En medio de la tensión por los graves incidentes registrados en la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora nacional Carla Carrizo (Democracia para Siempre) presentó un proyecto de resolución para crear la Comisión de Ética y Disciplina en el ámbito parlamentario. La iniciativa apunta a que el Congreso cuente con un órgano permanente para intervenir en casos de desórdenes de conducta, faltas éticas y situaciones que afectan la institucionalidad del cuerpo.

“Es una deuda que la Cámara tiene en su regulación disciplinaria. Debemos garantizar un ámbito institucional donde se puedan analizar estos hechos y, de ser necesario, sugerir medidas”, planteó Carrizo, al fundamentar la propuesta.

El proyecto, que lleva además las firmas de sus compañeros de bloque Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Antola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal, plantea que la nueva comisión funcione dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y tenga competencia para intervenir en supuestos contemplados en el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Incidentes como punto de partida

La iniciativa cobra fuerza tras el escándalo en el recinto cuando un grupo de diputados intercambió insultos y empujones durante la sesión, generando un fuerte repudio social y político. No obstante, Carrizo aclara que “no todas las faltas ocurren en el marco de una sesión. Hemos visto agresiones e insultos entre colegas y a trabajadores en otros ámbitos institucionales. Es necesario que exista un órgano para canalizar estos reclamos”.

La diputada recordó que la Cámara ha ejercido su rol disciplinario en 26 ocasiones desde 1983, con 15 exclusiones, 8 suspensiones, 2 llamados al orden y un apercibimiento. Sin embargo, subrayó que no existe un mecanismo ágil para analizar las conductas de los legisladores fuera de las sesiones.

Según el texto del proyecto, la comisión estará integrada por 15 diputados designados según la proporcionalidad de los bloques, y contará con la facultad de “elaborar recomendaciones tendientes a orientar el buen comportamiento de los legisladores, especialmente en lo referente a las cuestiones de orden, ética y transparencia”.

Carrizo insistió en que el propósito no es “perseguir ni señalar diputados/as, sino proteger de manera clara el marco de buen trato e institucionalidad que debe reinar en el Cuerpo”.

La legisladora también advirtió que, a más de 40 años de democracia ininterrumpida, hay conductas que “sin suprimirla, la erosionan y bajan su calidad”. Y recordó que la propia Constitución Nacional, en su artículo 36, obliga a “preservar el orden constitucional y la vida democrática”.

Antecedentes y necesidad

El proyecto retoma iniciativas previas, como la impulsada por la diputada MC Dolores Martínez en 2022, que perdió estado parlamentario. Además, señala el vacío institucional que dejó la derogación en 2013 de la Comisión Nacional de Ética Pública prevista en la Ley 25.188.

“Quienes tenemos el privilegio de ser funcionarios públicos debemos cumplir con altos estándares de compromiso democrático”, señaló Carrizo. Y concluyó: “Necesitamos un órgano idóneo para tramitar y vehiculizar potenciales reclamos o denuncias. Las cámaras no pueden desprenderse de facultades que son propias”.