaración.

A continuación se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Educación y Cultura para tratar el  proyecto de ley de la senadora por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) que declara monumento histórico nacional al "Monumento a los Héroes de la Independencia", ubicado en la colina de Santa Bárbara, localidad de Humahuaca provincia de Jujuy;  el de la senadora Ana María Ianni (FdT) que declara poblado histórico nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo - Fitz Roy, provincia de Santa Cruz;  la iniciativa de la senadora por Catamarca Inés  Blas (FdT) que declara heroína nacional a la libertadora generala Juana Azurduy de Padilla y uno de la senadora por La Rioja María Clara del Valle Vega (Mediar Argentina) que declara como patrimonio inmaterial argentino, en los términos de la ley 26.118 a la "Fiesta del Tinkunaco".

Por último se pusieron en consideración proyectos de declaración.

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados, presididas por los oficialistas Pablo Carro y Blanca Osuna, respectivamente, dio dictamen favorable a un proyecto de ley que establece la libre navegación en plataformas educativas, con el fin de garantizar la educación digital en todo el país.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar “el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas estatales y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa”.

El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación, la que "en virtud de la condición de servicio público en competencia de los servicios TIC, previa solicitud e informe del Ministerio de Educación, determinará periódicamente las plataformas educativas estatales a las que se garantizará el acceso y la navegación gratuitos a través de dispositivos móviles, en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo".

También, "en caso de corresponder, precisará protocolos que establezcan las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación" de lo dispuesto por la ley, "a cuyos fines recabará información técnica y operativa con los Prestadores de Servicios de TIC".

En caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos -como establece el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, modificado este año-, la autoridad de aplicación "establecerá programas específicos concertados con el Ministerio de Educación para procurar, a los fines allí previstos, la provisión de recursos tecnológicos y conectividad".

Además, el texto prevé que "en la implementación de programas de desarrollo de infraestructura, se priorizarán los proyectos que tengan como finalidad la conexión de las instituciones educativas -en coordinación con el Ministerio de Educación- y de organizaciones sociales o comunitarias, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)".

"La autoridad de aplicación fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos -en coordinación con el Ministerio de Educación-, oficinas estatales, organizaciones sociales o comunitarias en los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país", agrega el proyecto.

Un proyecto de ley sobre una "estrategia integral para el fortalecimiento de las trayectorias educativas", que se había consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se retrasó en su dictamen por decisión del oficialismo.

El argumento que emitió el Frente de Todos fue que la iniciativa depende de otra, referida a garantizar la conectividad para la educación digital de los alumnos de todo el país, la cual se discutió previamente en un plenario y tampoco logró despacho.

La postura del oficialismo fue cuestionada por los legisladores de Juntos por el Cambio, quienes recordaron que el tema se viene trabajando hace tiempo y que el proyecto es "urgente". Además, pidieron que se someta a votación el pase a un cuarto intermedio, algo que la presidenta de la comisión, la oficialista Blanca Osuna, evitó y se abrió toda una discusión reglamentaria.

Osuna prometió volver a convocar "en un plazo de 48 horas" y destacó que el debate "ya viene con todos los acuerdos necesarios como para sostener un buen proyecto". "No desvirtuemos con argumentos que dificulten o vuelvan atrás con avances que considero muy valiosos", expresó.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la macrista Victoria Morales Gorleri remarcó: "No estamos conformes con esta decisión, sobre todo por cómo se dieron las cosas en el día de hoy". La legisladora habló de un "sabor amargo", al tiempo que dijo que con sus pares estaban "convencidos en que este proyecto de ley puede salir más allá de que avancemos o no en el proyecto de conectividad".

Por la Coalición Cívica, el jefe de ese bloque, Maximiliano Ferraro, reprochó que "fuimos convocados a dictaminar en dos reuniones", algo que finalmente no ocurrió. "Quienes están dilatando, quienes están cambiando las reglas de juego, quienes no están cumpliendo la palabra son ustedes, el oficialismo", se quejó.

También reclamaron fervientemente la radical Brenda Austin y la macrista Gisela Scaglia, que querían realizar la votación a viva voz. En tanto, el diputado oficialista Germán Martínez aseguró que no había "nada que someter a votación" porque "es un acuerdo que vamos estableciendo en la misma marcha de la comisión".

Finalmente, y pese al enojo de Juntos por el Cambio, Osuna dio por finalizada la reunión con el compromiso de retomar el debate esta semana.

Con el objetivo de garantizar el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet para plataformas educativas y sitios web con finalidad pedagógica, diputados del oficialismo y la oposición consensuaron un proyecto que se debatió este martes en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados.

Si bien parecía acordado que se iba a firmar el dictamen, un pedido del ENACOM, que espera el guiño del Poder Ejecutivo, obligó a un cuarto intermedio a la espera de acordar detalles.

Juntos por el Cambio reclamó que ya se habían llevado a cabo reuniones informativas con representantes del organismo, pero el Frente de Todos insistió en aguardar la respuesta.

El titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, reveló hacia el final, cuando se encaminaba a la votación, que durante la reunión había conversado con el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, quien le transmitió que "les gustaría antes de dictaminar poder revisar el proyecto".

"Para que esto pueda avanzar necesitamos tener un acuerdo amplio. No tiene sentido que dictaminemos y luego el proyecto no avance", agregó el diputado, que afirmó que la próxima reunión podría ser también con la otra comisión a la que tiene giro la iniciativa, la de Presupuesto y Hacienda.

Al comienzo del encuentro, el cordobés Pablo Carro (FdT) sostuvo que "garantizar la gratuidad del tráfico de información de estos sitios es un aspecto clave para poder garantizar el acceso al conocimiento y a todos derechos básicos que están establecidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales, como son los derechos a la educación y a la comunicación".

En tanto, la entrerriana Blanca Osuna (FdT) señaló que la pandemia trajo aparejado un "impacto negativo" en varios alumnos, en relación a "las dificultades en materia de conectividad".

En ese sentido, la oficialista aseguró que según "diferentes estudios y encuestas" el problema en el acceso a la conectividad traerá "consecuencias" en "las condiciones personales y futuras de los alumnos".

Además, celebró que "se deje plasmada la prioridad educativa" a través de una ley.

Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) remarcó que la iniciativa tiene "una mirada puesta en intentar eliminar la brecha educativa que quedó en evidencia en esta pandemia, respecto a los temas que tienen que ver con la conectividad y acceso a los dispositivos".

La macrista destacó que en este debate "no importan las banderas partidarias" y repasó datos del Ministerio de Educación y UNICEF sobre esta realidad. "Hoy, menos de la mitad de los chicos cuenta con acceso fijo de buena calidad a una señal de Internet. Tres de cada diez hogares no tienen acceso fijo a Internet y más de la mitad no cuenta con una computadora liberada para uso educativo", enumeró.

"Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el acceso", agregó Morales Gorleri, al tiempo que subrayó que "estas herramientas vinieron para quedarse".

A su turno, la radical Karina Banfi resaltó la necesidad de abogar por que los programas estimados en el Presupuesto, relacionados a conectividad, "tengan foco en materia educativa", ya que es una "responsabilidad que tiene que asumir el Estado".

También exhortó al oficialismo a "pedirle al ENACOM que reglamente el DNU" que declaró a Internet como servicio esencial. "Están en un debate con las empresas, todavía estamos en veremos con esa situación", apuntó y consideró que las empresas necesitan tener "seguridad jurídica" para poder "contar con ellas en este aporte".

Durante el debate, el oficialista Itaí Hagman expresó que "la pandemia no hizo otra cosa que visibilizar y profundizar la desigualdad" educativa, por eso "el Estado tiene la obligación de intervenir". "El acceso a Internet y educación a distancia requiere de políticas públicas", añadió.

Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá reconoció la "preocupación común" por la problemática, pero manifestó: "Estamos discutiendo un tema tardíamente. Para respuesta estatal, un poquito demorada como mínimo".

Además, la legisladora opinó que el acceso gratuito debería facilitar "la conexión entre las partes", en referencia a docentes y alumnos, algo que "muchas veces no se puede dar a través de las plataformas" y, en su mayoría, durante la pandemia se realizó mediante Whatsapp. Y pidió que la aplicación de esta ley se realice "sin ningún tipo de subsidios ni resarcimiento a las empresas".

Qué prevé la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo garantizar "el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa".

El Poder Ejecutivo, que será la autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el listado anual de las plataformas y sitios web "en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo". Asimismo, "en consulta con los proveedores de servicios TIC, precisará un protocolo que establezca las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación".

La iniciativa indica que "en situaciones excepcionales de emergencia nacional sanitaria, o cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, por razones de fuerza mayor", el Poder Ejecutivo "establecerá programas específicos y concertados con el Ministerio de Educación que garanticen recursos tecnológicos y capacidades de conectividad para estudiantes y docentes que coadyuven a la igualdad educativa con condiciones de calidad".

Además, se incorpora el artículo 25 bis a la Ley 27.078 (Argentina Digital), estableciendo que "en la aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal se priorizará la implementación de programas de desarrollo de infraestructura que tengan como finalidad asegurar la conexión de las instituciones educativas y las organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)".

"La autoridad de aplicación (aquí se refiere al ENACOM) fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos, oficinas públicas, organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, privilegiando su financiamiento a través de Programas que utilicen el Fondo Fiduciario de Servicio Universal”, agrega.

En el marco de una reunión informativa sobre proyectos de ley relacionados con la continuidad de las trayectorias educativas, cuatro ministros de Educación asistieron a una reunión virtual de la comisión homónima de Diputados, para relatar sobre las medidas que se adoptaron en sus distritos a raíz del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 y la suspensión de las clases presenciales.

Arrancó con las exposiciones el titular de la cartera de Educación de La Pampa, Pablo Maccione, quien señaló que en la provincia "en algunos lugares se pudo sostener un trabajo importante en la conectividad, pero en otros era más difícil" y se llegó "a través del formato papel".

Además de la plataforma nacional se ideó una plataforma propia, y se recurrió a la reproducción de contenidos en el canal público provincial para poder "llegar a todos los estudiantes, abarcando las diferentes geografías y los contextos que se iban dando".

Maccione explicó que al finalizar las vacaciones de invierno fue comenzando el proceso gradual de la vuelta a las aulas, "priorizando a los alumnos que no mantuvieron un vínculo pedagógico y a los de los últimos años de primaria y secundaria". Actualmente, "la concurrencia está siendo significativa", ponderó.

"El lugar más seguro para que estén los estudiantes es la escuela", opinó el funcionario, y agregó que las clases presenciales en dos localidades se volvieron a suspender para "bajar el nivel de movilidad" pero "no por ningún riesgo de que pudieran contagiarse en la escuela", donde los protocolos se cumplen "a rajatabla".

Por su parte, la ministra de Educación de Chaco, Daniela Torrente, sostuvo que en su provincia se han "desarrollado muchas estrategias para dar continuidad a nuestros estudiantes", tales como la puesta en marcha de una plataforma digital en la cual "creamos aulas virtuales por niveles, ciclos, años".

En un principio, "los grupos de WhatsApp y las redes sociales fueron los dos mecanismos de llegada más inmediata que tuvieron los docentes", recordó, pero valoró que se impulsó la "capacitación a los docentes para el uso de aulas virtuales" y para ello se incorporó "un incentivo por conectividad".

Asimismo, se desarrolló "un programa de televisión, un programa de radio y una aplicación para celulares y tablets". "A pesar de todo lo malo de la pandemia -reflexionó Torrente-, lo bueno que tiene es que hemos podido incorporar la tecnología a la gestión de la enseñanza" e "incorporar nuevos contenidos" antes no vistos.

Luego fue el turno de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien resaltó que una vez comenzada la pandemia se arrancó con un "esquema alimentario que garantizaba cada 15 días la entrega de canastas", y con "un acompañamiento personalizado a las familias" mediante seguimiento de forma telefónica. "Hemos hecho más de 70 mil llamados", dijo.

Si bien en la Ciudad "ya veníamos trabajando con todo lo que es la educación digital desde hace más de 10 años", subrayó, cuando llegó el aislamiento muchos de los alumnos tenían acceso a la computadora solo en las escuelas. "Con la pandemia tuvimos que empezar a repartir las computadoras. Llevamos más de 26 mil computadoras repartidas a chicos de primaria y secundaria", informó.

La funcionaria porteña aseguró que hubo "un trabajo muy fuerte de capacitación docente" y, aunque "al principio había una saturación de tareas", luego "se fue regulando hasta que encontramos el punto de lo necesario y de lo que los chicos y chicas podían ir haciendo".

Sobre el abandono de la escolaridad, Acuña remarcó que "cuando un niño, una niña, deja la escuela los problemas que lo rodean son muchos más graves que una falta de computadora o internet".

Impulsora de la vuelta a la presencialidad, y celebrando la revinculación de algunos alumnos autorizada desde hace unos días atrás, la ministra aseveró que en los países donde la curva de contagios ya ha disminuido, "se está demostrando que las escuelas no son espacios de contagio, son espacios seguros y hasta incluso donde se puede detectar tempranamente para el aislamiento".

"Los chicos están en la plazas con sus amigos y eso no es más seguro que una escuela", donde pueden asistir con todos los protocolos y adquirir las reglas, argumentó la titular de la cartera de Educación porteña.

Finalmente, Walter Grahovac, ministro de Educación de Córdoba, reveló que en los lugares de la provincia donde no hay conectividad "se ha llegado con los cuadernillos enviados por el Gobierno nacional". En tanto, el distrito implementó su propia plataforma "que propone actividades siguiendo la currícula oficial".

"El nivel de vinculación pedagógico es muy alto", afirmó y precisó que "tenemos solo el 1,8% de los alumnos desvinculados". Ese porcentaje "totalizan unos 15 mil alumnos, sobre una matrícula de 960 mil alumnos", indicó el funcionario.

Sobre ello, Grahovac contó: "Estamos con voluntarios, intendentes, presidentes comunales y los propios directivos de las escuelas localizando a las familias, yendo a golpear la puerta de los chicos".

También consideró que es necesario "reforzar el acceso a la conectividad de la población", porque "el acceso a internet y dispositivos (entre los alumnos) es totalmente desigual, como la Argentina". Y, en otro tramo, celebró la vuelta a la presencialidad de los distritos que pueden hacerlo, pero enfatizó que en Córdoba "no hemos superado" la propagación de contagios.

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados realizó este jueves una reunión informativa con el objetivo de avanzar sobre una agenda de trabajo compartida sobre “Conectividad y brecha digital: Pandemia y Postpandemia”.

El encuentro que se desarrolló de manera virtual, contó con la participación de la gerenta General de Educ.ar del Ministerio de Educación de la Nación, Laura Marés, el director de Enacom, Raúl Quilodrán, y el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martín Olmos.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada nacional Blanca Osuna (FdT), manifestó que "el objetivo del encuentro se basa en abordar conjuntamente una agenda común sobre conectividad, brecha digital, educación y derechos”.

“En nuestra comisión, hemos recibido 19 proyectos relacionados a esta temática”, explicó la legisladora, al tiempo que remarcó: “Necesitamos políticas de Estado para el acceso a internet como derecho y la posibilidad de conectividad”.

Luego, el titular de la comisión de Comunicaciones e Informática, diputado nacional Pablo Carro (FdT), afirmó: “Buscamos dar un puntapié para poder debatir las leyes que tenemos que sancionar".

Desde la UCR, la diputada nacional Karina Banfi afirmó: “La conexión es un derecho humano y no solo en contexto de la pandemia. El acceso a la información es central para ejercer nuestros derechos”.

Luego, la diputada del Pro Alicia Fregonese expresó que “es muy importante la formación docente”, ya que -remarcó- “han asumido un gran desafío en el contexto de la pandemia”.

En tanto, la gerenta general de Educ.ar SE del Ministerio de Educación de la Nación, Laura Marés, explicó que "desde Educ.ar SE potenciamos la alfabetización digital a través de la conexión a Internet de las escuelas, la entrega de dispositivos y herramientas digitales para completar la conectividad en todo el país.

“El uso de la tecnología es un derecho, no solo para estudiar, sino también para trabajar, y ver una película, etc.”, remarcó.

A su turno, Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), indicó: “Tenemos que trabajar para tener una Argentina más justa y menos desigual en términos de conectividad”.

“Hoy la sociedad en su conjunto nos demanda una mayor conectividad para educarnos y trabajar. Queremos una gestión federal para resolver los problemas de nuestro país”, remarcó.

En ese sentido, el representante de Enacom manifestó: “Buscamos reducir la brecha digital, pero eso requiere que esa conectividad esté acompañada de dispositivos digitales con la tecnología necesaria”.

A su turno, el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martín Olmos, señaló que “esta crisis ha puesto a la conectividad y a las telecomunicaciones en un lugar de mayor centralidad en forma transversal a las distintas brechas que existen en materia de salud, educación y trabajo”.

“Nuestra mirada sobre el tema de la conectividad es que es fundamental desde el punto de vista de los derechos”, remarcó. Y agregó: “Sin conectividad es difícil que muchos derechos básicos tengan cumplimiento efectivo”.

Sobre los lineamientos de su gestión, Olmos destacó “el lan de puesta en valor de la televisión digital en la Argentina y el plan satelital del tercer satélite de ARSAT para una mayor conectividad”.

Finalmente, los legisladores integrantes de ambas comisiones coincidieron en la importancia de continuar con estas reuniones informativas para analizar el acceso a la conectividad y poder debatir todos los proyectos presentados orientados a “achicar la brecha digital”.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara baja entrerriana, presidida por la diputada Stefanía Cora, realizó su primera reunión, en la cual se estableció una agenda para abordar los proyectos presentados y organizar cómo sería la dinámica de trabajo compartida.

Cora inició el encuentro semi presencial reflexionando sobre el lugar relevante que la ciencia y la tecnología deberían tener en la agenda que las diputadas y los diputados trabajen, además de la cuestión educativa. Expresó también la legisladora provincial que se reunió junto al presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, y que acordaron contar con la ayuda de representantes del organismo cuando la comisión los necesite para el abordaje de algún proyecto referido a educación.

La presidenta de la comisión destacó el proyecto de ley de autoría de Giano, que dispone la Educación Sexual Integral como materia obligatoria como así también el proyecto de declaración del diputado Néstor Loggio, que solicita al CGE arbitrar medidas y gestiones tendientes a fortalecer las herramientas del sistema educativo para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres e identidades feminizadas. Cora instó a trabajar conjuntamente en ambos proyectos destinados a potenciar las políticas de Educación Sexual Integral en Entre Ríos.

Por otro lado, la comisión también acordó abordar dos proyectos respecto a la educación emocional, uno de ellos venido del Senado de Entre Ríos, que crea un programa de educación emocional para todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada y en todos sus niveles y modalidades, y otro presentado por la diputada Gracia Jaroslavsky, quien afirmó que “la educación emocional es un cambio práctico y teórico entre los chicos y quienes educan”.

En este sentido la diputada Carina Ramos, quien también se ha comprometido con la temática, expresó la transversalidad de la educación emocional y que “debemos trabajar un proyecto en conjunto y en consenso con el CGE para dar un avance significativo”. La presidenta de la Comisión coincidió y agregó que “para que los proyectos sancionados tengan un impacto concreto en la realidad, deben ser dialogados con otros sectores”.

La comisión decidió estudiar los dos proyectos de educación emocional y analizar aquellos expedientes que puedan estar relacionados con la temática, como así también solicitar una reunión con Alejandra Claret, encargada del Área de Mediación del CGE, quien podría brindarles herramientas desde el órgano que sería responsable de la aplicación de la política de Estado.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología contó con la presencia virtual de las diputadas Carina Ramos, Ayelén Acosta, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky y María del Carmen Toller y de los diputados Juan Pablo Cosso y Eduardo Solari.

A casi 80 días del inicio del aislamiento social obligatorio, la Comisión de Educación de la Legislatura porteña firmó el dictamen favorable de un proyecto de resolución, mediante el cual los diputados le solicitaron al Gobierno de la Ciudad información sobre la “Canasta Escolar Nutritiva” que reciben los estudiantes del distrito capitalino.

De esta manera, los legisladores buscarán conocer la cantidad de canastas nutritivas entregadas durante los primeros cinco operativos y cuantos estudiantes en total hay matriculados por cada comuna, nivel educativo y modalidad. Asimismo, pidieron especificación del contenido del desayuno, almuerzo y refrigerio.

También prevé conocer el costo unitario de las canastas nutritivas escolares y el costo total de las canastas entregadas hasta el momento; así como también los términos del acuerdo con los concesionarios para la reformulación de los contratos de concesión vigentes y los protocolos vigentes adoptados en el contexto de la emergencia sanitaria, entre otras cuestiones.

En los fundamentos del dictamen -que surgió de la unión de los proyectos impulsados por Gabriel Solano (PO), Santiago Roberto y María Bielli (FdT)-, los diputados manifestaron que “la irrupción de la pandemia de coronavirus ha planteado para toda la sociedad infinidad de desafíos y situaciones absolutamente desconocidas” y recordaron que “el decreto de aislamiento social obligatorio afectó el funcionamiento normal de los diversos servicios educativos, y  uno de ellos ha sido el de comedores escolares y viandas”.

Además indicaron que “este pedido de informes refiere a los precios que se han determinado para los productos que se entregan a las familias de los alumnos y alumnas de escuelas de gestión estatal a través de los bolsones que buscan paliar la ausencia de los servicios de comedor, como así también la población beneficiaria de las mismas” y remarcaron que “estos alimentos son para una gran cantidad de niños y niñas, de fundamental importancia para sostener su alimentación cotidiana”.

“Es nuestro deber como legisladores acompañar en lo que a nuestras funciones atañe, evaluando las medidas que se han adoptado, escuchando a nuestros y nuestras vecinas y, a partir de ello, procurando aportar soluciones para que las políticas públicas ante la emergencia puedan paliar de la manera más eficiente las consecuencias inevitables de la crisis sanitaria”, concluyeron.

Por Carolina Ramos

Tras casi tres horas de un puntilloso debate, diputados de la Comisión de Educación firmaron un dictamen consensuado sobre un proyecto para modificar la Ley 26.206 incorporando de manera “excepcional” la educación a distancia en todos los niveles, mientras las clases presenciales continúan suspendidas por la medida del aislamiento social.

Juntos por el Cambio decidió acompañar la propuesta del oficialismo luego de que la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, se comprometiera a convocar a un debate, próximamente, sobre la necesidad de garantizar la igualdad en la conectividad de alumnos de todo el país.

La principal bancada de la oposición pretendía que este tema quedara plasmado en el dictamen. “Todos sabemos que la legislación sobre educación debe poner especial atención en el cuidado de los más vulnerables. El 70% de los educandos de hogares vulnerables no tiene acceso al cuello de botella de la conectividad”, planteó el radical José Riccardo, quien pidió que ese aspecto “no quede en una expresión de deseo”.

Comisión de Educación de @DiputadosAr

El diputado @joselriccardo explicó su proyecto para modificar la ley 26.206 de Educación Nacional y darle marco legal a la enseñanza a distancia en las escuelas de todo el país para garantizar la continuidad pedagógica 👇 pic.twitter.com/Jwzygx5GFz

— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) May 19, 2020

Sin embargo, para llegar a un dictamen único, Osuna informó que “en la próxima reunión se trabajará en una selección de temas y se podrá tomar esto como una prioridad”. La respuesta dejó satisfechos a los representantes de Juntos por el Cambio y hubo dictamen de mayoría, mientras que Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, suscribió otro en minoría. El dato de color fue la decisión de Gisela Marziotta (Frente de Todos) de no acompañar ningún despacho.

El dictamen mayoritario, que ahora quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión, incorpora a los menores de 18 años a la enseñanza a distancia -a partir de esa edad, el formato remoto ya está contemplado en la ley-.

No obstante, será “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. Riccardo pidió incorporar como causal el aislamiento geográfico, pero el Frente de Todos rechazó la propuesta. “El aislamiento es natural en pueblos que viven aislados”, justificó Mara Brawer.

El texto de la reforma

Actualmente, el artículo 109 de la ley indica que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad” y que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.

El proyecto que obtuvo dictamen incorpora un agregado a ese artículo, que indica que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.

Así, se establece que “solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años de edad”.

“En tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad (…) y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las negociaciones colectivas correspondientes”, se agrega.

Una medida excepcional

La diputada Osuna, titular de la comisión, aclaró que esta modalidad será excepcional para evitar “supuestos negocios que puede traer aparejado el uso de plataformas de educación a distancia”.

A su vez, Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) aclaró que “nadie habla de reemplazar la educación presencial por la educación a distancia”. “La tecnología es un medio, lo que importa es la innovación pedagógica”, consideró.

Alicia Fregonese (Pro) explicó que la educación remota es “una opción pedagógica y didáctica aplicable a todos los niveles del sistema educativo nacional”, que “puede integrarse a la educación formal e informal”. “Este no es un intento de reemplazar la presencialidad (sic), sino de complementarla”, sostuvo.

A su turno, Brawer remarcó que debe quedar claro que la educación a distancia debe ser “excepcional” y habló de la necesidad de capacitar a docentes sobre esta modalidad en caso de que continúe el aislamiento por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, Del Plá advirtió que actualmente “no estamos frente a educación a distancia” sino ante “un acompañamiento pedagógico”, y resaltó el trabajo de docentes, familias y alumnos para darle continuidad al ciclo lectivo de forma remota. “Hoy no hay condiciones materiales laborales ni pedagógicas para un proceso de educación a distancia”, sentenció.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que conduce la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos), buscará dictaminar un proyecto consensuado que habilite la educación a distancia para todos los niveles.

Esta modalidad se viene implementando desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a raíz de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus. De hecho, la reapertura de las aulas se daría recién en el mes agosto.

El temario del encuentro remoto incluye cuatro iniciativas que presentaron los legisladores José Luis Riccardo (UCR), Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero), Alicia Fregonese (Pro) y Mara Brawer (Frente de Todos).

Mientras que el de Riccardo propone la suspensión por dos años del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional (26.206) y que el Consejo Federal de Educación elabore una regularización sobre el tema, los proyectos de las diputadas plantean una modificación a dicho artículo, para incorporar que por situaciones de excepcionalidad se pueda implementar esta modalidad.

Actualmente, el artículo 109 indica que "los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad" y que "para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario".

Por Melisa Jofré

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró este miércoles que no está definida la fecha en la que se reanudarán las clases y enfatizó que será "cuando no haya riesgo para nadie". "No tenemos escenario posible", dijo el funcionario y mencionó que se han analizado los meses de "junio, julio, agosto" e incluso "septiembre".

Al exponer por videoconferencia ante la Comisión de Educación del Senado -que preside la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT)-, el titular de la cartera educativa sostuvo que no se tiene "certeza" sobre el regreso a la escuela, así como "no la tiene el mundo". En ese sentido, puso el ejemplo de Francia, donde se anunció para el 11 de mayo y "no fue una decisión bien recibida".

Trotta aseguró que la definición requerirá de "mucho compromiso y trabajo articulado entre toda la dirigencia política, social y sindical", además del "consenso" entre Nación y todas las provincias. Agregó que así como la suspensión de las clases fue una "decisión epidemiológica", la vuelta a las aulas "también debe ser una respuesta epidemiológica".

Durante una participación de tres horas, en las que trató de responder la mayoría de las 150 preguntas que le hicieron llegar por escrito los legisladores -además de las consultas en el encuentro virtual-, el ministro destacó que desde el Estado la "principal responsabilidad es lograr detener los procesos de profundización de la desigualdad educativa en el marco de la pandemia".

Sobre esto, señaló que "la realidad de cada hogar es muy diferente", sea por el acompañamiento de los padres o su formación educativa y el acceso a las herramientas necesarias por parte del alumno, con lo cual "sabemos que al momento de regresar a las aulas vamos a encontrar aulas más heterogéneas", admitió.

"Nuestro sistema educativo está sufriendo una realidad de mucho estrés, como lo está sufriendo la sociedad", expresó el funcionario, que calificó como "un desafío impensado y único" poner en marcha la enseñanza a distancia en el marco de desigualdades.

También resaltó: "La pandemia nos sorprende con la Argentina inmersa en un proceso de desinversión educativa”. Y remarcó entonces que los últimos cuatro años fueron "muy complejos en términos económicos y sociales para Argentina" donde el presupuesto en educación "cayó del 6,1% al 4,8% del PBI".

Además, Trotta anticipó que en 2021 la "obligación primaria" por parte del Ministerio serán los estudiantes que, en este 2020, estén en el último año de la secundaria. En esta línea, informó que está en análisis un "programa específico" para "convocarlos, retenerlos y darles las herramientas necesarias" con el objetivo de quitar el "estigma" que muchas veces pesa sobre los jóvenes a la hora de pasar a la educación terciaria o universitaria.

"Podríamos llegar a trabajar un módulo específico: enero, febrero, marzo y abril, para que se puedan intensificar los contenidos", explicó y añadió que se coordinaría "con las universidades que las clases comiencen excepcionalmente en el mes de mayo" el año que viene, pero aclaró este es "un elemento en estudio".

A lo largo de su exposición, el funcionario destacó las medidas puestas en marcha como la plataforma "Seguimos educando", de acceso gratuito; las horas de programas en televisión y radio donde "se intenta recrear el trabajo del aula"; y la distribución de cuadernillos con material pedagógico en los lugares con mayor vulnerabilidad.

Por otro lado, habló sobre el "desafío" de alcanzar conectividad al 100% en el sistema educativo en estos cuatro años y detalló que se han readecuado "casi 150 mil computadoras, algunas que son del año 2015, abandonadas en los hangares del Correo". Y agregó que a partir de este viernes se comenzará con la distribución de 135 mil computadoras y tablets "en diez provincias del norte grande y los distritos del conurbano bonaerense".

Aunque aclaró que no se tiene certeza sobre la fecha en que se reanudarán las clases, el ministro subrayó que "no necesariamente la modificación del calendario escolar es lo que resuelve el desafío que tenemos por delante", por eso manifestó que "cuando Argentina logre pasar este momento de estrés que genera la incertidumbre, se va a necesitar un respiro".

En este sentido, el titular de la cartera educativa apuntó que "no estamos de vacaciones" por lo que "no hay que imaginar que hay que eliminar las vacaciones de invierno o verano". Tras una consulta de la mendocina Pamela Verasay (UCR), sobre "qué tipo de diagnóstico habilita" esta decisión, Trotta aseveró que no es una definición que hará el Ministerio, sino un acuerdo entre todas las jurisdicciones.

En tanto, amplió que "a partir de discusiones con especialistas, con muchos ministros de provincias e incluso de otros países, todos creemos que transitar este momento de enorme trauma va a implicar un respiro para la sociedad". "Nuestros maestros, profesores, familias y estudiantes, en esta Argentina profundamente desigual, están haciendo un enorme esfuerzo para transitar esta continuidad pedagógica. Es contradictorio con nuestros docentes, a quienes tenemos palabras de tanto reconocimiento, decirles que cuando vengan las vacaciones van a tener que trabajar", continuó.

En cuanto a la educación de gestión privada, el ministro destacó que se estableció "diferir los pagos de aquellas familias que no están en condiciones" de pagar las cuotas, sin que esto "tenga ningún impacto" en la continuidad de la enseñanza. Además mencionó la decisión de "retrotraer los aumentos de marzo" y "la eliminación de gastos extraescolares", porque "no vamos a tolerar ningún tipo de abuso".

Sin embargo, el funcionario reconoció que varias instituciones privadas reclamaron que "a partir de la mora no están pudiendo hacer frente al pago de salarios" del personal, con lo cual este tema se abordó en una reunión con el equipo económico, de modo que este sector pueda recurrir al programa de salario complementario lanzado por el Gobierno mediante DNU.

Ante la consulta de la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que planteó el tema de capacitación a los padres, el ministro enfatizó: "No pueden asumir los padres el rol del docente, no es lo que corresponde". "En el marco del Consejo Federal de Educación se están trabajando en recomendaciones para que desde los establecimientos educativos no haya una sobrecarga de tareas, muchas veces frenética, en las familias sobre todo de gestión privada", sostuvo.

En el encuentro, Trotta habló también de una reunión que mantuvo con la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, en torno a la "preocupación que existe sobre la merma en denuncias de violencia contra niños y adolescentes", y que esto se debe a "la mediación tan presente y necesaria de nuestros maestros" en estos casos. Por eso buscarán "sumar distintas herramientas que permitan las denuncias" en este marco.

Hacia el final, el ministro de Educación dijo que "la pandemia todavía no ha llegado al hemisferio sur y tenemos que estar preparados" en el sistema educativo, al tiempo que, una vez que pase esta situación, "tendremos que ir a buscar desesperados a cada niño o adolescente que haya abandonado la escuela".

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, expondrá este miércoles a partir de las 17 ante la comisión homónima del Senado. El funcionario se presentará mediante videoconferencia e informará sobre la marcha del programa “Seguimos Educando”.

A más de un mes de la suspensión de clases en todos los niveles, debido a la propagación del coronavirus en el país, el ministro explicará el avance del plan de enseñanza a distancia implementado a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Fue el mismo Trotta quien anunció, a través de su Twitter, su participación en una reunión con senadores.

En tanto, este martes se constituyó la Comisión de Educación del Senado, que designó como presidenta a la sanjuanina Cristina López Valverde (Frente de Todos) y como vicepresidenta a Stella Olalla (UCR)

La senadora Cristina López Valverde (Frente de Todos-San Juan) asumió este martes como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, en una reunión constitutiva que se realizó por videoconferencia.

López Valverde fue propuesta por su par Anabel Fernández Sagasti para encabezar la comisión, mientras que como vicepresidenta fue electa la entrerriana Stella Maris Olalla (UCR), y como secretaria quedó la misionera Magdalena Solari Quintana.

En la reunión, López Valverde confirmó la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta, en un encuentro virtual que tendrá lugar este miércoles a las 16, donde se abordarán las medidas tomadas en esta área en el marco de la pandemia y las perspectivas futuras.

En este sentido, la senadora Norma Durango, del Frente de Todos, pidió “reconocer a los docentes por este trabajo sobrecargado e inesperado, poniéndole el cuerpo para que los alumnos puedan tener una continuidad”.

“Sabemos que esta es una situación transitoria y que esto no reemplaza a la escuela, pero sí que la sustituye en un momento donde lo necesitamos”, expresó la pampeana, y a su vez la catamarqueña Inés Blas resaltó “el esfuerzo que están haciendo los docentes a lo largo y ancho del país”.

A través de videoconferencia, la modalidad adoptada por los legisladores desde la declaración de la cuarentena obligatoria, se constituirá este martes a las 16 la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que quedará en manos del oficialismo y sería presidida por la sanjuanina Cristina López Valverde.

En tanto, un día después, este miércoles a las 17, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se presentará ante sus miembros para informar sobre el programa "Seguimos Educando", que se trata del plan de enseñanza a distancia implementado a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Fue el mismo funcionario quien anunció, a través de su Twitter, que participará de una reunión con los senadores. "Mañana desde las 17 hs participaré, vía videoconferencia, de la reunión de Comisión de Educación del @SenadoArgentina. Informaremos sobre el Programa #SeguimosEducando, sobre las distintas acciones de @EducacionAR y todo consulta que realicen las senadoras y senadores", escribió.

Mañana desde las 17 hs participaré, vía videoconferencia, de la reunión de Comisión de Educación del @SenadoArgentina. Informaremos sobre el Programa #SeguimosEducando, sobre las distintas acciones de @EducacionAR y todo consulta que realicen las senadoras y senadores.

— Nicolás Trotta (@trottanico) April 21, 2020

Mediante el decreto 35/20, la vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó a los integrantes de la comisión. Por el Frente de Todos serán parte Cristina López Valverde, María Eugenia Duré, Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni, Inés Blas, Teresa González, Alfredo Luenzo, Norma Durango, Nancy González y Eugenia Catalfamo.

En tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio serán Esteban Bullrich, Stella Olalla, Julio Cobos, María Belén Tapia y Pamela Verasay. Completan la nómina la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari, cada una con su propio bloque.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se presentará hoy ante los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara baja, con un encuentro a través de videoconferencia con el que se estrenará una modalidad que se repetirá muy seguido en ambas cámaras al menos en los próximos tiempos.

La presentación del funcionario ante la comisión que preside la entrerriana Blanca Osuna (Frente para la Victoria) será a partir de las 16 y fue confirmada por la diputada oficialista Gisela Marziotta, quien sostuvo que la conversación con el ministro será a través de una aplicación en la que buscarán exponer qué va a pasar con el año lectivo y qué medidas pueden desarrollar en esta difícil situación.

La legisladora considera que no debe obligarse a niños y niñas a cumplir de manera obligatoria las tareas que hasta ahora están recibiendo: “Es muy bueno que los docentes estén activos y que les den tareas a los chicos y chicas, pero que sean obligatorias le pueden agregar complicaciones en los hogares. Mi idea es intentar descomprimir esta situación”, afirmó Marziotta.