El escándalo libertario en la Cámara de Diputados, desatado en torno a la designación de Marcela Pagano como presidenta de la Comisión de Juicio Político, sumará un nuevo capítulo la semana próxima, cuando el oficialismo intente abrir la comisión con la intención de elegir autoridades, al desconocer Martín Menem lo ocurrido el pasado jueves.

Diputados de la oposición que participaron de ese encuentro, que a muy pocos minutos de la hora fijada el titular de la Cámara dispuso suspender, tienen pensado no asistir a la nueva citación: consideran que, tras haber tenido quórum, la elección de Pagano como presidenta es válida y en todo caso corresponde a La Libertad Avanza arreglar sus desavenencias.

Conocedor del reglamento y con experiencia por haber ocupado la Presidencia de la Cámara baja, el diputado de Hacemos Coalición Federal Emilio Monzó aseguró, en diálogo con parlamentario.com, que “la reunión fue normal, la suspensión llegó por mail tres minutos antes de la hora fijada, pero la comisión se reunió con normalidad”.

“Lo que pasó es una ofensa al sentido común. Es una anomalía. Hay que respetar las reglas. Lo que pasó es cambiar las reglas, que se deben respetar siempre, más en una institución colegiada”, agregó el bonaerense.

Desde uno de los bloques de la oposición dialoguista interpretan que una nueva convocatoria a constituir la comisión hubiera tenido lógica si, por ejemplo, la oposición (de Unión por la Patria, primera minoría) le quisiera sacar la presidencia al Gobierno, pero eso no ocurrió; por el contrario, en la reunión se propuso al oficialismo hacer reserva de la presidencia para que ellos terminen decidiendo después. Pero tampoco sucedió, pues Oscar Zago decidió avanzar con la propuesta de Pagano. Ambos afirmaron una y otra vez que contaban con el aval del presidente Javier Milei para eso.

“El que para nosotros era hasta entonces el presidente del bloque oficialista dijo que la reunión estaba bien, que lo otro (la suspensión ordenada por Menem) era una falta de respeto. Entonces, no es problema nuestro. Para nosotros la presidenta es Pagano”, señaló uno de los legisladores que participó de ese momento, durante el cual la transmisión oficial del canal de YouTube de la Cámara de Diputados ya se había cortado. Es más, luego tampoco quedó el registro de los 20 minutos que se habían podido ver en vivo, algo que despertó las quejas y críticas hacia las autoridades del cuerpo.

Así las cosas, quienes asistieron y votaron a favor de Pagano consideran que ella es la que tiene que convocar en todo caso a una nueva reunión. “Ya tenemos presidenta. Ella está legalmente elegida”, afirmó un legislador a este medio.

En la misma sintonía, una diputada miembro de la comisión dijo a parlamentario.com que “la solución está en ellos (La Libertad Avanza), tienen que resolverlo con Pagano. Si quieren poner a otro, que ella renuncie. Ellos se tienen que ordenar y veremos cómo salimos de este brete. Para nosotros lo que se hizo es correcto. Armar un lío institucional por esto es una locura”.

Firme en su postura, Menem negó lo ocurrido y expresó que “desde lo formal y reglamentario, la reunión de conformación y elección de autoridades y fijación de días y horas de reunión de la Comisión de Juicio Político, no se llevó a cabo y, como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”. De esta manera, minutos después que concluyera el encuentro en el que la oposición y Zago avalaron a Pagano, el presidente de Diputados llamó a una nueva reunión constitutiva para el jueves 18 de abril a las 11.

Por la noche del jueves 11, cuando los diputados libertarios desplazaron a Zago como presidente del bloque y consagraron a Gabriel Bornoroni en su lugar, todos se encolumnaron detrás del discurso de Menem y dijeron que la comisión no estaba constituida. Lilia Lemoine aseguró además que la intención de ellos era que la presida Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien sería el elegido para ese puesto por Karina Milei, señalada como la responsable de arremeter contra Pagano.

A la reunión de la polémica asistieron los diputados de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Sin embargo, cuando se procedió a la elección de Pagano, los libertarios Lisandro Almirón, Nicolás Emma y Nicolás Mayoraz se fueron. Según supo parlamentario.com, Cristian Ritondo, jefe de la bancada macrista, supo media hora antes de la suspensión de la reunión. Los cuatro integrantes del Pro no asistieron.

De mantenerse la postura de la oposición que consagró a Pagano de no querer asistir el próximo jueves, el oficialismo tendrá dificultades para reunir quórum, ya que serían tres -los que se levantaron- y quizás cuenten con las cuatro presencias de sus aliados del Pro, lo que da 7, un número lejano para abrir la reunión en una comisión integrada por 31 diputados. Continuará…

El conflicto que ocurrió en la Comisión de Juicio Político, que dejó al descubierto la interna dentro de La Libertad Avanza y una posible fractura, se trasladó a la sala de conferencia de Casa Rosada entre las preguntas que le hicieron este jueves al vocero presidencial Manuel Adorni quien se distanció de los dichos del diputado nacional y expresidente del bloque Oscar Zago y afirmó que Marcela Pagano “nunca fue la presidenta de la comisión”.

En declaraciones radiales, tras ser desplazado de la titularidad del bloque oficialista, Zago expresó: “Yo vine porque íbamos a hacer cosas distintas a los demás, si vamos a ser más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no”.

Al ser consultado por esos dichos, Adorni se distanció y planteó: “Corre por cuenta del diputado lo que dijo. Todo está conforme y dentro del reglamento”.

Así, respaldó la decisión de Martín Menem de interrumpir la transmisión de la Comisión de Juicio Político y volver a convocarla para su conformación para la próxima semana: “El presidente de la Cámara de Diputados ha efectivamente hecho lo que consideró correcto y en tal caso Marcela Pagano nunca fue la presidenta de la comisión, sino que la Comisión no se llegó a conformar y entiendo que se va a hacer la semana que viene conforme al reglamento de la propia Cámara. Lo he hablado con Menem”.

“Las declaraciones que hagan los diputados o senadores de nuestra fuerza corre por cuenta de ellos. Somos un espacio donde las cuestiones se debaten y no siempre estamos de acuerdo”, remarcó Adorni.

Ante la pregunta del corresponsable de parlamentio.com sobre el encuentro que mantuvo el Gobierno con la CGT, expresó: “La reunión con la CGT fue en buenos términos y sumamente positiva, y quedó demostrado que el canal de comunicación está abierto. No solo se habló de reforma laboral. Todos entendemos la situación crítica que viene atravesando la Argentina en estos últimos tiempos”, y cerró: “De allí a cómo avance la cuestión laboral dentro de la Ley Bases lo veremos dentro de los diez días”.

Gran polémica se generó en torno a la conformación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles, que sorpresivamente el presidente del Cuerpo, Martín Menem, pidió suspender sobre la hora. Finalmente, ante la reacción airada de los diputados presentes y considerando que siempre hubo quórum para sesionar, resolvieron seguir adelante y confirmaron a la diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano como presidenta de la misma.

Pero quienes creían que con la nominación de Pagano se terminaba el pleito… se equivocaron. Pues pasadas las 13 se conoció una resolución del presidente de la Cámara invitando a los diputados a concurrir a la reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves 18 de abril, a las 11, “a fin de constituir la misma, designar autoridades y fijar días y horas de reunión”. Y más tarde el presidente de la Cámara emitió un comunicado a través de la red social X, en la que afirmó que la reunión de este miércoles “no se llevó a cabo y como consecuencia, la comisión no se encuentra constituida”.

La elección de Pagano como presidenta de la comisión no pudo verse a través de la transmisión oficial, pues justo cuando los diputados estaban tratando de decidir si avanzaban con el desarrollo de la reunión, la misma fue cortada. Lo mismo había sucedido el día anterior con la transmisión de la reunión organizada por la oposición para debatir el DNU 70/23 con la presencia de especialistas.

Fue al cabo de una reunión muy complicada y que adquirió ribetes grotescos, sobre todo porque el oficialismo confesó desconocer las razones de una decisión de la que se habían enterado al llegar.

En rigor, había trascendido en la previa del encuentro que el nombre de Marcela Pagano generaba resistencias en el presidente de la Cámara, contando él con la anuencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, según se afirma. La interna del bloque oficialista se tensó desde un primer momento, cuando al conformar las autoridades del mismo Pagano se habría molestado por haber sido relegada y terminó siendo apartada por ejemplo de la Comisión de Presupuesto, donde su nombre figuraba como integrante. En las últimas semanas volvió a mostrarse junto a sus pares y trascendió que contaba con el aval presidencial, cosa que se certificó cuando surgió su nombre para presidir esa estratégica comisión.

La noticia de la suspensión se conoció a 3 minutos de la hora de inicio de la reunión. De hecho, los diputados de La Libertad Avanza estaban presentes desde el principio. Cuando la polémica arreciaba, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz y Lisandro Almirón se pararon y se fueron. Eso fue cuando se precipitaba la decisión de revelarse contra la disposición del titular del Cuerpo.

La polémica sesión

Con inusual puntualidad, apenas pasadas las 11, el secretario de la comisión tomó la palabra y en lugar de dar inicio a la reunión, informó que habían sido notificados, y así lo  habían transmitido a los despachos de todos los diputados, que “por decisión de la presidencia se ha suspendido esta reunión”.

El titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó la palabra y tras aclarar que todos entendían que no era responsabilidad del secretario, aclaró que no podían entender “cómo se suspende una comisión sobre la hora de la propia constitución. Si usted me dice que hay una situación de fuerza mayor, (pero) estamos en quórum, tenemos la mitad más uno de los integrantes, y que nos enteremos ya sentados aquí por un mail al despacho, habla a las claras de las dificultades que tenemos para el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Y queremos dejar sentado eso en una comisión trascendente como es la de Juicio Político”.

Mientras el secretario de la comisión aclaraba que él no tenía nada más que decir, tomó la palabra el diputado radical Fernando Carbajal, para expresar su repudio al presidente de la Cámara, “que aparentemente sería quien ha tomado esta decisión”, y expresó a su vez “la preocupación por la degradación institucional a la que se está sometiendo a este Congreso”.

Trascartón, hizo un llamamiento al bloque oficialista “a cesar estas acciones. La verdad es que es una vergüenza y una maniobra política de aquello que ustedes decían que venían a cambiar… de la más baja estofa”. Y agregó: “Si tienen problemas internos, den la discusión interna, pero no sometan al Congreso de la Nación a este maltrato y esta decadencia de calidad institucional”.

“Tenemos que soportar un presidente que descalifica a las instituciones de la democracia y la República, que ataca a la prensa independiente, y como si esto no fuera poco, las propias autoridades de esta cámara, con este tipo de actos, lo único que hacen es seguir atacando el sistema democrático”, afirmó indignado.

Por eso hizo a continuación un llamado a los bloques opositores a no ceder la presidencia de la Comisión de Juicio Político al oficialismo, “porque está claro que acá hay un ataque a la calidad institucional, por lo cual pido que hagamos el esfuerzo de generar una mayoría que ponga a la presidencia de esta comisión en manos de la oposición, en tanto es un organismo de control del Poder Ejecutivo y parece que va a ser necesario que actuemos con firmeza para garantizar la democracia en este país”.

La situación dio también para el humor, cuando el diputado de UP Leopoldo Moreau, que más tarde sería elegido vicepresidente segundo de la comisión, dijo que no sabía a quién pedirle la palabra y entre risas le contestaron que era a voluntad. Más serio, el legislador K alertó sobre “una enorme irregularidad” que se estaba dando y que ponía al secretario de la comisión en “una situación muy difícil”. Consideró que no eran las formas de actuar en esa comisión, y adhirió a la sugerencia del diputado radical. Resaltó a continuación que la constitución de esa comisión era un hecho destacado y que lo menos que podían esperar era una explicación del bloque oficialista, por cuanto era “un verdadero bochorno que se une a lo que ocurrió ayer”, en referencia al corte de la transmisión de la reunión por el mega DNU.

Tomó la palabra entonces el todavía presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, sentado a la derecha de Marcela Pagano, a quien pretendía nominar para la presidencia. Y dio la nota al confesar que “no sabemos qué es lo que ocurrió. El presidente de la Cámara de Diputados no nos comunicó, por eso estamos presentes aquí. Nos hemos enterado en este preciso momento, los cuatro miembros (de la comisión). Falta un miembro solo de nuestro bloque”. Y cerró: “Pedimos disculpas… Estamos en la misma”.

Germán Martínez confesó que las expresiones de Zago le generaban más preocupación todavía. “Porque si el bloque oficialista no estaba enterado, no entendemos quién toma esta decisión y en virtud de qué, con el número más que reglamentario y con todos los nombres comprometidos en este fuero”.

Martínez recordó que la comisión ya tenía a sus integrantes definidos por una resolución, y lo que venían a definir era solamente el cuadro de autoridades y establecer el día y hora de reunión. “Estando todos aquí, habiéndonos enterado ya después del horario que se suspende y que estemos absolutamente todos los bloques y no podamos estar funcionando… de mínima necesitaríamos que tengamos una explicación”, sostuvo.

A continuación sugirió elevar una nota pidiendo explicaciones al presidente de la Cámara.

Para Juan Manuel Pedrini (UP-Chaco) también se trataba de un hecho “de gravedad extrema”. Aclaró que “la mejor tradición política indica que corresponde al oficialismo la presidencia de esta comisión. Pero dadas las circunstancias, admitió que podían rever tal postura, como había planteado Carbajal, y en la próxima sesión “ver si el bloque oficialista está en condiciones de asumir tamaña responsabilidad, habida cuenta de esta informalidad que tanto nos sorprende”.

Figura central de esa comisión durante todo el año pasado por haberla presidido, la entrerriana Carolina Gaillard también expresó con humor que “si quieren presido de facto hasta que asuman las nuevas autoridades”. Pero luego aclaró que “no podemos permitir este manoseo institucional; esta comisión es muy importante, todos sabemos eso, pero este manoseo institucional se suma al corte de la transmisión que se produjo ayer cuando se llevaba la reunión de la validez del DNU”. Luego hizo un llamamiento al presidente de la Cámara a “evitar estas desprolijidades”, a las que sumó la tardanza en constituir la Comisión de Trámite Legislativo, y el “no respeto de la integración de las comisiones según el sistema D’Hont”. Ante lo cual, pidió “encaminar el funcionamiento institucional”, para terminar adhiriendo a la propuesta de Carbajal: “Si el oficialismo no está en condiciones de definir sus autoridades, tal vez debamos constituir una mayoría para que la presida otro”.

Paula Oliveto, diputada de Hacemos Coalición Federal, se manifestó “sorprendida y preocupada, porque nosotros siempre constituimos las comisiones en base a los acuerdos con los presidentes de los bloques y el presidente de la Cámara. Exponernos a esta situación hace a la gobernabilidad institucional. El primero que la tiene que cuidar es el presidente de la Cámara, que tiene que enterarse de que no es presidente de un partido, sino de toda la Cámara”.

La diputada de la Coalición Cívica recordó que el año pasado en esa comisión habían trabajado con “respeto, a pesar de las distintas posiciones”. Y volvió a dirigirse al presidente de la Cámara: “Señor presidente, usted está ahí porque todos nosotros lo votamos, y nos tiene que respetar a todos nosotros. No tiene que tener pensamiento interno ni faccioso”.

Luego de que Ramiro Gutiérrez adhiriera a la nota que habían sugerido elevar a Martín Menem y pedido que le agregaran los fundamentos jurídicos de la suspensión, tomó la palabra Emilio Monzó, expresidente de la Cámara baja, quien admitió que lo que estaba sucediendo era “una anomalía que nunca hemos visto”.

“Tampoco tengo explicaciones, creo que no hay atribuciones, es como convocar a una sesión y cuando haya quórum, el presidente la suspenda. Acá ya hay quórum, esta sesión no se puede suspender, a mi criterio tenemos que funcionar”, sostuvo, planteando que no había razón para no sesionar y elegir las autoridades, con el compromiso de mantener la presidencia de Juicio Político para el oficialismo.

Monzó reclamó: “No dejemos de funcionar, sino vamos a impedir trabajar a este cuerpo por decisiones del presidente de la Cámara. Acá hay quórum, elijamos las autoridades”.

Intervino la oficialista Lilia Lemoine, que aclaró que se había anunciado que levantaban la sesión antes de ingresar a la sala. “Fue sobre la hora, pero avisamos desde afuera”, dijo, a lo que Monzó le aclaró que “para una reunión de estas características hay gente que viaja, que tiene agenda, no podés avisar sobre la hora, porque es un antecedente muy malo que vamos a dejar acá”. De lo contrario, advirtió que si no continuaban iban a dejar “un antecedente muy malo para cualquier otra reunión”.

Finalmente prevaleció la idea de avanzar con la reunión y eligieron autoridades, incluso la presidenta. El propio Zago tomó la palabra para proponer a Marcela Pagano para ese cargo. Vicepresidenta primera fue elegida Paula Olivetto y vice segundo resultó Leopoldo Moreau.

 

En la seguidilla de comisiones que se constituirán esta semana en la Cámara de Diputados, este miércoles a las 11 será el turno de la de Juicio Político, que quedará en manos de La Libertad Avanza y la elegida para presidirla es Marcela Pagano, según confirmaron a parlamentario.com fuentes oficialistas. 

Esta es una de las cinco comisiones clave, consideradas de gobernabilidad, que durante el verano se habían acordado ceder al oficialismo. Sin embargo, en enero se constituyeron cuatro: Presupuesto y Hacienda; Legislación General; Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto. 

Desde el entorno de la periodista, quien el año pasado se sumó al partido liderado por Javier Milei, aseguran que fue ungida por el presidente de la Nación para ocupar ese lugar por la “confianza” que él le tiene. 

Comenzado el período ordinario de sesiones, y tras un operativo contención, Pagano volvió a subir el perfil que había bajado desde que asumió por estar molesta con el reparto de cargos dentro del bloque libertario. 

Alineada a su bancada, que muchas veces se rumoreó podía haber abandonado, aunque esto siempre se negó desde su despacho, la bonaerense se encamina ahora a presidir una importante comisión, encargada de habilitar o no el debate de pedidos de juicio político contra el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema. 

Justamente sobre éstos últimos, durante todo el año pasado el kirchnerismo -con mayoría en ese momento- impulsó la acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

Se trató de un proceso extenso e inusual en esa comisión, que suele constituirse y casi nunca abrirse. Todo concluyó con los correspondientes dictámenes acusatorios, que incluso este año tienen vigencia para tratarse en el recinto, pero su aprobación requiere de dos tercios de los votos, algo que el kirchnerismo no tuvo desde el primer momento y menos ahora. Cabe recordar que el juicio político se inicia con la acusación en la Cámara de Diputados, y pasa luego al Senado, encargado de juzgar. 

Además de Pagano, por el oficialismo formarán parte de Juicio Político el jefe del bloque, Oscar Zago; Lisandro Almirón, Nicolás Emma y Nicolás Mayoraz.

Unión por la Patria contará con 13 miembros -sobre 31- que serán Carolina Gaillard (la última presidenta de la comisión), Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky. 

Por el Pro estarán Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Álvaro González, Silvia Lospennato y Patricia Vásquez; por la UCR Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Francisco Monti y Alfredo Vallejos; por Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, Emilio Monzó y Paula Oliveto; y Alberto Arrúa de Innovación Federal. 

Tras 26 reuniones realizadas a lo largo de este año, finalmente la Comisión de Juicio Político, presidida por Carolina Gaillard (FdT), avanzó este martes con el dictamen acusatorio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Ricardo Lorenzetti; y Juan Carlos Maqueda.

El juicio político, ahora, debería continuar en el recinto de la Cámara de Diputados, donde debería obtener una mayoría calificada (2/3 de los votos) para pasar al Senado, que es quien tiene la atribución de juzgamiento. Obviamente el oficialismo saliente no tiene el número en la Cámara baja, por lo que especulará votarlo más adelante ya que el dictamen tiene vigencia por tres períodos parlamentarios.

El dictamen de mayoría tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Los 16 votos a favor del dictamen correspondieron a los legisladores del oficialismo, a saber: Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Carolina Yotrovic.

En la antesala de esta última reunión, el oficialismo realizó varios cambios para asegurarse de lograr las 16 firmas del dictamen acusatorio contra los jueces de la Corte Suprema. Quedaron fuera: Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán (diputados que responden a Sergio Massa); y Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo.

La oposición presentó un dictamen de minoría en el que se opone a prolongar este proceso. También, hay un tercer dictamen presentado por el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, en oposición al proceso de enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia.

El proceso iniciado el 26 de enero pasado llegó al final de su tratamiento en comisiones, el cual debió haber culminado el 20 de noviembre pasado (un día después del balotaje), pero el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

La reunión comenzó con la lectura de lo que fue todo el proceso realizado a lo largo del año, mencionó a todos los testigos que pasaron por la comisión y hubo un agradecimiento de la presidenta de la comisión a todos los que trabajaron arduamente en esa tarea.

Antes de las exposiciones de los diputados presentes en la reunión, se sometió a votación -y resultó afirmativo- que los dictámenes vayan acompañados por los anexos conjuntos de investigación (la parte general, resumen del proceso y las causas del proceso).

Asimismo, la titular de la comisión, Carolina Gaillard, advirtió que las presentaciones de los jefes de bloques, Juan Manuel López y Mario Negri, “tenían que haberse resuelto en un plazo razonable” y fueron rechazadas por “ser improcedentes a los informes depuestos”.

En primera instancia, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) planteó una reseña de las cuatro causales por las que el oficialismo lleva adelante este proceso de enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia. “El resumen fue lo suficientemente detallado para que la opinión publica tome conocimiento de la seriedad que privó en el ámbito parlamentario”, arengó.

“Este ejercicio está vinculado a la docencia institucional porque quisieron hacerlo parecer como un acto revanchista de carácter direccionado a generar desprestigio hacia la Corte Suprema, pero a medida que avanzamos se iban corriendo velos en las irregularidades de esta institución”, agregó.

Del mismo modo, señaló que “la división de poderes es el pilar de nuestro sistema republicano”. “El juicio político es un procedimiento exclusivo del Congreso porque está en los artículos de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados”.

Al respecto de las causales, Moreau explicó que “esas sentencias se transformaron en objeto de desviación de poder y no tenemos ninguna duda porque se vio reflejado en la causa 2×1, en la del Consejo de la Magistratura y en la coparticipación”, pero aclaró que “se juzga a las personas que integran la Corte Suprema, no a la institución”.

Finalmente, el diputado oficialista se solidarizó con Karina Banfi por las amenazas que recibió en su mail personal, y se manifestó preocupado por “el regreso” de discursos negacionistas que “alimentan la violencia política”.

En contraposición, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) expresó: “Llegamos a la última función de este entretenimiento que propuso el oficialismo”. “Moreau acertó la verdadera causa de esta investigación, y la causa por la que debe ser desestimada, porque esto se hizo para justificar la desobediencia ante la Corte Suprema”.

“La Corte emitió sentencia para que Nación le devuelva la coparticipación a la Ciudad, pero el presidente Alberto Fernández dijo que no iba a cumplir la sentencia porque no estaba de acuerdo”, remarcó el jurista del Pro. “A quien se le debería hacer juicio político es al presidente de la Nación”, aseveró.

Con un breve repaso por los causales, Tonelli afirmó que esto tiene “un origen político en la denuncia que nada tiene que ver con el supuesto mal desempeño de los jueces de la Corte”, y cerró: “Si le agregamos la sinrazón de los argumentos, no queda otra posibilidad más que rechazar esto”.

Por otro lado, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez remarcó su postura -cercana a la de JxC- respecto a este proceso y presentó un dictamen propio donde rechaza el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.

Luego, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, señaló: “Las causales son carentes de todo fundamento”, y agregó que “este Gobierno aun teniendo mayorías en Diputados y el Senado, siempre tuvo una relación conflictiva con la justicia”.

“Una vez tuvieron sentado 12 horas a un empleado y no lo dejaban ir al baño y esto fue parte de una táctica y estrategia cuando querían usar a la comisión con los testigos que usaban”, añadió Negri y afirmó que “esto va a ser recordado como el juicio político más bochornoso que yo recuerde”.

Por su parte, el oficialismo planteó las cuatro causales del proceso de juicio político a la Corte Suprema a través de Vanesa Siley (irregularidades de la obra social del Poder Judicial), Eduardo Valdés (la sentencia por la composición del Consejo de la Magistratura), Hugo Yasky (el fallo del dos por uno), y Juan Manuel Pedrini (por el amparo que le devolvió la coparticipación a CABA).

A su turno, el diputado nacional Álvaro González (Pro) expuso: “Quiero simplemente hacer referencia que allá por enero cuando empezó esta comisión hice referencia a que íbamos a tratar este pedido porque hemos trabajado un año entero y repito que este juicio político se lleva a cabo por un fallo que al presidente de la Nación no le gustó”.

“Con innumerables fallas técnicas no hay razones objetivas ni subjetivas que ameriten llevar adelante este juicio político”, enfatizó. Además, añadió que “no lograron acompañamiento de ningún bloque y cambiaron diputados porque no se animaban a firmar el dictamen. Repensemos porque esto le hace mal a la República Argentina”.

También, la diputada saliente Graciela Ocaña (Pro) afirmó que “es un circo político que ha durado demasiado”. “Nació de una sentencia que no gustó, que en realidad fue un amparo y el presidente decidió no cumplir y a los argentinos les importó muy poco lo que estaba pasando acá y eso se vio reflejado en las elecciones”.

Llegado el turno del presidente de bancada de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, expresó: “Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa”. “Todos por motivaciones distintas, todas malas”, añadió.

“La vicepresidenta sostiene el relato del lawfare, que es perseguida política. Alberto Fernández lo hizo para ejercer parte del poder, cuando los gobernadores le pidieron ir contra los recursos de CABA. Massa tenía que pagar esa sentencia de Cristina y no la pagó. También quería ser presidente y así tener a la Corte sometida”, explicó López.

En tal sentido, afirmó que “las tres cabezas del Frente de Todos se bancaron este juicio por objetivos distintos pero concurrentes. Desprestigiaron el juicio político como institución”.

Finalmente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, resumió lo mismo que Gaillard al principio y manifestó que “venimos de dos diciembres donde la Corte tomó decisiones que fueron motivo para llevar a cabo este juicio político”. Asimismo, valoró el “enorme trabajo” realizado en el juicio político”, y sacó pecho al expresar que “cuando las mafias nos apuntan no nos amedrentamos”.

Tras 26 reuniones, y una decena de testigos, la presidenta de la Comisión de Juicio Político anunció los tres dictámenes (uno de mayoría, uno de minoría y uno del “Topo” Rodríguez) y celebró que “este proceso ha respetado la garantía del debido proceso con transparencia”.

En la previa de la última reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados que se llevará a cabo este martes, para la firma de los dictámenes acusatorios contra los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo realizó una serie de cambios entre sus integrantes para garantizar el número.

A lo largo de todo el año, desde que en enero comenzó el proceso, el Frente de Todos tuvo su mayoría asegurada, de 16 miembros, con la que pudo aprobar todo tipo de ampliación de prueba, citación de testigos y otros trámites.

Entre los más activos de la comisión figuró Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, que este martes no estará. Su reemplazo será igualmente otro massista, el bonaerense Carlos Selva, que en 12 días termina su mandato.

Pero también será reemplazada otra diputada del sector de Sergio Massa, quien durante la campaña y los debates presidenciales evitó responder si daría continuidad al juicio político contra la Corte. Se trata de Micaela Morán que, en su caso, sí será reemplazada por alguien del kirchnerismo, la santafesina Magalí Mastaler.

Además, saldrán Mara Brawer, Susana Landriscin, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo, y en su lugar ingresarán Mónica Macha, Paula Penacca, Carolina Yutrovic e Itaí Hagman.

El resto de los oficialistas que integran la comisión son Carolina Gaillard (presidenta), Ricardo Herrera, Juan Marino, Germán Martínez, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Hugo Yasky.

El mensaje del radical Mario Negri por los cambios

La última bala del oficialismo no es de plata sino de salva. Tuvo que hacer 6 cambios en la comisión de Juicio Político para poder dictaminar hoy el bochornoso proceso contra la Corte Suprema.
El próximo Congreso deberá rechazarlo para que los jueces no sigan bajo presión K.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 28, 2023

En vísperas del cierre del tiempo de las comisiones para dictaminar, Juicio Político pretende realizar una última reunión con la intención de poner punto final al proceso de recolección de pruebas contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Así fue confirmado este viernes, a partir de la citación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, para realizar una reunión en la Sala 1 del segundo piso del “Anexo A” este martes 28 de noviembre. Inicialmente el encuentro estaba previsto comenzar a las 13, pero por pedido de JxC la titular de la comisión reprogramó el arranque para las 15, debido a que previamente los gobernadores de la oposición se reunirán con legisladores actuales y electos.

Según confiaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, esa reunión será para dictaminar, con lo cual el proceso llegaría a su fin en cuanto a lo que hace a la Comisión de Juicio Político y el tema quedará listo para llegar al recinto, donde necesitaría los 2/3 de los votos para continuar su camino en el Senado.

El tema es que el oficialismo saliente no tiene los votos para llegar a tanto, así que la idea es dictaminar los cuatro procesos acusatorios contra los jueces y dejarlo en espera hasta alcanzar ese número, si eso es posible. Esos dictámenes tendrían tres años de vigencia. A menos que el nuevo oficialismo decida desempolvarlos para llevarlos al recinto y hacerlos caer cuando no reúnan los 2/3. Se verá.

Lo cierto es que el tema estuvo presente en la reunión que esta semana mantuvo el futuro ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, con los integrantes de la Corte. Tras esa reunión, el designado funcionario calificó de “infame” ese enjuiciamiento. “Ha sido para dañarlos públicamente, es infame. Esto tiene que terminar”, aseguró en una entrevista con TN, precisando que “el juicio a la Corte no tiene andamiaje ni fáctico ni jurídico. Es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno”.

Lo cierto es que el proceso iniciado el 26 de enero pasado llegará este martes a su fin, al menos en esta instancia. La 25° reunión llevada a cabo el 7 de noviembre pasado a la que hacíamos referencia terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles 29. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Eso tratarán de hacer este martes; de no suceder la investigación se caería y todo concluiría como si nunca hubiera habido una investigación.

La combinación del resultado del balotaje y el escándalo por el espionaje ilegal causó tal impacto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que todo el proceso de enjuiciamiento desarrollado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia podría quedar en la nada. Así sucederá si en una semana no se votan los cargos elaborados contra cada uno de los jueces.

Este juicio contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se inició el 26 de enero pasado y desarrolló sus audiencias a lo largo de todo el año, hasta que la vigésimoquinta reunión terminó envuelta en un escándalo, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por concluida la reunión a dos minutos de haberse iniciado, para evitar que se desatara una discusión en torno a la vinculación de uno de los miembros del oficialismo, Rodolfo Tailhade, en la causa judicial sobre espionaje sobre políticos, jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales que acababa de conocerse.

Esa última reunión fue el 7 de noviembre pasado y había sido convocada con el objeto de recibir el descargo de los dos miembros de la Corte que no respondieron por escrito el traslado con los cargos que les habían hecho llegar en el marco del enjuiciamiento.

En la previa de ese encuentro, se supo que el candidato presidencial oficialista había pedido la postergación del proceso hasta después del balotaje, para evitar que el mismo se mezclara con la campaña electoral. Como el tiempo para que las comisiones se reunieran vencía el 20 de noviembre, un día después de las elecciones (y ese día era feriado), el Gobierno extendió el período ordinario hasta el 9 de diciembre.

Así las cosas, el margen de tiempo para que puedan dictaminar las comisiones vence el miércoles de la semana que viene. Hasta ese día tiene tiempo la Comisión de Juicio Político para votar los cargos contra los jueces. Según pudo saber parlamentario.com de fuentes de esa comisión, no está definido aún qué se hará.

Consultado por este medio, un integrante de la Comisión de Juicio Político por la oposición advirtió que “si la comisión no dictamina antes del 29, la investigación cae y se termina. Sería como si nunca hubiera habido una investigación”.

“Veo difícil que haya una nueva reunión, pero no la descarto”, aclaró el legislador consultado.

Los miembros del interbloque Juntos por el Cambio de la Comisión de Juicio Político pidieron este jueves el apartamiento preventivo del diputado Rodolfo Tailhade de la misma, “por su vínculo con el espionaje ilegal que cimentó el juicio político a la Corte Suprema. Tailhade no tiene legitimidad para enjuiciar a nadie”, sostienen los miembros opositores de dicha comisión.

La nota es firmada por los diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto; los radicales Mario Negri, Manuel Aguirre, Ximena García y Francisco Monti; Carla Carrizo (Evolución Radical); y los del bloque Pro Omar De Marchi, Alejandro Finocchiaro, María de las Mercedes Joury, Graciela Ocaña y Dina Rezinovsky.

Dirigida a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, la nota habla de “hechos de extrema gravedad institucional que siguen ocurriendo en la tramitación del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ponen en riesgo el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y la responsabilidad internacional del Estado argentino como consecuencia de la violación de derechos y garantías consagrados en los instrumentos  internacionales de derechos humanos, enunciados en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional”.

Citan la situación que involucra al diputado Rodolfo Tailhade, que “habría recibido, en el marco de conversaciones desarrolladas mediante una aplicación de mensajería, información ilegal suministrada por parte del señor Ariel Pedro Zanchetta, quien formaría parte de una red de espionaje ilegal cuya actividad habría tenido como objetivo principal a políticos, magistrados, periodistas, empresarios y personajes de cierta relevancia pública y política. En dichas conversaciones el señor Ariel Zanchetta le habría enviado al diputado Rodolfo Tailhade ‘informes’ de diversas personas de relevancia pública y política”.

“Resulta sumamente grave que un diputado que integra la comisión en la que tramita el juicio político promovido contra los cuatro ministros de la Corte Suprema —y en la que, además, y como hemos denunciado en las

notas remitidas a esa presidencia el 23 de febrero y el 21 de marzo de 2023, se han difundido comunicaciones obtenidas ilegalmente como fundamento para sostener algunas de las acusaciones— haya mantenido innumerables conversaciones telefónicas, precisamente, con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que ilegalmente obtuvo comunicaciones de magistrados, políticos, periodistas, empresarios y personajes de cierta relevancia pública y política”, agregan los diputados de JxC.

Es por eso y bajo el concepto de evitar que “se sigan llevando a cabo irregularidades en la tramitación del mencionado juicio político y de garantizar el normal funcionamiento del Congreso y de la justicia, consideramos imprescindible que la presidenta de la Comisión de Juicio Político disponga, de modo urgente, el apartamiento preventivo del diputado Rodolfo Tailhade de la mencionada comisión. Ello así, porque, de lo contrario, estaría en juego el debido proceso y la garantía constitucional de la defensa en juicio de los magistrados investigados así como la imparcialidad con la que debe desarrollarse el procedimiento de instrucción sumaria ante la comisión”.

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A cargo de Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político informó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) tras 24 reuniones en lo que va del año.

Tras ser notificados, los jueces del máximo tribunal de justicia disponen hasta el jueves 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. Gaillard anticipó que “la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.

Hasta el momento hubo 24 reuniones de la Comisión de Juicio Político -se prevé al menos una más-, donde declararon un total de 65 personas en base a las 14 iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema por “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otras irregularidades denunciadas.

El proceso comenzó el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos, y después se inició la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas en los fallos del dos por uno que benefició a genocidas, el de coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, por las irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder.

Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo al recinto donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente. Según, la titular de la comisión, está previsto que el dictamen sea en noviembre.

Los cargos contra los jueces

La Comisión de Juicio Político inició el proceso de investigación contra la Corte Suprema a partir de los fallos del “dos por uno”, que benefició a condenados de la última dictadura militar; por el de la coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires; por la reforma del Consejo de la Magistratura; y por irregularidades denunciadas en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

La primera causa investigada fue la del denominado “fallo dos por uno”, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

A partir de lo que se conoció como el fallo Muiña, acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado, y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas.

Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Entre las acusaciones al presidente se destacaron: haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2×1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo “Muiña”; haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento caso motivado por intereses ajenos a la justicia; y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Mientras que a Rosenkrantz se lo acusó por: promover acciones dilatorias en la causa “Schiffrin”, con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Highton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso “Muiña”; abandonar los deberes funcionales que surgen de la Acordada 42/08 de creación Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad (Comisión Interpoderes), desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación; y por no excusarse de intervenir en las causas “Aredez” y “Burgos”, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad.

Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.

Además, del presidente y vicepresidente, se formularon cargos contra Juan Carlos Maqueda por: atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional; apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura; y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura.

También, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional; inmiscuir en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas; y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.

En la causa “Coparticipación” se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

En este caso, los cargos formulados fueron para los cuatro integrantes del máximo tribunal y se los investigó por: Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso; arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes; y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia.

Luego del fallo de la coparticipación, se hicieron virales una serie de conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles,y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por lo que se acusó a la Corte por “no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad, en atención a los vínculos de íntima confianza”.

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó una nota ante la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que piden que se declaren nulas las audiencias con testigos que hasta la fecha ha realizado la Comisión de Juicio Político.

Luego del encuentro de la semana pasada, en la cual se votó el traslado de los cargos a los jueces de la Corte Suprema por las causales de los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura, y que incluso la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), agradeciera a la oposición haber estado presente en las reuniones para que se “trabaje de manera transparente, con objetividad”, la bancada opositora denunció una serie de irregularidades.

En el escrito de 20 carillas, los legisladores de JxC solicitan que “se declare la nulidad de la totalidad de las audiencias llevadas a cabo hasta el momento y, eventualmente, en lo sucesivo, se instruya a modificar sustancialmente el modo y procedimiento mediante el cual se interroga a los testigos citados”. “Todo ello, a fin de salvaguardar expresas garantías de rango constitucional”, afirmaron.

Para los diputados, “la totalidad de las audiencias se han celebrado en violación a las normas procedimentales más elementales, que rigen en todo proceso legal, pero en particular, y con mayor vigor, en aquellos que tienen un eventual contenido sancionatorio”.

“Las violaciones a las garantías más elementales del debido proceso y defensa en juicio han sido varias y reiteradas. Pero todas estas tienen una nota común, que es un asombroso desprecio de parte de varios miembros de la comisión por las reglas que, en todas las naciones civilizadas de la tierra, están vigentes para llevar a cabo audiencias de prueba testifical”, señalaron.

Y continuaron: “El oficialismo, que persigue el propósito -decidido de antemano- de remover a los miembros de la CSJN, soslaya sistemáticamente las formas procedimentales en pos de un objetivo que juzga legítimo. No obstante, se olvida que la legitimidad de cualquier sanción, sean las del Derecho Penal sustancial o de las normas constitucionales sobre Juicio Político, depende de que se llegue ese eventual reproche por el camino de la ley objetiva y el respeto de las garantías fundamentales. Porque como es obvio, en todo Estado de Derecho, las normas procesales se erigen como un presupuesto lógico de la vigencia de las garantías, cuya observancia evita trasgresiones o indebidas restricciones a los derechos individuales comprometidos”.

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Al enumerar las irregularidades que, a su criterio, se cometieron, cuestionaron que los testigos no hayan podido asistir acompañados por un abogado defensor. “Toda colección de prueba y toda celebración de audiencias testificales es nula si antes no se notifica a las personas sometidas a investigación que tienen derecho a designar a un abogado defensor de su confianza, que cuentan con un plazo razonable para que se lleve a cabo esa designación y que, en su defecto, el Estado argentino tiene la obligación constitucional e internacional de designar a un defensor de oficio para cada uno de ellos”, apuntaron.

También advirtieron que a los jueces de la Corte “no se los notificó” de “su derecho a nombrar un abogado para controlar las audiencias de testigos que han desfilado por esta comisión”, donde “decenas de personas declararon bajo juramento sin que hubiera un abogado que pudiera objetar la admisibilidad de los interrogatorios, o repreguntar”.

Además, los diputados opositores se quejaron del modo de preguntar por parte de sus pares del oficialismo. “El modo de realizar las preguntas ha sido de una gran desprolijidad, sin el más mínimo profesionalismo o sentido de la responsabilidad institucional, violando los principios elementales de todo proceso que obligan a que las preguntas dirigidas a un testigo no sean capciosas, no sean sugestivas, y no contengan más de un hecho”, expresaron.

“Con la mera excusa de que los señores diputados ‘no son letrados’, se ha creído posible que las preguntas a los testigos se vean precedidas por discursos de tono político, diatribas contra miembros de la oposición o los medios de comunicación independientes, o chicanas o comentarios inapropiados dirigidas a los propios testigos u otros miembros de la comisión”, lanzaron.

En esa línea, cuestionaron que “han preguntado sin la menor precisión, han intentado forzar respuestas con emboscadas, reiteraciones o amenazas, demostrando que no se busca desentrañar la verdad de los hechos sino confirmar la condena que cierto sector político tiene decidida de antemano”.

En otro tramo de la nota, los legisladores de JxC sostuvieron que no se cumplió “con la obligación de tratar de modo digno y respetuoso a los testigos”. “Esta regla mínima de conducta ética ayudaría a mantener la confianza en el sistema institucional y aseguraría a la ciudadanía que este juicio político se está llevando a cabo de manera ordenada y justa”, dijeron.

También alertaron que “las versiones taquigráficas abundan y son elocuentes al reflejar que los señores diputados, en el marco de las audiencias, afirman de viva voz insultos, chicanas y amenazas de violencia física”. Sobre esto, uno de los ejemplos que ponen es el cruce que Rodolfo Tailhade tuvo con Francisco Monti en la audiencia del 1ro. de agosto durante el interrogatorio a Silvio Robles.

“Hasta la fecha, la totalidad de los testimonios han sido obtenidos en condiciones en las que no se respetó la dignidad de los testigos, o se violaron las reglas elementales para los interrogatorios legales, de conformidad con las garantías esenciales que ofrece nuestra Constitución. De tal modo, el único remedio posible, a esta altura, es la declaración de nulidad de tales pruebas testificales, de oficio por esta comisión, aun sin petición de parte”, afirmaron.

Y pidieron que de aquí en adelante, “se modifique sustancialmente el modo en el que se ha conducido hasta ahora, de modo de evitar continuar celebrando audiencias tan extensas como nulas”.

“En tal sentido, además de reiterar que existe una obligación constitucional y legal de que en cada audiencia esté presente un abogado defensor de cada uno de los sujetos investigados, entendemos que resulta imprescindible que de aquí en adelante los señores diputados presenten por escrito las preguntas que desean formular, con una antelación mínima de una hora, u otro plazo prudencial que la comisión juzgue razonable, y que las preguntas sean leídas por la presidencia o por la secretaría de la Comisión”, recomendaron.

El escrito fue firmado por Álvaro González, Alejandro Finocchiaro, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli, Omar de Marchi, Manuel Aguirre, Mercedes Joury, Graciela Ocaña, Mario Negri, Karina Banfi, Francisco Monti, Ximena García y Carla Carrizo. Los únicos miembros de JxC que integran la comisión y no firmaron el escrito fueron Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, espacio que impulsa el juicio político contra Ricardo Lorenzetti.

La vigésimocuarta reunión de la Comisión de Juicio Político prevista para este miércoles no contó con testigos, pues todos los convocados anunciaron que no podían concurrir esta vez, aunque mostraron disposición para hacerlo en otra oportunidad. Así, por segunda vez desde que se convoca a testigos, la agenda prevista quedó desierta en esa materia.

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció la ausencia de todos los testigos, aunque se refirió puntualmente a tres, cuando en realidad este martes se había sumado a otro testigo convocado.

De acuerdo con lo informado, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, no concurrió este miércoles debido al paro judicial. Gustavo Francisco Tita tampoco lo hizo, pero mandó un escrito justificando su ausencia; en tanto que Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, llamó por teléfono para avisar que no podía asistir, aunque se aclaró que ya había concurrido en dos oportunidades.

Nada se dijo del cuarto testigo, Adrián Walter Miretti, quien había sido sumado el martes al listado por la Coalición Cívica, ya que en esta oportunidad la reunión iba a estar dedicada a analizar la causal sobre “abuso de poder” del juez Ricardo Lorenzetti, para quien el partido fundado por Elisa Carrió pidió varias veces el juicio político.

Los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto se encargaron de explicar las razones por las cuales habían convocado a los testigos ausentes y pusieron en duda la posibilidad de que se los fuera a citar nuevamente. En el caso de Adrián Walter Miretti, se trata del abogado de una mutual llamada PyME Rural, y a la Coalición Cívica le llamó la atención que entre 2016 y 2017 cambiaban cheques de distintos clubes de la AFA. En la causa Fútbol para Todos esa mutual apareció también cambiando cheques. Ricardo Lorenzetti y familiares suyos eran socios de esa mutual, contó Juan Manuel López, que precisó que “todos se habían asociado el mismo día” a la misma.

“Es raro que esta mutual cambie cheques y realice actividades financieras en general encubiertas. Para nosotros fue muy sospechoso. La causa abierta la tuvo la jueza María Servini, a quien finalmente le quitaron el expediente y nunca más supimos de PyME Rural”, detalló López.

Tita fue socio de Lorenzetti, contó luego Paula Oliveto, quien agregó que en su momento afirmó que “el titular de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo, Pablo, miembro del Poder Judicial”.

A Marchi la CC-ARI siempre le apuntó por su relación con Lorenzetti. “No quiere venir a dar la cara frente a las preguntas incómodas de nosotros”, sostuvo López.

Tras una sesión maratónica, que culminó esta mañana, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzará con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin está citada a las 15, en la Sala 1 del edificio Anexo. Por decisión del oficialismo, se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación; Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años; y Adrián Walter Miretti, vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

Previo a las elecciones generales, el oficialismo avanzará en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les trasladarán los cargos y se los citará a que puedan realizar su descargo.

La reunión para tal fin será el próximo miércoles, a las 15. En la citación se señala que se pondrán a consideración “las resoluciones que disponen las citaciones de los señores ministros con los cargos formulados y la prueba individualizada” en tres hipótesis: los fallos 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura. Es decir, todavía no se trata de los dictámenes de acusación.

En junio pasado se dio una situación similar con Juan Carlos Maqueda, cuando se le corrió traslado de los cargos provisorios que le adjudicaban en la causal de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Tras ello, el magistrado no asistió, ni tampoco respondió por escrito.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento interno de la comisión, “reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”.

De esta manera, se dará un paso más en el proceso que comenzó en enero pasado y se mantuvo a lo largo de todo el año. La comisión ya lleva más de una veintena de reuniones, por donde han pasado numerosos testigos.

El fallo de la coparticipación, en diciembre de 2022, fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés (FdT). No obstante, el oficialismo en la comisión aprobó en el arranque la admisibilidad de un total de 14 pedidos de juicio político.

Por otra parte, se continuará con la hipótesis “abuso de poder”. El último encuentro estuvo centrado en Carlos Rosenkrantz, mientras que en la próxima reunión asistirán testigos solicitados por la Coalición Cívica, que tiene un pedido presentado únicamente contra Ricardo Lorenzetti.

Los testigos serán Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Lorenzetti -quien ya estuvo previamente en la comisión-; Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y Gustavo Francisco Tita, quien denunció a Lorenzetti hace unos años.

También ha sido citado Adrián Walter Miretti vecino de Rafaela, de donde es oriundo precisamente Lorenzetti.

Las causales en las que se dio por concluida la investigación

De acuerdo a lo anunciado por el oficialismo, se avanzará con las resoluciones sobre los cargos a los jueces, según corresponda, respecto de tres hipótesis.

La primera tiene que ver con la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. Según considera el FdT habría existido un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco. Esto es a partir del hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri no se apeló un amparo de la jueza y pudo continuar en la Corte a pesar de haber cumplido 75 años, el límite establecido por la Constitución.

La otra tiene que ver con el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables. Desde el oficialismo aseguran que el mismo fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con conversaciones entre él y Silvio Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte.

En tanto, la hipótesis sobre un “asalto al Consejo de la Magistratura” comienza con el autovoto de Rosatti para asumir la presidencia del máximo tribunal y posteriormente el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo y asumiendo Rosatti como presidente del mismo. Además, la cuestión de los chats aparece nuevamente en este caso, con presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Robles sobre cómo debía accionar la oposición en el Senado, al reclamar por la representación del bloque.

La Comisión de Juicio Político de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard retomó este martes las audiencias en el proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema. En esta ocasión, comenzaron el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

Se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes. El segundo cargo evaluado fue el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.

De los cinco testigos convocados, participaron cuatro: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El único convocado que no asistió según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.

Antes de comenzar con la ronda de testigos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, explicó la causal de “abuso de poder” que se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus exclientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.

“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.

También informó que la segunda hipótesis de esta causal tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.

Por otro lado, el oficialismo avanzó hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.

Además, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 10 en la que tratarán la causa de la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti, se citarán a los testigos.

Los testimonios

Primer testigo de la jornada, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N°7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, asistió por segunda vez, ya que había declarado en la comisión el 7 de marzo pasado. Consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo. 

El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.

“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.

En su intervención, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que “respecto de las posibilidades que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.

Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran exclientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.

“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió.

Para Moreau, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión del doctor Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.

Por su parte, el presidente de la CC-ARI, Juan Manuel López, consideró que “no hubo nada irregular en la decisión y en la nota, porque aparte lo hace público a todos sus colegas, de que iba a empezar a intervenir pasados cinco años en las causas en las que el estudio que perteneció patrocinó a alguna de las partes”.

“A mí modo de ver tuvo un exceso de restricción en la decisión de no intervenir”, opinó y recordó que para ser juez de la Corte “tenes que haber sido abogado y ejercido ocho años” y para eso “se necesita haber tenido clientes”. Además, sobre la lista de sus exclientes, mencionó que la presentó por un decreto del año 2003, presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a los candidatos a jueces a exponer ese listado.

“La excusación es absolutamente potestativa del juez y no hay ninguna obligación de hacerlo. El plazo que dice el diputado Tonelli es el único que hay en la legislación argentina. No se auto legisló. Por eso nunca vamos a entender esta causal”, añadió.

En su testimonio, Roberto Saggese, de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti declaró sobre la causal “Consejo de la Magistratura” por la que había sido citado el 21 de septiembre pasado, quien ingresó en 2021 a la vocalía, consideró que en la causa Colegio de Abogados “hubo legitimación” y que no tuvo a la vista “ningún proyecto anterior, el primer trabajo fue el análisis de este tema y la consideración de la firma de Rosatti”.

Los periodistas

El periodista Ari Lijalad, quien fue citado por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape, luego de presentarse, la diputada oficialista Siley le preguntó por “diversas notas” publicadas sobre “las distintas intervenciones en causas que tuvo el ministro Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema en las cuales no se excusó de intervenir, pese a que en los casos algunas de las partes eran clientes suyos”, por lo que le pidió detallar el nombre de esos clientes que aparecieron en las notas periodísticas.

Lijalad explicó: “Lo que hice fue tomar el listado de exclientes y de ex sociedades donde Carlos Rosenkrantz declaró, sociedades donde había participado, y exclientes que tuvo en el estudio. En el listado constan esos clientes. También estaban en la página web del estudio Bouzat, pero cuando Rosenkrantz fue, primero nombrado por decreto, y después fue al Senado a tener sus audiencias, borraron ese listado, pero yo conservé una copia”.

“El trabajo que hice es bastante sencillo en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, puse el nombre de cada cliente que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de él, todo de fuentes públicas y abiertas. Anoté todos los casos donde aparecía un voto de Rosenkrantz vinculado a un excliente. Parecieron muchísimos”, explayó el periodista

Así, procedió a detallar algunos de ellos: “La última lista que hice eran 56 casos, había 3 fallos que involucraban a Telecom exclientes, 1 fallo que involucra a ARTEAR ambos del Grupo Clarín, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 que involucran a AMX que es la empresa Claro de telefonía, 3 que involucran a la provincia de Corrientes, 4 a la de Santa Fe, 1 fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos de YPF, 5 al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 1 de Piero y 1 de Polisur”.

“Todas las semanas miro los fallos de la Corte, porque es mi trabajo, y han aparecido más. Son todos fallos donde figura la firma de Rosenkrantz donde intervino con casos de exclientes”, denunció.

Siley le consultó en qué casos el titular de la Corte se exudó y en cuáles no. Al respecto, Lijalad recordó que la primera nota que publicó hace dos años fue porque Rosenkrantz giró una nota al resto de los miembros de la Corte en un caso de AMX Argentina contra la Dirección General de Aduana  donde les comunica que “iba a empezar a intervenir en causas de sus exclientes porque ya habían pasado cinco años de su asunción en la Corte”, en un breve comentario opinó que el Código Civil y Procesal  “no establece un plazo de caducidad del impedimento de un juez de intervenir en causas de sus exclientes y dice que eso es motivo de causal de mal desempeño”.

“Al tener esta nota, lo que vi primero es que Rosenkrantz avisó de algo que ya había hecho en 21 casos anteriores. No solo inventó esos plazos de cinco años, sino que tampoco lo cumplió porque hay 21 fallos anteriores en donde si intervino y corresponden a exclientes”, acusó el testigo y añadió que “sucede que con los mismos exclientes en algunas causas se excusa y en otras decide participar, lo vi mucho en las causas de Santa Fe que es una de sus grandes clientes. Hace excusaciones selectivas”.

Sobre la nota a los miembros de la Corte, Siley le pidió la opinión a Lijalad quien expresó: “Creo que estaban preparando el terreno para algo que vino después que fue la judicialización de otro caso de un gran excliente que es el Grupo Clarín vinculado a la regulación de las tarifas de las telecomunicaciones que fue frenado por medidas cautelares en peinera y segunda instancia. El Gobierno logró acceder a la Corte por el recurso de queja porque no le dieron el recurso extraordinario”.

“Esa causa se discute un decreto en el cual el Gobierno estableció que las telecomunicaciones son un servicio público en competencia y sus tarifas pueden ser reguladas por el Estado que Clarín judicializó para no cumplirlo y no lo cumple hasta el día de hoy por una complicidad de la Corte Suprema que no trata todo esto hace más de un año”, criticó y contó que el Estado recursó a Rosenkrantz para que no intervenga y resumió: “Estaban preparando un antecedente y una justificación para beneficiar al Grupo Clarín uno de los grandes exclientes de Rosenkrantz”.

A su turno, Tonelli le planteó que la mera condición de excliente no basta para la recusación o excusación y le consultó si en todos los casos que mencionó verificó si en la condición de excliente existen algunas de las otras condiciones que el Código Procesal exige para que procesa la recusación o excusación o si se basó en la mera condición de excliente del juez.

Lijalad le remarcó que entre los criterios está haber sido abogado y haber omitido opinión/ dictamen a la hora de las recomendaciones. “Está comprobado que son sus exclientes, que intervino, esos son datos. No hay garantía de imparcialidad porque es su excliente”, aseguró.

“De acuerdo con el Código Procesal la mera condición de excliente no basta para provocar recusación ni excusación, hace falta otros requisitos que el testigo no verificó”, cerró su postura Tonelli.

Rosenkrantz y su cliente Santa Fe

El diputado Leopoldo Moreau le pidió al testigo que explicara el monto que pidió el titular de la Corte sobre la regulación de sus honorarios del estudio respecto del caso de Santa Fe, a lo que el periodista aseguró no tener el monto exacto porque “lo tiene que definir la Corte, pero si no recuerdo mal es un porcentaje de la condena que era de 4 mil millones de pesos”.

De la vereda de enfrente, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le solicitó que aclare por qué previamente consideró dicho pedido de Rosenkrantz como “irregular” que un abogado se presente en un expediente y pida la regulación de los honorarios. ¿Considera que debe renunciar a todos los honorarios percibidos en su profesión?, apuntó el formoseño. Lijalad precisó: “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedida honorarios en una causa de su excliente, resolvía una causa de su excliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”.

Carbajal le volvió a salir al cruce: “Vale la aclaración entonces porque no es lo que dijo anteriormente… si es incorrecto como usted dice que siga interviniendo en esa causa”, a lo que Lijalad agregó: “Continúa interviniendo en causas de ese excliente”, pero el radical recogió el guante y le enrostró que “no es más que un cliente particular, sino que es un estado provincial defendiendo la coparticipación federal. ¿Es cierto o no? Es un ente público defendiendo la coparticipación federal”.

De forma inmediata intervino el oficialista Rodolfo Tailhade quien aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.

El pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT) le pidió que ratificara al testigo si tenía información de que Rosenkrantz había intervenido en las causas de Santa Fe que llegaron a la Corte, ante la respuesta afirmativa del periodista, le consultó la cantidad de las mismas a lo que Lijalad le dijo que fueron cuatro y que “puede haber más”. Así, el oficialista apuntó contra JxC que “llevan adelante el rol de defensores del doctor Rosenkrantz”.

En su declaración, el periodista Juan Alonso, testificó por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe.

Según Alonso, “buscó revelar lo que, durante 14 y 15 años se litigó, entre la provincia Santa Fe y el Estado Nacional”. “Nunca se había dado a conocer el contrato original de la gestión del ex gobernador Binner con los estudios en cuestión de Rosenkrantz y Gil Lavedra, se publicó por primera vez en ese artículo”, contó y agregó: “Ratifico todo lo que dije en la nota en donde hago una cronología de esos sucesos, el contexto en el que se dio, por qué recurrieron al estudio privado”.

“En la nota están absolutamente todos los documentos esta el decreto de Binner con el cual designa a estos abogados privados para que litiguen en representación de Santa Fe en contra del Estado. Está la posición del entonces fiscal de Estado que avala lo realizado por el gobernador”, añadió a su relato.

“Hay un fallo de la Corte que le da la razón a la provincia, pero tiene que regular los honorarios de Rosenkrantz, que es, a la vez, juez de la Corte. Se da una situación, por lo menos, llamativa”, planteó Alonso y consideró que “hay un dilema ético allí”.

La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados. “Se paga con un dinero que viene del Estado nacional”, señaló.

El periodista indicó que “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.

Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.

Mientras la Comisión de Juicio Político de Diputados interrogaba al periodista Ali Lijalad respecto de sus notas de investigación sobre los “abusos de poder” por parte de Carlos Rosenkrantz, titular de la Corte Suprema, en las causas de sus exclientes, los diputados Rodolfo Tailhade (FdT) y Fernando Carbajal (UCR) protagonizaron un picante cruce.

Luego de que el testigo afirmara que “no sabía que Rosenkrantz había intervenido a favor del represor Daniel Amelong para darle prisión domiciliaria vía acto administrativo” y brindara su posterior opinión al respecto, el radical Fernando Carbajal (Formosa) le pidió al testigo que se abstenga a los hechos en los cuales tenga conocimiento.

“Respeto que como periodista en términos de lo que puede ser una columna de opinión tiene el derecho a hacer las especulaciones y vacilaciones que son propias de la labor periodística, pero acá no esta haciendo una nota periodística, sino que está haciendo una declaración formal de carácter testimonial bajo juramento, por lo cual no es un espacio para la especulación ni para deducciones”, le planteó y agregó: “Lo tomo como un vicio profesional, pero le pido señora presidenta que le pida al testigo que diga lo que sabe y, si no sabe, no pueda responder y hacer especulaciones”.

Le salió al cruce el oficialista Rodolfo Tailhade: “Señora presidenta yo también le voy a pedir a usted que le diga al diputado Carbajal que no intimide a nadie, que no deje trascender que está mintiendo el testigo”, y le sugirió que “si considera que lo que dice el testigo no tiene valor en términos probatorios que lo ponga en un dictamen cuando terminemos las investigaciones”.

“Que no se haga el matoncito con el testigo”, lanzó a los gritos el oficialista, mientras que de la vereda de enfrente el formoseño lo chicaneó: “Tranquilizate Tailhade, tranquilízate”, y se dirigió a Lijalad: “Si se sintió intimidado con mis palabras y fue así le pido disculpas, no fue mi intención intimidar”, mientras que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, quería poner paños fríos a la situación, el radical le cuestionó por la actitud de Tailhade: “Pero si hace alusión y me acusa de matoncito y usted no le dice nada”.

Gaillard le aclaró que “las opiniones se tomarán como lo que son…”, pero Carbajal la interrumpió y le retrucó: “No, no perdón, pero nosotros no estamos para escuchar opiniones para eso vamos al Destape y lo leemos. La comisión lo cita para que declare por los hechos que sabe respecto de la información que percibió”.

Con mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el oficialismo avanzó este martes hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas. 

El diputado Rodolfo Tailhade pidió que, según cada caso, se elaboren los documentos con los cargos provisorios adjudicados a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. 

“Corresponde agotada la investigación que se formulen los cargos y se les corra traslado de cargos y pruebas a los jueces, a efecto de que ellos si quieren hacer un descargo lo puedan hacer. Esperemos que no ocurra lo del bochorno de Juan Carlos Maqueda, que directamente no hizo ningún comentario a la comisión”, señaló en referencia a la resolución aprobada en junio pasado por la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. 

Para el kirchnerista, “estaríamos en condiciones de votar el planteo para que la presidencia el martes próximo, o en la próxima reunión de comisión, presente los cargos y las pruebas para que se les corra traslado a los jueces”. 

Tras aclarar que su bancada no iba a acompañar esa votación, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que “hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y nunca fueron citados” y “hay causales que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales en San Juan y San Luis”. 

También “hay medida de prueba que votamos recientemente”, apuntó, al mencionar que a propuesta de Juntos por el Cambio se pidió “que se oficie a la Corte para saber la situación por la cual el doctor Lorenzetti y la doctora (Elena) Highton de Nolasco no participaron de la elección de autoridades de la Corte”. 

“Queremos tener un poco más de certeza sobre todo de cierta prueba que nosotros queremos que se produzca”, agregó. 

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, argumentó: “Que los testigos hayan sido aprobados no quiere decir que la comisión tenga que citarlos. Si consideraban necesario algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual testigo”. “Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos”, afirmó. 

La oficialista defendió que la decisión se trata de “ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darle la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, que puedan presentar el oportuno descargo”. 

Ante una nueva pregunta de López y un pedido de aclaración del propio oficialista Ramiro Gutiérrez, Gaillard aclaró: “No estamos votando el traslado, sino que la presidencia va a elaborar los cargos y van a ser tratados en la próxima reunión, y allí se va a votar el traslado”. “Quedense tranquilos que va a ser debatido”, cerró y el oficialismo votó a favor de la propuesta de Tailhade. 

El único ausente en la audiencia de este jueves en la Comisión de Juicio Político fue el doctor Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la cual no había informado la presidenta Carolina Gaillard hasta que el diputado Rodolfo Tailhade le preguntó puntualmente.

Ahí informó la titular de la Comisión de Juicio Político que Saggese había sido notificado en la Corte, pero “tuvo reticencia a recibir la citación, no quisieron recibirla, por lo que fue colocada en la puerta de su oficina”.

Gaillard remarcó que es la primera vez que se da una situación así y a continuación el secretario de la comisión leyó la explicación dada por el notificador, a quien en las dependencias a las que se presentó le dijeron que no podían recibir la notificación.

Así las cosas, Carolina Gaillard expresó que “habiendo sido notificado en su lugar de trabajo, se le va a reiterar la notificación para que comparezca”, más allá de que ya haya pasado el análisis de la causa Consejo de la Magistratura. “Estaría siendo irregular y fuera de derecho que no comparezca”, concluyó.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso que lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema y comenzó con el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”, a partir de lo acontecido con ese órgano -encargado de la selección y remoción de jueces- a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo. 

Tras un repaso de lo actuado hasta ahora y el anticipo de que se avanzará desde el oficialismo con el dictamen de acusación contra el magistrado Juan Carlos Maqueda (por la causal irregularidades de la obra social), la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque en esta causal y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”. 

La entrerriana sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados (de la calle Montevideo), parte actora de la causa” contra la Ley 26.080. “El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”. 

La oficialista cuestionó que al Congreso se le dio “un plazo arbitrario” para sancionar una nueva norma y “se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos”. Además, “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, agregó. 

También señaló que en el año 2006 la Corte “había dejado de integrar y presidir el Consejo de la Magistratura”, pero a partir del fallo de diciembre de 2021, que determinaba que el Consejo pasara de 13 a 20 miembros nuevamente, se dio “una manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, a través de fallos y acordadas” relacionados a los planteos de la oposición -sobre todo del Senado-. 

Gaillard añadió que a este proceso se sumó la aparición de los supuestos chats filtrados desde el celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, “le asesora cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto del Consejo de la Magistratura”. En la última reunión, el pasado 29 de agosto, cuando D’Alessandro se presentó ante la comisión aseguró que esas conversaciones son falsas. 

A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) recordó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y “en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”. Al recordar que “cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político” en referencia al Frente de Todos. 

La oficialista subrayó que durante la gestión de Cambiemos se pidió “la suspensión de plazos en la causa” con motivo de que Garavano iba a presentar un proyecto de ley de reforma del Consejo, el cual efectivamente se envió pero no se trató, y “la Corte Suprema le concedió suspensión de plazos, no se apuró”. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del Frente de Todos mandó en diciembre de 2021 una iniciativa que “era igual” a la de Garavano, “la Corte no le dio tiempo y falló inmediatamente”. 

“No era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente (Ricardo) Lorenzetti que si era presidente Rosatti”, opinó la legisladora, que observó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, expresó. También cuestionó que se le haya dado al Congreso un plazo de 120 días de “imposible cumplimiento”. 

Siley denunció además que “desde que llegó Rosatti al Consejo de la Magistratura se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un Consejo irregular” porque “el senador (Martín) Doñate todavía no asumió por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador”, completó la oficialista, quien integra el Consejo.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Tonelli (Pro) arrancó: “Los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”. E incluso recordó que él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y “pese a los esfuerzos” no logró que se avance.

Para el macrista, “es razonable que la Corte haya fijado un plazo” porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y contestó además que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”. “La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, sumó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo. 

Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio insistió que “esto pasó porque el Congreso no sancionó una nueva ley”. “Hay un déficit en la actuación del Congreso. En la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol”, dijo. 

Los argumentos de Peñafort

La primera en brindar testimonio este jueves fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley. 

La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”. 

“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió. 

“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort. 

Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó. 

La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado. 

En otro tramo de su testimonio, afirmó que “resucitar la presidencia de la Corte (en el Consejo) es algo que se le ocurrió a la Corte. No era algo que había sido planteado en la causa de Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”. 

“El fallo (de inconstitucionalidad de la ley de 2006) salió en diciembre cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley”, defendió. 

Luego retomó que “a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión pendiente que es resolver el planteo de recusación que ha realizado el Senado” y, sobre esto, dijo que el planteo se debe a que “no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo pasa a ser parte y no se puede estar de los dos lados del mostrador”. 

Peñafort también hizo referencia a los chats entre Robles y Marcelo D’Alessandro, donde se ve “la instrucción por parte de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante”. “De ahí el razonable temor sobre la imparcialidad de Rosatti para resolver sobre este tema”, dijo. 

Ya en una pregunta más personal por parte de Tailhade, la abogada reveló: “Cuando sucedió el autovoto de Rosatti como presidente de la Corte Suprema yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto que fue el de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem”. Aspecto que, enfatizó, estuvo presente en el dictamen de juicio político contra Nazareno que hizo la exdiputada Elisa Carrió, al sostener que “el autovoto era una burla al sistema republicano”. 

“Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, fue un convencional constituyente, con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de derecho constitucional, alguien muy distinto a Julio Nazareno”, enumeró sobre Rosatti, pero le criticó haber decidido “tirar por la borda todo ese prestigio y convertirse en Julio Nazareno”. “Yo admiraba a Rosatti, lo admiraba”, aseguró y lamentó que “ya el hecho de haber asumido por decreto fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él”.

El testimonio de Rizzo

El segundo testigo de la 22° jornada del juicio político que se tramita contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue Jorge Gabriel Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, este abogado expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.

Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.

“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.

El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.

Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.

La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

La diputada oficialista Vanesa Siley le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. “No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte”, respondió.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representantes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga, que fue (Daniel) Angelici?… Se los digo”.

Su mirada sobre las diferentes Cortes

Respecto de los cambios de postura en el seno del Tribunal Superior, Rizzo sostuvo que “la Corte cambia de ideas cada dos años, tiene que ver con su composición”.

Elogió con énfasis la Corte de tiempos de Néstor Kirchner, que definió como “los siete magníficos”. Y consultado sobre la Corte actual, dijo que “lo que me molesta es la creencia de que saca los fallos a la carta, y es una sensación que tiene el pueblo”.

“De alguna manera hay que equilibrar la Corte. Nunca fui partidario de ampliarla, pero en este momento no hay más remedio que llevarla a 7 o 9. Con 4 miembros no se puede continuar”, sentenció.

Respecto del autovoto de Horacio Rosatti, aclaró que “no es ilegal”, pero “tampoco es de estilo en la Corte Suprema”. “Igual no me gusta, no me gusta para nada… Lo peor es que se votó estando un ministro ausente”.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves su trabajo con el comienzo del análisis de una nueva causal sobre el proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema.

A la audiencia fueron citados como testigos Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; Jorge Gabriel Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

En el encuentro se comenzará a abordar la causal por mal desempeño relacionada al Consejo de la Magistratura, más puntualmente al fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal restituyó una ley derogada y modificó la composición del órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Luego de ello se abrió un conflicto de poderes con el Legislativo por la representatividad de los bloques en el Consejo.

Desde el oficialismo hablaron de un “asalto al Consejo de la Magistratura”, dado que se declaró inconstitucional la ley sancionada en 2006 y se le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de 120 días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.

En la última reunión, el pasado 29 de agosto, se cerró el análisis de la causal coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Muy esperada era la visita de Marcelo D’Alessandro a la Comisión de Juicio Político de Diputados, en el marco del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño y, más particularmente, por la causal del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su controversia con el Gobierno nacional por la coparticipación. 

Interrogado constantemente desde el oficialismo por su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exministro de Justicia y Seguridad porteño afirmó este martes que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas y “la Justicia ya ha dictaminado que son un delito”. 

Al declarar ante la comisión, el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta aseveró que “lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia”, en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de coparticipación y Consejo de la Magistratura. 

Al igual que lo hizo Robles cuando asistió el pasado 1ro. de agosto, D’Alessandro evitó responder si lo conoce o no, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque en el final le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba y contestó: “Sí, es Silvio Robles”.

Al ser interrogado por la diputada oficialista Vanesa Siley, el exministro porteño recordó que cuando le robaron la línea de su celular personal realizó la denuncia, y actualmente hay una en la Justicia  Federal y otra en la Justicia de la Ciudad. A continuación, cuando le preguntaron si conoce a Robles, arrancó: “Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”. 

Continuó diciendo que “hay dictámenes de la Justicia” en relación a lo sucedido no sólo con él, sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”. 

“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”. “Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del Pro Pablo Tonelli, y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”. 

D’Alessandro dijo entonces que en las causas era “denunciante y querellante”, a lo que Siley explicó que “no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18”. “Lo entiendo, sé cuál es el alcance de mis derechos y garantías, y no estoy mintiendo ni omitiendo verdad. La Justicia ya ha dictaminado que (los chats filtrados) son un delito”, insistió el testigo y expresó que “hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho a defensa”. 

Siley también lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a la fiesta de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones. “Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño. 

En otro tramo, negó que en algún momento se le haya asignado un “rol político” en las causas de coparticipación y Consejo de la Magistratura. “Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad”, señaló y negó haber tenido relación, sobre todo, con la del Consejo. En cuanto a la de coparticipación, contó: “Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso” de la Policía Federal.

Al reiterar Siley las consultas sobre las supuestas conversaciones, D’Alessandro le pidió que “no base las preguntas en algo que la Justicia ya determinó que es un delito”. “El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho lo es.  Acá se está investigando el tráfico de influencias”, enfatizó la diputada oficialista ante las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio. 

Al leer un dictamen judicial, el exministro volvió a decir que la Justicia “ya se expidió, ya peritó y ya encontró a los culpables materiales confesos, por eso invalida absolutamente, no porque yo quisiera o usted quisiera, sino porque la Justicia así ya lo determinó, las supuestas conversaciones que dieron origen a una serie de denuncias”. “Yo jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones”, remarcó y sostuvo que espera que se llegue a “los autores intelectuales”. 

Pese a las críticas de la oposición, la presidenta ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats. Tras la lectura del secretario de la comisión, Tonelli apuntó que “la Justicia determinó que esa conversación es absolutamente falsa, y que no se trata de una filtración, sino de un hackeo, de una edición, de una creación de ese supuesto diálogo. Que la comisión después de que la Justicia determinó que esa conversación es falsa e inexistente, haga gala de eso, lo único que hace es que la comisión concurra en una ilegalidad manifiesta”. 

De la vereda de enfrente, el diputado Leopoldo Moreau reconoció que un hackeo es un hecho de “naturaleza ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación”. Además, aclaró que D’Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución si así entendía. 

Más tarde, el exministro fue consultado sobre por qué renunció a su cargo y contestó que fue “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió “bajo ningún punto de vista” cuando Siley le preguntó si había recibido presiones para hacerlo. 

El interrogatorio concluyó luego de que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, pidiera autorización para mostrarle unas fotos al testigo. Se las alcanzó a Gaillard, quien mostró que se trataba de Silvio Robles en la oportunidad que se presentó ante la comisión. 

“Es para que diga si lo conoce”, acotó Martínez, y ante la respuesta afirmativa de D’Alessandro, exclamó que “¡Entonces lo conoce!”, desatando la reacción risueña de la bancada opositora. Entre las voces que se alzaron, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, comparó con “el Mago sin dientes”. “¿Lo conoce? ¡Pero nunca lo saludé!”, ironizó.

El exministro porteño aclaró que volvía a mantener la respuesta que había dado, respecto de que mantenía la reserva. Al cierre, Siley pidió votar un pedido a la Justicia Federal para que informara sobre todas las causas en las que estaría involucrado D’Alessandro, como denunciante o imputado. Se votó afirmativamente con la mayoría que cuenta el oficialismo.

En ese mismo sentido, antes de que D’Alessandro ingresara a la sala, el Frente de Todos volvió a requerir información a la Corte Suprema sobre existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles, por haberse ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario.

El diputado Rodolfo Tailhade reclamó que “se reitere a la Corte el requerimiento que hicimos en su momento porque no está respondido. Hay una suerte de burla a la comisión en la respuesta, porque responden cosas que no le preguntamos, y las que le preguntamos no son respondidas. Corresponde que insistamos”. 

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de la connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

En el inicio de la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, su presidenta, Carolina Gaillard, saludó este martes a los abogados en su día. Pero no fue la única mención especial realizada en esta comisión.

También lo hizo a continuación el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien se refirió a lo que definió como “un hecho que ha conmovido profundamente no solo al mundo judicial, sino también a vastos sectores de la Argentina: el fallecimiento del fiscal Federico Delgado”, cuyo deceso se produjo el domingo último.

El legislador kirchnerista señaló que esa pérdida nos deja un horizonte en el que muchísima gente, en el marco de la justicia que pretendemos, una justicia proba, no facciosa, veía en el fiscal Delgado ese ejemplo, esa conducta que todos pretendemos que se extienda en el Poder Judicial”.

Tras ello, Moreau pidió un minuto de silencio en memoria del fiscal federal fallecido, que todos cumplieron con respeto.

En el primer encuentro posterior a las elecciones PASO, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su trabajo este martes. En la reunión, que se realiza desde las 13.16, se espera con expectativa el testimonio de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

En el marco de la investigación de la causal por mal desempeño contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, también fueron citados Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, quien avisó que no asistirá en esta ocasión.

Esta es la tercera vez que se lo llama a D’Alessandro, luego que el oficialismo aprobara con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que el exfuncionario del Gobierno porteño comparezca ante los diputados, algo que evitó hacer antes de las elecciones.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de D’Alessandro con conversaciones entre él y Robles sobre la cuestión. Cuando concurrió a la comisión, el vocero de Rosatti se negó a responder si conocía a D’Alessandro.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

La Comisión de Juicio Político reanudará su agenda el próximo martes 29 de agosto a las 13 a la cual se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.

Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.

Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.

Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.

El diputado nacional Juan Manuel Pedrini (FdT – Chaco) habló de la continuación del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema y se refirió al fallo de la coparticipación: “Se cree que hubo un tráfico de influencia en un fallo que perjudica a las provincias argentinas y que le otorga un privilegio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, el vocal de la Comisión de Juicio Político afirmó que CABA “es el único distrito que no tiene un porcentaje en la coparticipación federal de impuestos, impuesto por ley como el resto de las provincias, sino que surge una sentencia judicial”.

Entrevistado en Radio Zónica+, Pedrini confirmó que “hay una serie de conversaciones entre Marcelo D´Alessandro y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, que así lo atestiguan”, en relación al fallo de la coparticipación.

Consultado por el proceso que comenzó en febrero, el diputado expresó: “Hay informes de distintas auditorías que expresan un alto grado de desorganización, de improvisación y también de malversación de recursos en el manejo de la Corte, particularmente el período que estuvo a cargo del Juez Juan Carlos Maqueda”.

“Durante ese tiempo, se sucedieron una serie de irregularidades que hasta fueron ratificadas por el secretario administrativo de la Corte que compadeció ante la comisión de juicio político el contador Héctor Marchi”, señaló, y agregó que “él habla de un perjuicio de por los menos 3000 millones de pesos”.

En tal sentido, el testigo confesó que esa pérdida fue “por malos manejos financieros y después toda una serie de irregularidades derivadas de licitaciones, pagos, pero imagínese usted que esta es la única obra social del país que no está sujeta al contralor del Estado, ellos no tienen ningún tipo de control, la Superintendencia Nacional de Obras Sociales, como es la obra social del Poder Judicial, y está a cargo de lo Supremo, no recibe ningún tipo de contralor ni de inspección”.

Además, Pedrini aseguró que “existe la connivencia entre un sector particularmente del Pro con la Corte”. “Es un trípode de poder conformado por la Corte, los medios hegemónicos y parte de Cambiemos que actúan permanentemente protegiéndose y llevando adelante intereses que no son lo popular”, aseveró.

Por otro lado, se refirió a los resultados de las últimas elecciones PASO y opinó: “La verdad que llamó la atención la irrupción de Javier Milei que perforó a Juntos por el Cambio”.

Por último, Pedrini hizo un análisis respecto de las posibilidades de UP en las generales: “En el caso que haya una segunda vuelta está programado para octubre”. “Se abren varios interrogantes a partir del resultado del domingo y es saber si las listas que responden a Milei que tienen candidato a gobernador y a intendente van a contar con el acompañamiento”, cerró.

Fracasó la intención del oficialismo de lograr nuevos testimonios en la Comisión de Juicio Político de Diputados a tan solo cinco días de las elecciones PASO, dado que no concurrió ninguno de los testigos que habían sido citados para este martes.

En el encuentro, que duró apenas 40 minutos, tampoco se hicieron presentes los legisladores de Juntos por el Cambio, que enviaron una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que cuestionaron “prácticas irregulares” y calificaron de “maniobra burda” las “citaciones sobre la hora” a los testigos. 

Sin embargo, el Frente de Todos aprobó con su mayoría que un juez intervenga para que el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, comparezca ante los diputados. 

En el comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, comentó que D’Alessandro “ha informado nuevamente que por motivos personales no puede asistir”. Y, acto seguido, propuso a sus pares oficialistas que “adoptemos la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido, citándolo nuevamente bajo apercibimiento y dándole intervención al juez competente como lo hicimos con el doctor (Aldo) Tonón”.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión. 

Pero este martes tampoco se presentaron Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y Contravencional de la Ciudad; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció recién este lunes, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición -en su nota dirigida a Moreau- criticó que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

 

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En tanto, sobre Mahiques, el diputado Rodolfo Tailahde pidió “no dejar sin efecto la citación”, pero llamar a la comisión a otro, al que es fiscal federal de la Ciudad. “La persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D’Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”, dijo.

Por otra parte, en relación a la presentación de Robles la semana pasada, Gaillard sometió a votación el envío de una nota a la Corte pidiéndole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti. 

En el escrito, puntualmente se le pide al máximo tribunal que “evalúe iniciar en uso de sus facultades de superintendencia acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del artículo 8, inciso b, del reglamento para la Justicia”. 

Mientras que “en lo que respecta a las causas judiciales a las que ha invocado para prestar declaración testimonial para abstenerse de contestar las preguntas”, reclamaron que se “informe en el plazo de 10 días improrrogables” a la comisión, si la Corte “conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, si sustanció sumario administrativo o adoptó en su caso acciones disciplinarias en relación al funcionario”. Tailhade pidió que la nota no solo sea girada a Rosatti, como presidente de la Corte, sino al resto de los jueces –Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-.

Quien no dejó pasar la ausencia de la oposición fue el diputado Leopoldo Moreau, que resaltó que “el avance del juicio político no solamente ha ido demostrando y confirmando la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a correr el velo de una situación que es muy grave desde el punto de vista institucional. Estamos frente a la cabeza de un Poder Judicial que se ha manejado con intrigas, arbitrariedades, fallos contra derecho, fallos facciosos, dictados en particular a favor de una fuerza política”. 

Para el oficialista, el faltazo de Juntos por el Cambio fue porque “en la reunión anterior se tocó un nervio sensible” con “la convocatoria a Silvio Robles”. “Esta es la reacción”, lanzó, y se quejó que aunque Robles “ocultó la verdad” ha habido “un claro intento mediático de victimizar al testigo” cuando “en todo caso la que fue maltratada fue la comisión”. 

Pero también denunció que “la nueva mayoría de la Corte” está realizando “un despliegue muy amplio que está pretendiendo blindar a un sector del Poder Judicial”. “Está intimidando a algunos senadores de la Nación para que no presten quórum para pliegos que surgen de concursos”, advirtió sobre los acuerdos que se encuentran trabados en la Cámara alta y señaló que éstos nombramientos “perjudicarían en el Consejo de la Magistratura la correlación de fuerzas en favor de una lista de los magistrados. No es que impugnan la idoneidad”. 

“Hay una tarea de grupos económicos y medios hegemónicos de intimidación, los están intimidando a los senadores de la Nación”, agregó. 

Finalmente, el radical K consideró que “lo que está sucediendo hoy confirma que estamos en el buen camino, en el buen camino de garantizarles a todos los argentinos una Corte imparcial, transparente y que sea capaz de representar lo que debe representar”. 

Por último, se sometió a votación que la comisión remita a la justicia federal el informe preliminar sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, de modo que conste como presentación en las tres causas judiciales que se tramitan sobre este tema. 

En una semana clave de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a disputarse el próximo domingo 13 de agosto, se daba por descontado que no estuviese en agenda ninguna reunión de comisión en las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la tarde del viernes salió la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard.

La convocatoria, que es para este martes a las 11 de la mañana, viene con dos platos fuertes en el marco de la investigación por la causa Coparticipación a CABA. Uno de los citados es Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.

También se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la última reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.

En la tarde de este lunes, se conoció la ampliación de la convocatoria y se citó a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia CJN. Hasta el momento, no trascendió si alguno de los cuatro citados no asistirá a la reunión.

Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard– al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.

Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2×1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.

“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.

“Me han acusado falsamente”

En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.

“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.

Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.

“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.

En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.

El pedido de reticencia del oficialismo y el rechazo opositor

El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.

A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.

Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.

“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.

De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.

En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.

La ronda de preguntas

Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.

“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.

Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.

“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.

“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.

En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.

A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.

Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.

“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.

En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.

Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.

Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.

Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2×1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.

“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.

Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.

Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.

“Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.

Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.

Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.

“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.

Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi.  Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.

En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.

“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.

Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.

“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.

El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.

Tres semanas después de la última reunión, se realizará este martes 1° de agosto a partir de las 13 una nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. Será la decimonovena, desde que el 26 de enero se inició el proceso investigativo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Será también el reinicio del juicio luego del receso invernal, y la continuidad del análisis de la causa referida a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si la Corte deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.

Esta reanudación de las audiencias tendrá dos platos fuertes: las esperadas exposiciones de Silvio Robles (director general de la vocalía de Horacio Rosatti) y de Marcelo Silvio D’Alessandro (exministro de Justicia y Seguridad de CABA), previéndose un especial interés de parte del oficialismo en indagar respecto de los famosos chats difundidos entre ambos. Es de esperar que tanto los testigos, como la oposición, rechacen de plano convalidar esos supuestos diálogos que ya la justicia desestimó, pero no por ello el tema dejará de estar omnipresente durante toda la jornada.

Según pudo saber parlamentario.com, está confirmada la presencia de Silvio Robles en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”de la Cámara de Diputados. No está confirmado en cambio que Marcelo D’Alessandro asista a la reunión.

Del mismo modo, Robles será indagado en torno a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que había visto a Robles presente en la misma, pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro. Sobre el tema preguntó el diputado Leopoldo Moreau, quien sostuvo que “el hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó a su turno la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

Precisamente Alejandro Daniel Rodríguez (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema) está convocado también como testigo para la reunión de este martes, así que se verá cuál es su respuesta sobre el tema.

En el caso del cuarto testigo, el contador público Alejandro Otero, es actualmente funcionario de la AFIP, y fue el funcionario del Gobierno nacional que expuso ante el Senado en oportunidad del tratamiento de lo que luego la Ley 27.606. El oficialismo quiere que Otero exponga en torno al estudio que llevó adelante, para dar cuenta sobre los porcentajes de los que habla la norma.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, formalizó este miércoles la citación para que a la próxima reunión, que se realizará el martes 1 de agosto a las 13 tras el receso invernal, asistan Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, a fin de que testifiquen sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

La fecha de la convocatoria a Robles y D’ Alessandro fue resuelta en el final de la reunión de este 11 de julio, para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional. Originalmente, la presencia de ambos estaba prevista para el 4 de julio, pero por cuestiones de agenda la citación se postergó.

En la nota suscripta por el subdirector a cargo Miguel López, también fueron citados para testificar Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema quien no pudo asistir a la reunión de este martes y pidió la reprogramación; y Alejandro Otero, Contador Público, Magister en Administración Pública.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

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La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció que la próxima reunión se realizará el martes primero de agosto (después del receso) y tendrá como testigos citados nada menos que a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, y al exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, además del doctor Alejandro Rodríguez.

En el final de la reunión de este 11 de julio, la presidenta confirmó la citación para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza este martes desde las 13.12 una segunda audiencia con testigos para abordar la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto.

La lista original incluía a siete testigos, pero dos de ellos no asistirán en la fecha: Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. El primero justificó su inasistencia y pidió reprogramación. A Astarloa se lo había convocado para “tener la postura de ambas partes”, dijo Carolina Gaillard, presidenta de la comisión.

Entre los citados, por el voto del Frente de Todos, se convocó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

Un total de siete testigos fueron citados para este martes, a las 13, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde la semana pasada se comenzó a indagar sobre la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto, informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La lista de testigos, de los cuales no se descarta que alguno pueda ser reprogramado, incluye a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias. Precisamente, por ese cargo que tuvo dentro del Ministerio del Interior es que fue convocada.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El listado se completa con Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema.

Precisamente Astarloa adelantó que no puede concurrir este martes, según pudo saber parlamentario.com. El resto de los convocados están confirmados.

En el último encuentro, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

El titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Joaquín Alperovich, testificó ante la Comisión de Juicio Político de Diputados por el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación.

En carácter de segundo y último testigo de la reunión de este jueves, contó que ingresó a trabajar a la Corte en mayo del 2016 y que las funciones son “a pedido por indicación de la presidencia de la Corte Suprema realizar estudios sobre el impacto o efectos que puede tener trámites o decisiones que involucren al máximo tribunal en variables económicas”.

“Proveer de esos informes y solicitar la información a los organismos pertinentes para poder realizar esos estudios y asistir a la Secretaría General de la Administración de acuerdo a lo que solicite”, completó. Al respecto, comentó que se le ha solicitado que efectúe ciertos cálculos y que revisara cálculos realizados por peritos por posibles errores y ejemplificó: “También en otras circunstancias ver el impacto de la aplicación retroactiva donde se me solicitó ver el efecto que podría tener aplicar retroactivos una modificación a la ley de riesgo de trabajo”.

Y sumó otros casos como “calcular el efecto de aplicar el RIPTER o aplicar tasa activa del Banco Nación o en relación a los precios y presentar las distintas situaciones que pueden suceder ante esos ejercicios financieros”.

Al ser consultado por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre qué autoridad de la Corte le solicita dichos cálculos, Alperovich afirmó: “Los miembros de la Corte no, yo no he tenido interacción con ningún miembro de la Corte en estos años. El pedido es a través de la Secretaría General y algún secretario letrado me ha informado la problemática”.

Al ser consultado sobre si en el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, el licenciado afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco”, desconociendo los motivos por los cuales no se le dio intervención a su área.

Siley le preguntó si conoce la causa de Coparticipación, a lo que el testigo acotó: “Si, en términos generales la conozco”, y explicó: “Desconozco la razón por la cual un secretario le solicite a la presidencia dar intervención o consultar o pedir un cálculo particular a la Unidad de Análisis lo cual ha sido la lógica que siguió el máximo tribunal en esta oportunidad”.

A su vez, optó por no expresar una suposición en caso de que le haya tocado elaborar un informe sobre el tema justificando que “la causa está abierta” y agregó: “El alcance de lo que eventualmente podría solicitar la autoridad del Tribunal depende de cuáles serían sus inquietudes y no lo podemos saber hasta el momento que se realice. Entiendo que si se trata de cálculos económicos debería poder hacer el impacto”.

A su turno, el oficialista Leopoldo Moreau le consultó si su oficina, además de hacer apoyo económico, realiza apoyo estadístico sobre determinadas resoluciones o decisiones de la Corte, Alperovich dijo desconocer si “hay alguna otra área de la Corte que lleve algún reglamento estadístico específico”, y explicó que la estadísticas que se relevan tienen más que ver con “indicadores económicos o macroeconómicos que se actualizan a los efectos de poder estar en condiciones de atender necesidades tanto de la administración como de la secretaría o del tribunal”.

El chaqueño Juan Manuel Pedrini, le consultó por un email que envió con el asunto “Policía Federal Argentina- Gasto en personal”, a lo que Alperovich aclaró que eso fue en su carácter de director de la Oficina Nacional de Presupuesto cuando “se estaba analizando el convenio de la transferencia. Tuve que transferir información por evidente indicación de la autoridad de la subsecretaría. Fue el 12 de enero de 2016”.

En esa línea, Pedrini volvió sobre el tema del traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y le preguntó si tuvo alguna intervención, ante lo que el testigo respondió: “No, a ver evidentemente la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad. Yo en calidad de director nacional de la oficina de presupuesto brindé, por indicación, información de carácter presupuestaria porque hay diferencia entre gastos y costos”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó su actividad con la participación de dos testigos, convocados en el marco de la causal “coparticipación”, que investiga sobre el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, pero no asistió ni envió un informe por escrito. 

Al cortesano se lo notificó de 14 cargos que se le formularon “provisionalmente”, por medio de una resolución votada por el oficialismo días atrás, a raíz de las conclusiones de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. A Maqueda se le adjudica haber sido el “administrador” de la misma durante los años 2008 a 2021, período tomado incluso para una auditoría ordenada por la Corte. 

En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que Maqueda “no ha asistido de forma presencial a la comisión a dar el descargo, ni tampoco lo ha hecho por escrito, habiéndose vencido los diez días hábiles que se le habían otorgado”. No obstante, “la no presentación de este informe no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente”, afirmó. 

También, para continuar en paralelo con la investigación de las irregularidades en la obra social durante otros períodos de tiempo, el Frente de Todos votó formalmente la conformación de una subcomisión, que estará a cargo de la diputada Vanesa Siley (FdT) y será integrada por tres miembros del oficialismo y dos de la oposición. 

La comisión tiene previsto reunirse nuevamente el martes que viene (11 de julio), pero tras ello recién reanudará las audiencias el próximo 1ro. de agosto, luego del receso invernal, informó Gaillard y precisó que los testigos citados a la próxima reunión serán la exsecretaria de provincia la licenciada Silvina Batakis; el Procurador del Tesoro de la Ciudad, Gabriel Astarloa; nuevamente será citado al secretario de juicios originarios, Daniel Rodríguez y los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, de Santiago del Estado, La Rioja y Santa Cruz.

Antes de recibir a los testigos, se sometió a votación una ampliación de prueba solicitada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT). Entre los pedidos, se aprobó realizar una “huella de voz” del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

También se incorporó como testigo a Rogelio Frigerio, diputado nacional hasta días atrás y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos. Candidato a gobernador de Entre Ríos, se definió convocarlo tras las elecciones.

Los testigos

El primero en hablar fue el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien deslegitimó el aumento de la coparticipación a CABA y cuestionó los decretos del Gobierno anterior que incrementaron las partidas para la Ciudad al sostener que tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen.

“No van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad”, planteó. Además, Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial.

Luego fue el turno de Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco” para analizar el informe de la causa de Coparticipación.

También fue consultado por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y aclaró que “la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad”.

El oficialismo impuso una vez más su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar una ampliación de prueba en el marco de la investigación por mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema, a partir del fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. 

Entre varios testigos que propuso citar, y prueba documental para incorporar, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. 

En los chats filtrados no sólo hay mensajes escritos, sino “distintos audios”, afirmó el legislador y resaltó: “Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso”. Por eso, subrayó la importancia de probar “la verosimilitud de estas filtraciones”. 

“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente”, expresó y dijo que la voz de D’Alessandro se podía extraer de reportajes televisivos y que “la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje” de cotejo. En ese sentido, agregó que “cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara”.

En el pedido de ampliación de prueba que se circuló este jueves a los miembros de la comisión, Tailhade argumentó que “dado que estas ‘huellas de voz’ son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios. Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada”.

Además, se votó que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieran en las audiencias de conciliación de la causa; y al fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, del cual Tailhade recordó que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado y a la fiestita arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”. 

También se agregó al listado a los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca, que se presentaron en el expediente.

Antes de votar, el diputado Álvaro González (Pro) cuestionó “esa tira interminable de ministros de Economía que, ¿qué van a venir a decir a la comisión? Lo único que hacemos es dilatar y mientras tanto el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial”. 

“Parece que la oposición quiere hacer lo mismo que la Corte, no escuchar a las provincias”, le devolvió Tailahde y, acto seguido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “se apruebe la prueba no significa que tengamos que diligenciar toda esa prueba. Nosotros no estamos interesados en dilatar, sino en conocer la verdad”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), chicaneó con la citación de los ministros de Economía al recordar que iban a venir los gobernadores, pero “han bajado la jerarquía, ahora los preservan”. Sobre la huella de voz, remarcó que “todos sabemos que la prueba de los chats es ilegal”. “Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz”, insistió y mencionó que Tailhade pidió lo mismo en el Consejo de la Magistratura con los jueces que viajaron a Lago Escondido, pero “no va a tener suerte en ningún lado”. 

En tanto, el diputado Francisco Monti (UCR) fustigó a los gobernadores que han apoyado el juicio político como “verdaderos mentirosos e hipócritas” porque “en septiembre de 2020 cuando se crea este Fondo para la provincia de Buenos Aires por los despelotes que tenía (Axel) Kicillof en el conurbano por revueltas de la policía, ningún gobernador dijo absolutamente nada, ni impugnó nada”, y eso fue porque “eran recursos que le pertenecían a la Ciudad”. 

“Que vengan los fiscales de Estado acá a explicar que han hecho una presentación en la Corte para chuparle las medias al presidente y no para defender recursos de las provincias, yo creo que va a ser por lo menos un episodio interesante”, agregó. 

Antes de votar la ampliación, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), consideró que “es clave analizar lo que propone el diputado Tailhade, porque hay cosas que pasan en el mientras tanto y a mí me preocupan”. “Si nosotros estamos buscando la verdad de lo que pasó alrededor de una decisión de la Corte sobre recursos, todas las hipótesis y situaciones tienen que ser investigadas”, aseveró. 

Citarán a Rogelio Frigerio después de las elecciones

En la solicitud planteada por Tailhade, se incorporó como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, que salió durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN). 

Posteriormente, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió entonces que se lo convoque como testigo. Muy molesto, López estalló: “No somos ni amigos ni defensores de Frigerio, pero citar a una persona que tuvo una actitud no muy común, que es renunciar a una banca para poder hacer una campaña electoral con libertad, con tiempo y con disposición, que además está compitiendo para el 13 de agosto en una provincia que es la misma de donde es el diputado. Quieren someter al señor Frigerio a esta comisión, al candidato a gobernador más competitivo de la provincia, para venir acá a acorralarlo, a hostigarlo y hacer campaña electoral. Me opongo desde todo punto de vista, jurídico, político, democrático, del que quieran”.

En defensa del pedido, Germán Martínez defendió que “estamos proponiendo agregarlo como testigo, me parece que es una prueba pertinente”. Pero inmediatamente, Gaillard propuso “que no sea citado antes de la elección”. Entre Ríos es una de las provincias que no desdobló y votará en PASO también el 13 de agosto, mismo día de las elecciones nacionales. 

En sintonía con lo dicho por la presidenta,  el legislador Leopoldo Moreau (FdT) dijo estar “parcialmente de acuerdo con lo que plantean los diputados de la oposición, creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”. “Esa citación hay que materializarla después de la elección”, asintió. 

Luego de tres semanas, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su actividad este jueves, en una reunión que se realiza desde las 11.31 y en la que se comenzará con el tratamiento en particular de la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. El encuentro comenzó pasada la media hora de la convocatoria con un tercio de los presentes.

Los testigos citados para la jornada son Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico del máximo tribunal.

Para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda podía optar por venir o enviar un informe por escrito. Pero no solo no asistió, sino que tampoco envió un documento con un descargo, informó al comienzo de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse bajo ese cronograma.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema.

En un primer momento también estaba programado que vinieran los fiscales de Estado de Catamarca y Santiago del Estero, pero finalmente no será este jueves.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquin D. Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la CSJN. También lo harán en representación de las provincias Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y Marcos Denett, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Los tiempos electorales ya se viven de lleno en todos los ámbitos de la política, y muy especialmente en el Congreso de la Nación. Al punto tal de afectar una comisión que venía trabajando con regularidad, como la de Juicio Político de la Cámara baja.

En rigor, esa periodicidad no ha sido plena, sobre todo en las últimas semanas, pero ahora su continuidad corre el riesgo que imponen los tiempos de la campaña electoral. Lo cierto es que la última reunión se realizó el 15 de junio, oportunidad en la que establecieron un esquema de trabajo para el siguiente tema a abordar en el marco del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, el de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo establecía que para esta semana comenzara el desfile de testigos, arrancando con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y gobernadores peronistas.

Eso no sucederá, al menos esta semana, según confiaron a parlamentario.com fuentes consultadas, que precisaron que el próximo encuentro de la comisión será el jueves 6 de julio, fecha para la que ha sido citado el juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, para comparecer ante esa comisión a fin de responder sobre las irregularidades detectadas en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Según se estableció en la reunión del 15 de junio pasado por el voto mayoritario de los miembros del FdT en la comisión, podrá hacerlo de manera presencial o bien por escrito.

También, se había estimado en la última reunión de la comisión que preside Carolina Gaillard que el martes 4 de julio serían convocados Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, para dar testimonio sobre los chats entre ambos, relacionados con el fallo que emitió el Tribunal Superior beneficiando a CABA. Recordemos que Robles es asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y D’Alessandro exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. En principio, no habrá una reunión el martes 4 de julio; habrá que ver si esa convocatoria se produce para el jueves 6.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, notificó este miércoles formalmente al juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que comparezca ante ese cuerpo el próximo 6 de julio para que responda sobre irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

En la última reunión, que se llevó a cabo el 15 de junio, el oficialismo impuso su mayoría y votó a favor de citar a Maqueda, otorgándole diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. Al respecto, el magistrado podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito sobre las acusaciones de supuestas irregularidades en OSPJN.

La resolución aprobada por los diputados, de 53 carillas, se le atribuyeron al juez “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. Además, dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”, que la oposición adelantó no integrará.

Los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.

Según esos testimonios, Maqueda está acusado por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli había anticipado el rechazo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial “no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país”. “Están lejísimo de constituir mal desempeño”, dijo, y advirtió sobre la “falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas”.

En tanto, la comisión de Juicio Político acordó además citar para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y a Marcelo D’Alessandro para que expongan en relación al fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

También, y para la próxima reunión de ese cuerpo, el próximo martes 27 de junio, resolvió invitar al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, y a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso.

El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. 

En el encuentro realizado este jueves, con 16 votos a favor y la negativa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avaló otorgarle al magistrado diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. De acuerdo al texto, y conforme al artículo 13 del reglamento de la comisión, podrá presentar un informe escrito. 

No obstante, se fija la fecha del 6 de julio para que Maqueda pueda presentarse, pero si optara por enviar el informe, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”. Al final de la votación se informó que la diputada oficialista Vanesa Siley la conducirá y estará también integrada por Rodolfo Tailhade. La oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante.

En el arranque de la jornada, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un racconto sobre el proceso de juicio político que comenzó en el verano de este año y un detalle de las audiencias con testimonios que se han escuchado. 

Sobre la causal de la obra social, para la cual se dedicaron seis encuentros con testigos, la oficialista indicó que Maqueda “fue quien desde 2008 a 2021 ejerció como ministro supervisor de la obra social”. “A partir de que Maqueda deja de estar en la supervisión de la obra social se realiza esta auditoría (ordenada por la Corte), de donde surgen las irregularidades que se estuvieron analizando en esta comisión y que fueron ratificadas por los testigos que vinieron”, dijo. 

“La  Corte en pleno ratificó y convalidó esas irregularidades, cuando reconoce que hubo irregularidades y disfuncionalidades en el período 2008-2021, por lo que encomienda a la obra social una serie de modificaciones para mejorar el sistema informático, el sistema contable y el sistema de procedimientos, y que la obra social cuente con un presupuesto”, explicó. 

La entrerriana afirmó que “Maqueda estuvo 13 años a cargo de la obra social y dentro de las cuestiones que se le endilgan está el de haber tenido un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sean adulterada la información que era cargada en el sistema; estados contables que no eran certificados por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; y la vacancia en la conformación de la estructura organizativa de la obra social, precisamente en la subdirección de administración y en la subdirección médica, que eran las dos áreas que después de la dirección general eran esenciales para garantizar un buen funcionamiento”. 

Al anticipar la postura en contra del interbloque Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli consideró que “las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país” e ironizó que si se convocaran a “personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”. 

Para el macrista, los cargos que se atribuyen “están lejísimo de constituir mal desempeño como se pretende” ya que “no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la Corte”. 

“Se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, como por ejemplo la falta de designación de directores”, señaló y opinó que, en ese sentido, se podría “en este mismo instante” pedir “el juicio político de todos los diputados y senadores que hace 12 o 15 años no designamos al Defensor del Pueblo”. “Desde ya me declaro culpable”, dijo y continuó poniendo como ejemplo que también se le podría pedir el juicio “al presidente de la Nación que no designa a un reemplazo de Elena Highton de Nolasco” o a los senadores que no han aprobado el pliego del procurador general. “Ese cargo es un disparate, como todos los demás”, insistió. 

El legislador de JxC resaltó que “fueron los propios jueces de la Corte los que decidieron hacer una auditoría para conocer los problemas”. Además, sostuvo que en la resolución “hay una absoluta falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas” y “en cada acusación concreta no se dice qué prueba la sustenta”.  

A continuación, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, arrancó pidiendo que “se produzca prueba en relación al ministro (Ricardo) Lorenzetti” para que “se pueda tener información societaria básica sobre Revelar S.A., que está en nuestro proyecto de juicio político”. Más tarde, se votó favorablemente esta ampliación de la prueba.

Yendo a la resolución de Maqueda, el vicepresidente de la comisión apuntó que “el racconto de esa prueba ha sido sesgado, porque se intenta hacer un especie de una supuesta responsabilidad diferenciada del doctor Maqueda, de hechos que, a nuestro criterio, tampoco están probados o no serían causal de mal desempeño”. 

“No han encontrado ningún acto administrativo que le haya asignado ningún tipo de supervisión o de función al doctor Maqueda” sobre la OSPJN, subrayó y cuestionó que “hay un relato que construyeron respecto al doctor Maqueda, con un ensañamiento muy claro sobre ese ministro, sostenido por una disidencia del doctor Lorenzetti y una interpretación también absolutamente sesgada sobre un mail que ha circulado y es lo único que ustedes tienen”. “Se agarraron también de las declaraciones del contador Héctor Marchi”, añadió.

Pero además, el opositor denunció: “Ustedes están buscando la renuncia de un ministro para tener dos vacantes de acá a las elecciones; para negociar, vaya a saber con quién, en algún momento, los cargos de la Corte”. Sin embargo, manifestó que cree que “lo único que hacen es que el doctor Maqueda se quede más. ¿Cómo se va a ir un juez de la Corte acusado por ustedes, a las patadas, con este nivel de maltrato? Creo que hasta se equivocan en la maniobra política”. 

A pesar de elogiarlo por su condición de jurista, el oficialista Leopoldo Moreau salió al cruce de lo planteado por Tonelli. “Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad sosteniendo de que esto ocurre en todos lados, me parece un argumento francamente débil”, le respondió. 

El diputado aseguró que dentro de la Corte “los roles están reconocidos en el famoso mail del doctor Maqueda, donde asume que se hizo cargo de la supervisión de la obra social” y a lo largo de los testimonios, “se ha demostrado que esa era una responsabilidad directa”, remarcó. 

También, Moreau recordó cuánto costó que asistiera a declarar Aldo Tonón, exdirector de la obra social, y que, una vez que lo hizo, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de 40 preguntas solo respondió 10 “para no autoincriminarse”. “No es que aquí nosotros inventamos cargos para sacar a patadas al doctor Maqueda, este es un proceso que viene teniendo también en sede judicial un tratamiento, porque efectivamente ha habido gravísimas irregularidades en la obra social”, señaló.

“Hay situaciones llamativas sobre las que Maqueda tiene que dar explicaciones”, aseveró y criticó que durante un período muy extenso “se hizo la vista gorda sobre el funcionamiento de la obra social” donde fueron “personas designadas de su propia amistad personal, de personas de su parentesco, empresas que venían de su provincia”. “No solamente había supervisión, hubo apropiación de la obra social por parte del juez Maqueda. Además, tenía el primer voto en todos estos temas”, expresó. 

Y agregó que lo planteado en la resolución “está suficientemente fundado, esto no es arbitrario, el doctor Maqueda tiene derecho a la defensa y los cargos que se han formulado están sólidamente probados”. 

También desde el oficialismo, la diputada Vanesa Siley explicó el uso del artículo 13 del reglamento y argumentó: “Reunidas estas actuaciones, esta investigación, en esta primera etapa se le puede dar traslado, cursar notificación al doctor Maqueda para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es, incluso, una facultad del denunciado venir a hacer uso de su voz a la comisión”. 

“¿Por qué la Corte manda a hacer un auditoría que data de 2008 a la renuncia de Maqueda? El período no lo elegimos nosotros, es la fecha que eligió la Corte para auditar”, contestó al responder cuestionamientos sobre el período al que se hace referencia, y enfatizó que “este escándalo no lo inventó el Frente de Todos, no lo inventó nuestro bloque, sino que se cayó de maduro. Y surgió por una interna de la Corte, que a ni a mí ni a nosotros nos corresponde, o surgió por las causas penales y la propia denuncia”. 

Al tomar de nuevo la palabra, Tonelli expresó estar “en total desacuerdo con lo de la provisoriedad de los cargos, porque esto en la práctica significa darle al imputado traslado de unos cargos para que se defienda, pero después pueden ser cambiados por otros. Eso claramente viola el derecho de defensa. Al imputado hay que darle traslado una sola vez”. 

“Quedese tranquilo porque no hay ninguna violación al derecho de defensa”, aclaró Gaillard, que agregó que “se puede seguir reuniendo prueba para sustentar los cargos formulados” y en caso que Maqueda no responda “el proceso continúa”, porque esta resolución no es aún el dictamen acusatorio. 

En el final del debate antes de pasar a la votación, la diputada del Pro Graciela Ocaña coincidió con Tonelli en que “claramente hay irregularidades que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación que son compartidas por otras obras sociales”. “A mí me llama la atención el recorte que se ha hecho en el doctor Maqueda; creo que acá hay una intención de cargar las tintas sobre el juez Maqueda”, opinó y lanzó que “el verdadero responsable es quien manejaba la obra social” en referencia a Tonón. 

Los 14 cargos contra Maqueda

En la resolución aprobada se le formulan “provisionalmente” 14 cargos al juez Maqueda, por “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, por “haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud; convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social; y haber mantenido durante todo el período sistemas informáticos (contables, de stock de medicamentos, de gestión, etc.) obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado”. 

Además, se le atribuye “ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la OSPJN, durante la totalidad del período imputado; haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera; y haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la OSPJN” dos normativas derogadas. 

También se le adjudican como cargos “haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones; una ausencia de marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos para elaborar presupuesto de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional; y la omisión de corrección en los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la Farmacia”. 

Finalmente, en los cargos -de los cuales en algunos se desprenden otros- se enumera: “Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la OSPJN; la violación de deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188; el incumplimiento de la Ley de Datos Personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados; y consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la OSPJN”. 

En una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que este jueves no recibe a testigos, el oficialismo someterá a votación una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, por los cargos que se le atribuyen respecto del manejo de la obra social del Poder Judicial.

De acuerdo al borrador de resolución al que accedió parlamentario.com, el Frente de Todos propone citar al magistrado para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, señala el texto.

Pero además, se lo cita para que brinde el informe en una reunión de la Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.

Por otra parte, se buscará determinar un cronograma de trabajo para comenzar a profundizar en la causal del fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal.

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves, a las 11, con la intención de buscar establecer un cronograma de trabajo sobre una nueva causal del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. 

El oficialismo tiene la intención de comenzar a citar testigos en lo referente al fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de la coparticipación, que salió en diciembre del año pasado y por el cual el máximo tribunal ordenó a la Nación devolverle el 2,95% a la Capital Federal. 

Algo del tema ya se tocó en las audiencias que hubo durante el verano, pero todavía falta que sean citados algunos testigos clave como Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En la lista para esta causal también aparecen los gobernadores y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. 

En febrero pasado, asistieron, entre otros, los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos quienes, con diferente criterio, intervinieron en denuncias sobre los chats filtrados del teléfono de D’Alessandro, donde figuraban presuntas conversaciones con Robles en referencia al fallo por la coparticipación. Por eso, desde el oficialismo sostienen que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño. 

La semana pasada, tras seis audiencias, se cerró la ronda de testigos sobre la causal por irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, tema por el cual apuntan específicamente al juez Juan Carlos Maqueda. 

Al final de la última reunión, el oficialismo propuso que se convoque al magistrado, pero este jueves formalmente se someterá a votación la citación “con los fundamentos, los cargos que se le atribuyen y la prueba reunida”, afirmó a parlamentario.com un miembro de la comisión. De esta manera, se establecerá una fecha y el juez podrá venir o no, o presentar un escrito. 

La resolución a la que se someterá a votación este jueves propone citar al juez Maqueda para que en el término de diez días hábiles informe a la comisión sobre los cargos formulados. Podrá presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. “La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”, aclara el texto que se votará este jueves, conforme el reglamento.

A tal fin, se lo cita para que brinde el informe en la reunión de Comisión de Juicio Político el jueves 6 de julio de 2023. No obstante, si optara por enviar el informe por escrito, el mismo deberá ser remitido en forma digital a: cjpolitico@hcdn.gob.ar , y en papel a la Comisión ubicada en Riobamba 25, piso 4, Oficina 454, Anexo “A”, teléfono: 1160757100 int. 2427

También se votará la creación de una subcomisión en uso de las potestades conferidas por el art. 16 inc b del Reglamento Interno para continuar con la investigación respecto de Irregularidades en la Causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros.

Parecía que terminaba la reunión de la Comisión de Juicio Político en la que se presentaba como la última audiencia sobre las supuestas irregularidades registradas en la obra social de los trabajadores del Poder Judicial, pero no fue así.

Faltaban diez minutos para las 19 y ya habían expuesto los seis testigos previstos, que respondieron preguntas referidas a la investigación desarrollada en torno a la OSPJN, cuando la diputada Vanesa Siley leyó un informe preliminar dirigido a la titular de la Cámara baja donde reclamaban convocar al integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político.

Sindicado como el responsable de la supervisión de la obra social, la idea de los diputados del Frente de Todos es interrogarlo sobre las supuestas irregularidades detectadas en la OSPJN.

Así se votó, mas no se especificó fecha para la presentación, que como el juez de la Corte puede desoír, pues no está obligado a asistir. Puede declarar por escrito, o directamente no asistir.

En un pasaje de esta última audiencia, Leopoldo Moreau sostuvo que un párrafo de una nota presentada por Maqueda que se leyó varias veces este martes demuestra que él “tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte” en la obra social. Y para el oficialismo las irregularidades que respaldan los cargos en contra de Maqueda fueron “debida  y ampliamente fundados” a lo largo de estas audiencias.

El informe considera a Maqueda responsable de “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Previsiblemente se opuso el titular del bloque Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, quien advirtió que no les habían avisado que se iba a hacer esta presentación. Un clásico: le salió al cruce Rodolfo Tailhade, quien enfatizó que “no hay nada que esté fuera del reglamento”.

Tras dos semanas sin encuentros, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), se reunió este martes para retomar y dar por finalizadas las audiencias con testigos sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

En torno a este tema se realizaron un total de seis reuniones en las que testificaron 17 testigos. De esta manera, a partir del próximo encuentro que será el jueves 16 de junio, la comisión iniciará la investigación sobre el fallo por Coparticipación.

Los testigos convocados fueron la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

Durante el encuentro, a pedido de la diputada Mara Brawer se votó la solicitud de libro de actas donde el directorio remitía a la Corte las irregularidades y las dificultades para realizar la gestión para el funcionamiento de la obra social. “Hace tiempo que desde la comisión estamos buscando acceder a esa información”, planteó Gaillard.

También votaron a favor el pedido de las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

Al cierre de la jornada, se calentó el ambiente en la comisión luego de que el oficialismo propusiera constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, algo que fue cuestionado por la oposición. Además, de forma nominal votaron a favor de formular cargos y citar al Dr Maqueda a efectuar el descargo del art 13 del reglamento de la comisión.

Dos testigos y un posible careo

Primera testigo de la jornada, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, relató que trabaja en el máximo tribunal hace 30 años y estuvo 20 en la Secretaría de Seguridad Social. Cuando fue designado presidente, Rosatti se comunicó con ella para tener dentro de su equipo a alguien que se desempeñara en seguridad social. Pero además se encarga de una parte laboral y de los amparos de salud de la obra social.

Al ser consultada sobre si Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo del manejo de la obra social, la funcionaria respondió: “A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí”. Pero aclaró que no tuvo contacto con él, ya que se dedica específicamente “a expedientes jurisdiccionales, los que llegan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o prepagas”.

López Alduncin contó “el criterio en discapacidad que aplica en los fallos Rosatti”, quien la mayoría de veces tiene disidencia respecto al voto de los otros jueces. “No tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino con su interpretación de la Ley de Discapacidad”, señaló y dijo que el juez “lee la ley en la clave de la real oportunidad de trato que necesita todo colectivo vulnerable”, según establece la Constitución Nacional. En ese sentido, “si la ley dice que la cobertura es total, es total”, resaltó.

Sobre los recursos recibidos, la secretaria letrada detalló que “hay muchos que son desistidos por la obra social”, la cual “está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en Corte, porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, con disidencia del doctor Rosatti”.

Luego fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau (FdT) por varios reclamos que se hicieron ante la Corte y, puntualmente, el oficialista apuntó el caso de “una niña paciente oncológica que murió estando su expediente en la Corte. Necesitaba un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez”.

“El expediente no lo vi yo, le estoy diciendo que sí (que falleció) referencialmente, yo no lo estudié”, afirmó la testigo y después el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) pidió que el expediente sea puesto a conocimiento, por lo cual se solicitó como prueba informativa.

En otro tramo de su declaración, la funcionaria judicial opinó: “La obra social un tema a estudiar, de cómo está compuesta, su origen, cuáles son sus atribuciones, cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades reglamentarias que las realiza la Corte y no la propia obra social, pero no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado”.

Por otra parte, reveló que hasta enero de este año mantuvo un “chat de trabajo” con Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y Natalia Monayer, también de la vocalía del presidente y quien ya se presentó en la comisión. “No tengo el correo de Rosatti”, expresó y resaltó que recurría a ambos cuando necesitaba “urgente ver al ministro, porque es gente que se muere la que está en los expedientes”.  “Cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, como un canal de comunicación para ver doctor”, agregó y ratificó que, en febrero de este año, cuando regresó tras la feria, ese chat ya no estaba activo.

Al exponer este martes ante la Comisión de Juicio Político, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia. Y que está en la Corte desde el año 2010, siempre en el área del doctor Maqueda.

El eje del debate durante la intervención de esta segunda testigo se planteó en torno al correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas, el 30 de agosto de 2021, al dejar de actuar en la supervisión de la obra social. Villarruel dijo saber de ese mail, porque lo había recibido.

Al preguntarle Rodolfo Tailhade en qué momento había empezado a analizar expedientes de la superintendencia, la doctora Villarruel dijo que fue justo al ascender a secretaria letrada cuando comenzó a ver lo relacionado con la superintendencia de la obra social. “A todos los expedientes les doy el mismo trato: los estudio, los veo, y le comento al doctor Maqueda en qué consiste el caso y cuáles son las alternativas, y el doctor me dice cuál es su opinión, o qué hacer”.

Negó haber tenido diálogo habitual con el exdirector de la obra social Aldo Tonón, a quien dijo haber visto “poquísimas veces”. ¿En qué oportunidades? “En el cuarto piso, en un pasillo cercano a mi despacho”, dijo la abogada al referirse a los casos excepcionales en que podía haberlo visto.

Más adelante le preguntaron puntualmente sobre los mails de la jueza federal Martina Forns dirigidos al doctor Maqueda. Recordemos que se trata de la jueza federal de San Martín que ya declaró como testigo/damnificada de la obra social, por cuando durante la pandemia falleció su esposo afectado por Covid, y ante la comisión contó no haber tenido la atención pertinente de parte de la OSPJN. Villarruel respondió que recordaba el caso por haberlo escuchado en testimonios anteriores. Y al preguntársele si había interactuado con ella, la secretaria letrada de Maqueda contó que en la Corte Suprema también había trabajado su madre. “Ella me refirió que conocía a mi mamá, me habló con gran cariño de esa” y en ese contexto le habló del caso de su esposo. Le contó que necesitaba terapia intensiva, que había llegado al Sanatorio Güemes y que estaba preocupada porque el mismo no tenía convenio con la Obra Socia, y quería que le informaran si iban a cubrir o no esa internación.

“Ante esa situación tan angustiante, quizá podía aliviar un poco su preocupación sobre el tema económico, que era muy válido”, comentó Villarruel, que recordó haberle pedido los datos de su esposo y tras ello consultó con la obra social a ver si habían recibido ese número de reintegro. Desde la OSPJN le informaron que no lo encontraban, lo cual no le pareció ilógico, por cuanto “en ese momento todo el sistema estaba desbordado. No era ilógico que se les hubiera traspapelado. Me indicaron cuáles eran las direcciones de correo a las que debía enviar el pedido y le informé a la doctora Forns, y yo también reenvié ese mail a las direcciones que me indicaron”, dijo, precisando que su única intención no era que le otorgaran una atención especial, sino que pudieran atender esa situación.

A continuación, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó sobre las consultas formales o informales que le llegaban a ella para atender situaciones planteadas en la obra social, a lo que Villarruel aclaró que “las personas que llegaron a mí por alguna gestión de la obra social puedo contarlas con los dedos de una mano, incluyendo a la doctora Forns. Han sido escasísimos los casos, y siempre mi intervención ha estado limitada a ver si la Obra Social les había dado el curso debido”.

Moreau insistió en que le llamaba la atención que fueran “escasos los casos” que le llegaban a ella, cosa que a su juicio se daba de bruces con un párrafo de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la OSPJN, en donde el cortesano resaltaba y agradecía la atención que el personal de su vocalía le había dedicado a atender situaciones de la obra social.

“No me considero alcanzada por ese párrafo porque no era mi tarea. Fueros escasísimos los casos en los que intervine”, remarcó la abogada.

“Si no se considera alcanzada por esta confesión de Maqueda, ¿le consta que el resto del personal de la vocalía llevaba adelante esta tarea, o ignoraba eso?”, insistió el diputado kirchnerista, a lo que Villarruel respondió que sabía que alguna vez habían ido afiliados a transmitir alguna inquietud a la privada del ministro. “Claramente no es todo el personal de la vocalía”, destacó ella.

Más adelante leyeron los mails enviados por la jueza Martina Forns al doctor Tonón, tras lo cual el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si tenían las respuestas de la Obra Social. Carolina Gaillard dijo primero que no tenían las respuestas y debían requerirlos, pero en ese momento le informaron que “nunca fueron contestados. Sí se sabía, dijo, que la obra social terminó haciéndose cargo de la prestación, pues así lo había contado la propia jueza, y ella misma había dicho que no le habían contestado. Lo cual mereció un reproche de López porque se hiciera cargo de que supuestamente no había respuestas, en función de los dichos de la jueza, por lo que reclamó que se le pidiera a la Corte enviar una aclaración sobre el tema.

Finalmente terminaron votando a favor de ese pedido y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

“Usted dijo que con los dedos de una mano contaría las veces que tuvo que atender este tipo de consultas o planteos de la obra social. ¿Cuáles son esos casos, se acuerda?”, preguntó Tailhade, a lo que Villarruel insistió en que habían sido personas que la habían consultado en función de su labor en el Poder Judicial, no porque estuviera específicamente en ese lugar de la Corte. Y en respuesta al diputado aclaró que, dado que se trataba de cuestiones de salud, no le parecía lógico brindar nombres. “Solo puedo decirle que mi participación fue igual de pequeña que con la doctora Forns”, concluyó.

Tras insistir una y otra vez con la lectura de la renuncia de Maqueda a su responsabilidad de supervisar la obra social, específicamente a ese párrafo de agradecimiento a su personal, Leopoldo Moreau dio por concluido que la “lectura integral” de esa nota “confirma que el doctor Maqueda agradece a todos el respaldo a su gestión… Estamos demostrando que tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte”.

Concluido el testimonio de María Villarruel, concluyeron que no era necesario un careo con Isabel López Alduncin, quien la había antecedido. “Hay algunas contradicciones, pero no al extremo de promover un careo –admitió Moreau-. En todo caso, después que repasemos las versiones taquigráficas veremos si eso se hace necesario”.

La palabra de una exdirectora de la OSPJN

A continuación, fue el turno de la doctora y ex directora de la OSPJN Claudia Viviana Madies también de la vocalía de Maqueda quien recordó que fue designada en la Obra Social por los integrantes de la Corte en su conjunto por “una resolución” e ingresó el 7 de abril de 2008 de manera formal y el cese en 2009 en agosto.

Además, detalló que es abogada especializada en el sistema de salud y cuenta con dos maestrías en Salud y Seguridad Social y en Bioética en Derecho. También fue jurista. “Por mi experiencia en el área de salud conocí a los miembros de la Corte, en especial a Lorenzetti y a Maqueda. A Lorenzetti lo conocí porque compartí la judicialización de la salud antes de que fuera juez de la Corte”, reveló la testigo.

“Hubo una situación irregular en la obra social con las prestaciones odontológicas en su momento y me convocaron”, informó y sumó que se entrevistó con Maqueda y Lorenzetti. “Se prefirió en ese momento que el Directorio Colegiado hubiera un integrante contador, otro abogado y otro médico que era Aldo Tonón”.

Así, la diputada Mara Brawer (FdT) le consultó si durante su función el juez Maqueda actuaba como a cargo de la obra social, ante lo que Madies afirmó: “En el mismo estatuto de la obra social hay la función de fiscalización de la obra social que recae en toda la Corte”, y agregó que han mantenido reuniones con Maqueda, con Lorenzetti, con diferentes miembros por distintos temas.

“Yo no interactuaba mucho con la Corte, sino con el equipo del directorio. Fueron pocas las veces que interactúe con la Corte. Podían pedirnos reuniones extraordinarias. Fue poco el tiempo que estuve, fue un año y tres meses y en ese periodo que fue fundacional, porque era la primera vez que intervenía un directorio colegiado, nuestra relación con la Corte era más acotada y nos preocupábamos más por llegar a un grupo de trabajo ejecutivo que implementara todos los objetivos que nos habíamos planteado en el estatuto”, explayó.

Madies informó que el trabajo consistía en dotar a la obra social de herramientas “más modernas” de las que tenía hasta ese momento que “habían generado la necesidad de la reforma del estatuto”. Además, sostuvo que como integrante del directorio “tenía menos tareas y responsabilidades asignadas” respecto del presidente o del vicepresidente.

“El trabajo consistía, en todo momento, de modernizar las instancias prestacionales que tenía la obra social, las de comunicación, las de afiliación, las de transparencia, publicidad de lo que tenía que hacer la obra social. Era un trabajo intenso”, reveló la exdirectora y añadió que hacían actas mensuales de la actividad y “ahí quedaban documentadas todas nuestras deliberaciones que eran desde comprar los insumos más básicos, recabar las necesidades, mejorar las prestaciones, dar atención a los reclamos presentados por los afiliados. “Era muy intenso el trabajo siendo que era un equipo en formación”, ratificó.

Sobre las actas, dijo no saber dónde quedaron, pero aseguró que eran en papel y se firmaban ológrafas. Madies, aseguró que en una primera etapa se “sintieron los avances más rápidos y productivos”. En una segunda etapa, sostuvo que “resultaba difícil avanzar porque teníamos un presidente de directorio que abría poco el juego, no nos dejaba hacer las actas. Teníamos problemas, el vice y yo como directora, de llevar medidas de gestión que fue motivo por el cual renuncie”, afirmó.

“¿El doctor Tonón impedía los avances que ustedes pedían?”, preguntó Brawer, a lo que Madies aclaró: “Más que impedía, creo que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, con un cuerpo colegiado porque teníamos una responsabilidad y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo”.

En ese sentido, ejemplificó: “Tonón si tenía que hacer alguna contratación no nos daba mucho detalle, no nos aportaba la información. Era muy personalista y nosotros necesitábamos conocer esas gestiones por la responsabilidad que teníamos. No podríamos incidir en eso si él tenía un mandato como presidente que estaba por encima de nuestras atribuciones”, y apuntó: “No era posible dialogar mucho con él”.

Al votar la solicitud de las actas a pedido de Brawer, la testigo aclaró que en las mismas “documentábamos nuestro trabajo. Había momentos donde documentamos esta imposibilidad de llegar a acuerdos. Es sobre la gestión. También documentamos avances y logros”.

“La interacción con los miembros de la Corte era variada. Si había reuniones que mantenía Tonón como presidente del directorio que, muchas veces, no nos reportaba con quién se había reunido ni los resultados de la misma. Ahí teníamos la dificultad de interlocución”, aportó.

Respecto del trato de Tonón con los miembros, Madies relató que “era difícil abordar ese trabajo colegiado, pero tampoco puedo decir que era algo personal porque pasaba con otros miembros. Era una necesidad de gestionar con más independencia por parte de Tonón”. También revelo que elevaban informes mensuales, pero Tonón “hacía resúmenes y no los compartía con nosotros”.

Por otro lado, Brawer preguntó por las votaciones de los estados contables. Al respecto, la testigo precisó que la obra social “debía informes contables de periodos previos que nosotros, como miembros del directorio, impulsábamos que se realizaran porque estaban pendientes y no permitían hacer el informe del ejercicio que tenía, por eso era un tema que más insistíamos. Al momento que me fui, no logramos que esos informes contables estuviesen cerrados”.

Asimismo, sostuvo que “no” intervenía nadie de la Corte porque “era un problema interno del directorio”. También, afirmó que tenían atribuciones para las licitaciones y compras de insumos. “Siempre procuramos que mejorara el sistema sobre los legajos de los trabajadores, la transparencia de los pagos, considerando que la estructura de la obra social con el nuevo estatuto había aprobado un procedimiento distinto”, planteó.

Al ser consultada por las vacantes, aseguró que “había funciones que no estaban cubiertas. Impulsábamos la búsqueda de personas que pudieran cubrir esas vacantes de temas muy puntuales. Las funciones en general había informes de personas de rango inferior, del equipo médico, y donde no estaba la posibilidad de tener un informe de un técnico especializado estaba Tonón, él cubría esas funciones”.

Por otro lado, explicó que para los reclamos se abrió un buzón en la página web para recibir los reclamos de los afiliados y tratar de dar respuestas. “En estas gestiones si teníamos alguna dificultad, Tonón se encargaba de transmitir eso. Buscábamos apoyo de la Corte para solucionar problemas en el interior”, y aclaró que “Tonón refería que ‘había dio a la Corte’, no nos contaba mucho con quién hablaba. Esa era una dificultad. No nos rendía cuenta”.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le pidió si podía profundizar sobre las dificultades en las prestaciones de servicios de odontología, pero Madies aclaró que “cuando ingresé ya había tomado estado público. Había problemas con los implantes. Tuvimos el recaudo de tener una auditoría de odontología. Se tomaron muchas medidas por parte de la Corte para encausar el tema y uno fue dictar el estatuto y nombrar el directorio tripartito”.

“Decidí renunciar porque no logré hacer los avances que me propuse en el área”, contó. La diputada oficialista Paola Vessvessian le consultó si contaban con manuales de procedimiento de compras, pero la testigo aseguró que “no” y que “era algo que estaba pedido para que se haga”.

“Había una necesidad por parte del presidente de gestionar sin los codirectores”, disparó Madies ante la pregunta del oficialista Juan Manuel Pedrini y agregó: “Me planteé estar en un organismo colegiado donde asumía una responsabilidad y donde no tenía la oportunidad de incidir en el cambio, por lo tanto, di un paso al costado porque me aprecia contraproducente forzar una situación distinta siendo que mi rol era directora simple y había un presidente que se había definido quién tenía que liderar”. La relación era tirante porque costaba establecer estrategias que no eran las que proponía él y era difícil gestionar”.

Otros testimonios

Otro de los testimonios que se escuchó fue el del doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, que empezó a trabajar en el 2009 y, actualmente, es prosecretario administrativo desde el 2015. Fasciollo aseguró que tomó conocimiento del mail de Maqueda a través de los medios, pero “nunca” le llegó.

En tanto, explicó que la obra social es una dependencia del Poder Judicial y que forma parte del mismo y se cita a los fines de aclarar cuál es la normativa que rige en las licitaciones que “es a partir de una resolución de la Corte”.

“La obra social cuenta con una asesoría jurídica que no es un órgano de control, no es auditor del directorio. Llega un expediente solicitando un dictamen jurídico para evaluar una contratación o licitación. En el dictamen tengo que especificar quién está facultado para el llamado, el expediente no volvía. La asesoría aconseja, pero no controlamos al directorio”, aclaró ante las preguntas de Blanca Osuna (FdT).

A su vez, aclaró que no intervenía en los expedientes licitatorio sobre compra de medicamento porque los dictámenes en la asesoría llevaban su firma. “El expediente licitatorio se inicia en el área de compras y es girado a distintas áreas, una es la asesoría y se responde de manera formal. Había cuestiones de compras que no eran girados a la asesoría, no requerían la intervención nuestra. Pero licitaciones o contrataciones sí”, explicó.

“Hubo un incremento de afiliados y eso, eventualmente, hace que se generen aumentos de litigios sumado al avance de los medicamentos, la medicina fue avanzando y desde lo normativo no se fue acompañando desde la cobertura”, opinó el funcionario.

El contador público Iván Nicolás Ritvo reveló que las contrataciones son por períodos de estados contables, son de “3 a 4 meses es el plazo que se da para la realización de la tarea”. “Me contrató el directorio conformado por el doctor Tonón”, afirmó.

“Nunca mi trabajó fue analizar la gestión del ente ni cómo estaba dividida. mi función era juntar la información y llevarla a un ámbito profesional que es evaluación y exposición para confeccionar los estados contables”, explicó el contador y sumó: “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y no contenía toda la información que podía llegar a contener”,

Al respecto, remarcó que confeccionaba los estados contables en función de la información que le brindaban. “Sabia que el estado tenía falencias y fue por ese motivo que se trabajó con una base de datos cerrada para que no tenga manipulación y siempre trabajé de forma independiente”, precisó.

“No encontré el sistema acorde a la envergadura de la obra social y eso llevó a que la recopilación de datos sea un poco más lenta, que haya que revisar más papeles para conformar la información”, agregó y denunció que el sistema tenía vulnerabilidades que “podía sufrir modificaciones en cualquier momento y pedí trabajar con un sistema de base de datos cerrada”.

A su turno, la funcionaria de la obra social María Guadalupe Burgos aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”.

“Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos. Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

La palabra de una damnificada

También testificó la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social quien precisó que es afiliada hace 38 años y que “en un principio cuando estaba el doctor Carranza Casares como director era muy personalizado todo, parecía una obra social de excelencia y hacía que muchas personas se quedaran trabajando en el Poder Judicial, era una de las razones”.

“He tenido una experiencia complicada en 2019”, contó y relató: “En febrero tuve un accidente que me provocó una fractura de clavícula en el hombro derecho, me internaron de urgencia y los médicos establecieron en el Sanatorio San Lucas en San Isidro que tenían que intervenirme y requerían una prótesis”.

Y continuó que “empezaron a demorarse, no me intervenían, los días empezaron a pasar. Hice una queja a la Clínica pensando que era un problema de ellos y ahí me dijeron que la obra social no otorga la prótesis y que había complicaciones. Tenía que ir hasta la obra social para el reclamo, pero no estaba en condición de hacerlo y empezaron los chats. Muchos jueces y juezas empezaron a presionar para que me den la prótesis”.

“Me operaron de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos. A raíz de esas demoras tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria según los informes de la clínica”, relató.

La testigo, recordó que durante el tiempo que estuvo internada que fueron cuatro meses “no tenía forma de que la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces una de las juezas que fue Martina Forns se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de los papeles porque al llamar por teléfono me decían que yo tenía que ir personalmente”, y sumó que “la internación domiciliaria también me costó conseguirla”.

“La obra social no tomba el tema y era muy difícil el tema de las licencias, de los reemplazos”, denunció y aclaró: “En la clínica me decían que no tenían forma que la obra social les respondieran. Incluso había dudas sobre mi afiliación. Era una situación de incertidumbre”.

Viano Carlomagno manifestó que nunca tuvo relación con autoridades ni de la obra social ni de la Corte Suprema, siempre dialogó con personal y precisó que las denuncias o reclamos se hacían personalmente, “no había un sistema de mail”.

“Con la internación domiciliaria me tuve que costear todo yo sola. El resto si lo pagaron todo respecto de la clínica, la prótesis, la internación”, denunció.

Tras dos semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), retomó este martes las audiencias con testigos, en el marco de la investigación sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que este será el último encuentro sobre el tema, pero se verá en el transcurso dependiendo la extensión de los interrogatorios a los citados. Una vez concluido este tramo, se espera que la comisión de aboque al tema del fallo de la coparticipación de la Ciudad. Pero la próxima reunión no será el martes que viene, ya que para ese día está prevista la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, al recinto de la Cámara baja.

Para este martes fueron convocados la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villaruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

En la última reunión de la comisión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron sin votar.

Luego de dos semanas sin reunirse, se espera que este martes 6 de junio se reanude la actividad en la Comisión de Juicio Político, para realizar lo que a priori sería la última reunión sobre supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El último encuentro de esta comisión se realizó el jueves 18 de mayo, oportunidad en la que se registró la declaración del exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien se había negado a asistir en las tres citaciones anteriores. Luego se decidió saltear la semana del 25 de Mayo, por el feriado largo, y el martes pasado se suspendió el encuentro porque no podían asistir dos diputados del oficialismo por razones de salud –Vanesa Siley y Eduardo Valdés-. Y como la presidenta de la Cámara está en el exterior no se podían designar reemplazos.

Ahora se prevé que este martes vuelva a reunirse la comisión, en su día y horario habitual (las 13), en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, en el marco del juicio político que el 26 de enero de este año se inició contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional.

Seis son los testigos citados para la reunión: la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la OSPJN, y María Susana Villaruel, secretaria letrada de la vocalía del Dr. Maqueda.

Si bien, como dijimos, se espera que esta sea la última reunión temática sobre el tema Obra Social, el número elevado de testigos pone en duda que así sea. En todo caso y de cumplirse el cronograma establecido, se pasaría a partir de la semana venidera al siguiente tema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció la suspensión de la reunión prevista para este martes 30 de mayo, y será reprogramada para el 6 de junio de 2023, a las 13 en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A” de la Cámara de Diputados.

La decisión anunciada sorprendió a propios y extraños, pero fuentes legislativas consultadas por este medio explicaron que se debió a que había dos diputados con temas de salud: Eduardo Valdés, quien debía realizarse estudios médicos, y Vanesa Siley, que fue internada de urgencia por una infección en las amígdalas. Según supo parlamentario.com, el pasado viernes la legisladora presentó un cuadro febril a raíz de una laringitis y le recetaron antibióticos que no hicieron efecto. Este lunes volvió a la guardia del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde el cuerpo médico decidó internarla de urgencia por una infección aguda. “Se le formó un abseso pariamigdiliano que están evaluando cómo intervenir”, revelaron desde su entorno.

Al no estar la presidenta de la Cámara –Cecilia Moreau está en China-, no podía firmar los reemplazos, razón por la cual se decidió la postergación.

Esta iba a ser la décimo quinta reunión del juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con esta postergación, este será el período más largo con el que se interrumpe la periodicidad de este proceso que se lleva a cabo semanalmente, ya que sólo fue interrumpido en Semana Santa (del 3 al 7 de abril) y la semana que hubo dos sesiones en el recinto de la Cámara baja (28 y 29 de marzo).

Los convocados para el martes venidero seguirán siendo los mismos, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y se sumarán la doctora Isabel López Alducin (secretaria letrada) y la doctora Claudia Viviana Madies.

Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre el tema Obra Social, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

El contador Ritvo había sido citado la semana pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien asistió luego de notificación judicial.

También, durante la última reunión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron para el final, pero la comisión estaba sin quórum para votar. De hecho, ese día se había abierto el encuentro con un tercio de los presentes.

Luego de una semana de tregua por el feriado largo del 25 de Mayo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja reanudará sus audiencias con testigos este martes, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de Diputados. En el encuentro se continuará con una de las hipótesis que hasta ahora más jornadas ha insumido, y es la que tiene que ver con irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tendrá así su décimo quinta reunión. Y la sexta correspondiente al tema “obra social”, que se extendió más de lo previsto originalmente. Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre ese tema, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

Por lo pronto, para este martes los convocados son cinco: la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos, funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y seguramente expondrá en calidad de damnificada por la misma.

El contador Ritvo había sido citado la semana pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien asistió luego de notificación judicial.

También, durante la última reunión, el Frente de Todos planteó su pedido de ampliación de juicio político por los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán; mientras que desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar pedidos de juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Ambas cuestiones quedaron para el final, pero la comisión estaba sin quórum para votar. De hecho, ese día se había abierto el encuentro con un tercio de los presentes.

Luego de una semana de tregua por el feriado largo del 25 de Mayo, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja reanuda sus actividades el martes 30 a las 13 -tal cual se había acordado en la última reunión-, en la continuidad del análisis de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

El juicio político que se lleva adelante desde el 26 de enero pasado contra los cuatro miembros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, tendrá así su décimo quinta reunión. Y la sexta correspondiente al tema “obra social”, que se extendió más de lo previsto originalmente. Según confiaron a parlamentario.com fuentes de esa comisión, esta sería la última reunión sobre ese tema, pero no se descarta que, sobre la marcha y ante la aparición de eventuales nuevas pruebas, se decida prolongar el análisis con alguna audiencia más.

Por lo pronto, los convocados para esta nueva reunión son cinco. Han sido citados la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN; María Guadalupe Burgos funcionaria de la OSPJN; el contador público Iván Nicolás Ritvo;el doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, y la doctora María Marcela Viano Carlomagno, quien es afiliada a la OSPJN, y seguramente expondrá en calidad de damnificada por la misma.

Recordemos que el contador Ritvo, había sido citado la semana  pasada, pero pidió ser reprogramado. En esa oportunidad también fue citado el contador público Gabriel Martínez, quien no pudo ser localizado, ya que la dirección adonde se le envió la notificación era una oficina vacía.

Llama la atención la citación de María Guadalupe Burgos, quien ya participó de la audiencia realizada el 18 de abril pasado. Ante la consulta de parlamentario.com, aclararon que ha sido convocada en esta oportunidad para reconfirmar cosas que quedaron de su anterior testimonio. “No es que haya surgido algo nuevo”, precisaron las fuentes consultadas.

En la última audiencia de la comisión que encabeza Carolina Gaillard se escucharon los testimonios del titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, la afiliada damnificada Laura Ambrosio, y la esperada presentación de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial.

De concluir este martes efectivamente con el tema “Obra Social”, pasarán al siguiente: Coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.

A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.

Caso Tonón

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.

El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.

Ampliación de pruebas

Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.

A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.

Dos testigos ausentes y dos presentes

En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.

Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.

“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.

Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.

Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.

En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.

Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.

Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.

Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.

La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.

Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.

Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.

“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.

El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.

“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.

Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.

Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.

Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.

La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.

Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.

En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.

La cuarta fue la vencida. A las 15.20 se hizo presente en la Sala 1 del Anexo de Diputados el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves en el marco de su quinta audiencia de indagatoria sobre las irregularidades en el manejo de la obra social.

Durante su larga exposición, que se extendió por más de cinco horas, se amparó en varias ocasiones en el artículo 18 de la Constitución para no responder ciertas preguntas al estar imputado en una causa que también investiga el mismo tema. En tanto, afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Tonón se había negado a asistir a la comisión en tres oportunidades. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez.

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard.

Promediando la audiencia, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

“¿Tiene que venir, lo van a traer?”, consultó Juan Manuel López, titular del bloque CC-ARI, a lo que Gaillard respondió: “Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo”.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Tras el ingreso de Tonón a la sala y previo a la ronda de preguntas, Gaillard aclaró: “Al testigo se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no auto incriminarse porque hay tres causas penales que investigan el tema de la obra social, y una de ellas que es la única que está imputado el doctor Tonón, pero no es la que se está ventilando acá en la comisión”.

El testimonio de Tonón

Palabra que se hizo esperar, el exdirector de la OSPJ afirmó conocer a los magistrados de la Corte Suprema, pero negó tener una relación y/o vínculo personal. El primero en interrogarlo fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade quien le pidió que explique las circunstancias que “rodearon” su ingreso a la OSPJ, ante lo que Tonón contó que su ingreso fue en 2007 luego de una entrevista “a raíz de un conocimiento por una persona en común me solicitaron un CV sobre toda mi trayectoria médica, yo llevo 49 años de profesión de los cuales 35 están destinados a la gestión. Tras unos meses me citaron a una entrevista con Maqueda”.

En ese marco, aclaró: “No soy amigo personal de Maqueda, sino que la relación que mantuve es solamente a través de ese vinculo laboral que se constituyó. Tuve entrevistas con otros jueces. En ese momento con los distintos jueces de la Corte que, en ese momento, estaba constituida por 7 miembros”.

“Me pidieron hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso que tramitaba en el exjuzgado del juez Bonadío que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, trabajé durante 6 meses con un contrato de locación de servicios. Hice un informe y lo documenté que está en poder de los miembros de la Corte donde se aclararon todas las situaciones y la propuesta de un replanteo en el armado de la OSPJ dadas las características y la situación que la obra social tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”, relató.

 Asimismo, reiteró que su ingreso fue para una “determinada tarea en la Auditoría de la Obra Social con el punto de inicio en una causa penal que tenía 17 imputados referida a las prestaciones odontológicas. De ahí se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podrían haber dado en la obra social y un proyecto de ordenar a la obra social”.

“Con el tiempo surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podía reordenar”, insistió Tonón. Ante la consulta de Tailhade sobre el ingreso formal a cargo de la Obra Social, el médico explicó: “Se dio a través de la modificación estatutaria nueva, el funcionamiento y el organigrama de la obra social presentado donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma del funcionamiento de la obra social y, a través de la constitución de un directorio de tres personas”.

En ese sentido, precisó que el ofrecimiento del puesto fue hecho por los titulares de la Corte Suprema con la anuncia del resto de los ministros, la acordada por la que se aprueba el estatuto y se asigna la constitución de las autoridades de la obra social “está firmada por los siete ministros”.

“Se dio a través de la acordada la propuesta de estatuto, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, y el proyecto de modificación en la obra social para transformarla en una obra social acorde a las circunstancias del momento”, ratificó el testigo.

Al respecto, Tailhade le preguntó si recibió algún tipo de instrucciones de cómo querían los jueces que sea la gestión de la obra social. “Creo que si leemos los primeros artículos del estatuto de la acordada 5 del 2008 dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que querían. Eso lo habrán discutido entre ellos”, indicó el exdirector.

“Asumí el cargo que me ofrecieron junto con el directorio y continué hasta el 9 de marzo en que presenté la renuncia, pero desde el 31 de diciembre de 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones reservadas y que no pudieron ser tomadas durante años anteriores. En febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar. Se hizo una reunión de los dos directores de la nueva gestión que son el doctor Althabe y la doctora Borensztejn en el cual se cambiaron los directores. Me abstuve de postularme o aceptar cualquier cargo”, detalló.

En esa línea, el diputado kirchnerista indagó sobre su decisión de renunciar. “Ya no quería continuar trabajando. Tengo 74 años, llevo 50 años en la profesión y 35 en la gestión, me sentía cansado y agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano jubilarme”, sostuvo.

Al ser interrogado por la gestión y la trayectoria, Tonón manifestó: “Está todo documentado en la Obra Social y como estoy imputado en las tres causas en las cuales puedo auto incriminarme en el funcionamiento voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, Gaillard le aclaró que es por “preguntas relacionadas a las causas en las que está imputado que puede hacer uso de dicha facultad. Si es una causa en la que no está imputado puede responder. Usted no está imputado en las causas de irregularidades en la Obra Social…el testigo puede hacer uso de la facultad o abstenerse de responder alguna pregunta vinculada al hecho que se investiga”.

Pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien comentó: “Solo para tranquilidad y para no estar hablando con el abogado que no puede ser parte de la reunión. Hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto de estos temas de imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le atiende a su abogado sin necesidad de que hable. Tratemos de hacer todo lo más fluido posible”.

Al retomar el interrogatorio, Tailhade volvió sobre su pregunta anterior: “¿Usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal?, a lo que Tonón contestó: “Si porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión”. Lejos de cerrar ese tema, el diputado oficialista insistió: “Si, pero se refieren a hechos puntuales que podrían haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación. No sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal”.

“Creo que usted desconoce cuales son las causas que están en sede penal”, disparó el funcionario, ante lo que Gaillard intervino con una aclaración: “Nosotros antes hemos leído las distintas causas que usted tiene y tramita en causa penales la 7686/21 donde nos consta que no ha sido imputado en la causa. En la causa 5666/21 el fiscal si lo imputó, pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462/22 no está imputado. Digo para clarificar las causas que tramitan y en las que puede abstenerse si siente que se está auto incriminando”, y agregó: “Evitemos las preguntas sobre la gestión porque muchos de los hechos ya fueron comprobados por los testigos anteriores”.

Tonón explicó que la obra social “es una institución que tiene independencia y autonomía de gestión económica, administrativa y financiera, por lo tanto, los ministros estaban informados sobre el funcionamiento y qué se estaba haciendo, pero no le tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”.

 “Cualquier ministro que quisiera tener información de la obra social y me consultaba, tenía la respuesta porque la obra social dependía… lo dice el estatuto no hace falta repetirlo”, contó y sumó: “El estatuto establece de quién dependía la obra social y hace una excepción a esa dependencia. Está respondido en el artículo primero de la acordada 5 del 2008”.

Nuevamente la titular de la comisión intervino para aclarar la pregunta de Tailhade y le preguntó al testigo si conoce el mail en el que Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión sin acto administrativo de la obra social del Poder Judicial: “Formalmente y personalmente no, solamente por trascendidos periodísticos”.

“Cuando había problemas de envergadura se consultaba a Lorenzetti, a Maqueda, y con los otros ministros también. A muchos de ellos se les preguntaba por alguna cuestión o situación que se había enviado como propuesta para mejorar el funcionamiento o equipamiento o la finalidad y estructura de la obra social. Siempre y cuando excediera esa resolución las facultades que tenia el directorio que funcionó en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban ahí”, explayó el testigo.

Tailhade preguntó: “El estatuto que estuvo vigente casi 14 años aprobado por la acorada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa, sevicias de cobertura, estado económico. Puede decirnos si eso se cumplió regularmente”, a lo que el exdirector destacó: “Estimo que sí, sino no hubieran permitido la continuación de la obra social y lo hubieran reclamado. Porque se enviaba la información de trascendencia con la propuesta. Todos los meses se elevaba a la Corte y, además, las inversiones de la Obra Social por resolución de la Corte del año 2011 quedaron en manos de la Administración General de la Corte Suprema. La Obra Social derivaba los excedentes que consideraba que se podían seguir conformando el fondo anticíclico a la Administración General de la Corte porque era una indicación dispuesta por una resolución del máximo tribunal”.

“La información económica y financiera, la solicitud o propuesta de algún acto o de alguna situación que mejorara la atención de los afiliados, que mejorara el funcionamiento de la obra social, antes de tomar la decisión, si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema”, planteó.

Y agregó que “esa comunicación era de muchas formas. Era la propuesta de una solicitud de audiencia y el ministro decidía si era por audiencia o por escrito. Era a cualquier ministro”.

Al respecto, indicó que el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos. “El último día que fui, en el que se firmó la nueva dirección, en el acta del directorio se incorporó el estado económico y financiero de la obra social y el orden del monto era 52 mil millones de pesos. Eran depósitos y liquidez”, indicó y resaltó que las consultas eran solo para los ministros y no para los empleados de las vocalías.

Al ser consultado por el motivo que derivaba a que las resoluciones hasta la acordada 44 del 2018 eran firmadas por varios ministros, Tonón explicó: “Algunas situaciones si, y otras de resolución de la propia Corte siguiendo los lineamientos de la Ley de Contabilidad de la Nación en las normas propias de la Corte mediante una acordad y fijaba montos para algún tipo de licitación”.

“No era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones. Era facultad exclusiva de ellos, yo no pedía explicaciones sobre eso”, lanzó.

El patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos“

También contó que los montos “iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación siguiendo los lineamientos de la Corte. Se actualizaban no muy asiduamente, pero cuando se generaba un desfasaje grande. Fue así desde el primer día que llegué”.

“Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse porque está en juego la vida de un paciente”, sostuvo Tonón ante la pregunta de Germán Martínez y sumó que “todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero de hacer que va desde justificar la necesidad de la situación y por cada área: jurídica, requirente, la compras, jurídica, y la contable”.

Y siguió: “Eso iba, se hacía el concurso, luego pasaba a la comisión de pre adjudicaciones que depende del Consejo de la Magistratura que hacía la evaluación de todo el procedimiento y daba su dictamen”.

Pidió la palabra el diputado Leopoldo Moreau quien interrogó sobre el tiempo en el que estuvo como director sin que estén el resto de los directores: “No recuerdo con precisión la fecha la renuncia de los otros dos directores, pero estimo que fue desde fines del 2009 o 2010”.

“¿Cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación, es decir, que estuvo ejerciendo el cargo sin que se nombraran los demás directores?”, volvió a preguntar Moreau, a lo que Tonón recordó: “Desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los nuevos directores que fue en 2022”.

“Usted estuvo aproximadamente 10 años ejerciendo el cargo sin otros directores?”, insistió el diputado del FdT lo que fue afirmado por el testigo. “¿Usted hizo algún tipo de reclamos para que se designaran a los restantes directivos?”, repreguntó el legislador y Tonón dijo: “Habremos conversado, pero yo no tenía que demandar la designación de los directores”.

Y Moreau continuó sobre el tema: “¿O sea que a usted no le generaba eso mayor carga de que esos directores no estaban designados?”. “No porque no me basaba en cuántas personas tenía para colaborar, sino en la capacidad para trabajar y sacar adelante a la obra social”, contestó el funcionario y agregó: “El presidente de la obra social siempre cargaba con la responsabilidad del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social”.

“¿Por qué no se certificaban los balances ante el Colegio Profesional de Ciencias Económicas? ¿Quién disponía que esto fuera así?”, consultó Moreau a lo que Tonón precisó: “No recuerdo quién dispuso que no se hiciera, pero no había inconvenientes en hacer la certificación. No se hizo nunca la certificación de los balances. Era la modalidad de la obra social hacerlo así. No es que me parecía natural, yo continué la modalidad operativa que se venía llevando. La certificación en el Colegio Profesional nunca se hizo porque no implica la certificación del balance, sino que implica la autorización o capacitación del auditor del balance e implica dejar de hacer público el balance de la Obra Social”.

Moreau se refirió al email de renuncia de Maqueda en donde calificaba a la Obra Social como “insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, y consultó: “¿A qué período de gestión se refiere?”.

“No puedo hace apreciación a qué período se refiere. Me presumo al anterior de la gestión del 2008”, respondió Tonón, pero el diputado kirchnerista retrucó: “Maqueda presenta la renuncia en agosto de 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008-2021”. “¿Used dice que el Dr. Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada…? Yo creo que si lee el primer párrafo interpreto otra cosa. No dije que no se refería a mi gestión, lo interpreto de una forma distinta”, dijo Tonón y sumó: “Yo no puedo saber lo que quiso decir porque no conversé del tema con él y no me interesaba hacerlo porque no era mi función”.

En ese momento, el exdirector amagó con no responder ninguna pregunta más “dado que cada vez me encuentro más cercano a auto incriminarme con lo que pueda resolver. La respuesta va a ser artículo 18 de la Constitución a todas las preguntas que sigan”. Pero, Gaillard interrumpió y volvió a calmar las aguas reiterando, una vez más, las causas en las que está imputado y de las cuales no puede hablar.

“En ningún momento recibí amenazas o presión de presentar mi renuncia”, afirmó el testigo. Sobre el informe final de la auditoría que se hizo, aseguró que “lo poco que vi de la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos, sino que son de prescripción de las distintas áreas y que no hay elementos probatorios que consten como una irregularidad”.

Por otro lado, manifestó que “podía recibir consultas sobre algún caso particular de inconvenientes, pero eran escasos. Todas las vocalías hacían consultas, que los afiliados consultaban y se les daba la explicación correspondiente, lo hacía yo porque era quien podía resolver la situación. La Obra Social es la que tiene la más alta cobertura asistencial del país sin ningún co-seguro con la mayor cobertura de medicamentos”

Consultado por la conformación de la comisión de informatización del Poder Judicial, comentó que “no tuve ninguna reunión porque quien tenía que convocar a la reunión era el presidente que era Héctor Marchi. Si hicimos aportes de todas las áreas de la Obra Social”, y negó saber las conclusiones finales del informe elevado al máximo tribunal. Además, informó que se había designado a un representante en cada lugar donde la Obra Social de la Corte no tenía representación para atender los reclamos de los afiliados.

A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados realiza este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema. 

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. 

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente. 

El caso Tonón

Para esta audiencia estaba convocado nuevamente Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, quien se niega a asistir a la comisión. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez. 

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard. 

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

– ¿Tiene que venir, lo van a traer? -consultó el diputado Juan Manuel López.

– Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Otros dos testigos ausentes

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clerici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración. La siguiente será Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN.

Los otros convocados eran Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, quienes no estarán presentes: en el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía. 

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, resaltó este jueves el tiempo coincidente entre la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán y el testimonio de Héctor Marchi ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

“En ese mismo momento el exadministrador de la Corte, Marchi, estaba denunciando con nombres, con números, con fechas al actual presidente (Horacio) Rosatti y a otros miembros de la Corte por haber contratado gente para pagar el silencio de quienes habían denunciado enriquecimiento ilícito”.

En esa línea, consideró que la decisión del máximo tribunal, fue para que “se tapara lo que estaba sucediendo en la Comisión de Juicio Político”, donde se han escuchado ya a varios testigos “denunciar maniobras de corrupción que se vivieron allí durante los últimos años”, dijo la funcionaria.

Durante su habitual conferencia de prensa con periodistas acreditados en Casa Rosada, Cerruti sostuvo que el Poder Judicial “se ha convertido en un poder que se gobierna así mismo y que intenta avanzar sobre los otros poderes”.

Además, la portavoz recordó leyes en materia de justicia que se aprobaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero “la mitad de esas leyes después fueron declaradas inconstitucionales o dejadas sin vigencia por la propia Corte”.

También enumeró las distintas iniciativas que no avanzaron durante la gestión de Alberto Fernández y fustigó: “Es muy difícil plantear la reforma de una Corte o de un sistema cuando son ellos mismos los que pueden decidir”.

En el mismo sentido que el presidente durante la cadena nacional, la funcionaria consideró que se necesita que “haya legisladores que estén dispuestos a dar el debate” sobre una reforma judicial. “En octubre pensemos que cuando votamos legisladores tenemos que estar votando a quienes estén dispuestos a dar esos debates”, agregó.

Consultada sobre por qué el Poder Ejecutivo nunca envió el pliego para cubrir la vacante en la Corte que dejó Elena Highton de Nolasco, Cerruti respondió: “La atomización de las fuerzas políticas en el Congreso ha provocado en los últimos años que aquellos temas que por Constitución necesitan las dos terceras partes o mayorías especiales sean muy complicados de llevar adelante”.

El último testigo citado a la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, a cargo de Carolina Gaillard, fue el contador público Nicolás Jacinto Serafini quien expuso en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Serafini, quien fue auditor de los balances de la obra social, comentó que “el primer año que me contrataron fue para realizar el trabajo de estudios contables del año 2008. Lo primero que solicité fue la información previa y ahí veo que no había balances del 2007 ni de 2006, solo había información reciente del 2005 por lo cual el contrato se extiende a realizar los balances de esos años que faltaban”.

“El último periodo trabajado fue 2021, pero ahora no tengo ningún contrato vigente con la obra social”, aclaró ante la consulta del oficialista Rodolfo Tailhade. Serafini volvió a explicar que “solo estaba hecho el balance del 2005 que no tenía una auditoría realizada. Había información que se me presentó como balance, pero a mi entender no cumplía con los requerimientos. No estaba auditado y era la última información contable que había en la obra social”.

Además, afirmó que “los primeros informes no tienen una opinión favorable, tienen abstención de opinión los de 2005 y 2006. A partir del 2008 empecé a firmar la auditoría, tienen opinión de razonabilidad. Previo a eso hicimos un informe sobre la situación que encontramos la obra social”.

“Mi primer contacto fue con el directorio de la obra social. En ese momento había tres directores en 2008. Siempre fui auditor externo y brindaba una opinión de auditoría sobre la razonabilidad de los estados contables que formula el directorio de la obra social. Mi primer trabajo igual no fue ese porque, al encontrar una situación donde no estaba el ejercicio anterior cerrado, no había una auditoría realizada del ultimo ejercicio y propuse realizar un informe de hallazgos y recomendaciones”, explayó en su respuesta.

Al respecto del informe de hallazgos y recomendaciones, precisó que tiene fecha de 31 de enero de 2009. En esa línea, Tailhade le solicitó información sobre esos hallazgos realizados: “El objeto era un diagnóstico de la información que contenía el sistema informático contable. La información que estaba registrada fue suministrada por el directorio de la obra social y la tarea consistió en la aplicación de procedimientos de auditoría sobre la información que emitía el sistema contable como, por ejemplo, cotejar las informaciones de los balances de distintos años con el sistema, verificar saldos de inicio, entre otros”.

Ante la consulta de Gaillard si era él quien firmaba los balances y auditaba: “Yo solo firmé la auditoría de los estados contables, firme los balances a modo de identificación, pero no los confeccioné”, aclaró.

“Los hallazgos fueron que la información procesada en el sistema contable es en apariencia incompleta, que era vulnerable ya que podía ser modificado luego de ser cerrado un ejercicio pudiendo ser alteradas las registraciones en cualquier momento, se encontró un control interno débil, un sistema informático que no aparentaba poseer una razonable confiablidad y asegurar el normal flujo de información contable porque se podían modificar balances que ya estaban cerrados, no había seguridad que todas las operaciones están registradas, existían diferencias entre planes de cuentas entre el 2005 y 2006”, explicó.

También, el contador sostuvo que en el informe de auditoría externa sumó esta información para que “el usuario de los estados contables este al tanto de eso porque es importante porque el esquema interno era débil”.

Tras una declaración de más de tres horas, el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez a testificar ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para continuar su denuncia por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, volvió a denunciar que sufre “presiones” y que lo empezaron a “perseguir” tras sus declaraciones.

Además, volvió a apuntar con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. También se despachó contra Mariano Althabe -preside la OSPJN- y Silvio Robles.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

El documento de Marchi y el reclamo de los diputados

Previo a la ronda de preguntas, el contador público hizo una exposición de la “situación” luego de haber testificado ante la comisión. Allí, contó que le interesa “la seguridad jurídica de la mujer y del hombre que por quienes se empiezan a respetar los derechos y se demuestra a través de los hechos de las formalidades de quienes la tienen que garantizar”.

Aclaró que no se presenta ante Diputados por “la bronca de un traslado” sino porque “me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal y para defender al Poder Judicial de la Nación”.

“Tercera vez que digo presente”, destacó Marchi y precisó que fueron dos en la Comisión de Juicio Político y una en el juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, disparó el funcionario y sumó: “Dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, y expresó su “mayor respeto” a los compañeros que ya han testificado “o la ausencia de quienes tenían que hacerlo asumiendo sus responsabilidades de funcionarios públicos”.

Al respecto, remarcó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles, pero dejé en claro que como funcionario público iba a poner en claro la situación”.

“El informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Así, comentó que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y le advirtió que “no me asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció y solicitó permiso para leer otro documento

En ese momento, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que “el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”.

De la vereda de enfrente, le salió a responder el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien explicó que el testigo “está haciendo una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. El pidió autorización, lo autorizamos, no hay preguntas entonces tiene que seguir”.

Lejos de quedarse en silencio, López le retrucó con una pregunta hacia Marchi respecto a quién escribió lo que leyó y que deje copia firmada.

Sin ser miembro de la comisión, pidió la palabra la radical Roxana Reyes para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Estoy asombrada que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada que una de las diputadas -por Vanesa Siley- indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. Estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar una declaración porque tiene que responder a las preguntas y en función de eso consultar los testigos”, denunció al santacruceña.

“Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.

En tono enojada, la titular de la comisión le contestó: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando y todo ha sido derecho y el único objetivo de la comisión el logar determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”.

“Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató Gaillard.

A su turno, y de forma pacífica Mónica Frade (CC-ARI) le preguntó si se puede poner a consideración para votar “cosas que son ilegales” porque “acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. ¿Eso se puede poner a consideración?”. En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dejaron que leyera un documento, pero Frade le siguió reprochando que “hicieron una vergüenza con Estela De Carlotto”.

El oficialista Leopoldo Moreau aclaró que “no hay ningún obstáculo para que el testigo, firmando y reconociendo la autoría del documento que lee, puede hacer una introducción y luego se le hacen las preguntas”. En ese contexto, Gaillard procedió a leer el artículo 12 del reglamento que establece que el testigo puede basarse en documentos en tanto y en cuento lo autorice la comisión.

Al retomar su testimonio tras el cruce de palabras entre los diputados, Marchi solicitó respeto hacia su persona y apuntó: “Me parece bastante imprudente las consideraciones del diputado López, pero no es mi intención entrar en discusión porque solo quiero hacerles saber a ustedes el estado de situación de cosas importantes que seguramente no están en su conocimiento”.

El exfuncionario judicial se remitió a su exposición de la reunión pasada en donde “quedó claro que bajo la supervisión en el email que Juan Carlos Maqueda le envió a sus ministros que la responsabilidad total sobre la supervisión desde el 2008 hasta el 31 de agosto de 2021 corrió por su cuenta y que, a partir de esa fecha y hasta noviembre de 2022 que se decidió que la supervisión esté a cargo de la Secretaría General de la Administración se realizaron los informes, recomendaciones, acta final de cierres. Posteriormente la responsabilidad de la gestión es de Althabe con su proponente al Dr. Rosatti”.

En esa línea, continuó denunciando las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500.000 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, relató el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

“Hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me empezaron a perseguir. No puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”, informó.

Por otro lado, manifestó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos. Con información que se puede cambiar o perder. No se pueden controlar ingresos ni egresos con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Así, hizo alusión a los “hechos de informalidad” que se generaron “antes y después de mi visita a esta comisión”.  “En primer lugar denuncié la eliminación del email oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.

“Segundo denuncié la recepción de Robles del informe 4 de Supervisión de la Secretaría General el 26 de agosto de 2022 y la falta de comunicación a ministros. Otra situación gravísima de ocultamiento. La falta de publicación de informes que mencioné antes”, sumó.

Y agregó: “La denuncia a funcionarios a mi cargo por parte de Robles. Después de esos actos, entiendo que la presencia de Robles como vocero de los tres ministros es de una gravedad extrema y el posible acto de encubrimiento por quienes lo protegen”.

Asimismo, Marchi también denunció que, tras su primera presentación en la comisión, “sufrí hechos de presión”, y detalló: “Primero con un comunicado de la comisión interna de los judiciales que tenía relación directa con la reunión de los tres ministros con algunos pocos empleados en el Palacio de Justicia”.

“En tercer lugar, el comunicado propio de la OSPJN”, enumeró y afirmó que aportará todas las pruebas que busquen desacreditar “mi gestión y atacar a mi persona”, pero resaltó que “es muy importante destacar que los comunicados no tienen firma, una forma utilizada por el vocero de los ministros para transmitir sus órdenes”, disparó el funcionario.

Además, cuestionó que plantean una política financiera “opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Hico un breve comentario respecto al comunicado de la obra social: “Fue hecho por alguien poco inteligente porque decir que lo que hice fue ir en contra de trabajador es mentira. Los sueldos del personal del Poder Judicial se encuentran en el 2% de los más importantes de los trabajadores. El ahorro que tanto me cuestionan no se hizo por ajustar el personal, es para lograr una planta óptima”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos de la Obra Social que fueron perdidos por Althabe que eran para atender la salud de 100 mil afiliados, maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”, planteó.

Marchi también contó que Rosatti “no solicitó informes en el fallo por Coparticipación, siendo que el Poder Judicial perdería por su aplicación más de 10 mil millones anuales a valores actuales y generaría complicaciones. No consultó a la Secretaría General de Administración respecto de las consecuencias de su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos por parte de Silvio Robles por orden de Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.

Sobre esto, recomendó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti, dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.

Por último, se refirió al juicio político presentado por la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti: “Es falso la cooptación de las estructuras del Consejo para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia. La transferencia fue solicitada por los consejeros y aceptada por la Corte. Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme. El personal de dichas dependencias se redujo en más del 40%”.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción y le anticipó que le iniciará juicio por la falsa denuncia que le hizo.

Las preguntas y el testimonio

El primero en consultar fue el titular del bloque CC-ARI, sobre la relación que mantiene Marchi con Lorenzetti: “El vínculo es laboral. Con ninguno tuve problemas personales”. Además, contó que los expedientes de la Obra Social que pasan por la Corte, pero durante la gestión de Maqueda “nada se hacía sin el ‘ok’ de él”.

López, también le preguntó si recordaba quién firmó las resoluciones que designaron a Aldo Tonón al cargo de la OSPJN, a lo que Marchi afirmó: “No recuerdo, pero si eran resoluciones fue Maqueda porque Tonón era el médico personal”.

“Yo ingresé con una Corte de siete ministros y había un respeto de forma y de palabra. Habíamos manifestado que Maqueda asumió que estaba a cargo de la obra social sin haber un acto específico. No se hacía ninguna resolución sin su autorización”, explicó.

Al responderle a la diputada Graciela Ocaña, Marchi contó que post pandemia hubo una “eclosión en la obra social. Hubo una diferencia entre Maqueda y Tonón y se dejaron de hablar. Ahí vino el gran problema y vino la explosión. No sé qué pasó. Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda”.

Fuerte cruce protagonizó la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y la vicepresidenta del bloque UCR, la diputada Karina Banfi, en la reunión de este martes mientras testificaba el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, por las irregularidades del manejo en la Obra Social del Poder Judicial.

“Si ustedes no quieren escuchar es un tema de ustedes, pero hay diputados que lo quieren conocer”, lanzó Marchi y fue la chispa que prendió la mecha en la comisión.

Al instante, Gaillard le aclaró en tono enojada: “Señor testigo usted tiene que limitarse”, pero al mismo tiempo se dirigió a la radical: “Diputada Banfi a usted también le pido respeto porque hace cuatro meses que venimos trabajando y usted ha venido a algunas de las reuniones que tuvimos, no a todas. Entonces le pido respeto porque es mucho el trabajo que se viene realizando en esta comisión”.

“El testigo debe limitarse a contestar y a no debe haber intercambios con los diputados, sino a limitarse a contestar las preguntas o a lo que usted quiere decir”, completó su frase la entrerriana e insistió entre gritos: “Y usted diputada Banfi le pido respeto. Respeto a todo el trabajo que venimos haciendo consensuadamente”. “¡Que haga silencio cuando el testigo está hablando, no le voy a dar la palabra!”, exclamó fuerte Gaillard.

Al hacer uso de la palabra, Banfi le retrucó muy enojada: “Las veces que yo vengo, primero es una decisión de mi bloque quien viene y quien no viene. No es algo que a usted le incumba. Los hizo lo mismo con la diputada Reyes. Usted no es la señorita maestra, entonces no nos pasa lista. ¿Está claro?”.

“Segunda cuestión, cuando yo vengo lo hago en carácter de reemplazo de alguno de los miembros de mi bloque porque esa es la función que me han asignado y si usted no está de acuerdo no falte a la verdad. Diga todo, no me venga a señalar qué día vengo y que día no, porque me está faltando el respeto a la integridad y a la embestidura que represento a muchos bonaerenses. Si no les guste váyanse”, cerró eufórica la radical.

Comenzó a las 13.19 una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde declarará por segunda vez Héctor Marchi.

El administrador desplazado de la Corte Suprema estuvo ante los legisladores el pasado 25 de abril, cuando denunció que recibió amenazas en su contra y cargó contra el ministro Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, hipótesis en la que se está indagando.

Este martes se espera que reciba preguntas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes se quedaron sin consultar en la audiencia pasada. La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, tuvo un pleito en la Justicia con Marchi, hombre de Ricardo Lorenzetti, contra quien los “lilitos” presentaron su pedido de juicio político.

Marchi debía presentarse la semana pasada, pero fue reprogramado para este martes ya que fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en la causa judicial sobre la OSPJN.

En la audiencia también serán interrogados el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó la primera vez y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió; y la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según ha denunciado.

Otro de los citados para la reunión era Santiago Clerici, a cargo de la Secretaría Jurídica General de la Corte, quien se ausentó en otras dos oportunidades y esta vez también faltó. En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que su testimonio se reprogramó por el tiempo que se estimaba iba a insumir la reunión.

Antes de pasar a los testigos, se aprobó, con aval del oficialismo y la oposición, incorporar como testigo a Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, a propuesta de la diputada Graciela Ocaña (Pro). Desde UEJN emitieron un duro comunicado contra Marchi tras su primera declaración.

“Vamos a acompañar esta ampliación, porque así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de SITRAJU República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración”, expresó la diputada Vanesa Siley (FdT), quien además pidió incorporar como prueba “resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor Maqueda, oportunamente, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social”.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanuda su actividad este martes, a partir de las 13, con la participación de cuatro testigos, entre ellos Héctor Marchi, quien se presentará por segunda vez.

El administrador desplazado de la Corte Suprema estuvo ante los legisladores el pasado 25 de abril, cuando denunció que recibió amenazas en su contra y cargó contra el ministro Juan Carlos Maqueda por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, hipótesis en la que se está indagando.

Este martes se espera que reciba preguntas de los diputados de la Coalición Cívica, quienes se quedaron sin consultar en la audiencia pasada. La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, tuvo un pleito en la Justicia con Marchi, hombre de Ricardo Lorenzetti, el magistrado contra quien los “lilitos” presentaron su pedido de juicio político.

Marchi debía presentarse la semana pasada, pero fue reprogramado para este martes ya que fue citado a declarar por el juez Ariel Lijo en la causa judicial sobre la OSPJN.

Otro de los citados es Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó la primera vez y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Por último, fue citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según ha denunciado.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la entrerriana oficialista Carolina Gaillard, volverá a reunirse este martes desde las 13 para interrogar a nuevos testigos sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

Además, ha sido citado Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

Con picos de alta tensión por momentos, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este miércoles la décimo segunda reunión en el marco de la investigación de irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

La jornada comenzó pasadas las 15 con el fin de escuchar a tres de los cinco testigos que habían sido convocados: Andrés Sacchi, quien firmaba balances de la obra social el director de Informática de la Corte Suprema; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

En tanto, el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard: “Justifica su no comparecencia con una nota y pide reprogramar su audiencia”. Mientras que el contador público Nicolás Serafini “de igual modo pide reprogramar su declaración para a la audiencia de la próxima semana”.

Otro de los testigos ausentes que pidió que su testimonio se reprogramara fue el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Dicha ausencia, provocó un picante cruce entre el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade. López denunció que “Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político”, y acusó que “el juez Lijo es gran amigo del FdT”. Al respecto, el diputado kirchnerista lo acusó de ir “al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi”.

También hubo una fuerte discusión previo a que el oficialismo aprobara pedir a la AFIP más información sobre una sociedad de Silvio Robles. Además, se incorporó como testigo a la jueza federal Martina Forns.

Por otro lado, el oficialismo votó traer a declarar por la fuerza pública al exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, tal como había anticipado parlamentario.com, ya que por tercera vez consecutiva no compareció.

Los testigos

Primer testigo de la jornada, Andrés Alberto Sacchi, director de Sistemas de la Corte Suprema, aclaró que “la obra social tiene su propia área de sistemas”, pero en abril de 2021 se lo incluyó a él en una comisión -mediante una acordada-, integrada también por Héctor Marchi y Aldo Tonón. Esa comisión tuvo como objetivo “hacer una colaboración para lo que era la informatización de la obra social”, dijo.

A su vez, “se creó un grupo de trabajo que estaba conformado por personal técnico-administrativo de la Corte y de la obra social”, detalló y contó que “el objetivo de corto plazo, como estábamos en pandemia, fue mejorar la web” ya que “estaba desactualizada, con falta de información, era bastante antigua y no se adaptaba a dispositivos móviles”, ni tampoco se podían sacar turnos online.

El funcionario a cargo del sistema informático del máximo tribunal desde 2016 apuntó que desde esa comisión “no se hizo una investigación del software existente. Lo que se planteó desde un momento inicial fue informatizar, porque lo que existía era un software antiguo o que por lo menos no cubría las necesidades”.

“Los softwares antiguos son más vulnerables que los actuales”, afirmó y al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (FdT) expresó: “No sé en qué tecnología estaba hecho, lo que sí me informaron es que era anterior a Windows”. “Nosotros dejamos a disposición de la obra social un proyecto para llamado a licitación, pero después de eso desconozco cómo continuó”, señaló.

En otro tramo del extenso interrogatorio, Sacchi confirmó la existencia del mail que el juez Juan Carlos Maqueda le envió a sus pares avisándoles que abandonaba la supervisión de la obra social. “De manera directa en el ejercicio de mi función lo vi”, aseguró ante la consulta de la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) y reveló que Maqueda le reenvió el mail a él y a Marchi “por el trabajo que habíamos hecho” desde esa comisión.

Por otro lado, el director de Sistemas de la Corte confirmó que en la inundación que afectó el despacho de Silvio Robles -durante la feria judicial- una computadora resultó “afectada”. “La llevamos a sistemas para hacer un estudio de la misma”, relató y mencionó que “partes vitales de la computadora, como el disco rígido, no fueron afectados”. Sacchi insistió en aclarar que más allá del reemplazo de algunas piezas, “se devolvió la computadora tal cual como nos la habíamos llevado”.

Luego fue el turno de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda, María Bettina Bonucelli, quien ingresó a trabajar a la Corte en septiembre del 2002, pero en diciembre de 2005 la convocó Maqueda a “ser parte de su vocalía”. “Desde el 2013 hasta la actualidad soy subsecretaria administrativa producto de una corrida en la Corte por Marta Herrera Alem que pasó a desempeñarse como directora en la Obra Social del Poder Judicial”, contó ante la pregunta de la diputada Vanesa Siley (FdT).

“La mayor parte del trabajo se lo dedicamos al movimiento de expedientes judiciales y administrativos. En lo que va del año se recibieron 3.500 causas judiciales y se les dio salida a 2.500”, comentó y sumó: “Si recibíamos algún llamo o recibíamos a algún afiliado con algún problema o alguna queja”.

Al respecto, la funcionaria remarcó que “detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica, nadie venía porque tenía un resfriado. Todos quedábamos movilizados ante esas situaciones, era difícil”.

“Nosotros los escuchábamos y los orientábamos… los magistrados tenían recursos para estas situaciones. Eran más que nada empleados”, resaltó Bonucelli y agregó que “eventualmente se llamaba a la Obra Social porque había casos donde la urgencia era tal que había que llamar”.

La testigo afirmó que los reclamos “no se dejaban en ningún acta, ni informe”, pero remarcó que sí mantenían al tanto de la situación a Maqueda. “No se le contaba en el momento justo, pero si se lo mantenía al tanto de todo”, subrayó.

Al respecto, Siley consultó si Maqueda les daba “algunas instrucciones” ante dichos reclamos, a lo que la secretaria contó: “A veces sí, a veces no. Otras veces se lo comentaba a Tonón”.

“Yo llamaba a la dirección de Tonón y ellos resolvían los problemas, yo les pedía que se comuniquen con el afiliado para que sepan en qué situación estaban sus trámites”, relató y lanzó ante la pregunta de Ocaña que “desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año, eso de todas las semanas no es así”.

Última testigo la afiliada a la OSPJN Valeria Díaz quien relató que tuvo problemas con la prestadora al rechazarle el pedido para la fertilización asistida: “Yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la Obra Social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”.

“Empecé con muchas notas presentadas a la obra social, las cuales fueron rechazadas con el mismo argumento de que la donación no estaba regulada por el Ministerio de Salud. Envié una carta documento y también fue rechazada. Con un compañero que es abogado y con el sindicato al presentar un recurso jerárquico ante la Corte, pero lo único que hizo fue pedir informes al Ministerio para saber cuáles eran los centros dentro de la ley”, precisó.

“Al no tener respuesta empapelamos todas las paredes del Palacio de Justicia diciendo que la obra social no cumplía. Hicimos notas periodísticas para visibilizar todo. Después de eso me habilitaron, pero tardaron ocho meses”, agregó a su relato.

Además, sostuvo que “el Dr. Tonón me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”.

Tras una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición, el Frente de Todos impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político y aprobó este miércoles una ampliación de prueba que consiste en solicitarle a la AFIP información fiscal sobre MoRo Media, una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez. 

Al plantear el tema, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) recordó que en marzo pasado ya se habían librado oficios a la IGJ y AFIP, pero que ahora se requeriría más información, relacionada a “las declaraciones juradas; todos los pagos realizados a la AFIP, todo tipo de información sobre operaciones, plazos fijos, participaciones societarias, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones. Y me faltó departamento en Miami”. 

También, el kirchnerista dijo querer conocer las fiscalizaciones de la AFIP con relación a la sociedad; si se registraron trabajadores en relación de dependencia y que se remita la totalidad de facturas emitidas por esta S.R.L.

“Una de las hipótesis que llevamos adelante es el tráfico de sentencias en la Corte, en el fallo del 2×1, en el de la mal llamada coparticipación y en el del Consejo de la Magistratura”, apuntó Tailhade y aseveró: “Necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico”. Y, agregó, que hay que investigar si “se pudo haber entregado dinero a distintas personas que resultaban importantes para el objetivo final que representaban los fallos”. 

En medio de las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que existe una disposición de la AFIP, la 98/2009, que establece “una serie de excepciones al levantamiento del secreto fiscal, donde faculta a la presidenta de esta Cámara de Diputados a requerir este levantamiento”. 

Según reveló la entrerriana, se consultó a la Dirección de Legales de la Cámara baja si era posible “requerir a la AFIP la información o no” y en un dictamen jurídico se respondió que “la comisión tiene facultades para requerirlo”. “Puede ser que después esa información tenga carácter reservado y pueda ser solamente consultada por quienes integramos esta comisión”, aclaró. 

Además, se incorporó como testigo a la jueza federal de San Martín Martina Forns, por “el fallecimiento de su marido en plena pandemia, abandonado por la obra social” del Poder Judicial. 

“Ella también forma parte de la denuncia que hizo la Asociación Americana de Juristas contra los miembros de la Corte” por “misoginia y destrato contra la jueza en el marco de actuaciones por los tarifazos”, añadió el legislador. 

En la décima segunda reunión de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo votó a favor de traer a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, ya que por tercera vez consecutiva no compareció a testificar.

Así lo había adelantado parlamentario.com tras consultarle al abogado del funcionario judicial, Mauricio D’Alessandro, quien anticipó que para este miércoles su defendido no iba a concurrir. Y así fue.

La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.

La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”.

La titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que “el doctor Tonón ha enviado una nota donde justifica su no comparecencia aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y no procedería citarlo por la fuerza pública”.

“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de dos citaciones a las que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento al juez”, recordó la oficialista y subrayó que “así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez. Por lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión”.

La Comisión de Juicio Político, a cargo de Carolina Gaillard, lleva a cabo este miércoles desde las 15.19 su décimo segunda reunión a la cual fueron citados cinco testigos a prestar declaración por las “irregularidades” en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Sin embargo, dos de ellos informaron a último momento que no asisten: el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; y el contador público Nicolás Serafini.

En principio, la convocatoria estaba pactada para este jueves 4 de mayo con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón, pero durante el fin de semana largo no solo se modificó el día y el horario sino también la lista de testigos convocados, por razones atendibles, vale aclarar.

De esta manera, trascendió que no estará Marchi, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exadministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social. Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra.

La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarán este miércoles su citación por la fuerza pública.

Los testigos que prestarán declaración en esta reunión serán quien firmaba balances de la obra social el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

El martes pasado en la reunión de la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard se debatió brevemente si el próximo encuentro sería el miércoles o jueves próximo. De entrada habían aclarado que no se reunirían el martes, como acostumbran, pero finalmente se estableció que fuera el jueves a partir de las 11.

Sin embargo este jueves por la noche se conoció la convocatoria dispuesta por Carolina Gaillard para reunirse el miércoles a partir de las 15, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A, de la Cámara baja, a fin de recibir la declaración de solo dos testigos.

Los convocados son Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, que ya en dos oportunidades pidió no asistir, argumentando que hay una causa en curso en la que él está involucrado y quiere evitar que cualquier declaración ahora pueda resultarle en contra.

El otro testigo convocado es el exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Daniel Marchi, quien sí declaró el martes pasado, pero en esa oportunidad se acordó que volviera a ser convocado la próxima semana para hablar del informe de 20 mil fojas que él elaboró en torno al estado de la Obra Social del Poder Judicial.

En principio esos serían entonces los únicos dos convocados para la próxima semana en el marco del  juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

En el marco de la undécima jornada -la séptima con testigos- de la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, se presentaron a testificar el docente universitario Gustavo Montanini, el prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia, y el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.

Al final de la reunión, que duró más de cinco horas, se resolvió volver a citar bajo apercibimiento de informar de la ilicitud al juez al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, justificó su incomparecencia.

Desde Juntos por el Cambio plantearon que Tonón compadezca ante la comisión acompañado de su abogado, pero el oficialismo rechazó esa idea.

En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente, a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para el jueves a partir de las 11.

Es que se resolvió que la próxima reunión no sea el martes, por el feriado del lunes. Al final, se puso en discusión hacerla el miércoles o el jueves y se eligió el segundo día.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

Los testigos

Primer testigo en declarar este martes, Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, se refirió a la auditoría interna que realizó junto a otro abogado y dos contadores sobre la obra social del Poder Judicial, en cuanto a cuestiones “económicas, financieras, de legalidad y de gestión”. Afirmó que el plan de trabajo fue determinado por esa comisión interdisciplinaria que integró y no por la Corte. Para la misma, que abarcó un análisis desde abril de 2008 a septiembre de 2021, se tuvieron en cuenta auditorías realizadas anteriormente por la AGN, contó.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario del máximo tribunal dijo no tener conocimiento sobre una “acordada o resolución” que haya designado como encargado de la obra social a uno de los ministros. “El control depende de la Corte Suprema en su conjunto”, dijo e insistió en desconocer si el juez Juan Carlos Maqueda había sido designado o había estado a cargo de hecho, como interrogó la oficialista.

De Vedia confirmó que, de acuerdo con la información recibida por la obra social, en el período auditado no se cubrieron los cargos de la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna. “No se cubrieron esos cargos, estaban vacantes”, afirmó y detalló que en el caso de los subdirectores, “según el estatuto es una designación compleja”, porque “los designa la Corte, pero a propuesta del directorio”.

Sobre la falta de presupuestos, el letrado ratificó que en el período que abarca la auditoría “no se confeccionaban”. Según el estatuto, que él mismo leyó, el directorio lo debía elevar ante la Corte, pero señaló que no tenía conocimiento de si la Corte exigía el presupuesto al directorio: “Nosotros auditamos la obligación y el funcionamiento de la obra social. No tengo conocimiento si la Corte lo solicitó”.

Al responderle al diputado Juan Manuel López (CC-ARI), el testigo explicó que en el caso de las licitaciones y contrataciones “interviene la propia asesoría jurídica de la obra social, no la de la Corte”, aunque “según la relevancia de la licitación en algunos casos se elevó a la Corte la decisión respecto de la licitación o adjudicación” y, más precisamente, a la presidencia del máximo tribunal.

En una de sus intervenciones, la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) dejó en claro que “no hay una norma que establezca o exija la obligatoriedad de que (esta obra social) se maneje a través de presupuestos”. Y resaltó que “la pelota está en nuestra cancha”, porque habría que lograr que este organismo como otros adapten “sus sistemas a la Ley de Administración Financiera”. Sin embargo, los oficialistas Germán Martínez y Rodolfo Tailhade (FdT) consideraron que sí le cabe a la obra social la obligatoriedad de presentar los presupuestos, al estar bajo la dependencia del Poder Judicial, el cual está contemplado en la Ley de Administración Financiera.

Al momento de las preguntas, Tailhade interrogó a De Vedia sobre las delegaciones de firma que hizo el exdirector Aldo Tonón y concluyó en que “por lo menos entre 2016 y 2021 existió una sola persona en el directorio, que era el doctor Tonón, y no había subdirector médico ni subdirector administrativo, con lo cual cualquier delegación de firma era totalmente antiestatutaria porque solo a esas personas podía delegarse”, subrayó el legislador

Luego fue el turno del docente universitario y contador Gustavo Montanini quien conformó la Comisión de Auditoría de la Obra Social al ser contratado “externamente”. Al ser consultado por la diputada Siley sobre las dificultades que tuvieron al iniciar el trabajo y el plazo para la realización de la auditoría, comentó que tenían un plazo de 120 días que “no” pudieron cumplimentar por lo que solicitaron una prórroga para poder terminarlo.

“Al principio tuvimos más dificultades por el espacio físico y decidimos hacer un intercambio de información para poder analizarla por separado”, agregó y manifestó que los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo “pueden ser varios” porque para poder iniciar el trabajo de revisión de la documentación “tuvimos que esperar un plazo significativo y la dinámica que tuvimos en la revisión hizo que no pudiéramos constatar inmediatamente las dudas que pudiéramos tener”.

Al respecto, informó que “el pedido de información exigía por parte de la obra social, un análisis de lo que estábamos pidiendo, la devolución y un análisis de nuestra parte y si teníamos preguntas para hacer teníamos que repetir el pedido o recurrir a la obra social para sacarnos las dudas o a veces la información nos llegaba en forma parcial y no pudimos hacer el análisis en los tiempos en los que hubiésemos querido”.

Y sumó: “El no contar con un espacio físico, fue el detonante por el cual empezamos a pedir la información y recibir respuestas que solicitábamos”.

Por otro lado, se refirió a las dificultades al no contar con una Auditoría Interna: “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y utiliza como disparador esos informes. Al no existir la auditoría interna no existían los informes por lo tanto tuvimos que arrancar de cero con 13 años de proceso de revisión”. “El informe por el que comenzamos es el número uno, elaborado por Héctor Marchi”, afirmó Montanini.

Siley también le preguntó por los movimientos al Banco Nación, puntualmente por el ingreso de mas de 7 millones de pesos que “dicen que no pueden identificar su procedencia. ¿Qué significa esto?”. El contador explicó que “cuando se realizan conciliaciones bancarias recurrentes explican cuáles son los movimientos que aparecen como partidas conciliatorias. En este caso podemos ver que hay elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.

“Nosotros intentamos revisar esas conciliaciones bancarias, pero no existieron, por lo que esa diferencia de 7 millones de pesos es una diferencia que no pudimos comprender cuál era el ingreso que refería a ese monto”, informó y contó que pidieron “explicaciones” sobre “todos los movimientos bancarios y no recibimos explicación sobre esos 7 millones de pesos”.

En ese sentido, precisó que las consecuencias de no contar con conciliaciones bancarias es que “no existen controles regulares sobre las cuentas bancarias”.

El último en declarar fue el exadministrador Héctor Marchi quien se despachó con dureza hacia los miembros de la Corte y dejó al descubierto la “informalidad” con la que se manejan. También apuntó contra Silvio Robles y denunció que su desplazamiento fue una “sanción encubierta” y que es “víctima de seguimientos y amenazas”.

El reciente desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, afirmó en la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, que lleva a cabo las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que “siempre fue Juan Carlos Maqueda quien estuvo a cargo de la obra social”, y denunció que “todos los directos los eligió él y nunca hubo concurso”.

Previo a la ronda de preguntas, el contador pidió autorización para dar contexto a la situación de la Obra Social en la última década: “El período donde estaba Nicolás Reyes como administrador, estaban unidos el Consejo, la Corte y todo dependía de la Administración, esa es la razón de la acordada 31 del 2005 que se cita en la nota que envió la Corte durante la presidencia de Petracchi”.

“Luego se separó la Corte del Consejo. Cambió la presidencia y Reyes se retiró”, sumó y contó que al asumir “hubo que reorganizar todo. La nueva composición bajo la presidencia de Lorenzetti llegó a un acuerdo muy claro: desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la presidencia o de la administración como en el periodo anterior”.

Y precisó que eso dice la acordada 9/2008 “desconcentrar actividades ajenas a la administración”, y remarcó que por ese motivo se distribuyeron las áreas. “La doctora Highton de Nolasco con oficina de violencia doméstica, el doctor Maqueda con la Obra Social, Zaffaroni y Lorenzetti con el centro de información judicial. Cada ministro dirigía esa área y mandaba los proyectos de decisiones que el presidente firmaba, pero cada área era independiente”.

 Al respecto, subrayó que cuando se asignaron las tareas por acordada “Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”.

“Pero en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1. Maqueda designó al directorio con Tonón. Me pidió que designara a un representante de la administración, luego me pidió que lo sacara. Por eso hay cierta confusión porque se dice que la obra estaba bajo la dependencia directa de la Administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera con la responsabilidad de un directorio. Algo contradictorio”, explayó.

Y continuó leyendo: “El directorio unipersonal decía todo. Con consulta permanente con el doctor Maqueda y luego a través de un mail dice que fue un error sacar a la administración de la obra, refiriéndose a la del doctor Reyes y dice que la única manera que funcione es bajo la supervisión de la administración. Por eso volví y comencé con los dictámenes de supervisión recién con la acordada 19/2021 que me coloca en la órbita de la obra social y con informes mensuales de supervisión”.

“Esos dictámenes fueron muy críticos. Si yo hubiese estado a cargo de la obra, no me hubiese autocriticado. Tampoco me hubiese sancionado con el traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra”, se defendió el funcionario y cuestionó que “en el nuevo período tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rosatti. Los empleados se designaron a propuesta del doctor Altave, los auditores para controlar los designó la Corte. Yo me opuse a eso porque la apariencia bajo la transparencia hay un control de hecho. Eso le hace mal a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Nación”.

Con gran expectativa, la Comisión de Juicio Político de Diputados recibió en la reunión de este martes a Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, ante la cual denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano están siendo “víctimas de seguimientos y amenazas”.

Además, se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, dejando expuesta la fuerte grieta que existe en el seno de la Corte entre Lorenzetti y los restantes tres miembros del máximo tribunal. Asimismo, asoció al juez Juan Carlos Maqueda con la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Antes de pasar a la ronda de preguntas, Gaillard le aclaró: “Lo hemos citado para el día de hoy porque a raíz de la acordada 11/23 esta comisión se notificó a partir de la disidencia del doctor Lorenzetti que usted había elevado un información que la comisión había requerido a la Corte y pedimos que sea enviada con 24 horas y fue recibida anoche a última hora”, por lo que le solicitó a Marchi su presencia la próxima semana porque “mucha de esa información no la hemos podido verla en detalle y con precisión y profundidad que queremos”.

El funcionario confirmó su presencia manifestando: “No tengo ningún problema, me parece totalmente lógico porque son 20 mil fojas, cuatro informes, un acta final, 30 recomendaciones y me parece muy prudente y beneficioso que todos ustedes lo puedan leer en profundidad y se puedan discutir adecuadamente”.

Previo a las preguntas, pidió hacer algunas salvedades: “Quiero dejar en claro que la situación en la que vengo a declarar es en el marco de una demanda civil que yo tengo con la diputada (Elisa) Carrió. La causa se encuentra en trámite. Públicamente ustedes saben que yo he pedido dos recusaciones por el tiempo transcurrido porque me parecía un tiempo totalmente prolongado cuatro años y medio paradas las causas cuando, en realidad, en instancias anteriores se demoró menor tiempo, una de ellas fue rechazada en menos de 24 horas y la otra fue rechaza cambiando la jurisprudencia”.

“Si bien son cuestiones que acepto como los fallos como debe ser, como este juicio lo voy a seguir en tribunales internacionales y con el mayor respeto a la exdiputada Carrió, me voy a tomar reserva de algunas cuestiones porque tiene que ver también con el Juicio Político hacia el juez Lorenzetti que me incluye en donde las denuncias formuladas tienen que ver, en su mayor parte, con esta demanda que está en trámite con el agregado del tema de la obra social en donde estoy señalado puntualmente y en donde me gustaría dar las respuestas que correspondan”, planteó.

Marchi denunció que “en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver mi persona. No me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero si en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la Obra Social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema tan importante”, afirmó.

El testimonio

Fue el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau el encargado de abrir el interrogatorio preguntándole respecto a su llegada a la Corte, a lo que Marchi contestó que fue por su trayectoria y aclaró: “No soy kirchnerista ni de cambiemos porque en las distintas etapas de los gobiernos he sufrido pintadas de que era de uno o de otro y tuve bravas discusiones con todos judicialmente, pero siempre defendiendo los intereses del Poder Judicial”.

“Recibí un llamado de Lorenzetti cuando yo estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda de mi provincia. A partir de mi gestión en Santa Fe me propuso la idea de charlar con todos los ministros de la Corte de venir a trabajar en temas presupuestarios y económicos que estaban totalmente olvidados en la Corte Suprema”, contó e indicó que fue director en el 2007, en el 2008 estuvo como subadministrador acompañando un mes a Nicolás Reyes.

En esa línea, recordó que al llegar la Corte Suprema tenía un estado muy “difícil. No estaban ni los foquitos de la entrada. Lo primero que hice fue poner iluminación para que haya transparencia. Había fondos de presupuestarios, no había un circuito administrativo armado y no había una estrategia financiera armada”.

“Todos los ministros me pidieron algo, pero especialmente el doctor Carlos Fayt me dijo si tenía la suficiente fuerza para defender al Poder Judicial fuera del Poder, pero por sobre todo dentro para arriba y para abajo. Yo me comprometí con el doctor en hacerlo y me dijo que si no lo hacía no podía seguir estando en el Poder Judicial y menos en la Corte. Esa fue mi llegada”, relató Marchi y aclaró que durante 16 años trabajó los miembros de Reyes y lo acompañaron con el manejo del dinero “todas mujeres, no tengo hombres dentro de la administración que manejen el presupuesto. Estoy honrado de que mujeres hayan hecho tan hermoso solamente con la estrategia que fijé, me duele cuando se duda del trabajo realizado”.

Y volvió a denunciar que “la administración que realizamos ha sido desguazada y he sido trasladado, en lo cual los funcionarios están siendo amenazados”.

El funcionario precisó que en 2015 se suprimió la Secretaría General de Gestión y las áreas se unieron a las de la Secretaría General de Administración. “Se hizo para buscar mayor eficiencia y evitar menores costos”, explicó y criticó que “tenemos menos personal a pesar de las áreas creadas. La planta de personal habilitada es de 4.700 empleados, y la ocupada es de 2.500 o sea que está prácticamente en la mitad, la mitad de los cargos están vacantes y parte de la política de responsabilidad fiscal obedece a eso”.

Por otro lado, informó que las acordadas antes de su resolución tenían que pasar por todas las áreas competentes dependiendo del tema que se trataba. “Esa era la costumbre por solemnidad se tenía que hacer”, remarcó y alertó que “esa formalidad hoy en día no se respeta totalmente”.

“Hay muchos cambios que a mi me generan dudas como por ejemplo que la mesa de entrada de la Secretaría General de Administración pase a la Secretaría General de Asuntos Jurídicos. Se destruyeron todas las auditorías vigentes”, planteó el santafecino comentó que “nadie” habló con él respecto a su desplazamiento.

Al ser consultado por Moreau sobre la Supervisión en la Obra Social explicó que el sistema “venía de un deterioro que hizo explosión en pandemia. En ese momento Maqueda, que estaba a cargo, me llamó y me preguntó cuáles eran los principales problemas que podría haber ahí. Para mi el problema era con los prestadores que tenían aranceles muy bajos y por otro lado que había un grave problema al no tener un sistema informático. Ahí se creó la Comisión de Informatización Judicial de la Nación de la cual fui presidente. A los cuatro meses entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general para que la Obra Social le agregue sus especificaciones, pero no pasó nada y los problemas aumentaron. Ahí me designaron y se hizo un diagnóstico de donde salió la acordada y di las recomendaciones de lo que se podía hacer. Ese fue el primer informe”.

Al respecto, indicó que en dicho informe destacó los tres problemas que detectó: de tipo orgánico donde había un directorio unipersonal que tomaba las decisiones y delegaciones a personas para tomar actos importantes; había cargos vacantes de mucha importancia y las locaciones de servicio. “Aconsejé que se incorporara a un contador y a un abogado del Poder Judicial porque son los que más conocimientos tienen de lo que es la Obra Social”, contó.

“La Obra Social cuando yo ingresé estaba fundida, no tenían ni para pagar los sueldos”, lanzó Marchi y destacó que la Secretaría General de Administración logró salvar la Obra Social.

Además, sostuvo que hubo tres meses de 2021 donde “se produjeron los tres primeros informes. El primero era un diagnóstico, el segundo avanzaba con el primero y el torcer informe marca una serie de deficiencias en la obra social. El informe cuarto fue entregado a la presidencia y recibido por Silvio Robles”.

“Robles era el vocero de Rosatti dentro de la Corte, él hablaba con los directores y era una cuestión con la que yo no estaba muy conforme. La manera de manejarse de esta persona llevaba indicaciones a los directores de parte de Rosatti o de parte de los tres ministros, cosa que no me consta y por lo que algún ministro me ha reclamado no le entregó el informe cuatro”, describió.

Por otro lado, explicó que el Fondo Anticíclico de la Obra Social firmada por los siete ministros de la Corte se creó a partir de los excedentes que se generaron a partir de la política de salarios altos. “Los ministros determinaron que parte de ese dinero pase a la Corte Suprema y fue el directorio de la Obra Social el que fijó el montó para transferir. Eso no implica manejar la Obra Social porque queda con su dinero para manejarse”, precisó y opinó que la Obra Social en materia de gestión financiera “es un desastre” porque “hay remanentes de 10 mil millones en cuentas corrientes porque no hacen los plazos fijos y eso remunerado en 8 meses implica perder 3 mil millones de pesos para la obra social”.

“Esta Auditoría que estuvo unos años, lo que hicimos fue detectar todas las falencias de una Obra Social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, planteó el administrativo.

En suma, el funcionario subrayó que Maqueda supervisaba y estaba la tanto de todos los actos que se realizaban. “El doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que se autoricen porque nada se hacía sin la autorización de Maqueda. Cualquier movimiento en la Obra Social tenía que ser autorizado por él. Hay un cúmulo de erogaciones que tiene que ver con la compra de medicamentos de compra directa sin expedientes, sin dictámenes, solamente con una orden de arriba”.

“Tonón, a propuesta de Maqueda, fue presidente de la Obra Social. Él empezó como auditor de la obra social”, aseguró el contador y afirmó que Maqueda estuvo “casi 10 años como responsable de la Obra Social”.

En una breve interrupción, la oficialista Mara Brawer le solicitó al testigo que expliqué qué informe no entregó Robles y a quiénes.

“Primero hubo reticencia a aceptármelo. Nadie quería recibirlo al informe cuatro, lo mandé de prepo a presidencia y lo recibió el señor Robles. Al doctor Lorenzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás, pero obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte porque si todo fuese por los carriles normales, no ocurrirían este tipo de cosas. El traslado que han hecho de mí, luego de mostrarles cómo está la administración, obedece al informe cuatro que está la punta del ovillo porque involucra al doctor Altave que fue propuesto por Rosatti y Robles lo escondió, por más amenazas que tengo, pero lo voy a decir”, denunció.

“La informalidad llegó para quedarse en la Corte. El informe cuatro es el ovillo y generó mi trasladó. También hubo otro tipo de informalidades a las que me opuso porque se usaron aparatos por fuera de mí y de mi administración. Es muy grave. En diciembre el señor Robles eliminó el mail del presidente de la Corte y dio la orden al director de sistema que manden todo al mail de él”, planteó.

Con expectativa por el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años, la Comisión de Juicio Político reanudó su trabajo este martes. La reunión se realiza en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja desde las 13.15.

El funcionario judicial, recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal, fue citado para ser interrogado en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial.

Por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, se volvió a citar al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado, justificó su incomparecencia. En el final se resolverá si se lo obliga a venir mediante el uso de la fuerza pública.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini y al prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia.

En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para este martes.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

Marchi será convocado también la semana próxima

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Con expectativa por el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años, se volverá a reunir este martes la Comisión de Juicio Político de Diputados. El encuentro será en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja desde las 13.

El funcionario recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal confirmó su asistencia, tras haber sido incorporado a la lista de testigos en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial.

Por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social el jueves pasado.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, se volvió a citar al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini; al secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici; al prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia; al médico legista Enzo Canónaco; y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.

El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.

Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), formalizó una nueva convocatoria a reunión para el próximo martes 25 de abril a las 13 en la Sala 1 del Anexo, a fin de continuar con la investigación sobre las “irregularidades” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en el marco del jury contra los cuatros ministros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y su presidente Horacio Rosatti, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.

Para esta undécima jornada, pero la séptima con testigos, la comisión volvió a citar a declarar -tal como lo habían anticipado- al exdirector de ese organismo Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento ese cuerpo deliberativo.

Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini, al secretario letrado de la Corte Sebastian Clerici, al Prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia, al médico legista Enzo Canónaco, y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.

El grupo parlamentario comenzó el martes pasado a analizar las denuncias de irregularidades en la Obra Social en el Poder Judicial, ya que es una de las causales del pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema, junto con los fallos del 2×1, sobre la coparticipación porteña, y la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura.

La OSPJN presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia.

La comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias. Además, se investiga una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable.

Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social”, y su “incidencia” ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.

En el arranque de la sesión de este miércoles, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, planteó una cuestión de privilegio contra los integrantes del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, a raíz del proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. 

“Denunciamos primero que iban a una excursión de pesca, es decir, que tomaban una cantidad de pruebas indeterminadas y en su mayoría inconducentes para ver si encontraban algo que permita, ya sea acusar a los jueces de la Corte o acusar a otras personas en otros procesos. Después hablamos del caballo de Troya que era ese juicio político, ya sea en testigos, ya sea en causas judiciales que se piden, ya sea en prueba informativa”, expresó. 

El vicepresidente de la comisión advirtió que “vamos encontrando todos los días en cada prueba que se produce una intención que va más allá del juicio político”. “Al mismo tiempo dijimos que se estaba produciendo inteligencia ilegal en esa comisión, no solo por las medidas que se quieren tomar, con o sin intervención de jueces” sino que además “van surgiendo, a medida que se investigan algunos hechos, trascienden conversaciones obtenidas ilegalmente y se quieren incorporar pruebas”, señaló. 

López consideró que esto es mucho más “grave” en el contexto de que “casi todo el tribunal que juzgó a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), más el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) están denunciando que sus teléfonos han sido hackeados”. 

El legislador de Juntos por el Cambio criticó que cuando se trató el tema del fallo 2×1 surgió una “nueva escuela del derecho constitucional del Frente de Todos: el derecho conjetural”, porque “han decidido, a través de conjeturas, decir que las cosas ya están probadas”.

López recordó que se “ invitaron a declarar a una serie de periodistas, en su mayoría afines al Gobierno” y a partir de esos testimonios, “la mayoría de ellos (por los diputados oficialistas) dan por cierto los hechos”. “Que quede claro que el derecho conjetural no existe, que es un invento de una mayoría circunstancial del Frente de Todos en esa comisión”, enfatizó. 

Y concluyó: “Este proceso no solo es un elemento extraño que complica la convivencia democrática en esta Cámara, sino que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país, y tenemos graves problemas por falta de seguridad jurídica, uno de ellos lamentablemente es la cotización de los dólares paralelos y me parece que tenemos que empezar a reflexionar sobre estas cosas”.

La respuesta de Gaillard

En una cuestión de privilegio que planteó contra el senador José Torello (Pro), la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, defendió que “la comisión no está trabajando sobre conjeturas”. “Los diputados tenemos la obligación de llevar adelante la investigación cuando conocemos de delitos, cuando conocemos de posibles responsabilidades y mal desempeño”, sumó y dijo que “se han llamado a testigos que han sido ofrecidos por los denunciantes”. 

Sobre Torello, la entrerriana manifestó que le llamaba la atención “que se escude en los fueros”, los cuales “nos dan inmunidad de arresto y en nuestra opinión” a los legisladores, pero “no lo ampara ni lo exceptúa de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de declarar. Declarar es una carga pública”, afirmó. 

“De ninguna manera voy a dejar pasar que digan que la comisión es un circo”, resaltó e insistió: “Nosotros tenemos que llevar adelante este proceso con total objetividad, con toda la seriedad”. En ese sentido, destacó que en la última reunión de este martes, donde se abordó la causal de las irregularidades en la obra social “nos pudimos poner de acuerdo (con la oposición) en algunas cosas que tienen que ver con la investigación”. 

Finalmente, Gaillard explicó que “respecto al senador Torello, la comisión entendió que como se comprobara la relación de amistad entre Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el doctor Carlos Rosenkrantz no era necesario volver a citarlo, pero nadie pidió el desafuero porque entendemos que los fueros no lo amparan de declarar como testigo”. 

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo este martes, desde las 13, la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Tras abordar la causal del fallo 2×1, se comenzará ahora a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).

Para ello fueron citados a declarar Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN.

En la última reunión, el diputado Rodolfo Tailahde (FdT) solicitó que “se agregue al expediente la nota firmada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, publicada en el Centro de Información Judicial el 4 de abril de 2023”.

“Esa nota se refiere a la respuesta del directorio de la obra social a un traslado que le había corrido el tribunal respecto de distintas irregularidades advertidas en el informe de auditoría que se encargó oportunamente desde la Corte”, explicó.

El oficialista pidió que “a través de un oficio a la Corte se requiera copia certificada del informe al que hace referencia Lorenzetti”, más información anexa por parte de la Secretaría General de Administración de la Corte.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo la décima audiencia con testigos este martes 18 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, para iniciar el tema referido a la obra social del Poder Judicial.

Los convocados a declarar son Aldo Tonon, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN); la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA, y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.

En el encuentro anterior testificaron el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano quien aseguró “nunca” haber hablado con la doctora Highton de Nolasco del caso Muiña. También se presentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri, en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.

Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.

Al respecto, Torello en la sesión del Senado de este jueves ratificó su decisión de no declarar porque “no me voy a prestar a este circo”.