Un conjunto de comisiones del Senado se reunió este miércoles para dar cumplimiento al paso formal de elección de autoridades, que fueron ratificadas en todos los casos. El interbloque de Unión por la Patria no participó de los encuentros, a excepción de una escasa representación en la de Relaciones Exteriores y Culto.

La primera cita de la jornada en el Salón Illia fue para la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, donde fue revalidado como titular el radical Daniel Kroneberger. Al proponerlo, su par Pablo Blanco lo hizo “teniendo en cuenta la tarea que ha realizado en el período anterior. Creo que va a contar con el apoyo de todos los integrantes”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, Alfredo de Angeli, abogó por que pronto queden todas las autoridades seleccionadas y resaltó la importancia de mantener “esta comisión activa” por “los proyectos que tienen que ver con los municipios, que son los que nos vienen a golpear la puerta todos los días y, principalmente, todas esas tierras que son del Estado Nacional y necesitan”, en referencia a las transferencias que se aprueban por ley.

Kroneberger señaló que el año pasado tampoco se pudo elegir vicepresidente y secretario, y que espera que “este año se logre”. “Todas las comisiones son importantes, pero esta llega al primer paso de la democracia que son los municipios; hay mucho para trabajar, mucha preocupación de los intendentes”, expresó el pampeano.

Luego fue el turno de la Comisión de Turismo, donde fue reelecta la radical Mariana Juri, quien informó que “la vicepresidencia queda vacante en espera que se sumen los otros bloques”.

Por su parte, el oficialista Bruno Olivera Lucero propuso a Vilma Bedia como secretaria: “En este año y meses se viene desempeñando muy bien, ha mostrado el compromiso que tiene para trabajar y tratar todos los proyectos, así que creemos que va a hacer una gran función”.

Al tomar la palabra, la libertaria destacó el “equipo comprometido para trabajar a nivel federal” que tiene la comisión y manifestó que espera que “podamos hacer visible lo invisible, y lo económico trabajarlo y que se vea valor en cada pueblo y cada lugar”.

Juri agradeció a su bloque y al resto de los senadores por ser reelegida y dijo: “Mi corazón siempre está en la actividad turística. Esperamos que este año podamos encarar una tarea importante”. La mendocina recordó que el año pasado viajaron a Misiones para tener una reunión con prestadores turísticos y que tienen una invitación a Corrientes.

“El turismo está atravesando dificultades, como muchos sectores de la economía. En paralelo sí es verdad que tenemos algo muy beneficioso, que es esta apertura que ha tenido el Gobierno nacional con las líneas aéreas y el tráfico aerocomercial”, señaló y destacó que el turismo “es una de las actividades que a nivel mundial genera mayor mano de obra”.

La chubutense Edith Terenzi invitó a la comisión a constituirse en su provincia, donde “el turismo es un actor sumamente importante, desde la cordillera hasta la costa” y “la Península Valdés es Patrimonio de la Humanidad”.

Pasado el mediodía se reunió la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, donde fue ratificado como presidente el formoseño Francisco Paoltroni, del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso. Único presente desde Unión por la Patria, el catamarqueño Guillermo Andrada -del bloque Convicción Federal- pidió la palabra para postular a su par Marcelo Lewandowski como vicepresidente. Fue votado afirmativamente, aunque no se encontraba presente por un problema familiar. En tanto, la radical Carolina Losada fue reelegida como secretaria.

Paoltroni informó a los presentes que les iba a ser entregado un “resumen de toda la labor del año pasado” donde “se aprobaron un total de 34 expedientes, la mayoría muchas leyes”. “Además, tenemos cinco con dictamen que se estarían tratando este 7 de mayo” en sesión, abundó y dijo que el próximo martes 6 sería convocada una reunión de la comisión, que fijó sus días y horarios para los miércoles a las 11.

En la reunión, el radical Maximiliano Abad destacó que “esta fue la comisión que más expedientes sacó. Una comisión que tuvo una metodología de trabajo que es la correcta, con reunión de asesores en línea con la Cancillería, previo a las reuniones de comisión”. “Es muy importante que sigamos validando acuerdos internacionales para lograr una Argentina integrada al mundo y que pueda, a partir de eso, venir desarrollo y progreso a nuestro país”, completó.

Juan Carlos Pagotto

Finalmente, este miércoles tuvo su reunión constitutiva la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde el salteño Juan Carlos Romero propuso que se ratifique presidente al oficialista Juan Carlos Pagotto, quien “tiene sobrada idoneidad para presidir esta comisión y así lo ha demostrado en este último tiempo”. Sin presencia de UP, la vicepresidencia quedó vacante, mientras que la secretaría se mantuvo para la tucumana Beatriz Ávila.

La chubutense Edith Terenzi solicitó que en la comisión puedan tratarse proyectos sobre trazabilidad de la pesca y acción civil de extinción de dominio; mientras que Romero mencionó tres proyectos.

El primero, sobre la creación de “un Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de identificación de personas desconocidas, que a veces se hallan fallecidas en provincias”. El segundo, sobre modificación al Código Penal en el artículo 128 -delitos contra la integridad sexual- respecto de material extorsivo realizado con inteligencia artificial. Y el tercero, sobre “mejorar el aislamiento de los presos, como una forma de coadyuvar con las medidas que está tomando el Ministerio de Seguridad” para darle a las resoluciones “carácter de ley”. “Tiene que ver con la creación de la que se habla, pero no se hace, de cárceles adecuadas para una buena internación de los presos”, señaló el salteño.

En el cierre, Pagotto indicó que los miércoles a las 14 serán los días de reunión y lanzó un “palito” para la oposición de UP: “Agradeciendo la presencia de los que vinimos a hacer los deberes como siempre, y la ausencia de los que no vinieron a hacer los deberes, como siempre también”.

 

Juan Carlos Romero

Tal como se anunció en el cierre de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, fue convocado este martes 18 de febrero a las 17.30 a participar de una reunión informativa en el Senado para ampliar detalles sobre el proyecto de ley de reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia dictaminados esta semana.

El pedido fue elevado por el interbloque opositor de Unión por la Patria quienes rechazaron el texto tal como se pasó a la firma. Asimismo, el titular de la reunión, Juan Carlos Pagotto, reconoció que se trata de “temas extremadamente técnicos” y concedió el lugar para la visita de funcionarios. El senador cordobés Luis Juez también avaló la postura del riojano.

Claro está, que como el proyecto ya fue dictaminado, el sentido de esta reunión informativa es para tomar ideas bajo el fin de incorporarlas en el recinto de la Cámara alta en la sesión del próximo jueves 20 de febrero. De todas formas, el pedido original de Unión por la Patria era el de convocar al propio ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona.

Además del funcionario, fueron convocados: Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia; Diego Morales, director del equipo de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Macarena Fernández Hofmann, coordinara del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS.

Los últimos dos expositores fueron designados por el bloque opositor, quienes, a través de Oscar Parrilli, anunciaron que van a proponer modificaciones cuando el proyecto sea tratado en el recinto del Senado.

Los proyectos dictaminados

La iniciativa, que busca poner fin a "la puerta giratoria" para delincuentes, tiene como objetivo principal endurecer las penas para quienes reinciden en el delito y aquellos que cometen varios delitos sin haber sido aún condenados.

A través del proyecto se introducen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, estableciendo nuevas reglas para la reincidencia, que se aplicará a toda persona condenada a penas privativas de libertad en dos o más ocasiones, siempre que la primera condena se encuentre firme. En paralelo, la reiterancia delictiva establece que el juez, a los fines de evaluar el dictado de prisión preventiva, también deberá valorar un tercer supuesto: si hubo imputaciones previas.

"Las reformas contemplan no sólo un enfoque más estricto en la imposición de penas, sino también en la unificación de condenas para aquellos que enfrentan múltiples procesos. Esto asegurará que las penas reflejen la gravedad acumulada de los delitos cometidos", se destacó desde el oficialismo.

Por otro lado, la iniciativa sobre juicio en ausencia prevé instaurar un mecanismo que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, y resultaría clave en el avance de la causa AMIA.

Esta herramienta será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

De acuerdo al texto, el juicio en ausencia procederá para un imputado declarado rebelde si conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial; si transcurridos 4 meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, no pudo ser hallado; o por si el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido.

Luego de la reunión en la que se debatirá sobre la suspensión las PASO, los senadores se abocarán al tratamiento en comisión de los otros dos proyectos de ley que recibieron media sanción durante la última sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. Se trata de la iniciativa sobre los cambios en los conceptos de reincidencia y reiterancia, y aquella que busca instaurar el juicio en ausencia.

La reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, fue convocada a partir de las 18 en el Salón Illia.

En el caso del proyecto de reincidencia y reiterancia, fue enviado por el Poder Ejecutivo y se aprobó en la Cámara baja con 138 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención.

La iniciativa, que busca poner fin a "la puerta giratoria" para delincuentes, tiene como objetivo principal endurecer las penas para quienes reinciden en el delito y aquellos que cometen varios delitos sin haber sido aún condenados.

A través del proyecto se introducen modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, estableciendo nuevas reglas para la reincidencia, que se aplicará a toda persona condenada a penas privativas de libertad en dos o más ocasiones, siempre que la primera condena se encuentre firme. En paralelo, la reiterancia delictiva establece que el juez, a los fines de evaluar el dictado de prisión preventiva, también deberá valorar un tercer supuesto: si hubo imputaciones previas.

"Las reformas contemplan no sólo un enfoque más estricto en la imposición de penas, sino también en la unificación de condenas para aquellos que enfrentan múltiples procesos. Esto asegurará que las penas reflejen la gravedad acumulada de los delitos cometidos", se destacó desde el oficialismo.

Por otro lado, la iniciativa sobre juicio en ausencia prevé instaurar un mecanismo que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, y resultaría clave en el avance de la causa AMIA.

Esta herramienta será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investiguen los delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

De acuerdo al texto, el juicio en ausencia procederá para un imputado declarado rebelde si conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial; si transcurridos 4 meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, no pudo ser hallado; o por si el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido.

En la Cámara de Diputados, el proyecto enviado por el PEN cosechó 147 votos positivos, 68 negativos y 9 abstenciones.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, se reunió este martes para dictaminar sobre el proyecto de ley para castigar las denuncias falsas por violencia de género, que contó con la presencia y disertación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversos especialistas en la materia.

Desde el Salón Azul, el funcionario calificó de “magnífico” el proyecto presentado por la senadora radical Carolina Losada. “Tenemos un mandato en la sociedad del Gobierno que es ordenar la situación actual en materia económica, de seguridad y no podemos olvidar la situación de la justicia. Hay que sanearla porque hoy está en un desprestigio tremendo. Es una de las instituciones que se encuentra debajo de todo. Una misión que me he propuesto es reconciliar a la sociedad con la justicia”, expresó.

“Nunca se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacer y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo en el Ministerio de Justicia es darles a los jueces y al sistema acusatorio las herramientas legales para esta ley por eso estamos construyendo en todo el país edificios, internet, medios de pruebas para que los jueces puedan trabajar de forma independiente libre del poder político”, comentó.

Sobre el proyecto de ley de ley señaló que es “una práctica que se ha vuelto recurrente en nuestro sistema que es la falsa denuncia y el falso testimonio que, a mi juicio, son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que les produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio la vida, la propiedad, etcétera”, y planteó: “Nosotros no podemos tolerar la mentira, el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos”.

“La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones y, en concreto, está en el título vinculado a la administración pública, concretamente la administración de justicia, y esta nueva Argentina que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años y es que no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía”, expresó.

Cúneo Libarona manifestó que “no puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero y, entonces, tienen que ser castigados los que cometen delitos y máxime los que acusan falsamente autores ser víctimas, falsos de delitos hay que proteger a los argentinos”.

En tanto, remarcó la necesidad de reformar de forma “urgente” el Código Penal que “fue creado en 1921 antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existe internet, no existía lo que hoy viene que es el ciberdelito. Lo penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas. Estamos a un cambio rotundo en la normativa”.

Así, destacó: “Esta es una iniciativa y un cambio de enfoque genera. Esta es una intervención quirúrgica y la sociedad que ustedes representan y a sus provincias clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos porque el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo, nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas”.

El funcionario contó que el ministerio está en máxima comisión trabajado tanto en el orden procesal como en el orden penal. “Es una tarea que la sociedad necesita y vamos a estos dos delitos que están relacionados con otro delito que es la calumnia, la falsa denuncia”, sumó y explicó que la calumnia un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569.

En ese sentido, explicó que inicialmente estaba como un delito de desacato y explayó: “¿En qué consiste? en simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente con dolo directo que no se cometió”.

El ministro informó que el falso testimonio está “encadenado ya es viejísimo, viene del código del siglo 23 antes de Cristo, son delitos gravísimos y no tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actuales mentiras”.

“El falso testimonio es una persona que va personalmente al juez y le dice en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace?  para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo y miente y esto produce un efecto perjudicial tremendo”, contó.

Así, ponderó: “Me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesita. El delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245 tiene una pena de 2 meses a un año de prisión, o sea, un delito prácticamente insignificante de los de menor pena del Código Penal”, y reiteró indignado: “Una pena de meses a un año. No tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante".

"El falso testimonio está en el artículo 275 tiene una pena mayor de un mes a cuatro años de prisión y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante”.

“Los tribunales no le dan atención al falso testimonio y son causas no tienen conciencia la gravedad que tienen. No tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales”, expresó y opinó: “Es gravísimo mentirle en la cara al policía para obtener un beneficio, es burlarse de la autoridad, es faltarle el respeto”.

El funcionario pidió que la pena “tiene que ser ejemplar porque es inventar un delito un hecho falso, inventar un culpable ponerle todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar por interés”.

“El delito ataca la administración pública, pero algo más grave es que ataca a la persona en su honor, al patrimonio, hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales, numerosos testigos falsos y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y el ejemplo es el Código Penal que existe para sancionar las conductas unibles que son valiosas para la sociedad y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles”, manifestó.

El abogado señaló que se crean “situaciones injustas, gente que va a prisión por denuncias de casos de género, gente que se ha suicidado, destrucción de la familia, impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia sin necesidad de prueba alguna del impedimento del padre con el hijo, desprestigio familiar, desprestigio social, pérdida laboral y entre otros efectos dolorosos”.

“Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona”, sentenció Cúneo Libarona. “Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, 'hermana tenés que denunciar y te vamos a acompañar' y eso no es siempre así”, parafraseó el relato dominante de la mano del feminismo en su versión kirchnerista.

Luego de ejemplificar con diferentes casos, como el de los rugbiers franceses que estuvieron detenidos por una denuncia de abuso sexual en Mendoza, remarcó que “estas denuncias matan, y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia sin usos políticos por justicia y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones que, a veces, tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos y acá hay presión. Entonces los jueces tienen miedo, les preocupa la prensa, les preocupa a las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos”.

“Tiene que haber un cambio, es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene un delito tan grave como son las falsas denuncias y falsos testimonios”, propuso.

Cúneo Libarona indicó que “son delitos graves. Hay un valor en la acción y un des valor en el resultado. Es tremendo el perjuicio, es tremenda la motivación, es espuria hay solo directo de engañar a la justicia”.

“En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes como el proyecto denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple”.

El ministro señaló como tercer agravante que “es muy importante cuando sea un funcionario público el mentiroso porque tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal y, el cuarto caso, es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice ‘cuando calumnias a una persona imputas a una persona la comisión de un delito’. Es calumnia falsa denuncia no tenes que imputar a nadie entonces la calumnia cuando le imputaste a alguien tiene una pena de multa de $3000”.

“Para mí el honor no tiene precio. Es muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y las soluciones suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira sea por un hecho sin dar un autor”.

Por último, expresó: “Con agravantes en caso de los contextos de violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia lo impedimento de la relación familiar que incluya personas determinadas y sacar la calumnia y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de lealtad y veracidad y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y había claridad”.

“Estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo que no funciona el sistema judicial. Estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos”, finalizó.

En la última semana del período ordinario, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá este martes a las 11 en el Salón Illia para tratar un conjunto de temas, entre ellos un proyecto de ley para castigar a quienes realicen denuncias falsas sobre violencia de género.

La iniciativa no es nueva, fue presentada el año pasada por la radical Carolina Losada y algunos de sus pares. Incluso llevó la firma del hoy gobernador chubutense, Ignacio "Nacho" Torres.

Días atrás, la santafesina encabezó un evento en el Salón Azul que contó con la presencia de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el niño pampeano asesinado por su madre y la pareja de ésta, y a cuyo padre se le había negado la tenencia antes del trágico desenlace.

“Este proyecto no es en contra de las mujeres. Es a favor de las mujeres que dicen la verdad y de los hombres que dicen la verdad", expresó Losada en la jornada.

El proyecto contiene reformas al Código Penal de la Nación y, entre sus principales puntos, incrementa penas en lo referido a las calumnias y denuncias falsas "cuando el hecho sea cometido en el marco de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes".

A su vez, establece penas de prisión de 1 a 3 años "al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad" y "si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años”.

En los argumentos del proyecto, Losada señaló que "hemos vivido como sociedad la difusión de denuncias a través de medios periodísticos o redes sociales, que condenaron de antemano al acusado, dejando de lado la presunción de inocencia que condice nuestra Constitución Nacional en su artículo 18".

"En muchísimos casos, la condena social frente a casos aberrantes denunciados, oficialmente o no, contra la integridad de un niño o en el contexto de violencia de género, no tarda en manifestarse, aun sin contar con las pruebas suficientes ni el proceso judicial correspondiente", agregó.

Para la legisladora, "este tipo de conductas que ponen en marcha el andamiaje de administración de justicia a partir de un hecho falso y generaran consecuencias perjudiciales para la persona denunciada, deben ser hoy días valorados con mayor entidad por la ley penal y sujetos a una conminación de penas más graves".

"La presentación de una falsa denuncia por abuso sexual genera que el denunciado se vea envuelto en la vorágine de un proceso penal. Esta situación implica una carga muy gravosa para el denunciado, pues además de demostrar que no incurrió en el hecho del que se le acusa, existe el riesgo de que en muchos casos pierda el contacto con sus hijos, ponga en riesgo fuentes laborales y toda una serie de estigmas sociales graves de manera injusta y por un hecho falso", sostuvo la radical en los fundamentos.

Por otra parte, la comisión a cargo del oficialista Juan Carlos Pagotto tratará también otra iniciativa de Losada relacionada al delito de bloques extorsivos; y distintos proyectos para agravar penas por siniestros viales.

La comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta se reunió este martes en el Salón Illia para dar inicio al tratamiento de iniciativas que proponen una serie de modificaciones en el artículo 84 bis de la Ley 11.179 del Código Penal en virtud de elevar las penas ante homicidios viales. Fueron recibidos seis expositores para ampliar la cuestión.

Los proyectos de ley puestos a consideración fueron impulsados por la senadora pampeana María Victoria Huala (Pro), la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UP) y el sanjuanino Roberto Basualdo (MC). Desde la organización “Madres del Dolor” cuestionaron la ausencia de legisladores, pero el titular de la comisión, Juan Carlos Pagotto, aclaró que muchos se vieron afectados en sus vuelos por la medida de fuerza de Aerolíneas Argentinas.

En el cierre de las exposiciones, el senador riojano Juan Carlos Pagotto, en su rol de autoridad, anunció el pase a un cuarto intermedio y dado el consenso logrado en la reunión, confirmó que la semana que viene estarán presentes los miembros de la Comisión de Reforma del Código Penal para pasar el dictamen a la firma.

Los invitados avalaron la propuesta

El primer expositor fue el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pedro Scarpinelli, quien brevemente presentó: “En 2023 en Argentina hubo 3.680 siniestros de tránsito, en los cuales 4.400 personas perdieron la vida”. Agregó que en la mayoría de los casos se trató de “gente joven, de sexo masculino, entre 15 y 34 años y muchos usuarios de motos”.

Además, recordó que por la cantidad de muertes ocasionadas “en 2010 fue definida como una pandemia”. Sumó que “el objetivo de la Agencia es reducir muertes en accidentes de tránsito”, y destacó: “Piensen la seguridad vial como un sistema de eslabón seguro para evitar muertes porque con pena y sanción efectiva, se ayuda al proceso de duelo de las personas que tuvieron un familiar fallecido en esos siniestros”.

A su turno, Walter Gorbak, licenciado en Criminalística, cuestionó a las penas establecidas en el Código Penal actual y avaló la modificación propuesta por la senadora Huala respecto a establecer condenas que vayan desde los 5 a los 12 años cuando hayan más de tres agravantes. “La siniestralidad vial nos está ganando por goleada y es la primera causal de muerte”, refirió.

Desde su experiencia, aportó que los jueces se ven limitados con las penas actuales y señaló que “un conductor alcoholizado, con estupefacientes, con exceso de velocidad, que cruza en rojo y genera más de dos muertes queda contemplado en ese máximo de seis años”. Mencionó, también, que hay un gran número de penas que quedan en suspenso.

Puntualmente, afirmó que “la gran siniestralidad es urbana” y propuso “penalizar como agravante a la velocidad, cuando lleva un 30% de más del permitido”. Por su parte, hizo énfasis en los agravantes de alcohol al volante y los derivados en graves lesiones.

En esa línea, recordó la sanción de la Ley de Alcohol Cero y amplió: “Avalamos que se diga alcohol cero como agravante, pero la norma debe adecuarse y el Código Penal debe tener consonancia”. A su vez, relató que en el “50% de los hechos hay alcohol presente en víctimas e imputados porque los vemos en autopsias o pericias sanguíneas de imputados”. Respecto a las lesiones, indicó que hay entre “120.000 y 150.000” accidentes que dejan lesiones permanentes y discapacidades.

En el cierre, mencionó el caso del cantante de cumbia El Pepo (Rubén Castiñeiras) y señaló que “con seis agravantes, quedó dentro del arbitrio de 3 a 6 años”.  “Debemos quitarle subjetividad al juez porque cuando la norma es clara y precisa, el juez solo debe comprobar”. También, propuso agregar el agravante de cruzar la vía con barrera baja mencionado en el texto presentado por Roberto Basualdo.

En el mismo sentido, el doctor Natalio Nicodemo, en representación de la asociación Madres del Dolor, afirmó: “Es muy penoso ir a Tribunales, probar seis o siete agravantes y que aún así nos quedemos con penas de tres a seis años, penas en suspenso, prisión domiciliaria o lograr penas y que en cinco años el asesino pase manejando por la puerta de la casa de la víctima”.

Avalando el contenido del proyecto de la senadora pampeana, el letrado pidió por la incorporación del término “impericia”, y explicó que “quien mata al volante tiene dos escalas punitivas: De dos a cinco años con diez de inhabilitación sin agravantes, la cual pedimos no tocarla y que quede como está, y la otra, aún con agravantes, con pena de tres a seis años".

“Creemos que hay más agravantes a los 11 que contempla el Código Penal y pedimos incorporar a la gente que conduce mirando el teléfono (manipular equipos móviles de comunicación al momento del hecho); a quien no tiene licencia; y a quien la tiene para otra clase de vehículo porque vemos a gente con registro de auto y mata arriba de un camión”, reiteró.

Respecto al consumo de alcohol y estupefacientes, solicitó que en la redacción “se quite bajo los efectos de” en rigor de que la legislación actual contempla el consumo de drogas alucinógenas al momento del siniestro y no en los momentos previos. “Ya alcanza con que haya consumido un día antes”, añadió. Por el consumo de bebidas alcohólicas adhirió a la postura de Gorbak.

Por otro lado, pidió por la suspensión del juicio a prueba: “Tenemos casos en los que probamos agravantes y el mínimo les permite suspender el juicio a prueba y piden hacer tareas comunitarias”. En tal sentido, propuso “con agravante que no haya ‘probation’”.

Por último, agregó: “Que se agregue al 14 bis sobre la libertad condicional ya que si tenemos un homicida vial condenado por la tercera escala, que no tenga el beneficio a la libertad condicional ya que mostró un desprecio por la vida”.

Completaron las exposiciones Viviam Perrone, fundadora y miembro de la asociación civil “Madres del Dolor”; Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas; y Miguel Ángel Rivas, gerente de la Subsecretaría de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de CABA.

El oficialismo en el Senado buscará reflotar el debate sobre el proyecto de boleta única de papel para las elecciones nacionales, que quedó trabado en el verano durante las sesiones extraordinarias.

Para salir del virtual empate que reúne la iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo de 2022, La Libertad Avanza requerirá de un acuerdo para convencer a la rionegrina Mónica Silva, impulsora de un dictamen alternativo, al que se acopló Unión por la Patria.

El despacho que se firmó en enero será nuevamente tratado este martes, desde las 11 en el Salón Illia, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

La semana pasada, funcionarios del Gobierno nacional aterrizaron en la Cámara alta para explicar a senadores de bloques dialoguistas la reforma política ideada por Guillermo Francos, cuyo "corazón" es la eliminación de las PASO, algo para lo que ya se encontraron que no hay consenso.

Mientras en la Cámara de Diputados se avanzó con el dictamen sobre el voto de los argentinos en el exterior, y se debaten en comisiones los proyectos sobre "ficha limpia", el oficialismo intenta que la agenda electoral en el Senado continúe con la boleta única de papel, pero para conseguirlo deberá habilitar cambios, lo que obligaría al texto a regresar a Diputados.

Entre las modificaciones estaría la posibilidad de que se elimine el casillero en blanco con la opción para que se vote lista completa.

Durante estos meses el tema estuvo frenado a raíz de la disidencia de la rionegrina Silva, quien insiste con la BUP por categoría, como rige en Santa Fe, y no con todas las categorías en una sola papeleta, al estilo cordobés (de la media sanción).

El oficialismo junto al resto de los bloques dialoguistas quedó trabado en 36 votos y, por tratarse de una cuestión electoral, se requiere una mayoría absoluta de 37, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede desempatar (como hizo en la Ley Bases, por ejemplo).

A casi dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y tras acordar el pase a un cuarto intermedio en la última reunión del 10 de julio pasado, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunió este jueves para pasar a la firma el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad en el Código Penal.

“Entiendo que llegamos a un acuerdo”, señaló en el inicio de la reunión la senadora radical Carolina Losada, autora del proyecto en cuestión. A continuación, la secretaria parlamentaria leyó la redacción de las modificaciones de los artículos 139, 139 bis y 139 ter, pero desde el interbloque Unión por la Patria propusieron modificaciones.

La redacción acordada entre el oficialismo y los dialoguistas proponía “penas de 4 a 10 años de prisión a quienes entreguen un menor mediando o no precio”, y la misma sanción a quienes actúen como “facilitadores e intermediarios”. Asimismo, establecía “5 a 15 años” en casos de que el delito sea cometido por funcionarios públicos y/o profesionales.

Sin embargo, la senadora riojana Florencia López (UP) cuestionó que en la previa a la reunión de la comisión que preside el riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), “habíamos debatido que el 139 bis impondrá penas de 5 a 15 años a quien reciba y entregue a menores de edad”.

La senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) explicó que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”.

Deseosos de que el dictamen saliera este jueves, la senadora Losada y el oficialista Pagotto cedieron espacio a las modificaciones pedidas por el interbloque opositor y el texto que pasó a la firma establece que “las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad", y también así "a los denominados intermediarios, y para profesionales y funcionarios públicos”. López explicó que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”.

De igual manera, se incorporó que “en caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena tendrá el adicional de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

En el final, la senadora fueguina María Eugenia Duré (UP) pidió añadir un párrafo en relación a la venta de menores de edad “con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente”, tal como explicó la titular de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Marisa Graham, en la última reunión informativa previa al receso. La senadora Carolina Losada aceptó la modificación y el dictamen pasó a la firma.

Cabe recordar que esta iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo. Una vez que sea puesto a tratamiento en el recinto del Senado, se votará por la aprobación de este artículo.

Mientras sigue la investigación y conmoción por el caso Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes hace ya más de un mes, el Senado apura el dictamen del proyecto que endurece las penas por la compra y venta de menores de edad.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto, retomará el debate este jueves a las 15 tras el cuarto intermedio establecido el pasado 10 de julio. De esta manera, el oficialismo junto con dialoguistas y la oposición intentarán arribar a un despacho unificado para poder llevarlo nuevamente al recito.

En dicha reunión, que tuvieron previo al receso invernal, expusieron abogados, constitucionalistas y especialistas quienes propusieron diferentes formas de redactar el articulado del proyecto, puntualmente el polémico artículo 1ro que modifica el 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores.

Cabe recordar que la iniciativa recibió media sanción de la Cámara alta el 4 de julio por unanimidad -63 votos afirmativos-, pero volvió a comisión para su revisión en particular por la redacción del mencionado artículo que generó discrepancias entre los bloques.

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, se reunirá este miércoles a las 14 en el Salón Ilia para volver a tratar el articulado del proyecto que modifica el Código Penal y endurece las penas por la compra y venta de menores.

La iniciativa recibió media sanción por unanimidad -63 votos afirmativos- del Cuerpo en la sesión del pasado jueves. Sin embargo, la redacción del artículo 1ro que modificaba el 139 bis, que establece dejar exento de pena a los progenitores, fue el culpable de la vuelta a comisión del proyecto para su revisión en particular sin que ello implique volver a foja cero. El dictamen que salga de la comisión deberá ser votado en una próxima sesión.

El artículo 139 bis del proyecto plantea: “Quedarán exentos de pena el progenitor que, entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo”.

El pedido fue realizado por el jefe de la bancada UP, José Mayans, que fue acompañada por un puñado de radicales y el Pro, quienes se basaron en el artículo 79 de la Constitución Nacional que plantea: “Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite ordinario”.

También en el artículo 140 del reglamento interno sobre las mociones de orden inciso 10 que dice: “Que el asunto se envíe a la comisión o comisiones que lo hayan considerado para su tratamiento en particular de conformidad el artículo 79 de la Constitución Nacional”.

Con el país paralizado y conmocionado por el caso de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años de edad que desapareció en la provincia de Corrientes, el Senado de la Nación comenzará a tratar dos proyectos que tipifican la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

Será en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, que se llevará a cabo este jueves a las 15 en el Salón Arturo Illia, quien tendrá como desafío reunir el quórum necesario para habilitar el encuentro cerca del final de una semana que tiene escasa actividad en el Senado y legisladores que se encuentran en sus provincias.

Allí se pondrán a consideración dos iniciativas impulsadas por la santafecina radical Carolina Losada que, durante la gestión anterior de Cristina Kirchner, en la Cámara alta no fueron tenidas en cuenta.

La primera ley activaría “prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”. En los fundamentos, la legisladora santafecina plantea: “Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de ‘compra’ y ‘venta’ de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad”.

En tanto, el segundo proyecto expresa: “El que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda”.

Además, la propuesta -firmada también por el radical Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri (Pro)- deja en claro que las penas se agravarán “de un tercio a la mitad en caso de funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, como asimismo en caso de que las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran de los tipos penales descriptos en la ley de estupefacientes Nº 23.737″.

Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA

Además, la comisión intentará dictaminar la iniciativa que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.

El proyecto en cuestión impone que el 18 de julio “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del texto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.

El proyecto cuenta con media sanción de Diputados desde 2023, dentro de un paquete de leyes que la Cámara baja avaló en medio de una sesión y que no fue acompañado por los entonces legisladores Javier Milei y Victoria Villarruel. “A la medianoche votaron un paquete de ocho proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Javier Milei no votarlos a favor”, esgrimió Villarruel como argumento tras la sesión, realizada a inicios de julio pasado.

Días más tarde, el actual jefe de Estado solicitó a la otrora titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que le cambiaran el voto como afirmativo -en realidad, ello quedó como una observación en el acta por auditoría- para esa ley y para el de eliminación del trámite de fe de vida a los jubilados y pensionados.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán este miércoles, a partir de las 16, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.

La iniciativa, enviada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

Pese a la urgencia que el otrora oficialismo aseguró tenía la norma, ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, el exFrente de Todos congeló el tratamiento del proyecto en la Cámara alta durante 2023, año en que prácticamente no se sesionó en ese cuerpo.

Ahora, La Libertad Avanza incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.

En el plenario, Yacobucci afirmó que “es fundamental que se apruebe el proyecto porque la evaluación del GAFI -el 3 de marzo es la cuarta ronda que transita Argentina- tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Estar en la lista gris nos perjudica y afecta a todos los ciudadanos y empresas, y crea dificultad al país para integrar al mundo”.

El candidato propuesto por el Ejecutivo advirtió que si “al momento de la evaluación hay una parte normativa que no esté en vigencia ese aspecto será considerado como un incumplimiento técnico dado que no hay forma de introducir cambios después de marzo”.

Sobre el proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

El oficialismo en el Senado buscará este miércoles, con ayuda de bloques ex Juntos por el Cambio, avanzar con el dictamen del proyecto de ley que tiene por objetivo establecer la boleta única de papel como instrumento de votación en las elecciones a nivel nacional. 

Tras una semana, en la que el peronismo no K y también la UCR pidieron más tiempo para el análisis de la iniciativa, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales retomarán el cuarto intermedio a partir de las 14. La reunión será en el Salón Illia. 

En el primer encuentro surgieron diferencias respecto del texto que cuenta con media sanción desde junio de 2022, cuando toda la oposición unida lo aprobó en la Cámara de Diputados. Algunas de las que plantearon propuestas de modificaciones fueron la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal, y la rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro. 

Al igual que sucedió en Diputados, Unión por la Patria rechaza de lleno el proyecto. 

La intención de La Libertad Avanza es que la ley salga antes de que culmine el período de sesiones extraordinarias, para ello está dispuesto a prometer que ciertas cuestiones podrían ser saldadas en la reglamentación, en busca de evitar que el texto vuelva con cambios a Diputados, donde la ley ómnibus tiene copada la agenda. 

Para la aprobación de esta iniciativa, el oficialismo -con 7 miembros- deberá concentrar sus esfuerzos en construir una mayoría absoluta, no sólo para el quórum en la eventual sesión donde se debata el proyecto, sino también para su aprobación, pues se trata de un tema electoral que requiere 37 votos, es decir, la mitad más uno del cuerpo. 

 

El Senado se reactivará en la primera semana de 2024 con varias designaciones y plenarios convocados para este miércoles 3 de enero, donde a las 17 las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales designarán, tal cual adelantó parlamentario.com, al entrerriano Eduardo Kueider (Unidad Federal) y al riojano Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidentes, respectivamente.

Ni bien sean confirmadas las nuevas autoridades de ambas comisiones, habrá una reunión plenaria en el Salón Illia para tratar el proyecto de ley que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral) a fines de establecer la Boleta Única de Papel (BUP).

Esta iniciativa es de interés presidencial -se encuentra dentro del temario de las sesiones extraordinarias- y además, tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde junio de 2022. En aquella ocasión, el texto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 104 en contra y 4 abstenciones.

Dentro de los 132 votos afirmativos se encuentran el del actual presidente de la Nación, Javier Milei; el de la vicepresidenta Victoria Villarruel; y el resto de Juntos por el Cambio, el bloque Federal y los provinciales. El Frente de Todos, devenido en Unión por la Patria, votó negativamente en aquella oportunidad.

Así las cosas, debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

Boleta única de papel (BUP), una iniciativa que fue votada en Diputados en junio de 2022 por casi toda la oposición y que aguarda su aprobación definitiva, pero este hecho se podría llegar a consumar en las próximas semanas en el Senado, ya que es uno de los temas que forma parte del temario de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

La comisión cabecera de la discusión será la de Asuntos Constitucionales, que el oficialismo cedería en su presidencia al entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal. Pero además de esa comisión, el debate tendrá a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde iría el libertario Juan Carlos Pagotto, de la provincia de La Rioja. El legislador también es mencionado como posible titular de la Bicameral de Trámite Legislativo.

Al respecto, fuentes cercanas adelantaron a parlamentario.com que el oficialismo convocaría para el próximo miércoles 3 de enero a una reunión plenaria de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado para su constitución oficial y luego “está la intención de sacar dictamen de Boleta Única”.

Debido a que las medias sanciones solo cuentan con una vigencia de dos años, la intención de los liberales es llevar el despacho de comisiones lo antes posible al recinto en una sesión que, a priori, tendría lugar el próximo 11 de enero.

Con invitados a exponer, la Cámara alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.

Fue debatida este martes en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente. En la reunión disertaron Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

La palabra de los invitados

Al inicio del encuentro, Parrilli aclaró que “no es intención emitir dictamen, sino que se hará en una próxima reunión”. “Nos parece que este es un tema lo suficientemente delicado e importante como para que lo debatamos ampliamente y que todos los senadores puedan tener la información disponible para apoyar o no el dictamen o hacer las sugerencias que entiendan que deban llevarse adelante”, agregó.

De forma breve, el senador Guerra aclaró que hubo un reemplazo de su bancada para “lograr el quórum de la comisión”, de tal manera que la fueguina María Eugenia Duré ingresó en lugar de Lucía Corpacci.

El primer orador fue el doctor Ricardo Casal quien remarcó que el GAFI, como organismo internacional, “permanentemente dicta recomendaciones para los tres ejes que son lavado de activos, lucha contra el terrorismo y destrucción de armas”.

“En ese sentido el Ejecutivo nacional el año pasado ha hecho dos evaluaciones importantes respecto al riesgo sobre estos tres ejes tan importantes de tratamiento universal. Es una evaluación, el segundo una actualización que han sido aprobados por decretos del Ejecutivo y por ende van en sintonía con este proyecto de ley”, destacó.

Casal sostuvo que “esta actualización de la legislación penal y de la Ley orgánica de la UIF tiende a cumplir con los estándares básicos que está planteando el GAFI que casualmente ha fijado como fecha de evaluación al país a partir de septiembre. Obviamente que aspiramos como país que esta evaluación sea positiva y podamos estar dentro de la nómina de países que responden a los estándares internacionales sin mencionar que su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y, fundamentalmente, del sector financiero y otros sectores que están vinculados al mercado financiero en el caso de que el país no lograra cumplir con esos objetivos que no depende de que esta ley sea aprobada, sino de un montón de circunstancias que hacen al cumplimiento de estos estándares”.

El funcionario, contó que el proyecto de ley fue tratado con diversos organismos institucionales públicos que han contribuido desde la Suprema Corte, la AFIP, el Banco Central, pero “han logrado la redacción de un texto de común acuerdo que fue presentado en Diputados en la cual, en dicha Cámara, ha tenido algunos ajustes o modificaciones no sustantivas sino para clarificar algunas cuestiones”.

“Consideramos que este no es solo un instrumento de adecuación a los estándares internacionales, sino también, que es un instrumento de utilización fundamental en la prevención del lavado de activos y del terrorismo”, opinó y recordó que Argentina tuvo dos atentados “gravísimos” entre la AMIA y la Embajada de Israel que “aún no se han esclarecidos”.

Por último, Casal remarcó que “este instrumento convertido en ley va a permitir que el Estado argentino, a través de los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos con competencia suficiente como es la UIF, puedan llegar al beneficiario final que es uno de los ejes de la ley pasando por todos los estadios de la circulación del dinero para el financiamiento de actos que sean considerados como actos de terrorismo”.

Casal contó que “hace poco se realizó la apertura de una sucursal en Rosario que pareciera que fuera el epicentro de la brutal y sangrienta actividad del narcotráfico. Este instrumento va a permitir también que esa agencia UIF en Rosario y en cualquier otro punto del país pueda bucear y profundizar en el movimiento de activos que derivan de actos ilegales del narcotráfico para poder llegar a cortar este perverso circuito económico que desalienta aquellos que sanamente ejercen el comercio”.

 Luego fue el turno del titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien resaltó que luego de 12 años “estamos proponiendo una reforma sustancial de sistema, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. “El proyecto nos va a otorgar mayores herramientas a las autoridades públicas competentes para el combate del crimen organizado y en especial el narcotráfico”.

“A su vez nos va a permitir aumentar la efectividad del sistema preventivo y represivo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Va a profundizar el enfoque basado en riesgo para poder hacer una asignación de recursos tanto para el sector público y privado para el combate de todo tipo de delitos”, detalló Otero.

En esa línea, siguió: “Va a promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado en las inter resoluciones. Además, vemos la regulación de nuevas tecnologías. Si bien son muy importantes que van a la inclusión financiera e innovación, también hay que tener en cuenta que los delincuentes usan la tecnología para otros delitos de dinero y financiación del terrorismo, entonces es muy importante regularlas”.

“Otro aspecto importante es que las actuaciones realizadas por el GAFI las recomendaciones se modificaron en forma sustancial en el 2012. Tenemos que actualizar mucho las recomendaciones de estándares internacionales”, sostuvo.

Al hacer hincapié en el proyecto, el titular de la UIF afirmó que el objetivo que se tiene con dicha iniciativa “aspira a mejorar el cumplimiento técnico -la regulación de las leyes- y la efectividad del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo” que será evaluado por el GAFI. Así, recordó que la última evaluación fue en el 2010 con las recomendaciones anteriores donde “no se evaluó efectividad”.

“Tuvimos en cuenta los tratamientos de la primera evaluación de lavado de activos que se desarrolló en forma unánime con el Poder Judicial, Ministerio Público, distintas agencias del comité que encabeza el Ministerio de Justica, AFIP, Banco Central, entre otras. Argentina hizo el año pasado su primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que fue de forma unánime con la metodología del GAFI. Se actualizó la evaluación nacional de riesgo de financiamiento y terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El país hizo una estrategia nacional para mitigar esas amenazas y vulnerabilidades con distintos objetivos que están en el proyecto de ley”.

Además, precisó que el proyecto está estructurado en cinco ejes que son modificaciones al Código Penal, reformas a la Ley 25.346, creación de un registro público centralizado de beneficiarios fiscales, Comisión Bicameral Permanente y el registro de proveedores de servicios activos virtuales.

Sobre las modificaciones al Código Penal, explicó: “Con respecto al artículo 303 se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad. Antes era de 300 mil pesos y en la media sanción que se dio en Diputados se pone una fórmula automática de 150 salarios mínimos vital y móvil que serían ahora 13.198.000 pesos y se implementa una unidad de medida a los fines de su actualización periódica”.

También, incorporaron en el inciso primero el verbo “adquirir” y una modificación la pena del tipo penal atenuando multa en lugar de prisión. Sobre el artículo 306 respecto del financiamiento del terrorismo se incorporó el tema de los combatientes de terroristas extranjeros y se incluye el término “bienes u otros activos”.

Respecto de la reforma a la Ley 25.346 Otero explicó que “se incorporan definiciones relevantes para el sistema de activos y financiamiento del terrorismo”. Sobre la UIF, contó que se le dará autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera; el enfoque basado en riesgo se incorporó por ley al sistema preventivo a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la misión de regulación por parte de la UIF.

Al hablar de que los sujetos obligados al sistema preventivo, tanto del sector financiero como no, “no pueden oponer secreto. Pueden colaborar en el marco de una declaración voluntaria o análogas”. También se incorporan facultades: “Con respecto a las sanciones financieras dirigidas se prevé en la ley el congelamiento administrativo de fondos u otros activos mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Ministerio Público”, agregó.

“Sobre las contramedidas, se ponen medidas específicas de mitigación en riesgo a las relaciones comerciales e interacciones con personas humanas y jurídicas e instituciones financieras de mayor riesgo que el GAFI va denominando”, sumó. También se incorpora un artículo que regula la correcta utilización de la información proveniente de organismos análogos extranjeros y se garantiza el secreto de identidad de sujetos reportantes de operaciones sospechosas.

Por su parte, el titular de la Comisión de Valores, Martín Breinlinger, explicó que en su área “detectamos que la publicidad engañosa y la falta de información adecuada es un problema clave para la protección de la inversión en criptoactivos, que se desarrolla principalmente sin un marco normativo específico”.

"No contamos con legislación en el país que diga que los abogados que intervienen en actividades específicas son sujetos obligados a informar a la UIF, por eso lo agregamos al proyecto conforme a lo que se exige a nivel internacional", planteó Luciana Trincheri del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

La Cámara de Senadores comenzará a debatir el proyecto modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.

Será en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, que tendrá lugar en el Salón Arturo Illia este martes a las 17.30.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

El tratamiento del texto viene con mora, ya que en mayo cuando se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, su electo presidente había adelantado que era intención de la comisión que “el próximo jueves 8 de junio comenzar con el tratamiento, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto que viene en revisión de Diputados que modifica el Código Penal sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, porque “es un compromiso que tiene el Gobierno nacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y que está reclamando que le demos tratamiento para poder sancionarlo en ley”, pero nunca estuvo en agenda el plenario hasta el día de la fecha.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI. 

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. 

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas. 

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. 

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Desde hace meses el Senado se encuentra en un parate inédito, producto de la fractura que tuvo el oficialismo a partir de la salida de cuatro legisladores, que dejaron al Frente de Todos convertido en segunda minoría, con 31 senadores. Este año solo tuvo su sesión preparatoria de febrero y luego dos sesiones, una de las cuales se quedó sin quórum a poco de iniciarse.

Ahora parece haberse destrabado la situación, pues para este jueves se ha anunciado la realización de una sesión informativa en el Senado, adonde por primera vez en el año concurrirá el jefe de Gabinete, para dar su primer informe ante el Cuerpo.

Y para este miércoles se anunciaron ya tres reuniones de comisiones, que en primer lugar deberán designar a sus autoridades, un trámite que por el artículo 92 del reglamento del Senado debe llevarse a cabo cada año, y que precisamente por haber perdido el oficialismo su condición mayoritaria, generó este parate.

Para las 11 está prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el riojano oficialista Ricardo Guerra, y que tratará el régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos, proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Para las 11.30 está prevista una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, y que no tiene previsto el tratamiento de ningún tema, solo la designación de sus autoridades y la propuesta del plan de trabajo para el presente año.

A las 12.30 la Comisión de Legislación General, que encabeza el pampeano Daniel Bensusán, cumplirá el mismo trámite.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, a cargo del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), inició este miércoles el tratamiento de un proyecto de ley que propone reglamentar el traslado de jueces del Poder Judicial, en lo que se constituye como un nuevo intento de avanzar sobre la justicia por parte del oficialismo.

La iniciativa responde a un pedido de la Corte Suprema, pero tiene la evidente intención de reavivar el debate sobre la permanencia en la Cámara Federal -desde donde en 2018 confirmaron fallos contra la actual vicepresidenta en causas por corrupción- de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Menos de diez minutos le demandó explicar los alcances de su propuesta al senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), integrante de La Cámpora quien estuvo invitado a participar de la Comisión.

Más allá de la brevedad del encuentro, Parrilli confirmó que es intención del oficialismo “prontamente tener dictamen” y llevar el tema al recinto de la Cámara alta porque “este es un tema importante y hay un vacío legal” en la materia.

Al hacer uso de la palabra, Doñate agradeció la invitación y la presencia de todos los senadores y sostuvo que la temática le “interesa mucho”. También aclaró que “la idea es comentar a grandes rasgos de qué se trata el proyecto, comenzar a debatirlo y tratar de que en la Comisión de Asesores se siga puliendo la propuesta para que tengamos la mejor ley posible de un tema que es de alta sensibilidad que trae aparejado y que siempre trajo mucha polémica”.

“En los últimos tiempos hubo una situación que nos obliga a dar el debate parlamentario en este sentido porque hay un fallo de la Corte que evidentemente tiene algunas lagunas que ha dejado, un gris en la manera en que las instituciones deben abocarse a cumplir con este tipo de requerimiento de muchos jueces que se quieren trasladar de un juzgado a otro, pero también ha dejado parámetros objetivos respecto de cómo debería ser a criterio de la Jurisprudencia de la doctrina la norma que lo regule”, explayó Doñate.

En ese sentido, siguió: “Taxativamente en el fallo de la Corte expresa la necesidad de que los congresistas se aboquen a esta temática bajo esos parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que estableció en el fallo nada más y nada menos que Bertuzzi”.

“Lo que intentamos es venir a dar ese debate para llevar luz y llenar ese vacío legal”, resaltó el rionegrino y leyó textual lo que el fallo Bertuzzi, Pablo Daniel y otros la Corte estableció: “Los traslados son un procedimiento de contingencia, de carácter excepcional y subsidiario y señalando que la regulación congresional -es decir nosotros desde el ámbito parlamentario- permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado o los límites de igual o similar competencia materiales de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados evitando revisiones esporádicas de su estatus jurídico y a los justiciables en relación a la garantía constitucional del juez natural”.

En esa línea, explicó que “hemos propuesto bajo esos parámetros dar esta propuesta que se inicia en el tratamiento de esta Comisión de Justicia”, y describió los principales objetivos a los que se orienta.

“Proponemos que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá formular la convocatoria a un nuevo concurso de selección dentro de los 15 días hábiles judiciales de la producción de una vacancia definitiva. Se determina, además en cuanto a los requisitos, que el cargo vacante debe ser del mismo grado, poseer la misma o similar competencia material y pertenecer a la misma o más próxima jurisdicción”, precisó Doñate y aclaró que “estos tres aspectos tienen que tener un mismo status”.

Además, contó que el proyecto establece que el nombramiento definitivo correspondiente al cargo vacante implica la extinción del pleno derecho del traslado respectivo, es decir: “A penas se designe el juez que cumplió con el requerimiento del 99 inc. 3 de la Constitución, inmediatamente ese cargo transitorio quedará en manos de quien fue designado y ese juez que pidió el traslado deberá volver a su cargo anterior”.

“Se encuentran prohibido los traslados que suponen un cambio de fuero, de competencia material y/o de jerarquía. Se establece un procedimiento complejo cuyo primero tramo se encuentra a cargo del Consejo de la Magistratura”, agregó el senador oficialista y sumó que se aplicarán a los traslados producidos con anterioridad estas disposiciones, pero aclaró que “se mantendrán aquellos traslados en los que se verifiquen ciertas circunstancias fácticas”.

Y procedió a detallar: “Hubo situaciones muy excepcionales que el fallo de la Corte no contempló y se dan en circunstancias tales como por ejemplo un juez trasladado se termina su transitoriedad en el cargo y tiene que volver al juzgado original y en ese juzgado ya se concursó, quedamos en una situación de incertidumbre. Está en discusión esta cuestión y proponemos dos opciones que cuando el cargo para el que fue nombrado la juez trasladada al momento de la sanción de esta ley hubiera sido integrado con otro magistrado designado según el artículo 99 de la Constitución. La otra opción es que cuando el cargo para el cual fue nombrado el juez trasladado al momento de la sanción de la ley hubiera dejado de existir”.

Al cierre de su presentación, Doñate informó que “no son muchos los casos, son 5 en el país así que no va a afectar esto al funcionamiento integral del Poder Judicial de la Nación”, e informó que se encomienda al control de los requisitos y condiciones correspondientes al Consejo de la Magistratura y se establece un plazo de 45 días para que el Consejo se aboque a funcionar y a establecer cuáles son aquellos casos que se encuadran en la normativa. Pasados esos 45 días el Consejo determina que no cumplen los requisitos, esos jueces deben volver a sus cargos originales”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (UC-FdT), avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de ley para tipificar en el Código Penal el delito de compra y venta de niños, de modo de cumplir con una condena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió contra Argentina a raíz del caso Fornerón.

El oficialismo decidió poner a la firma el despacho, con el compromiso de trabajar en posibles modificaciones de cara al recinto. Los radicales Eduardo Vischi y Carolina Losada -autora de una iniciativa en el mismo sentido- pidieron que volviera a asesores, pero Parrilli ratificó que sacarían dictamen del texto enviado por el Poder Ejecutivo en agosto pasado.

Sobre ese proyecto, la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, sostuvo que "es el más completo". "Nos satisface mucho que también contemple que serán penados con los mismos montos de sanción cuando no haya una remuneración o precio a cambio", señaló.

En su exposición, la funcionaria manifestó: "Estamos absolutamente complacidos con que por primera vez en la República Argentina, después de tantos años, se hayan propuesto tipificar la conducta de la compra y ventas de niños".

Al referirse en particular a la compra-venta de menores "con fines de adopción", la abogada remarcó que este hecho "es absolutamente irregular e ilegal" y "ha sido un delito que se viene cometiendo hace muchísimos años".

"Pensar que la adopción, a través de la compra o la apropiación, es una vía para salvarle la vida a los niños de la pobreza no solo es un error o un hecho antijurídico, sino que es éticamente reprochable", enfatizó.

La defensora aclaró que "la adopción nunca puede ser un contrato entre particulares" y añadió que "las personas recién nacidas nunca pueden ser objeto de una transacción, sea onerosa o gratuita". "Por eso nosotros necesitamos esta norma", continuó.

Graham apuntó que la CIDH consideró "inadmisible el caso del señor Fornerón" y por eso "el Estado argentino es condenado, y es bien condenado". "No es un solo caso, es el caso que llegó a la Corte e hizo que nos condenaran. Hay cientos y cientos de casos", advirtió.

Además, la funcionaria reclamó que luego de aprobar esta norma, se avance "con otro proyecto de ley que amplíe el delito de trata con fines de adopción". 

En el uso de la palabra, Leonardo Aníbal Javier Fornerón relató que en el año 2000 se enteró que iba a ser padre, momento en el que se puso en contacto con la madre biológica de su hija. “Ella al principio me lo negó, me dijo que no era el papá”, contó y siguió: “Al punto de nacer, ella se va del pueblo y una vecina me llama y me dice que antes de irse le dijo que yo era el padre”.

“Automáticamente empecé la búsqueda para saber dónde estaba. Le pregunté a unas amigas y me dijeron lo mismo. Después de una semana una amiga me llama y me dice que habló con Diana y me comunicó que ella venía para hablar conmigo”, sumó.

Fornerón recordó que charló con la madre de su hija quien le confirmó finalmente que él era el padre, pero al consultarle por la menor, ella sostuvo que “estaba en Buenos Aires en la casa de una tía”, y agregó: “Yo le dije que me iba a hacer cargo de mi hija, pero ella no quería”.

“Esto fue un sábado que charlé con ella. A los dos días me presenté ante Defensoría y manifesté lo que ella me había dicho que se había comprometido a traerme a la nena. La defensora me dijo que tenía que esperar hasta el miércoles y ahí yo me podía hacer cargo de mi hija”, continuó con su relato.

En esa línea, precisó que la Defensoría los citó a ambos, pero la mujer pidió conversar en privado con la defensora, quien luego le manifestó que ella le dijo que él no era el padre y contó: “Yo le dije que a mi hija la quiero. Nos dieron una copia de lo que había declarado, salgo la leo y decía que ella había venido a Buenos Aires, que había dejado a la nena en la casa de una tía. Que no recordaba el domicilio”, momento en el que se preguntó: “¿Cómo no vas a recordar el domicilio donde dejaste a tu hija?”.

Con una voz quebrada al borde de las lágrimas, Fornerón continuó relatando que pasó por un estudio de abogados que, hasta el día de la fecha, siguen siendo sus abogados. “Le consulté, le volvimos a hacer una petición a la defensora donde se pidió que se la vuelva a indagar y diga el domicilio exacto de dónde había dejado a la menor y que por intermedio de la policía se constatara en qué condiciones estaba”.

“Cuando me llama la defensora, ella había cambiado completamente su testimonio. Había dicho que la dejó en la ciudad de Victoria. Que la había tenido ahí y la había entregado para futura adopción. La defensora me dijo que antes de que pase más el tiempo íbamos a hacer el reconocimiento de mi hija. Al mes y dos días de que ella nació pude hacer el reconocimiento. Cuando tuve la partida de nacimiento, que me tardó 40 días, hicimos la presentación para que se me restituyera de que yo me iba a hacer cargo de la nena y la iba a criar”, explayó.

En tanto, agregó que a raíz de esa presentación “los padres adoptivos que tienen a mi hija se presentaron porque querían hablar conmigo. Me dijeron ‘vos pedime lo que sea con tal de dejarme a la nena’, yo les dije que no les iba a pedir nada, yo quiero a mi hija”. Asimismo, contó que el abogado de la familia adoptiva le volvió a solicitar pruebas de ADN, pero “siempre por intermedio de la justicia porque ellos querían hacerlo de forma privada”.

“El juez me citó en Victoria y lo primero que me planteó es un régimen de visita y que la nena cuando sea grande decida con quién quiere estar”, contó acongojado y siguió: “Yo me negué, yo quería criar a mi hija porque las posibilidades de ver a mi hija con un régimen de visitas iban a ser de una vez al mes”.

Además, Fornerón relató que había pedido que ambos se sometan a la prueba de paternidad porque “yo no la vi nacer a mi hija. Me pueden traer a cualquier bebé y me da negativo, pero a la madre no. Entramos en una discusión con el abogado, y el juez determinó que ambos nos hacíamos la prueba, pero la bebé siguió estando con esa familia”.

“El 24 de noviembre me dieron la prueba de ADN y empecé a exigir la tenencia de mi hija, pero empezó la feria judicial y tuvimos que esperar. Después de eso, el juez pidió un perito psicológico para que dijera qué daños podría tener la menor al pasar de una familia a la otra, pero la perito no me citó, no vio a la nena, solo lo hizo por biografías y concluyó que el cambio iba ser perjudicial para la menor siendo que tenía a penas 6 meses”, explayó en su relato y agregó que “el juez se había comprometido a darme a mi hija si el ADN daba positivo y no lo hizo”.

En esa línea, expresó que la primera sentencia que salió sostenía que no se le otorgaba la tenencia de su hija porque “era padre soltero, que mi hija no contaría con una figura materna, que perdería el vinculo materno, y que era pobre de bajos recursos y que no iba a tener la misma calidad de vida”.

“Mi madre…” quiso seguir con su relato Fornerón, pero la tristeza y la angustia de recordar su lucha le enmudecieron la voz, por lo que tuvo que humedecer su garganta con un sobo de agua para continuar: “Mi mamá se presentó ante el juez con una amiga diciéndole que, si no me la entregaban a mí, ella se iba a hacer cargo de su nieta”.

Las lágrimas en los ojos comenzaron a caer y la voz del invitado cada vez se pausaba más, tal era la emoción del relato que la senadora oficialista María Eugenia Duré se levantó de su silla y se retiró por un momento porque tampoco pudo contener el llanto.

Luego de secarse las lágrimas con un pañuelo, tomó aire y siguió: “Mi mamá le dijo que ella le daría un hogar, pero el juez le contestó que ella no tenía nada que ver y hasta el día de hoy no la conoce”.

“A raíz de esto hicimos una apelación como correspondía. Los siguientes pasos era la Cámara que en su momento me dio el fallo favorable, pero ellos apelaron y el Tribunal Supremo me negó la tenencia de mi hija. Ahí fuimos al nivel internacional que me ayudó mucho una fundación. Yo hoy no tengo vínculo con mi hija porque desde que es mayor de edad me pidió tiempo. Quedó en mandarme un número de teléfono que jamás me lo pasó hasta el día de hoy. Hace 22 años y 4 meses que estoy esperando el juicio por todos los culpables y responsables de que hoy mi hija no está conmigo. Yo la sigo esperando y con los mismos pensamientos de tenerla y criarla. Formé una familia y tengo cuatro hijos”, cerró su relato entre lágrimas Fornerón.

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Un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzó este miércoles con un proyecto de ley para incorporar los conceptos de identidad sexual u orientación de género a la Ley contra Actos Discriminatorios (23.592), al tiempo de actualizar las multas que se prevén para estos casos.

La autora del proyecto y presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT), explicó que se modifican cuatro artículos de la norma, la cual fue sancionada en 1988 cuando todavía no se contemplaba esta realidad.

Se busca ahora "incluir este concepto que hoy tanto nos identifica en las luchas que llevamos adelante mujeres y diversidades", resaltó, y comentó que a pedido del senador Edgardo Kueider (FNyP-FdT) se introduce una actualización de los montos de las multas.

Actualmente, éstas están dentro de los 500 a 1.000 pesos, de acuerdo a como fueron establecidas en el año 2002, y se propone que sean llevadas de los 10.000 a los 100.000 pesos, precisó la legisladora puntana.

En nombre de Juntos por el Cambio, la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC) afirmó que coincidían con "el espíritu de esta ley", pero había "pequeñas divergencias que no tienen que ver con cuestiones de fondo, sino de forma". En ese sentido, cuestionó que en lo referido a las multas hubo dos modificaciones que "no habían sido trabajadas suficientemente" y pidió que el proyecto vuelva a asesores.

"Nunca nos había pasado en Banca que un proyecto acordado en asesores llegara a la comisión modificado", se quejó la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-JxC).

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli (UC-FdT) anticipó que el oficialismo iba a emitir dictamen, aprovechando el quórum en las comisiones y recordó que "al momento de llegar al recinto se pueden hacer modificaciones".

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) manifestó su acompañamiento y consideró que "no hay necesidad para discutir sobre la modificación que requiere la ley".

Tras varias intervenciones, tomó nuevamente la palabra Tagliaferri, que remarcó la coincidencia en la modificación de la ley, pero reclamó establecer Unidades Fijas para la actualización de las multas y no montos en pesos. En esa línea, pidió "hacerlo bien para que no pase como esto que, dentro de "X tiempo", los 100 mil pesos son 50 pesos; entonces la pena es un chiste". "Hagamos una buena normativa que efectivamente pene y condene con valor monetario que tenga sentido", agregó.

Pero Kueider, quien precisamente introdujo la cuestión, explicó que "en todas las cuestiones punitorias" el Código Penal argentino prevé sanciones establecidas en pesos.

Finalmente, Catalfamo ratificó que el Frente de Todos iba a suscribir el dictamen, pero con el compromiso de tener "el tiempo suficiente para que se pueda modificar dialogando y acordando" y "llegar a un consenso" antes de que se trate en sesión, de modo de "estar de acuerdo todas (las senadoras) para que salga por unanimidad". "Vamos a modificar para que al recinto llegue la propuesta que entre todos consensuemos", afirmó.

Luego del plenario, la Banca de la Mujer pasó a la firma un conjunto de iniciativas de declaración y un proyecto de ley, impulsado por la senadora Clara Vega (Hay Futuro), para que se instituya el 9 de abril como Día Nacional de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comandada por el kirchnerista Oscar Parrilli, pasó a la firma para su dictamen un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en relación a las sanciones disciplinarias aplicadas a las personas privadas de su libertad.

La iniciativa, que ingresó en abril del año pasado, modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

A esta propuesta se arribó por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso de Guillermo Lynn, que tramita ante la CIDH. Se trata de una petición contra la Argentina que fue presentada el 29 de diciembre del 2000, en relación con el procedimiento mediante el cual se impuso a Lynn una sanción disciplinaria y las consecuencias que de ello se sucedieron en el caso.

Al encuentro, que se realizó en el Salón Illia, asistió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que "es de suma importancia poder estar tratando este tema puntual". Recordó que cuando asumió su gestión se encontró con "muchas causas en ámbitos internacionales que estaban casi abandonadas, desestimadas por el Ejecutivo Nacional" y, a su vez, "dictámenes de la CIDH con el riesgo de ser elevados a juicio y que el Estado argentino sea condenado".

Al mencionar la causa Lynn, el funcionario señaló que en ese caso "se demostró la arbitrariedad, la no escucha a una persona que había accedido al beneficio de la libertad condicional". Y lamentó que "el Estado y las reparaciones llegan tarde".

Pietragalla Corti informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y para esa fecha hay que "mostrar un avance real" para que "no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados", reiteró. "Una condena implicaría cambios más estructurales y que eso nos genere una situación compleja como la de tener que readecuar recursos económicos", agregó.

A su turno, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, remarcó que este proyecto es la culminación de "una negociación que las partes mantuvieron a lo largo de 20 años", y subrayó que en 2018 "la CIDH dio un informe de fondo declarando que la ley actual violaba" artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta reforma se trata de "adecuar la actual ley modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso", indicó, al tiempo de que "las faltas medias y leves -no contempladas en la norma- sean abordadas con una especie de comité y se vehiculicen de otra forma que no sea la sanción, salvo que sea inevitable".

"Se hace una reforma muy importante en cuanto a lo que es la etapa recursiva. Antes el recurso no impedía la aplicación de la falta, ahora el recurso suspende la aplicación de la falta hasta tanto un juez la revise y esto evita la discrecionalidad de la autoridad administrativa", explicó sobre uno de los cambios.

Por su parte, Silvia Martínez, defensora pública interamericana y representante de la Defensoría General de la Nación, lamentó que "la víctima de este caso falleció esperando justicia. Esto siempre es grave". "La petición se presentó en 2002 ante la CIDH luego de haber transitado todas las instancias judiciales de Argentina", repasó.

Advirtió que "estamos a un paso de la condena" y "el Estado argentino solicitó una instancia de negociación para no pasar al juicio". El paso "más importante" y "más difícil" es "la adecuación legislativa, la que estamos haciendo aquí", consideró. "Adecuar las normas a los estándares que los organismos internacionales nos imponen siempre es un problema", reforzó.

Sobre la iniciativa, Martínez dijo que "este es un proyecto de acuerdos que estamos dispuestos a cumplir" en el cual "la Defensoría cedió algunas pretensiones y el Estado cedió otras en materias normativas". Sin embargo, "este proyecto mejora sensiblemente la ley vigente; es una reforma posible y buena".

Pero reclamó que "no podemos darnos el lujo de extender esto, ya pasaron 20 años". "Si antes del vencimiento de esta prórroga no tenemos un avance real en materia de adecuación normativa nuestra obligación institucional es pedirle a la Corte que el caso avance", afirmó.

En su exposición, María Josefina Ignacio, comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que el proyecto es "de mucho interés para nosotros" ya que "incorpora principios generales y garantías en los procedimientos administrativos con el objetivo de que sean respetados los derechos de las personas privadas de su libertad".

La expositora dijo a los senadores que se les iba a aportar un informe técnico con observaciones al proyecto realizado desde el Comité, al tiempo que destacó "la propuesta de la adopción de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para la resolución de casos que se enmarque en infracciones leves y medias".

"Para nosotros estas experiencias constituyen estrategias eficaces para evitar la tortura y los malos tratos, y también resultan esenciales para evitar la proliferación de sanciones arbitrarias y la utilización de mecanismos que de por sí afectan la integridad personal de las personas privadas de la libertad, como es el aislamiento en buzones".

Sobre ese punto, Ignacio señaló que "el confinamiento solitario" en esos lugares, a los que describió como "los más espantosos de la cárcel, son celdas muy pequeñas, sin luz, ni eléctrica, ni solar, sin agua, sucias, oscuras y alejadas de todo", son "una práctica brutal que debe erradicarse", al tiempo de "una práctica absolutamente obsoleta para resolver los conflictos".

En cuanto a estos mecanismos que se prevén, la comisionada afirmó que hay "experiencias muy buenas que ya se están realizando en distintas jurisdicciones del país", como en la cárcel de Batán, y también en unidades de Chaco, Chubut y Tucumán. A su vez, "en el Servicio Penitenciario Federal se lleva adelante el programa Mario Juliano".

Para Ignacio, las herramientas contempladas en la reforma "son un camino para avanzar hacia un nuevo paradigma de política carcelaria más humana, más democrática y más respetuosa de los derechos humanos".

Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.

Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.

En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras el receso invernal en el Congreso, la próxima semana comenzará a reactivarse la labor parlamentaria de las comisiones y el Senado ya se anotó para el miércoles 3 de agosto un par de reuniones.

Entre ellas, a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda de la Cámara alta está previsto para las 14.30 y es el que corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Tras un impasse atribuible a la inclusión de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando-, el Senado retomará este martes en comisiones el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo convocó para la reunión, que se realizará desde las 14 en el Salón Illia, a gobernadores. Pero, al parecer, serán pocos los que asistirán, comparados a los 16 que suscribieron una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Según pudo saber este medio, los únicos confirmados hasta horas antes del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales eran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge "Coqui" Capitanich (Chaco). Previo al encuentro se sumó también la confirmación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

De los proyectos en discusión, uno es el impulsado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como se mencionó, el quinto proyecto fue presentado -luego de la nota de los gobernadores- por Mayans y Fernández Sagasti. El texto propone elevar el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de una iniciativa de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

En el marco del debate de los proyectos que proponen ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni expuso en el Senado sobre los defectos en el funcionamiento del máximo tribunal, se mostró a favor de una composición de 24 magistrados y confesó: “He tenido que firmar sentencias de materias que no conozco”. 

“Hoy nuestra Corte Suprema, en cuanto a la función de control constitucional normativo que le asigna la Constitución, debe tener 100, 150 causas, que no son más que el número de causas que resuelve anualmente la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero después tiene entre 15 y 17 mil  firmas al año respecto de las arbitrariedades, de las cuales rechaza el 97% y 98%”, explicó.

Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, el jurista señaló que “la justicia ordinaria mucha idea de lo que pasa adentro de la Corte no tiene”. “Cuando tuve que incorporarme a la Corte perdí un tiempo en habituarme”, dijo y reveló que, en ocasiones, firmó sentencias “de materias que no conozco”.

Por eso, indicó que “para resolver en última instancia, cualquier causa, de cualquier materia, de todo el país, uno tiene que ser un especialista en la materia; porque sino resulta que tenemos tribunales especializados abajo y un tribunal supremo multifuero”. 

Zaffaroni explicó que el juez “se rodea de la mejor fuente que puede” y de “secretarios viejos que son expertos en la materia”, pero “no es uno el que está haciendo la sentencia”. “Así trabaja la Corte, este es el problema”, apuntó y se manifestó a favor de una “Corte constitucional y de Casación” que tenga salas especializadas.

“Nuestra Corte es la más chica de todos los tribunales supremos del continente y de Europa, salvo Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes y no sé si tiene los poderes que tiene la nuestra”, continuó.

En su exposición, el exjuez de la Corte observó que “tenemos un problema republicano al concentrar en tres personas tantas potestades” por más “genios que sean u honestos, la concentración de poder es problemática”. 

“Si pensamos en una Corte que tenga Casación y control constitucional debe ser numerosa”, consideró y, por otro lado, recordó que “la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema a lo largo de 150 años han sido de la Ciudad de Buenos o de la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría egresados de la Universidad de Buenos Aires. Creo que es momento de que podamos pensar en una Corte federal en serio”. 

Otro de los oradores invitados fue León Arslanián, exministro de Justicia y Derechos Humanos, y uno de los que formó parte del “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público” de la Presidencia.

“Soy contrario al número de cinco que tiene la Corte Suprema, estoy a favor de un aumento del número de ministros”, manifestó el exjuez, que argumentó: “Tenemos 44 millones de habitantes, tenemos un país federal de 24 estados, tenemos diversidades culturales de todo tipo, tenemos cuestiones vinculadas con la política de género”.

No obstante, advirtió que “meterle la mano a la Corte Suprema de Justicia puede ser muy riesgoso si no se lo hace con el cuidado, la expertiz, la competencia, la mirada política pertinente”. 

Tras precisar que “cada año ingresan a la Corte 28 mil expedientes nuevos” y se “ falla entre 7 y 10 mil”, Arslanián se mostró a favor de una Corte con 9 miembros, porque con un número menor “no es posible administrar justicia como corresponde”. 

Para el exministro, ampliar la Corte no tiene solo que ver con “sacar más rápido las sentencias” y así mejorar “la eficiencia”, sino que aportará al “fortalecimiento del debate”, porque “no se pueden poner a discutir tres personas un tema tremendamente delicado” como podría ser “una cuestión de género o el aborto”. 

También expusieron en la jornada de este miércoles Diego Duquelsky Gómez, profesor de Derecho de la UNPAZ y UNDAV; María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; y René Casas, exjuez de Cámara de Jujuy.

Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará este miércoles, a partir de las 12, la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo encuentro, que se realizará en el Salón Illia y contará con la participación de especialistas invitados, se dará un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

Según pudo saberse este martes por la tarde, los invitados a exponer serán los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

Luego de la acción de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, el oficialismo reforzó sus críticas al Poder Judicial y la vicepresidenta Cristina Kirchner habilitó que el tema se debata en la Cámara alta.

Igualmente, en la reunión de la semana pasada, los autores de las distintas iniciativas negaron que se trate de una situación coyuntural traer la discusión en este momento, como por ejemplo lo hizo el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien recordó que la primera vez que presentó el proyecto fue en 2016.

El puntano propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. En ese sentido, apunta que la Corte no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género.

Otro de los textos sobre la mesa es el presentado por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

Sí con un proyecto presentado recientemente la senadora Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) también plantea una composición por regiones y eleva de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa es la que corresponde a la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde Juntos por el Cambio rechazan de lleno la discusión y la atribuyen a un "nueva maniobra del oficialismo en el Senado" que "en esto se muestran juntos". Para la coalición opositora, la intención de ampliar los miembros de la Corte es "para intentar tomar control de la misma”.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia la Corte Suprema de Justicia, y por impulso del oficialismo, arrancó este miércoles en el Senado el debate sobre la ampliación del máximo tribunal, con cuatro proyectos sobre la mesa.

Cerca de las 13 de este miércoles comenzó el primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente, donde en primer lugar hablaron los autores de las iniciativas.

A los proyectos presentados por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), se sumó uno de Silvia Sapag (UC).

NOTICIA EN DESARROLLO

En la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta que tuvo lugar este miércoles en el Salón Azul, se debatieron las modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo, y el oficialismo aceptó los cambios del senador rionegrino Alberto Weretilneck que apunta a un Consejo de la Magistratura más federal. Sin embargo, en su propio dictamen que firmó la semana pasada proponía que un miembro de la Corte Suprema integrara el Consejo de la Magistratura, pero este punto no fue contemplado.

De esta manera, el Frente de Todos tendría garantizados los votos para darle la media sanción en el recinto, en una sesión que se estima será el próximo miércoles, ya que necesita tener sentados en sus bancas a sus 35 integrantes y el acompañamiento de 2 aliados más para llegar a los 37 votos necesarios, en este caso la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Weretilneck.

El texto del senador de Juntos Somos Río Negro propone que para la elección y remoción de jueces se integre el Consejo con consejeros regionales. Estos consejeros no cobrarían un sueldo y solo intervendrían en los temas locales de elección y enjuiciamiento. Serían para 4 regiones: Norte, Sur, Centro y AMBA.

En tanto, el “Consejo grande” estaría compuesto por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 2 académicos y un representante del Poder Ejecutivo. Mientras que los consejeros regionales serían 64 o 48 si los del AMBA se eligen desde el propio “Consejo grande”.

En total, los integrantes del Consejo serían 17, mismo número que establece el proyecto oficial, que suma -a los 13 miembros actuales- un juez, dos abogados y un académico o científico.

Por su parte, Juntos por el Cambio tiene su dictamen propio, que va en línea con la composición de la ley anterior, conformación que podría restituirse el 15 de abril si no se aprueba una nueva ley, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que en diciembre le dio un plazo de 120 días al Congreso. Esa composición habla de 20 integrantes, con el presidente de la Corte presidiendo el Consejo.

El debate

Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, expresó: “Hemos recibido propuestas de legisladores con este tema tan delicado, como es el Consejo de la Magistratura, que tiene fecha de vencimiento”.

Asimismo, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, y la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, aclararon que mantuvieron una reunión entre ambos bloques para que el plenario fuera informativo, porque “hemos trabajado en las propuestas para mejorar el proyecto enviado por el Ejecutivo”. “La idea es no ir al recinto sin que ningún senador sepa el texto final y que con una semana de anticipación puedan leer el texto mejorado. Vamos a ver si aceptamos nuevas propuestas e ir al recinto con el texto final”, explicó Sagasti.

Por consiguiente, Weretilnek sostuvo “la semana pasada había 3 propuestas una del bloque oficialista, que la mayoría acompaña el proyecto del Ejecutivo, el dictamen que planteó la oposición y nosotros presentamos un dictamen de minoría que hacíamos eje en los aspectos de aprovechar el debate de la ley para profundizar el federalismo y que se tengan aspectos que no habían sido tenido en cuenta en la anterior ley”.

“Estamos corriendo con el tiempo a partir del fallo de la Corte con lo cual nos quitó la posibilidad de avanzar”, indicó el rionegrino y agradeció la predisposición de ambos bloques y el diálogo para “acordar y consensuar algunos aspectos para enriquecer el proyecto del Ejecutivo. El cual tiene que ver en consonancia con el espíritu original para profundizar el Consejo y que tenga un carácter y una mirada de participación federal. Es algo a lo cual nadie se puede oponer”.

En ese sentido, el senador explayó: “La conformación del Consejo, en muchos años, son representantes en su mayoría de CABA y AMBA, es un tema a tener en cuenta. Si observamos la conformación de la justicia federal vemos cómo la estructura de CABA y AMBA absorbe todo lo que nosotros necesitamos resolver en el interior del país y las problemáticas que tienen los jueces federales en el interior, en muchos casos, son opuestos a la agenda de CABA y AMBA”.

“Tenemos problemáticas distintas, un juez federal tienen temas como narcotráfico y contrabando como temas puntuales. Los objetivos de jueces nacionales no tienen nada que ver con los del interior”, comparó Weretilneck y agregó: “Las realidades y los desafíos de la justicia del interior son totalmente distintas de CABA y AMBA por eso en la agenda de designación de los cargos y la mirada que se de para la selección y elección de funcionarios judiciales tienen que tener una mirada federal”.

En tanto, apeló a los datos y precisó que “tenemos 480 juzgados en todo el país, 303 están en CABA y 62 son juzgados de fueros especiales. El 24% son juzgados del interior del país. El 29% son Salas del interior del país, está claro que una cosa es la estructura federal de CABA y AMBA y otra cosa distinta es el interior del país. Nosotros estamos atados al funcionamiento de la gran metrópolis”.

Por lo tanto, planteó las modificaciones al proyecto que “de alguna manera rescata las dificultades, la falta de federalismo y pone al Consejo como uno de los órganos más federales. En los artículos incorporamos el concepto de región porque tiene que ver con nuestra identidad”.

“Las modificaciones concretas en lo que es el representante del Ejecutivo Nacional tiene que ser alternativamente un hombre y una mujer, es un tema que no estaba planteado. El segundo aspecto cómo tienen que elegirse los concejeros de los abogados y jueces, hasta ahora han visto que las leyes no se planteaba interior u otro lugar, tampoco el tema género”, enumeró y remarcó que “el proyecto del Ejecutivo había avanzado al decir que alguno de esos integrantes tenía que ser del interior, nosotros ahora vamos a ser más concretos y planteamos que para la elección de los concejeros, representantes de jueces y abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región (AMBA-Norte-Centro y Sur) y cada región está integrada por las competencias de cada Cámara”.

Y siguió: “Plantemos 4 candidatos de los abogados y de jueces tiene que haber un representante de cada una de las regiones y, a su vez, dos tiene que ser mujeres y dos hombres. Garantizamos que todas las regiones del país tengan representación en el Consejo de la Magistratura, antes eso no sucedía”.

El otro aspecto que se propuso y fue aceptado por el oficialismo es que el Consejo sesionará al menos una vez por trimestre “para abordar las problemáticas y necesidades del país. Otra modificación importante de federalizar efectivamente el Consejo es la puesta en marcha de una quinta Comisión, hasta ahora tiene cuatro, se llamará de Asuntos Federales conformada por consejeros y también estará dividida en 4 regiones”.

“Plantemos una profundización del federalismo y la posibilidad de que el interior del país pueda participar del Consejo de la Magistratura, no estamos proponiendo modificar el artículo primero de que un miembro de la Corte presida o integre el Consejo”, cerró Weretilneck.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores del FdT, José Mayans (Formosa) destacó el trabajo de la comisión y señaló que “el conflicto está en que la Ley 26.080 en todos sus artículos dice sustitúyase el artículo de la Ley madre. Es claro que cuando se sustituye el artículo queda derogado, el fallo de la Corte generó un vacío de la Ley al ser derogados los artículos. La composición original era de 19 miembros y la otra es de 13 que la Corte no estaba de acuerdo con eso”.

“Es una Ley vacía porque tiene los artículos derogados, declarados inconstitucional, la Ley base es inaplicable y ese es el vacío que queremos llenar con el proyecto del Ejecutivo. Sabemos que la diferencia está en quién administra todo esto, es la cuestión clave. Es un tema interesante por el tema del federalismo, trabajamos en el tema y aceptamos la propuesta y vamos a llevar la de Weretilneck. Vamos a llevar con modificaciones al recinto para el próximo miércoles y que sea una sola sesión”, informó Mayans.

En ese momento, el radical Naidenoff apuntó: “En este acuerdo entre el bloque de Rio Negro y el oficialismo, la cuestión central que tenía que ver con la integración de la Corte no está, para nosotros es el debate y lo reservamos para el recinto ese tipo de cuestiones”, tras lo cual se levantó y se retiró de la reunión.

Guadalupe Tagliaferri (JxC – CABA) también cuestionó: “El FdT tiene la capacidad de dialogar, trabajar hasta tarde buscando los consensos con su bloque y los demás, lamentamos que esa vocación y esa capcaicdad para encontrar puntos de diálogo y consensos no se haga extensivo al total de los miembros del Senado. La capacidad la tienen espero que la próxima sea para los 72 senadores”, y aclaró: “La desproporción de juzgados no es responsabilidad de la CABA porque siempre lo señalan como que es el mal de todo”.

Por otro lado, Edgardo Kueider (FdT – Entre Ríos) adhirió a la propuesta con respecto a la federalización porque es un “paso positivo” y adelantó una propuesta que llevará al recinto que tiene que ver con “el requisito para integrar el Consejo por parte de los miembros del Legislativo que sean abogados, siempre tuve esa duda. No hay un planteo claro ni ningún articulo que hable expresamente sobre esto”.

Por último, la senadora Mariana Juri (UCR -Mendoza) manifestó: “No deja de llamarnos la atención que se haya resignado en el acuerdo a algo tan básico como proponía Weretilneck como era la integración al Consejo de la Magistratura, sino que también propina la presidencia por parte de la Corte, ha resignado algo tan básico que estaba en su dictamen de minoría”, pidió diálogo para debatir algunos aspectos de su dictamen de minoría y que “tengan en cuenta algunos aspectos que plantean”.

Tal como lo estimaba, el oficialismo en el Senado emitió este miércoles el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura, ley que deberá aprobarse antes del 15 de abril por el Congreso según lo encomendó la Corte Suprema mediante un fallo dictado en diciembre pasado.

Luego de recibir a un grupo de especialistas que dieron sus opiniones, en nombre del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno, que aspiran a tratar la próxima semana en el recinto.

El dato particular fue que un aliado clave del oficialismo, el rionegrino Alberto Weretilneck, anticipó que firmaría un dictamen propio, basado en un proyecto de su autoría.

Se sabe que la iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, y que la diferencia principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida. Con lo cual, el apoyo de los aliados resulta fundamental para el FdT si quiere aprobar la media sanción, para la cual requiere 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes.

En el cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Parrilli observó que "hay una campaña bastante instalada en desprestigiar a la política", pero él está "convencido" de que "no la política partidaria, pero sí la política judicial la tienen que definir los legisladores, no las corporaciones".

"No tiene que ser materia de la Corte, los jueces o los fiscales que definan cuál es la política judicial que debe existir para la sociedad argentina", insistió y apuntó que "el desprestigio que hoy tiene la Corte y los jueces no se debe por responsabilidad de los políticos, se debe al propio accionar de los jueces y la Justicia".

Basado en encuestas de la CELAC, el titular de la Comisión de Justicia precisó que "los jueces tienen 76% de imagen negativa y la Corte un 75%", mientras que "un 64% de la gente piensa que la política es una herramienta para transformar la vida de la gente".

Al recordar que como exfuncionario kirchnerista tuvo tuvo 10 causas en su contra, y ahora le quedan 2, el senador dijo: "Le pedí siempre a los jueces que me juzguen por las pruebas y no por la supuesta íntima convicción que ellos decían tener". "Ahora hay muchos funcionarios de la gestión anterior que están siendo juzgados, investigados. Yo le pido a los jueces que no los traten a ellos como nos trataron a nosotros" que " nos condenaban sin investigarnos, nos difamaban, nos desacreditaban, pedían que nos metieran presos por las dudas", sostuvo.

El neuquino pidió que "si hay pruebas que los condenen, pero que si no hay pruebas que no los condenen". "Esos son los jueces que necesitamos. No necesitamos jueces que decidan por la presión mediática, por la íntima convicción, o porque la gente cree que 'fulano de tal es responsable o culpable'", agregó.

Y completó que "el desprestigio de la Justicia la hicieron ellos mismos con el actuar y, sin dudas, también colaboró a eso cuando los organismos de inteligencia o la política se utilizó para perseguir a dirigentes", en alusión a las denuncias contra el gobierno de Cambiemos.

Sobre el proyecto, Parrilli afirmó que "esta ley que envió el Ejecutivo nuestro bloque la va a apoyar, vamos a firmar el dictamen, apoyar su sanción, y esperamos que prontamente podamos llevarla al recinto". También expresó que coincidía con lo expuesto el día anterior por el ministro de Justicia, Martín Soria, sobre que los jueces de la Corte Suprema "se arrogaron facultades nuestras" en su fallo.

Al argumentar su propio dictamen, el rionegrino Alberto Weretilneck subrayó que "hemos discutido bastante alrededor de un solo tema, que es la participación o no de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura", pero este tema "amerita otra discusión que para mí es el federalismo en serio de nuestro país".

En esa línea, explicó que su iniciativa propone que "en vez de tener un Consejo como el actual, se conformen Consejos a nivel de distritos judiciales, en el cual los senadores y diputados sean de ese distrito", al igual que los abogados, académicos y jueces. Para el senador, sería "cambiar la lógica centralista y unitaria que tiene este Consejo".

Cabe destacar que el proyecto de Weretilneck, que habla de una conformación de 15 miembros, sí estima la participación del "presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el que sea designado entre los integrantes de su seno, quien a su vez será el presidente del Consejo, debiendo alternase anualmente el elegido".

Finalmente, el presidente de Asuntos Constitucionales -que estuvo a cargo de los debates-, el oficialista Guillermo Snopek, dejó una incógnita respecto a las negociaciones que podrían darse de acá a la llegada al recinto del texto final. "Muchas veces se interpreta que el dictamen es lo que va a salir sancionado", expresó y deslizó que en el recinto se debate la redacción final, de modo que quedó abierta la posibilidad de modificaciones, aunque no se aclaró específicamente.

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en esta iniciativa no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios este martes, quienes dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores recibieron a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el '98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: "No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino".

"El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial", lamentó y explicó que "el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial" que "sigue en cabeza de la Corte Suprema", sino que "lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción".

Vítolo enfatizó que "esta ley no es cualquier ley", por eso remarcó que no se trata de que "tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado", ya que eso no le aportará "ningún tipo de estabilidad". "En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza", profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de "una tarea de tiempo completo", para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que "está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo" y "en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes" porque "aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas".

Luego fue el turno del abogado Daniel Sabsay, quien en su intervención criticó fuerte al ministro de Justicia, Martín Soria, y consideró que debería haber renunciado por sus cuestionamientos hacia la Corte Suprema. Habitué de este tipo de exposiciones, el constitucionalista arrancó comparando el sistema argentino con el de Estados Unidos, del que reivindicó que no tiene la partidización que sí hay en la Argentina en la designación y remoción de jueces. “Porque rápidamente se introdujo (en EE.UU.) un proceso participativo en la designación del juez, es lo que impidió esa politización y partidización”, dijo.

Sobre la composición del órgano judicial, se manifestó en contra de la presencia de legisladores en el Consejo y afirmó -ante preguntas de los senadores- que no deberían ser los legisladores los que ocupen un doble rol interviniendo en el Poder Legislativo y el Judicial, sino que deberían hacerlo a través de representantes no legisladores.

“Es un problema de separación de poderes -expresó-. Los legisladores integran el Poder Judicial y el Legislativo, eso es monstruoso y me extraña que no haya sido revertido”, apuntó y diferenció de la presencia del presidente de la Corte en el Consejo, pues se trata de “un juez, no es un legislador, no ejerce dos poderes”.

El abogado resaltó el fallo de la Corte, que consideró “abiertamente inconstitucional” la ley vigente, porque no incorpora al presidente de la Corte, y dijo que la Constitución es muy clara en eses sentido. “¿Por qué digo que es abiertamente inconstitucional? Porque aparece también la representación de los profesores”, señaló, quejándose de la manera como se elige a través del CIN a los integrantes de ese estamento. Puntualmente se quejó que sean los decanos los únicos que lo hagan, “desconociendo que las organizaciones de las universidades tienen también división de poderes. Esa es una violación de los poderes intra universitarios. Siempre me sorprendió que son los propios directivos de universidades lo que lo avalan”.

Sabsay también rechazó las consideraciones dadas el día anterior por el ministro Soria respecto de la Corte Suprema. Sostuvo en ese sentido que el Tribunal Supremo “no extorsionó, no hizo un golpe de Estado… Volvió las cosas a su sano juicio. Que lo haga tarde no quiere decir que no sea válido”.

En otro pasaje advirtió que “la degradación de la justicia proviene en gran parte de esta ley, que capturó en manos del oficialismo la justicia y que le brindó al oficialismo de turno una capacidad de veto que es absolutamente contraria a lo que dijo el constituyente cuando hizo el Consejo de la Magistratura”.

Poniendo énfasis en la cuestión presupuestaria, Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, admitió que el punto sobre si el presidente de la Corte Suprema debe presidir el Consejo, "no lo tengo del todo zanjado", pero la posibilidad de que sea así "presenta ante todo una oportunidad, porque separados hasta acá no hemos podido hacer muchas cosas".

El consejero exclamó que el Poder Judicial enfrenta "una gran crisis en materia de infraestructura, tecnología, recursos" que "no es de ahora, es de mucho antes y se va agravando cada vez más". En esa línea, mencionó que en muchas provincias hay "enormes falencias", e incluso en algunas "muchos juzgados funcionan en casas de familias que fueron más o menos condicionadas".

Marías señaló que el hecho de que el presidente de la Corte encabece el Consejo "podría asegurarnos una mejor administración de los recursos que hoy tenemos", de los cuales "el 98,5% se destina a pagar los sueldos de todo el Poder Judicial, y para lo que tiene que ver con cuentas de inversión no queda nada. Dependemos de lo que nos da el Poder Ejecutivo, o cómo nos lo da, o lo que la Corte a veces aporta de manera extraordinaria".

"La Corte maneja una caja superavitaria y el Consejo es absolutamente pobre, o sea, este sistema no funciona", aseveró y agregó que existe "una caja rica para administrar muy poco y una caja prácticamente inexistente para administrar todo". "Tenemos un enorme problema de administración de recursos en el Poder Judicial, producto que hay dos cajas, dos órganos en la cima del Poder Judicial que se comunican poco y muy mal, con una descoordinación que es absoluta", insistió.

Consultado por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti sobre "los fondos reservados de la Corte", Marías informó que "la Corte maneja un fondo anticíclico que debe estar hoy en 50 mil, 60 mil millones de pesos, que está constituido en dos plazos fijos, que generan estupendos dividendos todos los meses".

También expusieron el abogado constitucionalista Alberto Spota y la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles el cuarto intermedio para continuar con el debate de los proyectos sobre reforma del Consejo de la Magistratura.

Tras recibir a funcionarios, que dieron el puntapié inicial de la discusión, los senadores reciben a seis invitados que fueron convocados a instancias tanto del oficialismo como de la oposición.

En la jornada expondrán Darío Kusinky, rector de la Universidad Nacional de José C Paz; Alfredo Vítolo, presidente de FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia); y Daniel Sabsay, abogado constitucionalista.

También participarán Alberto Spota, abogado constitucionalista; Diego Sebastián Marías, consejero en representación de los abogados y presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo; y María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Abrió la serie de exposiciones el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Darío Kusinky, quien se ocupó especialmente de la parte del proyecto oficial en lo referido a la representación de académicos y científicos y, en ese sentido, destacó la participación del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). Que la designación de los representantes del estamento académico dependa de ese organismo “le otorga y respalda en términos de antecedentes la propuesta”, señaló, ponderando que “es un sistema que garantiza una representación federal de este miembro. Hacerlo a través del CIN nos permitirá que haya elecciones en cada una de las facultades de Derecho para elegir a este segundo representante”, indicó.

En un pasaje destacó que en 1998 el sistema universitario contaba con 36 universidades nacionales, de las cuales 16 tenían facultades o escuelas de Derecho. “Hoy contamos con 56 universidades nacionales públicas, en las cuales se registran 35 facultades y escuelas de Derecho. Esto es que hoy en día tenemos 35 facultades de Derecho y en el '98 teníamos 36 universidades en todo el país”, resaltó, precisando que “esto da cuenta de la enorme expansión que ha experimentado todos estos años el sistema universitario y pone de relevancia que sean los decanos de facultades de Derecho quienes tengan algo para decir en este proceso de selección de jueces”.

Con todo, Kusinky sugirió “no confundir quiénes eligen y quiénes son candidatos, no van a ser los decanos los candidatos”. Por otra parte, valoró que el proyecto presenta grandes avances en materia de igualdad de género, un tema que quedaba expuesto en esa misma reunión, donde había cinco varones para exponer y solo una mujer.

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de la ley vigente y sostuvo: "No debemos ver fantasmas en esto ni nada por el estilo, sino que simplemente es el juego del sistema constitucional argentino".

"El Poder Judicial hoy está descreído, nadie cree en la independencia del Poder Judicial", lamentó y explicó que "el Consejo de la Magistratura no tiene asignado el gobierno del Poder Judicial" que "sigue en cabeza de la Corte Suprema", sino que "lo que tiene es la administración del Poder Judicial y dos funciones fundamentales: seleccionar las ternas de candidatos en concursos públicos para ser jueces e iniciar los procesos de remoción".

Vítolo enfatizó que "esta ley no es cualquier ley", por eso remarcó que no se trata de que "tenga simplemente mayorías de un partido, o de una coalición de un momento determinado", ya que eso no le aportará "ningún tipo de estabilidad". "En este tema es tremendamente importante lograr los acuerdos necesarios para que esta no sea una ley de un partido u otro, porque eso va a traer confianza", profundizó el presidente de FORES.

Además, el expositor planteó que la función de un consejero se trata de "una tarea de tiempo completo", para argumentar su posición particular sobre la forma en que deberían participar los legisladores. Sobre esto, la senadora oficialista Silvia Sapag le salió al cruce, por sostener Vítolo que "está bien que el presidente de la Corte Suprema sea presidente del Consejo" y "en cambio también dice que los congresales no deberían ser miembros del Consejo, sino representantes" porque "aduce a que nosotros nos tenemos que abocar a nuestra tarea, pero no lo dice del presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando sabemos que tienen 20 mil causas atrasadas".

NOTICIA EN DESARROLLO

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzará este martes, desde las 16 en el Salón Illia, con el debate del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, otro "plato fuerte" del arranque del año legislativo.

Superada la instancia del acuerdo con el FMI, que acaparó toda la atención de ambas cámaras en lo que va del año, a contrarreloj la Cámara alta se propone dar inicio al tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.

El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

En la previa de la reunión, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

En una reunión muy breve, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen a un proyecto que busca modificar la Ley 27.047, de expropiación de la Casa Mazzolari-Cerutti o también conocida como Casa Grande, ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza.

El presidente de la comisión, el oficialista Oscar Parrilli, expresó al comienzo que se trata de "un proyecto muy sencillo, muy simple" que "viene a corregir una ley sancionada anteriormente", en referencia a la norma que se aprobó en 2014.

La autora de esa ley -cuando era diputada- e impulsora de esta iniciativa, Anabel Fernández Sagasti, explicó que se trata de "rectificar los datos catastrales para avanzar sin obstáculos en el proceso expropiatorio", adecuando los datos "a la voluntad del legislador".

La vicejefa del bloque Frente de Todos explicó que la propiedad, cercana a la plaza de Chacras de Coria, "está destinada al Archivo Nacional de la Memoria" y ubicada en "un lugar muy bonito y muy preciado por los mendocinos y mendocinas".

La senadora recordó que esa casa "tiene la triste historia de que su dueño, Victorio Cerutti, fue detenido y desaparecido el 16 de enero de 1977". "Luego desaparecieron también sus socios, particularmente su yerno" y "hasta el día de hoy" permanecen desaparecidos, señaló.

Fernández Sagasti relató que "fueron llevados al excentro clandestino ESMA" y "en ese lugar sufrieron todo tipo de torturas, y le hicieron firmar la cesión del inmueble".

Anteriormente, "la propiedad era mucho más grande, había una finca, una bodega; hoy hay un barrio, eso se loteó, con esa apropiación indebida a base de torturas. Hay un barrio que hace poquito ha cambiado de nombre y hoy se conoce como Casa Grande", resaltó la legisladora.

La oficialista destacó que con esta expropiación se busca "una reparación tanto para la comunidad como para la familia", así como la creación de "un centro de vida donde mantengamos vivas las banderas de la verdad, memoria y justicia".

Desde Juntos por el Cambio, el senador Ernesto Martínez afirmó que "no hay motivo de discusión, más que un tema administrativo" porque "ya es una ley que está en vigencia". "No sé si se cometió un error, desliz o falta de investigación en profundidad de los títulos", agregó y consultó a nombre de quién se encuentra hoy la propiedad.

Fernández Sagasti indicó que "hoy pertenece a un estudio contable", a partir de "un cobro que se hizo sobre un concurso y una quiebra de una cadena de supermercados muy importante que existía en Mendoza".

"Hoy no está en uso porque en 1999 los vecinos de Chacra de Coria se movilizaron y lograron que la Casa Grande sea declarada patrimonio cultural de la provincia, porque allí se quería hacer un supermercado y terminar con la memoria y ocultar lo que pasó", completó.

En un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, oficialismo y oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).

La bonaerense Gladys González (Pro) destacó que la iniciativa se conversó con "los diferentes sectores que tratan el reciclado de neumáticos", algo que representa "un problema enorme para la gestión de nuestros municipios". Por eso, celebró aportar a una "solución de este tema", y anticipó que hay "otros temas de economía circular que están en agenda" y serán tratados próximamente.

Autor de uno de los dos proyectos que se unificaron, el chubutense Alfredo Luenzo (FdT) destacó que hace cuatro años viene impulsando la propuesta, sobre la cual ahora se trabajó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que colaboró en el consenso del texto.

"Hemos llegado a un buen proyecto", ponderó el legislador, que señaló que Argentina "es uno de los pocos países que todavía no tiene este tipo de normativas". Al explicar la iniciativa, el oficialista dijo que "tiende a reducir la disposición final de los NFU" e " impulsar y promover" su gestión integral.

Luenzo indicó que "una de las claves que tiene el proyecto es la responsabilidad extendida del productor", un concepto que "deberíamos empezar a trabajarlo en otro tipo de residuos".

El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. "Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional", informó, al tiempo que "las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores".

"En Argentina hoy se generan aproximadamente 130 mil toneladas al año de residuos de neumáticos sin ningún tipo de tratamiento o reciclado", precisó el senador, y agregó que "este tipo de residuos terminan en basureros a cielo abierto, terminan en residuos sanitarios generando contaminación y la afectación a la salud pública sin ningún tipo de control". En ese sentido, ejemplificó que "las cubiertas abandonadas son un lugar propicio para el dengue".

Sin embargo, los neumáticos en desuso "poseen una gran capacidad de reciclado; casi el 90% de estos productos pueden ser reciclados, y ahí interviene el concepto de economía circular o verde. Se pueden reciclar los neumáticos usados enteros o bien convertirlos en otros productos nuevos". "Esto no solo es beneficio para el ambiente, sino para la creación de una nueva industria", completó.

Por su parte, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), autora del otro proyecto en cuestión, destacó las reuniones que también se mantuvieron "con todos los actores latinoamericanos del sector". "Quiero poner en valor la experiencia de Chile, Brasil y Uruguay, que ya van un poco a la vanguardia en este tema", sostuvo.

La oficialista contó además que en su provincia, durante el verano pasado, se extrajeron del lago Nahuel Huapi "más de 150 neumáticos fuera de uso. Fue una noticia que nos entristeció mucho".

En su intervención, reconoció que el proyecto "es mejorable", pero abogó por "trabajar en la reglamentación, en la implementación y fiscalización" de la ley.

Durante el plenario, el fueguino Pablo Blanco (UCR) planteó un pedido especial: "Mi preocupación es su aplicación en la provincia a la que represento, porque Tierra del Fuego está dentro de un régimen económico especial con liberación de impuestos, entonces se hace muy difícil el reciclado fuera del ámbito de la provincia, ya sucede con otros temas".

"Por supuesto voy a acompañar esta norma", garantizó el radical, pero solicitó que se tenga en cuenta "un apartado a los efectos de que podamos fijar un régimen especial para que Tierra del Fuego esté incluida en ley y pueda ser de fácil cumplimiento".

Para el chaqueño Antonio Rodas (FdT), esta iniciativa "es una demostración de cómo se va a seguir impulsando todo lo que tiene que ver con economía circular". "Abandonar el modelo de la economía lineal es un gran desafío y es uno de los compromisos que tenemos con el desarrollo sostenible, asumidos a nivel internacional", añadió.

En el encuentro, el chubutense Mario Pais (FdT) recomendó pulir el texto en cuanto a técnica legislativa, con modificaciones que fueron aceptadas por los autores; mientras que el porteño Mariano Recalde (FdT) pidió incluir dentro de los agentes de la norma a las asociaciones sindicales.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirán este miércoles, a partir de las 12.30, para debatir sobre iniciativas que buscan establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.

Sobre la mesa se tendrán en consideración dos proyectos presentados por los oficialistas Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu. Con algunas diferencias, pero con la misma base, los textos buscan un marco regulatorio para el reciclado de estos elementos, e incluyen sanciones para quienes no cumplan la ley.

En el caso de la propuesta de Luenzo, el senador excluye de la norma a los "neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos de menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas".

Según la iniciativa del chubutense, los productores de neumáticos deberán "constituir asociaciones que tengan alcance nacional", cuyo objeto será la de "implementar y formular Sistemas de Gestión Integral de NFU (neumáticos fuera de uso)", el cual a su vez será aprobado por la autoridad ambiental nacional que designe el Poder Ejecutivo.

Los proyectos de Sistema de Gestión Integral de NFU deberán contener "los planes y programas operativos que incluyan los mecanismos de recuperación, recolección, transporte y difusión; las técnicas y detalle del tratamiento a utilizar teniendo en cuenta la disposición final y los mecanismos para el monitoreo y control del funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de la ley".

También establece la prohibición del "abandono y/o desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación destructivo que no impliquen su valoración".

En tanto, el proyecto de García Larraburu habla de que "los productores son solidariamente responsables por el funcionamiento del SIG (Sistema Integral de Gestión), y los incumplimientos a las obligaciones establecidas para estos últimos serán directamente imputables a los mismos".

"Los consumidores, usuarios y otros tenedores de NFU deberán entregar los NFU en los lugares o a las personas expresamente autorizados, puntos de colecta y CAT, para su recepción en el marco del o de los SIG aprobados", indica otro artículo.

En los fundamentos de su propuesta, la senadora rionegrina señaló que el proyecto "adopta un esquema similar al desarrollado en los países de la región, Brasil (desde el año 1999, con su adaptación en el año 2009) y Uruguay (desde el año 2015)".

Con la participación de especialistas, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado arrancó con el debate sobre la incorporación de delitos ambientales al Código Penal, un tema que cobró especial relevancia a partir de los trágicos incendios que azotaron en los últimos meses a distintos puntos del país.

A la vista se pusieron en consideración proyectos de los senadores Gladys González, Alfredo Luenzo, Lucila Crexell y Antonio Rodas, sobre los cuales se buscará alcanzar un texto consensuado.

La reunión informativa comenzó con la exposición del doctor José Alberto Esain, magíster en Derecho Ambiental y consultor en organismos internacionales, nacionales y provinciales. “La regulación ambiental existe en todo el mundo”, sostuvo el experto, y lamentó que no es así en Argentina, donde el ambiente no recibe tipificación penal, “excepto algunos casos como la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.

El especialista propuso que la tipificación de estos delitos tenga tres partes: “Una primera parte en donde se haga referencia a la regulación administrativa"; también lo relativo a “las acciones, las conductas que están alcanzadas”, con la aclaración de que “las conductas que se tipifiquen sean conductas que sean limpias de resultado”, porque sino es difícil probarlas en las causas judiciales; y finalmente que se consideren los resultados como graves cuando el delito "provoca un daño grave al ambiente”, y menos graves cuando la acción “ponga en peligro al ambiente”.

Luego habló Gustavo Aboso, doctor en Derecho Penal y defensor oficial de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad, quien ponderó que "los cuatro proyectos parten de una premisa correcta, que es incorporar una concepción eco-antropocéntrica".

En comparación con legislaciones de otros países, ejemplificó que en Alemania, Francia y España "se castigan las meras desobediencias administrativas", por lo cual "una empresa que empieza a funcionar sin la certificación ambiental es castigada con un delito".

Aboso se manifestó a favor de avanzar "por la vía de una ley especial" para regular la materia ambiental. Sobre ello, explicó que el emparchado Código Penal no contempla la responsabilidad de las personas jurídicas, "salvo para delitos en materia económica", y es muy importante "tener en cuenta el sujeto contaminador".

Continuó con las exposiciones el doctor Federico Iuspa, magíster en Derecho Penal y fiscal federal, que al igual que sus preopinantes hizo mención a la falta de tipificación de los delitos contra el ambiente, que apuntó “es un derecho público y a la vez su preservación es deber de todos”.

Además, señaló que los hechos “se deben ver agravados con el resultado muerte, tanto si es una derivación de un obrar doloso o de un obrar imprudente, culposo”. Otro caso en el que sugirió la figura agravada fue en todos los proyectos “calificados por la intervención de funcionarios públicos, tanto en lo que hace a los delitos contra el medio ambiente como aquellos proyectos donde ya se menciona la biodiversidad y también contra el patrimonio paleontológico y arqueológico”.

En el mismo sentido, advirtió que debería tenerse en cuenta “la magnitud del daño ocasionado. Por ejemplo, por citar alguno, si hubiera un efectivo daño a la salud de las personas o si por motivo de los hechos existieran pluralidad de víctimas”.

Especialista en derecho ambiental y fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale enfatizó que actualmente "la impunidad ambiental total. En Argentina es mucho más punible penalmente romper la ventanilla de un automóvil, que está muy mal, que quemar millones de hectáreas de un bosque o humedal, lo que no tiene prácticamente ninguna sanción".

"Permanentemente tenemos injusticias ambientales, zonas de sacrificio, con afectados en la salud y el ambiente, y no hay ningún tipo de consecuencia penal", insistió. En su intervención, recomendó que la ley debe contemplar que "el delito sea de peligro abstracto", a la vez de "la sanción expresa a quienes dañen bosques, humedales y glaciares legalmente protegidos" como también el mar argentino.

Viale afirmó que deben tenerse en cuenta "agravantes; sanción a funcionarios públicos; sanciones a los privados que falseen datos en las evaluaciones de impacto ambiental; sanciones a los CEO's y gerentes de las empresas; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y la competencia federal en casos de efectos interjurisdiccionales".

La voz de los autores de los proyectos

Autora de uno de los proyectos y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la bonaerense Gladys González (Pro) sostuvo que "es una deuda para la legislación argentina la incorporación de un título (sobre este tema) al Código Penal". "Estamos hablando de un cambio de paradigma, en el que también coincidimos los cuatro autores y acabo de recibir el proyecto del diputado (Leonardo) Grosso", destacó.

Tomando como ejemplo lo que sucede con la Ley de Residuos Peligrosos, la senadora le consultó a los especialistas "de qué manera podemos darle herramientas a la Justicia que sean lo suficientemente claras para la aplicación del derecho en estas causas". En ese sentido, enfatizó su deseo de que una vez sancionada una ley de este tipo "sea eficiente aplicar la sanción".

También impulsor de una iniciativa, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) observó que "un tema que tenemos que trabajarlo", a la hora de buscar un texto consensuado, será "ser más precisos para determinar frente a qué hay un peligro abstracto o un peligro concreto". "Hay matices en los que nos vamos a poner de acuerdo", confió.

En tanto, la neuquina Lucila Crexell puso el foco sobre el tema de "la ejecutoriedad de las sentencias", porque "uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos daño ambiental" es al "cumplimiento de las sentencias". "Es uno de los grandes vacíos que tenemos. Las sentencias no se cumplen y en especial cuando el Estado es el demandado", advirtió.

Por su parte, el chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos) consideró que deberían crearse "fiscalías que realmente sean específicas" en el tema ambiental, y la implementación del juicio por jurados para resolver estos casos. Además, opinó que la ley debería ser especial -y no una modificación al Código Penal únicamente- "para que este paradigma realmente sea efectivo", porque los acusados, sean funcionarios o personas jurídicas, "siempre le encuentran el vericueto".

Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (Frente de Todos), aseguró "el compromiso que esta semana o la que viene vamos a ir armando una agenda de trabajo" para avanzar con el debate.

Por Melisa Jofré

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer del Senado, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli y Norma Durango respectivamente, dieron este lunes dictamen favorable a un proyecto de ley que prevé incorporar el acoso callejero al Código Penal.

La iniciativa para tipificar la conducta recibió media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, pero tras el debate los senadores decidieron introducir modificaciones. Por lo tanto, de ser aprobada en el recinto en la próxima sesión, deberá volver a la cámara de origen para su sanción definitiva.

Al comienzo del debate Durango expresó que "quizás al principio cuando uno lo lee (al proyecto), le parece que es un poco exagerado, pero realmente creo que está muy bien que podamos firmar el dictamen hoy".

Para la pampeana, hay que avanzar en esta ley en el marco de "la ampliación de derechos de las mujeres y diversidades sexuales". "Los espacios públicos han sido diseñados y siempre dominados por el varón", señaló la oficialista, por lo que consideró que "desde la legislación tenemos que instaurar la igualdad real de oportunidades y lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres".

Autora de un proyecto similar, la radical Silvia Elías de Pérez sostuvo que "a veces nos cuesta visibilizar algunas cuestiones que durante años se ha tratado de poner como si fueran piropos o cosas que no tienen mayores consecuencias, hasta que ocurren hechos que nos muestran de que claro tienen consecuencias".

En ese sentido, la tucumana recordó el caso en su provincia de Paola Tacacho, una profesora asesinada por un alumno que la acosaba desde hacía cinco años pese a las denuncias que ella había realizado.

"Nos parece que es hora de que avancemos" con la ley, opinó la senadora y también pidió incorporar al "acoso sexual virtual" porque a las mujeres "nos perturban, nos hostigan, nos intimidan con connotaciones sexuales de manera reiterada, insistente y continua a través de los medios digitales".

Por su parte, el cordobés Ernesto Martínez manifestó sus "reparos" al proyecto puesto que "no existe en el derecho comparado norma similar a esta que se pretende incorporar, más allá de que reconozco cual es su intencionalidad, porque hacia la mujer siempre se produce un ámbito de incomodidad generalizado en el ambiente público".

Y entonces advirtió: "Se debe legislar con precisión, bien, no es tan simple modificar el Código Penal a través de una idea, volcarla como una redacción que convalide esa proclama y después entender que eso es una norma penal, porque se puede incurrir en errores transcendentes".

Además, el macrista mencionó que el acoso callejero está contemplado en varios códigos contravencionales de las provincias, incluso con sanciones y penas mayores.

Sobre ese punto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun coincidió que "existen sanciones que son mucho más gravosas que las sanciones que se prevén incorporar al Código Penal". No obstante, la oficialista ratificó el "espíritu de la norma" por "la importancia que tiene" el tema.

La senadora citó una encuesta que asegura que "el 38,2% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso antes de los 13 años", mientras que "el 94,4% de las mujeres de todas las edades han sido acosadas en la calle". "Me da orgullo que en el derecho comparado este sea el primer país que atiende esta cuestión y que la incorpora a su legislación interna", agregó.

Por su parte, el senador Mario Pais coinció con Martínez en que "es una norma que tiene algunos defectos importantes en cuanto a la redacción" y remarcó que "en materia penal tenemos que ser precisos", por eso recomendó rever un artículo en el cual se hace mención al artículo 59, sobre extinción de la acción penal, porque "no es aplicable a todos los supuestos".

Finalmente, Parrilli afirmó que "tenemos que dar un mensaje claro y contundente de cuál es nuestra postura frente a esto", por eso consintió avanzar con el dictamen, pero aclaró: "Eso no significa que no podamos hacerle modificaciones que mejoran el proyecto".

Por eso, en acuerdo con Durango, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales informó que los montos de las multas se mantendrán, pero se agregará el equivalente por Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que "de acuerdo a la última actualización de la Corte Suprema de Justicia, de enero de este año, es de $3.862".

En la nueva redacción se contemplará no solo el "acoso en lugares públicos de acceso público", sino también "en lugares reservados o privados" como podría ser una fiesta, y la figura del acoso virtual.

Por último, se precisará lo vinculado al artículo 59 del Código Penal -pedido de Pais- y se quitará "Instituto Nacional de las Mujeres", puesto que hoy existe el Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, por una aclaración más genérica sobre la autoridad de aplicación a la cual se asignarán los fondos que demande la ley.

El proyecto aprobado a fines de 2019 en Diputados incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, por el cual "será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado".

Además, "la multa será de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de 18 años o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial penitenciaria. La multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses".

Asimismo, se incorpora a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la realización de campañas de difusión que contribuyan a concientizar, a dar visibilidad y a desnaturalizar la violencia con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión en el espacio público conocida como "acoso sexual callejero"; y la elaboración de estrategias de atención y acción que colaboren con la prevención y erradicación del mismo.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado cerraron este jueves el debate del proyecto de legalización del aborto y comenzó a circular el dictamen, que por la noche ya tenía las firmas necesarias, con muchos datos importantes para tener en cuenta de cara a una sesión a priori con pronóstico muy ajustado.

El más saliente es que Silvina García Larraburu estampó su firma en el dictamen de mayoría. La senadora rionegrina votó en contra de la legalización del aborto en 2018, siendo entonces la única miembro del por entonces bloque kirchnerista en pronunciarse de esa manera.

A su vez, dos senadoras que figuran como "indefinidas", la entrerriana Stella Maris Olalla (JxC) y la neuquina Lucila Crexell, no suscribieron el dictamen.

El que sí lo hizo, pero “en disidencia”, fue el entrerriano Edgardo Kueider (FdT), otro de los senadores que están “indefinidos”. Lo cual podría interpretarse como que, a priori, no votaría en contra.

Quien hace dos años votó a favor, pero este jueves no firmó el dictamen es la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado. Lo cual abre un interrogante respecto de su voto el 29 de diciembre.

Tras la última ronda de exposiciones, la presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana Norma Durango (FdT), anunció que daría la palabra a los otros presidentes de las comisiones y se cerraría la reunión. Sin embargo, hubo varios senadores que hicieron uso de la palabra, e incluso el rionegrino Alberto Weretilneck propuso modificaciones al texto, por lo que se abrió el intercambio.

El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (FdT), admitió que este es un tema "muy rígido y álgido", por eso "es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos". "En este tema excede la cuestión jurídica, constitucional, internacional. Hay principios y convicciones que uno tiene", señaló, pero remarcó que "lo importante es que vayamos avanzando en resolver este tema".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), subrayó que "el debate no se va a agotar en el resto del país" porque "se trata del derecho humano, primario y fundamental". "Hemos empezado por el final, y tendríamos que haber empezado por el principio, ocupándonos de lo que nuestro país tiene como pobreza estructural, de la educación, de la salud, de los derechos de todos", afirmó el jujeño.

Y agregó: "Tenemos que seguir ocupándonos que ninguna mujer, ni ninguna niña, tenga hambre; que tengan educación, que tengan la información para la toma de decisiones, que tengan la oportunidad de salir de sus entornos violentos".

Por su parte, la vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri (Pro), expresó que "lo que estamos acá defendiendo son convicciones, y a mí me genera mucho orgullo pertenecer en este momento a un Senado que está debatiendo con honestidad intelectual, donde cada uno de los senadores y senadoras están poniendo su compromiso con lo que creen". "Independientemente de cómo termine el resultado de este dictamen, creo que estos días hemos sido ejemplo de un debate democrático", consideró.

Referente en contra de la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) aseguró que además de su "convicción profunda de que la vida empieza desde la concepción", el proyecto es "inconstitucional, inconvencional" y también "se lleva puesta la cláusula" referida a "la declaración interpretativa del tratado de la Convención de los Derechos Humanos", la cual deberá "ser derogada" para avanzar con esta ley, apuntó.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que su posición es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero propuso una serie de modificaciones al proyecto para que la ley "se pueda cumplir".

El legislador -que al final no firmó el dictamen- comenzó diciendo que la decisión del aborto "no es un tema únicamente de la mujer, sino que es de la mujer y del hombre" y, en ese línea, reveló haberse hecho una vasectomía hace 16 años atrás.

Weretilneck recordó que, como gobernador de Río Negro, en 2012 se sancionó en la provincia el protocolo ILE, que se reglamentó en 2016. Al aportar cifras, detalló que en 2018 se practicaron 432 ILE, lo que representa el 0,20% de todas las mujeres de la provincia; en 2019 hubo 565, que representa el 0,30% de las mujeres; y este año se registraron 353 ILE, es decir, el 0,18%.

El senador advirtió que de 2016 a la fecha "el 73% de los tocoginecólogos de Río Negro son objetores de conciencia. Cuando empezamos con este protocolo eran solo el 20%". Por eso, alertó: "Si la ley no contempla, no cuida y no protege a los equipos de salud, le puedo asegurar que en dos años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante".

En contra del inciso "b" del artículo 4, que habilita el aborto más allá de la semana 14 si estuviera en peligro la vida o de la "salud integral" de la persona gestante, con lo cual opinó que "un problema psíquico" podría ser un motivo de interrupción del embarazo. "Este inciso es sumamente amplio y nos va a llevar a que esta ley termine en todos los tribunales del país y en la Corte", además de que "todos los planteles médicos del país se transformen en objetores de conciencia", pronosticó.

Otro de los puntos que observó fue "la no obligación de la denuncia cuando el embarazo es producto de una violación". Si bien aseveró que "las menores de 13 años no deben tener la obligación de la denuncia", diferenció que "todo embarazo producto de una violación tiene que tener una denuncia penal" porque si no se ataca la consecuencia y no la causa.

El senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) se alineó con la postura expuesta por su colega Alberto Weretilneck, en cuanto a los reparos en relación a algunos puntos del proyecto oficial. “En mi caso en el artículo 11 y el artículo 13, y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto que todavía no sé de qué modo se va a dar”, señaló, anticipando que firmaría el despacho con disidencias parciales.

“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, destacó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien cuestionó el "tratamiento exprés" de la iniciativa, ratificando su firme posición en contra.

Y sorprendió el formoseño ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”. Valoró entonces la intervención de Weretilneck, en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.

Crítica de la ley, Silvia Giacoppo (UCR) coincidió con la postura del senador Mayans, al opinar que “no es un dictamen que, por tener un plazo prefijado, que no debatamos artículo por artículo, siendo que estamos discutiendo la vida de las personas por nacer”.

A continuación, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) compartió las posturas de Weretilneck, Mayans y Giacoppo, “porque yo hubiese querido debatir algunos temas; tenemos diferencias con el proyecto en varias cosas. Entendemos que el oficialismo quiere sacar dictamen a la brevedad, obviamente no lo compartimos”, manifestó y añadió su deseo de poder introducir modificaciones durante el debate en el recinto.

A favor de la iniciativa, la correntina Ana Almirón (FdT) calificó de “muy enriquecedoras” las exposiciones brindadas durante el debate, y señaló que hay senadores que ya tenían una postura previa contraria a la ley, “así que pedir más días de exposición… Todos sabemos de qué se trata, creo que la sociedad ha dado un salto cualitativo enorme desde 2018, sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que esté de un lado u otro”. “No me quiero quedar con ese sabor amargo de que hicimos poco, hicimos muchísimo”, enfatizó.

Su par María de los Angeles Sacnun (FdT) sostuvo por su parte que “el artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto, se adecua perfectamente a nuestra Constitución”.

"La democracia argentina merece que demos estos debates sobre lo que tenemos todavía una deuda enorme para poder ejercer plenamente los derechos fundamentalmente de las mujeres y las niñas en la Argentina”, agregó la santafesina.

En tanto, el chubutense oficialista Mario Pais (FdT) dijo tener la íntima convicción de que “es una ley constitucional, que no violenta la Constitución. Por supuesto que podríamos aspirar a una ley mejor, y seguramente ya la vamos a modificar. Yo no he mutado mi posición ya expresada en el año 2018”, cuando votó a favor de la norma.

Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, resaltó que “la discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”.

“Escuché decir que hay temas más urgentes, pero este Senado ha tratado temas muy profundos para el país: la deuda pública, la reforma previsional, privilegios de jubilaciones del Poder Judicial, una ley para acceder a la vacuna… y esto también es una deuda que tiene el Congreso y tenemos que animarnos a debatirla con seriedad”, dijo.

La mendocina pidió: “Cuando lleguemos al recinto tenemos que esforzarnos por que el respeto reine y saber escucharnos para encontrar puntos de encuentro, que yo creo que los hay: no queremos más embarazos no deseados en Argentina, y tenemos el compromiso de llevar a nuestras provincias la ESI (Educación Sexual Integral)”.

“No hay salida: es con educación, con salud pública y con derechos donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser o no ser madres”, concluyó Fernández Sagasti.

Luego de recibir a la última tanda de expositores invitados, los senadores de las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado se abocan a la discusión del proyecto de aborto legal, con media sanción de Diputados.

La intención del sector "verde" es firmar el dictamen este jueves, y tratarlo en el recinto el próximo martes 29 de diciembre, luego de Navidad y antes de fin de año. La media sanción se aprobó el pasado 11 de diciembre en la Cámara baja con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

El escenario en el Senado se plantea abierto, con números muy ajustados, y en el que no se descartan sorpresas en la votación. Por el momento, según un conteo realizado por parlamentario.com, el rechazo a la ley estaría dos votos arriba pero hay tres legisladores que aparecen como indefinidos y una incógnita sobre una senadora oficialista que podría dar vuelta su voto.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita será de diez días corridos. Una vez que se realice el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad.

Los profesionales de la salud tendrán derecho a la objeción de conciencia, pero no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o la salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.

Según un agregado de la Cámara de Diputados, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación".

Entre las modificaciones que se prevén al Código Penal, se autoriza en el artículo 86 la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Mientras que el artículo 88 mantiene la penalización la persona gestante que cause su propio aborto luego de la semana 14, por fuera de las causales habilitadas, aunque la pena se reduce: pasa de uno a cuatro años a tres meses a un año -excarcelable-.

Además, incorpora el artículo 85 bis por el cual se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

NOTA EN DESARROLLO

Las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado escucharon a los últimos 12 expositores invitados al debate por el proyecto del aborto legal, previo a la reunión en la que se discutirá para avanzar con la firma del dictamen.

Abrió la ronda este jueves el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, quien señaló que desde el derecho "hay vida humana desde la concepción" y "tal humanidad es reconocida por nuestro sistema jurídico". "El Código Civil dice que el niño por nacer es persona", agregó.

"La Constitución le otorga derechos subjetivos al niño por nacer. Sería raro que le demos al mismo niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar", expresó y consideró que esto "es una contradicción que ningún intérprete puede aceptar, salvo que el derecho permita la violación del sentido común".

A su turno, Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, opinó que "estamos discutiendo si la mujer va hacia la dignidad" y observó que "si hay libertad para tener hijos, tiene que haberla para si no quiere tenerlos".

"No puede quedar en una zona gris o en la nada que tuvimos más de 3.000 muertes en 37 años", enfatizó y aseguró que las hospitalizaciones bajaron en los últimos años únicamente porque "en vez de ser quirúrgico, el aborto se ha transformado en un aborto farmacológico". "El aborto es 14 veces menos inseguro que un embarazo o un puerperio", sostuvo.

También a favor de la ley, Ana Correa, periodista y escritora, autora del libro "Somos Belén", aseguró que en Argentina "se criminalizan los abortos espontáneos" y manifestó que legalizarlo hará poner fin a "la injusticia, tortura y violación de los derechos humanos".

"Sabemos que hay muchos casos como el de Belén", remarcó, al hacer referencia al caso de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, y luego absuelta, pero pasó tres años en prisión.

Correa recordó que "fue condenada por un aborto espontáneo y aunque se comprobó que fue inocente, ella sigue sufriendo las consecuencias de la clandestinidad". "En Tucumán se siguen persiguiendo penalmente los abortos espontáneos", denunció y le dijo a los senadores que "tienen la responsabilidad de dar un paso decisivo para que en Argentina no se promueva la tortura de niñas y mujeres".

Al finalizar su exposición, la periodista feminista puso en reproducción un audio de Belén, entrevistada en radio Con Vos, el día después de la media sanción de la ley. La grabación no se pudo escuchar por completo, ya que Norma Durango, presidenta de la comisión, le advirtió que estaba "pasada de tiempo". Pero lo saliente fue que senadores "celestes" cuestionaron que se pase el material.

"Me gustaría que lo pase completo, pero que nos dejen pasar a nosotros también material que es importante", se lo escuchó a José Mayans, presidente del bloque Frente de Todos y referente del sector "celeste". Más tarde, entonces, al momento de las preguntas, las oficialistas Eugenia Catalfamo y María de los Ángeles Sacnun pidieron que Correa vuelva a pasar el audio completo.

Catalfamo enfatizó: "No callemos más, ni silenciemos más a las voces de las protagonistas, y menos nosotros que somos legisladores de la Nación".

En el audio de la entrevista, Belén considera que "sí va a haber ley, yo creo que sí, porque ahora está más a la vista cómo sufren las mujeres". "Dejemos de lado un poco lo que es la política y nos enfoquemos un poco más en las mujeres", agrega y advierte que "no hay solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe".

Por el contrario, la psicóloga Carolina Paliva argumentó que "al ser un evento biológico, lo que se está generando con el aborto es la ruptura del primer vínculo social". La expositora resaltó que se trata de "un ser humano, es el primer individuo en su edad gestacional más temprana".

Por lo que, calificó al aborto como "un abuso de uso de poder, es exterminar la vida de un ser humano en el vientre materno". "Cualquier mujer que pasó por esa situación sabe que la idea de muerte pasó por su mente y que está", lanzó.

Paliva añadió que "el cerebro registra la impronta de muerte que en algún momento va a ser activada", al hacer referencia a la idea de suicidio y, en esa línea, consideró que el Gobierno "tendrá que poner presupuesto al daño post-aborto para su rehabilitación".

También expusieron en la jornada la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, abogada mexicana de la organización Alianza por la Vida; Estela Sacristán, doctora en Derecho; y Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina.

Asimismo participaron Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral; Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; Eduardo Menem, exsenador nacional; y Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado reanudaron este martes el debate del proyecto de aborto legal, con la participación de 24 médicos y especialistas que se manifestaron a favor y en contra.

El plenario presidido por Norma Durango (Frente de Todos) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, con la intención de escuchar a los últimos invitados y luego abrir el debate entre los senadores.

Abrió la ronda de exposiciones Stella Manzano, médica ginecóloga especialista en medicina legal, del Hospital Zonal de Trelew, quien sostuvo que "no se pueden salvar las dos vidas, porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto". "Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre", señaló.

La doctora subrayó que "ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la de otro", al tiempo que defendió que el aborto "salva a niñas que fueron embarazadas por violación, al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo al llegar a un parto".

"Legalizarlo evita secuelas de por vida de complicaciones del embarazo y parto, y evita sufrimiento psíquico por haber sido forzadas a tener hijos contra su voluntad, sea que se los queden o lo den en adopción", agregó Manzano, que consideró que "negar abortos por causales es tortura" y hay "muchos profesionales que no respetan la soberanía de niñas".

Con un discurso enfático en contra de la ley, la doctora María de Urraza, especialista en tocoginecología del Hospital de Florencio Varela, dijo que el proyecto busca "promover el aborto eugenésico; legitimar lo que ya ocurre en los hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional; ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos".

"En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta. Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales", continuó, al tiempo que denunció que "en pandemia se guardaron camas para abortos".

La médica aseveró que "con esta ley los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional". "Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir. ¿Y que en este contexto nos digan que es importante la ley del aborto? Es vergonzoso", expresó.

Desde el Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, realizó su exposición centrada en la comparación de los "costos" entre la ilegalidad y la legalización de los abortos. De acuerdo a un estudio, aseguró que "del total de abortos que se realizan fuera del sistema" se estima que "aproximadamente un 75% tiene contacto igual con el sistema de salud".

"Si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las complicaciones que requieren un aborto terminan siendo atendidas en el sistema de salud, sea para seguimiento, control o terminar un aborto incompleto", indicó y apuntó que un caso de shock séptico "puede costar casi un millón de pesos, como máximo, y 548 mil pesos como mínimo", mientras que un aborto incompleto "entre 36 mil y 85 mil pesos por cada caso".

La funcionaria precisó que "en una estimación de 457.533 abortos", el sistema de salud tiene un gasto de "51.900 millones de pesos al año". "Hoy estamos gastando mucho más no hacer los abortos dentro del sistema legal, sino por fuera", insistió y afirmó que se trata de "entre 2,6 y 10,2 veces más de lo que se gastaría si se decidiera avanzar en la legalización". "El argumento del costo no debería ser un argumento para oponerse. Es falaz creer que nos va a costar más caro", finalizó.

Al relatar su experiencia desde Uruguay, donde el aborto está legalizado desde 2012, María González Bernardi, médica ginecóloga-obstetra del Hospital Público de Montevideo, aseveró que "la legalización no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente". Asimismo, resaltó que "no disminuye su práctica" y reveló que luego de su legalización "estábamos en una cifra de 7.000, y terminado el año anterior, en 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio".

La doctora manifestó que en el país vecino "el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero". "La legalización no eliminó la clandestinidad", añadió, al sostener que "mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad" y "existe todavía un mercado negro de misoprostol". Por otra parte, González Bernardi dijo que "no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos" y se los "discrimina" en las instituciones.

También en contra, Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico, explicó que "inmediatamente cuando el cigoto se forma envía señales al cerebro de la mujer" y "las neuronas registran que hay una nueva vida". En ese sentido, señaló que la mujer "va a llevar por toda su vida la sensación, el recuerdo de que existió esa vida por nacer en su vientre".

"La mente humana de la mamá, el sistema biológico y la genetica esta preparada para ser una persona gestante", siguió y remarcó que "no hay una diferencia desde la neurociencia de un aborto legal o ilegal. Las consecuencias a nivel psicológico y de estructuración de la psquis de la mujer se van a ver dañadas de la misma manera".

Además, argumentó que "el neurodesarrollo de un niño o de una púber, el cerebro, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Es empujada por el entorno, esto es clarísimo".

Al igual que lo hizo en 2018 cuando era ministro de Salud, Adolfo Rubinstein defendió la legalización del aborto al expresar que "el existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, hace casi un siglo. Existía en 2018 cuando el presidente Macri habilitó por primera vez el debate. Y sigue existiendo ahora que el presidente Fernández envió el proyecto de ley al Congreso".

"El aborto ilegal sigue estando presente en la agenda social de nuestro país como una asignatura pendiente que debe ser de una vez por todas resuelta", destacó y opinó que el Estado debe aparecer como "garante de un bien público que no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino".

El médico indicó que "las complicaciones del aborto inseguro son una cuestión de salud pública". "Las estimaciones basadas en estudios bastante rigurosos arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año, es decir, casi un aborto cada dos recién nacidos vivos", informó y agregó que "si bien han disminuido en los últimos años por las políticas de educación sexual y reproductiva", las hospitalizaciones por aborto inseguro "siguen rondando las 35 a 40 mil hospitalizaciones por año".

"Si incluimos a los prestadores privados, estamos estimando aproximadamente 65 mil", continuó y detalló que "las muertes maternas por aborto ilegal siguen rondando las 20 muertes anuales", aunque "este número probablemente se mayor, porque no se registran adecuadamente por su condición de clandestinidad".

Sean "muchas o pocas muertes", Rubinstein enfatizó que "son todas muertes evitables y una sola importa". En referencia a los países donde el aborto ya es legal, el exministro habló de una "evidencia contundente" de baja de abortos, mientras que en los países con restricciones "la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente".

El aborto "es un problema de salud pública porque produce muertes, morbilidad evitable y serios problemas psicosociales en población joven y sana. Pero también es un problema de equidad, porque solamente afecta a las mujeres y adolescentes, y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres más pobres", sostuvo.

El dirigente lamentó que en 2018, tanto "verdes" como "celestes" se "comprometieron a bregar por prevención del aborto, promoción de la educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, ampliación de la anticoncepción, cumplimiento de la ILE en las causales tipificadas por el Código Penal en el marco del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente nada de esto ocurrió".

"No vivimos en un Estado confesional, vivimos en un Estado laico que debe legislar para todos", sentenció.

Además expusieron, en el primer turno, Evelyn Rodríguez, docente y fundadora de 0800 provida; Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora de CEDES-CONICET; Analía Messina, médica integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro; Noelia Vera Ruiz-Herrera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España; Angélica Sarmiento, médica y especialista ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción; y Alejandro Barceló, médico y director del departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Por la tarde fue el turno de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien a pesar de ser católica apoya la legalización del aborto y enfrenta una causa por homicidio agravado por practicar una ILE a una niña de 11 años que fue violada y tenía riesgo de vida.

“Yo creo que las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. No alcanza con la despenalización, ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado”, dijo Ousset.

También disertaron, entre otros, María Cecilia Avila, especialista en obstetricia y ginecología; Gabriela Luchetti, especialista en ginecología; el doctor José Jalil Colomé; Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta; y Graciela Moya, médica genetista.

Con la participación de 19 abogados y especialistas, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado comenzó este martes con las rondas de exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, con media sanción de Diputados.

El debate continuará durante todo este miércoles y el jueves por la mañana con nuevas ponencias, mientras que por la tarde se firmaría dictamen, con la intención de sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.

Turno mañana

En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto "tiene que superar el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional; el test de convencionalidad ante los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; y el test de congruencia entre el Código Civil Comercial y el Código Penal".

"Todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto", continuó el expositor, en contra del proyecto.

Sobre el argumento que "nos obligarían las recomendaciones u observaciones del Comité de los Derechos del Niño o del Comité de Derechos Humanos", señaló que "las recomendaciones u observaciones se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención".

Más adelante, en respuesta a preguntas que le hicieron senadores, Garat ratificó que "ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto, y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica". "Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario", agregó.

Por el contrario, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que "no hay ninguna regla constitucional y convencional que obligue a penalizar el aborto temprano". "Todos los órganos, tanto la Corte Suprema, en el orden interno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano", apuntó.

El exministro de Justicia remarcó que "el desacuerdo" entre quienes están a favor y en contra de la ley "está sobre los alcances de la palabra vida". En ese sentido, explicó que quienes se oponen "personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión" asemejándolo "con el ya nacido o con una persona" y "esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida".

"El derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer", enfatizó y añadió que "la vida que puede haber en un embrión o una semilla requiere un desarrollo para poder crecer, y este desarrollo no es autónomo, depende obviamente del cuerpo de la madre".

Gil Lavedra expresó que "por supuesto que este proyecto de vida requiere tutela, pero esta no tiene por qué ser penal, criminalizando a una mujer". Por eso, insistió en que "es una ficción sostener que un embrión es un chico".

Para el abogado, hay dos creencias sobre si se despenaliza el aborto, una "que los abortos se van a multiplicar, que se van a utilizar como un método anticonceptivo" y la otra "cuál es la función de la mujer, sobre un viejo prejuicio".

Al hacer referencia a los derechos de la mujer, el radical sostuvo que "no hay bebé si no hay madre, si no hay madre solo hay una persona gestante embarazada". "La maternidad no puede ser forzada bajo amenazada de pena criminal. La mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar con un embarazo no deseado. La mujer tiene derecho a decidir libremente ser o no ser madre", argumentó.

Finalmente, Gil Lavedra afirmó que "estamos frente a un proceso irreversible, indetenible" y "la recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos y esto va a suceder". "Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá, en la próxima renovación, pero lo que ocurre es que de 2018 a 2020 hubo abortos clandestinos, murieron mujeres por abortos clandestinos, y si esta ley no sale ahora van a seguir muriendo las mujeres", completó.

A su turno, la abogada Úrsula Cristina Basset, especialista en derecho de familia, aseveró que "nuestra Constitución explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo".

"Nos vienen a hablar de afuera y nos dicen como tenemos que legislar en nuestro país, de México, de Uruguay, de Chile, representando a organizaciones internacionales", cuestionó, al tiempo que se preguntó: "¿Por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo y tiene temor de no poder criar a ese niño en ese momento de su vida o de no poder educarlo?".

Al relatar el testimonio de una mujer "humilde que fue a practicarse un aborto de su quinto hijo" en una provincia con protocolo ILE, Basset reveló que ante su consulta si podía dar en adopción al bebé, le respondieron que "imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo". Por ello, lamentó que "esta ley da derecho a abortar, no a decidir".

"El derecho al aborto que crea este proyecto es radical, criminaliza a los médicos…tanto que nos dijeron que la criminalización no sirve", siguió la abogada, y criticó que "obliga a toda la sociedad a pagar el derecho a abortar de cualquier mujer, no solo de la desesperada, de la que fue violada".

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó que exista incompatibilidad con la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que cuando Argentina ratificó la Convención "realizó una reserva y tres declaraciones interpretativas".

En este punto, precisó que por una reserva, un Estado "con respecto a algunos de los artículos queda obligado o desvinculado jurídicamente de los otros Estados y no podrá ser demandado por incumplimiento"; mientras que por las declaraciones interpretativas "un Estado realiza una opción interpretativa entre varias, respecto a alguna de las normas de un tratado".

Pero "en lo que no hay ningún tipo de diferencia entre ambas" es que "no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado", algo que lo establece "la textualidad y los órganos que los interpretan y aplican", dijo. Bajo esa postura, Gil Domínguez subrayó que el Comité de los Derechos del Niño "le ha dicho a Argentina" en 2010, 2016 y 2018, mediante informes, cuestiones relativas al "derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir su embarazo".

"(El Comité) le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto; que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación penal; que debe garantizar el acceso al aborto de adolescentes sin riesgo", enumeró el abogado.

Y reiteró: "No solamente no es incompatible (con el proyecto), sino que implica un cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado".

Con un mensaje directo al peronismo, la magíster en Ciencias Políticas María Florencia Álvarez Travieso lanzó que "poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo. Acompañando, antes que imponiendo". "Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado", manifestó y opinó que también es "concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables".

Para la expositora, "los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte". "Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino", ponderó y mencionó que con la reforma de la Constitución "(Carlos) Menem resguardó el valor de la vida desde la concepción".

En tanto, "Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo" y "Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos: incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción; otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación; y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los ya nacidos".

"Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva, y fue en equilibrio con los derechos de la madre", remarcó la especialista en políticas públicas de infancia.

Además, le pidió a los dirigentes peronistas que "escuchen, se tomen el tiempo de acercarse, no las invisibilicen" a las mujeres de los barrios vulnerables en cada provincia, para quienes "la muerte no es la última palabra de la historia". "No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuaje nuestra identidad. Los argentinos no somos objetos para descartar. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo", concluyó.

Otra de las expositoras a favor de la ley fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, quien mencionó que "la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres" y "el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propios cuerpo. No podría hacerlo, no lo hizo a lo largo de 100 años de criminalización, no lo hará nunca".

"Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte", consideró y aseguró que "la política de criminalización lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales".

De acuerdo a una investigación, realizada sobre 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, "entre 2012 y hoy se iniciaron 1.388 causas por abortos y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados", detalló. Asimismo, informó que "las mujeres alcanzadas por el derecho penal todas pertenecen a sectores sociales vulneralizados".

"Si bien la amenaza existe para todas, únicamente se castiga a quienes carecen de recursos materiales para acceder a un aborto seguro y defenderse en la Justicia", enfatizó.

También expusieron por la mañana Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPPEC; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista; y Luciana Sánchez, abogada penalista del caso Diana Sacayán.

Turno tarde

El primer expositor del segundo tramo fue Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida.

“Se ha difundido mucho que la salud de la mujer corre riesgos, pero se debe tener en cuenta que la salud se debe comprender en un todo, no solo la física sino la psíquica, que seguramente es la más dañada por un aborto, porque el daño físico no es tanto como el que se declama, pero en el daño psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”, sostuvo Young.

Consideró que “la vida empieza desde la fertilización, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide”, y “no es persona todavía, pero es una persona en potencia, y como tal debe tener el mismo valor que una persona con algún tiempo de desarrollo”.

Luego fue el turno de Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.

“El derecho, a diferencia de la biología, tiene en su base casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso la regla es que no hay derechos absolutos, porque tienen restricciones cuando entran en conflicto entre sí”, explicó.

La jurista puntualizó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía”.

Por eso, observó que “la función del legislador es resolver este conflicto entre la autonomía, la vida y la salud de la persona gestante y la vida del feto, y tener en cuenta que ninguno de los dos derechos es absoluto”.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, se pronunció contra la legalización y advirtió que “el proyecto se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino”. “El derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto”, dijo, y agregó que del mismo modo “ningún tratado reconoce” ese derecho.

Por su parte, la abogada feminista Melisa García opinó que “que el aborto sea legal no solo responde a una deuda de la democracia y la eliminación de la desigualdad histórica de clase”, sino que además “no han disminuido los abortos clandestinos por su punibilidad”.

“Suponer que las mujeres y personas gestantes saldrían corriendo a realizar esta práctica es estigmatizarlas nuevamente y perder de vista que el debate ronda en la clandestinidad del aborto”, planteó.

A su turno, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, sostuvo que “el punto de debate es la decisión de incorporar un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas 14 semanas, las razones son suyas, son nuestras, privadas, individuales, íntimas”.

También se refirió a ese aspecto -pero pronunciándose en contra- María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien dijo que “hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía absolutizada de la mujer”.

Del plenario de comisiones también participaron, en el segundo turno, Débora Rainieri, abogada e investigadora UCA-UBA; la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas Encabo; el abogado Santiago Alfonso; y Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad de La Pampa.

El debate del proyecto de aborto legal arrancó con polémica en el Senado, donde al comienzo del primer plenario, se planteó un contrapunto sobre el giro a comisiones que tuvo la iniciativa por parte de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.

El reclamo vino nada más y nada menos que desde el propio Frente de Todos, en la voz del catamarqueño Dalmacio Mera -que figura entre los "celestes"-, quien reveló que envió una nota a la Presidencia reclamando por "el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer" y "por la omisión" de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El senador señaló que desde hace "muchos años", el feminismo ha luchado "para terminar con estereotipos de género y tantas conductas y ciertos patrones. Y, sumado a la realidad del tema que estamos tratando, tantos años mujeres han sido violentadas, muertas, se han tenido que ir de viaje más de un año para ocultar su embarazo, con una sociedad que le cargaba sobre los hombros y la espalda de la mujer toda la responsabilidad".

En ese sentido, Mera señaló que los tratados internacionales hablan de la "no discriminación e igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres" y que ambos tienen los "mismos derechos y responsabilidades como progenitores".

Por eso, consideró que "el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el varón se haga cargo como co-responsable de esta situación, más allá del voto final que tenga esto, salga como salga".

El catamarqueño dijo entonces que "no" le parecía "un acierto" y "simbólicamente, un mensaje equivocado". Pero además, el oficialista apuntó que hay "una omisión no pertinente" como es la de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que él presidió en 2018 cuando el proyecto de IVE pasó por allí-, cuando el artículo 3 de la iniciativa "en su totalidad habla del marco constitucional".

Recogió el guante su compañera de bloque, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien disintió con Mera. "En la Banca de la Mujer, si bien la integramos absolutamente todas las senadoras, en muchas oportunidades hemos tenido la presencia de senadores varones", defendió.

La oficialista aseguró que esa comisión tiene "una perspectiva de absolutamente todas las políticas de Estado", aunque admitió que en un futuro sería necesario "una reforma del reglamento, donde le demos no solamente otro nombre sino también otra composición".

Sacnun calificó de "sumamente acertado que la Presidencia le haya dado la cabecera a la Banca de la Mujer" y, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, agregó: "La perspectiva constitucional de los proyectos a los que le vamos a dar tratamiento va a estar inserta en el dictamen".

Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales respaldó que "ha sido acertada la decisión", porque "obviamente (la Banca de la Mujer) tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando". "Lo más importante no es en definitiva quién es cabecera o quién no es cabecera, porque todos los senadores vamos a participar", señaló.

El kirchnerista, a favor del proyecto al igual que Sacnun, opinó además que "si una comisión es cabecera o si participa o no participa, no va a tener influencia en el resultado general, ni en el debate".

Finalmente, antes de dar paso a la presentación de los funcionarios, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, remarcó: "Estamos reeditando un debate sobre un tema de enorme complejidad. La calle, la gente nos está mostrando que aquí no hay una sola mirada, que son múltiples y diversas las miradas y tenemos la responsabilidad de abordar este tema privilegiando el debate, los intercambios de opinión y no el apuro por sacar una ley".

El jujeño, que se opone a la iniciativa, subrayó que "quienes están de acuerdo con la media sanción ponen siempre el argumento de la salud pública". "Escuchamos que se dice que tiene que aprobarse el proyecto porque la salud es un derecho humano fundamental. Y comparto, la salud es un derecho humano fundamental, por supuesto. Pero la vida también es el principal derecho humano fundamental", continuó.

Por ello, se quejó que "los giros de este proyecto nos muestran que la salud pública no es la primera de las razones por las cuales ponen en valor a esta media sanción". En ese sentido, reclamó que Salud "debería haber sido la presidencia de cabecera como lo fue en 2018, y aquí somos tercer giro".

"Los insto a un debate respetuoso, fundamentalmente permitiéndonos escuchar, y no pensando que termine rápido el expositor para pasar al próximo tema", recomendó y completó: "Hay muchos derechos comprometidos, escuchémonos de verdad con apertura, buena predisposición, démonos el tiempo suficiente en la responsabilidad que tenemos como senadores".

Más tarde, la tucumana radical Silvia Elías de Pérez, acérrima opositora al proyecto, aseveró que "no se trata de poner la comisión donde veamos que tenemos los números para dictaminar y en los tiempos que quieran”.

Por el contrario, la oficialista Beatriz Mirkin, también senadora por Tucumán pero a favor de la legalización del aborto, dijo estar "sumamente agradecida que la cabecera de este debate de comisiones esté en cabeza de la Banca de la Mujer".

"La vez pasada dejaron a las mujeres sin participación en el debate, cuando somos las mujeres, todas las mujeres del Senado, las que participamos, aunque algunas no participen casi nunca, entonces plantean que lo llevemos a muchas comisiones para que (la ley) no salga nunca", añadió.

En 2018, cuando el proyecto fue rechazado, fue girado a las comisiones de Salud, como cabecera; a Justicia y Asuntos Penales y a Asuntos Constitucionales. La exvicepresidenta Gabriela Michetti había incluido a Presupuesto y Hacienda, pero tras polémica y reclamos, se terminó eliminando ese giro.

El Frente de Todos buscará este miércoles emitir dictamen del proyecto de ley de reforma judicial, impulsado por el Gobierno, con el objetivo de tratarlo en sesión la semana próxima.

A partir de las 16, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales analizará las modificaciones al texto original, surgidas a partir de los aportes que plantearon diferentes especialistas que pasaron por las reuniones informativas.

"Hoy estaremos en condiciones de emitir un dictamen de mayoría", afirmó la santafesina María de los Ángeles Sacnun en declaraciones a radio El Destape.

La oficialista señaló que habrá "cambios y modificaciones", pero se preservará "el objetivo central del proyecto" de "mantener la independencia del Poder Judicial, y que jueces y fiscales sean personas probas y honestas que no tengan relación con el poder político de turno".

Además, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales destacó la participación de "más de 40 expositores", invitados por el oficialismo y la oposición, y remarcó que desde Juntos por el Cambio no se formularon "aportes ni propuestas de modificaciones".

"Estaremos en condiciones para dar la discusión en el pleno del recinto la semana que viene", ratificó la legisladora del Frente de Todos.

El exjuez federal Carlos Rozanski expresó este martes su "apoyo ferviente" al proyecto de reforma judicial, y observó que "tenemos una justicia patriarcal, conservadora, adultocéntrica, discriminatoria y aristocrática".

Último orador en una nueva reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el exmagistrado opinó que "el lawfare es lo que reemplaza al terrorismo de Estado de los '70".

"Queremos una justicia sensible a las necesidades de la gente y acorde al paradigma actual de derechos humanos", manifestó y señaló que "todo proceso de avance social genera reacciones" y el proyecto "es un avance indiscutible; es positivo, por eso las reacciones son negativas". "Las reacciones son de quienes pierden privilegios, reaccionan quienes se ven afectados por estos avances", continuó.

Rozanski, quien renunció en 2016 como juez del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata y tiempo después denunció que fue extorsionado por el exministro de Justicia, Germán Garavano, calificó a la iniciativa como "una osadía maravillosa del presidente de la Nación".

"Porque plantear una reforma judicial que nos lleve a tener una justicia mejor es realmente una osadía frente a un sistema que nos ha llevado a lo peor", afirmó.

En otro tramo, el exjuez se quejó que en los cuatro años anteriores "no escuchamos ninguna voz de la Corte Suprema que condenara lo que estaba sucediendo" con la justicia.

Además, consideró que hay que "ampliar los miembros de la Corte Suprema" a 21 miembros, dividida en salas, y que "una de las salas que se integre sea una sala de niñez y adolescencia; esto es una deuda de la democracia argentina".

"No estoy de acuerdo que se cuestione la oportunidad", añadió y dijo que "la pandemia no es una dificultad".

Con una enfática defensa al proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que "el poder de Comodoro Py tiene que ser desconcentrado y hay que deconstruir el lawfare".

Al participar de un plenario de comisiones en el Senado, el letrado dijo que "efectivamente hay que salir de esta situación de pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial" que "se ha agudizado en el gobierno anterior por la introducción de una perversa práctica que no es exclusiva de Argentina, pero sí del continente latinoamericano, que se identifica con el término de lawfare o guerra judicial, e implica una perversión del sistema jurídico, en el sentido que el mismo es implementado para la persecución y destrucción del adversario o enemigo político".

"Esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto", remarcó, al tiempo que consideró necesaria y oportuna la reforma y sostuvo que "el proyecto es valioso y cabe ser puesto en funcionamiento".

Para el convencional constituyente de 1994, "nada de lo que está en este proyecto lesiona cláusulas de la Constitución Nacional. No creo que haya aquí afectación alguna o que haya jueces de segunda categoría en función de las previsiones de traspasos a la Ciudad de Buenos Aires".

"Veo bien que se amplíe el número de jueces, veo bien que se unifiquen fueros", agregó y se manifestó también a favor de que "se incorporen nuevos juzgados".

En cuanto a propuesta de modificaciones al texto, Barcesat pidió incorporar en el artículo 70 que "toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberán ser legalmente adquiridas. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas, aún de oficio, por el tribunal interviniente".

"Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda", lanzó.

Además, planteó que se establezca que "toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación social deberá seguirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional, de brindar información adecuada y veraz". "Un nunca más a que algunos medios anticipen la sentencia o revelen la condena", dijo.

Durante cinco horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibieron este miércoles a 16 invitados que, con voces a favor y en contra, opinaron sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno.

Abrió la jornada la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien aseguró que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1% del Presupuesto” y rechazó las “cifras fabulosas” difundidas en los medios sobre el costo de la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

La abogada defendió que "cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene el Poder Judicial, porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías". Y sobre la unificación de fueros, sostuvo que "los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.

En contra de la iniciativa, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, reclamó que los trabajadores del sector no hayan sido consultados para la elaboración de la propuesta.

El sindicalista consideró que "es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno” y cuestionó la “inoportunidad” para debatir esta propuesta. “Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales”, dijo y resaltó que “hoy las prioridades son otras” y “hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo”.

Más adelante, expuso el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien protagonizó el momento más fuerte de la jornada, durante una discusión con el senador Oscar Parrilli. El especialista opinó que el proyecto tiene como objetivo “asegurar la impunidad” de los acusados por delitos de corrupción.

Muy crítico del Consejo Consultivo creado por el Gobierno, y los integrantes que lo conforman, el letrado afirmó que "la reforma en su totalidad" comenzó con esa medida.

En cuanto a la iniciativa, Sabsay la calificó de “inoportuna” y que “se plantea con una desprolijidad notable”, al no tener “ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia”. “Es realmente lamentable con la improvisación que se la ha hecho”, agregó.

"Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, lanzó.

Avanzado el debate, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, estimó que los 132 nuevos juzgados que se crearían con la reforma judicial demandarían en principio “850 millones de pesos” y no 3.000 millones, tal como circuló.

“Soy consciente de la problemática presupuestaria que tiene el Poder Judicial para hacerse cargo de todo esto, pero sí quisiera contestar respecto de que los 132 juzgados o tribunales orales nuevos que se crearían importarían la suma de 3.000 millones de pesos”, introdujo Lugones.

Sobre ello, aclaró que “no fue incorporado en el presupuesto del año que viene por el Consejo de la Magistratura, pero a lo sumo estaríamos hablando de 850 millones de pesos para cubrir esos 132 cargos, y luego habrá que sentarse para todo lo que tiene que ver con infraestructura, informática y mobiliario”.

Por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle advirtió que "no debiéramos confundir el sentido de la oportunidad con la celeridad del tratamiento", por eso solicitó no darle "un trámite exprés", sino generar "un amplio debate con amplia participación de todos los que participamos del sistema de justicia".

"Entendemos que una reforma sustancial de la justicia federal no puede sino estar acompañada en forma simultánea con una profunda reformulación de la integración del Consejo de la Magistratura", señaló.

En tanto, el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín alertó que "es necesario alcanzar altos niveles de consenso social y político para cumplir y satisfacer el estándar de imparcialidad objetiva en cualquier reforma judicial".

Respecto a las subrogancias, el exfuncionario consideró que deberían ser "solo para aquellos casos en los que se provocaran vacantes". Además, opinó que "la ley debiera incluir criterios claros y objetivos en cuanto a la evaluación de postulantes al cargo de juez".

"¿Se resuelve la ineficacia del Poder Judicial con más jueces? Yo creo que no. Debiera hacerse más hincapié en la organización y en las estructuras", añadió.

Otras de las oradoras de la jornada fue Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien expresó que "una reforma del sistema judicial es necesaria porque tenemos una justicia que está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia", que además presenta una "carencia casi absoluta de perspectiva de género".

Para la fiscala, se necesita discutir un "cambio de paradigma" que pase "desde un esquema centrado en los privilegios de los jueces hacia un paradigma centrado en los derechos y en la resolución de la conflictividad social". En esa línea, consideró que "cualquier reforma que no rompa esta lógica va a fracasar".

En la reunión también expusieron el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza; el presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián; la camarista Magdalena Laiño Dondiz; el juez Aníbal Segura; y el secretario general adjunto del gremio de judiciales en la Ciudad, Juan Manuel Rotta Escalante.

Completaron la lista de invitados a la jornada María Ureña Ruso, de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales); el camarista Omar Minatta; la académica María Gattinoni de Mujía; y Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Al final de la reunión, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun informó que el próximo martes a las 13 continuará la ronda de expositores.

En una extensa participación ante un plenario de comisiones del Senado, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, reclamó que los trabajadores del sector no hayan sido consultados para el proyecto de reforma judicial.

"Esperábamos que el presidente cumpliera con su palabra, y la ministra de Justicia (Marcela Losardo) también, cuando estuvo en la CGT y dijeron que los trabajadores iban a ser consultados", comenzó el sindicalista.

En ese sentido, recordó que le planteó a Losardo "lo importante de que una vez por todas encaráramos en Argentina una reforma judicial integral, que sí es necesaria, donde generemos un plan estratégico partiendo desde donde estamos y mirando a la justicia no que quieren algunos dirigentes, sean políticos o sindicales, sino la justicia que está necesitando el conjunto del pueblo argentino".

"Desde la vuelta de la democracia todas las reformas que se han hecho no han ido en el sentido que se quiso. Desgraciadamente la justicia se ha ido deteriorando", lamentó y consideró que en un "plan estratégico" debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, "el perfil del juez, qué tipo de juez, cuáles son los parámetros que debe tener".

Respecto al estado del Poder Judicial, Piumato enfatizó: "¡Estamos en una situación de emergencia judicial, los edificios se caen en todo el país!". También advirtió que el sistema informático está "colapsado", al igual que juzgados y tribunales.

"Es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno", lanzó, aunque al momento de las preguntas, cuando el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, le pidió que amplíe esa afirmación, el gremialista no ahondó sobre su opinión.

Por otra parte, el titular de UEJN cuestionó la "inoportunidad" para debatir esta propuesta. "Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales", dijo y resaltó que "hoy las prioridades son otras" y "hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo".

El sindicalista subrayó que "hoy la justicia necesita elementos técnicos, tendría que tener una policía federal, si queremos avanzar en la investigación del crimen organizado".

Sobre la iniciativa, afirmó que la unificación de los fueros Contencioso Administrativo y Civil y Comercial "no está clara y ni se fundamenta por qué". "Tampoco se justifica que se hable del traspaso, no tiene nada que ver con la justicia federal", agregó.

Y cargó: "Es entregarle la justicia penal a un sistema que es absolutamente clienteril, porque el sistema de designación y remoción de jueces en la Ciudad (de Buenos Aires) es el Gobierno (porteño) directamente, que por mayoría designa y echa jueces".

"Lo sano, por la necesidad de tener una reforma judicial que todos estamos de acuerdo, como decía Alberto Olmedo, es que si lo vamos a hacer, hagámoslo en serio", expresó.

Por eso, pidió que se convoquen a "abogados, magistrados, fiscales, defensores, a los representantes de los trabajadores, al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, con la participación de los otros poderes del Estado y discutir, no en 10 minutos, sino acabadamente, un plan estratégico que nos permita, en función de la voluntad política y la voluntad de inversión, decirle a nuestra población que en tres, cuatro o cinco años la Argentina va a tener el Poder Judicial que se merecen todos sus ciudadanos".

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron este jueves la primera jornada de debate con la participación de especialistas, quienes plantearon varios reparos al proyecto oficial de reforma judicial.

Tras el arranque del debate -el martes pasado con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo-, los senadores escucharon durante más de tres horas los aportes de expertos.

A favor del proyecto, el abogado Emanuel Desojo consideró que esta norma "va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior".

El presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el "deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo, que a través de actos de intimidación y presiones socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho".

"La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas", agregó.

"Cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada", comenzó el abogado magíster Alberto Garay, quien señaló que el proyecto "adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas".

En ese sentido, consideró que el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires "es enorme; es el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo". Y advirtió por "la falta de constatación empírica de la necesidad de tantos juzgados federales en Capital".

Otro de los puntos que remarcó Garay fue el referido al método de designación de los jueces para los nuevos juzgados, el cual sostuvo "es en contra de la Constitución". Tras una pregunta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, el abogado explicó que los pasos son "un proceso de evauación de antecedentes, se toma un examen, luego se va ante la comisión, el Consejo de la Magistratura elige una terna, pasa al Poder Ejecutivo y luego al Senado para el acuerdo".

"Acá desaparece el examen directamente, desaparece la propuesta de tres candidatos y, en realidad, a la gente que se proponga la va a designar primero la Cámara de Casación Penal y más adelante el Consejo de la Magistratura", indicó. Asimismo, dijo que "la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal: deberían nombrar más fiscales, no más jueces".

"Técnicamente una subrogancia de un nuevo juzgado que se está creando, sí, no es la clasificación dogmáticamente clásica, porque las subrogancias son ante una vacancia transitoria o definitiva de un juzgado ya existente", admitió el senador oficialista Mario Pais.

Sin embargo, aseguró que "la norma sí prevé, y se ajusta incluso a lo que prevé la acordada 4 -de la Corte Suprema-, sobre la participación del Consejo de la Magistratura con una mayoría calificadísima y también la del Poder Ejecutivo y el Senado".

Por su parte, el abogado especialista en asuntos penales Marcos Salt se mostró a favor de una reforma judicial, pero planteó que "este texto normativo no colabora con este proceso de reforma, sino que antes bien, atrasa, es antiguo". "Si esta ley es sancionada tal cual está, esta organización habrá nacido vieja y caduca", subrayó.

El letrado cuestionó que en la iniciativa "no hay números, no hay costos, no hay análisis multidisciplinario". "Si Comodoro Py no nos da respuestas a lo que pretendemos de la justicia federal, ¿por qué pensamos que sumándole la justicia penal económica nos va a dar respuesta? Si pensamos que tener 12 jueces federales no nos dio respuesta, ¿por qué poner 40 sin cambiar las estructuras y el sistema?", se preguntó.

A continuación expuso el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Alberto Seijas, quien advirtió que el proyecto podría “dejar a jueces sin materia a tratar”. En ese sentido, destacó que con esta ley "el servicio de justicia quedaría en manos de menos del 50% de los jueces" que actualmente conforman la dotación del fuero.

En tanto, Alfredo Vítolo, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), expresó que “el proyecto no contribuye a solucionar los problemas que aquejan a la Justicia en nuestro país”.

Muy duro contra la iniciativa oficial, el letrado opinó que el Poder Ejecutivo “propone una reforma en el aire”, ya que en el mensaje que acompaña al proyecto “no hay referencias a estudios empíricos o estadísticas que justifiquen las propuestas que se formulan”.

“Toda reforma judicial requiere un debate participativo tendiente a buscar consensos que le otorguen a esa reforma estabilidad en el tiempo. Esta reforma no puede ni debe ser obra de un único partido o alianza electoral”, manifestó, y consideró que de lo contrario, será “una reforma sometida al volátil vaivén del humor electoral”.

Además, observó: "Para un sector importante de la ciudadanía, el proyecto solo busca generar ámbitos de impunidad en la investigación de causas de corrupción que involucran a integrantes del actual gobierno o personas cercanas a él”.

En consonancia con lo planteado también por Garay, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, cuestionó que "se proponen crear más cargos de jueces que de fiscales, cuando la ecuación debería ser inversa”. Y, en igual sentido que Seijas, señaló que la reforma provocará un “desguace y desmantelamiento” del “centenario” fuero Nacional Criminal y Correccional.

Finalmente, el abogado Raúl Heredia sostuvo que "abrir un proceso de reforma hoy en Argentina es absolutamente pertinente, oportuno, necesario y urgente", ya que "no es una reforma apresurada, porque en realidad llega muy tarde".

El expresidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut resaltó que "toda reforma que se propicie tiene que tener en cuenta la necesidad de desarrollar el diseño constitucional del proceso penal, que no hemos alcanzado". "La mayor reforma que el Congreso tiene como asignatura pendiente es alcanzar el juicio por jurado, porque es la única forma de que lleguemos a alcanzar el mandato constitucional", cerró.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibe este jueves las opiniones de especialistas sobre el proyecto de ley de reforma judicial, enviado por el Gobierno nacional.

El debate de la iniciativa arrancó el martes pasado, con la participación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

La segunda reunión informativa comenzó con la exposición del abogado Emanuel Desojo, quien consideró que el proyecto "va a mejorar la calidad institucional del Poder Judicial, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y celebramos que se contemple a los juzgados federales del interior".

El presidente de AJUS (Abogados por la Justicia Social) La Plata-Berisso-Ensenada denunció el "deterioro institucional que sufrió el Poder Judicial en los últimos años, donde se configuró un sistema judicial al servicio de las necesidades de un Poder Ejecutivo, que a través de actos de intimidación y presiones socavó la independencia que debe ostentar la Justicia como parte de un Estado de Derecho".

"La amplificación y unificación de los juzgados federales y de los tribunales orales nos parece un camino correcto para fortalecer la independencia de las instituciones y de sus magistrados, evitando que solo unos pocos jueces queden expuestos a presiones directas o indirectas y a denuncias mediáticas", agregó.

A continuación, el abogado magister Alberto Garay enfatizó que "cualquier reforma que se haga tiene que ser una reforma muy meditada, porque todo el capital que tiene el Poder Judicial en lo penal está depositado en la confianza que sobre ello tenga la población".

El doctor señaló que el proyecto "adolece de algunas inconsistencias y deficiencias técnicas", como por ejemplo que el aumento de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires "es enorme; es el aumento más grande de toda la historia de un solo plumazo". Respecto a esto, advirtió por "la falta de constatación empírica de la necesidad de tantos juzgados federales en Capital".

Otro de los puntos que remacó Garay fue el referido al método de designación de los jueces para los nuevos juzgados, el cual sostuvo "es en contra de la Constitución". Tras una pregunta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, el abogado explicó que los pasos son "un proceso de evauación de antecedentes, se toma un examen, luego se va ante la comisión, el Consejo de la Magistratura elige una terna, pasa al Poder Ejecutivo y luego al Senado para el acuerdo".

"Acá desaparece el examen directamente, desaparece la propuesta de tres candidatos y, en realidad, a la gente que se proponga la va a designar primero la Cámara de Casación Penal y más adelante el Consejo de la Magistratura", indicó. Asimismo, dijo que "la reforma no es congruente con la reforma del Código Procesal Penal: deberían nombrar más fiscales, no más jueces".

EN DESARROLLO

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio acusó al oficialismo de “usar el Senado para ejercer el revanchismo”, luego de la reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a la que fue convocado Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial AMIA, enfrentado a sus exsocios de la UCR y el Pro.

“El kirchnerismo intenta utilizar el Senado para instalar falsedades y confusión en torno a las causas judiciales que investigan el atentado a la AMIA”, denunció la bancada presidida por Luis Naidenoff en un comunicado.

En la reunión citada por Oscar Parrilli (Frente de Todos), que además fue acusado en la causa por encubrimiento, Cimadevilla denunció que “el gobierno anterior no tenía interés en saber qué pasó” en el atentado ocurrido en 1994, y además habló sobre el audio donde la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pidió protección para un exfiscal.

Tras mantener duros cruces con Cimadevilla, los senadores de Juntos por el Cambio sostuvieron que “en lugar de utilizar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para discutir propuestas que posibiliten que la Justicia reanude sus actividades paralizadas a raíz del establecimiento de la cuarentena, el kirchnerismo pretende utilizarla para arrogarse funciones propias del Poder Judicial”.

“Lamentamos que el exsenador Mario Cimadevilla, conocedor del reglamento del Senado, se haya prestado a esta puesta en escena que pretende suplantar al Poder Judicial”, expresaron.

Además, consideraron “evidente” que “estas maniobras están sólo orientadas a obtener la impunidad de los imputados en la causa impulsada por el fiscal (Alberto) Nisman, donde se investigaba la comisión de graves delitos en la firma del memorándum con Irán, al pretender generar la caída de las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado”.

“El gobierno de Cambiemos dejó sin efecto el memorándum con Irán, que ya había sido declarado inconstitucional por la Justicia y permitió que se avance en el juzgamiento de la causa por encubrimiento, a consecuencia de lo cual, después de más de 20 años de demora se condenó a varios de los acusados por el encubrimiento y desvío de la investigación de la causa principal”, recordaron desde Juntos por el Cambio.

Por último, instaron al Frente de Todos a “abandonar el uso del Senado para ejercer el revanchismo sembrando aún más divisiones entre nosotros, en un momento en que nuestros ciudadanos necesitan que nos aboquemos de lleno a los problemas que la pandemia y la cuarentena nos están provocando.