La radical es revalidada en ese cargo desde 2020. Al asumir, enfatizó en los “desafíos” de mantener la comisión activa en un contexto de 70% de niños pobres.
En la reunión constitutiva de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, fue elegida nuevamente como presidenta la radical Roxana Reyes, quien desde 2020 se desempeña en ese cargo.
Al tomar la palabra, la santacruceña agradeció la posibilidad de renovar la presidencia y dijo que “tenemos indudablemente en esta comisión proyectos, objetivos y desafíos, pero en un contexto” de “70% de pobreza infantil, cuando teníamos hace dos años un 56%”.
En ese sentido, “es urgente para el país el trabajo de los parlamentarios argentinos en materia de niñez. No puede ser una comisión que se considere secundaria”, sostuvo.
Reyes abogó por “llegar a la mayor cantidad de consensos para avanzar con una agenda”, que incluya, entre sus temas, la cuestión de la salud mental. También remarcó que hay que “interpelar continuamente a los organismos que tiene por de más presupuesto para trabajar con la niñez” como la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tras ser designada como secretaria primera, la macrista Gabriela Besana coincidió: “Tenemos un gran desafío este año, tenemos 7 de cada 10 chicos que son pobres alrededor del país. Esta comisión tiene que funcionar y traer proyectos que sean para mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes”.
A su turno, la secretaria segunda, la libertaria Nadia Márquez, observó la “falta de presencia masculina” en la comisión. “La conformación de las familias en Argentina y el mundo entero no está solamente compuesta por mujeres, con lo cual hubiese sido muy interesante que en cada uno de nuestros bloques tengamos más hombres. No podemos pensar la construcción de ideas, de familias, de proteger a los niños pensandolo desde la perspectiva solo de las mujeres o los hombres, sino desde todos juntos”, planteó.
Respecto del resto de las autoridades, la vicepresidencia segunda quedó para Marcela Campagnoli, de Hacemos Coalición Federal; mientras que la vicepresidencia primera y secretaría tercera, Unión por la Patria hizo reserva.
En el encuentro, la diputada de UP Victoria Tolosa Paz recordó que el presidente Javier Milei había dicho que “la billetera la iba a tener la ministra de Capital Humano”, pero “hoy estamos asistiendo a una situación muy crítica en todas y cada una de las jurisdicciones. Cada vez que se recortan fondos a los gobernadores, no hay un destrato a el o la gobernadora, sino fundamentalmente a quienes padecen el derecho a la alimentación”.
La exministra de Desarrollo Social consideró que desde la comisión hay que “detener el daño, aliviar allí donde hay mucho dolor y, fundamentalmente, construir una agenda que vuelva a ampliar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Al cruce le salió el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, quien señaló que “realmente hay una deuda de la democracia con la niñez, con la juventud, pero no es culpa del Gobierno actual. El Gobierno actual aumentó la AUH, aumentó la ayuda escolar, hoy sale un voucher que va a alcanzar a más de dos millones de jóvenes para que puedan pagar sus cuotas”.
“Como dice su marcha peronista, combatieron al capital, y es verdad, combatieron al capital argentino que hoy tendría que estar invirtiendo en el suelo argentino para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, lanzó y defendió que la gestión de LLA “está desactivando todas las bombas de tiempo que dejó el Gobierno anterior”.
Durante la reunión también surgieron intervenciones sobre la denuncia de la agrupación H.I.J.O.S; el caso en Mendoza de una militante del Partido Obrero embarazada que está a punto de dar a luz y la Justicia no le posterga la audiencia en una causa por protesta social; y la situación de la niñez en la guerra Israel-Palestina.
La reunión de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la radical Roxana Reyes, está citada para este miércoles a las 17. Participarán invitados.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados se reunirá este miércoles, a partir de las 17, en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja para debatir sobre el presupuesto destinado al área de niñez, las transferencias monetarias y su suficiencia con relación a la pobreza e indigencia.
El encuentro de la comisión, presidida por la radical Roxana Reyes, había sido convocado hace un mes atrás, más precisamente el 11 de octubre, pero finalmente se suspendió.
Para esta ocasión fueron invitados Francisco Rodríguez, coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ; Ianina Tuñón, investigadora responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, UCA; y Laura Musa, directora de la Fundación SUR.
Será en el marco de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes este miércoles desde las 15. Participarán funcionarios y representantes de ONG’s.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes, realizará este miércoles, desde las 15 en la Sala 3 del Anexo de la Cámara baja, una reunión para debatir sobre pobreza infantil.
Al encuentro asistirá Juan Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Puntualmente, se abordará la cuestión del presupuesto asignado para el área de niñez, las transferencias correspondientes y su incidencia en pobreza e indigencia de los menores.
En la última reunión de esta comisión se dictaminó a favor de un proyecto de ley -venido del Senado- sobre la creación de protocolos contra el abuso sexual infantil en instituciones y ámbitos donde asistan niñas, niños y adolescentes.
Las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados avanzaron con una iniciativa que tiene media sanción del Senado.
Tras una convocatoria frustrada la semana pasada, un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con un proyecto de ley que establece la implementación de protocolos contra el abuso sexual infantil en todos los ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde diciembre de 2021, por lo cual si no se sanciona definitivamente antes del recambio legislativo de este año, perderá estado parlamentario.
Además de que le resta pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, según acordaron oficialismo y oposición, el proyecto será devuelto a la Cámara alta con modificaciones en su redacción y la incorporación de un artículo invitando a las provincias a adherir a la norma.
La radical Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, celebró que se haya podido “consensuar una modificación fundamental, que prevé que sea una ley por adhesión de las provincias y de esta manera garantizar su implementación”.
Luego que la oficialista Hilda Aguirre abogara por que “podamos seguir trabajando para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes”, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que “es un avance que podamos llegar a este dictamen de consenso y lograr que este proyecto sea ley”.
“Esperamos que no se pierda mucho más tiempo. Espero que no haya ninguna excusa para poder avanzar”, dijo y lamentó que “vemos constantemente instituciones deportivas, religiosas o de cualquier índole donde hay casos de abusos y acosos a nuestros chicos y adolescentes, y eso no se puede permitir”.
Por su parte, el radical Jorge Vara puso el foco en que “no es lo mismo la canchita de básquet del barrio que las grandes instituciones”, al referirse al control y la responsabilidad de las autoridades que debe tenerse en cuenta. “Esto es un paso, pero el problema es mucho más grave. Esta es una normativa complementaria, una pequeña base de una política pública bien definida que debe haber para abordar la cuestión”, apuntó.
En tanto, la oficialista Paola Vessvessian afirmó que “la adhesión de las provincias es clave” porque “en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes algunas provincias lo aplican y otras no. Con esto le estaríamos dando fuerza de ley a protocolos preexistentes que obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de supervisar y monitorear”.
“Nosotros acá podemos votar mil cosas pero si luego el Estado en su responsabilidad no opera concretamente en la protección de las infancias, la situación se torna simplemente una expresión de deseo”, advirtió la diputada del FIT-PO Romina Del Plá.
Entre los oradores, la secretaria parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, introdujo otra temática vinculada: “Sin dudas tener algo unificado y que la gente sepa cómo capacitarse para detectar estos casos en las instituciones es importante, pero diría que es la última milla de muchas otras cosas que hay que hacer para evitar el abuso sexual infantil, y algo que está asociado a esto que es la trata para explotación sexual infantil, que es algo de lo que no hablamos tanto y debería ocuparnos”.
En ese sentido, la legisladora propuso organizar jornadas sobre ese tema y “convocar a las fuerzas de seguridad que trabajan en frontera”, al tiempo de buscar contribuir con leyes que “vuelvan más efectiva la investigación” de este delito transnacional.
El proyecto con modificaciones
Además de incorporar un artículo para la adhesión de las provincias, el proyecto con media sanción tuvo algunas modificaciones en su redacción. De esta manera, el artículo 1ro. establece que “toda niña, niño o adolescente tiene derecho a su integridad física, sexual, psíquica, moral, por ende a no ser sometido a ninguna forma de abuso sexual o violencias”.
A los fines de contribuir y garantizar estos derechos, “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá construir con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.
A su vez, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los lineamientos nacionales mínimos de los protocolos; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar asistencia técnica a las instituciones alcanzadas para adecuar los protocolos a las distintas realidades y sistemas de protección local en la que se encuentren insertas; promover un sistema de evaluación y monitoreo; y diseñar una campaña de sensibilización y difusión de los protocolos implementados.
Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
Fracasó la convocatoria de Familia, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG en Diputados. La iniciativa tiene media sanción, pero caerá si no trata antes del 10 de diciembre.
Fracasó este martes un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s de la Cámara de Diputados que iba a tratar un proyecto sobre la creación de protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado -donde fue votada por unanimidad- desde diciembre de 2021, es decir que, si no se trata antes del recambio parlamentario, caerá.
Pasada la media hora de la citación, la presidenta de la comisión cabecera, Roxana Reyes (UCR-JxC), informó que no se había logrado reunir el quórum y que se llamaría a una nueva convocatoria. El proyecto también debe pasar por Presupuesto y Hacienda.
Reyes alegó que algunos legisladores tuvieron complicaciones con los vuelos para llegar. Hubo ausentes tanto desde el oficialismo -solo se lo vio a Eduardo Toniolli– como desde Juntos por el Cambio, aunque los presentes eran más desde ese lado del salón. También estuvieron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.
A pesar de no haber tenido quórum, en la reunión se escucharon a invitados de distintas organizaciones interesadas en la temática. La primera en exponer fue la directora Ejecutiva de Red por la Infancia, Paula Watcher, quien la semana pasada estuvo ante la bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ante la ausencia oficialista, Reyes remarcó: “El proyecto vino con unanimidad del Senado, pero claramente hay una decisión política de algunos bloques de no dar el debate sobre este proyecto. Nosotros vamos a insistir con la convocatoria a ambas comisiones porque puede perder estado parlamentario a fin de año”.
“Hoy cuando un profesor de educación física, un docente o director de deportes de un club, una pileta u otra institución, advierte que pueda haber alguna situación que puede tener que ver con el abuso sexual infantil, suele ser muy traumático para el propio profesor o directivo, y muchas veces no saben cómo proceder, qué protocolo aplicar sin revictimizar, sin vulnerar los derechos o afectar la propia intimidad del niño. Entonces debemos trabajar sobre estos marcos de actuación”, explicó la radical al salir de la reunión.
En ese sentido, agregó que “hoy tenemos víctimas que están sufriendo porque quienes debemos generar las herramientas para prevenir estas situaciones hoy no dimos el debate”. “Vamos a insistir y seguir convocando al plenario de comisiones, y esperamos que los diputados del Frente de todos y de La Libertad Avanza entiendan de la niñez es también una agenda prioritaria”, lanzó contra sus pares. No obstante, LLA no cuenta con integrantes en esas comisiones.
De qué se trata el proyecto
La iniciativa establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.
En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Además se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021, será tratada en una reunión conjunta el próximo martes.
Un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de Diputados, a cargo de Roxana Reyes y Jorge Vara respectivamente, se reunirán para iniciar el debate del proyecto que busca prevenir el abuso sexual infantil.
El encuentro está agendado para el próximo martes 12 de septiembre a las 12 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Recientemente la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Wachter, brindó un informe ante la Bicameral del Niño sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
Impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), el texto establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.
En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Además, se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
La iniciativa, consensuada entre distintas propuestas, fue despachada este miércoles tras un plenario de tres comisiones.
Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia de la Cámara de Diputados avanzó con la firma de un dictamen consensuado que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).
Dicho registro tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales”.
A su vez, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.
El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; y solicitud de licencia para conducir o su renovación”, entre otros.
También, en la iniciativa que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El texto se elaboró en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara-, Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el exdiputado Marcelo Koening.
Durante el debate, la diputada Carolina Yutrovic (FdT) sostuvo que este tema “es una deuda que tenemos con las infancias y las adolescencias de nuestro país”, que debe analizarse sobre “un concepto profundo de convertirnos en una mejor sociedad, en una sociedad del cuidado”. “Tenemos un alto índice de deudores alimentarios que aún con sentencias, con acuerdos homologados, incumplen el pago de la cuota alimentaria y le niegan a hijos e hijas el desarrollo integral”, continuó.
La fueguina señaló que este incumplimiento es “una de las formas de violencia económica contra las mujeres”, mientras que resaltó que con este registro “los jueces van a tener un marco para poder hacer efectivas sus medidas judiciales”, al tiempo que se busca “generar una conciencia amplia en todo el país” sobre “la efectividad” que tuvieron los registros provinciales.
En su intervención, la legisladora detalló que “según estudios en la provincia de Buenos Aires dicen que el 66% de las madres no recibe ningún aporte económico por parte de los progenitores”. En tanto, “un informe de CIPPEC señala que el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive al menos con un hijo; el 97% de esos chicos conviven con sus madres; y 3 de cada 10 mujeres que no conviven con el padre de sus hijos son las más afectadas”, indicó.
Yutrovic añadió que “esto no le pasa solo a las personas de menores ingresos, donde la gravedad es mayor”, sino que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales”.
Por su parte, el diputado Julio Cobos (UCR) enfatizó que “más que un flagelo es un delito incumplir con la cuota alimentaria, porque estamos afectando generalmente a la mujer, hay algunas excepciones donde es el hombre”, pero sobre todo “se afectan los derechos del niño”.
El radical celebró que “se logró enriquecer el proyecto”. “Sé que todavía quedan algunas dudas, bienvenidas todas las sugerencias”, dijo, pero insistió: “Los asesores llevan hace más de dos meses la discusión para la integración de los proyectos”. Por eso, pidió a sus pares “que acompañen aunque sea con alguna disidencia” y “en el trayecto a la sesión logremos acordar definitivamente el proyecto”.
Uno de los que señaló diferencias con algunos puntos de la redacción fue el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que este registro “debería ser algo parecido a una base de datos o a un buzón al que llegue la información de las provincias” y “no crear un organismo nuevo, sino algo muy mínimo que funcione online” para que “las altas, las bajas y las modificaciones las decidan los jueces en las provincias”.
“La obligación de consultar si determinada persona figura o no en el Registro de Deudores Alimentarios es del organismo, el ente o la entidad a la que esa persona se dirige a hacer un trámite. Tiene que estar bien claro que no le podemos imponer a todos los habitantes la obligación de tramitar un certificado de no deudor”, reclamó, al tiempo que observó que no se prevén sanciones para los organismos o entidades que no consultan al registro antes de otorgar las distintas solicitudes.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) opinó que “lo que estamos haciendo es correcto”. “De lo que estamos hablando es de cómo hacemos en un país con una economía tan informal para hacer que el deudor cumpla la sentencia”, expresó y defendió que se trata de “una ley interesante, relajada, que no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucional”. “El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado”, aclaró.
La diputada Paula Oliveto (CC-ARI) rescató que “todos los autores cedieron para poder construir un consenso”. “Si tenemos que seguir hablando para seguir modificando cosas” de modo que la Cámara de Diputados establezca que “no va a tolerar en su legislación que una persona cometa el delito y el horror de dejar a un niño sin su alimento, seguiremos trabajando para llegar al recinto con el mayor consenso posible”, subrayó. Y agregó: “La señal tiene que ser de manera contundente y clara de que nos estamos ocupando de esto en un momento en el que más del 50% de niños y adolescentes tienen necesidades”.
Otra legisladora que objetó aspectos del texto fue Paula Omodeo (CREO), quien señaló que “algunos incisos podrían ser problemáticos a la hora de generar una fuente de trabajo al deudor para que después pueda cumplir”, como por ejemplo el que plantea impedimentos para “la habilitación para la apertura de comercio o industria”.
“Un padre o una madre debe porque no tiene trabajo, quiere abrir un pequeño almacén o algún comercio para poder pagar esa deuda alimentaria y no puede obtener la habilitación”, argumentó la tucumana, que sumó: “Hay que pensar muy bien que podemos tener muy buenas intenciones pero después podemos generar verdaderos problemas”.
En la recta final de la reunión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) anticipó que buscará cambiar cosas de la redacción que tiene “un sesgo adulto-céntrico” y “recién en el artículo 15” nombra a los niños. “La primera concientización es nombrarlo, no solo sufren las mujeres, sufren los niños”, sostuvo.
La porteña afirmó que con este registro nacional “no estamos innovando en nada, en todas las democracias del mundo tienen mecanismos” de este tipo, es decir que “llegamos tarde, no es que llegamos rápido”. También pidió no tener “ningún temor, porque no hay ningún derecho vulnerado”. Acá lo que queremos hacer costoso es violar el derecho a la alimentación de un niño, es muy distinto que prohibir”.
“No hay ninguna tensión constitucional”, aseguró y explicó que el proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto “porque no pedimos dinero, no creamos ninguna burocracia”. “El Ministerio de Justicia tendrá que reasignar partidas y crear esta función, no es un organismo”, aclaró.
Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), manifestó que “sin dudas el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”. “Cualquier decisión garantista del deudor alimentario debe ser suprimida de este proyecto. Creo que nosotros no debemos proteger al que debe”, sentenció la santacruceña.
Se trata de la iniciativa originada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy. Sin embargo, los legisladores acordaron que no llevará ese nombre
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados avanzó este jueves con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esta norma fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y la compañera de la misma.
El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así, pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
Además, hubo tres dictámenes más: avanzó la derogación de la Ley 11.317 que prohíbe actividades laborales a mujeres; la adhesión al Día Internacional de las Infancias, a celebrarse el 1 de junio de cada año; y expresar beneplácito por la elección de la doctora Mary Beloff como integrante del Comité de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema de Naciones Unidas, para el período 2023 – 2027.
La titular de la comisión, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), anunció el dictamen sobre la “ley Lucio”, el cual fue unificado entre tres proyectos (dos de la oposición y uno del oficialismo). “El fin de esta norma es prevenir la violencia intrafamiliar”, sostuvo Reyes.
El diputado nacional Martín Maquieyra (Pro – La Pampa) explicó que “los tres ejes de la iniciativa son la capacitación, para que ningún caso sea invisibilizado; las campañas de concientización para llegar a la sociedad, y el resguardo de identidad de quienes denuncian”, y comparó los casos de abuso y violencia infantil como una “epidemia”, la cual se puede prevenir y detectar tempranamente.
“En memoria de Lucio debemos dar este paso para que ningún chico pase por esto nunca más. En La Pampa hay una denuncia por día sobre violencia contra los niños. Las autoridades recapacitaron sobre la línea 102 para denunciar estos casos”, remarcó Maquieyra.
En esa línea la diputada Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) manifestó que “hay muchos retos y desafíos para continuar trabajando, sobre todo las alertas de violencia temprana”. Así también, planteó sumar a organizaciones no gubernamentales que trabajan con infancias y a las provincias.
Sin más exposiciones, Reyes afirmó que “hay muchos componentes que juegan en la desprotección. Debemos trabajar en la capacitación de quienes reciben las denuncias”. La iniciativa obtuvo el acuerdo y pasó la firma el dictamen por mayoría.
La segunda iniciativa en obtener el dictamen fue la derogación de la Ley 11.317, impulsada por la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien remarcó la importancia de llevar al recinto la derogación de una norma que enumera tareas y actividades que no pueden realizarse por mujeres. “Es una ley de 1924, por eso es importante que trabajemos para cambiar esto”, explicó Siley.
En tal sentido, la legisladora oficialista habló sobre rubros como el subte o el manejo de grúas, que “han derogado” esta ley. “Varios estudios establecen que aquellos trabajos que tienen paridad de género son menos insalubres”, argumentó. La iniciativa obtuvo el dictamen, tras el acuerdo de todos los legisladores presentes.
Tras breves exposiciones, obtuvieron el dictamen por mayoría el proyecto de resolución impulsado por Victoria Morales Gorleri (Pro – CABA), sobre la adhesión al 1 de junio como el Día Internacional de las Infancias, y el beneplácito por la elección de la doctora Mary Beloff como integrante del Comité de los derechos de niñas, niños y adolescentes del sistema de Naciones Unidas, para el periodo 2023 – 2027.
En última instancia, la presidenta de la comisión le dio la bienvenida a la diputada Micaela Morán (FdT – Buenos Aires) quien asumió este miércoles para completar el mandato como diputada de Victoria Tolosa Paz, y reemplazará también en esta comisión a la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación.
