Fue en una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda de Diputados. JxC rechazó el tratamiento “exprés” de la iniciativa y pidió que sea retirado del temario de la sesión a fin de darle un debate más “profundo y prolijo”.
Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, se reunieron en un plenario este lunes para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), a fin de aprobarlo en el recinto en la sesión convocada para este martes en cuyo temario ya había sido incluido.
La iniciativa fue enviada por el Gobierno nacional al Congreso en mayo de este año y recién en julio comenzó su tratamiento en comisión, algo que fue cuestionado por la oposición y que lo calificó de “express”. También pidieron que el proyecto sea debatido “con profundidad y prolijidad” y le solicitaron al FdT que lo saque del temario.
El dictamen contó con 42 firmas, entre ellas la de Carlos Fernández (Fte. misionero) y la del neuquino Rolando Figueroa (MPN).
El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).
También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.
También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.
Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.
Comenzado el plenario, el titular de la Comisión de Energía y Combustibles confirmó que el proyecto tuvo ciertas modificaciones y anunció que habrá un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio.
Respecto a las modificaciones para el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, explicó que refieren a los artículos 6 (Criterios de evaluación y aprobación de los proyectos), 15 (Cupos Fiscales) y 16 (Impuesto a las Ganancias. Alícuota aplicable) respecto a sus redacciones.
En tanto la modificación al artículo 23, que habla de los derechos de exportación, la incorporación del Valor Referencia 2, Valor de Referencia 3 y Valor Referencia: El primero establece una alícuota del 12% en casos que el Precio FOB supere los 25 dólares; El Valor Referencia 3, una alícuota del 14 cuando supere los 30 dólares; y el Valor Referencia 4, del 15% cuando supere los 35 dólares.
Finalmente, hay dos modificaciones más en el artículo 24, respecto al acceso a divisas y estabilidad cambiaria, y en el artículo 28 sobre la concesión de transporte de ductos dedicado.
Tras explicar las modificaciones, el diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro) cuestionó que el proyecto se presentó en julio tras “varios anuncios” y que “prácticamente no ha tenido, más que una convocatoria a invitados, la oportunidad de trabajarse en comisión. Ahora recibimos una serie de modificaciones difícil y difícilmente podamos mensurar qué implican las mismas para un proyecto de ley de esta importancia”.
Sánchez recordó que presentó hace tres años un proyecto similar que fue trabajado con diversos sectores “que se estudió mucho, pero nunca se trabajó en las comisiones todo este tiempo”. En esa línea apuntó: “Ahora que aparece un proyecto impulsado por el acuerdo YPF-Petronas, aparece en aparecía una preocupación por tratarlo rápido. Lo presentaron en julio y hace una semana nos enteramos que lo íbamos a tratar en la sesión y luego aparece la convocatoria a esta reunión conjunta. Bastante desprolijo todo y pareciera que no hay intenciones de que se apruebe, al menos como debe salir un proyecto de esta naturaleza que sería por unanimidad, sería lo adecuado”.
“Quiero lo mejor para el país, no para un sector político. La forma en que se quiere legislar es como una compensación a la falta de credibilidad que tenemos internacionalmente. Si lo queremos combatir de esta manera, con modificaciones a un proyecto que hay que leerlas y entenderlas a último momento, no está la vocación de sacar un proyecto de ley que conforme a todos”, disparó el neuquino en representación de su provincia y cerró: “No es la forma de tratar un proyecto si se lo quiere sacar adelante”, y adelantó que no acompañará el proyecto y pidió trabajarlo “en conjunto, de forma constructiva y prolija mostrando vocación de que el país puede salir adelante con un proyecto que respaldan todos los sectores”.
Luego, la diputada nacional Pamela Verasay (UCR – Mendoza) recordó la visita de Flavia Royón, secretaria de Energía, en dos plenarios en Diputados y manifestó que “no recibimos respuestas a las inquietudes y aparece de manera forzada en el temario porque no tiene orden del día”.
“A pocos meses de irse este Gobierno ¿cuál es la intención de sacarlo a las apuradas? Comprometemos los recursos de los argentinos”, cuestionó la mendocina. “Ni siquiera tomaron en consideración el pedido de invitar a los gobernadores petroleros”, siguió.
En el mismo sentido se expresó Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) quien ratificó las palabras de los diputados preopinantes y cuestionó el tratamiento “exprés sin tiempo de discutirlo”, con tan solo dos reuniones informativas y “sin instancias para debatirlo entre los diputados”.
Así, bregó para poder dar “previsibilidad” a la política energética en el mediano y corto plazo, ya que “los recursos son importantes y pueden mover la aguja del país”. Asimismo, señaló que lo que posee Vaca Muerta “podría generar exportaciones que hagan que Argentina amplié la matriz económica”.
“Si no logramos ampliar la frontera vamos a estar complicados y este tema tenemos que darle un debate producido que trascienda la agenda política y electoral. Tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo que trascienda los gobiernos de turno para que el país se desarrolla. Nos preocupa la forma de apuro en tratarlo y hagan cambios que no dan tiempos a analizarlos”, planteó Cervi y pidió que se tengan en cuenta todos los proyectos que fueron presentados.
También, el presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, destacó que “JxC apuesta al GNL como negocio y competidor en el mundo que afortunadamente Argentina tiene mucho, pero hay que hacer las cosas con seriedad”.
Del mismo modo, planteó: “Este régimen no va a salir con una cantidad de votos necesarios”, y responsabilizó al oficialismo por el fallo contra la expropiación de YPF: “¿Nadie va a decir que Axel Kicillof es un corrupto?”. En relación al proyecto, sostuvo que “lo trabajaría con más tiempo y lo sacaría de la sesión de mañana porque no podemos darle seguridad jurídica a Petrona o a YPF y no lo abordamos con seriedad”.
El santafecino Gabriel Chumpitaz (Pro) adhirió a las palabras de sus pares y planteó que es “preocupante cómo se llevó adelante el tratamiento en esta comisión, más allá de que no hubo debate ni consenso y fue presentado por YPF y a la semana vino la secretaria de Energía. Es decadente que le hagan un traje a medida a la compañía más desastrosa de la historia de la Argentina”.
“Tengo dos cuestiones técnicas que nunca me respondieron ni los funcionarios de YPF ni los de la secretaría de Energía. El primero es el costo de extracción, nadie sabe explicar cómo van a hacer para competir con el costo de extracción de la Argentina comparado con la extracción de Arabia Saudita. Nadie me puede explicar un monto que asegure el negocio en próximos años y la otra cuestión es la distancia hacia los centros de consumos de energía”, criticó Chumpitaz y remató: “Es una total irresponsabilidad por parte del oficialismo”.
Para la diputada nacional Jimena Latorre (UCR) este proyecto de ley “pretende perjudicar los próximos 30 años porque no somos competitivos y tenemos costos que no son favorables”. “A 13 días de las elecciones con la macro desordenada, no haría falta abrir este kiosquito nuevo”.
“¿Por qué se da un tratamiento de esta manera?”, preguntó el pampeano Martín Maquieyra (Pro) y planteó que el proyecto “reconoce todos los errores y mala praxis que ha tenido el gobierno kirchnerista desde el 2003 al 2025 cuando rompieron contratos de exportación, cuando subsidiaron la demanda de energía, cuando expropiaron una empresa, un déficit energético millonario que todavía nos cuesta”. Así, calificó la iniciativa como “presentado mal temporalmente porque tiene tinte electoralista porque la comisión en cuatro años no se reunió, técnicamente deficiente y políticamente mal manejado”.
El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) se mostró a favor del Régimen de Promoción del GNL y manifestó que “me parece una picardía no recoger el guante”.
Del mismo, aclaró que la sentencia de Nueva York, de la jueza Loretta Perska, por 16 mil millones de dólares “es contra el Estado nacional y no contra YPF”.
De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le respondió a la oposición señalándoles que “muchos de los que están hoy, no estuvieron en reuniones anteriores y no vinieron a escuchar cuando se presentó el proyecto, ni a los funcionarios de economía respecto de lo que implica este régimen de promoción”.
“No hicieron ningún comentario específico de ‘che, quiero modificar el artículo 2, el artículo 8’, sin ningún comentario específico sobre ningún punto del articulado de este proyecto, se viene a hacer una impugnación global de este proyecto”, retrucó y agregó: “Se hace una impugnación global sin ningún tipo de fundamento y, cuando no tienen argumentos, recurren a una gran cantidad de adjetivaciones hacia YPF, hacia el funcionamiento de la comisión”.
Martínez consideró que “estamos perdiendo la oportunidad de dar un debate estratégico” al acusar a la oposición de desviar el tema central y enrostró que “en las dos reuniones anteriores nadie puso en cuestionamiento tener un régimen de promoción para el GNL. Para poner en movimiento la rueda hay que aprobar esta ley que, si no fuera tan mala no hubiesen presentado otros proyectos”.
El gobernador electo de Neuquén Rolando Figueroa señaló: “Los neuquinos estamos esperanzados con la sanción de esta ley porque este proyecto nos permite exportar gas a Brasil y a Chile y darle energía al campo”, y agregó: “Los patagónicos necesitamos las soluciones de infraestructura que estamos teniendo”.
“Debe existir la voluntad de generar una política de Estado porque se han manifestado los sindicatos del gas y el petróleo, los intendentes y concejos deliberantes de mi provincia para sacar esta ley”, afirmó Figueroa. Asimismo, cargó contra los que se oponen a la iniciativa: “Hay desconocimiento de gas y petróleo para competir en el mundo y el debate debe ser serio”.
A su vez, cuestionó: “¿Cuándo es el momento de trazar políticas de Estado si no es ahora? Vaca Muerta engloba varias provincias”. También, consideró que “el 100 por ciento de cero es cero, y si no se acopian a estos beneficios no los van a tener porque tenemos para abastecer a Latinoamérica y al mundo”.
GNL-Dictamen-oficialismoLa secretaria de Energía asistirá a un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda el próximo martes a las 15.
Continuará la defensa del proyecto de promoción del GNL, enviado por el Gobierno nacional, por parte de funcionarios y el próximo martes será el turno de la secretaria de Energía, Flavia Royón. La reunión será a partir de las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados.
Se trata del segundo plenario que harán las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller, respectivamente. Al primer encuentro asistió el presidente de YPF, Pablo González.
Mediante una serie de beneficios fiscales, el Ejecutivo propone en su iniciativa declarar de “interés público nacional y como objetivo prioritario” la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado (GNL), el cual “se presenta como un combustible intermediario de la transición energética a nivel mundial”, expresa en los fundamentos del texto compuesto por 38 artículos.
Desde el Ministerio de Economía se resaltó que el proyecto “es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos, como resultado del desarrollo de nuevos proyectos en las distintas cuencas productivas y, principalmente, de los altos rendimientos provenientes de la producción no convencional en Vaca Muerta, cuyos recursos estimados alcanzan aproximadamente ochocientos trillones de pies cúbicos de gas”.
Ese volumen posiciona a Argentina “entre los países con mayores reservas a nivel mundial, con estimaciones de abastecimiento para más de trescientos años, lo que permitirá no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados mediante la cadena de valor de la industria del GNL, entre otros, lo que provocará el consiguiente ingreso de divisas para el país”, remarca.
Los beneficiarios del régimen serán quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción. Se otorgará beneficios impositivos a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
De acuerdo a la iniciativa, se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria”; y propone garantizar un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años.
Como contrapartida, demanda a los beneficiarios requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente.
Todos los expositores invitados a la reunión de la Comisión de Energía de Diputados reclamaron por la prórroga de la norma actual, criticaron la rebaja del corte de biodiesel y advirtieron por el cierre de fábricas y pérdida de empleos.
Por Melisa Jofré
En la primera reunión informativa para debatir el proyecto sobre biocombustibles impulsado por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, más de una docena de representantes del sector expresaron su rechazo a la propuesta y reclamaron que, en cambio, se avance con la prórroga de la Ley 26.093, que vence el próximo 12 de mayo y cuya extensión por cuatro años había aprobado el Senado por unanimidad.
Durante el encuentro de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el mendocino Omar Félix (FdT), los expositores cuestionaron puntualmente que la iniciativa lleva a 5% el corte con biodiesel para el gasoil, cuando actualmente se encuentra en 10%. Sobre esto, advirtieron por el posible cierre de plantas y pérdida de puestos de trabajo.
También, varios de los invitados pusieron el acento en el retroceso que significaría en materia ambiental la rebaja de los porcentajes, al tiempo que tampoco los aumenta, ya que en lo que respecta a las naftas, el texto mantiene en 12% el corte con bioetanol.
El primer expositor fue José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), quien habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz. “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, alertó.
Porta remarcó que “lo que no podemos dar es ningún paso para atrás” y, por eso, “no se debiera bajar el corte bajo ningún punto de vista”. Además, pidió que “no se puedan importar naftas” y subrayó, respecto al precio, que “no sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años”. Finalmente, llamó a “encontrar soluciones y no generar más enfrentamientos”.
A continuación, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), se manifestó a favor del proyecto al asegurar que “mantiene el espíritu de la ley original que fue un motor para nuestro desarrollo”. Destacó que la iniciativa brinda “la previsibilidad a 14 años”, apunta a “ayudar al cambio climático, con la reducción de emisión de CO2” e invierte “en las economías regionales”.
No obstante, señaló que “el corte del 5% para el biosiesel, que se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas”, previsto en el proyecto, “afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales”.
“El corte debería mantenerse en el nivel actual del 10%”, reclamó Bojanich, y agregó: “Debido a que nuestro componente principal es la soja y que su cotización es muy volátil, el proyecto incluye la alternativa de reducir el corte, compensando el precio por esa subexplotación de la planta, pero esta solución no sería sostenible en el tiempo”.
También por CEPREB, Alejandro Abad recordó que la Ley 26.093 “fue muy exitosa en sus objetivos” y “sería lamentable a esta altura volver para atrás y destruir un camino andado”. “Un nuevo régimen debe como mínima conservar lo realizado y pensar en general aún más crecimiento y desarrollo”, dijo.
Abad advirtió que la baja del corte del 5% para el biodiesel -con la posibilidad de reducirlo hasta el 3%- afectará a las plantas “más chicas, más débiles y más lejos del puerto”, al enfatizar que este punto determinará “nuestra subsistencia o no”. “En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán”, plantas en Buenos Aires y Entre Ríos, apuntó y completó que “no podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó”.
A su turno, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), consideró que “sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”. A favor de la iniciativa del cordobés Carlos Gutiérrez, el expositor opinó sobre el proyecto oficialista: “No es es el mejor. Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental”. En este sentido, alertó que “se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo”.
Otro de los expositores que objetó el proyecto fue Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien expresó que “la ley es inviable y desembocaría en el cierre de empresas”. “Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París”, sostuvo.
En representación del grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña evaluó que “no están dadas las circunstancias en este momento para tratar una nueva ley”, sino que “debe prorrogarse la ley anterior por un plazo corto, un año o 18 meses, y en ese período poder entrar a debatir un proyecto con consensos, análisis y fundamentos claros respecto a lo que es la transición energética que ha planteado el Acuerdo de París, y que han ratificado el presidente (Joe) Biden y Alberto Fernández hace pocos días”.
“Desde que empezó la gestión del presidente Alberto Fernández hemos recorrido ministerios y secretarías para iniciar una ronda de diálogo y trabajo en pos de una ley de biocombustibles superadora de la 26.093. Resultó una tarea vana, no encontramos una fuerza política armónica para avanzar en ese objetivo, a pesar de nuestras advertencias sobre el poco tiempo que quedaba para debatir en forma serena y racional una nueva normativa”, comenzó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz).
Asimismo, reprochó que se acercó al Gobierno un anteproyecto consensuado por el sector, pero “lamentablemente el oficialismo lo ignoró”. Y manifestó que esta “propuesta de ajuste implica un enorme retroceso para toda la Argentina. En esta Argentina devastada por el Covid, no podemos permitirnos que avance un proyecto de inspiración petrolera para que cierren fábricas, aumente el desempleo y perdamos salud y sustentabilidad. Esto es lo que va a suceder si avanza este proyecto que es inconsulto”.
Claudio Molina, de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, lamentó que “el Poder Ejecutivo nos ha llevado a una negociación que es con un cuchillo en el abdomen. No hay tiempo suficiente para una negociación profunda como Argentina se merece”.
“Con las facultades que se le están otorgando a la autoridad de aplicación, evidentemente estamos muy lejos de superar la legislación vigente y que haya seguridad jurídica y previsibilidad. Es arbitrariedad pura”, resaltó, al tiempo que afirmó que “traba la entrada de nuevos productores de biocombustibles” y pronosticó la judicialización de una eventual ley de este tipo.
Desde CONINAGRO, Paulo Ares solicitó “la prórroga urgente de la ley y abrir un debate maduro de una ley que tiene muchísima importancia para el país en los próximos 15, 20 años”. A su entender, también deben participar de la discusión “la Comisión de Agricultura y la Comisión de Ambiente”. Durante su intervención, Ares remarcó que “el corte no puede ser regresivo, debe ser progresivo, porque así lo exigen los acuerdos internacionales”, mientras que se deben “incluir cortes diferenciales por provincias”.
Para Manuel Ron, presidente de Bioetanol Río Cuarto S.A., la iniciativa “está lejos del espíritu de la Ley 26.093. La imprevisibilidad y el alto grado de discrecionalidad en el ente regulador, generan una inseguridad jurídica que hace inviable nuevas inversiones”. “Confiamos que el Congreso no avalará una suba de emisión de gases de efecto invernadero, una reducción del empleo y el no agregado de valor del maíz”, añadió.
El único orador que defendió el proyecto fue Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), quien habló hacia el tramo final. Para el expositor, la prórroga de la Ley 26.093 “es la destrucción de las PyMEs de Santa Fe”. “Ya estamos parados hace cuatro meses. Las PyMEs no tienen la espalda para poder soportar un mes más”, señaló.
“Nosotros tenemos que garantizar la continuidad de las PyMEs”, insistió y, en ese sentido, consideró que la iniciativa oficialista “da previsibilidad, nos da el espacio de construir desde adentro y no desde afuera tirando piedras”. A su vez, admitió que “hay cosas a trabajar con la autoridad de aplicación”, pero valoró la creación de una comisión compuesta con todas las voces para articular con la Secretaría de Energía.
Apoyado en gráficos, Pucciarello apuntó que la Ley 26.093 “siempre hablaba del 5% del corte obligatorio y con los años hemos construido un aumento de corte que ha llegado al 10%”, pero “ninguna PyME del país, todas a máxima capacidad, jamás entregamos un 10% del corte”. Por eso, llamó a no “criticar por criticar sin los datos numéricos y sin el sincericidio que la industria tiene que tener”.
Durante la reunión también expusieron Erik Bazarian, por Corporación América; Leandro Luqui, representante de siete PyMEs productoras de biodiesel; Juan Ignacio Facciano, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER); Víctor Accastello, de Asociación de Cooperativas Argentinas; y Jorge Feijoó, del Centro Azucarero Argentino (CAA).
Tras las exposiciones, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, confesó estar “bastante preocupado” por las palabras de los invitados, y consultó al presidente de la comisión por “cómo sigue el cronograma” ya que hay “muy pocas certezas”. “La improvisación que veníamos viendo de octubre a esta parte evidentemente tenía un motivo, que es la nueva política que se quieren establecer con este proyecto”.
Omar Félix le respondió que una nueva reunión dependería de la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, mediante el acuerdo de los bloques, “para poder llamar a una comisión a dictaminar”. “Lo vamos a definir en el transcurso del día o mañana”, dijo, sobre cómo continuará la discusión.
Entonces, López consultó si “la propuesta definitiva del oficialismo es este proyecto o si hay un margen de pensar en otra cosa”, como la prórroga votada por el Senado. “La propuesta del oficialismo es esta, pero estamos abiertos a discutir alternativas”, contestó el oficialista.
Por su parte, el macrista Omar De Marchi, vice de la comisión, anticipó que Juntos por el Cambio considera que “no están dadas las condiciones para dictaminar y que esto requiere un mayor debate”.
Enfática, la diputada Graciela Camaño sostuvo: “Nosotros lo que tenemos en tratamiento es una media sanción del Senado, señor presidente, y lo que le voy a pedir al oficialismo es que se abstenga al reglamento, porque no podemos estar tirándonos medias sanciones entre el Senado y la Cámara de Diputados”. “Nosotros en este momento, en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara de origen”, agregó.
Para la legisladora de Consenso Federal, “todo lo que se haga se tiene que hacer sobre la base de la media sanción”, por eso hay que “devolverle al Senado un proyecto que esté vinculado a esa media sanción y no otro proyecto”.
En la misma línea, la radical Jimena Latorre resaltó que la iniciativa del Frente de Todos “no es una modificación a la media sanción que vino del Senado, por lo tanto necesita un debate amplio y consciente”.
En tanto, el jefe de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, reclamó la presencia de los ministros Juan Cabandié (Ambiente) y Luis Basterra (Agricultura), porque “es importante que no trabajemos en el vacío y conocer la opinión completa y sincera del Poder Ejecutivo”.
“Vamos a cursar las invitaciones pertinentes a esos ministros que usted ha mencionado”, le prometió Félix y cerró: “Es un tema que seguiremos debatiendo y en los próximos días veremos cómo seguimos con el diálogo”.
Más de una docena de invitados participan de la reunión informativa en la que se debate el proyecto del oficialismo.
Más de una docena de expositores invitados participan este miércoles de la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde se debate el proyecto presentado por el oficialismo sobre una nueva ley de biocombustibles.
De acuerdo a la iniciativa, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, y entraría en marcha a partir del 12 de mayo de 2021, día en que vence la Ley 26.093, la cual se buscaba prorrogar mediante una media sanción del Senado votada por unanimidad en octubre pasado, pero frenada por el propio Frente de Todos en Diputados.
Según el texto, “todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de biodiesel de 5%, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. De esta manera, se reduce en un 5% el corte con biodiesel, que actualmente está en 10%.
Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.
En el caso de las naftas, deberán “contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final”. En este caso, el porcentaje se mantiene igual que hasta ahora.
Sobre este punto, el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.
Las voces del sector
El primer expositor fue José Vicente Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), quien habló en representación de productores de bioetanol a base de maíz. “Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir demorando ninguna decisión, porque en el medio hay empresas y gente que ha seguido trabajando”, alertó.
Porta remarcó que “lo que no podemos dar es ningún paso para atrás” y, por eso, “no se debiera bajar el corte bajo ningún punto de vista”. Además, pidió que “no se puedan importar naftas” y subrayó, respecto al precio, que “no sirve tener un corte fantástico ni un modelo fantástico si después el precio es totalmente antieconómico, como sucedió en los últimos años”. Finalmente, llamó a “encontrar soluciones y no generar más enfrentamientos”.
A continuación, Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), se manifestó a favor del proyecto al asegurar que “mantiene el espíritu de la ley original que fue un motor para nuestro desarrollo”. Destacó que la iniciativa brinda “la previsibilidad a 14 años”, apunta a “ayudar al cambio climático, con la reducción de emisión de CO2” e invierte “en las economías regionales”.
No obstante, señaló que “el corte del 5% para el biosiesel, que se traduce en un cupo máximo mensual de 50 mil toneladas para todas las plantas”, previsto en el proyecto, “afectará a las plantas actuales con capacidad ociosa sobre costos y dificultad para mantener en este escenario el total de las fuentes laborales”.
“El corte debería mantenerse en el nivel actual del 10%”, reclamó Bojanich, y agregó: “Debido a que nuestro componente principal es la soja y que su cotización es muy volátil, el proyecto incluye la alternativa de reducir el corte, compensando el precio por esa subexplotación de la planta, pero esta solución no sería sostenible en el tiempo”.
También por CEPREB, Alejandro Abad recordó que la Ley 26.093 “fue muy exitosa en sus objetivos” y “sería lamentable a esta altura volver para atrás y destruir un camino andado”. “Un nuevo régimen debe como mínima conservar lo realizado y pensar en general aún más crecimiento y desarrollo”, dijo.
Abad advirtió que la baja del corte del 5% para el biodiesel -con la posibilidad de reducirlo hasta el 3%- afectará a las plantas “más chicas, más débiles y más lejos del puerto”, al enfatizar que este punto determinará “nuestra subsistencia o no”. “En la práctica aquellas plantas con 15 a 20 mil toneladas desaparecerán”, plantas en Buenos Aires y Entre Ríos, apuntó y completó que “no podemos avanzar con una ley que elimine las empresas que la ley creó”.
A su turno, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), consideró que “sería bueno una prórroga (de la Ley 26.093) que permita el debate de todos los proyectos”. A favor de la iniciativa del cordobés Carlos Gutiérrez, el expositor opinó sobre el proyecto oficialista: “No es es el mejor. Por un lado, rebaja los cortes, y en nuestro criterio esa no es la mejor estrategia por varios motivos, pero el más importante de ellos es el impacto ambiental”. En este sentido, alertó que “se va en el sentido contrario de lo que está sucediendo en el mundo”.
Otro de los expositores que objetó el proyecto fue Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quien expresó que “la ley es inviable y desembocaría en el cierre de empresas”. “Anular la ley es avalar el incremento de emisiones contaminantes, es avalar la afectación de la salud de todos los argentinos, y es avalar la violación de las leyes de mayor jerarquía jurídica como la Constitución Nacional o la ratificación del Acuerdo de París”, sostuvo.
En representación del grupo de exsecretarios de Energía de la Nación, Jorge Lapeña evaluó que “no están dadas las circunstancias en este momento para tratar una nueva ley”, sino que “debe prorrogarse la ley anterior por un plazo corto, un año o 18 meses, y en ese período poder entrar a debatir un proyecto con consensos, análisis y fundamentos claros respecto a lo que es la transición energética que ha planteado el Acuerdo de París, y que han ratificado el presidente (Joe) Biden y Alberto Fernández hace pocos días”.
“Desde que empezó la gestión del presidente Alberto Fernández hemos recorrido ministerios y secretarías para iniciar una ronda de diálogo y trabajo en pos de una ley de biocombustibles superadora de la 26.093. Resultó una tarea vana, no encontramos una fuerza política armónica para avanzar en ese objetivo, a pesar de nuestras advertencias sobre el poco tiempo que quedaba para debatir en forma serena y racional una nueva normativa”, comenzó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz).
NOTICIA EN DESARROLLO
En la Comisión de Energía de Diputados, representantes de Juntos por el Cambio exigieron extender la norma actual hasta el 31 de diciembre, mientras se discute una nueva. Dudas sobre el borrador del oficialismo.
Diputados de la oposición reclamaron este lunes una prórroga del Régimen de Promoción de Biocombustibles, que caduca el 12 de mayo, hasta tanto se acuerde una nueva ley entre todos los sectores, tal como impulsa el Gobierno.
Fue durante la reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que contó con la presencia del secretario del área, Darío Martínez, quien propuso trabajar en una nueva ley pero no dio detalles de la propuesta oficial.
El encuentro tuvo lugar a tres días de la sesión especial pedida por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal para tratar el proyecto aprobado en el Senado que extiende el régimen actual por cuatro años.
El radical Fabio Quetglas fue el primero en preguntarse “si no es conveniente prorrogar la ley vigente y constituir una comisión que trabaje durante un año” para generar un nuevo régimen. “La señal que damos si legislamos a las corridas no es positiva”, consideró, y como “alternativa” propuso que el Poder Ejecutivo prorrogue la ley por decreto hasta el 31 de diciembre.
La representante del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag habló de lo que significan los hidrocarburos para su provincia: “Más de la mitad del abastecimiento interno de gas y un cuarto de la producción de petróleo son aportados por la riqueza del suelo neuquino. Treinta mil empleados en forma directa y pymes de 17 provincias trabajan en relación con Vaca Muerta”.
Sapag informó que “estos recursos contribuyen al fisco neuquino en un 35%”, por lo que afectarlos “dañaría severamente la capacidad de la provincia de sostener servicios básicos”. “Como neuquina no tengo otra opción que defender el trabajo de la gente de mi provincia”, admitió, y por eso llamó a buscar consensos: “Esto no es una cuestión de compulsa ambiental, si los biocombustibles o los hidrocarburos son buenos o malos. Todo es bueno para el país”.
El santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) recogió el guante y dijo que “el consenso no tiene por qué ser unanimidad”. “Necesitamos avanzar hacia una norma con el mayor nivel de consenso sabiendo que no vamos a lograr la unanimidad”, afirmó, y señaló que “hoy el régimen pareciera tener un consenso unánime cuando en aquel momento, en 2006, no fue así”.
Por su parte, la radical Jimena Latorre -extitular del Ente Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza- ponderó que se haya llegado a “un punto de coincidencia: necesitamos una nueva discusión, la Argentina no es la misma de 2006”. Sin embargo, expresó sus dudas sobre el borrador de proyecto que circuló en las últimas horas y la futura composición de la supuesta mesa multisectorial para abordar el tema.
“Se debe seguir trabajando, pero tomémonos el tiempo para trabajar en una planificación para no seguir con el mismo régimen de promoción vigente hace 15 años si queremos ser progresistas y trabajar en un crecimiento, ampliación y diversificación real de la matriz energética. Deben estar todos los actores sentados en el momento de rediseñar el régimen e incluso expandirlo para que haya una real diversificación”, especificó Latorre.
El tucumano José Cano, también de la UCR, sostuvo que “para nuestras economías regionales, es fundamental tener certeza” y mencionó que “la industria azucarera genera más de 60.000puestos de trabajo con la producción de bioetanol”. “Lo más sano sería hacer una prórroga y poner una fecha tope para tratar de tener la mejor ley”, coincidió.
Desde Chubut, Gustavo Menna aportó: “Pertenezco a una provincia petrolera, pero entiendo perfectamente la necesidad de prorrogar este régimen”. “Toda una actividad productiva depende de la suerte de esta ley”, afirmó, y consideró que “debe primar un principio de solidaridad regional” entre las provincias, al poner como ejemplo que la Ley Ovina (25.422), que beneficia a la Patagonia, “vence en pocos días”.
El oficialista Marcos Cleri subrayó que la 26.093 “fue una excelente ley que ha podido construir una gran cantidad de inversión y trabajo en el interior del país”. Detalló que de las 55 plantas que producen biocombustibles, 16 son de bioetanol de azúcar, seis de bioetanol a base de maíz, una no funciona (Vicentin Avellaneda) y las restantes plantas son a base a soja (biodiesel).
El santafesino resaltó que con el proyecto que comenzó a circular, “de las 55 plantas, 47 estarán incorporadas al nuevo régimen”. Además, observó que “si se prorroga la ley actual va a quedar el corte del 5% mínimo para el bioetanol y el biodiesel” cuando “en resoluciones anteriores se les fue dando mayor participación en el mercado”.
Hacia el final, uno de los diputados más duros fue el mendocino Omar De Marchi (Pro), que dijo desconocer el borrador de proyecto y lanzó: “No hay proyecto de ley que discutir porque no hay un proyecto energético integral en Argentina, no hay un plan económico integral en Argentina que nos oriente para saber hacia dónde estamos yendo”.
Félix, titular de la comisión, adelantó que habrá otros encuentros futuros, pero no opinó sobre la prórroga de la ley. “Mi gran duda es ni no nos animamos a generar el debate que construya una ley… todos sabemos que es un año político, hay que animarse a intentarlo”, se limitó a decir.
Ante la Comisión de Energía y Combustibles, el secretario del área habló de la necesidad de debatir una nueva ley en una mesa multisectorial. “El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia”, dijo.
El secretario de Energía, Darío Martínez, llamó a discutir un nuevo régimen para los biocombustibles diferente al actual, que vence el 12 de mayo, en el marco de una mesa multisectorial. Lo dijo al participar de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que el oficialismo convocó debido a la presión opositora para prorrogar la ley vigente.
“El objetivo del Gobierno nacional es dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”, expresó Martínez al exponer en la comisión presidida por Omar “Chafi” Félix (Frente de Todos), que también contó con la presencia de representantes de cámaras empresarias que apoyaron la discusión de un nuevo esquema (Ver abajo).
El funcionario admitió que “la evolución mundial en materia de cuidado del medioambiente es un eje en esta discusión” pero también pidió “proteger a las pymes” y “los puestos de trabajo”, y “entender cuál es el impacto (de las medidas a tomar) en los consumidores, en la industria y en el transporte”.
Martínez -que asumió el cargo en agosto pasado- recordó que en noviembre pasado el Gobierno estuvo a punto de lograr un acuerdo con el sector, pero “se demoró y terminamos en enero en un sendero de precios para recomponer la industria y la actividad”, y el tema se judicializó.
Si bien no brindó detalles del nuevo régimen propuesto, resaltó que “tiene la obligación de tener en cuenta la protección de aquellos que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse”. “Me refiero a las pymes, a los sectores que no tienen la capacidad financiera de poder desarrollarse”, explicó el secretario del área.
También llamó a “entender los diferentes mercados con la caña de azúcar, el maíz y la soja”, ya que “no son las mismas realidades: hay que hacer un esfuerzo compartido pero mayor, porque no tienen la posibilidad de un mercado internacional creciente”.
Finalmente, propuso la creación de una comisión multisectorial con la participación de todos los actores involucrados “en función del nuevo escenario a nivel nacional e internacional, y de la fecha en la que estamos”, dado el vencimiento inminente de la Ley 26.093.
Al inicio de su exposición, Martínez recordó que a comienzos del año 2000 “los biocombustibles nos plantearon un horizonte muy positivo, muy alentador” ya que “parte de la transición energética en el mundo” se orientaba a ellos, y así surgió en 2006 la Ley 26.093, bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
El secretario de Energía insistió en que “fue una gran herramienta en el marco en el que se la tomó”, pero “hoy estamos de vuelta analizando el tema porque tenemos el vencimiento de los 15 años de ese régimen”. Por eso, pidió “ver cuáles fueron las cuestiones que no funcionaron bien si queremos tener un régimen que funcione mejor y que optimice el esquema que teníamos”.
“En el contexto internacional, de 2006 hasta ahora también se modificaron situaciones: la transición energética ahora también tiene otras variables a ser consideradas”, como “la electromovilidad, el hidrógeno y tomar al gas como combustible de transición”, describió el funcionario, y graficó: “En 20, 25 años, poner en marcha un motor a combustión también va a ser mirado de reojo, y esto no lo podemos negar”.
Federico Pucciarello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), reconoció que vienen “de dos años nefastos para el sector” y que estaban “al borde de perderse todas las inversiones que se habían hecho en 15 años” hasta que Martínez asumió en la Secretaría de Energía y se buscó “una solución parcial hasta llegar a este punto del vencimiento de la 26.093”. “Siempre las cámaras hemos buscado una nueva ley”, dijo.
Por su parte, Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), coincidió en que “esta ley ha tenido enormes beneficios”. “Venimos trabajando en una ley superadora que contemple los cambios que ha habido, una ley moderna que incluya a toda la industria y que potencie los beneficios obtenidos”, aseguró.
De todos modos, consideró que “sería necesaria una prórroga que nos dé tiempo para debatir una ley superadora”, y agregó que el nuevo régimen “debe tener en cuenta todo lo bueno de lo que sucedió hasta ahora pero también corregir algunos temas”.
Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradas de Biocombustibles (CEPREB), afirmó a su vez que “esta ley dará previsibilidad jurídica a la actividad y permitirá la realización de inversiones que incrementarán las fuentes de trabajo”.
A su turno, el director ejecutivo de Biomaíz, Patrick Adam, también reclamó “más tiempo para que todos podamos participar de la elaboración de una ley que tranquilamente puede salir por consenso. Para eso hay que escuchar a todos los productores, sean de la materia prima que sean, sean pequeños, medianos o grandes”, dijo, y añadió que “el mundo avanza decididamente hacia una matriz energética sustentable reduciendo la utilización de combustibles fósiles”.
Por la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO), José Porta, criticó que se haya tardado tanto en iniciar la discusión parlamentaria y también llamó a buscar consensos: “Las leyes son perfectibles, vía resoluciones o acuerdos. No hay forma de que una ley sea perfecta”.
Además, Porta explicó que “hay una diferencia clara entre la materia prima con la cual se genera el biocombustibles, como la caña o el maíz. Así y todo, hay que cuidar a todas las industrias, chicas o grandes, cada una con sus particularidades”.
El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijoó, destacó que “ninguna otra cadena agroindustrual en estos 15 años puede acreditar las inversiones que los biocombustibles han hecho como consecuencia de esta ley, distribuidas en diez provincias”. Agregó que en el sector azucarero esto se traduce en “20 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 60.953 trabajadores en forma directa”.
“No voy a alimentar dilemas falsos sobre ‘Vaca Muerta o vaca viva’. Argentina no se pude permitir eso en esta coyuntura. Lo inteligente sería aprovechar todos los recursos disponibles que tenemos como país”, señaló Feijoó, y subrayó: “La 26.093 fue un éxito político. Argentina se anticipó rente a otros países del mundo, eso tenemos que capitalizarlo”.
En la comisión también expusieron Juan Facciano (Cámara Santafesina de Energías Renovables), Hilarion Del Olmo (Cámara Panamericana del Biocombustible) y Tomás Lorda (Cámara de Empresas y Pymes Regionales).
Luego de que la oposición pidiera dos sesiones especiales para el próximo jueves con el fin de prorrogar la norma, el Frente de Todos convocó a la comisión para este lunes, con la presencia de Darío Martínez.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados resolvió activar la Comisión de Energía y Combustibles, que no se reúne desde hace casi un año, como respuesta a la presión ejercida por la oposición al convocar a dos sesiones especiales para el próximo jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.
El oficialista Omar “Chafi” Felix, titular de la comisión, convocó a una reunión informativa para este lunes a las 17 con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien deberá justificar por qué el Gobierno decidió, hasta el momento, frenar la prórroga de la ley que otorga beneficios fiscales a plantas productoras de biocombustibles.
En octubre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la extensión de la ley por cuatro años, es decir hasta 2024, pero el Poder Ejecutivo no incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias para que pudiera ser tratado en la Cámara de Diputados a pesar de que los tiempos apremian, ya que el régimen vigente caduca en mayo.
Con el período ordinario ya en marcha, la oposición profundizó el reclamo para sancionar la ley y convocó a dos sesiones para el próximo jueves: la primera fue citada para las 11 a pedido de Juntos por el Cambio, y la segunda, a las 12, fue impulsada por el Interbloque Federal.
Si ambas bancadas aúnan esfuerzos y consiguen sumar a diputados de otros espacios, como Unidad Federal para el Desarrollo o el Frente de Izquierda, lograrían llegar a los 129 necesarios para el quórum, pero luego deberán reunir dos tercios de los votos para aprobar el proyecto ya que no cuenta con dictamen de comisión.
Es por eso que el Frente de Todos, con 117 integrantes sumados a aliados como el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag, no tendría inconvenientes en bloquear la sanción de la ley, a menos que varios oficialistas se rebelen y acompañen la votación.
Es que en el bloque presidido por Máximo Kirchner hay posiciones encontradas, dado que se trata de un tema transversal que enfrenta a las provincias que tienen plantas productoras de biocombustibles con aquellas que producen petróleo.
Sin ir más lejos, en los últimos días la diputada oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un proyecto propio para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con el objetivo de “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.
“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en su iniciativa.
Diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron la medida dispuesta por la cual fueron designados por resolución Omar Chavi Félix y Santiago Igón, sin que dicha comisión se haya reunido.
Diputados de Juntos por el Cambio integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles presentaron este jueves la impugnación a la resolución de la Presidencia de la Cámara que designa como presidente de dicha comisión al diputado Omar Chafi Félix y como vicepresidente segundo al diputado Santiago Nicolás Igón.
Cabe consignar que esas designaciones se hicieron por resolución del presidente de la Cámara, del mismo modo que al inicio de la pandemia se asignaron las autoridades de la mayoría de las comisiones.
En el documento, se solicita la nulidad de la resolución R.P. 1361/20 y su revocación por haber sido dictada sin atribuciones y por no cumplir con lo establecido en el art. 106 del Reglamento que establece que la decisión de elegir a las autoridades de las comisiones es de los diputados y diputadas que integran cada una de ellas.
Además se exige que se habilite la sala virtual para tratar los temas solicitados en reiteradas oportunidades por los integrantes del Interbloque Juntos por el Cambio.
Afirman además que “se ha empleado un recurso antirreglamentario para resolver la acefalía de la comisión impidiendo al mismo tiempo que esta última se reúna, delibere y trate la grave situación del sector energético”.
Recuerdan desde la oposición que cuando se inició la cuarentena y ante la inexistencia de un protocolo de funcionamiento virtual fue que los bloques políticos de la Cámara habilitaron con carácter excepcional y por única vez que la Presidencia formalizara por resolución las propuestas de autoridades que esos mismos bloques le acercaron para posibilitar el reinicio de la actividad parlamentaria.
Aclaran que “hoy la situación es distinta, las comisiones están conformadas y no hay obstáculos para la convocatoria, reunión y deliberación en forma virtual”.
Asimismo, en la resolución que se impugna se afirma que “los integrantes de la Comisión de Energía y Combustibles procedieron a la elección de sus autoridades” lo cual es una falsedad.
Advierten desde JxC que este año la Comisión de Energía y Combustibles no se reunió en ninguna oportunidad, “haciendo caso omiso su entonces presidente, diputado Darío Martínez, a los múltiples pedidos efectuados para tratar los proyectos presentados y la convocatoria de las autoridades del sector energético. Con el agravante que se ha obstruido también la fiscalización parlamentaria del desempeño de dos entes de control que se encuentran intervenidos, ENARGAS y el ENRE”.
El comunicado de Juntos por el Cambio sostiene que “en uno de los peores años en materia energética, y a casi un año de haber asumido, el Gobierno aún no define el rumbo en esta materia y todos los indicadores principales se derrumban, proyectando una crisis estructural en todo el complejo energético nacional”.
Recuerdan además que el protocolo de funcionamiento virtual permite la convocatoria y deliberación de las comisiones por esa vía, con lo cual “debió haberse hecho lo propio, no sólo para elegir autoridades en forma regular y democrática, sino para trabajar en el desarrollo energético y en el control de su ejecución”.
Suscriben esta impugnación los diputados nacionales Omar de Marchi, Jimena Latorre, Álvaro González, David Schlereth, Osmar Monaldi, Roxana Reyes, Héctor Stefani , Gustavo Menna y Jorge Rizzotti.
