Ante la creciente preocupación por la ludopatía infantil, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes, se reunió este martes para debatir sobre el tema.

Al encuentro, que se extendió por más de dos horas, asistieron la Defensora Nacional de los derechos de os niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, el defensor adjunto de la Defensoría, Juan Facundo Hernández; y la directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo; Paula Wachter, directora de Red por la Infancia; Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación; Facundo Bianco, de Bienestar Digital; Aldo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales.

La ludopatía en el caso de niños y adolescentes forma parte de más de una decena de proyectos que comenzaron a tratarse días atrás en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, cabecera de los mismos.

Antes de las exposiciones, la comisión procedió a designar como secretaría segunda a la diputada María Fernanda Araujo (LLA) en reemplazo de la neuquina Nadia Márquez que ha renunciado.

Araujo agradeció la postulación y avizoró: “Vamos a trabajar duro y estoy segura que vamos a estar de acuerdo porque los niños y adolescentes y las familias necesitan de todos nosotros y que trabajemos en este tema de la ludopatía que nos preocupa cada vez más”.

Reyes alertó que es un flagelo que “está atravesando y está creciendo sobre todo en niños, niñas y adolescentes y demanda urgentemente que el Congreso comience a tratarlo y dar una respuesta”.

La primera en exponer su proyecto fue la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) quien planteó que “la problemática principalmente que se está dando de la ludopatía abarca a los menores de edad, por ende, es clave que esta comisión se aboque al debate para generar un marco legal que prevenga y aborde este problema en crecimiento y trae inconvenientes muy graves a quienes son los más vulnerables de la población”.

La radical lamentó que no haya estadísticas oficiales sobre el tema, pero hay algunas consultoras que se han abocado y señaló: “Los datos son alarmantes”. Según la consultora “Opina Argentina” arrojó que 3 de cada 10 personas en el país conoce a alguna persona de su entorno social que está siendo afectado por la ludopatía y menciona que la cifra de participación de niños y adolescentes trepa al 16% y la mayoría coincide en que el Estado debería regular la publicidad y las ciberapuestas.

“El 39% hablan de una prohibición, el 38% habla de regular, pero quiere decir que 6 de cada 10 se muestran a favor de que el Estado esté presente y genere las herramientas legales y tenga un rol clave el Congreso de la Nación”, informó la cordobesa.

También comentó que en su iniciativa tomó en cuenta un decreto que tiene España porque “ha avanzar en la regulación publicitaria de los juegos de azar”.

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“Los médicos hablan de que la ludopatía para que una persona pueda salir adelante tiene que hacer un mismo tratamiento que las personas que tienen adicciones con sustancias o alcohol, por ende, es un tema de salud pública muy grave y por eso tiene que estar el Estado nacional porque es la única manera de que las personas se inserten en centros especializados”, explicó Brouwer de Koning y sumó que su proyecto busca un abordaje integral que tiene que estar asociado a la Ley de Consumo problemático y de Salud Mental.

Por otro lado, resaltó que hay 14 provincias que regulan el juego online, pero cuestionó que “muchas de esas regulaciones son poco claras que no abordan de manera tajante las consecuencias del problema”.

“Padres, autoridades escolares y ámbitos religiosos plantean que la ludopatía ya está en sus casas, en los recreos. Los niños y adolescentes hablan de que plantan la merienda por jugar estos juegos de azahar apostando dinero”, alertó la radical y agregó: “Esto amerita que urgentemente tengamos que abocarnos a esta problemática compleja”. Así, abogó por un dictamen integral que no solo sea de sanción, sino también de prevención y que tenga en cuenta la parte que habla de adicciones.

La cordobesa alertó que “el 80% de los sitios de apuestas en Argentina son ilegales, es decir, no pagan impuestos, no se controlan gastos y ni siquiera se controla quiénes acceden, es uno de los grandes problemas que tenemos que analizar de quién tiene la responsabilidad de las plataformas y del rol del Estado”.

“Tenemos que hablar de prevención y por eso mi proyecto intenta crear un plan de prevención y abordaje que conste de campañas de concientización, información, para generar herramientas”, contó y planteó que tiene que haber sanciones del Código Penal, administrativas y que haya una autoridad de aplicación profesionalizada y activa.

“La ludopatía y los comportamientos compulsivos hacia los juegos de apuesta online se han transformado en un asunto de alta gravedad y preocupación mundial y nuestro país no es ajeno a esa realidad”, destacó Brouwer de Koning y pidió abocarse urgentemente y tratar de llegar a buen puerto unificando criterios para llegar al recinto una idea clara de cómo prevenir y abordar la problemática que está inserta en la sociedad.

A continuación, expuso Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien alertó sobre la temprana exposición de los niños a dispositivos digitales y se refirió a la ludopatía infantil como “la adicción al juego en los entornos digitales, aunque no se juegue es algo que va a ser complejo para poder pensar en un proyecto de ley que sea eficiente y eficaz tanto para prevenir y atender a la infancia y adolescencia que está pegada al celular”.

“El tema es la adicción a la pantalla”, señaló y pidió hacer hincapié en analizar “cómo el mundo adulto utiliza la pantalla para entretener a los niños”, al remarcar “el perjuicio que esto conlleva. Hay un montón de riesgos que los nenes tienen en los entornos digitales”.

La funcionaria explicó que existen dos problemáticas: “La adicción a la pantalla y la adicción al juego en la pantalla utilizando las debilidades de los niños y adolescentes”. “Vamos a tener que dar una batalla importantísima y va a costar tanto como costó regular la publicidad del tabaco en el país porque la ludopatía en el mundo maneja millones y millones de dólares, por lo cual atrás de esto hay un negocio que gana con la salud de nuestros niños que están incentivados por las redes que los incita a jugar y a apostar. El juego en red es tan adicto como cualquier otra droga y es la primera adicción que padecen nuestros niños”, consideró.

“Los últimos modelos de cochecitos de alta gama para bebés incluyen un pequeño monitor para que el bebé, que aún no sabe ni hablar, ya esté atento a lo que pasa en una pantalla”, criticó Graham, subrayando la relación entre esta sobreexposición y el desarrollo de conductas adictivas y planteó que “antes de la pandemia los entornos digitales ya eran un problema” porque “todos los riesgos que puede haber en la calle se multiplican a través de un celular, de las redes”.

Graham celebró que haya 23 proyectos que aborden el tema -16 en Diputados y 7 en senadores- pero manifestó: “Es importante que tengan giro a la Comisión de Educación y a esta comisión también porque los más perjudicados y vulnerables son los niños”, y cerró: “Lo importante es sacar a los chicos de esta adicción y pelear contra los ilegales y los legales”.

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El defensor adjunto y psicólogo clínico especialista en entornos digitales, Juan Facundo Hernández, añadió que “es necesario un marco regulatorio de apuestas en líneas” y que “es clave prohibir y regular las publicidades sobre este tema”.

“Hace falta que el Congreso regule una ley de estándares mínimos como lo hace con otros temas. No hay una normativa nacional que regule el juego en línea, y es importante unificar lineamientos”, planteó y explicó: “El marco regulatorio debe hablar más bien de juego problemático como consumo; es clave la prohibición o regulación de la publicidad; prohibición de auspiciar en eventos o clubes deportivos; el vínculo con el registro nacional de las personas para un mejor acceso y control biométrico y la autenticación del acceso para la transacción e inicio; regular los modos de pagos”.

Luego, Aldo Pablo Dománico, psicólogo clínico especialista en entornos digitales, dio su opinión al respecto y sostuvo “la necesidad de fortalecer a los adultos referentes”, para que puedan “enseñarles a los chicos a navegar en los entornos digitales”. “Cualquier juego tecnológico, sea apuesta o no, es problemático para la infancia porque fue pensado por un mercado que sólo busca ganar dinero”, puntualizó.

En su disertación, desde la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, aseguró que “hoy, las pantallas están siguiendo la misma trayectoria que han tenido el tabaco y el alcohol”. Además, indicó que, aunque no hay cifras oficiales, las investigaciones muestran que “el uso precoz de las pantallas daña el cerebro de nuestros hijos”. “Tenemos que retrasar su uso para evitar la ludopatía”, especificó.

A su turno, Paula Wachter, directora de Red por la Infancia analizó los distintos enfoques que tienen las legislaciones a nivel mundial. “La falta de alfabetización digital de los adultos es un factor de riesgo para nuestros chicos”, destacó e hizo un llamado a la creación de una legislación para erradicar la ludopatía infantil. "Necesitamos una legislación armoniosa que interconecte todas las redes que puedan combatir este problema," enfatizó Watcher.

En el mismo sentido, Luciano Grasso, licenciado en Psicología y ex director nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación, pidió “escuchar a los niños y adolescentes para conocer su mirada”, y propuso “modificar la Ley de consumos problemáticos e incorporar la temática de la adicción al juego”.

Por último, Facundo Bianco de Bienestar Digital citó que, según lo refleja un estudio realizado este año por la consultora Opina Argentina, “el 16% de los jóvenes reconoce que realiza apuestas online”.

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La reunión resaltó la urgencia de legislar y tomar medidas concretas para proteger a los menores de edad de las crecientes amenazas del juego online y la adicción a dispositivos digitales. La Cámara de Diputados seguirá trabajando en conjunto para implementar políticas efectivas que garanticen el bienestar de los niños y adolescentes del país.

En tanto, la diputada Silvana Giudici (Pro) se refirió al proyecto de su autoría y en ese sentido, señaló: “El 95 por ciento de la franja etaria (15 a 17 años) tiene acceso a internet”. “El enfoque de mi iniciativa se orienta a las comunicaciones: limitar la publicidad indiscriminada de las plataformas de juegos online y que empezar a trazar un camino porque los estímulos publicitarios tienen que ver con un incremento de la conducta”, detalló.

Por otra parte, desde Unión por la Patria, la diputada Micaela Moran afirmó que el proyecto de ley que presentó sobre ludopatía infantil apunta a “modificar el Artículo 301 bis del Código Penal”, con el objetivo de “agravar la punibilidad cuando exista la intervención de un menor en un juego, legal o ilegal”.

La diputada Marcela Campagnoli (CC) definió algunos puntos de su proyecto e hizo hincapié en "controlar el acceso de los chicos al uso de las billeteras virtuales”, ya que -aclaró- “son muy utilizadas para al juego online".

Finalmente, la diputada Karina Banfi (UCR) adelantó que, en consonancia con lo expresado por las diputadas Margarita Stolbizer (HCF) y Victoria Tolosa Paz (UP), "vamos a solicitar que se arme una sub comisión de trabajo para abordar este tema conjuntamente con las distintas Comisiones que tratan proyectos sobre ludopatía”, porque -subrayó- “la complejidad de la problemática lo amerita".

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, a cargo de la radical Roxana Reyes, se reunió este miércoles para a las autoridades de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes junto a otros disertantes que expusieron sobre el impacto del Presupuesto 2023 a dicha área.

En el inicio, Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación abordó el Plan Nacional de Primera Infancia- que según explicó- “tiene un incremento del 90% y es el programa que más crece respecto al ejercicio 2022”. “Hay una inversión en infraestructura de espacios de cuidado y educación de niñez no inferior a 55 mil millones de pesos aclarando que este Presupuesto no es de la secretaría ni del plan primera infancia, pero lo complementa porque son obras que se incorporan a ese plan”.

“Cuando llegamos a la gestión había una distribución muy desigual en las provincias y esto no podía ser tema del Consejo Federal de Niñez, desde que expandimos a las provincias los planes de infraestructura esa distribución de espacio está concertada con las 24 jurisdicciones, excepto CABA, que no lo ha pedido. 23 gobernadores pidieron con criterios de vulnerabilidad estos espacios. Es una política de Estado y hay acuerdos federales muy importantes”, precisó el funcionario.

Respecto al programa de acompañamiento para el egreso (PAE) dijo que “el impacto que tiene es de alrededor de 3000 chicos y nos estamos acercando a universalizar este proceso”. Ante consultas sobre la ley Brisa explicó que “efectivamente tenemos dificultades en el diseño del presupuesto porque el presupuesto siempre intentamos que se comprenda, pero no siempre logramos como comunicarlo bien”.

“Este año si tuvimos una leve demora que generó preocupación, pero hoy estamos al día porque el Ministerio de Desarrollo Social nos transfirió 100 millones de pesos que se suman a los 1400 millones de créditos que habíamos ampliado durante el año y que permitió que hoy estemos al día y que si esta resolución de ampliación de crédito se incluye -que son 1050 millones- vamos a poder pagar BRISA y PAE completo en el último trimestre del año sin recortes ni demoras”, agregó.

Por su parte, la doctora Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, expresó agradecimiento por “esta invitación, contar con espacios de consulta, de intercambios sólo pueden lograr que la niñez y adolescencia tengan lugar en la discusión parlamentaria en torno al presupuesto con el fin último que la inversión hacia la infancia se mantenga y se promueva”. “Celebramos que incluya un capítulo transversal que permite identificar las principales iniciativas para el cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia; también celebramos que se haya un etiquetado transversal vinculado al programa de los 1000 días”.

 “Hace casi 20 años que trabajamos en articulación con el Ministerio de Economía de la Nación para asegurar que esto sea posible, saludamos en particular ese esfuerzo con el ministerio y en particular con la oficina nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda que viene trabajando en etiquetado, institucionalidad y transparencia de presupuesto”, cerró Brumana.

En su intervención, el economista Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, manifestó que en “términos positivos- tanto en las acciones de nutrición como en espacios de primera infancia- la SENAF tienen incrementos reales en términos positivos”. Pero advirtió que existe “una alerta con algunos programas con riesgo presupuestario”, y consideró que “sino median modificaciones en el tratamiento parlamentario del presupuesto hay amplias posibilidades de incumplimiento de la ley 26061 respecto a la intangibilidad. 

“Entendemos el contexto y las restricciones y efectivamente en un contexto del 51% de pobreza entendemos que, si se discuten estas medidas en el proceso parlamentario, efectivamente van a poder reducir las brechas y continuar fortaleciendo y continuar fortaleciendo y generando una realización progresiva de derechos”, fundamentó a modo de reflexión.

Javier Moro, director de Monitoreo de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes resaltó que el “etiquetado se viene sosteniendo a lo largo de los años y hay una ampliación de programas y nosotros venimos peticionando por algunos”. “Destaco el programa Sumar que es un programa en salud importante que no estaba incorporado y se incorporó algunas actividades con el Renaper por el derecho a la identidad de niñas y niños, y queremos ir por más”, explicó.

 “En su conjunto esto que llamamos el etiquetado transversal en niñez está emparejado con la pauta inflacionaria del ejecutivo, queda 1 punto apenas por encima de esa pauta inflacionaria. Esto es heterogéneo en términos de programas y ministerios. El grueso del gasto de la administración nacional pasa por seguridad social, en el caso de Niñez y Adolescencia tiene que ver con asignaciones familiares con la AUH y efectivamente en la pauta oficial sale equiparada apenas por encima en el escenario punta a punta”. Luego, el funcionario puso algunas “alertas” sobre los programas alimentarios y las becas Progresar.

Desde la ONG infancia en deuda, Francisco Rodríguez, consideró que “no queremos ignorar el hecho de la situación económica compleja de la Argentina, pero observamos frente a la recesión económica existe la posibilidad de priorizar las partidas en niñez o no priorizarlos y lo que observamos es que el crédito devengado de 2020 hacia los programas de la niñez era de un 14%, mientras que para 2023 el proyecto de presupuesto propone una inversión del 9.82%".  “Entonces en este sentido no estaríamos cumpliendo con el mandato legal”, aseveró.

Juan Camisassa, analista de Protección Social de CIPPEC propuso hacer eje en tres políticas públicas: “Garantizar ingresos a las niñas, niños, adolescentes, a través del sistema de transferencias a la niñez y adolescencia; garantizar el derecho a un desarrollo pleno de las potencialidades de las infancias y adolescencias, a través, de mejoras y fortalecimiento de servicios de educación y cuidado; y buscando garantizar el derecho a cuidado de niñas, niños proponemos una reforma por licencia por nacimiento y adopción”, y cerró: “Estos tres tipos grupos de políticas no solamente son claves para garantizar derechos, sino que también contribuyen al desarrollo socioeconómico”.

Estuvieron presentes, Gala Diaz Langou, directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento y representante de la ONG Infancia en Deuda; Vanesa Salgado, directora de investigación aplicada de la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

Con la exposición de especialistas en la temática de maltrato infantil la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que preside la diputada Roxana Reyes (UCR) realizó una reunión informativa sobre la problemática.

En el inicio, la diputada Reyes explicó que “es muy importante que en este momento la comisión se avoque al tratamiento y conocimiento de este flagelo como lo es la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

“Sabemos que el maltrato, el abuso y la falta de perspectiva de los derechos de los niños tiene su escenario en el seno familiar y hay muchos componentes que juegan para que no se llegue a protegerlos debidamente”, alertó.

En tanto, Pilar Molina, secretaria General de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, repasó el marco normativo del sistema de protección de derechos de la niñez. “Uno de los temas es la ignorancia por no conocer como hay que defender los derechos, hay que trabajar en la capacitación de quienes reciben la denuncia”, aseguró.

En ese sentido la funcionaria solicitó que se trabaje en “contenidos operativos muy específicos que ayuden a quienes sean capacitados satisfactoriamente en entender que, en cada uno, se juegan sus decisiones judiciales, administrativas, legislativas en ejemplos concretos de aplicación”.

“Vamos a tener una ley que va a implicar que todos los actores judiciales y administrativos de los tres poderes van a tener que comprometerse con una determinada mirada. Tenemos que trabajar mucho en la fase práctica más que declarativa”, advirtió.

Desde Fundación Sur, Analía Haedo pidió por la articulación de todo el sistema de protección. “Vemos permanentemente patrocinio para niños y familias de mucha vulnerabilidad social. Queremos recalcar que cuando llegan al patrocinio la situación ya está judicializada”, dijo. Agregó que en esta instancia “nos damos cuenta que el sistema conformado por salud, educación y quien dirige fue parcializado, no comunicado y no hubo un trabajo articulado”.

También se explayó sobre la capacitación: “Conocer como es el sistema de protección, cuales son los deberes y obligaciones de cada actor del sistema y que esto pueda funcionar de forma articulada. El sistema funciona con estamentos estancos”, observó.

Por su parte, Lucía Buratovich directora de Aldeas Infantiles SOS Argentina trabaja con dos programas de espacio de cuidado alternativo y programa de fortalecimiento familiar. “Hay que trabajar en la prevención y restitución porque hablamos mucho de las medidas de excepción de derechos, ¿pero qué pasa después? se preguntó.  Y esto nos importa mucho porque actualmente no tenemos números en Argentina de las niñas y niños que están en cuidado alternativo. No sabemos cuántos son", manifestó.

Asimismo, consideró que “fundamentalmente nos parece importantísimo que la implementación sea territorial y federal. Es necesario que las personas que forman parte del sistema de protección estén capacitadas para acompañar este proceso de fortalecer habilidades de cuidado porque lo que está pasando es que estamos llegando tarde y se están tomando medidas de excepción, y no medidas que puedan acompañar y promover un mayor acceso de derechos a las familias a partir de prácticas de prevención y de prevención de la pérdida de cuidado”.

Estuvo presente el abuelo de Lucio Dupuy –el niño abusado y asesinado en noviembre de 2021-, quien pidió por la aprobación de la ley “lo más rápido posible, ya que son muchos los niños maltratados en el país”.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes (UCR), recibió a través de videoconferencia a organizaciones civiles y especialistas para analizar los desafíos educativos en la pandemia y la postpandemia.  

En primer lugar, el director Técnico del Observatorio Argentinos por Educación, Víctor Volman expuso un informe sobre conectividad. En ese sentido, dijo que “1 de cada 5 chicos no tiene acceso a internet y se ve una heterogeneidad según cada provincia, con un alto nivel de población sin internet y una situación muy desigual en el país”. Respecto a la calidad del servicio explicó que en el ámbito urbano en la escuela privada “4 de cada 10 familias no tienen un buen servicio, mientras que en el sector público un 60% de éstas no tiene un servicio adecuado”.   

En tanto, Ianina Muñón, investigadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de Deuda social de la UCA, realizó un “aporte multidimensional” y manifestó que “tenemos, no solamente, una problemática vinculada a lo que esencialmente se realiza  en la escuela en términos de aprendizaje sino que también hay sectores sociales que han dejado de acceder a una alimentación sostenida en el ámbito educativo”. Y advirtió sobre la deserción escolar en adolescentes, el desigual acceso a la conectividad y a la salud.   

El vicepresidente del Comité de Defensa de Niñas, Niños Internacional (DNI), Norberto Liwski, analizó cómo se direccionan las políticas públicas de educación durante la pandemia; cuál es el impacto del aislamiento en niños y jóvenes y en su aprendizaje y el nuevo rol del docente. “La escuela ya no es sólo concebida como edificio material sino como vínculo intangible y ha vuelto a ocupar su rol central como espacio de referencia para niños, ñinas y adolescentes en un contexto de crisis”, señaló. También expresó las opiniones de adolescentes y docentes.   

También participaron, el defensor Adjunto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Facundo Hernández; Natalia Escoffier de la O.N.G. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Vanesa D’Alessandre, representante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

En el marco de una reunión de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, obtuvieron dictamen de mayoría una serie de  proyectos relacionados a la temática de las familias, niñez y juventudes. La reunión fue presidida por la diputada nacional santacruceña Roxana Reyes (UCR).

El Frente de Todos no acompañó tres iniciativas.

Dentro de los dictámenes aprobados se destacan el que expresa beneplácito por la adhesión de los distintos organismos públicos y organizaciones sociales para renombrar el festejo tradicional “día del niño” como “día de las infancias”; la iniciativa que declara de interés parlamentario el trabajo desarrollado por la ONG Mamá en Línea por su constante trabajo en la lucha contra el ciberdelito groooming, acentuado en la presente crisis sanitaria por Covid-19 en Argentina; y la campaña #puedodecidir, para prevenir el embarazo no planificado en la adolescencia.

En esa línea, los legisladores acompañaron con su firma el proyecto que expresa beneplácito por el trabajo de la asociación civil Anidar, dedicada a orientar a las familias en proceso de adopción; el que declaran de interés de la Cámara las actividades realizadas el 12 de julio de 2020 en el museo Ana Frank contra toda forma de violencia y discriminación; la iniciativa Inspire: siete estrategias para poner fin a la violencia contra niños y niñas; el concurso “Batalla de Freestyle”, cuyo objetivo es el desarrollo sostenible de la agenda 2030 desde la perspectiva de las juventudes; y el tema musical “Hay secretos” del grupo Cenicienticos, por su aporte a la lucha contra el abuso infantil.

En referencia a los proyectos de resolución, los diputados suscribieron los siguientes dictámenes: el que declara de interés de la Cámara el documental Gotas de Lluvia, por su contribución contra el abuso sexual infantil y la violencia de género; el que expresa beneplácito a la publicación del libro “Sola en el bosque” de Magela Demarco e ilustrado por Caru Grossi, que aborda la temática del abuso sexual infantil y la violencia intrafamiliar; y por las actividades realizadas en la semana de las juventudes en la provincia de San Juan.

En contrapartida, hubo tres proyectos que desde el bloque Frente de Todos no acompañaron sobre diversos pedidos de informes al Poder Ejecutivo relacionados al manejo de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. La diputada Graciela Parola (FdT) remarcó que una de dichas iniciativas “es obsoleta y anterior al informe brindado por el jefe de Gabinete ante el pleno de la Cámara, donde brindó detalles al respecto”. Y Laura Russo (FdT) aseguró que otro de los proyectos “es extemporáneo, ya que el Gobierno nacional dio las respuestas pertinentes”.

Marisa Graham se pasó buena parte del día en el Congreso de la Nación. En lo que fue su primera visita al Parlamento desde que fue confirmada precisamente en ese ámbito al frente del cargo que ocupará durante los próximos 5 años, la agenda de los legisladores coincidió de tal manera que estuviera este viernes a partir de las 10 de la mañana exponiendo en la Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde permaneció casi hasta el mediodía. Y por la tarde, desde las 15, concurrió a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, invitada por su presidenta, la radical santacruceña Roxana Reyes. Muy predispuesta a responder las preguntas que le hacían, Graham permaneció más de tres horas exponiendo en la Cámara baja sobre la situación de los menores frente a la cuarentena producida a raíz del coronavirus. Además, presentó un informe de los objetivos de la defensoría.

“Es muy importante encontrar este espacio donde podamos escucharnos, en poner en  agenda a los niños que son víctimas silenciosas del coronavirus. Tenemos que afrontar esta agenda especial, transversal y federal articulando con la defensoría”, expresó la presidenta de la comisión, Roxana Reyes (UCR), luego de darle la bienvenida a Graham.  

A continuación, la defensora comentó que tuvieron que elaborar un documento interno para “refocalizar la agenda que se encontró atravesada por la pandemia” y explicó algunas de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria.   

“La pandemia generó que fuésemos cambiando la focalización de los temas y problemas que habíamos asumido como plan de trabajo y como problemas centrales. Primero tuvimos un plan general, con asuntos desde la emergencia alimentaria hasta los temas de trata de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual o explotación laboral. Una temática muy amplia que era nuestra gran agenda de trabajo, pero tuvimos que comenzar a focalizar porque había derechos que la cuarentena generaba y ponía en mayor riesgo a los niños, como el abuso sexual infantil por el encierro. Estar encerrados con los victimarios es un riesgo de la cuarentena”, explicó.

“La ausencia de la escuela, que también es un factor de protección, en muchos casos es la primera alerta de situaciones de violencia”, agregó, y señaló que “en un principio abogamos porque los comedores escolares se mantuvieron abiertos, pero por cuestiones sanitarias se decidió cerrarlos. Nosotros insistiremos en tenerlos abiertos”.

La funcionaria destacó la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal, los bolsones de comida y “los esfuerzos que se están haciendo para llegar a aquellos niños y niñas”, dijo.

Sin embargo, también subrayó la preocupación por el cierre de comedores escolares durante la cuarentena y el impacto que eso tiene en la seguridad alimentaria. “Seguimos abogando por la apertura de los mismos”, señaló.

“La pandemia ha producido la pérdida de ingresos de las familias, tenemos una propuesta que son algunas modificaciones a la AUH y garantizar que lleguen a todos los niños, niñas, y adolescentes. Unos 350 mil niños no reciben la asignación universal”, aseveró. Paralelamente reiteró lo que había dicho por la mañana en la bicameral: que impulsa una renta universal para niños y adolescentes pospandemia.

También confió Graham que los niños tienen mucho temor, y sobre todo en los sectores más vulnerables, con relación a la situación de los adultos del hogar, a que pierdan su trabajo o a tener dificultades económicas.

Respecto a la violencia y el maltrato infantil, consideró que el abuso sexual es el más preocupante durante la cuarentena, ya que los niños conviven con sus agresores. “Fue un tema muy reclamado en las reuniones que se hicieron con chicas y chicos de centros de estudiantes de todo el país”, indicó Graham.

“Con respecto al embarazo adolescente, aseguró que no se puede hablar de consentimiento antes de los 13 años. A los 11 o 12 años solo se puede hablar de violación”, dijo.

Asimismo, la abogada precisó que realizaron un documento que focaliza en el tema del abandono de la escuela secundaria, profundizada por las desigualdades en la conectividad, las vacantes en la etapa inicial, y el ingreso y que esta situación se “asevera por la pandemia”.

“El desafío de cómo salir de la pandemia con más derechos para encarar esta situación dramática”, teniendo en cuenta que “los niños van a ser los más afectados, hay estudios de Unicef y UCA que lo indican”, finalizó Graham.