Una vez más JxC acusó al oficialismo de dejar sin quórum una comisión que iba a constituirse en el Senado este jueves. Se trata de la Comisión de Industria y Comercio que debía ratificar a sus autoridades, siendo designado al frente de la misma el senador sanjuanino Roberto Basualdo, pero el encuentro se cayó.

“No teníamos ningún senador oficialista”, afirmaron fuentes cercanas a parlamentario.com. Esta es la tercera comisión en la semana que el Frente de Todos deja sin quórum para su conformación y, casualmente, las tres son presididas por senadores de la oposición.

El martes estaban en agenda dos reuniones de comisiones para la elección de sus autoridades y plan de trabajo. En primer lugar, figuraba la Comisión de Economía Nacional e Inversión en la que iba a ser ratificado como presidente de la misma el radical Pablo Blanco. La otra Comisión que estaba prevista para su constitución era la de Asuntos Administrativos y municipales, a cargo de la tucumana Beatriz Ávila. Ambas también se cayeron porque el oficialismo no dio quórum.

A pocos días de entrar en el receso invernal y con una actividad legislativa magra, la Cámara de Senadores intentará este jueves constituir dos comisiones más que ratificarán a sus autoridades al frente de las mismas y establecerán días y horarios de trabajo para lo que resta del año.

Una de ellas es la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales que se reunirá en el Salón Arturo Illia a las 11.30 para ratificar como su presidenta a la tucumana Beatriz Ávila. La última vez que la comisión se reunió fue en octubre del año pasado.

A las 12 está prevista la conformación de la Comisión de Industria y Comercio que seguirá a cargo del sanjuanino Roberto Basualdo. El último encuentro que tuvieron fue en diciembre de 2022.

Este martes estaba en agenda -por segunda vez- que la Comisión de Asuntos Constitucionales se constituyera, pero por falta de quórum la reunión se cayó y sigue sin elegir autoridades.

A casi un mes de la última reunión de una comisión, en la Cámara alta la actividad legislativa está prácticamente paralizada de tal manera que a mitad de año se van a constituir dos comisiones para trabajar lo que resta en los siguientes meses.

Según la agenda del Senado, para este miércoles a las 12 esta pautada una reunión de la Comisión de Industria y Comercio, a cargo del sanjuanino Roberto Basualdo, a fin de ratificar o designar nuevas autoridades, determinar los días y horarios de reuniones y propone un plan de trabajo. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón.

Por la tarde, y en el mismo sentido, se llevará a cabo a las 17 en el Salón Arturo Illia la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por la rionegrina oficialista Silvina García Larraburu.

La Comisión de Industria y Comercio del Senado del Senado, presidida por el sanjuanino Roberto Basualdo, mantuvo una reunión informativa para abordar la situación del sector en el país. 

De la misma, participó el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Víctor Fera, junto a otros integrantes de la cámara. 

Al comienzo de la reunión, Basualdo señaló la importancia de “escuchar al sector: esta comisión está saliendo a visitar a diferentes fábricas, a diferentes entidades, a diferentes ONG”, e informó sobre la entrega un reconocimiento, un Diploma de Honor a Víctor Fera. 

A su turno, el presidente de la CADAM expresó que “el sector nuestro está pasando por una situación muy delicada”, y que “las grandes corporaciones nos discriminan. Seguramente nuestro sector se va a transformar en supermercadista porque tiene capacidad, pero ciento cincuenta mil PyMEs que son minoristas se van a transformar en pobres e indigentes”, añadió al tiempo que sostuvo que “este es el resultado que vamos a tener en esta política si continúa así, y no le echo la culpa a este gobierno ni al que pasó, a todos los que vinieron de hace 20 años vienen trabajando en esto”. 

Asimismo, afirmó: “Yo creo que todos los ciudadanos debemos tener igualdad: podríamos, deberíamos comprar al mismo precio, pero acá no pasa eso, los pobres compran más caro”, para luego referirse al pago de Ingresos Brutos y solicitar que ‘equilibren’. “El país está en una crisis importante, nuestro sector está en una crisis muy importante porque no tenemos como corresponde un Ingreso Bruto como corresponde para el canal, como corresponde para el minorista, para que seamos todos igualitarios”, prosiguió. También dijo que “los precios cuidados van a las grandes superficies”. 

“Nosotros los mayoristas exigimos que haya una legislación que nos dé una diferenciación por canal como corresponde y que haya un solo ingreso bruto entre el mayorista y el minorista”, concluyó, luego de lo cual agregó que “si no ponemos en funcionamiento la ley de góndolas nunca van a bajar los precios porque sigue el monopolio: monopolio y cartelización igual a corrupción”. 

La Comisión de Industria y Comercio, que preside por Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio) se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Ricardo Guerra, este miércoles, en el Salón Arturo Illia, a efectos de tratar el proyecto de ley sobre el régimen de promoción de la maquinaria agrícola industrial argentina.

Estuvieron presentes en la reunión Eduardo Borri, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA), y Leandro Brito Peret, de la Asociación de Fábricas y distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos agrícolas, viales, mineros, industriales y motores (AFAT).

Los proyectos que hay al respecto son los de Dionisio Scarpin (UCR – Santa Fe); y de los exsenadores Roberto Mirabella (actualmente diputado nacional) y María de los Ángeles Sacnun, ambos del Frente de Todos.

Dionisio Scarpín aclaró que su proyecto fue presentado en conjunto con el senador Alfredo De Angeli (Pro – Entre Ríos), y enfatizó: “La maquinaria agrícola es sinónimo de empleo y desarrollo”.

En ese sentido, Scarpín destacó que “es parte de la cadena de valor que tiene el agro y el campo. Este proyecto, bien elaborado, hace al desarrollo de varias empresas nacionales e internacionales”.

El santafesino expuso: “En el interior hay fábricas de maquinarias agrícolas, por ejemplo, en San Vicente, una localidad pequeña, pero con valor fundamental, los fabricantes han hecho mucho esfuerzo para ir evolucionando y poder competir en el campo nacional e internacional”.

Además agregó que “este proyecto busca fortalecer a la cadena de fabricantes de maquinaria agrícola y declararla de ‘interés nacional’ e ‘industria estratégica’, remarcó Scarpín.

El senador explicó que “dentro de la iniciativa, diferenciamos tres categorías: maquinaria de arrastre, autopropulsada y de alta tecnología. Las últimas dos son importados y buscamos que si en un  60 por ciento de sus partes están compuestas por piezas nacionales, se la considere industria nacional”.

Para finalizar su idea, Sacrpín habló respecto de los beneficios económicos y argumentó: “El beneficio será para que los bancos nacionales puedan dar financiación a los que van a comprar maquinaria nacional y establecer reducción en estabilidad fiscal, contribuciones patronales, reducción al impuesto a las ganancias, derechos de exportación y generar empleo y dinamismo económico que le da vida a los pueblos”.

El senador nacional Julio Martínez (UCR – La Rioja) fue el primero en hacer preguntas acerca del alcance de sectores agrícolas que entrarían dentro del proyecto de ley. Scarpín le respondió que “en el reglamento de la ley, las tres grandes categorías y sus respectivas reglamentaciones deberán ser puntillosas, con la complejidad necesaria de precisarlo”.

Brevemente, el senador nacional Alfredo De Angeli afirmó que “el proyecto beneficiará a las economías regionales en desarrollo”, y Scarpín precisó: “El desarrollo con la maquinaria es extraordinario”.

Luego, el senador nacional Eduardo Vischi (JxC – Corrientes) aportó sobre la clarificación de categorización de las actividades, por lo que manifestó que “son de producción agraria”.

Cuando fue el turno del primer invitado, Eduardo Borri, presidente de CAFMA, explicó: “Se fabrica principalmente en estas tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), donde generamos 40.000 puestos de trabajo y hemos ganado 20 por ciento por año en los últimos dos años”.

“Buscamos competir todos con las mismas reglas de juego, estamos acostumbrados a construir con situaciones adversas. Fabricamos en el país y marcamos como asimetría el financiamiento, a pesar de la conflictividad laboral, costos y acceso al crédito”, desarrolló Borri.

Sin embargo, el presidente de CAFMA sostuvo que “Argentina tiene ventajas en la cadena agro y bio industrial porque hay 25 fábricas nacionales de cosechadoras”.

Borri concluyó su exposición subrayando que “en 2017 fue el mayor año de ventas en dólares de maquinaria agrícola y el 60 por ciento era de origen importado, pero en 2021 estuvo a punto de igualar a 2017, y ese 60 por ciento era de origen nacional. El 90 por ciento de los empleos los produce el 60 por ciento de la maquinaria, con una ley podríamos agregar a lo nacional ese 40 por ciento restante”.

Luego de Borri, Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, aportó que “hay 600.000 metros de planta fabril con 9.000 puestos de trabajo de su sector que apoyan este proyecto”.

“Entendemos que tener una ley que apoye el desarrollo beneficia a todos los que acompañamos el concepto de lograr cada vez más maquinaria agrícola como industria nacional”, consideró el representante de AFAT.

Además expresó: “Nos gustaría profundizar sobre detalles de maquinaria y desarrollo tecnológico de cada sector porque estamos a favor de que la integración debe incentivar las inversiones y la generación de empleo”.

Cuando ambos invitados expusieron sus apoyos a la iniciativa, la senadora nacional Silvia Sapag (FdT – Neuquén) cuestionó: “Quisiera saber por qué se deberían otorgar beneficios a un negocio tan próspero y cuál sería el motivo por el que el país debería dejar de recaudar”. Brito Peret le respondió: “La necesidad de incorporar tecnología es para aumentar la productividad del país, renovar el parque automotor que necesita incentivar maquinaria agrícola. Actualmente es un mercado con escala muy pequeña, pero con inversión podemos crecer cinco veces más que Brasil para generar un crecimiento de exportaciones y del país”.

El senador Vischi planteó que “está claro que se puede resignar impuestos, con el tiempo se verá si la ley sirvió o no para generas puestos de trabajo”. Por otro lado, el correntino pidió que “se realicen informes de la industria para darle seriedad y base estratégica para que sea política de estado”.

En contraposición con lo expresado, la senadora Lucía Corpacci (FdT – Catamarca) preguntó: “¿Hay un estudio claro y concreto de cuanto le costaría al Estado este costo fiscal de resignar un dinero que iría a la industria?”.

Después, Carmen Álvarez Rivero (JxC – Córdoba) sostuvo que “los sectores de industria nacional deben ser apoyados y que se necesita invertir en la Argentina”.

Y por último, María Teresa González (FdT – Formosa) consultó si “debería incluirse en la ley a las economías regionales de pequeñas y medianas empresas porque movilizan área de influencia”.

Borri contestó las inquietudes de Corpacci y González: “Creemos que hay empresas que dejan de ser pyme y hay que continuar alentándolas. Debemos pensar un proceso de llevar fabricas a donde haya gente. En este proyecto se trata de encontrar la manera de agregar valor, la gente que actualmente no tiene trabajo debe acercarse porque seguimos demandando mano de obra”.

Para finalizar, tomó la palabra el senador Scarpín quien concluyó: “Es importante mejorar la definición y la rápida reacción a los incentivos y oportunidad al crecimiento. Estamos ante un proyecto que beneficia 1200 pymes de marca argentina”, cerró el legislador.

En el marco de un encuentro organizado por la Comisión de Industria y Comercio del Senado, presidida por el senador sanjuanino Roberto Basualdo, representantes de la industria automotriz concurrieron a exponer sobre la situación del sector y ponderaron la media sanción de la ley que busca otorgarles una serie de beneficios impositivos, aprobada esta semana en la Cámara baja.

En ese sentido, Basualdo opinó que el proyecto “es muy bueno para la producción, para tener trabajo y fundamental en este momento”. Y dijo que la reunión contribuiría a que “ya todos tengamos conocimiento y se pueda sacar lo más rápido posible”, aunque todavía no se inició su trámite formal.

Al exponer ante un grupo de senadores, Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), resaltó la importancia de esta industria por “el efecto derrame en el empleo”. “Argentina está dentro de un grupo de 25, 30 países que tienen producción automotriz de más de 500 mil unidades. Estamos en el puesto número 28”, indicó y agregó que “ocupamos el lugar número 6 en producción global de pick-ups”.

También precisó que “el 60% de todo lo que producimos en nuestras fábricas se exporta” y “los productos argentinos llegan a 29 mercados”. “Tenemos 13 terminales, más de 600 productores de autopartes, más de 800 concesionarios”, enumeró y detalló que el sector tiene 165 mil empleos directos y, si se cuentan los puestos indirectos, “llega a 500 mil”.

Además, Galdeano sostuvo que “es un sector muy importante en términos de divisas por sustitución de importaciones”. Y añadió que el año pasado la actividad de la industria “creció algo menos de 70%” y “las exportaciones crecieron 88%”.

Por otra parte, el presidente de ADEFA expresó que “Brasil es el principal mercado de intercambio con Argentina, aproximadamente un 70% de la producción nacional va a Brasil”, por eso “es importante que tengamos integración con Brasil a la hora de pensar lo que sea, como normas técnicas u homologaciones”.

Ante la consulta del senador chaqueño Víctor Zimmermann sobre si considera que haya que “corregir o agregar” algo a la media sanción, Galdeano contestó que el proyecto aprobado el martes pasado “tiene algunos aspectos fundamentales que son básicamente esta competitividad de un marco impositivo que nos permita exportar”.

Sobre uno de los puntos, que es el 0% de los derechos de exportación hasta 2031, el expositor explicó que “hoy nosotros tenemos retenciones a las exportaciones” mientras que “las plantas que compiten con nuestras plantas en Argentina no tienen retenciones, entonces ese es un factor clave a la hora de buscar competitividad en el exterior”.

“No son incentivos, es hacer que los impuestos sean competitivos a la hora de exportar”, dijo sobre los aspectos de la iniciativa.

En otro tramo, sostuvo que México y Brasil son nuestros principales competidores, ya que “tienen mejor escala, una base de proveedores más desarrollada y estructuras impositivas que cargan diferente a la hora de vender autos”. “Argentina carga a la producción de automóviles entre un 11% y 12% de impuestos”, mientras que “Brasil en un 7% y México no tiene”.

A la reunión también asistieron representantes de Mercedes Benz, Volkswagen, General Motors, Renault, IVECO, Toyota, Citröen y Peugeot, entre otros.

La Comisión de Industria y Comercio del Senado, que preside el senador sanjuanino Roberto Basualdo, recibió este miércoles a representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para exponer sobre la necesidad de una normativa específica que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el fin de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector.

Ricardo Salomé, presidente de Acara, expuso en el inicio de la sesión sobre los detalles del proyecto de ley de concesión automotriz “que para nosotros es sustancial por lo que significa para nuestro sector y la economía del país”.

Al respecto detalló que la cadena de valor automotriz, de la cual los concesionarios de Acara son parte, constituye el equivalente del 2,5% del PBI. Esto es, el décimo lugar entre las 63 cadenas identificadas en todo el país. Señaló que “su importancia en la vida cotidiana se manifiesta en las actividades que surgen alrededor de un parque automotor de 15.608.000 vehículos, con un promedio de antigüedad de 14,8 años. Nuestro rol resulta insustituible entre productores y consumidores”.

Salomé remarcó que la de un vehículo es “la segunda compra de un bien para los argentinos en importancia; exige un fuerte vínculo de confianza”, y habló entonces de “garantizar los equilibrios y la justa distribución de las responsabilidades, lo cual es el propósito de la ley de concesión que presentamos hoy”. La idea es, expuso, “darle un marco jurídico y actualizado a las partes que adapte en nuestro país los procesos vigentes en los mercados más exigentes y competitivos, como son la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil”, país este último donde rige la ley conocida como “Renato Ferrari”.

Así las cosas, el titular de Acara destacó que se busca dictar una ley para garantizar el equilibrio entre el concesionario y su fábrica automotriz, la cual tendrá impacto en el empleo y la producción.

“No solo somos autos -aclaró Salomé-. Conformamos 2.485 concesionarios a lo largo y ancho del país; 778 concesionarios de autos; 1.321 concesionarios de motos; 250 de maquinaria agrícola y 129 de camiones y acoplados. Todas PyMEs de capitales nacionales, que brindan empleo a 75 mil personas de modo directo y 275.000 de modo indirecto”.

A continuación contó que habían elaborado un estudio que ponían a consideración de los senadores, en cuya primera parte se muestra el proyecto de ley, con sus antecedentes correspondientes a 2015 y 2016. En la segunda parte figura lo que se presentó cuando se modificó el Código Civil y Comercial con contratos de concesión, el debate parlamentario en el Código Civil el anteproyecto de ley de comercialización de 1984 y el proyecto de ley de comercialización de automotores nuevos del año 75 que fue tomado por Brasil, donde se convirtió en ley. Precisamente el senador que se ocupó de motorizarlo allí se llama Renato Ferrari y de ahí que la norma lleve su nombre.

En su exposición, el empresario hizo especial hincapié en referenciar las leyes vigentes en Estados Unidos, España y México. “No pretendemos tener un régimen especial que no esté en otras partes del mundo. Queremos en Argentina poder tener el mismo tratamiento que tienen las terminales automotrices con sus concesionarios en sus  países de origen. Pretendemos un trato equilibrado que haga las relaciones jurídicas estables entre las partes”, precisó.

Asimismo expresó el deseo de “poder llegar mejor a los consumidores” y al destacar el rol muy especial que su sector tiene en esta materia resaltó la asistencia que le dan a los autos en la post venta.

Es por eso que “necesitamos una ley especial para nuestro sector”, enfatizó, destacando al leer los fundamentos del proyecto la pretensión de “cubrir la inseguridad jurídica” para terminar con una “continua situación de incertidumbre, mitigada en parte con el nuevo Código Civil de 2015”.

El proyecto, dijo, “se enmarca en el objetivo de fortalecer la relación de forma equitativa, fijando parámetros claros en el contenido de los contratos, propendiendo no solo a una mayor simetría en la relación, sino también mejorando la relación de la concesionaria con el consumidor final”.

Para el titular de Acara, “para proteger la industria hay que proteger la cadena que va de la producción a la comercialización”, y así dotar a las concesionarias “de capacidades de hecho y de derecho”.

Una y otra vez repitió que “no queremos tener ningún trato preferencial como sector diferente al que tienen todos los países productores con sus concesionarios. Darle seguridad jurídica a los concesionarios es dársela al consumidor final, que es el que trata directamente con el concesionario, es amigo del concesionario, le compra por la confianza, por sus servicio de posventa y el consumidor final deja en manos del concesionario el segundo bien más preciado de su vida”.

A la hora de las preguntas, tomó la palabra el senador radical correntino Eduardo Vischi, quien observó que un artículo del proyecto deja sin efecto la Ley de Defensa del Consumidor, como así también planteó una observación respecto del artículo que habla de la obligatoriedad de que solo se venda dentro de la concesionaria.

El titular de Acara aclaró que no querían estar fuera de la Ley de Defensa del Consumidor y atribuyó que así pudiera interpretarse a “un yerro importante en el tipeo”, que sería corregido al día siguiente con un texto convenientemente corregido.

Asimismo señaló que “todas las ventas deben ser realizadas dentro del concesionario. Invertimos a lo largo y ancho del país, tenemos estructuras muy importantes y necesitamos que esa estructura esté al servicio de los consumidores finales de las empresas de todo el país. La gran mayoría de las ventas se producen dentro de concesionarios; no vemos por qué las fábricas tienen que ver en forma directa. Para eso nombraron una red de concesionarios. Las terminales tienen que producir y las concesionarias vender. Para eso estamos, para comercializar los productos que realizan las marcas”.

Durante la segunda parte de la comisión se dio tratamiento al proyecto de ley presentado por la senadora Lucila Crexell, que sustituye el Art. 51 de su similar 25.065 –Tarjetas de Crédito, respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana, que obtuvo dictamen favorable.

A continuación, la senadora cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Juntos por el Cambio) advirtió que el proyecto le hacía “ruido”. Y respecto de los errores referidos por el empresario, señaló: “¡Qué error!”. La cordobesa tuvo observaciones respecto de que pudieran levantarse garantías constituidas; también el tema de que las terminales y concedentes tengan que indemnizar por pérdidas; la indemnización de los planes de ahorro y que todo eso tenga que pagarse en 60 días. Y alertó: “El mejor negocio para una concesionaria va a ser cobrar las indemnizaciones”.

Asimismo disparó: “No creo que sean la voz de todos los concesionarios”, e hizo especial hincapié en el tema de los planes de ahorro. “Ahí sí hay miles y miles de juicios o demandas, porque hay muchísimos consumidores que no están siendo por lo menos informados correctamente y se meten en planes que no pueden pagar y resultan una forma de sacarles ahorros y nunca jamás llegan al auto que quieren comprar”.

Salomé aclaró que “a los amigos de las terminales no los vamos a perder; lo único que solicitamos es tener el mismo tratamiento igualitario que tienen las fábricas en sus casas matrices con los concesionarios”. E insistió en que no estaba en discusión la Ley de Defensa del Consumidor.

Admitió que hay “serios problemas este año con la entrega de vehículos de planes de ahorro, porque no están los dólares para importar los autos. Todos entendieron que la demora se da por temas que no son inherentes al concesionario y fabricante. En Córdoba hay concesionarios excelentes Nosotros representamos la voz de la gran mayoría de los concesionarios del país”.

Salomé aclaró que “algunos de los puntos que tocó ya están en el Código Civil, como el de la recompra de bienes de uso. Una fábrica puede cancelar al concesionario que quiera con causa, es normal. Pero para esos temas de rescisiones se conformen acciones reguladas y adecuadas como en todos los países del mundo. El preaviso de un mes por año también está en el Código Civil”.

Sobre el final, el titular del interbloque oficialista, José Mayans, intervino señalando que “siempre decimos cuál es la economía que funciona. Precios justos, salarios justos. La preocupación que usted expresa es también la nuestra. Necesitamos que exista respeto hacia los consumidores”.

“Hay sectores que se han caracterizado por el abuso, la Argentina vive un momento especial. Tenemos un endeudamiento público que ha sido fuertísimo. Tenemos inconvenientes con la utilización de los dólares”, comentó el formoseño, recordando que “en su momento lo que reclamaba la industria era elevar la producción del proyecto terminado en la Argentina. Porque en esa discusión se decía cuál era el porcentaje: 30% local y 70% importado”.

En ese sentido cuestionó Mayans: “No deberían poner Industria Argentina, sino 70% importado”. Aclaró que en eso ellos no tenían nada que ver. “En el caso de ustedes, que hacen la comercialización, lo que reclama el pueblo argentino es precios justos y un esquema que no sea abusivo. El compromiso que podemos asumir es estudiar el tema, lo vamos a trabajar llamaremos, consultaremos. Y después haremos una contrapropuesta. Es el compromiso que asumimos”.

Salomé concluyó recordando la posibilidad de que en el marco del debate puedan venir a la Argentina legisladores de Estados Unidos, México, Brasil y España a contar cómo es la legislación en sus países.

Participaron también de la jornada los directores de Acara, Horacio Jack, Rubén Beato, Juan Villar, Paz Mariel y Daniel Forcinitti; los asesores Daiana Kaplan, Estela Ricardo, Miguel Schiapaccasse, y el gerente General de la misma entidad, Marcelo Slimmens.

La Comisión de Industria y Comercio del Senado realizará este miércoles, a las 9.30, una reunión en el Salón Eva Perón, con un temario que tiene como principal punto un proyecto sobre atención a los clientes de tarjetas de crédito.

La iniciativa, de la neuquina Lucila Crexell, busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

De esta manera, se propone que “a los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante”.

Asimismo, el texto establece que “el sistema deberá permitir receptar la denuncia o urgencia, mediante la mención del DNI junto con otros datos que permitan la validación que la identidad del denunciante corresponde al legítimo usuario de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir el número de la tarjeta objeto de la denuncia”. “La atención telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable”, agrega.

Visita de la Comisión Directiva de la Asociación de Concesionarios

Por otro lado, la comisión presidida por el sanjuanino Roberto Basualdo (PyT-JxC) recibirá a representantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La delegación estará encabezada por el presidente de la entidad, Ricardo Salome, quien expondrá junto al equipo de contadores sobre “la necesidad de una normativa específica para el sector que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el objetivo de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector”.

El problema que plantean los dirigentes de Acara está vinculado con los contratos de franquicias. Destacan que los fabricantes de automóviles, cuando el franquiciado sufre una merma en las ventas o no alcanza un objetivo, interrumpen el contrato. Entonces, una agencia que estuvo invirtiendo durante años y generando una estructura, se queda sin la posibilidad de ser franquiciado, porque le realizan cancelaciones e interrupciones sin considerar el trabajo, la inversión y el esfuerzo aplicado.

El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, que busca implementar el etiquetado y rotulado frontal de alimentos para combatir la malnutrición, recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado la semana próxima en sesión virtual.

La iniciativa fue despachada en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio, encabezada por Mario Fiad (UCR), donde se unificaron nada menos que 15 proyectos referidos a la temática.

Se consensuaron así propuestas de los senadores Silvina García Larraburu, Lucila Crexell, Juan Carlos Marino, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Gladys González, Anabel Fernández Sagasti, Julio Cobos, Silvia Sapag, Matías Rodríguez, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Antonio Rodas y Oscar Castillo.

La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, destacó el trabajo mancomunado entre los senadores y con el Poder Ejecutivo, y aclaró que “este proyecto no es contra nadie, sino a favor de los ciudadanos, y es una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que ofrece”.

La oficialista sostuvo que “en los países donde se han aplicado etiquetados, la industria ha podido reconvertirse, ofrecer alimentos más saludables, y también se ha utilizado para el marketing”.

El radical Julio Cobos también resaltó que “este es un claro ejemplo de cómo compatibilizar conflictos de intereses y escuchar a todas las voces. Cuando hay un objetivo claro y una vocación, nos despojamos de algunas pretensiones para arribar a una solución”.

El legislador enfatizó que “la industria debe colaborar en mejorar la calidad de nuestros alimentos” y advirtió que “el 70% de la población argentina tiene problemas de sobrepeso, de los cuales el 38% sufren obesidad”.

También aportó cifras Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), quien precisó que “según un informe de UNICEF, nuestro país ocupa el segundo lugar en la región con niños menores de cinco años que poseen sobrepeso u obesidad, y uno de cada tres niños en edad escolar posee estas enfermedades”.

Silvia Giacoppo (UCR) sostuvo que “no se ataca a ninguna producción sino al contenido excesivo en un producto”, ya que “como ciudadanos tenemos derecho a saber qué comemos, qué llevamos a la boca”.

Desde el Pro, Gladys González coincidió en que se trata de “un desafío de reconversión (de la industria), no de destrucción”, y afirmó que “el día que logremos que nuestros hijos lleven a la escuela una manzana en lugar de un paquete de galletitas llenas de azúcar habremos dado un gran paso en esta batalla de cambiar la forma en que alimentamos a nuestros hijos y a nosotros mismos”.

Tucumanas en contra

Las dos senadoras por Tucumán, Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin -el restante es José Alperovich, de licencia- fueron las únicas que se expresaron en contra de la ley, con argumentos en defensa de la industria azucarera.

“El azúcar es un producto natural y como tal es bueno para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza, es triste cuando se quiere desincentivar su consumo y darle lugar a otros productos. No puedo decir que estoy contenta con esta ley”, confesó Elías de Pérez (UCR).

En tanto, Mirkin lamentó que la provincia “no haya sido consultada” y advirtió que “la situación de Tucumán va a ser muy difícil con esta ley”.

“Vamos a votar negativamente este proyecto porque no le da margen a la provincia. No ven la situación provincial. La industria azucarera se ha reconvertido enormemente. Comparto el sentido de que se coma bien, pero se van a cerrar industrias”, manifestó la oficialista.

Asimismo, ironizó: “En el etiquetado que está planteado en el proyecto falta una calavera, como si el azúcar matara. Y el azúcar consumido en condiciones normales no produce ‘sobrealimentación’, al contrario”.

Cobos salió al cruce de las tucumanas y aclaró que “la ley no prohíbe el consumo de azúcar. No estamos aprobando ningún desincentivo, no hay una propaganda donde se demoniza, ni una calavera. No es como la propaganda del cigarrillo. Simplemente es información de advertencia”.

En el mismo sentido, Fernández Sagasti subrayó que “esto no es ‘salud versus trabajo’” y pidió “no entrar en una confrontación entre provincias”. “Yo nunca pediría que el vino se pueda vender a menores de 18 años y vengo de una provincia vitivinícola”, comparó.

Qué dice el dictamen

El proyecto dictaminado apunta a “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas”.

También se busca “advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz”.

El tercer y último objetivo es “promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Se establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el país “en cuyo proceso de elaboración, o en el de alguno de sus ingredientes, se haya agregado sodio, azúcares o grasas, y en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos” en esta ley, “deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia” que “deberá indicar el exceso de los nutrientes críticos”.

Los valores máximos tomados en la ley son los estipulados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el dictamen se aclaró que los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevar el etiquetado de advertencia. El azúcar, los aceites vegetales y los frutos secos quedarán exceptuados de la obligación del rotulado.

Se otorgarán dos años para que las industrian bajen el nivel de exceso de estos nutrientes, “un plazo suficientemente amplio para que la industria se adecue”, consideró la senadora Silvia Sapag, encargada de exponer el dictamen.

Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Ejecutivo, y en el caso de las pymes, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.

Asimismo, se sugiere al Estado que priorice compras de alimentos que no lleven sellos de advertencia.