La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), recibió a referentes de cámaras empresariales y PyMES del sector pesquero y naval quienes expusieron sobre la situación de crisis que atraviesan, por lo que pidieron un “diálogo sincero” entre las partes para arribar a un acuerdo.

El primer expositor, Eduardo Boiero de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA) sostuvo que la situación de la industria “es igual a la que atraviesa el resto de las industrias del país”. “El Gobierno nacional está tratando de controlar la inflación, tipo de cambio, pero para la industria pesquera esta foto es complicada y nos vemos en la situación de reordenar la micro nosotros, con nuestros proveedores y trabajadores. Eso venimos intentando desde hace un tiempo, poner sobre la mesa los números de las pesquerías. No solo pesquería de langostinos está con problemas, sino varias otras y tiene que ver con el reordenamiento de la micro”, manifestó.

“Esto trae situaciones incómodas y de conflicto, pero no vemos otra salida, no tenemos una solución mágica para los problemas y, simplemente, sentarnos en una mesa todos y reorganizar lo que no funciona. Es lo que estamos haciendo de manera informal. No hemos hecho una presentación formal de procedimientos preventivos de crisis. Hemos presentado los números de manera informal a algunos gremios en marzo y, ahora, llevamos los números al Ministerio de Trabajo expusimos los números y la situación y cuál es la salida, pero estamos a la espera de un diálogo constructivo con los sectores de la pesquería”, planteó.

Por su parte, Agustín de la Fuente, de (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CONARPESA y CAPIP) expresó: “No son situaciones para nada cómodas. Generamos para el país más de 2 mil millones de dólares, tenemos un impacto de más de 60 mil puestos de trabajo y de forma indirecta son mucho más y siempre tratamos de encontrar el estándar para ser declarados de economía regional, pero el derrotero de situaciones diarias que vivimos en cada localidad con puerto, tiene más significancia las economías regionales y podemos hablar de un montón de cuestiones que tiene que ver con el sector pesquero nuestro”.

“Nosotros no somos formadores de precios internacionales, nuestra materia es meramente exportadora, culturalmente nuestro consumo interno es mínimo. La solución no viene por el mercado interno, porque culturalmente somos generadores de divisas y tenemos una matriz meramente exportadora”, señaló.

De La Fuente sostuvo: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las matrices exportadores como el tipo de cambio. ¿Cómo hacemos competitivos los puertos? ¿Cómo son las tasas en cada municipio? pero la cadena productiva la componemos entre todos trabajadores, empresas, capital instalado. Hoy vamos en una situación que, si no nos ordenamos internamente, vamos a padecer un montón de situaciones que están hoy con otras matrices productivas”.

“Cabe aclarar que nosotros todavía tenemos toda nuestra capacidad instalada trabajando sin haber despedido un solo trabajador. Pero me parece que da pie para que discutamos cuestiones de adecuación, a que las condiciones no las ponemos nosotros. En un montón de cuestiones estamos operativamente fuera de la foto de costos y necesitamos actualizar condiciones que están antiguas a jornadas”, exigió.

Así, afirmó: “Sabemos que esta es una reunión informativa, no venimos a pedir nada porque también surge de la situación de que un montón de discusiones tributarias, cuestiones de derechos de exportación que paga el sector pesquero creo que con la Ley Bases ya dimos la discusión”.

“Pero hoy me parece que necesitamos ordenar esos convenios colectivos o esos acuerdos que hemos tenido hace muchos años para poder seguir trabajando. Obviamente de nuestra parte, de todas las cámaras hacemos hincapié en que el único camino es el diálogo, que el único camino es la sinceridad, que nosotros podemos tener sobre una matriz productiva impacta en nuestras familias, que vemos muchos trabajadores en nuestras plantas, en nuestros barcos, en cada servicio que generan nuestras provincias y cada puerto que tiene el litoral marítimo”, aseguró.

Así, el representante de CAPIP advirtió: “Si nosotros no informamos un estado de crisis que está al borde de un conflicto, porque la verdad que los conflictos se van a empezar a atender cuando estemos en la calle , cuando todos nos quejemos o cuando nosotros reflejemos todos los días que tenemos más de 113 barcos amarrados en los puertos porque no podemos dialogar con la otra parte, entonces este lugar es donde nos venimos a manifestar, dónde venimos a pedir a todo el Parlamento que el único camino es el diálogo para poder seguir trabajando y creo que manifestar eso todos los días es lo que nos va a llevar a ponernos de acuerdo para lograr eso”.

“Somos una matriz productiva mucho más importante que un montón de economías regionales sin quitarle importancia a ninguna, pero creo que desde desconocimiento que hay a nosotros también menos cabe explicar qué significa nuestro sector productivo. Las pesquerías la están pasando mal, todas estas empresas están fundidas, están haciendo un esfuerzo enorme para estar en pie y para que cambien las condiciones, pero me parece que si no ponemos un poco en agenda ésta urgencia vamos a ver muchos conflictos en la calle”, alertó.

“El único camino para lograr acuerdos y seguir trabajando va a ser el diálogo y ser sinceros para que los números sean claros. Los números son fríos, son situaciones incómodas, pero va a ser la única situación para seguir trabajando”.

A su turno, de Continental Armadores de Pesca S.A (Conarpesa), Darío Baroli, afirmó: “Nos interesa que sepan la magnitud que tenemos del problema en la flota langostinera que es un tema de precio”, y explicó: “Cuando se estableció el Convenio Colectivo de Trabajo con la gente de la marinería y la maestranza el precio del langostino era de $12,000 la tonelada promedio de venta en el año 2005 en la actualidad ese mismo langostino hoy vale $5500, o sea que el precio ha decrecido de manera significativa”.

“Nosotros no somos formadores de precio, viene dado de afuera. Entonces lo que buscamos nosotros, de alguna manera con los gremios, con quienes nos hemos reunido estos últimos días, es poder adecuar el precio de venta al precio de las liquidaciones que nosotros estamos pagando hoy”, explayó.

Baroli indicó que “el costo actual es superior al precio de venta, el valor de las tripulaciones en su totalidad llega a ser el 60% del total del precio de venta, cosa que antiguamente era alrededor del 35%. Esa es la situación que nosotros estuvimos viendo con los gremios y no hemos podido ponernos de acuerdo tan siquiera no hemos podido ni discutirlo”.

“Entonces lo que velamos, de alguna manera, es tratar de ver los números que nosotros proponemos, los números reales que tenemos, y poder discutirlos para tratar de tener algún tipo de acuerdo”, propuso y sumó: “Sabemos efectivamente que para los gremios modificar el Convenio Colectivo es sumamente difícil. Yo creo que a nadie nos gusta ganar menos, pero la realidad es que, en esta circunstancia, en esta situación actual se hace muy difícil que los barcos salgan a pescar durante este año”.

“Los buques congeladores tangoneros, que son alrededor de 106 más o menos, hacen alrededor de 100,000 toneladas por año. Este año tan siquiera ni salieron a pescar todavía”.

El referente de Conarpesa pidió “poder discutir todo esto, que los gremios no se escuchen, que vean los números reales para comprobar que es cierto. Esto es una situación circunstancial creemos nosotros, una crisis circunstancial y la situación se atiende con medidas circunstanciales”, y contó que “la gente está parada hace 7 meses prácticamente y si perdemos esta campaña de langostino que son los próximos cuatro meses, vamos a tener otros siete meses parados. Esto quiere decir que prácticamente en 18 meses la gente no va a trabajar”.

“Ese es el principal problema que tenemos después tenemos otros costos que son sumamente importantes también dentro del total que es los estamos trabajando con cada uno de los sectores Los costos portuarios, estiba, proveedores y varias cuestiones más, pero lo principal de todo esto para empezar destrabar la situación es la apertura de una discusión seria y cierta sobre los números que nosotros exponemos”, concluyó.

El presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata, Sebastián Agliano, subrayó que “la situación es bastante caótica, nos estamos fundiendo trabajando; no vemos un horizonte promisorio. Los insumos están dolarizados y no vemos ningún beneficio ni bajas en las importaciones, la realidad es esa. Tienen que venir a mojarse las botas para que vean la realidad”.

“Hoy quedamos 13 empresas chicas. Quizás una empresa grande se banca un paro, nosotros no. Nosotros nos fundimos directamente. No tenemos el acceso. Nuestra estructura financiera se desfinancia”, lamentó y comentó que “el 51% del costo es el combustible que lo paga también la gente que trabaja, pese a los gobiernos que pasaron”.

Agliano reflexionó: “Tarde o temprano, si seguimos de esta forma vamos a terminar todos en la calle, con un montón de quebrantos y con los barcos atados”. Además, describió que “la peor situación que le puede pasar a un pescador dueño de una pyme es naufragar en su propio barco”, y antes de concluir, sentenció: “Siento que la pesca en Argentina es mala palabra, fuimos castigados durante toda esta época desde los primeros embates de la Ley Bases, siento que somos la oveja negra de la industria argentina”.

Representando la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y de la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Mariano González, puso en foco en que “a pesar de la caída de los distintos precios de los productos a nivel internacional, el sector empresario ha mantenido los acuerdos salariales que se han firmado en los últimos años respecto a la inflación y a la caída del tipo de cambio”.

“Como sector, llegamos al día de hoy con situaciones claras, donde la pesca está teniendo un problema grave de rentabilidad y eso impacta directamente en la capacidad de competitividad que tienen nuestros productos; con nuestra estructura de costo no podemos seguir trabajando de esta manera”, describió González.

Diego Brandán, subsecretario de Pesca de la provincia de Chubut, consideró que “esta problemática no va a salir adelante si no hay diálogo y consenso entre las partes”. También expuso Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, quien declaró que “estamos de acuerdo de que el problema es de costo, del aumento del derecho único de extracción y del precio del combustible”.

El secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Raúl Durdos, recalcó que “la actividad pesquera en argentina representa un sector que genera muchas divisas para el país y también muchos puestos de trabajo”. En otro aspecto, sostuvo que “la actividad del trabajador marítimo es una de las más riesgosas y difíciles del mundo; este es un país que legisla de espaldas al mar y no podemos ser la variable del ajuste”. “Queremos trabajar en una ley de fomento de la industria pesquera para corregir todo en conjunto”, concluyó.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), se reunió este miércoles para recibir a referentes de la industria curtidora argentina con quienes analizaron dos proyectos que buscan establecer un marco legal que regule el uso del término “cuero” para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores.

La presidenta de la comisión explicó que la sesión es de carácter informativa a fin de “analizar el término del empleo del cuero”, por los que hay dos proyectos que también tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor.

Autor de uno de ellos, el diputado socialista Esteban Paulon explicó que “la idea es poder conversar sobre dos proyectos que establecen el criterio de utilización de la denominación cuero para los productos vinculados a dicho material”.

“La actividad es particularmente importante en Santa Fe en las localidades de Esperanza y las toscas donde tenemos dos de las principales curtiembres el país, pero también es un sector importante en otras provincias”, remarcó.

Paulon manifestó que “llegamos a este debate con demora a nivel internacional en establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, sino en nuestra propia región. A nivel internacional ya hay antecedentes como Brasil que desde 1960 estableció un criterio".

Así, precisó que estos proyectos buscan armonizar la legislación con la idea de poder avanzar en la compatibilidad de la denominación de cuero a nivel del Mercosur. Además, las iniciativas buscan “asegurar la autenticidad del material curo como material que es de origen animal, prohibiendo con la identificación del término a otros productos que tienen origen mineral y vienen de derivados de otra producción para evitar cuestiones que tienen que ver con el engaño y la falsificación y garantizar la calidad, la durabilidad y la estética”.

“Es una industria que genera muchos puestos de trabajo y en las localidades donde se desarrolla tiene un impacto económico importante y tiene que ver con la identidad cultural de cada localidad”, cerró.

A continuación, el salteño oficialista Julio Moreno Ovalle, autor del otro proyecto, contó: “Soy interesado en que se use la denominación cuero como corresponde porque es un subproducto de la ganadería, una de las actividades más importantes del país. Al cuero se le pueden dar diversos usos y para la venta del mercado interno y externo. Es importante que tengamos en claro para qué sirve el cuero”.

La palabra de los especialistas

Daniel Helman, de Curtiembre Arlei S.A, afirmó: “La importancia de esta ley radica en el marco regulatorio que se pretende obtener para la denominación cuero para garantizar calidad y autenticidad del producto”. En tanto, comparó que este tipo de ley está en Brasil desde 1964, en México, en Estados Unidos, en Italia, etc.: “En el mundo es algo que ya se ha hecho para proteger la autenticidad y la calidad de un producto tan noble como el cuero”.

“Esta ley beneficia a una gran cadena de valor del cuero, desde las curtiembres hasta el último artesano. Hay infinidad de actores en la actividad del cuero que se van a ver beneficiados por la lye. Además, impacta mucho en la defensa del consumidor, en la industria y en la sustentabilidad de la circularidad”, explicó.

En cuanto a la defensa del consumidor, Helman precisó que “se está engañando al consumidor porque cuando compramos estas imitaciones que no son cuero como el eco cuero, el cuero vegano, la cuerina, el símil cuero, nos están engañando. Quieren apropiarse los atributos del cuero para vendernos un producto que no es tal. El verdadero eco cuero es de origen animal, es un subproducto”.

“Nosotros tomamos los cueros de los animales que son faenados que, de no ser por la industria del cuero que les da valor y pasa a ser un producto de durabilidad, amigable con el medio ambiente, noble, duradero, que se va a biodegradar con el tiempo, si no estuvieran las curtiembres procesando esos cueros irían a vertederos naturales generando contaminación y una pérdida muy importante porque genera fuentes de trabajo”, explayó.

Helman destacó que la industria del cuero argentino “es marca registrada y fomenta una industria grande. El cuero argentino es una marca que tenemos que volver a poner en valor. Es un producto que tarda mucho en envejecer, se degrada naturalmente, no como otros productos que tiene derivados de hidrocarburos o plástico”.

Así, cerró: “Al consumidor lo engañan porque le venden un producto de plástico haciéndole creer que es cuero legítimo o auténtico”.

Luego expuso el concejal de Las Toscas, Iván Gastón Sánchez, que bregó para que el proyecto tenga luz verde y sea aprobado porque “se busca poder tener una protección para la industria misma como para los consumidores”.

“Una ley como esta contribuiría a que realmente se utilice el término cuero dentro de lo que la industria fabrica y esto permitirá la protección del trabajo. Esto es un proyecto que va a tener ámbito nacional porque va a cubrir esta materia prima en Argentina, pero uno como concejal quiere que esta industria tenga la protección necesaria para que este término se utilice en los productos que realizan. También para proteger al consumidor y que vayan con la tranquilidad de que van a comprar cuero”, explayó y cerró: “Tenemos que brindar estas herramientas para que la industria y los consumidores se sientas protegidos e incentivados y le demos estas herramientas importantes desde lo legal”.

En apoyo a las iniciativas, el presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), Eduardo Wydler, consideró fundamental “informar a los consumidores qué es lo que van a comprar”, al aseverar que “el sector ha perdido mercado con el cuero sintético”.

“Hemos gestionado muchas veces como cámara una norma que aclara esto para defender al consumidor y asegurara el desarrollo de la industria. Es una industria histórica porque el cuero se ha relacionado con la económica del país, pero la industria curtidora ha invertido mucho en muchas actividades para que la producción sea ambientalmente amigable”, explicó.

Wydler consideró que “no hay otro desarrollo vinculado con el cuero que sea el cuero original que viene del animal que se procesa dentro de la curtiembre”. En suma, sostuvo: “Este es un tema de suma importancia porque se ha utilizado para tratar de copiar al cuero, los más variados calificativos como eco cuero, cuero ecológico”.

“Compartimos y apoyamos esta propuesta para que siga su curso para ser aprobada y beneficiemos a la gente que sepa concretamente lo que compra. Aclaremos lo que es el cuero, el objetivo es informar y esto va a tener un beneficio para la industria”, concluyó.

En el mismo sentido, Cristian Alejandro Delssin, secretario General del Sindicato del Cuero, del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, afirmó: “Si esta ley ayuda a seguir manteniendo los puestos de trabajo, la vamos a apoyar”.

“Es una competencia desleal a los trabajadores al trabajo de los curtidores porque en Las Toscas dependemos mucho de la curtiembre. Creo que esta posibilidad de competir legalmente contra algo que no es cuero, que es otra cosa como plástico, y que lo quieran vender como cuero, nos deja en una situación incómoda porque nuestro trabajo lo usan con otro nombre. Nos preocupa mucho que, si hay una objeción sobre esta ley, no nos estarían ayudando a nosotros como trabajadores de la curtiembre”.

Delssin bregó para que el proyecto sea aprobado para “beneficiar a los trabajadores de la industria del cuero porque estamos preocupados y estamos pasando una situación complicada y esto ayudaría a que los puestos de trabajo sean valorados”.

Además, expusieron ante la comisión Tatiana Apstein, de Curtiembre ARLEI S.A, Leonardo Piatek, de la industria del cuero, y la diputada provincial (Santa Fe) María del Rosario Mancini.

La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, a cargo de la chubutense del Pro Ana Clara Romero, convocó a una reunión informativa para este 14 de mayo a las 10 para iniciar el debate sobre la utilización del término "cuero" en productos no derivados exclusivamente de piel animal. ​

Fueron invitados a participar del debate Iván Sánchez, concejal santafesino de Las Toscas; Daniel Helman de Curtiembre Arlei S.A; Eduardo Wydler, presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); Julio A. Bozzelli, secretario de la CICA; y Cristian Delssin, secretario general del Sindicato del Cuero.

El cuero que no proviene de animales, por lo general, se fabrica con materiales sintéticos, como PVC o poliuretano, sobre una base textil. Tiene como principal característica la resistencia al agua, el precio más económico, pero es menos duradero, transpirable y puede pelarse con el tiempo.

En cambio, el cuero de animal proviene de la piel de vacas, cabras, ovejas, entre otros. La pieza obtenida se somete a un proceso de curtido para conservarlo y darle su textura característica. A diferencia del artificial, este tiene mayor durabilidad, resistencia y aspecto natural.

Desde el 21 de marzo pasado, el Gobierno nacional desreguló los procesos que dinamizan la exportación de cueros a través de las resoluciones 5665 y 5666/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

Un plenario informativo de las comisiones de Energía y Combustibles y de Industria, presididas por las diputadas nacionales Lorena Villaverde (LLA) Y Ana Clara Romero (Pro) respectivamente, se reunieron este martes para continuar con el debate del marco normativo para la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones y sus derivados.

Durante el encuentro, expuso virtualmente Alejandro Aguirre, ministro de Energía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que hizo un resumen del diseño que vienen desarrollando en la provincia que “históricamente es productora de gas”.

“El alto potencial que tenemos en generación eólica nos hace pensar en cómo transformar esa energía en un vector para transportarla fuera de Tierra del Fuego o utilizarla dentro de nuestro territorio”, manifestó.

“Desarrollamos una hoja de ruta del hidrógeno y para ello buscamos socios activos en Tierra del Fuego, sobre todo empresas hidrocarburíferas que estaban pensando en la transición”, detalló el funcionario fueguino, al tiempo que agregó: “También, trabajamos con educación ambiental, la capacitación y formación de recursos humanos”.

Al referirse al proyecto de ley, Aguirre afirmó que “es imprescindible tener un marco normativo” al considerar que es una norma que “demanda la actividad y pensando a futuro”. Asimismo, destacó que “se incluya no solo al hidrógeno verde sino también al de baja de emisiones y que se pueda promover todo tipo de inversiones”.

Con respecto a las observaciones que tiene sobre el proyecto, el funcionario fueguino especificó que “tienen que ver con la generación del fondo relacionado a la ley donde debería contemplarse el aporte de capital de parte de los privados para aumentarlo y que tiendan a la innovación y la tecnología”. En la misma línea, instó a “la participación de las provincias en algún esquema de decisiones o de aportes de opiniones; y lo referido al contenido nacional en la capacidad de mano de obra local”.

Previamente, la comisión de Energía y Combustibles había realizado una primera reunión donde expusieron el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo; la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, Mariela Beljansky; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico; el presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE-UBA), Raúl Bertero; y desde la Cámara Eólica Argentina (CEA), Héctor Ruiz Moreno.

Este martes se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Industria de la Cámara baja, a cargo de la diputada chubutense Ana Clara Romero, en virtud de debatir por la creación de un marco legislativo para la industria del hidrógeno renovable, de bajas emisiones, y sus derivados.

Para el debate expuso el representante de PlataformaH2 Argentina y exdiputado Nacional, Juan Carlos Villalonga, quien explicó: “El hidrógeno está destinado a ser un insumo que tendrá fines energéticos, pero, también, industriales", y agregó: “Es un mercado que, a partir del año 2030, va a estar maduro, y debemos estar preparados para ese momento”.

Asimismo, la coordinadora general de proyectos del Círculo de Políticas Ambientales, Carina Quispe, consideró: “Impulsamos la industria del hidrógeno verde y de bajas emisiones porque va a permitir integrarse industrialmente a la transición energética, y eso es muy importante para la Argentina, y fundamentalmente para las economías regionales”.

Luego, Santiago Enriquez, coordinador de Proyectos de Hidrógeno Verde de la AHK Argentina, sostuvo que “estamos ante una nueva industria que en los próximos años va a repuntar”, y cargó que “Argentina tiene que estar preparada, porque es un actor fundamental, con potencial de exportar hidrógeno".

Por su parte, el agregado de Cooperación de la Unión Europea, Pablo Iglesias Rumbo, destacó “la importancia de una Ley de hidrógeno para la Argentina, y del hidrógeno para la Unión Europea”. “Es necesaria una ley que sirva para el desarrollo de una industria a nivel global”, explayó.

También, desde la Cámara Eólica Argentina (CEA), el gerente general Héctor Ruiz Moreno, sugirió “tener cuenta la visión de los inversores”, debido a que “el marco regulatorio tiene que dar seguridad jurídica y estabilidad fiscal”, expresó.

En el cierre, Lucila Bustos, de ABO Energy Argentina, planteó el desafío de "competir a nivel mundial con otros actores que también le están dedicando muchos recursos normativos a este tema", y al respecto, explicó que “el hidrógeno permite industrialización y que la Argentina tiene back up para lograrlo”.

Del mismo modo, expusieron representantes de distintas empresas: CWP Global, Ordex Green Hydrogen, RP Global y T.E.S (Transición Energética Sostenible).

La Comisión de Industria de Diputados se reunió este martes para comenzar a debatir el proyecto de ley anticaries o de fluoración de la sal para el consumo humano ante la cual expusieron representantes del sector alimenticio quienes plantearon una serie de modificaciones al respecto. También escucharon referentes de entidades relacionadas con la problemática actual que atraviesa la Industria Naval y pasaron a la firma un puñado de proyectos de resolución.

En representación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), disertó respecto a la Fluoración de la sal para el consumo humano, Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de productores de sal, quien manifestó que “históricamente siempre colaboramos en las leyes con aportes para contribuir en la viabilidad de los proyectos”. Así recordó el aporte a la Ley 26.905 de promoción de reducción del consumo de sodio y se aseguraron que “la ley alcanzara los objetivos dentro de las posibilidades técnicas. Cuando se promulgó hicimos trabajos para incorporar nuevos alimentos al Código Alimentario Argentino con menor contenido de sodio que era el objetivo de la ley”.

Sobre la temática puntual dijo que “intención es de contribuir y mejorar la factibilidad de que el producto propuesto llegue a todos los consumidores que lo requieran”, y comentó que presentaron propuestas de mejoras. “Proponemos sal de calidad alimentaria adicionada con flúor para colaborar con la salud bucal de las jurisdicciones con baja concentración de flúor en el agua potable”, se refirió al artículo primero y precisó: “Proponemos que se mencione no sal de mesa sino sal de calidad alimentaria porque en el Código alimentario la sal está tipificada de esta manera”, y alertó que si se aprueba la ley tal como está redactada “no va a coincidir” con la denominación del producto.

“El espíritu de la ley es permitir la comercialización de una sal Iodofluoreada en el territorio argentino y no generar una obligación, por eso, proponemos que este espíritu quede reflejado en la ley”, agregó Ferro y explicó que el proceso de flúor en la sal “requiere de muchos ajustes para alcanzar la cantidad establecida y es un proceso que tiene muchas dificultades para lograr la estabilidad en la concentración”.

Ferro también propuso que se excluya de la ley la sal de uso industrial de la cárcel normativa siguiendo el tratamiento del Código alimentario argentino da para el agregado de yodo en el artículo 1272. A su vez, planteó modificaciones en el artículo 4 inciso C aclarando que “debe diferenciarse el arte de las etiquetas y no de los envases. También proponemos que el arte de las etiquetas de la sal yodo florada tenga fondo predominante con la combinación de colores amarillo y verde”.

En cuanto al artículo 5 que establece la reglamentación de la ley por 180 días, planteó: “Entendernos que el espíritu de la ley es permitir la comercialización de una sal yodo fluorada en el territorio argentino y no generar una obligación y queremos que ese espíritu quede reflejado en la ley”.

“Proponemos también que la disponibilidad de la sal yodo fluorada sea en una sola referencia, con un solo gramaje y contenido neto de cada tipo de sal”, agregó y cerró: “Queremos que la ley deje en claro que la industria no es responsable ni tiene medios para asegurar que la sal yodo fluorada se comercialice en jurisdicciones donde su consumo no es recomendable”.

También participó, Juan Pablo Passini, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de productores de sal, explicó que “el agregado de yodo es Ley desde el año 67’ y es inmutable. Esta ley hace referencia al agregado del flúor para el cuidado de la salud dental”.

“Todo exceso de yodo se elimina del cuerpo y no deja consecuencia, es un producto inocuo en caso de consumirse en exceso. En el caso del flúor no es así, porque en el caso de una persona que ingiera demasiado flúor hay un cuadro de fluorosis por eso entendemos que es importante que los organismos gubernamentales encargados de atender la salud de cada población determinen los casos donde existe un caso de exceso de flúor y desaconsejen el uso de sal yodo fluorada”, explayó.

El texto que refiere al consumo de sal fue impulsado por el tucumano Pablo Yedlin en su etapa como senador nacional. El proyecto tiene media sanción de la Cámara alta, ocurrió en septiembre 2023, y el correspondiente despacho de Acción Social y Salud Pública en Diputados, de mayo 2024, que impulsó el propio Yedlin en su condición de presidente de esa comisión.

Este proyecto autoriza en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor en una concentración de 200 ppm a 250 ppm para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

Las sales sin contenido de sodio o con bajo contenido del mismo, podrán ser enriquecidas con flúor en la misma concentración citada.

Según estudios realizados en nuestro país, las caries dentales afectan al 90% de la población nacional, siendo la zona norte y especialmente noroeste, donde se encuentran los promedios más altos en personas con caries dentales y es donde las limitaciones al acceso de servicios de salud agravan la prevalencia y severidad de la enfermedad y las consecuencias de las mismas.

Representantes del sector naval y de la copal

Otro tema analizado en el seno de la comisión fue la problemática que atraviesa el sector naval, respecto de lo que expuso Francisco Banegas, secretario General de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), seccional Ensenada, trabajador del Astillero Río Santiago, explicó que “hace tiempo venimos transitando el Congreso en busca de la reactivación definitiva de la industria” que es considerada como “la madre de las industrias”. Así recordó que en el 2017 concretaron un proyecto de ley de unidad que establecía un financiamiento y fue votada de forma unánime.

“Somos un país en el que tenemos uno de los mayores sistemas de navegación fluviales, de una de las cuencas más importantes del planeta”, manifestó. A su vez, propuso que en la delegación de obras públicas del ejecutivo se permita el dragado del canal Magdalena; que los buques se construyan en astilleros nacionales; que se regule en 5 años el periodo de entrada de buques usados; y un fondo de financiamiento flotilla, entre otros.

Por su parte, Juan Speroni Hernández, secretario General del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), expresó la “necesidad de un proceso de industrialización para tener competitividad”.

“Es una cadena que multiplica el empleo y necesita alta capacitación en donde se desarrolla la matriz de los trabajadores ya que hay multiplicidad de oficios”. Luego de aportar que hay 10 mil trabajadores distribuidos en astilleros públicos, privados y en talleres navales y la cadena naval partista, solicitó el anclaje de un fondo de financiamiento y un bono que marcaba una asimetría para equilibrar los costos, además de que se incorpore a la industria naval como bienes de capital.

Por otro lado, la comisión completó la designación de sus autoridades siendo elegido para ocupar la secretaría primera el liberal Gerardo González. También se aprobaron proyectos de resolución que declararon de interés de la Cámara a la inauguración y puesta en funcionamiento de la primera planta industrial de América Latina que producirá aceite de soja a partir de la utilización de energías renovables, ubicada en la localidad de San Andrés de Giles; a la "Reunión de la Junta Nacional de Inspección de Calderas y Recipientes a Presión" organizada por el INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial-, a realizarse del 18 al 20 de septiembre de 2024, en Neuquén; Y a la ampliación de la planta de John Deere que aumentará la fabricación de pulverizadores y sembradoras en Las Rosas, provincia de Santa Fe.

La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados se reúne este martes a las 12 para para debatir entre otros temas sobre el fluoración de la sal para el consumo humano, y recibirá a dos especialistas de la Federación Argentina de productores de sal.

El texto que refiere al consumo de sal fue impulsado por el tucumano Pablo Yedlin en su etapa como senador nacional. El proyecto tiene media sanción de la Cámara alta, ocurrió en septiembre 2023, y el correspondiente despacho de Acción Social y Salud Pública en Diputados, de mayo 2024, que impulsó el propio Yedlin en su condición de presidente de esa comisión. El tema es que esta iniciativa también tiene giro a Industria, comisión que preside la chubutense Ana Clara Romero y que ahora se abocará al tema, no para dictaminar, sino para realizar una informativa con la presencia de Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de Productores de Sal; y Juan Pablo Passini, integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Productores de Sal.

Este proyecto autoriza en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor en una concentración de 200 ppm a 250 ppm para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

Las sales sin contenido de sodio o con bajo contenido del mismo, podrán ser enriquecidas con flúor en la misma concentración citada.

Según estudios realizados en nuestro país, las caries dentales afectan al 90% de la población nacional, siendo la zona norte y especialmente noroeste, donde se encuentran los promedios más altos en personas con caries dentales y es donde las limitaciones al acceso de servicios de salud agravan la prevalencia y severidad de la enfermedad y las consecuencias de las mismas.

Industria naval y designación de autoridades

Los otros temas de la reunión de este martes en la Comisión de Industria serán definir el cupo de la Secretaría Primera, el cual quedó pendiente y corresponde a La Libertad Avanza; y luego, para recibir a asistentes que expondrán respecto de la problemática actual que atraviesa la Industria Naval de la República Argentina.

Respecto a la industria naval, se harán presentes Francisco Banegas, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado); Juan Speroni Hernández, secretario general del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales); Martín Rappallini, presidente de la UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires); y María Laura Bermúdez, directora de la UIPBA.

 

En la semana de reanudación tras el receso invernal, la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el martes 30 de julio a las 12 con el fin de completar el proceso de designación de autoridades y dictaminar una serie de proyectos de resolución.

También, fueron invitados varios expositores y asistentes que expondrán sobre la situación que atraviesa la Industria Naval de la República Argentina: Francisco Banegas, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado); Juan Speroni Hernández, secretario general del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales); Martín Rappallini, presidente de la UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires); y María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de UIPBA.

Del mismo modo, también estarán presentes Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de productores de sal; y Juan Pablo Passini, integrante de la comisión directiva de la misma entidad, quienes fueron invitados en representación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

La comisión que preside la chubutense del Pro, Ana Clara Romero, tratará los proyectos que buscan declarar de interés del Cuerpo a la primera planta industrial de América Latina que producirá aceite de soja a partir de la utilización de energías renovables, en localidad San Andrés de Giles; a la "Reunión de la Junta Nacional de Inspección de Calderas y Recipientes a Presión" organizada por el INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a realizarse del 18 al 20 de  septiembre de 2024 en Neuquén; y la ampliación de la planta de John Deere que aumentará la fabricación de pulverizadores y sembradoras en Las Rosas, Santa Fe.

Los tres textos fueron impulsados por los diputados nacionales de Unión por la Patria Micaela Morán, Eduardo Valdés y Roberto Mirabella, respectivamente.

Las comisiones de Industria, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dieron luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto de ley que propone la creación de un régimen de promoción para la industria del calzado. 

El despacho salió solo con las firmas de los legisladores oficialistas, ya que desde Juntos por el Cambio decidieron no acompañar, en disconformidad con otorgar beneficios impositivos a un solo sector y no avanzar con una ley más integral.

Autora de la iniciativa, la primera oradora fue la diputada Constanza Alonso (FdT), quien aseguró que el proyecto “lo trabajamos mucho” y nació del consenso con el sector. “Es integral”, destacó y reveló que se introdujeron nuevas modificaciones a partir del aporte de legisladores y el Poder Ejecutivo. Se trata de “darles a los empresarios una herramienta que va a permitir que crezca el sector con previsibilidad, con reglas claras, pero también con muchas exigencias, para que cada uno de los aportes que haga el Estado vuelva en recursos productivos e inversiones”, señaló. 

La oficialista remarcó que “no pueden ser las arbitrariedades de las políticas públicas a nivel nacional y los destinos vaivenes económicos los que terminen haciendo que sectores que generan tanto mano de obra se caigan de un plumazo”.

Además, en su alocución, subrayó que “en provincia de Buenos Aires el sector del calzado tiene el 70% de la producción y los trabajadores”, mientras que “a nivel nacional genera 55 mil puestos de trabajo”. “Es una industria que cuando se pone en marcha toma personal de manera muy rápida”, destacó.

Alonso indicó que “el proyecto está pensado a 10 años” y “busca generar que cada vez tengamos más contenido nacional; no es una ley para el ensamble”. Por otra parte, apunta a “formalizar a gran parte de este sector que hoy está en una situación de informalidad. Casi la mitad está en negro o fabrica para marcas que no están dentro de la ley. La idea es poder generar los incentivos para que esta situación se normalice”.

Al explicar el texto, la legisladora remarcó también la creación del “Instituto del Calzado” desde donde se tendrán que “pensar estrategias de exportación, comercialización e internacionalización del calzado. En Argentina tenemos una enorme potencialidad, una calidad humana increíble y podemos salir fuerte al mercado”. 

Desde la oposición, el diputado Fabio Quetglas (UCR-JxC) cuestionó que el proyecto “no tuvo tratamiento en asesores” y “tuvo una sola reunión informativa”. Sobre la metodología del debate, consideró que “se impide el ejercicio de creatividad política” cuando “se podía haber enriquecido la conversación entre nosotros”.

El calzado “se trata de una actividad que tiene ribetes extremadamente significativos en términos sociales y productivos”, reconoció, pero se preguntó: “¿En función de qué criterio se fundamenta el carácter estratégico de esta o cualquier actividad?”. “Hay un montón de actividades desplegadas en el territorio, con empleo argentino, con necesidades específicas en materia de tratamiento fiscal y regulatorio, que no son tratadas porque pareciera que no tienen un diputado a mano al que pedirle”, lanzó. 

El radical sumó que “ Argentina está en una situación de fragilidad financiera fenomenal y estamos entregando un montón de beneficios en una situación que es gravosa para el equilibrio general”. 

A su turno, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) advirtió que esta actividad tiene “talleres clandestinos con enorme cantidad de trabajadores que no están registrados en ningún lado” y “este proyecto genera un régimen impositivo a las patronales” pero “no dice en qué consiste el programa para trabajadores, como si se les van a reconocer los aportes. Está planteado como una generalidad y no redunda en beneficio alguno para los trabajadores”.

Por el oficialismo, el diputado Sergio Palazzo (FdT) admitió que “muchas veces los regímenes especiales generan cierto encontronazo sobre lo que debería ser una ley impositiva más integral”. “Pero yo no tengo problema con este proyecto, porque sé que la industria del calzado es una de las industrias que generalmente es más afectada por el dumping, por la competencia desleal”, subrayó y expresó: “¿Por qué la política no debería acompañar cuando empresarios y trabajadores trabajan juntos para mejorar la situación?”.

“Es un proyecto que tiende a marcar un Estado presente antes que se genere una crisis dentro de la actividad. Yo preferiría votar hoy una ayuda impositiva para seguir sosteniendo esta industria y mejorar su capacidad de producción, antes que estar discutiendo el cierre de 26 mil PyMEs, como discutimos entre fines de 2015 y fines de 2019”, dijo. 

El jefe del Frente de Todos, Germán Martínez (FdT), ponderó que con esta iniciativa “venimos a proteger, a tratar de impulsar y promover al entramado de pequeñas y medianas empresas”. “Desconocer que además de la política económica, de los beneficios generales que puede haber, hay sectores industriales que necesitan acompañamientos específicos como sector, es desconocer la República Argentina”, aseveró. 

Para el santafesino se trata de “una muy buena iniciativa y ojalá podamos seguir aprobando otros proyectos de otros sectores industriales que son generadores de mano de obra, de innovación tecnológica, que permiten el empleo en blanco y necesitamos seguir impulsando”.

La postura de Juntos por el Cambio la dejó en claro el diputado José Núñez (Pro-JxC), vicepresidente de la Comisión de Industria, quien arrancó: “Nosotros no estamos en contra de promover ningún sector industrial, todo lo contrario. Lo que consideramos es que cuando uno gobierna a nivel nacional, gobierna para 45 millones de argentinos, y lo dijimos cuando aprobamos el régimen para las automotrices, que iban a venir a decir ‘por qué a él sí y a nosotros no’”.  

“Hay muchas cosas en las cuales coincidimos y celebro que la política junto a las cámaras empresarias y las centrales gremiales hayan trabajado juntos”, manifestó y, aunque reconoció que “tiene cosas muy positivas” también “tiene cosas que deberían ser para todos los sectores”.

El macrista anunció que desde su interbloque no iban “a acompañar, pero tampoco vamos a presentar ningún rechazo ni dictamen de minoría”. “Creemos que va a haber un cambio de gobierno muy pronto y entonces tenemos que hacer que estos temas no sean particulares, sino generales”, cerró. 

El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.

También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente. 

Por medio de la iniciativa se crea un "Programa de fomento de la industria local"; un "Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores"; y un "Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado". 

Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado "Nomenclatura AR" para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino. 

En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.

Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales. 

La Comisión de Industria y Comercio del Senado convocó a sus miembros a una reunión para este jueves a las 12.30 en el Salón Arturo Illia para establecer a sus autoridades para el presente año.

En sintonía con la “reactivación” del Senado, la comisión que fue presidida por Roberto Basualdo durante el 2022 vuelve a reunirse desde el primero de diciembre del año pasado.

Por otro lado, la Comisión de Turismo de la Cámara alta vuelve a convocar a una reunión después de 28 meses, ya que la última reunión fue el 6 de abril del 2021, tres días antes de la “segunda” cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández durante la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, esta comisión que tuvo a la senadora nacional Silvia Giacoppo como ultima titular, dejará establecidos los cargos de presidente, vicepresidente y secretario.

Comenzó en el seno de la Comisión de Industria de la Cámara baja el debate de un proyecto para crear un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor. Se trata de una iniciativa presentada por la diputada nacional Constanza Alonso, que ponderaron todos los sectores convocados al abogar por un pronto tratamiento y sanción antes del 10 de diciembre de este año.

Fue una reunión informativa, tal cual dejó claro el presidente de la comisión, Marcelo Casaretto, en el inicio de la reunión de la que tomaron parte industriales, trabajadores y empresarios del sector que contaron el desarrollo de este proyecto de ley.

Un proyecto que, contó su autora, fue gestado por la propia industria. En tal sentido, Alonso agradeció a todos los que colaboraron en su proyecto que llevó un año de desarrollo. “La génesis de esta iniciativa es la historia reciente de la Argentina en la industria del calzado”, planteó, citando el ejemplo de un caso testigo que fue muy mencionado a lo largo de la reunión y que ofició como disparador de esta iniciativa: la fábrica Paquetá.

Oriunda de Chivilcoy, Alonso resaltó que esa empresa era en ese municipio una ensambladora que daba trabajo a 1.200 trabajadores y que en 2018 cerró y dejó a todos en la calle. Habló de una “tragedia social” y la presentó como “una foto de lo que pasó en muchísimas otras ciudades”. Pero al menos esa historia tuvo final feliz, pues en 2021 reabrió la empresa con la inversión de capitales nacionales.

Constanza Alonso llamó a ponerse a trabajar “para que esta industria sea estratégica”, y pidió “que no sea una ley solamente para el ensamble, sino representativa para todos”.

“Logramos una ley que va a permitir que este sector pueda crecer, que los distintos sectores puedan tener una previsibilidad y se pueda generar más puestos de trabajo, no solamente proteger. Que este sector pueda exportar”, dijo la diputada camporista, que marcó un eje al destacar la intención de “discutir esta ley en el recinto antes de fin de año, porque este sector necesita una protección especial”.

Un sector que, se destacó una y otra vez durante el encuentro, emplea de manera directa e indirecta a más de 55 mil personas.

A continuación expuso Juan Recce, de la empresa Bicontinentar Footwear Technologies, quien en el mismo sentido habló de la necesidad de “tener antes del 10 de diciembre esta ley aprobada y reglamentada, para tener una autopista para el desarrollo de diez años”.

Recce destacó que la iniciativa propone tres conceptos. “Queremos ser responsables de nuestro propio destino; la herramienta es una ley que nos permitirá crecer con previsibilidad”, dijo, remarcando que “esta no es una ley de ensamblado, sino integral para la industria”. Una ley que, agregó, “nos obliga a relacionarnos con todo el ecosistema productivo”.

El empresario habló de “retomar un camino que la Argentina comenzó a transitar en 2007 y que después abandonó”. Destacó también la necesidad de establecer lo que definió como “simultaneidad”, lo cual significa atender a las cosas que pasan al mismo tiempo. Emparentó entonces el deseo de proteger a los 55 mil puestos de trabajo, con el debate de la Ley de Alquileres, o la protección de empresas nacionales como Aerolíneas e YPF (todos temas justamente tratados estos días en la Cámara baja). “Agradecemos que se atienda la simultaneidad”, insistió, para agregar luego un tercer escalón, que es el del largo plazo. Lo dijo porque este proyecto establece políticas para la próxima década.

El proyecto tiene cinco títulos. El primero, dijo, contempla los conceptos de proporcionalidad y gradualidad. Habló de “escala” y citó en ese caso que Asia produce el 90% del calzado del planeta. “Es difícil competir”, concluyó sobre algo que resultaba obvio, pero destacó que esta ley promueve “herramientas para que gradualmente se vaya virando hacia una mayor integración nacional”.

Al respecto señaló que “se va sustituyendo el calzado integrado por ensamble, al que se le irá exigiendo gradualmente una mayor integración por ensamble”.

Otro de los títulos establece un régimen de inversiones, y señaló al respecto que “lo que no se puede amortizar con volumen se amortice con un régimen especial de impuestos”.

El tercer título va a la búsqueda de las personas que saben hacer el trabajo y hoy están en lo informal. Al respecto resaltó que hay en el país mucho “calzado falsificado”, y aseguró que “está muy bien hecho. Esa mano de obra tiene que estar del lado formal”. En ese sentido, destacó que el proyecto crea “un régimen para que esos trabajadores informales sean nuestros proveedores de capellada, por ejemplo”.

Otro título está representado en el etiquetado. El proyecto propone agregar el año de fabricación, para que ante un producto que lleve por ejemplo 4 años se pueda exigir que no se cobre por el mismo lo mismo que por un calzado que ha sido recién terminado. Puso como ejemplo lo que sucede en el exterior, donde esas piezas pasado un determinado tiempo incluso pasan a ser quemados.

Recce habló de elevar la producción nacional y “para eso necesitamos rotación de stock”.

El quinto título consiste en la creación del Instituto de Promoción del Calzado Argentino, destinado a establecer estrategias de promoción global para exportar más. “En la tierra del cuero, se deberían exportar botines de fútbol, no solamente calzados de moda”, razonó.

Otro expositor fue Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, entidad que agrupa a fabricantes nacionales y tienen como objetivo defender a la industria de la competencia desleal. Propicia además el trabajo conjunto en pos de fortalecerla. La Cámara cuenta con 1.200 empresas, generalmente PyMEs.

El empresario habló de un despegue productivo que relacionó con un “récord histórico de producción nacional” que se marca con una producción que superó los 150 millones de pares. “El proyecto de ley nos parece una herramienta fundamental para el posicionamiento de nuestra industria en el largo plazo. Todo generará mayor inversión genuina, más tecnología, industria más competitiva y fortalecer la cadena de valor”, sostuvo. Para Sellaro, contar con un régimen “es estratégico; no solo incentiva el crecimiento del mercado interno, hace hincapié en la inversión”. Representan “proyectos de largo plazo que generen previsibilidad y las bases para la inversión nacional e internacional”.

En el marco de la implementación de esta ley, detalló, “las importaciones de calzado terminado tendrán un porcentaje descendente a lo largo de una década. La oferta deberá crecer de manera paulatina y ordenada”. Asimismo resaltó la necesidad de establecer mecanismos para generar el empleo del sector mediante una reducción de las contribuciones patronales.

En representación de los trabajadores, participó Agustín Amicone, secretario general del sindicato del sector, quien arrancó ponderando a Constanza Alonso al señalar que “nunca en la historia ningún diputado tomó como iniciativa la industria del calzado”.

“En 1948, un alumno de la Facultad de Ciencias Económicas, Emanuel Fernández, elaboró su tesis para recibirse como economista sobre la industria del calzado de aquel entonces. Fíjense la importancia que supo tener la industria del calzado en la Argentina, que lamentablemente fue perdiendo espacio por los vaivenes de tipo económico que debió soportar”.

Un eje que cruzó fuertemente el desarrollo de la reunión fue sin duda el contexto electoral, tal cual citó en ese momento Amicone, al señalar que “en estas elecciones se va a jugar el destino de la industria del calzado. También el nuestro, también el de sus trabajadores”, y citó una vez más lo sucedido con la empresa Paquetá en 2018.

“El proyecto tiende a evitar esos vaivenes que puedan plantear la política argentina con medias económica que van en contra de los intereses de los trabajadores”, planteó el dirigente gremial, convencido de que “esta ley va a terminar con ese vaivén que ha sufrido el sector de no poder desarrollar y crecer por falta de esas políticas que ayuden a crecer. Es una industria que no tiene escala, no tiene previsibilidad”, y puso como ejemplo que “hoy está sufriendo las consecuencias de la última devaluación”.

Hubo también funcionarios presentes en la reunión, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. La secretaria del Ministerio de Producción de ese distrito, Mariela Bembi, destacó que más de la mitad de las industrias del sector están en la Provincia.

“Esta es una industria que cuando hay previsibilidad y políticas que acompañan, rápidamente se puede poner en funcionamiento y pueden tomar puestos de trabajo”, destacó, valorando lo que pueda hacerse en ese sector en “un momento en que se está discutiendo para dónde va a ir la Argentina con una ley que le dé previsibilidad al sector”.

Bembi dijo que “estamos compitiendo con países que ya han desarrollado su industria y no han tenido los problemas que nosotros”, razón por la cual es importante “poder generar las herramientas”, y abogó por declarar “estratégico” al sector, algo que “nos parece fundamental”. Tan estratégico, dijo, como la industria automotriz, o la economía del conocimiento.

Un sector que, agregó, en 2019 produjo 80 millones de pares, y hoy ha llegado al récord de 130 millones. Cosa que habla de “la importancia de generar un mercado interno pujante importante que pueda garantizar el desarrollo del sector”.

Además, dijo, “es un proyecto consensuado con cámaras del calzado, el sindicato, etcétera. Es una ley que engloba a todos y llevó tiempo de discusión, que generó un proyecto que hace que todos estemos sentados acá, pensando en el desarrollo del sector en estos diez años”.

Otro funcionario bonaerense fue Ariel Aguilar, secretario de Comercio de la Provincia, que se ocupó de destacar cómo se llegó al escenario actual. “Vamos a trabajar desde la provincia de Buenos Aires para hacer todo lo posible para que esta ley sea aprobada, pero lo fundamental es lo que viene después. Lo que nos estamos jugando es un emblema de la discusión que se va a dar en la Argentina en los próximos dos meses. Es un proyecto de país si es industrial; me parece fundamental que salga esta ley, no solo por todo lo que se dijo, sino por la discusión del futuro industrial de la provincia y de la Argentina”.

Así las cosas, abogó por “llegar a diciembre con la aprobación de esta ley quizá pueda marcar una señal para todos los sectores productivos de la Argentina”.

También estuvo Débora Giorgi, exsecretaria de Industria de la Nación y hoy secretaria de Industria de La Matanza. Entre otras cosas, Giorgi habló de “dar un paso institucionalizado para evitar los vaivenes y que se transforme en esta ley”.

Tras destacar que ese municipio es “la capital nacional del calzado”, por lo que conocen bien la realidad del sector, comentó que es un sector donde la mano de obra ha desaparecido; “esta ley está hoy institucionalizando una realidad”. Giorgi dijo estar “totalmente de acuerdo” con la cuestión escala, “pero creo que esta industria es estratégica y necesita la gradualidad en la integración, porque las partes y los insumos del calzado es donde más mano de obra insume. Vamos a tener una escala, pero también una integración que va a dar la competitividad”.

Con relación a la creación del Instituto del Calzado, el mismo también genera un observatorio de precios y calidad. “Es decir, estamos también defendiendo a los consumidores”, apuntó, enfatizando que “la industria del calzado es estratégica, tanto como la automotriz y tiene posibilidades de exportar. También es cierto que tener un resguardo en cuanto a calidad, costos y precios, va a permitir separar la paja del trigo”.

A su turno, Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, citó al del calzado como “un sector al que golpea muchísimo una apertura indiscriminada de los mercados. Es fundamental el desarrollo de este sector”. Y como ejemplo puso el de Manuel Belgrano, a quien citó como “el primero que marcó la importancia de este sector”, al preguntarse “cómo puede ser que las botas las traigan los ingleses y no las hagamos acá”.

Estuvieron también presentes en el encuentro Horacio Moschetto; Silvio Zurzulo, presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires; Mayra Blanco, de la Comisión Nacional de Comercio Exterior; Gustavo Lavintman, de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado; Inés Jantus, consultora, desarrolladora de calzado; Sylvie Geronimi, propietaria de calzados de moda; Leonardo Tasca; Ariel Aguilar; Ariel Notta, concejal de Luján y Carla Pitiot.

Sobre el final, Marcelo Casaretto aclaró que todos los bloques habían sido invitados, a pesar de lo cual solo habían concurrido algunos. “Nuestra tarea siempre es tratar de convencer y ampliar los niveles de consenso para que la ley pueda prosperar”, dijo.

Y al dar la palabra a algunos diputados del oficialismo, varios no evitaron trazar un parangón con el contexto electoral. Fue el caso de la joven Brenda Vargas Matyi, para quien la que estaban dando era “la respuesta que venimos a darle al liberalismo económico que viene a querer robarnos a la Argentina”, y concluyó con un “unidos o dominados”, o la diputada camporista misionera María Cristina Britez, quien alertó con lo sucedido durante la gestión de Cambiemos y citó puntualmente a Patricia Bullrich como “el horizonte que estamos viendo” y que amenaza a la industria. “Necesitamos hacer presión para que pueda salir este dictamen para que pueda ser ley antes de la nueva composición de la Cámara el año que viene. Por eso es importante apoyar, promover y militar este proyecto de ley en defensa de la industria del calzado”.

El presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), anunció desde su cuenta de Twitter la convocatoria para la reunión informativa para tratar el proyecto de ley del calzado y su cadena de valor presentado por la diputada nacional Constanza Alonso.

La iniciativa propone el fomento para desarrollar una cadena de proveedores locales en los próximos años, para sustituir importaciones y liberar dólares, la creación de un registro de importadores, que le dé mayor trazabilidad al mercado, un blanqueo masivo para la parte informal del sector y sus trabajadores, la creación de un instituto del calzado, para desarrollar nuevos diseños y materiales y, de cara al consumidor, la obligatoriedad de que el calzado deportivo tenga visible su fecha de fabricación y su precio baje gradualmente, para alentar el consumo.

“Cuando cerró Paquetá en 2018, pasamos de la noche a la mañana a ser la quinta ciudad con mayor desempleo del país. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir”, sostuvo la legisladora.

Paquetá era una firma de origen brasileño, cuya planta abrió en 2007 en el parque industrial local. Permaneció cerrada entre 2018 y 2021, debido al combo letal de importaciones, caída de la demanda y altas tarifas de energía.

Durante la pandemia, un grupo empresario nacional reunió el capital para reabrirla, aunque con un volumen de operaciones menor. El pasado 16 de agosto, Día del Empresario Nacional, el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, publicó a modo de saludo un video en el que rescataba esta historia.

A pocos días de entrar en el receso invernal y con una actividad legislativa magra, la Cámara de Senadores intentará este jueves constituir otra comisión que ratificará a sus autoridades al frente de la misma y establecerá días y horarios de trabajo para lo que resta del año.

A las 12 está prevista la conformación de la Comisión de Industria y Comercio que seguirá a cargo del sanjuanino Roberto Basualdo. El último encuentro que tuvieron fue en diciembre de 2022.

En rigor, iban a ser dos las comisiones que se constituirían este jueves, pero se suspendió la reunión de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales que debía reunirse en el Salón Arturo Illia a las 11.30 para ratificar como su presidenta a la tucumana Beatriz Ávila. La última vez que la comisión se reunió fue en octubre del año pasado.

Es una constante las suspensiones de reuniones de comisión en la Cámara alta, pues el martes estaba en agenda que la Comisión de Asuntos Constitucionales se constituyera, pero por falta de quórum la reunión se cayó -por segunda vez- y sigue sin elegir autoridades.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) se reunió con representantes de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, quienes impulsan una ley para el sector. Actualmente, en la Cámara de Diputados el proyecto que cuenta con estado parlamentario es uno que presentó el santafesino Roberto Mirabella (FdT).

El texto propone declarar industria estratégica a la industria argentina de maquinaria agrícola y, entre los principales beneficios e incentivos fiscales que prevé, se destaca la devolución de IVA a las inversiones en bienes de capital y la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias. También se fija hasta el 31 de diciembre de 2031 un derecho de 0% a la exportación de los bienes producidos en el marco del régimen.

El 10 de noviembre del año pasado, la iniciativa se debatió con la presencia de invitados en la Comisión de Industria, que preside Casaretto. Mientras que para el 20 de diciembre se había convocado a un plenario de las tres comisiones a las que tiene giro, esto es, además de Industria, la de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda. Pero ese encuentro se suspendió con motivo del feriado nacional que se decretó por el triunfo en el Mundial y la llegada de la Selección Argentina.

Este lunes, Casaretto publicó en su Twitter: "Ley de Máquinas Agrícolas. Nos reunimos con CAFMA, para promover la Ley de Máquinas Agrícolas, para promover las inversiones en la industria nacional, para el mercado interno y las exportaciones".

Junto a la foto con Eduardo Borri, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, y Marcela Silvi, tesorera de la entidad, el legislador apuntó que "representan a 150 empresas de las distintas provincias argentinas, que generan 40.000 puestos de trabajo industriales directos".

Según pudo saber parlamentario.com, la intención del oficialismo es que el proyecto se pueda dictaminar en las próximas semanas y aspiran a encontrar el respaldo, sobre todo, en el sector de la UCR, a cargo de la Agricultura y Ganadería en la figura de Ricardo Buryaile.

🚜 Ley de Máquinas Agrícolas. Nos reunimos con CAFMA, para promover la Ley de Máquinas Agrícolas, para promover las inversiones en la industria nacional, para el mercado interno y las exportaciones. Con Eduardo Borri Presidente y Marcela Silvi Tesorera de la CAFMA - Cámara pic.twitter.com/dWrI0P7Ze5

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) May 22, 2023

Un plenario de las comisiones de Industria y Agricultura se encuentra reunido este miércoles para tratar un proyecto que este oficialismo busca aprobar desde 2021, cuando por primera vez lo presentó el Poder Ejecutivo, y que perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero.

Ahora, timoneado el tema por el titular de Industria, Marcelo Casaretto, la intención oficialista es avanzar con el dictamen, luego de que el año pasado cerca estuvo de ser conseguido. En la Comisión de Agricultura que encabeza el radical Ricardo Buryaile, quien ya ha contado que cerca estuvieron el año pasado de llegar a un dictamen, luego de haber arrancado con fuertes diferencias respecto del proyecto. ¿Por qué no tuvo dictamen? Porque cuando estaban cerca de lograrlo, un sector del oficialismo impulsó un tratamiento de la ley de humedales que desde sectores de esa Comisión de Agricultura consideraron “exprés”, y trabaron precisamente este proyecto de ley agrobioindustrial.

Consecuencia: se obtuvo finalmente un dictamen de humedales que no conformó a todos en general, y el proyecto agroindustrial quedó postergado y finalmente se metió en la grieta entre oficialismo y oposición en la pelea de fines del año pasado.

Ahora, con un proyecto que contempla las modificaciones introducidas durante el debate del año pasado, reanuda su recorrido.

Un plenario de las comisiones de Industria y Agricultura fue convocado para este miércoles a las 10, para tratar el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. La iniciativa perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero y fue vuelto a presentar los últimos días por diputados oficialistas.

Se trata de un proyecto que busca promover las inversiones y las exportaciones, mediante una serie de incentivos fiscales. Este proyecto había sido presentado en septiembre de 2021 en presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En el año 2022, luego de la conformación de las comisiones permanentes, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó la realización de plenarios de las comisiones donde expusieron ampliamente funcionarios del Poder Ejecutivo, entidades productivas, asociaciones, interesados en el tema, en debates conducidos por los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller.

La iniciativa avanzó, pero finalmente no obtuvo el dictamen del plenario de comisiones (Agricultura y Ganadería, Industria y Presupuesto y Hacienda) -ya que en ese momento se debatió sobre el proyecto de ley de humedales, que terminó complicando el tratamiento en Agricultura- para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto caducó con el final del período parlamentario y ahora vuelve a transitar las instancias legislativas en este nuevo período ordinario.

En una semana marcada por la visita de funcionarios, que no precisamente concurrieron en el marco del tratamiento de temas que fijó el Poder Ejecutivo para el período extraordinario, este miércoles se presentará en la Cámara de Diputados el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren. 

El representante de la cartera económica asistirá a la comisión homónima, presidida por el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), donde expondrá sobre “la situación actual y perspectiva de la industria argentina”.

La reunión se realizará a partir de las 14 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. 

La Comisión de Industria se reunió por última vez el pasado 10 de noviembre de 2022, cuando recibió dictamen el proyecto de ley en revisión por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.

Además, ese día se inició el estudio de los proyectos que buscan declarar industria estratégica para el desarrollo nacional a la industria de maquinaria agrícola.

La agenda parlamentaria en la Cámara de Diputados, en este período de extraordinarias, marcha a buen ritmo con las reuniones de comisión, ya que el próximo miércoles 15 se reunirá la Comisión de Industria para recibir al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, quien disertará sobre la situación actual y perspectiva de la Industria Argentina.

La reunión de la comisión que preside el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se llevará a cabo a las 15 en la Sala 1.

La última vez que mantuvieron un encuentro fue el pasado 10 de noviembre de 2022 donde debatieron sobre el proyecto de ley en revisión por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso - NFU y declararon a la industria estratégica para el desarrollo nacional a la Industria Argentina de maquinaria agrícola y de agropartes cuyos establecimientos se encuentren localizados en todo el Territorio Nacional.

En un plenario de las comisiones de Industria; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, se buscará este martes, desde las 17, avanzar con el dictamen de un proyecto de ley que declara industria estratégica a la industria argentina de maquinaria agrícola.

Entre los principales beneficios e incentivos fiscales que prevé la iniciativa se destaca la devolución de IVA a las inversiones en bienes de capital y la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, y también se fija hasta el 31 de diciembre de 2031 un derecho de cero por ciento (0%) a la exportación de los bienes producidos en el marco del régimen que se crea.

Serán beneficiarias de dicho régimen las personas jurídicas que cuenten con un establecimiento industrial radicado en el territorio nacional destinado a la fabricación de producto nacional de maquinaria agrícola y agropartes.

Al presentar el proyecto, el diputado del Frente de Todos Roberto Mirabella aportó datos sobre el sector: "Estas industrias de producción generan una considerable cantidad de puestos de trabajo, 55 mil directos e indirectos, que desarrollan económica y socialmente las localidades donde se asientan y que, por ende, la reactivación de las mismas resulta indispensables a los efectos de devolverles y mantener la dignidad de esos pueblos”.

"En el año 2021, la fabricación de maquinaria agropecuaria tuvo su mejor año de producción desde el año 1996, con un crecimiento 120% interanual en el mes de diciembre, con una fuerte impronta sustitutiva de importaciones. Este crecimiento tuvo un claro impacto en el empleo, que alcanzó el mayor nivel desde 2013, y una marcada impronta regional, con Santa Fe y Córdoba como las principales provincias impulsoras”, detalló el santafesino.

Además, explicó que "el sector posee una capacidad de producción de 600 millones dólares para el mercado interno y 600 millones de dólares para exportar, mientras que en 2012 la exportación llegó a los 350 millones de dólares. De allí en más y producto de las condiciones macroeconómicas imperantes, el nivel de ventas externas se redujo significativamente, ubicándose hoy en 60 millones de dólares. Esto pone en perspectiva el gran potencial del sector”.

Un plenario de las comisiones de Industria y Comercio y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presididas por los senadores Roberto Basualdo (Producción y Trabajo – San Juan) y por Nora del Valle Giménez (FdT- Salta) respectivamente, recibió este miércoles al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

El funcionario, junto a otras autoridades y representantes de la misma institución, expusieron sobre "la situación actual de la industria en nuestro país y propuestas para el desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo", y respondieron consultas de los legisladores. A su vez, los senadores distinguieron a Funes Rioja con un Diploma de Honor de la Cámara alta.

"Vamos a entregar un reconocimiento al presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja y, por intermedio de él, a todos los integrantes de la familia de esa Unión Industrial por haber asistido hoy", informó Basualdo.

En esa línea, expresó: "Para nosotros es sumamente importante escucharnos, aprender de las experiencias positivas y negativas que tuvieron también en los últimos veinte años, no únicamente de ahora", y añadió: "Ese es nuestro objetivo: poder estar con ustedes, trabajar desde el Congreso, que sea una herramienta para brindar las leyes necesarias para poder avanzar".

Por su parte, la senadora Del Valle Giménez comentó: “Acá hubo propuestas y opiniones muy valiosas. Vamos a recoger estos aportes para hacer una agenda común de trabajo entre las dos comisiones, que nos permita incorporar tal vez muchas discusiones y muchos debates que están entre paréntesis, pendientes, esperando que nosotros tomemos la iniciativa, aunque las circunstancias sean difíciles. Ese es nuestro compromiso. Una renovación de la esperanza rescatando el diálogo”.

Al comenzar su alocución, el presidente de la UIA recordó: "Habíamos ido a Neuquén a festejar el Día de la Industria y sobre la medianoche del jueves decidimos ir lo mismo, pero para expresar política y públicamente nuestro firme compromiso con la no violencia, el repudio al atentado, y nuestra convicción de que solo en democracia y en orden constitucional se puede desarrollar la industria y el país".

Asimismo, se refirió al trabajo realizado desde el año pasado: "Encomendamos a nuestras regionales, provincia por provincia, región por región, desde las realidades locales cuáles eran las potencialidades y cuáles eran las necesidades, hacia dónde tenemos que ir para buscar ese equilibrio y corregir esas asimetrías".

A continuación, entregó un documento elaborado por la institución denominado "Libro Blanco" con más de 100 propuestas para impulsar al sector y explicó: "Es una obra dinámica", agregó para luego detallar que "nuestro proyecto industrial hoy lo hemos plasmado en ese instrumento". "Representamos a la industria, la representamos federalmente, creemos en el federalismo productivo", afirmó.

Funes de Rioja también resumió que "Vaca Muerta y el gasoducto hoy son un desafío como fueron los ferrocarriles en 1890" y que "nosotros ahora estamos con un problema de insumos importados".

"Necesitamos un ambiente donde haya políticas de estado como las que tienen los grandes países desarrollados industrializados a los que queremos parecernos", prosiguió e instó a "trabajar juntos”, porque “sin diálogo, no se puede construir un país productivo y un país desarrollado si no es a través de ese diálogo y esos consensos".

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, secretario y director ejecutivo de la UIA resaltó: “La UIA es una representación del entramado industria que tiene 130 años en el país. Representamos el 21% del empleo formal, del sector privado. Tenemos 1,3 millones de empleadores y queremos incrementarlos, para eso necesitamos políticas que nos ayuden a desarrollarlos. Representamos el 37% de las exportaciones de bienes, el 27% de las recaudaciones de impuestos y el 20% del PBI y a su vez tenemos los mejores sueldos y en blanco como todos saben. Tenemos una política industrial que es la de desarrollar el país y crecer, porque creemos que sin industria no hay Nación”.

Por parte de la UIA participaron también Diego Coatz, director ejecutivo; Carlos Reyes, secretario de política tributaria; Matías Furió, vicepresidente Pyme; Julio Cordero, vicepresidente de política social; Claudio Terrés, presidente de medioambiente; Carolina Castro, presidente de legislación y relaciones parlamentarias.

En el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria de la Cámara de Diputados, dirigentes de distintas entidades agropecuarias asistieron a una reunión informativa sobre el proyecto de ley de fomento al desarrollo agrobioindustrial.

La iniciativa, que fue destacada por el ministro Julián Domínguez en su visita a la Cámara baja el 22 de junio pasado, fue enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo promover las inversiones de modo de incrementar la producción y las exportaciones del sector.

En primer lugar, José Martins, presidente de la Bolsa Cereales y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, aseguró a las 61 entidades que nuclea el CAA "lo único que nos une es ser capaces de contribuir a nuestra Nación generando propuestas de política de Estado". El sector agropecuario "es un sector económico que, si bien hoy está posicionado para ser gran parte de la solución, tiene en sí mismo la oportunidad de duplicarse y crecer mucho más", resaltó, por eso aspiró a "ser partícipes de la solución y no corresponsables del problema".

El expositor explicó que "este proyecto lo que implica es la industrialización, ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones", porque "somos muy eficientes en exportar productos primarios", pero también "la industrialización debe darse en el interior, y eso generando empleo".

Luego, Alfredo Paseyro, gerente general de Asociación Semilleros Argentinos (ASA), enumeró que se busca promover "la inversión, el empleo, la producción, la competitividad, el aprovechamiento integral de la biomasa", entre otros puntos. En su intervención propuso que la ley tenga una vigencia de 10 años, con posibilidad de extenderla por ese mismo plazo -y no de 5, prorrogable por 5-, con el fin de "tener una mirada realmente integral".

Sobre el sistema de "ventanilla digital" que prevé, indicó que se busca "no cargar con burocracia al que acceda a estos beneficios", beneficios para los cuales pidió "estabilidad" considerando que "hay actividades como la forestal, semillera, hortícola que llevan más que tres o cuatro años en poner en valor sus producciones".

En otro tramo, Paseyro propuso que la amortización acelerada, "en el contexto que estamos, sea directamente en el primer año". "En el contexto inflacionario, lo que significa hoy para un PyME acelerar esa amortización, creemos que sería una mejora", sumó.

A su turno, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), destacó tres artículos del proyecto, entre ellos el que se refiere a la "valuación de la hacienda" para "reducir el problema que genera la ganancia por tenencia, tanto por aumento de peso como por efecto inflacionario".

Lo que se busca es evitar que "en la invernada el productor se descapitalice por pagar Ganancias previo a la venta de la hacienda", apuntó. También valoró los artículos que "vienen a solucionar parcialmente el desincentivo" que presentan los sectores de "pollos y cerdos, que requieren alta inversión por unidad productiva".

Por su parte, Miguel Cané, presidente de ArgenTrigo, recordó que "tenemos pendiente una Ley de Semillas" para "incentivar y atenuar" la problemática del sector por la cuestión de regalías y propiedad intelectual. "En el cultivo de trigo dependemos enormemente de lo que es la fertilización", señaló, por lo cual ponderó que los "incentivos" contemplados en la iniciativa "ayudan mucho".

El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, opinó que "Argentina sale con este tipo de acuerdos, con esta forma de vincularnos". "Muchos productores ven en este proyecto un foco de esperanza en un país que todos sabemos las situaciones que vivimos". En esta propuesta "hay aliento a la producción, al empleo, promoción al federalismo", al tiempo que "alienta el asociativismo en los servicios", expresó. En la misma línea, consideró al proyecto como "una plataforma de lanzamiento para establecer las famosas políticas de Estado para que haya en el país reglas previsibles".

Otra voz desde CONINAGRO fue la de Elbio Laucirica, quien abogó por que el proyecto "nos brinde las certezas, las previsibilidades, la confianza y el marco legal necesario para llevar adelante nuestras producciones". "Necesitamos de estos acuerdos, de estos consensos y celebramos que nuestros representantes en el Congreso lo estén tomando en cuenta", añadió.

Por Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, advirtió que "Argentina lo que necesita es empezar a pensar y decidir en políticas que tengan efectos a todos los niveles de la cadena, y no solo en eslabones". "Los productores primarios necesitamos la atención en forma urgente de una reducción de carga impositiva, y que eso se dé con la eliminación de derechos de exportación es sumamente necesario", reclamó, y dijo que en la iniciativa "no lo hemos visto plasmado". "No quiero que se tome como crítica, ni como una defensa del sector primario, pero lo que estamos solicitando es un acto de igualdad", agregó.

Avanzada la reunión, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, subrayó que "el 70% de las exportaciones de este país vienen del sector agropecuario", por lo cual es "importante cuidar al sector por la generación de divisas que trae". "El uso de la tecnología es cada vez más crítico para el agro", manifestó y afirmó que "no solo para que podamos exportar más, sino para que el planeta no siga sufriendo, para que podamos producir más sin dañar al medioambiente".

En esa línea, observó que "el sector contribuye fiscalmente muchísimo" a través de las retenciones que, "en algunos casos son más de un tercio" y eso "compromete la rentabilidad del productor"; con lo cual "cualquier incentivo que lleve al productor a que en la compra de tecnología pueda tener algún tipo de recupero en otros impuestos" es "realmente muy importante".

También presente en la reunión, expuso Matías Lestani, secretario de Agricultura, quien reveló que la elaboración del proyecto "llevó un montón de tiempo, revisión de artículos de leyes específicas y hasta los cálculos de impacto". "Para el Ministerio es una condición trabajar en el desarrollo del fomento de las exportaciones y dar bases sólidas, este es un ejemplo de una política de Estado", sostuvo.

Y reforzó que "justamente el sector más pujante de la economía argentina no tiene una política de Estado clara en este sentido, y esta ley es el primer peldaño". "No cabe ninguna duda y no puede estar en objeción que este es un primer escalón importantísimo", insistió. Asimismo, aclaró que "los consensos con cada área ya se hicieron y esta es la ventaja grande de este proyecto" que contó con "consensos entre el sector privado y público" y "un camino de construcción conjunta".

El reclamo de la Sociedad Rural por las retenciones

Entre los oradores, asistió al plenario el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien aclaró que la entidad "no participó en ninguna de las instancias" del armado del proyecto, que consideró "busca impulsar las inversiones abordando temas aislados", ya que "no contempla las verdaderas reformas estructurales que están generando las verdaderas causas de la baja inversión que tiene la Argentina, y que hacen que la economía no crezca desde el año 2012".

Entre esas causas, mencionó "la alta carga tributaria y los derechos de exportación". Sobre estos últimos, remarcó que "hoy no son legales, por eso la SRA inició un juicio en Córdoba". "Pedimos al Congreso que tome este tema para evitar mayores daños y pérdida de institucionalidad", reclamó.

Pino enumeró que se necesita "contar con una moneda estable; con una política cambiaria con un tipo de cambio unificado; disponer de un sistema financiero profundo; eliminar las intervenciones que alteran el normal funcionamiento de los mercados con cupos, con fideicomisos que afectan los precios que recibe el productor; eliminar las transferencias entre distintos eslabones de la cadena; contar con los insumos estratégicos, como el gasoil y los fertilizantes, dos insumos claves que hemos visto que en estos últimos días han faltado".

En consonancia con la cuestión de las retenciones, le tocó luego hablar al jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien expresó: "Los derechos de exportación son para nosotros un elemento que debería estar integrando y que integraba el documento, o los primeros papers que formaron parte de este trabajo que rescato".

"Hay que incorporar (las retenciones) en esta discusión para que el parche deje de ser un poco menos parche", afirmó y enfatizó que "hay que sacarle la pata de encima al productor, hay que dejarlo que produzca". "No puedo ser muy optimista de que vayamos a doblar la producción, de que vayamos a obtener los números que están allí (por el proyecto) planteados, si no incorporamos algún capítulo en la ley sobre cuestiones como los derechos de exportación", reforzó.

El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto, convocó a un plenario de la misma y de Presupuesto y Hacienda para continuar con el debate del proyecto de ley de Industria Automotriz. El objetivo es emitir dictamen este jueves, a los efectos de llevarlo al recinto la próxima semana en la sesión que pedirá el oficialismo para el miércoles 6 o jueves 7.

El diputado entrerriano señaló que “escuchamos a 7 funcionarios y a 35 invitados de automotrices, autopartistas y sindicatos”, por lo que se espera que este jueves le den los últimos retoques al proyecto y se proceda a emitir dictamen.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio estaría dispuesto a apoyar esa iniciativa en el recinto, aunque en el Pro persistirían algunos reparos.

Las comisiones de Industria y de Presupuesto realizaron este martes su primera y única reunión hasta ahora para analizar el proyecto de promoción de inversiones en la industria automotriz, y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, fue la figura principal entre los invitados ese día, precisando entonces que el sector representa “el 10% de la producción industrial, empleando más de 65 mil puestos de trabajo, y siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial”.

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

Con la participación de funcionarios, sindicalistas y empresarios comenzó a tratarse este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, impulsado desde el Poder Ejecutivo, sobre promoción de inversiones en la industria automotriz.

La ronda de expositores se abrió con la palabra de Julieta Loustau, subsecretaria de Industria, quien señaló que este sector representa "el 10% de la producción industrial, empleando más de 65 mil puestos de trabajo, y siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial".

"En el país tenemos más de 11 terminales automotrices y más de 19 modelos producidos en el país", precisó la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo, que explicó que "el proyecto viene a potenciar los resultados ya obtenidos en el marco de la Ley 27.263" de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Además, la iniciativa busca "acompañar un proceso de modernización que está atravesando el sector".

Loustau detalló luego los aspectos principales, que se dividen en dos capítulos: la creación de un régimen de incentivos para el fomento de nuevas inversiones y la creación del Instituto de la Movilidad "con la idea de coordinar entre las diferentes cámaras, sindicatos, entidades tecnológicas y el Estado Nacional este proceso de transición que está atravesando el sector".

Desde la cartera económica, María Sol Pasqualini, subsecretaria de Tributación Internacional, defendió que "este proyecto de ley tiene una mirada estratégica para el sector". "Lo fundamental es incentivar las exportaciones y que se radiquen nuevos modelos y plantas en el país", sostuvo.

Luego apuntó que los beneficios que se contemplan son "muy similares a los que buscamos implementar en la ley agroindustrial". Así, enumeró que se trata de "la devolución anticipada de IVA" que "se iría a devolver cuando las inversiones empiecen a dar fruto y las empresas a hacer ventas o exportaciones". "Lo que se devuelve no tiene un costo fiscal, sí financiero, que lo va a absorber el Estado", agregó.

También establece la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, que consiste en "un beneficio financiero" y "los derechos de exportación van a ser 0". "Los beneficios se pueden dar de forma recurrente", aclaró.

Desde el sector sindical, Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), recordó que la iniciativa comenzó a conversarse en diciembre de 2019, con la intención de "poder construir en conjunto una idea a largo plazo para una industria que es estratégica para el desarrollo de nuestra Nación, porque es una empresa multiplicadora de empleo. Así como la construcción, es una industria que desparrama hacia las PyMEs y hacia las autopartes".

"Para poder construir el futuro debemos sentar las bases del presente", observó y afirmó que, en ese sentido, "esta ley apunta a darle a nuestra industria esa base fundamental para que las empresas que hoy existen en el país tengan la previsibilidad a la hora de hacer inversiones".

En tanto, Abel Furlán, secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), consideró que la iniciativa "suma beneficios muy importantes para la industria y fundamentalmente para este sector". Puntualmente, el exlegislador destacó "la conformación del Instituto de la Movilidad" para "poder estar cumpliendo un rol importante no solo en las transformaciones", sino también "en la formación profesional, en la capacitación de los recursos humanos".

Desde ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Isabel Martínez ponderó el consenso de todos los sectores involucrados en la elaboración de cuatro proyectos de ley. "No estamos pidiendo nada que en el mundo no exista, como que no se pague para exportar", señaló y, sobre los beneficios, indicó que "la devolución del IVA a las automotrices es algo que naturalmente debería ocurrir".

"Hay algunas terminales automotrices que ya han hecho inversiones pensando en la posibilidad de contar con estos beneficios", reveló.

Una de las voces del sector empresario fue la de Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), quien resaltó que "Argentina está en un grupo de 25 o 30 países que producen automóviles en una escala superior a las 500 mil unidades. Estamos en el puesto 28. Y ocupamos el sexto lugar en producción global de pick-ups".

"Es una industria exportadora de productos de alto valor agregado", aseguró, por eso valoró "la importancia de esta ley y la competitividad para exportar". "El sector lo integran 13 terminales, más de 600 autopartistas, más de 800 concesionarios y cuando combinamos empleo directo más el empleo indirecto, estimamos que generamos algo así como 500 mil puestos de trabajo", enumeró y agregó que es "el segundo sector industrial en inversión extranjera directa".

Antes de pasar a la ronda de preguntas, el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), comparó que en 2019 "la producción nacional de vehículos fue de 314 mil vehículos y las exportaciones de 224 mil vehículos".

En 2020, producto del impacto de la pandemia, "la producción cayó un 55% y las exportaciones un 50%"; mientras que "la recuperación de 2021 lo llevó por encima del valor anterior: la producción de 2021 llegó a 434 mil unidades, un aumento del 69% y en lo que hace a exportaciones pasaron de 137 a 259 mil unidades, un aumento del 88%".

"En lo que va de este año hay una producción acumulada a mayo de 195 mil unidades, un 27% por encima de lo que fue el mismo período del año pasado, y en cuanto a exportaciones 108 mil unidades, también un 27% más que los mismos meses del año pasado", completó.

En la ronda de preguntas, Martín Tetaz (Evolución Radical) comentó que en la convocatoria de invitados falta la voz de los consumidores para saber “el criterio que priorizan”. Por consiguiente, preguntó por qué la ley no es de carácter general para todas las inversiones y por qué no se eliminan todos los impuestos de las empresas que exportan.

 “Este Congreso se ha convertido en un botín que vienen a buscar los distintos sectores con sus distintos lobbies. No tiene que haber impuesto a las exportaciones, es una contradicción”, expresó

Por otro lado, cuestionó la creación del Instituto de Movilidad: “¿Es necesaria? ¿Para qué está el Ministerio de Producción entonces? Si vamos a crear una estructura aparte, burocrática, ¿para qué tiene que pasar por el Congreso y piden una ley para una mesa de diálogo, si es una función del Ministerio de Producción?”.

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) planteó si “no habría que mejorar, derogar o reformar la Ley de Autopartes del 2016” porque “da beneficios planos e incentivos a las grandes multinacionales”, y consultó también sobre el componente impositivo total en los autos.

De la vereda de enfrente la subsecretaria de industria, Julieta Lousteau, explicó que “no es una ley como para cualquier sector en virtud de las inversiones que estamos considerando y de los diferentes datos que se comentaron del sector automotor en Argentina y la vinculación que tiene en materia de valor agregado, en la generación de empleo de calidad”.

Sobre las iniciativas de inversión aclaró que “son grandes proyectos de inversiones que requieren en virtud del tratamiento diferencial al ser proyectos que acumulan una gran cantidad de IVA”, y cerró: “Este proyecto no es incompatible con la Ley 27.263 sino que se busca articular un proyecto que en definitiva ha generado un círculo virtuoso en relación a las exportaciones del sector, al contenido nacional, un sector que tiene un valor agregado más del 60% cuyas inversiones tienen un contenido nacional del 40% ha generado una gran seri de importaciones, y este proyecto viene a acompañar ese proceso”.

Por otro lado, el presidente de Ford, Martín Galdeano, contestó sobre la consulta del diputado Laspina respecto a la Ley de Autopartes sostuvo que “era algo que históricamente a la industria automotriz se le reclamaba que nos costaba llegar a contenidos razonables de componentes argentinos. Tenemos 5 proyectos que están en un piso del 30% y otros superan el 40%. La ley claramente esta funcionando y ha viabilizado esa localización de autopartes”. Sobre la carga impositiva, señaló que “tenemos cómo mirar la de la producción y la comercialización, si miramos la carga completa estimamos que tenemos un 11,6% en la producción, cuando Brasil tiene la mitad y México la tiene sobre la comercialización. Cuando exportamos es sin impuestos, buscamos acá no exportar impuestos”

El proyecto

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

La Cámara de Senadores va activando de a poco la actividad en las comisiones, ya que este miércoles 22 la Comisión de Industria y Comercio se reunirá para tratar un paquete de proyectos y luego recibirá a representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores. También se llevará a cabo la presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina y, más tarde, se realizará una reunión de “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino”.

Desde las 9.30 la Comisión de Industria y Comercio, presidida por el sanjuanino Gustavo Basualdo (Producción y Trabajo), se reunirá en el Salón Eva Perón para darle tratamiento a una serie de proyectos.

En primera instancia, abordarán la iniciativa de ley de la senadora Lucila Crexell (JxC) que sustituye el art. 51 de su similar 25.065 (tarjetas de crédito), respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

En cuanto a los proyectos de comunicación, analizarán cinco: uno corresponde a Crexell que solicita se informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el comercio de desechos y desperdicios de cobre y sus aleaciones y su incidencia en la prestación de servicios en los cuales se utilizan dichos materiales. Otro pertenece el presidente de la comisión que solicita informe respecto del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores" (PRODEPRO).

Los restantes tres son de la riojana María Clara Vega que solicita se informe sobre diversas cuestiones relacionadas al faltante de fabricación de vidrio; el segundo solicita se informe sobre las acciones llevadas a cabo por el observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios (ley 26.992), frente a la actual escalada inflacionaria. Y el último solicita informes sobre el programa de precios cuidados y otras cuestiones conexas.

Además, se analizarán los proyectos de declaración del senador santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) que expresa beneplácito por el emplazamiento de un parque industrial en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe y otro expresa beneplácito por la producción de máquinas agrícolas fabricadas también de su provincia.

A continuación de la reunión se escucharán a los representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) quienes expondrán sobre la temática del sector de concesionarias automotrices, en particular sobre la necesidad de una normativa específica que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el fin de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector.

A las 10 se realizará en el Salón Arturo Illia la presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina, organizado por la senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR– Corrientes).

Una hora más tarde se llevará a cabo una reunión de "Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino" organizada por el tucumano Pablo Yedlin (FdT) que tendrá lugar en el Salón de las Provincias.

El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto, mantuvo este martes una reunión con representantes de la Asociación de Fábricas de Automotores, encabezados por Martín Galdeano, presidente de ADEFA.

El diálogo giró en torno a la ley de Inversiones Automotrices y la de Movilidad Sustentable, que forman parte del temario que está en agenda de esa comisión y que forman parte de la agenda productiva en la que buscará avanzar el oficialismo.

Estuvieron junto a Marcelo Casaretto sus pares Carolina Yutrovic, vicepresidenta 2da de la Comisión de Industria, y Susana Landriscini y Eduardo Toniolli, vocales de la misma.

Ya despachado el proyecto de Compre Argentino, el de Inversiones Automotrices es el primero de la agenda futura de la Comisión de Industria.

Un plenario de comisiones de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone una prórroga de la Ley de Biotecnología, a la vez que incorpora la nanotecnología a ese régimen de promoción y beneficios fiscales que está próximo a vencer.

En el final del encuentro, el presidente de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), anticipó que la semana que viene se llevaría a cabo una nueva reunión y, en caso de ser necesario, se convocarán a más expositores, al tiempo que se pasará al debate del articulado, en base a sugerencias de modificaciones al texto original que ya se acercaron desde la oposición.

En el marco de la reunión informativa, en primer lugar, tomó la palabra el secretario de Industria, Ariel Schale, quien aseguró que el objetivo del Gobierno es “seguir fortaleciendo el entramado productivo nacional, en este caso en uno de los sectores más dinamizantes, donde se despliegan las mejores capacidades de los argentinos, como es el sector de la biotecnología”.

El funcionario explicó que la iniciativa apunta a extender la ley vigente -que vence en julio de este año- hasta 2037, de modo de que el esquema de incentivos y promoción se mantenga para “poder marcar un horizonte a largo plazo para que nuestras empresas puedan planificar con tranquilidad y estabilidad del marco normativo”. Asimismo, se prevé “incorporar a otro eslabón central como la nanotecnología, actividades muy coexistentes”.

Schale recordó que la ley fue “diseñada durante el gobierno de Néstor Kirchner”, sin embargo, algunos de sus beneficios se reglamentaron en 2018, durante el gobierno anterior. Por eso, analizó que en este debate “estamos en un proceso de construcción de política de Estado”.

A continuación, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, resaltó que “la biotecnología es un sector muy relevante en Argentina, que está dentro de los veinte países con más empresas dedicadas a la biotecnología, donde se apuesta fuertemente, sobre todo, al tema agro, salud humana y animal”. “Hay muchos proyectos en marcha que tienen que ver con la remediación del medioambiente”, agregó.

En cuanto a la nanotecnología, la funcionaria detalló que hay “80 empresas, de las cuales 20 o más de 20 han surgido en los últimos tres años”. En ese sentido, defendió la inclusión de la nanotecnología “no solo porque están incrementándose las empresas del sector, sino porque hay muchos proyectos hoy que combinan ambas actividades”.

En estos últimos tres años, Apólito precisó que se otorgaron “590 millones de pesos de beneficios fiscales”. “Las empresas que utilizan los beneficios recuperan aproximadamente un 43% de la inversión”, afirmó y explicó que estos “son sectores que requieren no solo de recursos humanos calificados, sino de grandes inversiones y plazos largos para recuperar esas inversiones”, por lo cual “un régimen de esta naturaleza es fundamental para seguir desarrollando esta actividad”.

A su turno, el presidente de la Agencia I+D+I, Fernando Peirano, manifestó que “es imprescindible prorrogar este régimen porque hay un ciclo de inversiones en marcha. Necesitamos no solo ayuda económica, sino brindar certidumbre”.

“Tenemos el desafío de combinar la inversión con la innovación. Tenemos que pensar en un ciclo de políticas públicas que esté en sintonía con el ciclo de decisiones en el ámbito de la ciencia, tecnología e inversión empresarial”, consideró, y apuntó que eso “excede a una gestión” sino que debe pensarse a largo plazo, “a más de una década”.

Y añadió: “Apoyemos un instrumento que tiene como rasgo los proyectos intensivos de bienes de capital y démosle a esa inversión, importante y distintiva para nuestro país en investigación y ciencia básica, la oportunidad de transformarse e ir de las ideas a los proyectos, de los proyectos a nuevos productos, y porque no a nuevos empleos y exportaciones”.

Gabriela Ciccia, representante de la Cámara Argentina de Biotecnología, dijo que “la pandemia si tuvo algo bueno es que a los que hacemos ciencia, tecnología, innovación y biotecnología nos hizo visibles”.

“Argentina es líder en biotecnología, también puede pasar que lo seamos con la nanotecnología. ¿Por qué es líder? Porque tenemos recursos humanos altamente calificados, tanto del sector científico público como del privado; tiene infraestructura productiva; tiene autoridades regulatorias; y tiene un marco regulatorio”, destacó.

Ciccia aseguró que “estamos muy de acuerdo con la prórroga, sabemos que esto vence en junio, y deseamos que el Congreso pueda prorrogarlo”. Sobre algunos puntos del proyecto, pidió que en la ley figuren “los bonos de crédito fiscal” que hoy están en un decreto reglamentario, y que éstos “sean transferibles, aunque sea por una única vez”.

También expusieron Diego La Torre, CEO de Tecnovax; Pablo Turek, director de Crudda;
 Sergio Drucaroff, coordinador Ejecutivo de la Cámara Argentina de Biotecnología; Alejandro Vilca, director científico Incubadora de la Universidad Nacional de Rosario; Javier Viqueira, presidente de Adox; Diego Comerci, director científico de Chemtest Argentina; y Marco Serventich, de Richmond SA.

La iniciativa propone extender el Régimen de Promoción establecido en la Ley 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, cuya vigencia de 15 años vencería a mediados de este año, así como también se incluyen ampliaciones y modernizaciones al texto normativo vigente.

El proyecto prevé que el régimen tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037 y se busca que el alcance de la ley incluya al sector de la nanotecnología.

Se propone una actualización en los conceptos de las definiciones de biotecnología y nanotecnología, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.

Según la última Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología 2015, Argentina cuenta con más de 200 empresas biotecnológicas, que generan ventas superiores 2.100 millones de dólares al año. De este monto, el 20% se destina al mercado externo, originando una importante cantidad de divisas para el país.

Luego de emitir dictamen del proyecto de Compre argentino y con el fin de continuar con la actividad legislativa, la comisión de Industria, que preside el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, se reunirá con la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a cargo del radical Facundo Manes, para debatir la modificación y la prórroga de la Ley 26.270 de “Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” que fue sancionada el 4 de julio de 2007.

El plenario se reunirá desde las 11 en la Sala 1 para abocarse al análisis de la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece la sustitución de su denominación por la de “Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología”, y la prórroga de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2037.

Han sido invitados a participar la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito; el  presidente de la Agencia I+D+I, Fernando Peirano; el CEO de Tecnovax, Diego La Torre; el director de Crudda, Pablo Turek; la presidenta de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), Graciela Ciccia; y el coordinador ejecutivo CAB, Sergio Drucaroff.

También asistirán este miércoles el director científico Incubadora UNR, Alejandro Vila; el presidente de Adox, Javier Viqueira; el director científico de Chemtest Argentina, Diego Comerci; el CEO de SF 500, Francisco Buchara; el director de Bioceres SA, Claudio Dunan; por Terragene SA, Carla Bragos; Marco Serventich, de Richmond SA; y el gerente general de Zelltek SA, Juan Ceriani.

✅ LEY DE PROMOCIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA Y LA NANOTECNOLOGÍA. Junto a Facundo Manes (UCR-JxC) convocamos a Plenario para el Miércoles 1 de Junio 11 hs, como Presidentes de las Comisiones. Invitados: funcionarios del Ejecutivo y empresas del sector, en reunión informativa pic.twitter.com/eLxdg2bSdH

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) May 30, 2022

“La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 dejó en evidencia la importancia del sector público para fortalecer las capacidades industriales en los campos de la innovación, la investigación y el desarrollo bio y nanotecnológico, así como la producción de bienes de capital, insumos y productos de uso crítico para el país y para el sector de la salud en particular”, fundamentan en el proyecto.

Además, destaca el “surgimiento del sector de la nanotecnología, cuyo campo comprende toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”, que es un área de “ desarrollo horizontal y multipropósito puede generar avances y nuevas tecnologías para sectores productivos, como el de la salud, el textil, la microelectrónica, el industrial, el químico y el agroindustrial, entre otros”.

En ese contexto, la iniciativa precisa que en el año 2007 se sancionó la mencionada Ley N° 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, con una duración de QUINCE (15) años desde su promulgación.

“Por ello, resulta necesario no solamente extender la vigencia del citado régimen, sino también adaptar sus disposiciones normativas a las características y problemáticas actuales del sector para promover el desarrollo tecnológico, así como también el flujo de conocimiento y capacidades y el desarrollo comercial de los proyectos beneficiados y alcanzados por la Ley”, argumentan.

En consecuencia, y sobre la base de lo expuesto, es que se proponen diversas modificaciones a la Ley N° 26.270, respecto lo cual detallan:

• Atento a que los incentivos para fortalecer al sector de la Biotecnología Moderna finalizarán el corriente año 2022, es que se propicia una extensión de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037.
• Se considera oportuno extender el alcance de las disposiciones de la mencionada Ley N° 26.270 al sector de la nanotecnología.
• Por otro lado, se impulsa actualizar los conceptos de las definiciones de biotecnología y nanotecnología, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos y se elimina el inciso d) de los artículos 6° y 7°, dado que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se encuentra derogado por el artículo 76 de la Ley N° 27.260.
• A su vez, entre las modificaciones propuestas, se establece una comunicación entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Autoridad de Aplicación, a efectos de verificar y controlar el estado de aplicación y uso de los beneficios fiscales, y se propone la creación de una Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología.
• Del mismo modo, se propicia la derogación del “Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna”, creado por el artículo 15 de la referida Ley, atento a que su puesta en funcionamiento generaría una superposición de funciones en la misma Autoridad de Aplicación, dado que el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC)”, creado por el artículo 18 de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, tiene por objeto fortalecer, entre otras actividades, la biotecnología y la nanotecnología y atiende objetivos similares.
• Finalmente, se propone también la derogación de la obligación de solicitar una patente ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en función de la lógica de explotación de las rentas de la propiedad intelectual, que en la dinámica empresarial actual pueden tomar otras formas jurídicas distintas a la del patentamiento, en particular la del secreto industrial.

0006-PE-2022

Tras varias reuniones y luego de que el oficialismo accediera a establecer modificaciones al proyecto del del Ejecutivo denominado “Compre Argentino y desarrollo para proveedores”, no arribó a un consenso con Juntos por el Cambio en la reunión plenaria de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda este martes, e irán al recinto de la Cámara baja con dos dictámenes.

A las firmas del oficialismo se sumó la del misionero Sartori con un total de 40 firmas, mientras que JxC firmó un dictamen de rechazo con 38 firmas. El legislador Ignacio García Aresca (Interbloque Federal) no acompañó al oficialismo.

Una de las modificaciones más drástica fue la anunciada el martes pasado, cuando se accedió a sacar al PAMI del texto original. Pese a eso, Juntos por el Cambio está más cerca del rechazo que de la aceptación, según han reconocido desde esa bancada. En principio, rechazaban la necesidad de una nueva ley, habida cuenta de que la anterior se redactó durante la gestión Cambiemos y no está claro que no haya cumplido sus objetivos.

🇦🇷 COMPRE ARGENTINO. Firmamos dictamen de Comisión en plenario de Industria y Presupuesto y Hacienda. Estuve como Presidente del Plenario, impulsando la aprobación de este proyecto del Poder Ejecutivo. A favor 40 Diputados del FDT, rechazo de 38 de JxC. A la próxima sesión pic.twitter.com/jVWjwrTqfq

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) May 24, 2022

El debate

Previo a la ronda de expositores, el presidente de la Comisión de Industria, el entrerriano Marcelo Casaretto, hizo un resumen del proyecto de Compre Argentino: “La ley de Compre Argentino tiene como antecedente el decreto de Ley 5.340 del 1ro de julio de 1963 que fue modificado y ampliado por la Ley 18.875 de 1970, fue modificado por la ley 23.697 de 1989 que suspende el compre nacional y reglamenta una preferencia del 5%. Luego se derogó esa disposición por el 2284 del año 1991 derogando las preferencias y subsistiendo solo a igualdad de precios o de ofertas”.

“Luego en 2001 se sanciona en el Congreso la Ley 25.551, y fue promulgada en medio de los recambios institucionales del momento, se establece una preferencia del 7% para las PyMes nacionales en el 5% para el resto de las empresas. Luego se trata la Ley 27.437 que es la Ley vigente hasta el momento del 2018 en la presidencia de Mauricio Macri para la preferencia del 15% para MiPymes y al 8% para el resto de las empresas”, explayó Casaretto.

Y siguió: “En cuanto la iniciativa del actual gobierno de Alberto Fernández presentó la iniciativa del Compre Argentino el 21 de septiembre del 2021 y lo presentó formalmente como proyecto en el Congreso el 27 de diciembre y comenzó el tratamiento en comisiones este año. Hemos convocado a distintos plenarios para tratar el tema con la presencia de invitados que escuchamos tanto cámaras empresarios como movimientos obreros”.

En ese sentido, describió: “En cuanto a la ley que estamos en tratamiento, y que proponemos del bloque del FdT pasar a la firma, contiene cuatro títulos el primero es Compre Argentino y desarrollo de proveedores que mejora la preferencia planteada por la ley vigente, llevándola al 15% para todas las empresas nacionales ampliada al 20% para las MiPymes. Se agrega una preferencia adicional del 3% para empresas que tengan representación de mujeres en su gerenciamiento y personal y cumplan la pauta de desarrollo ambiental sostenible y de asimetrías regionales; el título dos tiene el Fondo Fiduciario para el Compre Argentino; el título tres las compras para la innovación y promoción de la industria y la investigación, desarrollo”.

“Sobre lo que es del texto remitido por el Ejecutivo se mantiene esa estructura en estos cuatro títulos planteados en el dictamen de mayoría. En cuanto a las modificaciones realizadas las hemos ido analizando: en primer lugar, se planteó la precisión de la definición de bienes estratégicos del artículo 16; adicionalmente vamos ampliar los conceptos por los cuales se incluyen la preferencia adicional del 3%; planteamos la exclusión del PAMI y planteamos la incorporación de un artículo 3ro que no se le darán preferencias a ciertas empresas con delitos o que estuvieron en falta”, explicó Casaretto respecto a las modificaciones aplicadas al proyecto original. En tanto, adelantó que habría una idea del FdT de un dictamen y uno de JxC.

Pidió la palabra el puntano Alejandro Cacace quien en principio destacó el relato que hizo su predecesor porque “nos permite ubicar qué estamos discutiendo”, pero remarcó que “estamos discutiendo las compras y contrataciones del Estado”.

“Nosotros tenemos un régimen de contrataciones del Estado que pone como principio central de las compras que sean hechas al menor costo posible”, señaló Cacace y explicó que “la compra más barata me da eficiencia en el sentido de que uso los recursos del Estado bien de que ahorro porque lógicamente en un Estado que tiene restricciones presupuestarias y el nuestro las tiene y profundas porque es un estado deficitario, los distintos objetivos del Estado compiten entre sí. Hay un costo de oportunidad en cada decisión que tome en el gasto”.

“El objetivo central, bajo las contrataciones, es la eficiencia”, remarcó el puntano y agregó: “Contratar al menor costo posible, eso lo dice nuestra ley, es el principio rector en materia de contrataciones del Estado”. En ese marco, comparó: “Con la reforma de Cambiemos se amplió el margen de preferencia que en lugar de 5% admitimos que se pague hasta 8% más y en caso de pymes puede ser hasta un 15%, bajo el régimen vigente nosotros admitimos que puede haber pagos pro encima del precio del mercado de hasta un 8% para favorecer a la industria nacional”.

A su vez, criticó que “la propuesta que hace el Ejecutivo es ampliar ese margen de preferencia y eso no lo encontramos justificado y no obtuvimos respuesta frente a los interrogantes de por qué hacerlos”, y aclaró que “nosotros hablamos del compre caro porque con lo que se está proponiendo efectivamente podemos terminar pagando mucho más en las licitaciones de lo que son los precios del mercado”.

En suma, advirtió: “Es admitir que el Estado compre con un sobreprecio de más de la tercera parte en las contrataciones sin fundamentación alguna cuando ya tenemos una ley que admite las preferencias y lo hace con un margen amplio y no hay demostración de que eso no tenga utilidad”.

“Vamos a presentar un dictamen de rechazo, pero no a la ley de Compre Argentino, estamos en contra de ampliar injustificadamente, sin razón, sin evidencia el margen de preferencia actual”, cerró Cacace.

Vamos a presentar un dictamen de rechazo, pero no a la ley de Compre Argentino, estamos en contra de ampliar injustificadamente, sin razón, sin evidencia el margen de preferencia actual”, cerró Cacace.

A su turno, de la vereda de enfrente la oficialista Victoria Tolosa Paz celebró el marco en el que se debatió el proyecto que es “defendida tanto por las cámaras empresarias y los empleados”. “Hay que leer la norma que rige sobre el Estado Nacional en materia de contrataciones”, apuntó y agregó: “Si bien este marco de preferencias tiene una búsqueda clara y concreta de beneficiar a la industria nacional por sobre las multinacionales, en una distinción clara entre las PyMes y las empresas nacionales de gran tamaño, para el Estado en las compras de volumen y magnitud casi no hay esta posibilidad que muchas veces se manifestó como una preocupación, de empresas nacionales compitiendo con pequeñas PyMes”.

“¿No sé por qué dicen que es compre caro? en todo caso en el 2018 también era compre caro”, preguntó la diputada del FdT y señaló que “nadie habló del precio testigo que estamos obligados a consultar a la ONC y que marca el límite hasta que el Estado debe y puede comprar. Este margen de preferencia no quita   del medio la responsabilidad de los funcionarios que tiene la obligación de enviar formalmente cuando las licitaciones pasan el monto de los precios testigo”.

A su vez, aclaró que “no es un compre más caro en ninguna de las dos leyes. Es importante señalar que los márgenes de preferencia se ampliaron tanto a las PyMes y a las empresas nacionales, pero no existe competencia entre ellas porque cuidamos el empleo nacional y tratamos de protegerlas”.

“El Estado invierte en compras de distintas magnitudes y estamos para defender el Compre nacional para que las industrias puedan ser desarrolladores de empleo formal y de una visión estratégica”, remarcó Tolosa Paz.

Por otro lado, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es un proyecto de ley que viene a dos comisiones, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Analizar un instrumento de ponderación en mejorar de la industria y en beneficio de la industria local, viene a presupuesto porque tenemos una segunda obligación de ver cómo compra el Estado y cómo cuida los fondos nacionales en los bienes y servicios de los cuales se provee”.

“No se trata de una ley que solo pretende beneficiar a un sector, sino que, además, genera detrimento en perjuicio de todos los argentinos que pagan con sus impuestos un compre nacional extremadamente caro. Cuando sancionamos un sobre precio estamos no solamente perjudicando al estado nacional y a quienes nos confían sus impuestos, sino a toda la gente. No disfracemos un subsidio a las pymes con un beneficio que se llama de compre caro, porque si queremos beneficiar a las pymes debemos buscar políticas que beneficien a todas. Esta ley genera un sobreprecio en detrimento de la sociedad toda”, señaló Rodríguez Machado.

Contrariamente, la diputada Carolina Yutrovic respaldó la iniciativa quien disparó contra JxC porque “califican el proyecto como ‘compre caro’”, y manifestó: “Tenemos que plantearnos cuál es el motivo de la eficiencia en la compra del Estado que es tratar de ahorrar recursos y mejorar el sistema de gasto público. No nos olvidemos de hablar de eficiencia en un sistema productivo porque genera muchísima más riqueza, la cual también vuelve al Estado, porque cuando las empresas y las PyMes son eficientes esas riquezas, que son mucho más valiosas, vuelven al Estado”.

Por el lado de la oposición, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) remarcó que “ya hay una ley” y preguntó: “¿Por qué no nos dan los resultados de esa ley? ¿por qué no nos explican porqué hay que pasar del 8 al 15%? ¿Cómo sabemos que esto es lo correcto si no tenemos los números?”. “Estamos hablando de generar empleo y de ayudar a las PyMes y sin embargo se les dan más margen a las empresas más grandes, pero solo ayudan a las PyMes que contratan con el Estado mientras hay un montón de PyMes que están sufriendo la alta presión tributaria, la falta de crédito de la inflación. Que es Estado gaste más o compre más caro, implica que le falte dinero para otras cosas”.

“Si queremos beneficiar a las PyMes, ¿por qué no damos beneficios tributarios? y beneficiamos a todas en lugar de beneficiar solo a las que van a contratar a través del Estado. ¿Por qué hacemos un nuevo Fondo Fiduciario si el que esta funciona bien? Hay que analizar todos esos temas antes de derogar o modificar una ley, hay que ver la información antes, si está todo registrado”, precisó la diputada del Pro.

Su coterráneo, el legislador José Carlos Núñez se pronunció en el mismo sentido al reclamar que nunca les han mandado la información para poder trabajar mejor en el proyecto: “Nunca nos llegó la información, la pedimos varias veces. Nunca nos escucharon”, y adelantó: “Estamos dispuesto a debatir una mejora de la ley vigente, no queremos que nos lleven de prepo, no es un placer ir con un dictamen de rechazo porque temas puntuales los podríamos haber mejorado”.

Las leyes se hacen siempre con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes, tienen mercado", afirmó Heller

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, cuestionó los argumentos de la oposición porque “pareciera que nosotros vinimos con un proyecto inflexible, lo pusimos, si les gusta bien y sino otra cosa. Sin embargo, en la primera reunión tenia que ver con la exclusión del PAMI, lo sacamos para tratar de encontrar puntos de coincidencia para que tenga el mayor consenso posible”.

“Se me complica entender, dicen una cosa y después otra. Hablan de caro y hay que explicar qué es caro. Las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes, tienen mercado porque ganan con el mercado y la única manera de recortar diferencias, de achicar brechas es con leyes que protegen a los más débiles”, explicó Heller.

Y comparó: “Por eso en realidad lo que tenemos que cada uno de los proyectos es una discusión de fondo que esta entre los que creemos que en el sistema capitalista debe regir un Estado que regule y defienda los intereses de los más débiles, y los que creen que el mercado debe ser el que regule y el gran ordenador de los recursos. Esa es la discusión que atraviesa cada uno de nuestros debates. Es una barbaridad pensar así la economía porque se destruye el empleo local, las empresas locales”.

“No es un tema de fobia contra la riqueza, sino que es un proceso de acumulación a costa de que en el otro extremo se acumula pobreza, lo que hay que hacer es legislar para proteger a esos sectores más débiles para que puedan desarrollarse y tener empleo digno”, señaló y expresó: “Cuando se discute una ley para que el Estado privilegie el Compre Argentino no se puede hacer algo tan siempre de que es la ley de compre caro, porque se crea trabajo argentino que es a su vez consumo argentino, que genera ingresos fiscales, las ecuaciones son mucho más complejas”, y cerró que “esta ley sola tampoco va a resolver los problemas, sino que debe verse en un conjunto de iniciativas. Esto es una ley de compre argentino para poder ayudar a salir de la encerrona a la que fue llevado el pueblo argentino y la Nación como consecuencia de ese tipo de aplicación de políticas y nosotros queremos aplicar otro tipo de políticas”.

El riojano oficialista Sergio Casas celebró que se haya incorporado al proyecto que “cada provincia tenga su representante en la mesa de Compre Argentino”, y apuntó: “Tenemos una oposición un tanto hipócrita porque desde el comienzo apelábamos al consenso, de hecho, muchos legisladores de la oposición están deseosos que la ley salga. ¿quién no va a querer cuidar lo argentino antes que lo extranjero? Queremos beneficiar a las pequeñas empresas y luego tratan de incluir un dictamen de rechazo, fomentan que las pequeñas empresas no crezcan ni se desarrollen porque están acusando de que es una ley de compre caro, es una falacia lo que ustedes dicen porque están tratando de aniquilar a las PyMes como ocurrió en el gobierno de Cambiemos que las hizo desaparecer”, e invita a una reflexión para llegar a los consensos porque “este es un instrumento que favorece el federalismo donde el Estado cumple un rol fundamental en el desarrollo del país y protección de la industria nacional”.

El radical Miguel Ángel Bazze sostuvo que “hay que resolver un problema grave que tiene la argentina que está vinculado con la situación económica del país que es distinta a la que relata el oficialismo”, y señaló que la realidad de la pequeña y mediana empresa es “diferente a la que plantea el oficialismo”. “Estamos cayendo en una discusión casi surrealista”, precisó Bazze y sumó, pidiendo respeto, “me parece que describen un país en el que no estamos viviendo, están tratando de justificar con un relato algo que ya es casi injustificable o si están realmente engañados. Todos los argentinos estamos atravesando una situación económica muy complicada que no existe la recuperación el trabajo que plantean y de la pequeña y mediana empresa, muy por el contrario, nos tratan de llevar a discusiones antiquísimas”.

Detalles del proyecto

La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas según el siguiente detalle:

Del 15% al 20% para las MiPyMEs.

De 8% al 15% el resto.

Hasta 12% para empresas extranjeras con capital nacional.

+3% a las empresas compuestas mayoritariamente por mujeres.

El proyecto crea un fondo fiduciario público, como así también un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.

Entre las modificaciones aceptadas se propone sumar un 3% para empresas “sustentables” y otro 3% para las provincias que tienen “asimetrías regionales”.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados postergó por segunda vez la firma del dictamen sobre el proyecto de ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La iniciativa se debatió este jueves en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, pero las marcadas diferencias con la oposición, que objetó desde los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI y la creación de un fideicomiso, hicieron que el oficialismo ceda a retrasar la firma del despacho.

En el arranque, el titular de Industria, Marcelo Casaretto, anunció que, tras sugerencias que fueron pedidas durante la exposición de los funcionarios, se incorporaría al proyecto una preferencia adicional del 3% para empresas que cumplan con pautas de desarrollo sustentable y también a las que estén en "provincias que tienen asimetrías regionales".

Asimismo, el entrerriano anticipó la inclusión de una definición sobre los bienes estratégicos, como "aquellos que se traten de productos innovadores o que tengan potencial para promover empleo de calidad, mejoras en la balanza comercial o generar impactos significativos sobre una determinada cadena de valor".

En primer lugar, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, observó que en la reunión pasada "no había impugnaciones globales, rechazos generales" por parte de la oposición, sino "una cantidad de dudas, de preguntas, que no modificaban en general una mirada positiva sobre esto".

Pero al apuntar que habría un dictamen de rechazo, por parte de Juntos por el Cambio, el santafesino señaló que "nos podemos llegar a quedar sin una valiosa herramienta, cada vez más necesaria en las economías en desarrollo". Además, cuestionó que la presentación de dictámenes de minoría responda a "una zona de confort legislativa, donde no nos terminamos de meter en el fondo de las cuestiones".

Martínez también criticó que se trate de "encapsular esta iniciativa a un único aspecto", como es el de Compre Argentino, lo que opinó "le baja calidad al debate", y enfatizó que el proyecto abarca "el desarrollo de proveedores".

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Víctor Hugo Romero recogió el guante: "No lo planteamos del punto de vista de una posición de confort". El radical explicó que hay "un Estado que viene pasando hace mucho tiempo por una situación difícil, donde ha incrementado el déficit fiscal, que ha generado una situación crítica en la economía argentina" más un "fuerte costo fiscal a todas las PyMEs y el entramado productivo".

Al mencionar también el aumento de emisión monetaria y la "gran inflación", el cordobés resaltó que "no hay un plan que genere previsibilidad y certezas", por eso "nos preocupa sacar leyes que influyen en el gasto. Si se incrementa el gasto lo terminan pagando los argentinos".

Romero expresó además que los funcionarios que asistieron a defender la ley "no nos despejaron las dudas" ni explicaron "el motivo de una modificación de la ley de manera clara".

En su intervención, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sumó que "se perjudica a las PyMEs y se beneficia a las grandes" porque la brecha de diferencia pasará de ser del 7% al 5%. "Necesitamos tiempo y no un tiempo limitado, sino un análisis profundo para tratar el tema. Acá no hay confort, acá hay responsabilidad", concluyó.

Tras la palabra de Romero y antes de continuar con la lista de oradores, Casaretto aclaró que "cuando se habla de aumentar ese margen de preferencia al 15% y 20% se habla de la competencia entre las empresas que proveen bienes de origen nacional frente a los que proveen bienes de origen extranjero".

Con los cambios "se favorece a todas las empresas nacionales frente a la competencia de bienes traídos del extranjero", insistió el oficialista y subrayó que las PyMEs "no es que ahora quedan desprotegidas, quedan más protegidas". Y en cuanto al aumento de preferencia para las grandes empresas, el entrerriano dijo que "es frente a las extranjeras pero no frente a las PyMEs nacionales".

"Sí cambia la protección relativa entre las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas", le devolvió el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacace.

Después fue el turno de Carlos Heller, quien consideró que hay "un error de concepto" porque "el tema de las preferencias está referido a la competencia externa". "Cuando se aumenta más a las grandes, se trata que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras", sostuvo y apuntó que "hay rubros en los que las PyMEs no pueden competir".

"Yo a lo que le tengo miedo es a la silla de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y creo que en lo que no tenemos que caer es en una falsa cuestión de que 'si es más barata la importada, no me importa, que venga la importada'. A nosotros nos importa que se desarrolle la industria nacional", enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto manifestó que "no es verdad que hay unos que quieren el compre argentino y otros que no lo queremos. No generemos una antinomia". "En temas tan centrales nos deberíamos dar la oportunidad de, por lo menos en la parte medular de la ley, tener acuerdos", consideró y explicó que "tiene que salir una ley buena que se pueda sostener en el tiempo" porque "no es bueno para la inversión que estemos cambiando leyes cada dos por tres".

En cuanto a la incorporación del PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, la porteña indicó que "por su capacidad de compra es un regulador del mercado de medicamentos" y al advertir por la concentración de los laboratorios, solicitó que "no hagamos una ley que termine beneficiando a los mismos de siempre, a los laboratorios de siempre" porque "terminan perjudicando a los jubilados y condicionando a todos los gobiernos".

Avanzado el debate, la macrista Silvia Lospennato se quejó de que "el Congreso no puede seguir funcionando en torno a intuiciones y lindas consignas. El Congreso necesita datos. Cuando uno cambia una ley que es tan reciente tiene que tener los motivos claros".

"Ustedes que todo el tiempo están diciendo que las grandes empresas han sido las beneficiarias, que en la pandemia se han llenado de dinero, que el problema de la inflación es la concentración oligopólica de las grandes empresas alimentarias, ¿y le van a seguir pagando un sobreprecio? ¿Por qué? Explíquenlo", disparó.

Y, tras rechazar la creación de un fideicomiso que no es "transparente", la opositora afirmó que la ley actual, sancionada en 2018, "funciona y funciona bien, y si no funciona traigan los datos".

Luego que Casaretto le recordara a Lospennato que el régimen de Compre Argentino no nació en 2018, sino que antes regía la Ley 25.551, tomó la palabra la oficialista Victoria Tolosa Paz, que defendió: "Busca beneficiar no solamente la cadena de valor de los proveedores locales, el empleo y la producción, sino también por supuesto nuestra balanza comercial y la utilización de las divisas, siempre pensando en que las divisas sean parte del entramado industrial del país".

"Yo no sé qué piensa la diputada preopinante, pero pareciera que cuando la fuerza opositora gobierna y crea fideicomisos y los firman cinco días antes de irse del Gobierno, son fideicomisos que no tienen ningún manto de duda o de falta de transparencia", le devolvió la diputada a Lospennato, encendiendo el clima de la reunión.

Hacia el cierre, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, celebró que no se fuera a firmar dictamen, como era la idea original del Frente de Todos, y "poder discutir una ley que sea mejor y, lo más importante, que tenga un consenso general para poder ser una política de Estado a largo plazo".

Además, el macrista pidió que no haya despacho el próximo martes: "No hay apuro. Podemos tomarnos unos días y hacerlo seriamente, si de verdad queremos sacar una ley que beneficie a los argentinos".

"¿Vieron qué feo es ser emplazados?", chicaneó Martínez en el final de la reunión, en alusión a la metodología que la oposición tuvo para imponer el debate de boleta única. Y agregó que "por lo menos nosotros intentamos darle celeridad a algunos temas en el ámbito de las comisiones sin apelar a ninguna de esas cosas".

Tras defender los puntos del proyecto, el jefe de la bancada oficialista pidió pasar a un cuarto intermedio para que en lo posible sea el próximo martes, ya que "queremos dictaminar y llevar este tema al recinto lo antes posible".

En una reunión que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analizó este martes el proyecto enviado por el Gobierno sobre un nuevo régimen de Compre Argentino.

Durante un encuentro de más de dos horas, los representantes del Ejecutivo respondieron preguntas por parte de legisladores de la oposición, que plantearon sus dudas sobre varios aspectos de la iniciativa.

El plenario pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, día en que el oficialismo tiene intención de sacar dictamen, pero desde Juntos por el Cambio reclamaron más tiempo.

En primer lugar habló la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, quien afirmó que "el objetivo de esta ley es generar nuevas oportunidades y desarrollo de empresas nacionales en el fuerte poder de compra que tiene el Estado". Destacó que se incorpora la posibilidad de "generar sectores estratégicos e innovadores", algo que "no tiene la ley hoy".

Además, resaltó que se busca "potenciar incentivos que ya posee la ley" y "dos aspectos claves que no estaban incorporados" como "generar herramientas financieras a través de la generación de un fideicomiso; y generar espacios, como un Observatorio y Mesas de Compre Argentino, para mejorar el acceso a la información sobre la planificación de las compras que poseen los diferentes sujetos alcanzados por la ley".

La funcionaria subrayó la inclusión de PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, "en función de la capacidad y poder de compra que tiene".

"Estamos mejorando la preferencia que otorgaba la ley, ampliándola de 15% a 20% para las PyMEs y de un 8% a 15% para las empresas grandes", detalló, y añadió que se incorpora la perspectiva de género, a partir de otorgar "un margen adicional del 3% a empresas que estén dirigidas por mujeres o que tengan altos cargos gerenciales en sus empresas, o que más del 50% de su nómina sean mujeres".

Al momento de las preguntas a los funcionarios, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) consultó "por qué la ampliación de la preferencia", ya que con ese cambio "estamos tomando una decisión de que el Estado gaste más". "Merece una justificación", aseguró, al explicar que la modificación representaría que se "gaste hasta un 20% más a lo que correspondería a los precios de mercado" cuando el "objetivo en las compras y contrataciones" es "adquirir bueno y barato".

En su intervención, el puntano observó que se incorporó la perspectiva de género, pero no la preferencia para empresas que cumplan con la pauta de desarrollo sostenible, cuando nuestro país en compromisos internacionales ha abogado por "la producción y el consumo responsable".

Luego fue el turno del secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Hugo Romero, quien analizó: "Se incrementa la preferencia porque seguramente las PyMEs y las empresas nacionales han perdido competitividad. ¿No creen que la pérdida de competitividad viene por haber incrementado el costo fiscal y haber tenido una política monetaria con atraso cambiario?".

Al observar varios puntos del proyecto, el cordobés habló de delegación de facultades y alertó por la eliminación del "artículo 22 de la ley actual, que habla de la responsabilidad penal de los funcionarios". También planteó sus dudas por "cuál va a ser la magnitud" del nuevo fondo fiduciario que se crea, y pidió poder tener al respecto "un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso" y "la ampliación de información por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo".

En la misma línea que sus pares, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se preguntó "qué sucedió con la ley desde que funciona" porque "estamos yendo por más sin saber por qué le vamos a decir a la gente que el Estado está pagando más, si verdaderamente está funcionando (la norma). O si no está funcionando, ¿por qué creen que por aumentarlo va a mejorar?" la situación de las empresas, señaló entre varias preguntas.

En respuesta a las dudas de los legisladores de la oposición, Julián Hecker, director nacional de Compre Argentino, explicó que "no necesariamente que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más ese porcentaje. Ese margen de preferencia aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales siempre gana el más barato".

Y defendió que el aumento de los porcentajes es para "darle más posibilidades a las industrias argentinas para poder ganar en diferentes licitaciones", al tiempo que comparó los regímenes en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde "el margen de preferencia es de 30% y en algunos casos llega al 55%".

Tras admitir que no tenía "datos precisos" sobre el impacto que tuvo la ley actual, Hecker argumentó por qué se incorpora al PAMI: "Para ampliar el efecto multiplicador del compre nacional y que eso tenga impacto en empleo, en más producción de laboratorios, en empresas de equipamiento médico y productos médicos, como prótesis, descartables".

"El PAMI hoy ya es parte del compre argentino, con el decreto 50 de 2019 el PAMI es parte del Ministerio de Salud, es parte de la administración pública nacional. Además recibe fondos del Tesoro", sostuvo.

Sobre la creación de un fondo fiduciario, el funcionario dijo que "está planteado como un fondo para atacar problemas específicos de acceso al financiamiento" y "no pretende este fondo atender a todos los oferentes ni tampoco a todos los potenciales oferentes". Entre otros puntos, agregó que se eliminó el artículo referido a las responsabilidades de los funcionarios porque las sanciones "ya están contempladas en el Código Penal".

Tras la exposición de Hecker, la diputada del Pro Graciela Ocaña aclaró: "El PAMI no es parte de la administración pública nacional. Es un ente público no estatal". "El propio reglamento de compra de la institución lo fija la institución", añadió.

Además, reveló que "si uno hoy analiza cuáles han sido todas las compras del Ministerio de Salud se va a llevar una sorpresa" porque "los reactivos que compraron no fueron de desarrollos nacionales, fueron de la empresa internacional Abbott". "Por muchas leyes que se establezcan, si no tenemos claros cuáles son los intereses que tenemos que defender, muchas veces esto no se produce", resumió.

Entre los oradores del debate, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró: "Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro. Se tendría que llamar ley de compre caro, y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente. Cuando nosotros compramos más caro eso requiere más impuestos que recaen sobre la actividad productiva, hace más ineficiente la actividad productiva, y eso hace que Argentina necesite un tipo de cambio más alto. Cuando el Estado compra más caro los salarios de todos los trabajadores son más bajos".

Por el oficialismo, el riojano Sergio Casas afirmó que "esta ley es beneficiosa" y apunta a "promover la industria nacional". Ante los funcionarios, el diputado propuso que se incorpore "el concepto de regiones estratégicas" ya que " no es lo mismo producir en Buenos Aires o en Santa Fe que en La Rioja o Catamarca" donde "se incrementan los costos del transporte". También solicitó que en las Mesas de Compre Argentino que se crean puedan participar miembros de "los distintos ministerios de Industria de las provincias".

En el tramo final, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, defendió la ley votada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y sobre este proyecto expresó: "No no se puede sacar dictamen el jueves, salvo que lo quieran hacer de prepo. La idea es consensuar algo que sea mejor para todos los argentinos".

Sobre la norma votada hace cuatro años, recordó que "nosotros mejoramos las preferencias". "Espero que nadie se ofenda, pero ¿vamos a jugar a ver quién es más populista industrialmente?", lanzó el legislador macrista, que rechazó la creación de un fondo fiduciario, al afirmar que "el impacto fiscal va a ser muy alto". "Esto una discusión un poco más profunda", insistió y agregó que la anterior ley "tuvo un consenso impecable y ahora no lo hay".

En el cierre, la oficialista Victoria Tolosa Paz remarcó que "el 13% de las compras del PBI las realiza el Estado argentino" y esto "se aleja del principio de que esta ley la hacemos porque somos funcionarios que queremos que el Estado compre mal, caro y de mala calidad". Defendió que sin la creación de un fondo fiduciario habría PyMEs e industrias nacionales "que sin ese financiamiento quedan afuera".

"No es una ley que busca comprar caro, sino busca que la proporción del compre nacional en la estructura nacional sea cada vez más importante, porque queremos generar trabajo y empleo", sumó.

En una breve reunión, se constituyó este miércoles la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados la cual pasó a estar presidida por el entrerriano Marcelo Casaretto, ya que hasta diciembre pasado estaba a cargo el porteño Alejandro García (Pro), mientras que en la vicepresidencia primera quedó en manos del diputado del Frente Pro José Núñez, la vicepresidencia segunda fue para la oficialista Carolina Yutrovic.

Como secretarios parlamentarios fueron designados por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, por la oposición propusieron a la cordobesa Soher El Sukaria y por Córdoba Federal Ignacio García Aresca.

El diputado Lisandro Bormioli propuso en nombre del bloque FdT a Casaretto y lo describió como “una persona de extensa trayectoria en el Estado, es contador público nacional tiene un posgrado y una maestría, es profesor universitario. Fue ministro de economía de la provincia, exsenador provincial y ha transitado en otros ámbitos con una capacidad de gestión y de implementación de políticas públicas”, y resaltó: “Es el hombre ideal para la comisión para poder llevar a cabo proyectos para mejorar la industria nacional y se desarrolle.

Tras ser proclamado como presidente de la Comisión, Casaretto agradeció la nominación y expresó de forma breve que trabajarán en conjunto porque hay que “consolidar el crecimiento económico del país, industrias, estará en nosotros dar las herramientas apura que el Gobierno pueda trabajar en esto porque eso va a generar empleo, valor agregado y mejor calidad de vida para todos”.

Por su parte, JxC propuso como vicepresidente primero al diputado del Frente Pro José Núñez porque “se desempeñó en la actividad privada y pública. Su incorporación va a ser de mucha utilidad para una discusión sana y plena de la Comisión”.

Al tomar la palabra, Núñez también agradeció sus pares y remarcó: “Hemos notado que el FdT tiene un integrante más de lo que habíamos acordado, eran 14 y 14 y uno para Córdoba Federal, uno para el bloque de Javier Milei y otro para Ser y ustedes tienen 15", por lo que solicitó: "Quiero que lo puedan subsanar a la brevedad”.

Inmediatamente el reciente electo presidente le contestó que “la conformación de las comisiones es con la resolución del presidente de la Cámara”.

Al se designada como vicepresidenta segunda, Yutrovic expresó: “Es una oportunidad para trabajar desde nuestro espacio para generar políticas y herramientas que le sirvan a la argentina y a los ciudadanos que tienen la expectativa de tener trabajo. Vamos a estar al pie del cañón para que salgan las leyes que se necesitan”.

A su turno, la cordobesa El Sukaria manifestó: “Espero una Comisión que tenga un trabajo mancomunado y que tengamos claros los objetivos y defendamos a los argentinos en búsqueda de mejor desarrollo productivo”.

Tolosa Paz al ser nominada como secretaria, señaló: “En ese comienzo de la tarea legislativa 2022 nos comprometemos a llevar adelante lo que el pueblo de la argentina necesita de la política. Vamos a trabajar incansablemente para que las leyes que propone la Legislatura, pero también los del Ejecutivo, puedan ser de una amplia participación, discusión, debates y aportes, pero claramente reflejan el espíritu de trabajar por una Argentina industrial que tiene pro delante toda la actividad del desarrollo con una mirada federal”.

Por último, García Aresca subrayó que “hay que trabajar en proyectos de industrialización, de automatización, en proyectos de políticas con 4.0, de poder incorporar el trabajo mancomunado entre empleado y empleador y sobre todo las políticas que tiene que llevar el Estado. En una era del concomiendo donde incorporar la tecnología y el conocimiento a la industria traerán los beneficios que necesita la Argentina”.

La Comisión de Industria estará integrada por 15 diputados del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y uno por el interbloque Federal.

Por el oficialismo son miembros Lisandro Bormioli, Marcelo Casaretto, María Luisa Chomiak, Eduardo Fernández, Gustavo González, Rogelio Iparraguirre, Susana Graciela Landriscini, Gabriela Pedrali, Eber Pérez Plaza, Carlos Ponce, Leandro Santoro, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli, Lucio Yapor y Carolina Yutrovic.

Mientras que por Juntos por el Cambio fueron designados Karina Bachey, Carolina Castets, Pablo Cervi, Soher El Sukaria, Federico Frigerio, Jimena Latorre, Facundo Manes, Juan Martín, Mario Negri, José Carlos Núñez, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado, Héctor Stefani y Pablo Torello.

Por el interbloque Federal completa la nómina Ignacio García Aresca (Córdoba Federal).

En el encuentro se acordó que las reuniones se realizarán los jueves a las 12.

En el marco de una nueva reunión informativa, un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos, que se encamina al dictamen favorable.

Por videoconferencia, los diputados escucharon este martes a más de diez especialistas a favor y en contra de la ley, y acordaron realizar una última audiencia con expertos -en fecha a definir- antes de llevar el tema al recinto.

La iniciativa, considerada dentro del temario de sesiones extraordinarias, se aprobó el 29 de octubre en la Cámara alta por amplia mayoría, y apunta a garantizar una alimentación saludable a través de sellos de advertencia en los empaques de productos que contengan exceso de azúcar, sal o grasas.

Elizabeth Kleiman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reflexionó que la iniciativa se enmarca en "pensar cómo poder brindarle el bien común a la sociedad, garantizando los derechos humanos vinculados a la salud, al acceso a la alimentación, a la educación y a la información".

"Si bien el rotulado y la información nutricional viene mejorando y avanzando", señaló, la expositora remarcó que hay que seguir "mejorando la información para que los consumidores puedan decidir qué es lo que necesitan de una manera esencial". "Es crucial generar y construir hábitos saludables desde la niñez", agregó.

Por su parte, Mabel Vucko, representante de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), se mostró a favor de "poder informar y facilitar al consumidor la selección de alimentos más saludables". "Estamos a favor y apoyando este rotulado", afirmó, al tiempo que abogó por "una comercialización en igualdad de condiciones" para "poder armonizarlo con el Mercosur".

En ese sentido, Vucko subrayó que el diseño del sello "sea armónico con la región", de modo de evitar "trabas en la comercialización o costos de packaging". Asimismo, pidió "la incorporación en el Código Alimentario Argentino de herramientas para poder reformular nuestros productos y cumplir con las exigencias". También, que "las etapas de implementación sean escalonadas", de modo que "la industria y, sobre todo las PyMEs, se puedan adaptar a la normativa".

A su turno, Susana Socolovsky, presidenta de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, resaltó que "el objeto de la ley, que es advertir a los consumidores y consumidoras sobre excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz, no se cumplirá, pues esta capacidad de proveer información se verá objetada por un defecto en la selección de los parámetros del proyecto de ley".

Con una explicación técnica, Socolovsky dijo que si se mantiene la redacción actual del artículo 6 de la iniciativa, "varios productos presentarán información falsa sobre el real contenido de nutrientes en el alimento o la bebida". Por eso, apuntó que los parámetros establecidos deben ser "en gramos por 100 gramos o 100 mililitros". "El rótulo frontal debe ser siempre coherente con la información que se brinda en la tabla nutricional", añadió.

En cuanto al aspecto publicitario, el director ejecutivo de la ONG Sanar, Ignacio Porras, detalló que "los niños están expuestos a 60 publicidades de comida chatarra semanales; nueve de cada diez son alimentos de baja calidad nutricional; uno de cada tres promete regalos; y uno de cada cuatro muestra personas o personajes famosos".

"La industria sigue utilizando la flexibilidad del Código Alimentario a su favor, el neuromarketing sigue reinando en la góndola, el sistema tiene una lógica supermercadista y se siguen subvencionando alimentos de baja calidad nutricional", denunció, al tiempo que habló de "una falta de políticas que incentiven la producción de alimentos frescos" y una "utilización de sociedades científicas o asociaciones de prestigio y salud para vender ultraprocesados".

Con varias propuestas de modificaciones al proyecto, Gabriela Marcello, directora de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, expresó: "Nos preocupa y nos ocupa el tema del etiquetado frontal y creemos que tiene que tener un abordaje no solo a nivel sanitario, sino a nivel productivo".

La funcionaria provincial enfatizó que el sello en los productos "no debe causar temor, confusión, ni demonizar algunos tipos de alimentos", porque "todos los alimentos pueden formar parte de una dieta, siempre que las cantidades y la frecuencia de ingesta de esos alimentos generen un equilibrio".

Para Marcello, los parámetros a cumplir en los valores máximos no tendrían que ser los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino "con el criterio del Ministerio de Salud de la Nación" que defina "cuáles son los criterios adecuados para nuestra población". En otro tramo, opinó que el octógono no debe decir "exceso en" sino "alto en".

Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), su titular Ercole Felippa, consideró que "se debería aclarar" en el etiquetado "cuando son nutrientes agregados o nutrientes propios del alimento en sí". Puntualmente sobre la prohibición, prevista en el artículo 10, de "resaltar las declaraciones nutricionales complementarias", explicó que "esto no permitiría destacar el contenido de calcio y otros nutrientes en los productos lácteos".

"Esta ley debe ser aprobada pero los productos lácteos deberían tener un tratamiento especial", aseveró. También indicó que la OPS establece límites "exigentes" que hacen "imposible la reformulación" de los alimentos. "Los productos lácteos ya de por sí contienen naturalmente lactosa, grasas saturadas y algo de sodio. Las grasas saturadas que son propias de la leche son consideradas 'buenas' ya que no se las relaciona con efectos negativos como otras grasas saturadas", sostuvo Felippa.

Por eso, el expositor aclaró que "la OPS recomienda no aplicar el perfil a las leches fluidas, leches en polvos y yogures, sin agregados. Pero este aspecto no está aclarado en este proyecto de ley". "Si se aplicara, las leches tendrían hasta tres sellos, por eso entendemos que se debería cambiar la redacción", sugirió.

Carlos Otrino, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas, advirtió que “los argentinos no consumimos ni la mitad de las frutas y verduras recomendadas por la OPS/OMS”, ya que “la mayoría no pasa de la unidad y media de consumo diario”.

“Esta realidad termina impactando en los sectores de menores ingresos”, lamentó Otrino, y agregó que “nuestros productos terminan llegando a las mesas de los consumidores muchas veces por descarte”.

Por su parte, Mijael Kaufman Falchuk, un joven de 22 años cofundador de Consciente Colectivo, remarcó ante los diputados: “A la hora de votar van a tener que pensar en el futuro y la salud de los millones de niños que habitan la Argentina”.

El estudiante exigió “no dilatar más” la sanción de esta ley sin modificaciones para que “el Congreso no se convierta en una burocracia constante”.

“Este proyecto es la puerta de entrada para generar miles de puestos de trabajo porque la alimentación saludable tiene que ser una política de Estado”, sostuvo.

En tanto, José Luis Londoño, jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, llamó la atención sobre el impacto de “medidas restrictivas” sobre las marcas.

“No es cierto que presentar en la parte frontal del empaque un sello u obligar a eliminar elementos que pueden considerarse marcas garantice la protección del consumidor”, consideró, y tras mostrar algunos ejemplos, insistió en que “regular para promover el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales”.

El último expositor fue Sebastián Laspiur, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien destacó que en la ley confluyan “el etiquetado de advertencia, la regulación de la publicidad y la protección de entornos escolares”.

Laspiur habló de “la experiencia internacional y regional que dan muestra de por qué estamos ante un proyecto con estas fortalezas”.

Resaltó a su vez que el proyecto en debate “ha aprovechado la mejor evidencia científica disponible hasta el momento y la experiencia internacional y regional”, dado que, entre otras cosas, el sistema gráfico del sello octogonal negro “es el que más evidencia arrojó”.

Asimismo, informó que en Chile, con una ley similar, se redujo un 25% el consumo de bebidas azucaradas y un 17% el de los postres envasados, y añadió que en México “en cinco años se ahorrarán casi 2.000 millones de dólares en costos asociados a la obesidad”.

“La ley no tiene ningún impedimento internacional ni riesgos para el comercio internacional ni generación de empleo”, enfatizó.

Por último, ante una consulta de la diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos), Laspiur explicó que el perfil de nutrientes de la OPS “se basa en recomendaciones de la OMS sobre las ingestas máximas permitidas para que no se ponga en riesgo la salud”, por ejemplo, con “información documentada de cuál es el porcentaje de ingesta de azúcar” que puede derivar en enfermedades como obesidad y diabetes.