El texto consensuado logró la mayoría, suscripto por legisladores del oficialismo y la UCR, que lo hicieron con disidencias. El diputado de Evolución Martín Tetaz presentó uno de minoría.
Tras un largo derrotero, avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen de un proyecto de ley que busca atender la situación de los tomadores de créditos UVA -alrededor de 100 mil-, quienes han visto incrementadas sus cuotas de manera exponencial.
El despacho de mayoría, fruto de un consenso que se extendió desde marzo hasta la fecha, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales.
Pero el interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.
En el arranque del encuentro, que se extendió por dos horas, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, detalló los aspectos del proyecto que plantea “una solución posible para llevar alivio y certeza a las familias de los tomadores de crédito”. “Esperamos tenga el mayor apoyo posible que nos permita llevar el tema al recinto”, abogó la oficialista.
Al cuestionar la iniciativa que se puso en debate, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño enfatizó: “La usura es impresionante, lo que han ganado los bancos, cómo ha aumentado la deuda exponencialmente y se hace prácticamente imposible para muchas familias que fueron estafadas por los créditos UVA poder afrontarlos”. “Es claramente a favor de los bancos el planteo que se está haciendo con este dictamen”, consideró y, sobre las críticas del sistema bancario a la propuesta, el bonaerense se quejó que “los bancos están diciendo que sería un perjuicio cuando tienen ganancias extraordinarias por todos lados”.
Para Del Caño, atento la crisis habitacional -al recordar también a los inquilinos- habría que “tomar medidas de fondo” e implementar “un impuesto a la vivienda ociosa, aumento de emergencia a los salarios y jubilaciones y un verdadero plan de obras públicas porque hay un déficit habitacional que alcanza a 4 millones de familias en Argentina”.
Uno de los mayores impulsores del tema, el radical Julio Cobos celebró la reunión “después de tanta búsqueda de consenso”, y resaltó la importancia de encontrar una solución por medio de una ley, dado que si bien hay casos que llegan a la Justicia, los fallos ordenan “que pasen al coeficiente de variación salarial, pero todo lo demás queda en la nebulosa”.
El mendocino salió al cruce de quienes dicen “hasta que no solucionemos el tema de los alquileres no vamos a tratar otra ley, cosa que no comparto porque esto es parte del problema, que no haya crédito hipotecario”.
“Los bancos tienen que hacer un esfuerzo, acá el fondo compensador surge del sistema bancario”, aclaró, al tiempo que señaló que uno de “los reclamos fundamentales” está en que sea agosto de 2019 la fecha de retroactividad, ya que fue cuando se dio el primer congelamiento. Según el legislador, esto “implicaría una erogación de 390 millones de pesos y la ley establece una generación de recursos de aproximadamente 500 millones de pesos, así que creo que económicamente se podía afrontar o al menos establecer como una opción para el que quiera”.
En ese sentido, Cobos expresó que “lo importante es que esta ley tenga efecto” y advirtió por la poca adhesión que podría haber a la misma en caso que sigan los juicios.
En su intervención también propuso que “no sea obligatorio” que la cuota no supere el 30% del salario, ya que eso extiende el plazo de la deuda y, afirmó, “hay gente que ya se lo quiere sacar de encima y está dispuesta a poder pagar más”, como por ejemplo un 35%.
Sobre quienes hablan de la ruptura de contratos, el diputado dijo: “No estamos rompiendo nada, porque se está generando un mecanismo compensador para el descalce”. “No es la solución ideal ni para la gente ni para los bancos, pero esto surge de un esfuerzo compartido”, concluyó.
En contra de varios puntos del borrador, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz manifestó que “la voluntad de llegar a un acuerdo permanece”, pero reclamó que al conocerse el texto consensuado “no hubo chance de modificar ni una coma, por eso está la posibilidad de llegar con un dictamen de minoría”.
Respecto de la creación del fondo compensador, ejemplificó que “estamos creando un seguro que dice ‘si chocaste el auto te cubrimos, pero si no chocas el auto no pagas’. Y eso no es un seguro, es una transferencia de recursos hacia un sector de la economía que implica una licuación del crédito. Es un argumento populista”.
“En vez de un fondo compensador es un subsidio permanente”, aseveró y subrayó que “el aporte que estamos poniendo a los bancos es un impuesto encubierto”. “Estamos creando un fondo que se vacía siempre, que nunca se reconstruye”, añadió.
El porteño sí destacó que “en lo que estamos todos de acuerdo” y “es lo más importante del proyecto” es “en la simple elección donde la gente elija si quiere ir atada a salarios o UVA”, pero insistió con que “un fondo de transferencia nosotros no lo vamos a votar”. Además, sumó que “la suspensión de los desalojos es una mala idea, porque no hay ni un solo desalojo”.
A su turno, el legislador Alejandro Cacace, también de Evolución Radical, reveló que él es tomador de crédito UVA y, bajo esa condición, no iba a firmar ningún dictamen y en el caso de que el tema llegue al recinto se abstendrá.
“El tema de la cuota creo que es absolutamente atendible y hay que buscar ayudar. Ahora, no comparto que no se haya hecho nada. Cuando se hizo la ley, ya el artículo 7° marcaba la situación de qué pasaba con el descalce”, apuntó.
En su alocución, el puntano recordó que en pandemia el Gobierno nacional estableció por decreto que “la cuota no se podía exceder del 35% del salario, y si eso pasaba se podía pedir al banco una refinanciación”. Sobre esto consultó al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien informó que “de 1.576 solicitudes, 323 se aprobaron, de los cuales a 105 se la bonificaron, a otros 209 se los refinanciaron y a los demás se los bonificaron y refinanciaron. Y 1.091 fueron rechazadas”.
Al relatar su experiencia personal, el radical contó que hoy día paga “130 mil pesos de cuota, muchísimo más de lo que pagaba al comienzo, pero también igual o menos de lo que hoy vale un alquiler”. Actualmente, debe “25 mil dólares de crédito”, pero al cotizar esa vivienda “la lograría vender a 77 mil dólares”, con lo cual podría pagar “los 25 de deuda que tengo, recupero los 30 que puse para el crédito, recupero los 20 que ya he pagado y me quedo con plata encima”.
En esa línea, se preguntó: “¿Es razonable que yo venga a pedirle al Congreso que me subsidie el capital de la deuda?”. “Creo que la situación de las familias que no les alcanza sus ingresos para pagar la cuota es absolutamente atendible y hay que regularla. Ahora, disponer un esquema que termine subsidiando una deuda de alguien que hasta se logra enriquecer a partir de eso, no hay razón para que haya subsidio al capital por parte del Congreso”, argumentó.
A favor del borrador del dictamen, el oficialista Eduardo Fernández ponderó que se establece que la cuota no deberá ser superior al 30% de los ingresos y que a los tomadores del crédito se les diga que “si llegan a perder el empleo, este fondo que creamos les van a pagar tres cuotas”.
Además de suspender los desalojos, el cordobés remarcó que suspende “embargo o cualquier tipo de medida preventivas y/o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas”, por lo que “estamos otorgando por ley la posibilidad de que los jueces que están atendiendo estas causas tengan una apoyatura legal”.
“Lo que le molesta a la banca privada es la intervención en el mercado”, admitió, pero valoró que esta propuesta además de “avanzar en un sistema integral de cobertura”, lo que busca es “la promoción de créditos hipotecarios”. “Estamos dando un salto de calidad. Siempre van a quedar puntos, incluso hasta el día de la sesión, que podemos mejorar”, agregó.
En el tramo final, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, reflexionó que “generalmente no hay soluciones buenas a cosas mal concebidas” y “estos sistemas son siempre pequeños paliativos a un problema estructural que es el de la vivienda”. “No creo que esto sea solo un problema de inflación, creo que es esencialmente un problema de defasaje de ingresos en relación a los precios”, analizó.
El oficialista precisó que “el Fondo Compensador que estamos planteando, a valor mayo, significa que los bancos deberían tener que poner 719 millones de pesos por mes”.
“Se trata de un proyecto razonable, tratando de corregir una situación que no es razonable. Esta ley no es la solución de la vivienda en Argentina, sino la solución para un segmento de la sociedad con un nivel de ingresos que le permite pagar una cuota igual o equivalente a un alquiler, con la opción de que con el paso del tiempo pase a ser dueño”, aclaró.
Puntos centrales del dictamen de mayoría
El proyecto, titulado “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, contiene seis capítulos y, entre sus puntos principales, establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.
La iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.
Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Desde la UCR aseguraron a parlamentario.com que, de cara al recinto, seguirán insistiendo para modificar esa fecha.
Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central. El proyecto agrega también portabilidad del crédito.
Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.
Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.
El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.
El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.
El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.
La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.
A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.
Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.
Será en un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el próximo miércoles a las 11.30. Qué se contempla en el borrador del texto.
A más de dos meses de la última reunión que hubo entre los diputados, el próximo miércoles a las 11.30 fue citado un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde se buscará destrabar la discusión por la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA y avanzar con un dictamen consensuado. El encuentro será en el segundo piso del Anexo “C” de Diputados.
Tras el trabajo que se dio en asesores, donde se analizaron todas las propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques, se arribó a un texto que establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.
Además, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Y, otro punto central es que la iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30 % de los ingresos de los deudores.
Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.
También, el proyecto prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas.
Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.
Según pudo conocer parlamentario.com, el proyecto estipula que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.
El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.
El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central.
La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.
A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.
El debate se inició en septiembre del año pasado, con una reunión en noviembre también, pero se retomó este año el 22 de marzo. Seis días después, el 28, se realizó una reunión de asesores en donde se analizaron y debatieron los principales lineamientos a considerar en el tratamiento del tema, con el fin de arribar a un proyecto de consenso.
El 27 de abril se realizó una segunda reunión y se acordó enviar una redacción que contemple los aspectos sugeridos. Mientras que el 26 de mayo, los asesores de los diputados Carlos Heller y Alicia Aparicio, presidentes de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, respectivamente, compartieron el borrador del proyecto.
“Hay que entender que consensuar implica ceder posiciones”
Impulsor del debate y de uno de los proyectos, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) celebró que “después de mucho tiempo y tanto insistir se va a tratar de sacar dictamen a ver cómo se reconsidera la situación de los créditos UVA”.
“Siempre el tema de discusión fue a partir de cuándo comenzaba a regir la propuesta. Sí había consenso para cambiarlo por el coeficiente de variación salarial. Nosotros insistimos en que sea desde la fecha del primer congelamiento, en agosto de 2019, pero lo que se pudo consensuar es que se tome el 1ro. de enero”, explicó.
El radical destacó que “la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos y además hay una cláusula beneficiosa que contempla la situación de quienes se quedaron sin trabajo”.
“También hemos logrado conseguir actualizar el monto, que se incrementa por 10, de deducir Ganancias de los intereses bancarios, cosa que estaba congelada en 20 mil pesos”, agregó.
El mendocino señaló que “hay que entender que consensuar implica ceder posiciones” ya que “en un proyecto que no tenía el convencimiento tanto en el oficialismo como en la oposición, ha costado llegar a este principio de acuerdo, pero veremos si se puede llegar a un dictamen la semana que viene y que sea un paso previo para considerarlo en la próxima sesión”.
El tema se intentará debatir en la sesión de este miércoles. Con disidencias, el Pro firmó junto al FdT. La CC-ARI, los radicales y el interbloque Federal, otro.
Pese a los meses de trabajo en busca de consensos y a las modificaciones que se aceptaron incorporar al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, no hubo este martes un solo dictamen sobre el proyecto que busca reformar la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos.
Se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Al concluir el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, el dictamen de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los legisladores del Pro, que lo hicieron con disidencias. Por su parte, la CC-ARI y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios, que finalmente concluyeron en uno solo, que también fue acompañado por la UCR y Evolución Radical.
En el comienzo de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (FdT), destacó que se esté avanzando en “un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados”, los cuales “requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales”.
La oficialista valoró el “trabajo que se hizo desde hace muchos meses con aportes valiosísimos de los distintos bloques” y “el diálogo y la apertura” que hubo por parte de los legisladores. Luego, leyó una amplia cantidad de modificaciones que se hicieron a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.
Tras informarse todos los cambios, el diputado Pablo Tonelli (Pro-JxC) ponderó: “Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”. Sin embargo, aclaró que tanto en el plenario como en la sesión iban a “insistir” con “dos o tres puntos respecto de los cuales tenemos disidencias”.
“Nos parece que esta es una buena oportunidad para mejorar la ubicación institucional de la UIF y dotarla de una autonomía que al día de hoy, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló y apuntó también que sería favorable avanzar en “modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente”.
En esa línea, el macrista expresó: “Nos parece que le daría al organismo una jerarquía y una independencia que aseguraría de manera mucho más efectiva la calidad de la tarea que el organismo debe realizar”. “Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo”, dijo sobre otro de los cambios reclamados. Con todo, afirmó que “estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos a acompañar”.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) reconoció “el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo”, no obstante lo cual adelantó que iba a presentar un dictamen de minoría por diferencias en la redacción de algunos artículos.
“Estamos en presencia de un organismo que resultó novedoso hace 20 años en Argentina cuando propiciamos su creación. El tema de la autonomía no es un tema nuevo”, recordó, pero resaltó que “desde el primer momento del debate algunos sostuvimos que debería ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad”. “Voy a seguir reclamando la autonomía, me parece que este organismo tiene que funcionar con autonomía no solamente por las cuestiones de los delitos, sino por la experiencia recogida. Y en esa experiencia recogida, no estoy de acuerdo cómo se plantea la cuestión de la denuncia frente a la Procuración; creo que la acción tiene que estar en manos de la Procuración”, enfatizó.
Para la legisladora bonaerense, “debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, apuntó en alusión a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
También al anunciar un dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) destacó “el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho”, pero “para nosotros esas poquitas diferencias son ‘las’ diferencias”, subrayó, para cuestionar luego que la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”.
“Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos, y al que joda, que joda; hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al gobierno que venga”, manifestó y continuó: “Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y seriamente colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”.
La cívica observó que “el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora”. “No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice”, agregó.
Visiblemente molesto con la postura inflexible de un sector de la oposición, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, mencionó que “se ha trabajado muchísimo este proyecto” que va en pos de contribuir a las evaluaciones que tendrá el país, las cuales “no le hacen al Gobierno, le hacen al Estado argentino”. Haciendo un repaso del trámite, recordó que el FdT esperaba poder tratarlo en diciembre del año pasado, pero no se pudo, al igual que durante extraordinarias.
“No es que no estuvimos dentro de esos meses trabajando para intentar avanzar en este tema. A los cambios que ya teníamos consolidados en noviembre le hemos agregado otros cambios”, reveló y afirmó que “prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de controversia. Sí lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original del Ejecutivo y que hay diputados y diputadas que consideran se podrían haber incorporado”. A continuación, aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”.
El santafesino se preguntó “¿por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”. “¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó.
“Le pido que consideren los bloques que estando tan cerca están planteando solamente las diferencias que tengan también la actitud que tenemos nosotros: no hay que mezclar los temas”, pidió, haciendo alusión a qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera buscado agregar a la iniciativa el tema de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada).
Para el presidente de la bancada oficialista, “nadie de los que está acá tiene dudas que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente. No hay ningún retroceso, solamente hay avances”. “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quién favorece la posibilidad que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen, porque la política no se pone de acuerdo?”, señaló y pese al compromiso de “seguir conversando” para acercar posiciones de cara a la sesión, dejó una advertencia: “Sinceramente las actitudes que yo estoy viendo en esta comisión hacen peligrar su aprobación mañana”.
Modificaciones al proyecto
Mónica Litza fue la encargada de enumerar todos los cambios que se hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó el que se refiere a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. “Ello, a los fines de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido”, dijo la diputada.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó.
Sobre la UIF, “se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades”, apuntó entre los cambios que enumeró.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, “no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación”.
“Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas”, subrayó Litza.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
Y prevé también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión.
Fue en un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de Diputados. Se acordó que la semana próxima los asesores trabajen en un acercamiento de las 11 iniciativas que hay presentadas por los distintos bloques.
Un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate sobre los distintos proyectos que buscan dar una solución a la situación que aqueja a los tomadores de créditos UVA, que son más de 100 mil.
El plenario se desarrolló el mismo día en el que había sido solicitada el pasado 28 de febrero una sesión especial a pedido de 41 diputados, encabezados por Julio Cobos, a quien acompañaron miembros de la UCR, el Pro, el Partido Socialista e incluso el Frente de Todos. Sin embargo, esa solicitud quedó sin efecto a la espera de buscar acuerdos. Además, sin haber dictamen, se hubieran necesitados los dos tercios de los votos para votar el tratamiento de alguna de las iniciativas.
Las comisiones competentes en la cuestión habían realizado un plenario por última vez en septiembre del año pasado; mientras que Finanzas puso a consideración el tema el 16 de noviembre de 2022.
Al abrir la reunión de este miércoles, la presidenta de la comisión, Alicia Aparicio (FdT), recordó que el año pasado se realizaron tres reuniones informativas y, puntualmente en la que participaron los deudores, expresó que se escuchó “la gran angustia que tienen las familias argentinas que han tomado este crédito”. “Hay proyectos que tienen punto de coincidencias, otros discrepancias”, reconoció sobre las 11 iniciativas presentadas por los distintos bloques, pero dijo que el objetivo es llegar a un proyecto unificado “a través del diálogo”.
Impulsor del debate del tema, el diputado Julio Cobos (UCR-JxC) dijo que “hace tiempo que venimos trabajando esta temática” y defendió que su propuesta “contempla un principio de solución para los que hoy tienen el crédito, pero también para el futuro, porque lo cierto es que hoy no hay crédito hipotecario en Argentina”.
El mendocino apuntó que este sistema, implementado durante la gestión de Mauricio Macri, “funciona en otros países”; y luego detalló que “se otorgaron 75 mil créditos en 2017, 80 mil en 2018, solo 9 mil en 2019 y 20 mil en el 2020”. “Hay quienes dicen que no hay morosidad”, señaló, pero recordó que “hubo cinco congelamientos y el último una convergencia”, por eso “a mediados del año pasado recién (los tomadores) están pagando la cuota en toda su magnitud”. “No hay morosidad porque la gente lo último que deja de pagar es su vivienda”, agregó.
El radical consideró que “lo ideal es que hay que resolver la inflación, sin inflación no tendríamos estos problemas”. En esa línea, subrayó que “hasta septiembre de 2018 estuvo por encima la evolución del salario”.
Sobre el camino hacia un acuerdo, el exvicepresidente expresó: “Lo que sí tenemos que tener claro es que hay alternativas viables, pero lo que no tenemos es tiempo. Nos tenemos que organizar metodológicamente”. Respecto del cambio del índice, para “pasar la cuota a CVS o RIPTE”, opinó: “Creo que en eso nos vamos a poner todos de acuerdo”.
“Hay proyectos que hablan de un fondo compensador, otros no. Otro punto a discutir es la fecha de corte (para la actualización)”, explicó Cobos. Asimismo, manifestó que en la medida de “suspender los desalojos, creo que todos vamos a compartir” y sugirió que “hay que actualizar el mínimo imponible de intereses para deducir Ganancias” porque “hoy tributan Ganancias los intereses que pagan los beneficiarios”.
A su turno, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical-JxC) opinó que “no tenemos que buscarle una solución a un problema que no existe”, al respaldar que “el mecanismo UVA es un gran mecanismo que funciona muy bien y que tenemos que cuidar. Lo que sí creo es que lo tenemos que mejorar”.
Para el economista, “no hay romper contratos” ni “establecer regulaciones que terminen como la Ley de Alquileres”, que se sancionó por “buena voluntad” de los legisladores, pero “terminó generando más problemas que soluciones”, resaltó.
“Todos los temas que son atribuibles a UVA no son por UVA, sino por la inflación y la caída de los salarios”, enfatizó el radical e insistió en que “la caída real de los salarios afectó a toda la economía y no tiene que ver con los UVA”. Luego, propuso: “Una equiparación en términos del tratamiento del impuesto a las Ganancias de los que alquilan con los UVA; la apertura de un mecanismo para que la gente que quiere salir del crédito pueda vender su crédito; y crear un mecanismo de competencia entre los bancos a través de la figura de portabilidad de crédito”.
En su intervención, Tetaz advirtió: “Si rompemos el mecanismo, empezamos a cambiar tasas o condiciones, o cambiamos los contratos vamos a generar mucho daño. Por eso no estoy de acuerdo con el reajuste de los créditos con anterioridad, sería una violación de los contratos que nosotros no vamos a acompañar. Lo que tampoco me gusta y genera mucho ruido es la figura de un fondo compensador”.
Por su parte, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) manifestó que “tiene cierto sentido que este Congreso dilate tanto buscarle una solución real a la estafa que significaron los créditos UVA” porque “este mecanismo se votó en el Congreso”. “Nuestro bloque no lo votó y denunció en ese momento que iba a ser un mecanismo confiscatorio”, mencionó y denunció que “alrededor de las viviendas se está produciendo una especulación financiera fenomenal”.
Para la legisladora de la izquierda, “sí hay que salir del mecanismo UVA y reconvertir todos los créditos a créditos tradicionales” de modo de tener “un sistema donde el capital va disminuyendo a medida que se paga” porque “sino es imposible de sostener para los asalariados”.
“La dificultad no está en el grueso de la cuota, sino en todo lo que se endeudan para poder pagar”, alertó y planteó: “Nosotros hacemos un planteamiento integral, con la conversión de los créditos, con la fijación de un criterio de actualización de la cuota que no puede exceder el 50% de la variación salarial, y que no pueda elevarse la cuota a más del 25% del ingreso familiar”. Además, consideró que el tema debe trabajarse en conjunto con la cuestión de “alquileres, vivienda ociosa y construcción de viviendas”.
Durante la reunión, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (IB-Interbloque Federal) cuestionó que “se niegue que no existe un problema”. Al recordar las medidas que se tomaron sobre UVA en el Boletín Oficial, por parte del Poder Ejecutivo, y los fallos que hubo por parte de la Justicia en algunos casos, reflexionó que “no es que aquí hay una opinión, se trata de una realidad; se trata de un problema de relevancia social que ya ha merecido la actuación de los poderes públicos y que corresponde que el Congreso tome con prioridad para decidir hacer”. También dejó sentada su postura a favor del proyecto de Cobos y abogó por “unificar criterios que le permitan a esta situación una salida justa, razonable y sustentable en el menor tiempo posible”.
Desde el oficialismo, el diputado Juan Manuel Pedrini (FdT) admitió que en un principio él quería “la suspensión de esta operativa”, pero ahora está “dispuesto a rever esta posición”, aunque aclaró que no está de acuerdo en que “las UVA hayan sido una medida acertada”. “La idea de este sistema de actualización es demoníaca. Lo único que produce es la descapitalización de estos tomadores de crédito”, sostuvo.
El chaqueño precisó que la cotización de la UVA al 30 de junio de 2017 era de 19,33 pesos y hoy está en 214,25 pesos. “El aumento es de 1.108%”, resaltó y aseveró: “Esto no es ni bueno ni malo, es demencial”. Además, diferenció que “los que tomaron los créditos hipotecarios tienen un bien que se cotiza en dólares; ahora, los que tomaron créditos prendarios, por ejemplo para comprar un auto, hoy tienen una deuda impagable y el auto vale el 30% o 40% de lo que valía en ese momento, por lo tanto la situación es muchísimo peor”.
Avanzada la reunión, Cobos retomó la palabra para pedir que la semana que viene los asesores trabajen en un acercamiento de las propuestas y se pueda convocar nuevamente al plenario en la primera semana de abril para sacar dictamen.
Entonces, recogió el guante la diputada Liliana Paponet (FdT), quien pidió no acelerar los tiempos. “Cuando estas más de 100 mil familias ingresaron al crédito UVA no fue porque ellos quisieron endeudarse y con ese mecanismo, fue porque le generaron una expectativa. Y esa expectativa fue la misma que algunos diputados tuvieron al pedir una sesión especial, y entonces a partir de ahí uno va jugando con el problema de la gente, pareciera que vamos corriendo y apurando los plazos”, criticó.
La mendocina avaló que los asesores se reúnan, pero pidió que el tratamiento se haga “de manera responsable, no poniendo fechas y que se haga a las apuradas, porque a lo mejor tenemos una ley que no favorezca a las familias y nosotros lo que tenemos que ver es darles soluciones”. “No tenemos que ser irresponsables ni vender expectativas, cuando hace tres años estamos tratando de darle soluciones”, completó y con su intervención se dio por finalizado el encuentro.
Las distintas iniciativas presentadas se debatirán en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el próximo miércoles 22 de marzo.
Luego de un año en el que se intentó sin éxito avanzar en Diputados con el tema de los créditos UVA en comisión, legisladores de todos los sectores habían solicitado una sesión especial para el próximo 22 de marzo a fin de abordar la problemática en el recinto. Sin embargo, este viernes se conoció la convocatoria de plenario de comisiones para ese mismo día.
La reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, y de Finanzas, presidida por Alicia Aparicio, fue fijada para el próximo miércoles 22 a las 12 en la sala de reunión del 2do piso del edificio “Anexo C”.
El pedido a sesión especial, realizado el pasado 28 de febrero, fue suscripto por 41 legisladores, entre ellos de la UCR, del Pro, socialistas y cuatro del Frente de Todos. Al respecto, el radical Julio Cobos –impulsor de una de las iniciativas- señaló que “durante todo el año pasado intentamos lograr una solución a la problemática de los créditos UVA; hicimos un acuerdo con las autoridades de la Cámara, logramos que se realizaran las reuniones de comisiones, escuchamos a las distintas partes y, aun así, no logramos tener un dictamen y que baje al recinto”.
Una de esas reuniones se llevó a cabo el 1ro de septiembre, precisamente el mismo plenario que se sentará a debatir la próxima semana. En esa ocasión, escucharon las opiniones de representantes de entidades bancarias, funcionarios, exfuncionarios y tomadores de créditos con el fin de alcanzar acuerdos tendientes a solucionar los reclamos de los deudores. La última vez que el tema fue puesto a consideración fue el 16 de noviembre de 2022 en una reunión de la Comisión de Finanzas.
Fue citado un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas este martes a las 14. Previo a los quiebres en las sesiones fallidas, el FdT y JxC avanzaban en un consenso.
En el último día para dictaminar, pues las sesiones ordinarias se extendieron hasta el 30 de diciembre, pero la firma de los despachos culmina 10 días antes, el oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para este martes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con el objetivo de alcanzar dictamen sobre el proyecto de ley que busca actualizar la normativa vinculada al lavado de activos.
Antes del quiebre en las relaciones entre los bloques, en las sesiones fallidas del pasado 1ro. de diciembre, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzaban encaminados hacia un texto de consenso de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que resulta clave para el país pues es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en septiembre del año próximo.
Así, en la previa de lo que sería una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a instalarse en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que puedan ser llevados al recinto para el cierre del 2022.
La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que GAFI se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.
Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.
Presente en las dos reuniones informativas que se realizaron durante el mes pasado, el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, anunció en la última ocasión -30 de noviembre- una serie de cambios que se iban a incorporar “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, dijo.
Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.
Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.
En una breve reunión de dos comisiones de la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, informó sobre las modificaciones que se aceptaron al texto. Hubo nuevos planteos.
Oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados avanzaron hacia un eventual consenso sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Tras una extensa primera reunión informativa, en la que expusieron varios oradores, las comisiones de Legislación General y Finanzas se congregaron este miércoles para escuchar las propuestas de la oposición que fueron aceptadas desde la Unidad de Información Financiera.
En ese sentido, se lo escuchó al titular del organismo, Juan Carlos Otero, quien enumeró los cambios aceptados a la redacción del texto “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”.
“Cuanto antes lo aprobemos vamos a poder trabajar en la efectividad. Evalúan a un país, no a un Gobierno, y tanto el sector público como privado van a ser evaluados”, agregó.
Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.
También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.
Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli (Pro) destacó: “Hemos avanzado bastante, buena parte de las recomendaciones que hemos hecho desde la oposición han sido receptadas por la UIF y el oficialismo. Estamos más cerca de llegar a un acuerdo final”.
Sobre los “puntos que nos faltarían acordar”, el legislador pidió que “en la ley conste de manera expresa la facultad que tiene la UIF de querellar, que hoy en día está prevista no en la ley sino en un decreto”. A su vez, que “la UIF cuente con la posibilidad de intercambiar información no solo con las personas públicas sino también con las personas privadas”.
“En el tema de los abogados, que es un tema extremadamente delicado, la prohibición ha sido mejorada. Tenemos una sugerencia mínima para hacer que no va a impedir que nos pongamos de acuerdo”, sumó y consideró que “a la sanción de apercibimiento habría que agregar las acciones correctivas”.
Por su parte, la diputada Mariana Stilman (CC-ARI) aseguró que “lo que faltaría y es imprescindible para nosotros es trabajar sobre la designación y la efectiva independencia de la UIF”.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) arrancó: “Entendemos la necesidad de ir acoplando el andar de nuestro sistema del control de lavado de dinero a los parámetros y requerimientos internacionales, lo entendemos perfectamente”.
“Me alegro que se haya avanzado con todas las modificaciones que se produjeron”, celebró, pero remarcó que sigue “reclamando, como el primer momento, que la nominación del funcionario a cargo sea una nominación que esté vinculada con la aplicación de saberes e idoneidad, que tenga que ver con concursos”. “No soy de las que cree que esa nominación tenga que depender del Congreso de la Nación”, aclaró, al recordar la falencia desde hace años respecto de designar a un Defensor del Pueblo. “Pero sí tiene que haber un perfecto orden en la nominación que no tenga que ver con la preferencia política del gobierno de turno y con estabilidad en el cargo”, subrayó. Luego realizó distintas consultas sobre puntos del proyecto, que más tarde le respondió Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la UIF.
Finalmente, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, lamentó que no haya convocatoria de la Comisión de Legislación Penal, la otra comisión competente que falta y es presidida por María Luján Rey (Pro), por lo que le pidió al titular de Legislación General, Lucas Godoy (FdT) “acomodar eso para poder ordenar el tratamiento”. “Están los elementos sobre la mesa, tenemos un segundo borrador”, destacó y concluyó: “Han quedado los planteos de los puntos donde todavía tenemos que trabajar, sabiendo que el consenso pleno nunca existe pero sí que tenemos que arrimar lo que más podamos”.
Fue en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La iniciativa también reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para debatir un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C”, el titular de Legislación General, Lucas Godoy (Salta – FdT), agradeció la presencia de funcionarios e invitados en el tema.
El primero en disertar fue el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, quien remarcó que hace 11 años no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, consideró que es “importante” la reforma porque “nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos”.
“En septiembre de 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional”, adelantó y sumó: “El GAFI va a evaluar tanto al sector público en los tres poderes, como también al sector privado, para el cumplimiento técnico y la efectividad. Es muy importante este proyecto de ley para poder cumplir con los requerimientos”.
En esa línea, sostuvo que es necesario “arribar a consensos para aprobar lo antes posible este proyecto de ley para poder tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan al país, no al Gobierno”.
A continuación, Otero destacó que la realización del proyecto fue un proceso “muy participativo” en el que trabajaron desde el Ejecutivo, miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial, el BCRA, entre otros y contó que “se dieron discusiones interesantes”. “Esto sigue acorde con políticas de Estado que venimos desarrollando por las cuales hicimos la primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que se aprobó a través del decreto 653 y, a su vez, actualizamos la evaluación nacional de riesgo y financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“A través de las evaluaciones se ven las amenazas y vulnerabilidades, muchas de esas están siendo mitigadas en este proyecto de ley al igual que las vulnerabilidades en materia de regulación”, explicó Otero.
Además, resaltó tres ejes centrales del proyecto. Respecto al primer eje, planteó: “En el artículo 303 respecto del lavado de activos se incorporan dos verbos típicos ‘poseer’ y ‘adquirir’”, y aclaró que “esto es acorde con la recomendación 3 del GAFI y las Convenciones de Viena y Palermo”. Asimismo, explicó: “Con respecto al monto de la actualización que actualmente es de 300 mil pesos, se decidió no modificarlo porque puede afectar las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido”.
Sobre el artículo 306 el tipo penal de financiamiento de terrorismo, informó que “se incorpora la figura de los ‘combatientes de terroristas extranjeros y se incorporan los conceptos de ‘fondos y otros activos’. Esto acorde a la recomendación cinco del GAFI y a la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas”.
Respecto al segundo eje sobre la Reforma a la Ley 25.246, el funcionario contó que “se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA/CFT, tales como enfoque basado en riesgo, activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes, beneficiario final”. En suma, la UIF profundiza la autarquía funcional y económica, y sobre las facultades, amplia los casos en los que los sujetos obligados no pueden oponer el secreto; incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo; celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Por otro lado, se sube al carácter de ley las sanciones: “Congelamiento administrativo de fondo u otros activos, mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o a un juez competente, vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
“También se incorporar medidas de mitigación de riesgos a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas, e instituciones financieras, procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo”, agregó Otero y explicó que se garantiza el secreto de identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas, aún luego de formulada la denuncia al Ministerio Publico Fiscal y ponderó que “estas herramientas le dan más confianza y resguarda más la información”.
Sobre la incorporación de “nuevos sujetos obligados”, detalló: “Proveedores de servicios de activos virtuales; aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo; abogados que, en nombre de sus clientes, llevan a cabo la compra/venta de inmuebles, administración de valores, dinero y cuentas bancarias, creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra/venta de participación social; proveedores de servicios societarios y fiduciarios; no financieros de crédito; de servicios de pagos”.
A su vez, indicó que en “la supresión de sujetos obligados” se dejó de lado a las organizaciones sin fines de lucro; el Tribunal Nacional de Defensa y, con respecto a los intermediarios de seguros “dejan de ser sujeto obligado los peritos, los liquidadores de seguros, los productores asesores de seguros”. “Se incorpora un capítulo referido a las personas jurídicas sin fines de lucro que, aunque dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abusos para la FT y deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados”, sumó.
Por último, explicó el tercer eje sobre la creación de un Registro de beneficiarios final que será un registro centralizado de personas y estructuras jurídicas con información “adecuada, precisa y actualizada”, cuya autoridad de aplicación será la AFIP levantándose el secreto fiscal.
De forma breve, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, dejó constancia de “la labor llevada adelante desde que se inició el proyecto hasta hoy ha sido el fruto de un trabajo ampliamente generoso, democrático y participativo, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo, corregir, adaptar, adecuar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales. Sin perder el eje del proyecto, hubo un debate muy rico con diputados y diputadas y asesores que nos permitió poder actualizar el texto original y llegar al que explicó detalladamente el doctor Otero”.
A su turno, el director del BCRA, Zenón Biagosch, puntualizó en algunos aspectos de la ley que “son medulares” en relación al rol del Banco Central en el sistema integral y preventivo de lavado de activos.
“Es un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada, que requiere una reforma estructural en lo que hace a la relación de las temáticas atendidas por el Banco Central, no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación de servicios financieros”, resaltó.
Y siguió: “Hay una realidad objetiva que ha emergido y se vio fortalecida por la pandemia donde los mecanismos de ofertas han mutado y son distintos, por ende, los controles que tenemos que aplicar, de alguna manera tienen que ajironarse a estas nuevas realidades”. Asimismo, destacó tres aspectos de la reforma: “La actualización del artículo 20 sobre los sujetos obligados en formar operaciones sospechosas, es importante que se incorpore a los actores proveedores de servicios proveedores de cobros y pagos, los otros proveedores no financieros de créditos y los de servicios virtuales”.
“Esta es una realidad objetiva en la cual hoy tenemos en el mercado en la Argentina una cantidad de actores que brindan este tipo de servicio con una cantidad de cuentas abiertas en cabeza de residentes locales que tranzan con este tipo de activo financiero que está totalmente desregulado”, planteó Biagosch y propuso rever el régimen sancionador administrativo por parte de la UIF sobre el artículo 20 sobre sujetos obligados que hay organismos públicos que se encuentra el BCRA y se haga una salvedad que “no todo el marco sancionador es aplicable a todos los sujetos obligados, en tanto sean organismos públicos”.
Como tercer aspecto, destacó la creación del registro de beneficiarios finales “es un tema pendiente y central que hace a al trasparencia y funcionamiento del sistema. Esto es un gran avance en la reformulación de la ley. La adecuación del marco normativo es muy oportuna”.
La directora de Fiscalidad Internacional de la AFIP, Verónica Grondona, brindó las características del registro actual que lleva a cabo su institución a cargo y lo que propone el proyecto. En principio sostuvo que el concepto de beneficiario final consiste en “una verificación en cascada” controlando y requiriendo informes tanto a beneficiarios finales que sean por titularidad de acciones o a través de otros medios indirectos.
En esa línea, destacó la importancia y la necesidad de identificarlos porque “permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos que lo requieran”. En suma, se refirió a la creación del registro que permitirá “tener acceso en tiempo real a la información y mejorar la calidad y supervisión de la misma”. En tanto, comentó que a nivel mundial se están implementando distintos tipos de registros y en Latinoamérica hay registros de beneficiarios finales en muchos más países de la región como Chile, Ecuador, México, Brasil.
Sobre el registro de AFIP contó que eran de “participación accionaria” y manifestó que “son extremadamente útiles porque sirve para la verificación de la efectiva declaración de los activos y sobre ganancias y bienes personales”. También informó que Argentina desde el 2017 participa del intercambio de informaciones de cuentas financieras.
“El registro de beneficiarios finales busca centralizar los registros e información existentes que pueden estar en otras sedes”, resaltó Grondona y añadió: “Los registros tienden a ser de difícil verificación y necesitamos de un trabajo colaborativo entre todos los organismos públicos. Se pretende una serie de accesos diferenciados”.
El último orador en presentar el proyecto fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, manifestó que “quedaba pendiente por cumplir la recomendación 15 del GAFI sobre los proveedores de servicios virtuales que incluye la preocupación de que sean sujetos obligados, sino también, que exista un registro de estos actores”.
“El modelo elegido parte del análisis de qué están haciendo los países medianos de la región, así que quedó plasmado en el artículo 35 y 37, no solo contempla la preocupación sobre el lavado de dinero, sino que incluye cuestiones vinculadas con la trazabilidad, las operaciones entre el destinatario y originante, cuestiones sobre protección los inversores y datos personales”, precisó Negri.
En esta etapa de la reunión, abrió el debate el presidente del Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Fernando Díaz Cantón, criticó la forma en el que país “viene encarando” el tema en materia de derecho penal porque “por su carácter permanente es una muestra de que, con más derecho penal, no se pone coto a la criminalidad organizada”.
Sobre la reforma de lavado de activos, se refirió a la pretensión de conversión de los abogados en sujetos informantes a la UIF sobre operaciones sospechosas y destacó la inclusión en el artículo 303 inciso 3 “de la posesión o ‘auto receptación’ para incluir a quien posea activos provenientes de un delito para aplicarlos a una operación de lavado sin haberlos recibido de otra persona o sin que se pueda probar que así haya sido”.
“Aquel proyecto a advertido una laguna de imponibilidad y en ese afán de castigar todo tampoco quiere dejar esta conducta fuera para el caso de que no se pueda probar de que los bienes poseídos fueron recibidos o entregados por algo. Este frenesí penal que no se detiene ha convertido al delito de lavado de activos en otra cosa diferente a un encubrimiento”, cuestionó Díaz Cantón y comparó que “hoy es punible cualquier tipo de lavado y a cualquier monto”, pero cuestionó que en la iniciativa “no se actualizan los montos para ingresar en la figura gravada que hoy debería ser, no de 300 mil pesos, sino de 9 millones de pesos. Todo para sumar punición y restringir libertad”.
En el mismo sentido se manifestó la expresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, sobre la “innecesaridad de trocar la extensión del tipo penal de acuerdo a cierta terminología que usa el estándar internacional, pero que a nuestra práctica judicial sería muy inconveniente. Tocarlo ahora sería un error”, y cuestionó: “Hay un verbo que se introduce que es ‘poseyere bienes’, poseer no tiene la lesividad necesaria que requiere ese tipo penal”.
También compartió con el orador preopinante la necesidad de “elevar el umbral de punibilidad de los 300 mil pesos. Hoy las maniobras de lavado de activos y el crimen organizado que afectan el orden económico y financiero tiene que tener una envergadura mucha más grande”.
Además, observó un error en el inciso 3 del artículo 2 que “utiliza la terminología vieja” y propuso modificarlo. En suma, expresó preocupación por la redacción del artículo 6.
En su presentación, el abogado Gustavo Juana recordó que la legislación vigente es del año 2011 y opinó que las modificaciones propuestas por la UFI “están alineadas con los cambios que ha habido en las mejores prácticas internacionales”, y ponderó: “Los activos virtuales; la inclusión de proveedores de servicios digitales como sujetos obligados. El GAFI publicó en 2021 un documento recomendando la regulación de todas las actividades vinculadas con los activos virtuales. Se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos. Es necesario un marco regulador específico”.
“El segundo punto son los abogados o estudios jurídicos como sujetos obligados. Van a ser sujetos obligados solo aquellos que brindan servicios de creación de empresas, o administran fondos de terceros”, destacó y sumó: “La ampliación a otro tipo de sanciones, la diferenciación de las multas y la actualización de las mismas. La creación de un registro se inscribe dentro de una de las mejores prácticas”.
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consideró que “en este tema como en otros, es importante que los órganos de prevención y persecución penal puedan ejercer eficazmente su tarea. La falta de actualización de la condición objetiva de punibilidad de los 300 mil pesos es un absurdo porque la cantidad de hechos son enormes”.
“Esto es lisa y llanamente un absurdo. Esto no es prevenir ni castigar el lavado de dinero, de esta manera vamos a inundar la UIF de cosas inservibles”, lanzó y siguió: “La cuestión de los cambios de tipo penal me hace ruido la incorporación del término ‘poseyere’ y la incorporación del ‘adquiriere’”.
Juan Cruz Ponce, secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamérica (GAFILAT), se explayó sobre los estándares internacionales y el proceso de evaluación: “Estamos ante un sistema cooperativo a nivel internacional y que engloba a 206 jurisdicciones a lo largo del planeta”.
“Las recomendaciones del GAFI ofrecen un elenco de medidas muy amplias, intersectoriales, interdisciplinarias para detectar y sancionar estos delitos y aglutinan a todos los ámbitos posibles -asociados directa o indirectamente- a un marco de prevención y lucha contra este tipo de delitos”, explicó y manifestó: “Cuando uno se acerca a la evaluación es fundamental contar con un marco normativo robusto y en línea con los estándares internacionales, la evaluación es a nivel país, se evalúa el sector público y el privado, el cumplimento técnico, pero también la efectividad”.
Por último, sostuvo: “Es un proceso muy complejo que requiere mucha planificación, coordinación y apoyo a la coordinación LA/FT/FP”.
Será en un plenario de comisiones de Legislación General y Finanzas. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en junio.
Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados tratará este miércoles un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales. La reunión será a partir de las 15 en el segundo piso del Anexo “C”.
Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.
“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.
En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.
“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.
En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.
Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.
“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.
Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.
Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.
Con testimonios en primera persona, un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó el debate. Julio Cobos pidió avanzar la próxima semana con el final de las exposiciones.
Con la voz de tomadores de créditos UVA, quienes reclamaron por una ley que dé solución a la engorrosa situación que atraviesan, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó una segunda reunión informativa sobre el tema.
La ronda de expositores se abrió con Sebastián Saúl Ignacio, representante de hipotecados UVA Necochea, invitado por la oficialista Jimena López, quien relató que tomó el crédito mediante el Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos, a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó “pagando una cuota de 11 mil pesos” que “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”, precisó.
Además, “al día de hoy debemos más de 9.500.000 millones de pesos, los cuales se conforman de más créditos otorgados por el banco en pandemia sin haberlos solicitado”, contó.
“Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario”, remarcó y aclaró: “No queremos dejar de pagar, queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita poder cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación”.
A su turno, Ernesto Páez, representante de hipotecados UVA de Mendoza, invitado por el radical Julio Cobos, lamentó que “desde hace 21 años seguimos con la misma historia” en torno a la problemática de los créditos hipotecarios y “hoy estamos otra vez con la gente con la espada de Damocles en la cabeza”.
“La vivienda es un derecho humano, basta de la usura que instrumentan todos los bancos”, enfatizó y añadió: “Seguimos atados a la ley del sistema financiero, porque nunca se tocó el sistema financiero”.
El expositor advirtió que aunque “haya una solución de suspensión de remate, los intereses y la inflación siguen adelante”. Por eso, reclamó que “haya una solución definitiva y de fondo” porque “siempre compensaron a los bancos y no a los deudores”, y en esta situación actual “los tomadores UVA nunca podrán honrar sus deudas”.
Invitada a propuesta del socialista Enrique Estévez, Daniela Funez, representante de tomadores prendarios y personales UVA, señaló que “somos casi 450 mil deudores con esta modalidad; somos los grandes olvidados y discriminados cuando se habla de créditos UVA”.
“La tasa de interés en nuestra modalidad es del 25%”, informó, y ejemplificó que por diferir una cuota en abril de 2020, que “era de 30 mil pesos por un vehículo para trabajar; si hoy queremos abonarla es de casi 100 mil pesos”. Además, “nos sumaron 33 cuotas más al final del crédito original”, con lo que “somos deudores de por vida, esclavos de los bancos hasta el final de nuestros días”.
Funez apuntó que “a muchos deudores ya le remataron el vehículo” pero “como no cubrieron sus deudas siguen debiendo a los bancos”. “Los bancos fueron los grandes ganadores con este sistema y más aún en plena pandemia”, denunció y pidió “recalcular la deuda desde el principio, bajar la tasa de interés y ser incluidos en cualquier dictamen”.
Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón consideró que el tema se trata de “un tremendo problema” ante el cual “las familias de la Argentina están buscando la paz social” y “en eso tiene que intervenir el Estado”.
En defensa de una iniciativa de su autoría, explicó que tenía “como objetivo el principio equitativo del esfuerzo compartido”. “Tenemos que establecer, por el Banco Central, que el índice sea de variación salarial y/o el que le fuere más conveniente al usuario desde el inicio del crédito en adelante”, sostuvo.
Bajo esa línea, el legislador provincial explicó que “alguien que sacó un 1.000.000 de pesos en el 2018, hoy debe 8.000.000 de pesos con el sistema UVA”, mientras que con esa propuesta “sería un deudor de 2.700.000 de pesos”.
Ramón recordó que el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “derogó la ley de los créditos UVI y creó este espanto de los créditos UVA”.
Para el mendocino, también es necesario que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.
“Este no es un tema de hipotecados UVA, este es un problema de usuarios y consumidores”, subrayó y agregó que “es una obligación constitucional” la protección de los usuarios.
Por su parte, la abogada Mariela González, invitada a propuesta del oficialista Eduardo Fernández, expresó que “es muy difícil para una familia de clase media acceder a un crédito hipotecario y hay un problema habitacional en Argentina que viene de antaño”.
“Nos encontramos frente a una deuda de valor pensada y proyectada por el Estado argentino con el fin de paliar los efectos negativos de la devaluación de nuestra moneda, por eso hay unidades de valor, las UVI o las UVA. Sin embargo, en este intento de promover el acceso a la vivienda de la clase media y lograr que las entidades financieras otorgaran créditos en condiciones que les permitieran garantizar una rentabilidad en el largo plazo, el Estado ha generado un sobreendeudamiento a los tomadores hipotecarios que los ha colocado en riesgo inminente de perder sus hogares”, relató.
En ese sentido, González sumó que “actualmente se ha colocado en cabeza de estos tomadores las consecuencias negativas del proceso hiperinflacionario que atraviesa nuestro país, y como contrapartida de lo expuesto los bancos y entidades financieras están obteniendo un rédito que supera cualquier proyección normal”.
Convocada a instancias de la oficialista Gabriela Pedrali, la doctora Malvina Vilte, de hipotecados UVA La Rioja, remarcó: “La Justicia ya se expresó, ahora le falta al poder político expresarse. Yo les pido, les imploro, que tomen en cuenta este problema y que lo resuelvan. No queremos no pagar nuestra casa. La queremos pagar, pero con una cuota accesible, coherente, con un porcentaje acorde a nuestros ingresos”.
La expositora recordó que cuando recurrió a pedir el préstamo, el Banco Nación le pedía como requisitos “que sea una persona económicamente solvente, que tenga un buen registro en el Veraz”, sin embargo “el Banco Nación devolvió de mi persona un estropajo financiero, hoy estoy con la dignidad por el piso”.
En el cierre de la ronda, la abogada Gabriela Spatari, invitada por propuesta del jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseveró que “esto es responsabilidad del Estado Nacional” que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri “puso en práctica esta falsa política de acceso a la vivienda aprovechándose de la necesidad que había en nuestro país de ella”.
“Eso es usura y la usura en nuestro país es un delito”, manifestó, al insistir que el gobierno anterior “a través del Banco Central generó el andamiaje para que miles de familias ingresáramos en esta trampa”. Mientras que la gestión actual, tomó “medidas unilaterales de la pandemia” como “congelamientos, diferimientos, convergencias, una trama compleja que ni los bancos entendieron”.
Spatari cuestionó que “los bancos mal informaron, desinformaron, maltrataron, engañaron a los deudores y hoy son los grandes ausentes”. “Nosotros no accedimos a una vivienda, la casa es del banco, no es nuestra, de lo único que somos dueños es de una deuda gigante, impagable e ilegal”, completó.
Luego de las exposiciones, el radical Julio Cobos comparó que hoy día, el Banco Provincia “da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%”, con una cuota inicial de “410.915 de pesos” y solicita más de un millón de pesos para el ingreso. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso más de 200 mil pesos.
El legislador, autor de un proyecto para la renegociación de los créditos UVA, opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso” lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”.
“El problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, reconoció y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.
Cobos vio con buenos ojos que “hay mucha coincidencia entre los diputados, hasta el propio Poder Ejecutivo, de encontrar una solución”, pero se habían fijado un acuerdo para llegar a un dictamen en 30 días y “ya llevamos casi 60 días y todavía no podemos ni siquiera discutir un dictamen”.
Por eso, reclamó que “la semana que viene se invite a los bancos y al Poder Ejecutivo” y luego avanzar en una iniciativa consensuada, donde “seguramente vamos a tener muchas coincidencias”.
Al cruce le salió el diputado Itaí Hagman, quien enfatizó que el crédito UVA “es accesible pero es impagable”, y la discusión debe darse en “cómo hacemos accesible el crédito que es inaccesible”, ya que el UVA “es una trampa de la cual es después muy difícil de salir”. “La solución no es continuar presentando como mejor créditos que son accesibles pero después impagables”, insistió el legislador del Frente de Todos.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Finanzas, la oficialista Alicia Aparicio, afirmó que este “es un tema al que debemos llegar a un acuerdo y ojalá podamos hacerlo, por el bien de las familias argentinas”. “Venimos solucionando muchísimos problemas que han tenido su origen en el anterior gobierno”, añadió.
Se completó la Comisión de Finanzas
En la previa del plenario, la Comisión de Finanzas completó la designación de sus autoridades y fueron nombrados Itaí Hagman (Frente de Todos) como vicepresidente segundo; Martín Tetaz como secretario primero (Evolución Radical); Emiliano Estrada (Frente de Todos) como secretario segundo; y Matías Taccetta (Pro) como secretario tercero.
Luego de intensas negociaciones, el oficialismo y la oposición llegaron a un acuerdo y se presentó un nuevo proyecto del acuerdo con el FMI, que pasó a la firma y será llevado al recinto este jueves para su aprobación.
Al cabo de una extensa reunión del plenario de comisiones que comenzó a las 14.13, y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, pasadas las 22 se reanudó la reunión con la certeza de que los planetas se habían alineado finalmente. El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, procedió a leer el nuevo proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fruto de las intensas negociaciones a contrarreloj entre el oficialismo y la oposición que se sucedieron a lo largo de todo este miércoles.
La iniciativa obtuvo dictamen con un amplio consenso y será debatido en el recinto en una sesión especial pedida para este jueves a las 14.
Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presenta tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.
No era exactamente lo que había trascendido una hora antes, cuando comenzó a circular un texto que era supuestamente el acordado. Lo cierto es que este artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”.
“La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial”, señala el artículo 2 y el siguiente es de forma.
De esta manera, se quitó el artículo 2 que hacía ruido en la oposición y que exigían que se quite. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.
Como dijimos, fue el presidente del bloque -integrante además de ambas comisiones- el encargado de leer el nuevo texto, con toda la oposición escuchándolo atentamente y en guardia, temiendo que un cambio imprevisto hiciera volver las cosas a fojas cero. Martínez insistía en que la modificación que leería sería “para mejorar”, y finalmente los diputados opositores aceptaron el cambio de buen talante.
En el arranque de la reunión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez fue el primero en hablar y sostuvo: “Venimos a deliberar, a debatir, a intercambiar ideas. No venimos ni a insultarnos, ni a descalificarnos, ni a hablar mal de otros diputados o diputadas”.
“Tengamos claro que estamos ante un problema que tenemos todos los argentinos y argentinas. Cada uno pondrá su mirada sobre los acentos de en qué lugar se para respecto a este problema, y qué opinión tiene respecto a la solución planteada por el presidente de la Nación, pero también tenemos como país la obligación y responsabilidad de salir de esto y caminar hacia un futuro distinto”, expresó.
Tras hacer una larga exposición inicial, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, remarcó que “nosotros no elegimos este camino, no estamos en un nuevo acuerdo, o en más financiamiento, estamos renegociando el stand by tomado en 2018 y cuyos plazos de pago son visiblemente imposibles de cumplir”.
“Tendremos cuatro años y medio de gracia despejada y, en ese terreno, seguiremos discutiendo la irracionalidad de los sobrecargos que implica la deuda con el FMI”, continuó el oficialista, que agregó que “es el mejor acuerdo de refinanciación que se pudo lograr y que tiene condiciones aceptables, aunque no nos hagan felices”.
Heller advirtió que “el rechazo al acuerdo se llama default y nos llevaría a enormes problemas económicos, sociales e institucionales. Y estoy convencido que todos y todas tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar que esto suceda porque el costo que habría que pagar sería muy gravoso por muchos años”.
A continuación, fue el turno de la fueguina Rosana Bertone, quien calificó de “excelente” la exposición de Heller y manifestó: “Es difícil exponer mejor de lo que usted ha realizado la situación histórica, económica, fiscal, el análisis del acuerdo. Creo que ha sido claro y preciso”.
“Es difícil apelar a los diputados de distintos bloques a conmover sus mentes y corazones, porque venimos todos con una historia y posiciones muy fuertemente tomadas. Quiero apelar a que ‘nadie viene feliz acá’, quiero tratar de que salgamos de este nihilismo de desolación. Me asusta el nihilismo de desolación en el que estamos inmersos en esta sala porque venimos de un mes anterior donde vi a muchos argentinos disfrutar de sus vacaciones, gastar, invertir, venimos de un fin de semana largo de carnavales”, señaló.
La legisladora oficialista apeló a la historia “que en este Parlamento nos tocó vivir en el 2001… hemos tenido que transitar el default de la Argentina. Si venimos de una situación tan gravosa como fue el default del 2001, de haber atacado al pueblo argentino, a los pequeños ahorristas, a las PyMEs, ¿por qué ahora que es nuestra responsabilidad caeríamos en lo mismo?”.
El primer discurso de la oposición vino por parte del macrista Fernando Iglesias, que cuestionó el “discurso impropio” de Heller y lo acusó de basarse “en cuatro mentiras: la de la deuda, la fuga, los vencimientos y el default”. “¡En el año 2015 estábamos en default, nos dejaron en default! Es mentira que ahora hay un default en puerta por culpa de la oposición, que es la herramienta de chantaje que usan”, disparó.
Para el diputado de JxC, “el presidente puede sacar este acuerdo por DNU”. “Si no se animan y vamos a default, háganse cargo, es responsabilidad del oficialismo, es responsabilidad del Gobierno, no es responsabilidad de la oposición”. Y, seguidamente, cometió un furcio: “Gobiernen, consigan los votos de su propio bloque si pueden, y sino sáquenlo por default”. “Por DNU tenés que decir, no por default”, lo corrigió un compañero de banca el bullicio de oficialistas. “Por DNU, perdón”, volvió en sus pasos.
Y agregó luego que “dato mata relato” para subrayar que “de 2011 a 2015 la deuda pasó de 197.154 millones a 240.665 millones”, es decir que “en los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner hubo 43.511 millones más de deuda”. Iglesias recordó también que “en los primeros 20 días de Gobierno”, la gestión de Alberto Fernández, tomó “9.000 millones de deuda”.
Por el lado de la izquierda, la primera en hablar fue Myriam Bregman (FIT/UNIDAD- CABA) que se refirió a la primera parte de la exposición que brindó Heller y manifestó que “con todo lo que dijo ha reforzado los fundamentos de rechazo del Frente de Izquierda Unidad. Su larga exposición sobre licitudes, sobre todo tipo de estafas no hace más que fundamentar por qué nos oponemos”.
“La deuda argentina no es hija del déficit ¿o alguien piensa que los genocidas militares pagaban mucho de salarios y por eso se produjo la deuda? La deuda externa está compuesta de tantos ilícitos que después, con los ritmos de la justicia argentina y después de muchos años, el juez Ballesteros en el 2000 dictó un fallo en el que comprobó que la deuda de la dictadura está compuesta por 477 ilícitos”, señaló.
Además, remarcó que “nunca se procedió a condenar a los que se beneficiaron con la dictadura, entre ellos 23 mil millones de dólares están compuestos por los grupos privados que antes de retirarse la dictadura y a mano de Cavallo que los liberales reivindican, socializa las deudas de los grupos privados y se las carga al conjunto del pueblo, entre ellos el grupo Macri y logra cargarle al Estado sus deudas y así se carga el espiral de endeudamiento de la Argentina. ¿Es hija del déficit o es hija de estafas, fugas y endeudamiento?”.
“El quiebre económico en Argentina se dio antes del default, llega a la terrible situación económica del 2001 pagando, endeudando por la espiral de fuga, rodeada de miles de ilícitos que la justicia se encargó de encubrir con la prescripción”, precisó Bregman y cerró: “Hay una extorsión masiva de que es este acuerdo o el default, este acuerdo o el caos, es este acuerdo o la desocupación, el hambre. Si eso les da confianza de lo que están votando, yo me agarraría los bolsillos, cada uno hace lo que quiere. Tenemos que ver el contexto de ahora. Es una decisión política de pagar una deuda ilegal. La deuda que tomó Macri es ilegal y este Gobierno debería considerarla nula y no cargarla al pueblo trabajador”.
En tanto, Nicolás del Caño (PTS/FIT- Buenos Aires) alertó: “Este chantaje que se está haciendo del Fondo, es falso lo del crecimiento económico esto no es un sendero de crecimiento sino un frenazo. Este chantaje es el mismo que vamos a asistir cada tres meses. Es falso lo que se dice de ‘FMI o caos’ todos le garantizaron el ajuste al gobierno de Macri. El peronismo fue cómplice del ajuste de Macri”, y cerró: “Lo que están votando con este acuerdo es un default y una situación cada vez más catastrófica. Los que ahora no quieren apoyar fueron cómplices de esta situación”. “Esta deuda es ilegal e ilegítima”, subrayó.
A su turno, el oficialista Daniel Arroyo (Buenos Aires) adelantó: “Contribuyo a tener dictamen, llegar al recinto y tener la aprobación”, y explicó: “Hay preocupación social, hay 40% de pobreza, 22% de desocupación, 45% de trabajo informal y claramente un serio problema de inflación y de precio de alimentos”, por lo que subrayó que “hay que apelar a la racionalidad y el ciclo de endeudamiento histórico. A los problemas sociales, al nivel de endeudamiento, hay que sumarle otro punto es que se está lastimando la relación entre la sociedad y la política y tenemos que dar respuestas, avanzar y crear programas económicos sostenibles en una sociedad agotada que tiene dificultades y espera de la política acciones concretas”.
“Estamos frente a un tema central y que definirá qué modelo de desarrollo tendremos en adelante. Es necesario aprobar el acuerdo razonable en el marco de la debilidad. Tengo la peor opinión del Fondo y de cómo se generó el endeudamiento y cómo se generó el ultimo préstamo del 2018, pero es evidente que estamos frente a una necesidad critica”, sostuvo.
En otro tramo de su argumento, Arroyo reconoció: “No podemos pagar 19 mil millones y 20 mil millones de dólares el próximo año, Argentina no está en condiciones, tenemos una evidente debilidad de reservas y no tenemos condiciones para pagar el 21 y 22 de marzo y, por último, no tenemos espalda ni sistema político, económica y sociales para aguantar un default. El país no está en condiciones”, y cerró: “En un contexto de debilidad, es un acuerdo razonable por lo que hay que apoyar el dictamen porque es la ética de la responsabilidad para avanzar en esa línea en la aprobación. Rescato que el acuerdo es sobre metas, pero da más grado de autonomía”. “Es un acuerdo razonable que requiere dictamen y ser aprobado en el recinto”, consideró.
Por el contrario, el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) explicó: “La deuda es la acumulación de los déficits, buscamos darle una explicación al hecho de que el Estado tiene el problema de que año a año gasta más de lo que le ingresa. La deuda no viene de un repollo, aparece de los déficits que el gobierno acumula anualmente”.
“El problema de nuestro país es que no genera confianza en los mercados para poder financiar su propio gobierno. No nos presta nadie porque a través de sucesivas situaciones no se genera confianza”, criticó y agregó: “El ministro de economía se jacta acá de hacer una exitosa restructuración de la deuda, pero si queremos ir a pedir dinero no los presta al 22% anual en dólares, ¿dónde está el éxito?”.
Por consiguiente, manifestó: “Este acuerdo es más que un refinanciamiento y eso lleva a nuestro rechazo al proyecto de ley tal como lo han enviado. Vamos al Fondo porque es el organismo multilateral que más barato nos cobra, pero no podemos ir a mercados privados porque la restructuración de la deuda no fue tan exitosa porque nos dejó con ese 20 % de interés en dólares y por eso no puede acceder y va al Fondo”.
“Es mentira que van a disgusto con el Fondo. Mandaron un proyecto que en su artículo 1 dice ‘apruebe el refinanciamiento’, pero la carta de intención no está entre las 137 páginas, pero en su política de transparencia el Fondo publico la documentación completa. En la carta de intención le piden el préstamo para refinanciar el stand by tomado en 2018, para acumular reservas, pero lo que no dicen el articulo 1 es que también se pide para financiar el déficit fiscal primario del actual Gobierno usando el monto que excede los pagos anteriores”, apuntó Cacace y añadió: “El Gobierno está pidiendo 5 mil millones más de lo que debe, van con gusto al Fondo, van con tanto gusto que le piden más. Le debemos 40 mil millones, pero vamos y le solicitamos 45 mil millones de dólares”.
En relación al memorándum, el diputado de Evolución Radical señaló lo que les preocupa: “Vemos que en el acuerdo no hay metas de inflación, son proyecciones para arriba”, y cerró: “No compartimos la redacción del refinanciamiento, pero es importante evitar el default y por eso hay que hacer el acuerdo con el Fondo”.
Otra voz oficialista fue la de Mónica Litza (Buenos Aires) quien remarcó: “Tenemos que reivindicar la potestad parlamentaria y es importante tener el debate transparente, con la letra chica para conocer los términos del acuerdo”, y acusó a la oposición: “Nos puede gustar o no, no nos gusta ir al Fondo, no hay otra alternativa porque al Fondo no lo trajimos nosotros, lo trajeron ustedes. Tampoco nos gusta la idea de las misiones que van a venir a monitorear, debemos entender que está, es una realidad y es una soga al cuello y nos impide pensar en el crecimiento de la economía”.
“Tenemos que hacer lo posible para llegar a un dictamen y llegar al recinto con un proyecto para tener la certeza de que Argentina va a estar en el camino de honrar la deuda que es tomada por el gobierno anterior, es parte de una continuidad del Estado”, destacó Litza y finalizó: “Argentina necesita sanear sus cuentas y este es el mejor acuerdo al que se pudo llegar y confió en la responsabilidad y madurez de la oposición para llegar al dictamen”.
En el mismo sentido, su par Victoria Tolosa Paz expresó que “hay que mostrarle al pueblo y al mundo cómo vamos a desendeudar al país y para hacerlo tenemos que pautar metas de cumplimiento. Ahora buscamos refinanciar la deuda de Macri y busca un camino para liberar al pueblo argentino que no da más que lo saque del drama que tiene”.
“Este acuerdo busca la sostenibilidad de sacarnos una deuda que el Gobierno de Alberto Fernández no tomó, que sin embargo busca sacarnos de encima semejante tamaño de deuda y al Fondo”, remarcó y sumó: “Este programa de Gobierno es el mínimo común denominador que se encontró con el Fondo, discutiendo cuestiones centrales y tener al FMI es una catástrofe”.
Por otro lado, desde el bloque Pro Laura Rodríguez Machado adelantó la postura del espacio: “Es invotable los anexos que acompañan la solicitud de una nueva adquisición de deuda que esta iniciando el Poder Ejecutivo. Pretenden embretar a la oposición en que si no votamos el plan del Gobierno el país puede ir al default, pero no somos ingenuos de que a partir de esa responsabilidad nos van a querer embretar con un programa de Gobierno que no compartimos, que tampoco lo comparten miembros de su propio espacio”.
Acto seguido, la diputada del Pro enumeró las razones por las cuales no comparten el acuerdo: “Se basa en una mayor presión impositiva sobre los ciudadanos, metas inflacionarias al Gobierno no le importa a la inflación y es para llorar, lograron superar el índice inflacionario de Venezuela; subsidios”, y remarcó: “Ese programa que están emperrados en que votemos intentando compartir culpas, háganse responsable en conseguir votos en su bloque, pídanle a Máximo Kirchner, nosotros no lo compartimos”.
“No coincidimos con el plan, es malo y mediocre y no lo vamos a votar”, calificó Hernán Lombardi (Pro – Buenos Aires) y precisó que “no hay un plan anti inflacionario, de estabilización, se va a seguir devorando las jubilaciones y los salarios”.
Por su parte, Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) retrucó lo que contó Heller al inicio del plenario: “La historia de la deuda argentina es la historia del déficit fiscal y que no empieza con la dictadura militar. Para muchos es conveniente que empiece el 24 de marzo de 1976, pero empieza antes la de los descalabros económicos empieza con el Rodrigazo con el plan en principios de la década del 70”.
“La mejor manera de terminar con el problema de la deuda en la Argentina es terminar con el problema del déficit”, analizó y adelantó: “El programa abunda en políticas económicas del Gobierno que consideramos inapropiadas y no vamos a apoyarlo. Además el propio programa de refinanciación con esas 3 metas de reservas y monetarias no atacan los grandes problemas de la Argentina y tampoco los problemas micro”.
Otra de las oradoras fue Romina Del Plá que ratificó la postura de su bloque de “rechazar lo que es inescindible del ajuste, del cogobierno. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio van a votar un ajuste. Este es un nuevo endeudamiento del peronismo para pagar una deuda macrista”.
“Vamos a rechazar con la movilización popular de más de 200 organizaciones este acuerdo. El Frente de Izquierda denunció esta deuda y desde el cambio de gobierno venimos planteando que hay que desconocerla por ser fraudulenta. Este acuerdo agudiza el ajuste que ya estaba en curso y suma más devaluación para seguir licuando salarios y jubilaciones, tarifazos y reformas jubilatoria y laboral, atacando las cajas previsionales provinciales, es decir los salarios de docentes, investigadores y científicos”, señaló la diputada de izquierda y reiteró: “Hay que ser claros: si se aprueba el acuerdo va a haber un cogobierno con el FMI. Es mentira que es el pago de la deuda o el abismo. Hay que tomar un conjunto de medidas de reorganización integral económica del país porque gobierne quien gobierne son los mismos los que se llevan los recursos del país.”
Invitados de distintos sectores exponen este martes en Diputados. Expectativa por la presentación de los gobernadores.
Tras un extenso cuarto intermedio, se retomó este martes a las 14.29 el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de acuerdo con el FMI. De la segunda jornada participarán sindicalistas, empresarios y gobernadores.
En el comienzo del encuentro, a las 11.40, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), aclaró que “la reunión de hoy tiene una característica absolutamente informativa y no deliberativa, esto es lo que acordamos con el vicepresidente de la comisión (Luciano Laspina). Por consiguiente, nosotros vamos a escuchar las opiniones de los distintos invitados”.
En el primer tramo expusieron representantes de la Corriente Federal de Trabajadores y de la CTA Autónoma, quienes lanzaron fuertes críticas contra el acuerdo.
En la jornada se espera la visita del Grupo de los 6, integrado por la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos.
También participarán del plenario industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y Empresarios Nacionales por el Desarrollo.
Antes de exponer en el plenario, un nutrido grupo de gobernadores se reunirán con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien lidera las negociaciones frenéticas para acercar posturas con la oposición.
Los mandatarios que estarán serán Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Omar Gutiérrez (Neuquén). También, los vicegobernadores Carlos Roger Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz). Habrá que ver si todos hacen uso de la palabra o no en el plenario de comisiones.
Sindicalistas, empresarios y gobernadores manifestarán sus opiniones en la jornada de este martes. No habrá preguntas de los legisladores.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados arrancó este martes a las 11.40 con la segunda jornada de debate del proyecto del acuerdo con el FMI.
En el comienzo del encuentro, por el que pasarán numerosos invitados, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), aclaró que “la reunión de hoy tiene una característica absolutamente informativa y no deliberativa, esto es lo que acordamos con el vicepresidente de la comisión (Luciano Laspina). Por consiguiente, nosotros vamos a escuchar las opiniones de los distintos invitados”.
En la reunión se escuchará a representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores y la CTA Autónoma.
Además estará el Grupo de los 6, integrado por la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, las cámaras de Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos.
También visitarán el plenario industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales por el Desarrollo, y representantes del Conicet.
Para asegurarse el acompañamiento de todos sus miembros al dictamen del proyecto del acuerdo con el FMI, el Frente de Todos reemplazó a cinco diputados.
Con el objetivo de asegurar el acompañamiento de todos sus miembros al dictamen del proyecto del acuerdo con el FMI, el Frente de Todos metió cinco cambios en los integrantes de las comisiones de Prepuesto y Hacienda y de Finanzas.
Atento el oficialismo a todos los detalles, la mira hoy no está puesta solo en la votación trascendental que se dará el viernes en horas de la madrugada, o bien antes del mediodía, sino en lo más inmediato por venir: el dictamen de mayoría que saldrá del plenario de comisiones que discutirá el proyecto. Es que sobre ese tema la oposición se propone impulsar un dictamen propio y al cabo de la reunión de este domingo mostraron sus cartas al advertir sobre la paridad que existe en el plenario de Presupuesto y Finanzas. Así las cosas, señalaron voceros del espacio opositor, que el oficialismo no deberá tener fugas si quiere imponer el texto que envió el ministro Martín Guzmán.
En efecto, el plenario que analizará el proyecto de la deuda cuenta con 39 firmas del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 Pro, 12 UCR, 3 Evolución y 3 CC-ARI); 2 firmas del interbloque Federal y una firma de Provincias Unidas.
Así las cosas, en la previa de la exposición de Guzmán, que dio por abierto el debate, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda ingresó la massista Mónica Litza por el camporista santafesino Marcos Cleri. En tanto, Ramiro Gutiérrez, otro diputado proveniente del Frente Renovador, sector de la coalición oficialista favorable a aprobar el acuerdo, reemplazó al salteño Emiliano Estrada.
Además, la salteña Pamela Calletti entró por el porteño Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, referenciado en el dirigente Juan Grabois, renuente a votar a favor. Y la jujeña Carolina Moisés reemplazó a Sergio Palazzo, el líder de La Bancaria, quien ejercía la vicepresidencia segunda dentro de la comisión.
Un dato más llamativo fue el cambio que hubo en Finanzas, donde el chaqueño Aldo Leiva entró por el “albertista” Leandro Santoro.
Fue a los efectos de que se sume a Presupuesto y Hacienda para el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Poco después de las 13 se dio curso al trámite de constituir la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, para que la misma pudiera acoplarse a la de Presupuesto y Hacienda, constituyendo un plenario para el tratamiento del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En ese sentido y tal cual había trascendido el día anterior, fue designada al frente de la comisión la diputada nacional Alicia Aparicio. Licenciada en Economía y ex secretaria de Salud del municipio de San Fernando, la legisladora oficialista fue propuesta por el diputado Carlos Selva.
Como vicepresidente primero, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti propuso a su correligionario mendocino Lisandro Nieri.
El cargo de secretario quedó pendiente para elegir en el futuro, según solicitó el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, miembro también de esa comisión.
Por otra parte se procedió a cambiar un miembro de la comisión: el chaqueño Aldo Leiva reemplazará a su par porteño Leandro Santoro.
Así quedó compuesta entonces la Comisión de Finanzas:
Por el Frente de Todos están Walberto Allende, Alicia Aparicio, Tanya Bertoldi, Rosana Bertone, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Aldo Leiva, Varinia Marín, Germán Martínez, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Carlos Selva y Victoria Tolosa Paz.
Por Juntos por el Cambio estarán Victoria Borrego, Omar De Marchi, Germana Figuera Casas, Rogelio Frigerio, Alvaro González, Luciano Laspina, Gerardo Milman, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Jorge Rizzotti, Víctor Hugo Romero, Diego Santilli, Matías Taccetta, Martín Tetaz y Pamela Verasay.
Completa la lista de diputados el diputado de Identidad Bonaerense y el interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez.
A partir de las 14 se reúne el plenario de comisiones, que recibirá también al jefe de Gabinete, el titular del BCRA y otros funcionarios del equipo económico.
Una jornada intensa se espera este lunes en la Cámara de Diputados, que se iniciará a partir de las 13 con la reunión constitutiva de la Comisión de Finanzas. En el transcurso de esa breve reunión que tendrá lugar en la Sala ubicada en el segundo piso del Anexo C, elegirán a las autoridades de dicha comisión que encabezará la diputada oficialista Alicia Aparicio.
A partir de las 14 se constituirá el plenario de esa comisión y Presupuesto y Hacienda, para escuchar a lo largo de este lunes y martes a una serie de invitados que expondrán en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El plato fuerte será la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien concurrirá para defender el acuerdo por él suscripto con las autoridades del FMI. Lo hará por segundo día consecutivo, pues este domingo ya estuvo en el Congreso exponiendo ante los diputados del oficialismo que integran las comisiones de Presupuesto y de Finanzas.
En rigor, a ese encuentro también asistieron diputados que no forman parte de esas comisiones, interesados en escuchar al ministro y formular también sus preguntas.
Mientras eso sucedía este domingo, casi a la misma hora se reunía de manera virtual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con el fin de acercar posiciones en torno a la postura que llevarán al recinto respecto del acuerdo con el FMI.
Así fue que allí se ratificó la postura de evitar que el país avance hacia un default, pero también se plantearon críticas en torno al proyecto que deberán tratar en la Cámara de Diputados esta semana, pues el mismo tiene dos artículos que merecen sus observaciones. No hay problemas con el que avala el refinanciamiento de la deuda con el Fondo, pero sí con el artículo siguiente referido al programa económico del Gobierno. Obviamente están dispuestos a avalar el primero de esos artículos mas no el segundo.
Así se lo harán saber al ministro de Economía durante la reunión de este lunes. Del encuentro participarán también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
La idea del plenario es que luego de la visita de invitados, el miércoles que viene se puedan poner a discutir en torno al proyecto entre los diputados que integran ambas comisiones, con la intención de emitir dictamen. Más que probable que la oposición presente su propio dictamen. La sesión propiamente dicha arrancará el jueves en horario todavía a determinar.
Fueron convocados para las 18, a los efectos de analizar temario de preguntas y estrategia para el plenario previsto para este lunes.
Conforme había trascendido el viernes pasado, los diputados nacionales del oficialismo se reunirán este domingo a partir de las 18. Al menos los que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara baja, convocados por Carlos Heller, quien presidirá el plenario de las comisiones a lo largo de esta semana.
La idea de la convocatoria es definir el cuestionario y la estrategia de cara a la presentación que realizará este lunes el ministro Martín Guzmán.
La idea es coordinar el trabajo de antemano, de manera tal de agilizar la actividad prevista para este lunes. Recordemos que para una hora antes de las 14 ha sido convocada la Comisión de Finanzas para su reunión constitutiva, de manera tal de que después pueda funcionar de manera conjunta con Presupuesto y Hacienda.
Cabe recordar que la consigna remitida a todos los diputados oficialistas el viernes pasado es que estén en Buenos Aires este mismo domingo para ir preparándose para la sesión prevista para la presente semana.
A continuación, detallamos quiénes son los integrantes del oficialismo que tienen ambas comisiones:
Frente de Todos (24):
Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Daniel Brue, Guillermo Carnaghi, Marcelo Casaretto, Sergio Casas, Marcos Cleri, Emiliano Estrada, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, José Luis Gioja, Itai Hagman, Carlos Heller, Susana Landriscini, Mario Leito, Germán Martínez, Roberto Mirabella, Blanca Osuna, Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Carlos Ybrhain Ponce y Jorge Antonio Romero.
Finanzas
Frente de Todos (15):
Walberto Allende, Alicia Aparicio, Tanya Bertoldi, Rosana Bertone, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Varinia Marín, Germán Martínez, Gabriela Pedrali, Julio Pereyra, Leandro Santoro, Carlos Selva y Victoria Tolosa Paz.
