El proyecto de Democracia Sindical naufragó este martes en Diputados al no reunir la cantidad de firmas necesarias (16) para que el dictamen pueda llegar al recinto y ser debatido, ya que contó con el rechazo del bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, quien argumentó: “El Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”.

El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz (UCR), tenía esperanzas de reunir las 16 firmas y alzarse con el despacho, pero todo se truncó porque, según contó a parlamentario.com, "no se respetaron los compromisos pautados que había".

Cabe recordar que el oficialismo también había frenado la iniciativa cuando abrieron un frente de diálogo con la cúpula cegetista y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se realizó el 1° de octubre pasado en la Casa Rosada. Dos semanas después, ante la postura libertaria, Tetaz tuvo que suspender los encuentros de comisión. A raíz de ello, se incorporaron al dictamen “muchas de las propuestas impulsadas por nuestro espacio y forma parte central de nuestra agenda parlamentaria”, según habían comunicado desde LLA.

El dictamen de Democracia Sindical condensaba un total de 28 proyectos que iban en la misma sintonía que, entre otros puntos, postulan la cantidad de períodos en los que pueden ser elegidos los representantes sindicales, la forma de dicha elección, la participación de las minorías, la perspectiva de género, la libertad de obra social, y la forma de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión de las cuotas sindicales. Por su parte, UP no había presentado dictamen de rechazo.

No fue casualidad que el titular del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto se hiciera presente en la comisión, sino que ingresó en lugar de la cordobesa Alejandra Torres, quien había participado intensamente en las demás reuniones aportando modificaciones que fueron tomadas en cuenta para el dictamen final.

Por esa maniobra, el presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, apuntó contra el gobernador de su provincia Martín Llaryora: “El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los privilegios de los gremios, sus reelecciones indefinidas, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria, y obligarlos a que presenten declaraciones juradas… Llaryora reniega en público de Cristina, pero cuando no lo miran juega para el kirchnerismo”.

Por Llaryora se cayó la reforma sindical. El gobernador retiró a una diputada nacional de la Comisión de Legislación del Trabajo para que entre otro en su lugar, y así otorgar el voto decisivo en contra del proyecto que impulsamos que propone entre otras cosas terminar con los…

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 19, 2024

En la misma sintonía, Tetaz contó a este medio que tenía el compromiso con Torres -que hizo varias sugerencias de modificaciones al dictamen- cuando no contaban con las firmas de los libertarios. “Nosotros habíamos negociado y ella estaba dispuesta a acompañar con alguna disidencia parcial y Agustín Domingo (Innovación Federal) no iba a venir. Ese compromiso teníamos. Para la segunda ronda Pichetto la cambia a Torres y viene él para mantener el acuerdo con los gremios”, relató y apuntó contra Pichetto: "Tenía un acuerdo político para bloquearnos”.

El rechazo de Pichetto

Al hacer uso de la palabra, Pichetto anticipó su rechazo y planteó: “Este Congreso ha hecho un esfuerzo extraordinario, un abordaje en el marco de las relaciones laborales donde hemos sacado una ley que fue ratificada por el Senado que tenía por objetivo tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores al mundo del trabajo”.

“Hemos eliminado las multas, ampliado el periodo de prueba, hemos incorporado un sistema voluntario de los sindicatos lo que tiene que ver con el sistema de cese sindical. Me parece que estos tres elementos son muy importantes para un año parlamentario donde el Gobierno se planteó un objetivo ambicioso, pero que para abordar este tema que tiene con la reforma de las organizaciones sindicales, me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario”, fundamentó su postura.

Pese a que hubo reuniones informativas, el titular de Encuentro Federal expresó: “Es imprescindible llamar a los representantes de las organizaciones sindicales. Hay algunas experiencias que han sido muy frustrantes en la vida argentina de querer abordar esta temática y les ha ido mal a los gobiernos”.

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“Esto no se puede hacer sin los actores del mundo del trabajo. Me parece que es fundamental hacer una convocatoria más amplia y, además, tener un determinado consenso para llevar adelante una reforma de esta naturaleza. También se requiere poder político”, apuntó y resaltó que el Gobierno tiene “límites” en el Congreso.

Pichetto cerró su intervención ratificando su voto negativo: “Hay que agotar otra discusión y otro debate con el Gobierno, con los representantes de los sindicatos. Todos estos debates requieren de una amplitud de discusión mucho más amplia que lo limitado de este espacio parlamentario”.

De la vereda de enfrente, el titular de la comisión le enrostró que han hecho dos reuniones informativas en las que han venido representantes de la CGT y sectores gremiales.
“Hemos dado un debate profundo sobre el tema”, le remarcó.

El debate

En la misma sintonía, el diputado del FIT el jujeño Alejandro Vilca expresó su rechazo y denunció que detrás “de la libertad sindical se esconde una clara intención de la intervención del Estado sobre las organizaciones de los trabajadores”.

“Nosotros podemos tener muchas críticas a los dirigentes sindicales, de hecho, lo hemos expresado contra la CGT, pero eso no justifica a que se quiera avanzar sobre la organización de los trabajadores, sobre su libertad sindical, sobre las medidas”, justificó Vilca y criticó que el Gobierno avanza sobre los derechos de los trabajadores y “toma medidas en favor de los empresarios”.

La radical Soledad Carrizo manifestó: “Hemos discutido estos temas más de tres meses. Soy autora de un proyecto desde el 2016 y se llegó a una unificación de un dictamen muy bueno. Es importante pasar a la firma del despacho y quedaremos en esta Argentina mostrando quiénes estamos del lado de las reformas que necesariamente necesitamos a hacer y quienes se oponen al status quo”.

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Por el contrario, el dirigente sindical de la Bancaria y diputado de UP, Sergio Palazzo, aclaró que no han presentado dictamen de rechazo y desafió a Tetaz: “El que tiene que juntar las 16 firmas es usted”.

“No acompañamos la posición del proyecto presentado porque entendemos que se vulnera el principio de autonomía sindical consagrado en el convenio 87 la OIT. No es ningún cargo poder defender ese principio. Las asociaciones sindicales pueden libremente pactar cuota solidaria porque el sistema sindical argentino, inclusive, es distinto al sistema sindical en otros lugares del mundo”, argumentó

“El sistema sindical argentino implica que la organización sindical defiende, no solo al afiliado, sino también al no afiliado y los comprende a todos en un convenio colectivo. Por eso existe la cuota de solidaridad”, planteó Palazzo. Sobre la prohibición de reelecciones indefinidas expresó: “Es un tema que vulnera los principios del convenio 87 de libertad sindical. Las convocatorias de elecciones, las declaraciones juradas”, reiteró y cerró: “Es un tema que tienen que resolver los afiliados de la organización sindical y no nosotros con una ley que vulnera el principio de libertad sindical del convenio 87”.

De la otra vereda, el presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, manifestó: “Para nosotros esta probablemente sea una de las reformas por la que más bregamos durante todo este año”, y señaló que “una de las pocas reformas que se mantiene perenne, estática, cristalizada, justamente la organización de los gremios”.

“En la historia de nuestro país nos hemos acostumbrado que la representación gremial de los trabajadores pertenezca a una expresión política. Es un dato de la realidad hace mucho tiempo”, indicó y resaltó que “esta modernización de la legislación vinculada a los sindicatos nos parece que le hace un aporte que es absolutamente indispensable en el devenir institucional y democrático de la argentina”.

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Desde el Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas sostuvo: “Más allá de lo ya mencionado sobre sospechas de corrupción o enriquecimiento ilícito, estamos en un país que hay un 50% casi de gente que no tiene esa representación y está trabajando en la informalidad sin nadie que los defienda”.

“¿Por qué negarse a que haya una renovación? ¿por qué tiene que estar eternamente los mismos los mismos nombres, los hijos de los mismos y etcétera? siempre como como jefes de esos sindicatos, como directivos de esos sindicatos. ¿No podemos pensar realmente que puede haber algo mejor? ¿no vale la pena probar algo distinto?”, planteó.

Al cierre, el titular de la comisión destacó el “esfuerzo extraordinario de los bloques de esta cámara” para poder “dar mayor competitividad al proceso electoral de los gremios, para tratar de aportar más transparencia y para tratar de darle más libertad a los trabajadores de elegir si es que quieren hacer aportes o no quieren hacerlos, para el sostenimiento de sus organizaciones y si quieren o no quieren recibir distintos tipos de descuento en su recibo de sueldo”.

Así, anunció: “Hemos conseguido 15 firmas. No alcanzan para hacer un dictamen. La inmensa mayoría de la población argentina sigue esperando que le pongamos un límite a las reelecciones indefinidas de los sindicatos. No es equiparable la situación de un sindicato con la de cualquier espacio de la organización civil porque tienen las obras sociales sindicales que manejan”.

“Lamentablemente no alcanzaron los números en esta oportunidad, ya vamos a trabajar o seguir trabajando para poder construirla”, concluyó.

Actualización y repotenciación de los créditos laborales

Por otro lado, se trató la actualización y repotenciación de los créditos laborales del cual confluyeron tres dictámenes: uno de mayoría que reunió 15 firmas, uno de minoría y otro de rechazo del FIT.

En este sentido, en representación del dictamen de mayoría, Sergio Capozzi (Pro) explicó que "este proyecto trata de poner certeza, permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica”.

Por su parte, en representación de la minoría, Sergio Palazzo (UP) señaló que “vamos acompañar la propuesta del diputado Ávila porque entendemos exigua la tasa del 3%, creemos que la norma tiene que tener alcance a los juicios en trámite o con sentencia no confirmada para que su crédito laboral se actualice”.

En contrapartida, Alejandro Vilca (FIT), presentó un dictamen de rechazo: “Cuando hablamos de créditos, lo que buscan es ponerle limite desfavorable para el trabajador, es perjudicial”.

Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dictaminaron a favor de un proyecto que prevé la incorporación a la Ley 26.485 -Protección Integral a las Mujeres- de la modalidad de violencia hacia las mujeres en el contexto laboral y académico. 

La iniciativa fue avalada por todo el arco opositor, incluyendo a los bloques aliados del oficialismo y la oposición más dura. El texto fue presentado con firmas de integrantes de Unión por la Patria, el Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, a raíz de un pedido realizado desde el colectivo Periodistas Argentinas, que en julio pasado se presentó en el Congreso en el marco de denuncias contra Pedro Brieger.

Durante la reunión realizada en el Salón Delia Parodi, a la que no asistió ningún miembro de La Libertad Avanza, se celebró el consenso alcanzado. 

Precisamente, el proyecto plantea incorporar el inciso “j” al artículo 6 de la Ley 26.485, sobre las modalidades en que se manifiesta violencia contra las mujeres.

El nuevo inciso reza: “Violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral o académico, que consiste en la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo”.

En el arranque del debate, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (UP), destacó las firmas de distintos bloques que llevó el proyecto. Sobre la Ley 26.485, la diputada indicó que hay que “ir reformulándola y pensándola como un proceso vivo” porque “tiene una perspectiva interesante, pero las realidades y los contextos sociales y culturales van cambiando, como las percepciones que nosotras mismas logramos construir sobre la situación de violencia; tal vez situaciones que antes no les dábamos esta envergadura, las naturalizabamos, las dejábamos pasar por miedo, vergüenza, humillación”. 

A su turno, el legislador Hugo Yasky (UP) opinó: “Este agregado resulta absolutamente necesario, va a significar un nuevo avance y sobre todo va a hacer justicia; todavía falta mucho para que en el ámbito laboral los derechos de hombres y mujeres sean simétricos”. 

En tanto, la diputada Natalia Sarapura (UCR) resaltó el avance de la iniciativa “en un momento en que desde un lugar de poder se instala un discurso de violencia con los sectores más débiles”. “Pareciera que en Argentina no se quiere reconocer la importancia de la vinculación con el escenario internacional y los principios universales que hemos logrado consagrar”, expresó y agregó que “la firma de este dictamen es un mensaje de que a los derechos de las mujeres los vamos a defender”. 

A pesar de manifestar su apoyo al proyecto, la legisladora Mónica Schlotthauer (FIT) recordó: “Teníamos una ley que establecía que no nos podían echar por discriminación y eso lo perdimos. Si no logramos derogar la reforma laboral que se estableció (en la Ley de Bases), se convierte en una ley humo”. También advirtió que desde el Gobierno “se sigue recortando un montón de presupuesto a las políticas de las mujeres” y pidió por la vuelta del Ministerio de la Mujer.  

“Fue un año difícil en el Parlamento y sin embargo aquí logramos consensuar una medida muy importante para la protección de los derechos de las mujeres”, ponderó la diputada Silvana Giudici (Pro), quien sugirió “seguir por este camino” pero “que lo hagamos sin hipocresía”. 

En ese sentido, mencionó que este proyecto comenzó por las denuncias de Periodistas Argentinas contra Pedro Brieger y “nos comprometimos a tratar este tema sin apreciaciones políticas, sin chicanas, sin demorar una política pública que no puede hacerse esperar”, dijo, pero añadió: “Todavía nos falta mucho por avanzar y a mí me gustaría que con la misma contundencia también podamos abordar otros temas que tienen a protagonistas como mujeres que han sido violentadas”. 

“Desde el Pro hemos presentado un proyecto para retirarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández, golpeador, que va a ser procesado próximamente, y me parece que es un debate que nos debemos”, reclamó.

Por su parte, la legisladora Julia Strada (UP) observó que “es muy preocupante que desde el poder político se tome a referentas de la cultura, del periodismo, de la política como foco para un ataque misógino; es muy difícil que derrame igualdad, buen trato, buenas formas, lo más probable es que el derrame sea de violencia”. Y rechazó que “tengamos al presidente (Javier Milei) ejerciendo violencia verbal todos los días contra mujeres”. 

Avanzada la reunión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) afirmó su aval, pero confesó que se preguntó “cuán necesaria era esta ley habiendo ya ratificado el Convenio 190 de la OIT, que específicamente incluye al acoso laboral como una de las prácticas que tienen que evitar tanto los Estados como las empresas”. Y señaló que “fuimos el primer país en ratificar el convenio” por ley. 

“Además de ir modificando todas estas normas, tenemos que empezar a trabajar sobre el verdadero problema que afecta a las mujeres en el ámbito laboral y es la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral”, sostuvo y expresó que esto “es una tarea pendiente”. 

La bonaerense detalló que hay “un 55,5% de mujeres de 14 años o más que están económicamente activas” y en varones esa cifra se eleva al 72,4%. “Esta brecha nos cuesta muchísimo achicarla”, dijo y apuntó que “no es un tema de capacidad por la cual quedamos afuera” del mercado, sino porque “empleamos el doble del tiempo que los varones en tareas de cuidados”. 

En el cierre del plenario, desde Periodistas Argentinas, Nancy Pazos manifestó que “esto es ni más ni menos que una reparación muy grande a mucho dolor” y a “muchas mujeres que se callaron durante mucho tiempo y que un día pudieron salir a decir lo que les había pasado”. Mientras que Agustina Kämpfer agradeció a los diputados y reveló: “Yo no me imaginé que íbamos a llegar al Congreso, pero parece que la fuerza colectiva tenía su propio plan”. 

Las comisiones de Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirán el próximo martes 5 de noviembre para tratar un proyecto de ley que lleva la firma de distintos bloques y propone una modificación a la Ley 26.485, sobre Protección Integral a las Mujeres. El plenario será a las 12.30 en el Salón Delia Parodi.

La iniciativa está encabezada por la legisladora de Unión por la Patria Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres, pero es acompañada por integrantes del Pro, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

El proyecto plantea incorporar el inciso "j" al artículo 6 de la Ley 26.485, sobre las modalidades en que se manifiesta violencia contra las mujeres.

El nuevo inciso reza: "Violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral o académico, que consiste en la conducta o comportamiento verbal, no verbal, físico y/o psicológico, efectuado por cualquier medio, de índole sexual y no consentido, con el propósito y/o el efecto de atentar contra la dignidad de la mujer, generando sobre la misma un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante y/u ofensivo".

"La violencia de género constituye una problemática caracterizada por el uso de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos fundamentales", se enfatizó en los argumentos de la iniciativa.

Además, se recordó que Argentina ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual "representa un compromiso global para mejorar la seguridad y el bienestar en los lugares de trabajo y aborda, entre otras temáticas, el acoso sexual, centrándose en su eliminación definitiva".

"La violencia por acoso sexual en el contexto laboral y académico es una modalidad de violencia generalizada desde años atrás, tanto en la Argentina como en diversos países, y, a la vez, invisibilizada por la sociedad, las instituciones y el sistema judicial. Se ha naturalizado y carece en nuestro país de abordaje legislativo específico", señalaron los firmantes del proyecto.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo del radical Martín Tetaz, avanzó este miércoles con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la actualización y repotenciación de los créditos laborales, pero no emitió dictamen, por lo que estiman hacerlo en una próxima reunión el martes 5 de noviembre a las 12.30.

Durante la reunión, se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados Verónica Razzini (Pro), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR), que proponen la modificación de la Ley de Contrato De Trabajo –Ley 20.744–, con el fin de lograr la adecuación de los créditos laborales. El titular de la comisión comentó que se incorporó al temario un proyecto del diputado Sergio Capozzi (Pro) que va en la misma sintonía.

“La intención no es de dictaminar el día de hoy. Ojalá podamos ponernos de acuerdo, es la conversación que vengo teniendo con los distintos bloques, pero es la oportunidad para que cada uno defienda su proyecto e intercambiar opiniones y limar diferencias para avanzar hacia un dictamen”, explicó el radical.

Capozzi comentó que la cuestión relacionada con la readecuación de las sumas de dinero provenientes de créditos laborales “ha generado un grado alto de incertidumbre impacta de lleno la economía productiva de la Nación”.

“La Justicia no ha logrado, hace 30 años, unificar criterios en la forma de readecuar las sumas de dinero derivadas de un reclamo de derecho de trabajo generando, no solo resultados altamente disvaliosos, sino también un alto grado de inseguridad jurídica”, fundamentó y recordó que la situación “se fue agravando a fines del 2022”.

El diputado rionegrino señaló que las condenas “tuvieron un fuerte impacto negativo produjeron en las finanzas de las castigada PyMES”. Así, manifestó la necesidad de abocarse al tratamiento de la cuestión y “establezca un mecanismo equitativo de actualización de los créditos laborales, unificado en todo el país y con capacidad de recomponer el poder adquisitivo”.

También propone que se rija por el índice RIPTE porque “es un parámetro equitativo y objetivo que permitirá conjurar los intereses entre ambas partes”. “Este nuevo sistema de actualización, ya utilizado en la actualización de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgo del trabajo”, lo cual -explicó- “permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica a quienes puedan ser condenados”, cerró y agregó que se le agrega una tasa del 3% anual.

Luego, la diputada Mónica Frade (CC), quien presentó un proyecto en el mismo sentido, explicó que “debemos ajustarnos a lo que ha planteado el Decreto 7023 que ha modificado el artículo 276 que pone como pauta tope el IPC más el 3%”, y al respecto afirmó: “Nosotros coincidimos con este criterio que es razonable, pero no ideal”.

“El trabajador va a mantener su indemnización justa, aunque en algún caso puede haber algún desajuste. La parte a proteger es el trabajador y eso va a seguir existiendo”, enfatizó.

Desde el bloque Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo manifestó su apoyo a la propuesta del diputado Jorge Ávila (Encuentro Federal) “porque queremos preservar y mantener el poder adquisitivo” e indicó: “Tenemos que desalentar la posibilidad de que los abogados del sector empresario continúen peloteando los juicios en el tiempo, por eso nos parece razonable una tasa del 8%”.

El chubutense Ávila expresó: “Tenemos que empezar a mirar y darnos cuenta de que no es solamente un paquete, estamos mirando un envoltorio que tiene un montón de dificultades a la hora de resolver. Nosotros queremos que salgan adelante, es por eso que presentamos un proyecto también, pero mirando todo, no solo a la PyME”.

El titular de la Comisión del Legislación del Trabajo planteó la existencia del problema de la nominalidad y de la incertidumbre: “Lo que genera más problemas e incentivos a litigar es la incertidumbre”, y añadió: "Usar la tasa nominal trae problemas, porque la tasa debería reflejar el costo de oportunidad por haberle hecho perdido tiempo a las personas, por la propia demora de la Justicia".

La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado radical Martín Tetaz, se reunió este martes para debatir sobre tres expedientes vinculados a reformas de los artículos 2, 7 y 6 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre deducción de las indemnizaciones percibidas y actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria.

En el encuentro, que se extendió por dos horas y se llevó a cabo en el Anexo “A” de la Cámara baja, disertaron de forma presencial y remota más de 20 expositores quienes coincidieron en la necesidad de que el Congreso de forma “urgente” sancione una norma sobre el tema. La próxima reunión estiman dictaminar.

El primer expositor fue Esteban Mancuso de la Cámara Argentina de Comercio quien afirmó que desde la CAC el tema de la actualización judicial de los créditos laborales “fue y es un tema prioritario sobre el cual venimos trabajando desde hace tiempo, en especial, por los enormes costos de la incidencia de los costos laborales sobre las PyMES representadas”.

Mancuso explicó que un 80% de sus representados y asociados son PyMES y dio cuenta de la “problemática a nivel federal y para este tipo de empresas que son agobiadas por este tipo de sentencia condenatoria”. Así, señaló que la realidad laboral es “dinámica, requiere de cambios constantes y atención permanente”, por lo que resaltó que “es necesario dar respuesta a las nuevas técnicas de producción como tecnología, digitalización de proceso, teletrabajo, IA”.

Sobre la Ley Bases indicó que en su capítulo laboral contenía diversos de derecho laboral, colectivo y de seguridad social y destacó: “Desde la CAC consideramos que fue un avance importante y medular que se dio dentro de una adecuada política institucional dentro del Parlamento oyendo a los distintos actores sociales”, pero indicó que el tema convocante de la reunión quedó fuera de la Ley.

“Es una cuestión medular para la CAC y requiere, a nuestro modo de ver, una solución inmediata”, solicitó y sumó: “Tan importante es para nosotros esta problemática, es una prioridad absoluta más allá de otros temas”. Mancuso explicó que “las actualizaciones judiciales tienen criterios disímiles y arrojan sumas exorbitantes atentando de manera profunda con el cierre de algunas PyMES”.

Así, planteó que desde la CAC vienen insistiendo con énfasis en “dar una solución equitativa para ambas partes y definitiva al tema”. “Elevamos conjuntamente con otras cámaras empresarias distintas notas tanto a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde, acompañado por un informe técnico de la Universidad de Buenos Aires, dábamos cuenta que los métodos de cálculo de las sentencias condenatorias conforme a las distintas actas mencionadas dan resultados exorbitantes, erráticos, inequitativos y con criterios disímiles de interpretación”, contó.

“Los distintos mecanismos de cálculo tienen efectos extremadamente nocivos para el comercio, los servicios, la industria y también para los trabajadores, afectando especialmente a las PyMES”, planteó y destacó el proyecto de la diputada Verónica Razzini como “una conclusión satisfactoria con la modificación de los artículos 276 y el agregado del 276. Defiende el mercado de trabajo, es equitativo, defiende al empleador y al trabajador”.

A continuación, expuso Pablo Venarotti de IDEA quien afirmó que “la conciliación en materia judicial es uno de los modos más utilizados para dar, en tiempos más rápidos, una solución a las partes”.

Por el contrario, señaló que “la extensión de los procesos judiciales, cualquier distorsión que haya en materia de intereses o actualización, agrava dicha circunstancia”. Así, indicó que la actual Ley 24.283: “Plantea expresamente que en cada etapa de liquidación judicial que hubiera una distorsión había que verificar la realidad de ese empleado al momento del pago para cotejar con valores actuales”.

Venarotti propuso que la reforma legislativa tenga, por un lado, un alcance de índole nacional; que sea una solución para todas las partes, que no dependa de una jurisdicción; que preserve el crédito al cual tiene derecho reconocido del trabajador, pero al mismo tiempo, que no conlleve el cierre de una empresa y la pérdida de fuente de trabajo.

Por el lado de CAIPE señalaron que “es un tópico que requiere urgente solución”, ya que “se encuentra en juego el futuro y la sustentabilidad de numerosas empresas que se encuentran expuestas a reclamos laborales multimillonarios que resultan de imposible incumplimiento y no encontrar una pronta y equitativa solución se verán condenadas a su desaparición”.

En esa línea, manifestaron que “es necesario que exista una protección para la empresa”, y resaltaron: “Resulta urgente la determinación de un único sistema de actualización de los créditos laborales que resulte viable justo equitativo y duradero y que brinda previsibilidad y seguridad jurídica”.

Así, contaron que en la Cámara de Apelaciones del Trabajo existen seis criterios distintos en el módulo del cálculo de los intereses y “resultan de ser de carácter del organismo. El escenario en el que nos encontramos hace que los reclamos laborales entablados por trabajadores, en muchas oportunidades, sean de difícil y hasta imposible de resolución”.

“Estamos absolutamente convencidos que la implementación de reglas claras propicia la simple resolución de conflictos acercando las posturas controvertidas, alentando conciliaciones y, en todo caso, se pueden predecir las sentencias que se eliminará el oportunismo y el abuso por parte de quienes especulan con los intereses lo cual también de cierta manera es moneda corriente en el fuero laboral. Sin duda, todo esto a la larga generará una administración de justicia más ágil, efectiva y justa para las partes intervinientes”, expresaron.

Por último, destacaron el proyecto de la diputada Razzini que “es el que mejor soluciona esta problemática porque aborda de manera fundamentada y pormenorizada los múltiples escenarios en los que se encuentran los generadores de empleo frente a un reclamo laboral y ofrece una posibilidad certera y factible de cumplimiento de la falta pagadora, siempre respetando el derecho al cobro”.

“El proyecto se considera un acierto la vuelta a la aplicación de las tasas bancarias para la actualización de los créditos. En este caso, de la tasa activa al Banco Nación, ya que en proyección a futuro donde la inflación mensual no supera el dígito se entiende que la depreciación de los créditos no será sustancial y que, claramente, se verá acompañado por la tasa utilizada. También se valora y se celebra la intención de conservar al anatocismo únicamente como excepción y no como reglas. De esta manera, brindaría una mayor seguridad jurídica. Se espera una pronta resolución del problema realmente bien atravesando el sector y viene generando embates realmente difíciles”, concluyó.

César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas sostuvo que “hay una necesidad de actualizar/ indexar los créditos laborales de una manera de que ponga punto final a un largo debate de cómo tratar a las contingencias en lo relativo a los créditos laborales”.

“Es una pérdida de derechos considerados en la legislación de fondo. Creemos que es el Poder Legislativo el que tiene un rol esencial para poner un punto final al debate de manera justa”, manifestó y explicó: “Es reconocer la intangibilidad, la irrenunciabilidad entre la condición inalienable que tienen los derechos del trabajo traducidos en créditos especializados. Esto no tiene otra forma de ser respondido que como lo hizo hace medio siglo la Ley de Contrato de trabajo indexándolos conforme a la evolución de los precios, del costo de vida, de los salarios”.

“Nosotros nos hemos fijado posición de un año y medio reclamando ante el Poder Legislativo, ante los jurisdiccionales que los créditos laborales sean indexados, que entre ambas categorías que informamos puede llegar entre un 8, un 10 un 15% anual”, sostuvo y destacó la iniciativa del diputado Jorge Ávila porque “los otros proyectos implican pérdidas o le fijan techos a la indexación de créditos”, y concluyó: “No se trata de ni potenciar ni degradar los créditos laborales, sino otorgarle su justa composición a través de la ley del Congreso que establezca la indexación conforme el índice de precio del consumidor o más intereses que serán fijados por los jueces en cada caso”.

En coincidencia, su colega Esteban Carcavallo explicó que “se hace muy difícil encontrar una variable que permita transitar a lo largo del tiempo y sin dificultades el problema de repotenciación adecuada”.

En contrapartida, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Guillermo Agis, cuestionó las iniciativas porque “proponen analizar cómo abordar el incumplimiento al pago de indemnizaciones y de créditos que, por su naturaleza, tienen carácter alimentario”.

A su turno, vía zoom el doctor Sebastián Serrano de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario sostuvo que hay que “establecer leyes que protejan a los derechos de los trabajadores” y propuso cinco puntos a tener en cuenta: mantener el valor del crédito porque “un ajuste de indemnización no puede implicar un empobrecimiento de la víctima”; la no indexación no puede mantenerse una ley de hace tres décadas que sufre inconstitucionalidad y “nunca ha servido”, que se compense el curso del tiempo con lo que se determine; compáralo con parámetros reales de la economía como la inflación; no se puede repetir un mismo criterio en todos los casos; que todos los cálculos los jueces lo vuelquen a la sentencia.

Así, criticó que los proyectos de Razzini y Tetaz “fijan techos para que los empresarios no tengan problema en vez de establecer pisos para que las personas vean asegurados sus créditos alimentarios”. “El proyecto Ávila se acerca a lo que necesitamos”, concluyó.

Por su parte, Edith Pecci, presidenta de Idea Pyme, señaló que “hay situaciones en las que ponemos en riesgo nuestras empresas por la falta de legislación” y reclamó “falta de previsión”. Además, la empresaria Pyme invitó a “dejar de lado el concepto de que trabajadores y empresarios estamos en dos veredas diferentes, estamos diciendo que las reglas de juego tienen que ser justas para ambas partes”.

La suspensión de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo el último martes fue uno de los hechos salientes de la semana. Sucede que ese día había intenciones de dictaminar sobre los proyectos que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, Convenciones Colectivas de Trabajo y la Ley de Empleo, pero poco antes de la hora de convocatoria esa reunión fue suspendida.

Tomó la decisión de hacerlo el presidente de la comisión, Martín Tetaz, ante la convicción de que parte de quienes se habían comprometido a firmar el despacho de mayoría, ya no lo harían. Esa decisión la habían tomado los diputados de La Libertad Avanza y, en principio, también los del Pro -después en un comunicado ratificaron su disposición a apoyar los cambios-, razón por la cual Tetaz decidió suspender la reunión, porque en ese caso no le alcanzaban las firmas.

Según se les notificó a los radicales, la decisión de postergar esas firmas partió desde el Gobierno, para evitar sumar un nuevo conflicto con los gremios en momentos de multiplicidad de peleas, cosa que en el bloque radical relativizaron.

Como sea, volvieron a convocar para este jueves bien temprano, a las 10 de la mañana, con el mismo temario y las mismas intenciones: firmar despacho. Sin embargo, altas fuentes de esa comisión aclararon que no pueden garantizar que ahora sí los diputados de La Libertad Avanza vayan a firmar, y admitieron que “muy probablemente” posterguen nuevamente la reunión. La convocatoria fue para ver si podían convencer a los diputados oficialistas, que supuestamente piden un par de semanas más.

La Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados se encaminaba este martes en su quinta reunión a emitir dictamen sobre los proyectos presentados que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo tras el consenso alcanzado entre la oposición dialoguista y el oficialismo.

Sin embargo, el presidente de la comisión, el radical Martín Tetaz y principal promotor del proyecto, decidió suspender el encuentro a último minuto, luego de que trascendiera que ni la Libertad Avanza ni el Pro iban a acompañar con su firma el despacho de mayoría tras un acuerdo que hizo el Gobierno nacional con la CGT para frenar la Reforma Sindical en el Congreso. Sin embargo, el Pro aclaró a través de un comunicado que sí está de acuerdo con el dictamen.

Sin esos 10 apoyos, Tetaz  se quedará sin la mitad más uno de las 31 firmas en ese grupo legislativo, cifra necesaria para que pueda llegar al recinto la iniciativa que propone profundas modificaciones en las leyes 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y 23.551 de Asociaciones Sindicales.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se transmitió anoche, respondió directamente a un pedido de la CGT al ala dialoguista del Gobierno conformada por la dupla Guillermo Francos y Santiago Caputo y, a la vez, a negociaciones entabladas en el Congreso por el diputado nacional Sergio Palazzo (UP), líder del gremio bancario y vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que viene conversando entre algunos legisladores para que le quiten su apoyo al proyecto.

No está muerto quien pelea.

— Monica Frade (@MonicaFradeok) September 24, 2024

“Este es el tipo de cosas miserables de la política que dan bronca y ganas de abandonar a los que realmente queremos el cambio”, expresó con enojo Tetaz.

El radical agradeció a “todos los bloques que hicieron un trabajo increíble construyendo un consenso para democratizar los sindicatos”, y enumeró los puntos centrales del dictamen: límites a las reelecciones indefinidas de los sindicalistas; participación de las minorías en los cuerpos directivos; transparencia de los fondos de sindicatos y sindicalistas; fin de los descuentos forzosos en los recibos de sueldo, como las cuotas solidarias, los cursos de capacitación, los seguros y otros curros; más libertad para la elección de la Obra Social.

“Estamos confiados en que el gobierno recapacite y que la semana que viene revele su verdadera preferencia. No se puede cachetear a Biró para la foto y después acordar con los gordos de la CGT. Hay que elegir de qué lado están”, disparó el radical.

“Para todos los que queremos limitar las reelecciones indefinidas.  Para todos los que queremos más transparencia en los gremios. Para todos los que queremos que se terminen los descuentos forzosos en los recibos se sueldo. Para todos los que queremos más libertad en la elección de la obra social, esta decisión del Gobierno de frenar la reforma es miserable", expresó en declaraciones.

El proyecto era impulsado hasta ahora por los diputados de la UCR, el Pro, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Federal e Innovación Federal, con el rechazo de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. En el radicalismo estaban seguros de contar con 18 votos en la comisión para emitir el dictamen de mayoría, mientras el peronismo y la izquierda sumaban 13. El viraje del Gobierno, sin embargo, le quitó al proyecto 10 firmas (5 de La Libertad Avanza y 5 del Pro), por lo que quedará empantanado: se requiere de la mitad más uno para aprobar el dictamen.

Ejes centrales del proyecto

El proyecto de Democracia Sindical, que unifica textos presentados por Tetaz, Verónica Razzini (Pro), María Eugenia Vidal (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y Ricardo López Murphy, entre otros, contempla Modificaciones a la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales) y a la Ley 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo).

Además, propone limitación de mandatos de los dirigentes a fin de “garantizar la efectiva democracia interna”, a través de medidas como “la elección directa de los cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales”, “la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 3% de los votos válidos emitidos de sus afiliados”, y “el establecimiento de un código de conducta ética para afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”. En suma, la eliminación de cuotas solidarias obligatorias; publicación obligatoria de informes financieros y auditorías por parte de la AGN.

“Los mandatos de quienes integran los órganos de dirección y administración tendrán las mismas restricciones de extensión de período y cantidad de reelecciones que las exigidas para Presidente y Vicepresidente de la Nación” y aclara que “se entiende por mandato completo desde el momento de su iniciación, independientemente de que hayan transcurrido los 4 años o menos”, agrega.

Por otra parte, incluye la presentación de declaraciones juradas patrimonial integral dentro de los 30 días corridos desde la inscripción de su candidatura y una actualización anual de la información.

Otro punto incluido en la iniciativa es “garantizar la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales”, sobre lo cual detalla que “el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su presencia en los cargos electivos y representativos del gremio no podrá ser menor a la proporción de mujeres afiliadas sobre el total de afiliados”. Y agrega que “no podrá oficializarse ninguna lista que no cumpla” esos requisitos.

También, el proyecto sostiene que “todos los beneficiarios del Sistema de Obras Sociales podrán ejercer el derecho de opción, garantizando así la libre elección de la obra social”, y detalla: “Los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de opción luego de permanecer 3 meses en la obra social correspondiente a la rama de su actividad”, y que “los afiliados que hubieren cambiado de obra social deberán permanecer como mínimo 3 meses en ella y, vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción”.

La Libertad NO Avanza. https://t.co/zG9uELsSQ3

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 24, 2024

Venimos trabajando en la Comisión de Leg Trabajo en el Congreso, en la presidencia de @martintetaz para poner fin a los sindicalistas que usan sus cargos para enriquecerse.
Me agrada que el gobierno sea tan explícito. Esta asociado a las mafias. Finhttps://t.co/0vRLTY7W8p

— Monica Frade (@MonicaFradeok) September 24, 2024

En su quinta reunión la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, se encamina para emitir dictamen sobre los 28 proyectos presentados que impulsan modificaciones a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo.

El encuentro se dará el próximo martes a las 13 en la sala 4. Según fuentes consultadas por parlamentario.com el bloque de Unión por la Patria presentaría un dictamen de rechazo.

A lo largo de las reuniones informativas se escucharon diversas voces a favor y en contra. Entre ellas, desde el sector sindical exigieron que los límites de reelecciones indefinidas se apliquen a todas las instituciones porque “es arbitrario, sesgado y prejuicioso”. En tanto, los especialistas en materia de derecho laboral coincidieron en ese aspecto, pero también señalaron la necesidad del cupo femenino, el manejo de las obras sociales, la modificación de la ‘cuota solidaria’ y la representación de las minorías.

Entre los puntos centrales de los proyectos se destacan una única reelección sindical, ficha limpia gremial, presentación de declaración jurada, fin de la “cuota solidaria”, participación de las minorías, paridad de género.

La Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del radical Martín Tetaz, continuó este jueves con las reuniones informativas que se vienen realizando en su seno para debatir modificaciones propuestas a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo.

Desde el sector gremial exigieron que los límites a las reelecciones indefinidas se apliquen a todas las instituciones porque “es arbitrario, sesgado y prejuicioso”. En tanto, los especialistas en materia de derecho laboral coincidieron en ese aspecto, pero también señalaron la necesidad del cupo femenino, el manejo de las obras sociales, la modificación de la ‘cuota solidaria’ y la representación de las minorías.

El primero en exponer fue Gastón Utrera director del Instituto de Economía Universidad Siglo 21: “Las modernas teorías del desarrollo económico plantean el énfasis en el rol que las instituciones políticas ye económicas tienen para el desarrollo económico. Entre las instituciones inclusivas para la política no cabe duda de las que conducen a la alternancia en el poder, transparencia en el manejo público, representación de las minorías para que exista pluralidad”.

“Son instituciones inclusivas que favorecen el desarrollo económico y deberíamos pensar que lo que es virtuoso para la dirigencia política, debería hacerlo también para la dirigencia sindical, incluso para la diligencia empresarial. Podríamos poner a las tres dirigencias en el mismo plano”, consideró.

Así coincidió en mandatos acotados, con reelecciones limitadas, con mecanismos de información y de transparencia con representación de minorías. En esa línea, se refirió al proyecto de Tetaz que plantea cuatro años con una sola reelección consecutiva “con mecanismos de información transparente, obligatoria, o sea hacia los trabajadores con representación de minorías por encima del 25%, declaraciones juradas patrimoniales al principio y final de cada mandato”.

“Puesto en este contexto de las instituciones favorables para el desarrollo económico que Argentina necesita cuesta encontrar algún tipo de argumentación válida inteligente fundamentada en contra de este tipo de reformas”, lanzó.

Utrera planteó que “es más discutible la cuestión de la cuota sindical obligatoria, especialmente para quienes no son afiliados… no es posible excluir de su consumo a quien no paga hace que lo voluntario para financiar ese tipo de bienes no funcione”.

“No podría pensar a la actividad sindical como un bien público, a fin de cuenta, a favor de los trabajadores negocia convenios colectivos, negocia salarios en paritarias y, por lo tanto, sería complicado intentar financiarlo de manera voluntaria. Tiene más sentido pensar en todo caso poner un límite máximo, relativamente bajo, para la cuota sindical para los afiliados un límite máximo un poco más bajo para cuotas sindical para no afiliados”, manifestó.

Por último, aclaró que los mandatos cortos “de ninguna manera garantizan buena gestión, garantizan que si la gestión es mala dure poco. A través del voto poder reemplazarlo por otro. Esa es la lógica de los mandatos acotados y los límites a reelecciones”. Sobre las obras sociales, indicó que “están totalmente desfinanciadas porque se financian con salarios que perdieron poder adquisitivo en los últimos 10 años y se ha descalzado el financiamiento del sistema”.

El director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, Martín Juárez Ferrer, explicó que hay cuestiones que se pueden solucionar por la vía legislativa tales como “la democratización sindical, ya que la limitación a las reelecciones indefinidas de los órganos de gobierno, de las organizaciones sindicales es un aspecto saludable y positivo”.

“Nos parece saludable una revisión de esto y una reforma. Queda pensar si el mecanismo de dos periodos consecutivos, con un periodo intermedio tal como se ha planteado en varios de los proyectos, es suficiente o si quizá pueda ser necesario un esquema de dos elecciones y ninguna otra posibilidad de volverse a postular”, sugirió, aunque advirtió que “se han visto en otras instituciones que este mecanismo a veces es vulnerado con la interposición de personas totalmente ajenas”.

Además, Juárez Ferrer sostuvo que es “solucionable” y que “puede diseñarse un mecanismo” para la inclusión de minorías en los órganos de decisión sindical: “Un esquema sencillo de dos tercios a la mayoría que existen muchas provincias argentinas en organismos legislativos puede ser efectivo y representaría un gran paso adelante en la reforma del modelo. La inclusión de las minorías también puede robustecerse a través de la protección sindical del candidato no electo, ya que la experiencia indica que la protección limita a los 180 días después de la elección puede ser insuficiente”.

En otro aspecto, remarcó que “es importante la inclusión de una regla de cupo femenino y debe hacerse por ley. Sin embargo, las experiencias en el cupo femenino en el Congreso deben alertarnos sobre las necesidades que la reglamentación sea precisa en sus alcances”.

También planteó el acceso a la información como “elemento fundamental de la democratización del modelo sindicales” dado el carácter de bien público que tienen los sindicatos, debido a que “toda asociación de personas con fines de lucro, sin fines de lucro, el acceso a la información es necesario para cualquier intento de manejar la cosa y tomar decisiones en este sentido”.

En relación a la opción de la obra social, coincidió en que el régimen actual “puede mejorarse”, y propuso: “Los tiempos deben acortarse, sin embargo, los principales obstáculos de este derecho vienen de la mano del manejo de la opción por parte de las obras sociales de las que el trabajador quiere salir y quiere entrar. En este sentido, un trámite manejado por una agencia del Estado va a permitir agilizar este proceso y evitaría la introducción de objeciones u obstáculos ajenos a la ley. Una regla que la presentación del pedido de cambio se haga ante la autoridad competente puede representar una mejora de diseño institucional”.

“No vemos viable ni saludable la eliminación de todo financiamiento Estatal. Este debería ser transparente, debería salir de fondos específicamente determinados, pero el carácter de bien público que se ha indicado hace que no sea conveniente que no tenga algún financiamiento estatal”, concluyó.

"Los sindicatos no estamos en contra de la transparencia electoral interna, pero que ésta calidad democrática llegue a todas las entidades. Poner la mirada exclusivamente en los gremios es arbitrario, sesgado y prejuicioso. Parece que los sindicatos deberían ser los únicos democráticos y que tienen que presentar declaraciones juradas, no hay problema con eso, pero por ejemplo un presidente de un club no lo hace", aseguró Federico Recagno, dirigente sindical de APOC y Secretario adjunto de la OTR.

Así, consideró que “no hay modificaciones sustanciosas en la 14.250”, y sugirió incorporar temas que tengan que ver con lo ambiental y “que internamente los sindicatos cumplir la normativa de la OIT que hace la violencia laboral. Deberíamos incluir en los estatutos sindicales un tribunal que contemple los casos que los propios sindicalistas podemos cometer”.

Recagno planteó que cada sindicato debería tener un marco regulatorio porque algunos establecen en el estatuto que, para poder ser elegido autoridad previamente se tiene que haber ocupado otro cargo. “Se va limitando integrara la comisión directiva”, señaló y le respondió al diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (UP): “No se la CTA, pero la CGT la representación de género es un poco decorativa. Hay que ampliar los marcos regulatorios. Yo estoy en la CGT”.

También consideró “Raro” que exijan a los sindicalistas el tema de la ficha limpia “cuando la política no lo aprobó para sí misma. Deberíamos ver si esto no tendría que ser generalizado”, y, en el mismo sentido, se refirió a la duración de los mandatos: “O lo hacemos para todos o dejemos la libertad de que cada uno lo haga como quiera”. “La representación de las minorías debería ser obligatoria en aquellos sindicatos que elijan por congreso y debería ser obligatorio”, cerró.

A continuación, disertó el especialista en derecho laboral, Pablo Mosca, expresó: “Creemos que los proyectos presentados no atacan la actividad laboral, sino que abren el arco para que los trabajadores tengan la libertad propia y el Estado establezca menos limitaciones en cuanto al ejercicio del sindicato”.

Sobre los proyectos presentados, opinó: “La limitación que establece el artículo 41 inciso A en cuanto establece que los delegados y los integrantes de las comisiones internas deben estar afiliados a las respectivas asociaciones sindicales y ser elegidos en comicios, obviamente lesiona la libertad sindical”.

También indicó que “lo que están proponiendo los proyectos es que esa autonomía sindical siga los lineamientos de la Democracia, no que no haya una reelección indefinida, que los trabajadores puedan tener una propia libertad de asociación y que dejan libremente sus aportes. La necesidad de que las comisiones internas sean también integradas por una minoría. Los proyectos presentados responden a una política Estatal moderna que, por supuesto. debe atacar las conductas antisindicales, pero también debe promover la libre expresión, la autonomía organizativa y los derechos individuales de los trabajadores sindicalizados”.

“Los proyectos de modificación del sindical lo que buscan es dar transparencia en la gestión, el cumplimiento normativo y, obviamente, que los representantes sindicales y sus asociaciones puedan demostrar recientemente, mediante declaraciones juradas, el manejo de esos fondos”, concluyó.

Desde la UBA, el doctor Gustavo Ciampa, resaltó que la Ley 23.551 es “el gran segundo consenso político y social de la democracia”, y alertó que “no se puede discutir que una legislación pueda tender a debilitar a las organizaciones sindicales. En varios proyectos se advierte que pueden tener un efecto de debilitamiento de las organizaciones sindicales y choca con la Constitución Nacional como por ejemplo en contribuciones de solidaridad que no son las cuotas sindicales que las pagan los afiliados y la afiliación es voluntaria”.

“No se puede a través de una ley limitar la posibilidad de la reelección de los dirigentes sindicales. Es una intromisión indebida en la autonomía sindical. Es algo que tienen que resolver los trabajadores dentro de cada organización”, indicó.

Respecto de la imposición de las minorías en órgano directivo resaltó que “es en el órgano directivo, se habla como si en los sindicatos no hay representación de minorías. La Ley Sindical garantiza por doble vía la representación de las minorías”. Además, opinó que “pretender garantizar la minoría conspira contra la eficacia del accionar sindical”.

Por la Asociación Civil de Abogados laboralistas, Natalia Salvo, señaló que desde el punto jurídico los proyectos mencionados que imponen una participación minoritaria del 25% en los órganos de conducción sindical “son violatorios de Derechos Humanos fundamentales en lo que respecta a la libertad sindical, a la democracia sindical y, creo que también, incurren en grandes confusiones conceptuales”.

“Con el principio de pureza son los sindicatos quienes tienen que resolver estatutariamente las reelecciones o si no hay reelección. La libertad sindical y la democracia tiene que ver con la participación de los afiliados que son los intereses de quienes se defienden”, manifestó Salvo y agregó: “Los proyectos de reforma no solamente atentan a grandes rasgos con el artículo 14 bis cuando habla de una organización sindical libre y democrática, sino con el artículo 3 del Convenio del 87’ que consagra la libertad sindical”.

En esa línea, cuestionó que algunos proyectos tienen un “profundo sesgo antisindical que a veces se encubren las palabras ‘’democratización’, ‘reordenamiento’ o ‘transparencia’. Estos proyectos resultan peligrosos”.

Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses “vemos con gran preocupación estos proyectos. Al único que se le exige democratizarse en el país es a los sindicatos. Se le exige una limitación de mandato al sujeto sindical”, y sumó: “No podemos desconocer que en este contexto político donde se sancionó una reforma laboral regresiva, se plantea este debate. Esto conlleva a la pérdida del poder sindical en su defensa de derechos a los trabajadores”.

También disertaron Pablo Tope (docente de la UBA);Verónica Quinteros del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, Sergio Arce del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón.

Versiones a favor y en contra de la modificación

Luego de un cuarto intermedio, la reunión se retomó con la intervención del abogado de la CGT, Pablo Moyano, quien sostuvo que “el mecanismo de la personería gremial es herencia del peronismo”, y las modificaciones propuestas “no se ajustan al sistema constitucional argentino”. “Los organismos son los intérpretes del Convenio de Libertad Sindical, lo dijo la Corte”, agregó.

La representante del CTERA, Sonia Alesso¸ se manifestó en contra de los cambios a la ley y explicó que “hay un fervoroso deseo de un mundo sin sindicatos, se nota mucho”. Del mismo modo, aseveró: “No veo un afán por regular las actividades de los grandes grupos empresarios”. “El límite de mandato no se les pide a los diputados ni a la Corte, el cupo de género tampoco”. “Las asociaciones sindicales cumplimos leyes que nos llevaron años pelear”, afirmó.

Además, cuestionó que “no nos convocaron a discutir la esencialidad educativa porque les molesta el movimiento obrero”, y agregó que “muchos de estos proyectos son inconstitucionales”. Refirió que “violan la Constitución, la Ley de Asociaciones Sindicales y los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”. “Les puede gustar más o menos, pero a nosotros (los sindicalistas) nos elige la gente”, cerró.

A favor de la propuesta, Juan Méndez empresario del Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos encendió la polémica al llamar “mafia sindical” a las organizaciones agregando que “buscan convertir a estos trabajadores en delincuentes”. De inmediato fue interrumpido con gritos y abucheos, y el titular Martín Tetaz debió llamar al orden.

“Cuando nos referimos a la mafia sindical nos referimos a la utilización sistemática de los trabajadores para convertirlos en delincuentes porque tuvimos la primera condena en Chaco por una pyme bloqueada a los 15 días de abrir”, amplió Méndez, quien sumó: “Que estas malas prácticas no existan más porque queremos dedicarnos a hacer lo que queremos hacer que es trabajar y dar trabajo”.

En tal sentido, el empresario Ariel Rey relató que “mi empresa fue victima de bloqueos y extorsiones y sentí en carne propia como se pisotean los derechos de quienes quieren trabajar en paz”. Mencionó el bloqueo a la ciudad de San Nicolás y pidió: “Hoy tienen en sus manos poner fin a estos abusos porque no queremos seguir siendo rehenes de prácticas mafiosas”.

Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, catalogó a las modificaciones propuestas en la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales como “discriminatorias”. Asimismo, afirmó que “un sindicato fuerte ayuda a equilibrar las desigualdades sociales”. “Es un sesgo de mirada discriminatoria que roza lo absurdo”, remarcó.

También, Hugo “Cachorro” Godoy, referente de la CTA Autónoma, se quejó por el tiempo que le quedó para exponer en comparación a algunos empresarios y cuestionó: “Es poco claro lo que venimos a discutir. Deberían estar discutiendo el DNU 70/2023”.

Asimismo, añadió que el decreto presidencial de diciembre “representa un peligro para los trabajadores porque está apelado por la Corte Suprema”. Del mismo modo, aseveró: “Buena parte de los 28 proyectos repiten lo mismo que los abogados de las grandes empresas que redactaron el DNU 70/2023 y la Ley de Bases”.

Completaron la jornada con sus exposiciones: Raúl Godoy del sindicato de ceramistas; Carlos Ullua de la Asociación Ex Becarios de Bologna; Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria Argentina; Víctor Ottoboni, delegado de FATE; Álvaro Daniel Ruíz, jefe de cátedra del derecho del trabajo UBA; Pablo Alejandro Eibuszyc, ex integrante de la CD de Foetra; César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas; Agustín Comas y Nicolás Martínez Naya, abogados laboralistas; y David Duarte, integrante de COPAJU.

Uno de los invitados más relevantes en la Comisión de Legislación del Trabajo por el debate de las modificaciones a le Ley de Asociaciones Sindicales fue Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien llamó a esta serie de iniciativas como “un sesgo de mirada discriminatoria que roza lo absurdo”.

De primera mano, defendió a las organizaciones sindicales al señalar que “es un modelo que es orgullo en el mundo porque es el más representativo de la región y del mundo”. A su vez, destacó el “grado de participación sindical y democrática” en la Argentina, e indicó que el país tiene “una de las más altas tasas de afiliación del mundo”.

Respecto a las modificaciones propuestas a la Ley 23.551 y 14.250 (Convenciones Colectivas de Trabajo), mencionó que “el único objetivo es el debilitamiento de las organizaciones sindicales y eso jamás es bueno para los trabajadores”. De igual manera, sostuvo que “un sindicato fuerte ayuda a equilibrar las desigualdades sociales”.

Cuestionó, además, que “siempre fuimos en la dirección de equilibrar la sociedad”, y sumó que “hay un criterio de desfinanciamiento absoluto y este va más allá de la solidaridad de los trabajadores”. Sobre la Cuota solidaria, explicó: “Quiero contarles que Estados Unidos tiene cuota solidaria”.

“Nosotros formamos como enfermeros a pueblos originarios y eso es lo que está en juego, y es lo que pretenden discutir en los términos de la negociación colectiva. Tenemos la mayor infraestructura hotelera las organizaciones”, expresó Daer, quien agregó que “cuando uno conduce una organización sindical, tiene representación las minorías y (en estas modificaciones) hay una mirada desconociendo el interior”.

También criticó que varios articulados de la modificación impulsada por los bloques dialoguistas y aliados “rozan temas discriminatorios”. “¿Quién puede plantearse la edad o el sexo de los dirigentes?”, cuestionó, y añadió: “Todo el mundo puede ser dirigente de futbol. Acá hay un sesgo de mirada discriminatoria que roza lo absurdo”.

Por último, Héctor Daer sentenció que los cambios propuestos “rozan derechos internacionales, nuestra Constitución Nacional, la jurisprudencia de la Corte, y tienen una mirada segada, prejuiciosa e inoportuna hacia el poder real de los trabajadores”.

El tratamiento de la reforma sindical comenzó con un clima tenso en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados que se llevó a cabo este martes donde los diputados, autores de proyectos que van en sintonía con modificar la Ley de Democracia Sindical (23.551), explicaron los puntos centrales de los mismos.

La modalidad de trabajo de la comisión despertó las quejas por parte del bloque de Unión por la Patria y la izquierda quienes le reprocharon al titular de la misma, Martín Tetaz, el temario de la convocatoria y reclamaron por el tratamiento de los temas que "quedaron a la deriva" como reducción de jornada laboral por lo que terminaron abandonando la reunión.

Previo a iniciar el debate, el diputado de izquierda Alejandro Vilca presentó una nota sobre un pedido de informes para elevar a la Secretaría de Trabajo respecto del programa Intercosecha que “el Gobierno no está pagando a los trabajadores rurales como por ejemplo del tabaco hace cuatro meses” a fin de saber si efectivamente se va a pagar porque “significa un prejuicio muy grande para trabajadores rurales de diferentes cosechas”. Además, solicitó que en el temario de las próximas comisiones se incorporen los proyectos referidos a intercosecha.

Luego, el titular de la comisión el radical Martín Tetaz explicó que hay un total de 28 proyectos vinculados a la cuestión de la democracia sindical y precisó: “Muchos tienen que ver con la cantidad de períodos que puede ser electo un representante sindical; la forma de elección; la participación de minorías; la libertad de obra social; las formas de financiamiento de los sindicatos incluida la discusión sobre las cuotas sindicales; algunos vinculados a cuestiones impositivas. Otros tienen discusión de la participación de los órganos que tienen que ver con cuestiones de género”.

“Hay varios proyectos vinculados al tema, muchos tienen superposiciones y es evidente que con seguridad en el trabajo de comisiones se va a ver favorecida la posibilidad de unificar estos proyectos en torno al menos de dos o tres dictámenes”, adelantó.

Tetaz comentó que el próximo martes 20 continuarán exponiendo los diputados que al día de la fecha no pudieron estar presentes para explicar sus iniciativas. Luego, se convocará a una reunión de asesores para avanzar con la discusión de los dictámenes y unificarlos. En paralelo, informó que empezarán las reuniones informativas que, a priori, serán una o dos, por lo que pidió que se convoquen expertos y las partes interesadas a disertar.

Así, la primera en exponer fue la radical Roxana Reyes quien explicó que su iniciativa propone “dar respuesta a miles de trabajadores argentinos que requieren que el rol de las asociaciones sindicales siga su cauce para el cual fue concebido en sus principios que es la defensa genuina de los derechos de los trabajadores”, debido a que la sociedad argentina “no cree en la dirigencia sindical”.

De la Ley 23.551 modifica el artículo 17 sobre la composición de los órganos de administración y dirección sindical: “Proponemos que pase de 5 a 9 miembros de integración o múltiplo de tres para garantizar la representación de las minorías, siempre que la minoría haya alcanzado el 25% de los votos emitidos”.

También incorpora el cese de la reelección indefinida y cuestionó que “la ley prevé una duración de mandato de cuatro años, pero con reelecciones indefinidas. Hoy tenemos dirigentes sindicales que están 25 y hasta 30 años conduciendo un sindicato. La falta de alternancia es lo que queremos eliminar para que, de alguna forma, sea totalmente democratizado”.

“Va tener una sola reelección inmediata y siempre y cuando haya cumplido íntegramente el mandato anterior. En el caso de quienes estén en cumplimiento de su mandato al momento de la sanción de la ley, ese será el primer mandato para la reelección”, precisó. En cuanto al voto, que la ley vigente establece que es directo y secreto, le agregan la obligatoriedad de modo tal de “conseguir mayor participación en la minoría interna del sindicato y, en el caso de no cumplirse con el voto, hay una multa equivalente a un día de salario que va destinado a las obras sociales”.

Unión por la Patria se retiró de la reunión de la Comisión de Legislación Laboral de @DiputadosAR que trataba varios proyectos sobre la modernización sindical. Se ofenden no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales.

— Pamela Verasay (@PameVerasay) August 13, 2024

También plantea requisitos sobre la idoneidad, por lo que incorpora la “ficha limpia sindical” que “fundamentalmente apunta a que exista o esté inhabilitado para ejercer los cargos de administración o dirección aquellos que tenga alguna condena en primera instancia”.

Se agrega la exigencia de presentar la declaración jurada patrimonial en los órganos de dirección y administración y renovarla de forma anual. “Quienes no la presenten serán considerados que incurren en una falta que el Ministerio de Capital Humano estará autorizado a denunciarlo a la justica para pedir la suspensión y cancelación de la personería gremial e, incluso, intervención”, advirtió Reyes.

Sobre las elecciones, plantea que deben ser convocadas en el plazo de 90 días previo al vencimiento del mandato y se deben realizar 20 días antes de dejar el cargo y adelantó: “Próximamente vamos a estar presentando un agregado a este proyecto que tiene que ver con que quienes ejercen cargos en los órganos de dirección o administración de las organizaciones sindicales no pueden ejercer en simultáneo en ejecutivo y legislativo nacionales, provinciales y municipales”.

A continuación, comenzó a disertar la diputada Mónica Frade (CC-ARI) quien sostuvo que “en el orden del día hay tres proyectos de mi autoría, donde estamos proponiendo darles entidad ministerial a las PyMEs a través de la creación de una agencia, para que puedan participar del diseño de políticas públicas”. Sin embargo, inmediatamente la diputada Vanesa Siley (UP) le pidió una breve interrupción al sentirse aludida por las palabras de Reyes.

Por ello, le consultó  cuál es el oic de idoneidad que puede tener un dirigente sindical para ejercer un cargo político y le recordó que comparte un cargo con el en el Consejo de la Magistratura de la Nación y planteó: “Si alguna vez hemos incurrido los diputados, que somos de tracción sindical o en mi caso que además ocupo con usted el Consejo de la Magistratura, faltas, ausencias, no estudio de los temas, no presentación de proyectos y no estar a la altura de las circunstancias del cargo de la representatividad para poder ejercerla en igualdad de condiciones, o incluso con mayores responsabilidades en mejores condiciones que otros diputados y diputadas de la Nación”.

La rionegrina la respondió: “No había reparado que usted estaba en esta situación”, y le explicó que “así como algunos casos, como por ejemplo los abogados, concretamente mi provincia, tienen inhabilidad para ejercer la función de diputado y de abogado, y no se ejerce la función de abogado y sí pueden ejercer la de médico siendo diputados nacionales o provinciales, porque se considera que hay en algún momento algún tipo de conflicto de intereses ejerciendo las dos funciones y eso no habla de la capacidad técnica ni de la voluntad de trabajo”.

“Aceptamos esas inhabilidades cuando puede haber conflicto de intereses. En el caso de la representación sindical hemos entendido que la representación sindical y el ejercicio de funciones en este caso, la legislativa, pero inclusive ejecutivas como un gobernador, un intendente, un presidente de una comisión de fomento, junto con la defensa de intereses laborales cuando la actividad sindical fue concebida para la defensa prioritaria de los derechos de los trabajadores, puede tener conflicto de intereses una inhabilidad que para nada habla de la persona. Yo soy estoy afectada por inhabilidades en el ejercicio de profesión las entiendo las asumo y las consiento y elijo Cuál de los dos roles tengo que desempeñar”, explayó la radical.

Inmediatamente, habló el diputado y secretario adjunto de SMATA Mario “Paco” Manrique (UP) quien consultó: “A mí me gustaría que un proyecto de ley estuviese basado sobre hechos reales y no sobre prejuicio. Quiero saber en qué todas estas modificaciones la diputada cree que va a mejorar la calidad de la Democracia sindical, dado que hoy ya están los mecanismos institucionales de control en todos los procesos electorales que se llevan adelante. En qué va a mejorar, dónde cree ella que va a mejorar y en qué casos porque lo mismo podríamos hablar de la política de la justicia de cualquier otra entidad que es mal vista por la sociedad”.

Reyes le enrostró que su iniciativa se basa en datos de un relevamiento que hizo en 2017 la agencia “Jacob y Asociados” donde se llegó a la conclusión que el sindicalismo argentino tenía un 81.6 de margen negativa. “La encuesta abarcó a 2000 personas y ‘corruptos’ fue la palabra que más utilizó la gente para definirlos”, detalló.

Además, argumentó que “una encuesta realizada por seis GP reveló en el 2023 que el 71.1% de los participantes dijo ‘no confiar en los sindicatos’”, y sostuvo: “Estos son hechos objetivos que puede recabar de estos lugares que hicieron estas encuestas de trabajo, pero sin perjuicio de eso si nosotros estamos tratando hoy en unas horas la ficha Limpia para acceder a cargos selectivos donde decimos que un condenado por delitos graves, por delitos de corrupción, por delitos de abuso sexual, no pueden representarnos y que hay un interés general superior al interés particular de una persona para postularse, con más razón tenemos que ser muy cuidadosos en todo lo que es representación. No se ve cuál es lo negativo en empezar a hablar de la ficha limpia sindical. Es simplemente equilibrar los requisitos y no tenemos que sentirnos agraviados”.

“Se democratiza la participación de las minorías. También es importante en la medida que la minoría tenga un piso de votos emitidos. La presentación de declaración jurada patrimoniales nosotros tenemos sindicalistas ricos no todos, pero si tenemos muchos sindicalistas ricos. Inclusive utilizando recursos del sindicato para actividades políticas esto que tiene que ver con las inhabilidades no todos algunos. Por eso tenemos que buscar márgenes de transparencia, por eso tenemos que transparentar el manejo de los recursos y tenemos muchos sindicalistas ricos y representados pobres. Entonces la declaración es juradas patrimoniales por qué un diputado lo tiene que presentar y no un sindicalista y si no la presentan no son víctimas de sanción. No son seres intocables y tienen que tener la misma vara que la gente común”, manifestó.

Manrique comenzó a reprocharle que “no me contestó, no me contestó… estamos usando las palabras como queremos. Todo lo que dijo estoy en desacuerdo” … Tetaz le planteó: “Esta en todo su derecho de no estar de acuerdo”, y le aclaró que el objetivo de la reunión es que cada diputado que presentó proyectos los explique y lanzó: “Si no le satisfacerlas respuestas, se sigue y se salta la página”.

Volvió a tomar la palabra Manrique quien se quejó que Reyes no le contestó y le aclaró que “cumplo como dirigente sindical con todos los relatos. Ella expuso y no me contestó por qué no puede haber reelección, los mecanismos de control, la representatividad desde las minorías…”. Tetaz le reiteró: “Si usted no tiene ninguna duda técnica no es entrar en el debate. SI le gusta o no que las no reelecciones no aumentan la democracia sindical, está en su derecho y es parte del debate. Pero no abramos el debate en cada punto ahora…”.

Le salió al cruce Siley quien le preguntó entonces “para qué está citada la comisión, no me queda claro los motivos”, pero Tetaz tiró leña al fuego: “Ya lo dije, si usted hubiera escuchado cuando arranqué y tiene la citación”. “Me lo puede repetir”, reprochó Siley y chicaneó: “Es una tribuna para venir a escuchar proyectos en contra los sindicatos y desarmarlos. Entonces me voy… usted no da la palabra y se piensa que ser presidente es ser autoritario está muy confundido”, cuestionó, a lo que el titular de la comisión le planteó: “Diputada usted haga lo que considere que tiene que hacer y le parezca razonable… ahora le toca a la diputada Frade y luego al diputado Yasky. Hay un montón de proyectos y si quiere presentar alguno lo puede hacer. Hay 28 iniciativas”.

Al conflicto se sumó Vilca quien, al igual que la diputada de UP, le reclamó por el temario de la comisión porque “veníamos trabajando con el tema de la propina, reducción de la jornada laboral y teníamos pensado que eso se iba a dictaminar y pasamos a otro tema. ¿En qué quedó lo que veníamos trabajando? Ahora pasamos a otro tema a cuestionar la dinámica sindical”.

Tetaz le aclaró: “La reunión está convocada para discutir los temas que están en el orden del día y sumar a la semana siguiente los que considere razonable. Si tiene algún proyecto lo invitamos”.

Al tomar la palabra Frade se quejó: “Se supone que cuando uno da la palabra es para una acotación breve”, y rápidamente se abocó a explicar los motivos de sus proyectos y se refirió la necesidad de “transparentar los manejos sindicales”.

Frade contó que hace un tiempo atrás hizo un pedido de acceso de información pública pidiéndole al Ministerio de Capital Humano la remisión para la exhibición de los las memorias y los balances de cuatro sindicatos: camioneros, trabajadores de edificios de renta, comercio y gastronómicos.

“Por eso digo que discutamos mucho la transparencia de los fondos sindicales, porque se supone que son fondos que deben estar al alcance de todos en el control, y la ministro de Capital Humano, en un Gobierno que dice que viene a transparentar todo y es mentira, me contesta que los límites del derecho de acceso a la información pública son excepcionales establecidos previamente me invoca el artículo 8 de la Ley 27. 275 que tiene que ver con secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad y lesionar los intereses del sujeto obligado”, cuestionó.

La diputada de la CC aportó que un alto dirigente de uno de los sindicatos mencionados previamente “se reunió conmigo y ya sabía de esto. Esto está acordado con la ministra e indica la necesidad de que regulemos mecanismos de trasparencia, además de ficha limpia, en los sindicatos, pero es necesario que se transparenten los fondos que se manejan, por sobre todo en sindicalistas enriquecidos que usan la tercerización y lo digo con conocimiento de causa porque participé en denuncias”.

“Es imperioso que todo esto esté al alcance de todos porque es transversal porque ningún diputado está para ocultar nada y hacer el esfuerzo de la transparencia”, cerró.

Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria y diputado de UP, se quejó porque la “mecánica de funcionamiento propuesta no se está cumpliendo”. “Que quede claro que los dirigentes que tenemos obligaciones en organizaciones sindicales estamos comprendidos como personas políticamente expuestas y obligados a presentar declaraciones juradas y la UIF hace un seguimiento esto. Con el ánimo de acelerarle los proyectos, pero la diputada –Reyes- se levanta y se va y la verdad plantear un debate donde quienes estamos dando quórum no son los autores de las supuestas mayorías de proyectos que tiene la comisión se hace engorroso y difícil. Si se retiran hagamos una reunión más seria. Es una reunión que no tiene sentido y yo no me voy a prestar para un circo acá y vengan y hagan una radio abierta y cada uno se vaya. Discúlpeme, pero no me voy a quedar”.

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A continuación, el titular de la comisión le cedió la palabra al diputado Hugo Yasky (UP) representante de la CGT quien cuestionó que “hay una distorsión en el funcionamiento de la comisión. Los proyectos son presentados, tienen que ser explicados, la comisión tiene que hacer las preguntas necesarias”, y acusó a Tetaz de impedir “que se explayara el diputado Manrique, le sugirió y no es así. Yo le voy a pedir que para la próxima reunión leamos el reglamento de la comisión para ponernos de acuerdo de cómo funciona sin direccionar la palabra. Son proyectos que necesitamos sean discutidos exhaustivamente en el seno de la comisión”.

“Los temas deben discutirse sin ningún tipo de limitación, ni de horario ni contenido y los que presentan proyectos tienen la obligación de estar presentes para poder discutir los puntos que consideren pertinente. No pasó así con la diputada Reyes”, criticó Yasky, a lo que Tetaz le respondió: “Cuando empezó la reunión dije el problema personal de que se iba a retirar. A ustedes también les ha pasado y es habitual que un diputado que presente su proyecto por alguna razón tiene que ir a otra reunión”.

Yasky, antes de retirarse al igual que sus compañeros de bloque de la sala, le pidió al titular de la comisión que en la próxima reunión primero se lea el reglamento sobre el funcionamiento de la comisión, que haya una reunión de asesores sobre los proyectos discutiros tal cual lo planteó Vilca que “quedaron en el camino y a la deriva y cómo van a continuar tratándose como reducción de jornada laboral”. Así, se quejó de que hay una “composición descompensada” porque hay 27 proyectos que apuntan a reformas regresivas a derechos de trabajadores. Espero que la próxima reunión podamos discutir todos los proyectos y la agenda tenga equilibrio”.

En su defensa, Tetaz le comunicó que habló con el diputado Palazzo sobre la dinámica de la reunión y le aclaró que se hizo una preselección de expedientes que “estaba abierta a que puedan sumarse otras iniciativas en esta temática. No hay límites para la incorporación de expedientes, son todos bienvenidos. La convocatoria es esta y se hace de manera transparente. Ya se había consensuado con el diputado Palazzo y no hemos roto nada de eso que se acordó, no se entiende cuál es la molestia que tienen con el funcionamiento, pero no voy a discutir el reglamento de la comisión”.

Yasky insistió en una reunión de asesores para dejar hecho un temario “no para satisfacción mía, pero la comisión debe tener una cantidad de temas a tratar. Hemos discutido temas que no sabemos cuál fue la deriva”.

De la vereda de enfrente Tetaz le aclaró que “en la última reunión informativa y, lo hablamos y coincidió conmigo Palazzo, que ninguno de los espacios tenía el número para dictaminar y había que esperar que el número apareciera y por eso no hay otra reunión sobre reducción de jornada laboral porque nadie tiene un expediente consensuado para dictaminar”.

Le salió al cruce el diputado Vilca quien le reclamó que “el tema de los temarios debería discutirlo abiertamente en comisión y no por privado con un diputado personalmente. Es democrático”.

La santafecina Verónica Razzini (Pro) comentó que presentó dos proyectos, uno de modernización laboral que “algunos puntos fueron sumados a la Ley Bases”, pero planteó que “hay otros puntos interesantes que deben ser tratados como la materia probatoria que reafirma el principio general de los hechos invocados cuando hablamos de despido y multas; la posibilidad del empleador de modificar un acuerdo con el trabajador en las condiciones de contrato que contempla la posibilidad de requerir homologación; incorpora como medio de pagos de remuneración de otras categorías; conservación de recibo de sueldo en forma digital”.

El otro proyecto ‘Antibloqueo’ en el que “trabajé personalmente después de mi experiencia al haber formado el Movimiento Empresarial Antibloqueo hace tres años en Argentina después de haber sufrido un bloque más de tres meses porque hoy Argentina necesita una ley que le dé una figura penal a los bloqueos sindicales extorsivos, que están organizados por personas que tienen una planificación respecto de esto y hay que condenar a ellos. Hemos asistido a más de 71 empresas que han sido bloqueadas y les hemos dado asistencia”.

Razzini diferenció “los buenos sindicatos y existe la mafia sindical y este proyecto apunta a la mafia sindical que tiene que tener castigo y buscamos una figura penal”.

La diputada del Pro le aclaró que “la mafia sindical es la que utiliza a los trabajadores y se esconde de la defensa de los derechos laborales, pero no debe existir el abuso de la protesta y se creó una mafia gigantesca detrás de esto. Bloquear una empresa es un delito y esto se tiene que terminar porque nadie va a querer emprender en el país”.

Desde la izquierda volvió a tomar la palabra Vilca quien expresó: “No aceptamos que se intervenga o se subjetive a la organización sindical de esta manera. Nadie cuestiona las grandes ganancias que tiene la organización o la sociedad rural. No me parecen estas las condiciones y también me voy a retirar porque el temario no es equilibrado”.

La cordobesa Soledad Carrizo (UCR) recordó que viene trabajando desde el inició de su gestión la democratización de los sindicatos y “nunca pudimos lograr que se abra la comisión para tratar el tema”. “Tenemos que mirar un sistema dirigencial sindical donde Argentina es uno de los países de Latinoamérica con más alta afiliación con un 40%, con más de 3300 entidades reconocidas y que efectivamente vemos del otro lado un 40% de argentinos en la informalidad”, planteó.

“En mi proyecto se pone énfasis en el tema de las reelecciones indefinidas, sobre todo en órganos de administración. Creo que es necesario un presupuesto mínimo como legislación nacional donde demos la oportunidad de la alternancia y establecer la posibilidad de reelección por cuatro años para dar oxigenación y así poder legitimar más aún esta falta de afiliación sindical”, explicó.

Carrizo criticó la ausencia de Unión por la Patria porque “podemos estar de acuerdo o no. Hemos participado de muchos gobiernos donde hubo abusos en materia sindical y lo hemos discutido”, y cerró: “Es necesario una reforma laboral de la sociedad también”.

Al tomar la palabra, el diputado rionegrino Sergio Capozzi (Pro) apuntó contra UP por retirarse de la reunión y manifestó: “Eso demuestra la falta de innovación democrática. Era un excelente momento este para debatir. Parece que algunos no saben o no conocen lo que pasó en la historia en 113 años con una Asamblea donde se abolieron los privilegios del sindicalismo, pero muchos de ellos quieren seguir con esos privilegios y se genera esa tensión de ‘la mía está, no me la toquen’. Es necesario democratizar los sindicatos. Hay dirigentes sindicales con 40 años en el poder y están eximidos de rendir cuentas y hay que equilibrar esto”.

Desde el mismo bloque, el cordobés Luis Picat (UCR), expresó que “tenemos la mitad del sistema en negro en un sistema monotributista por la inflexibilidad que tiene el sistema argentino y son los que más perjudican al trabajador. Hace 13 años venimos en caída con el crecimiento del PBI”.

Al hablar de su proyecto, el legislador consideró que el objetivo es “retirar la obligación de la famosa cuota solidaria, que a empleados obliga a dar un monto al sindicato para su uso en diferentes emprendimientos que tengan referidos a talleres de capacitación, cultura, etc.”.

Al cierre, Tetaz sostuvo que “hay un consenso político en Argentina, mayoritario, que demuestra interés en avanzar en el tema de democracia sindical. Vamos a continuar el martes próximo con la presentación de proyectos”.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 11 en la Sala 4 del Anexo A del Palacio Legislativo para dar comienzo al debate relacionado a una serie de modificaciones en la Ley de Democracia Sindical (23.551) vinculado a las asociaciones y la alternancia en órganos de dirección y administración; y a la Ley 14.250 respecto a las disposiciones que se establecen para las convenciones colectivas de trabajo.

El diputado radical Martín Tetaz, titular de la comisión, impulsó uno de los proyectos por el cual propone “la reelección de los integrantes de los órganos sindicales, por única vez, debiendo dejar pasar un período para volver a ser elegidos”. Otro punto resonante es que establece “adecuar los estatutos a los fines de cumplir con los principios de alternancia en la dirigencia sindical, la inclusión de la transparencia en la gestión que debe ser informada al menos en forma anual”.

El texto impera que “un mandato dura cuatro años y se computan desde el mismo inicio de la entrada en funciones, para evitar maniobras y renuncias horas antes del fin de mandato para torcer la voluntad de la ley y pretender ser reelegidos”. Reiteró, además, que “deben dejar pasar un intervalo completo de cuatro años si han sido reelectos, para volver a presentarse en cualquier otro cargo”.

Respecto a los llamados a elecciones, la iniciativa propone que “para cubrir los cargos en los organismos sindicales, sean como mínimo sesenta días antes de finalizados los mandatos y que las elecciones se deben llevar a cabo como mínimo treinta días antes del fin de los mandatos”.

En el mismo sentido, hay otro texto de Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) que incluye como requisito para presentarse a elecciones en cualquier sindicato “no haber integrado hasta 24 meses anteriores a la elección, cualquier órgano de la AFA, FIFA, CONMEBOL o clubes que participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional”.

Hay otro proyecto del diputado fueguino Héctor “Tito” Stefani que propuso “la imposibilidad de que personas humanas condenadas por los delitos enumerados integren los órganos directivos ni otro tipo de cargos en ningún tipo de asociación sindical en la República Argentina”, conocido como ficha limpia gremial.

Por otro lado, el temario incluye al proyecto que presentó el diputado radical Luis Picat que ratifica el derecho a no solventar económicamente con un aporte en dinero al sindicato al cual no se está afiliado. "El trabajador tiene derecho a no afiliarse o desafiliarse, sin embargo, se vienen produciendo una serie de incongruencias que violentan la supremacía constitucional y que pretendemos corregir con el presente proyecto”, agregó.

Con relación a la modificación de la Ley 14.250, la cual establece el marco regulatorio para las convenciones colectivas de trabajo, hay una iniciativa de la Coalición Cívica que busca “limitar las ‘cuotas solidarias’ a favor de la asociación de trabajadores que se establezcan en los convenios, sólo para los afiliados”. Con el mismo espíritu, hay un texto de Gerardo Milman.

Con giro a otras comisiones, también está el proyecto de la diputada nacional Ingrid Jetter (MC) que propone paridad de género en cargos directivos sindicales. El temario contiene un total de 26 proyectos de ley impulsados en su mayoría por la UCR, el Pro y el CC.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunió este martes para recibir a la última tanda de expositores por el tratamiento de la modificación de la Ley 11.544 e ir por la reducción de la jornada laboral.

Veinte eran los invitados a disertar en el Anexo “C”, pero según explicó Tetaz “por razones de vuelos y de agenda” la mayoría de ellos no pudo asistir, solo lo hicieron Juan José Etala, Pablo Anino y Eduardo Curutchet.

En el inicio del encuentro, el diputado de izquierda Alejandro Vilca solicitó que se incorpore a la comisión dos proyectos que prohíben los despidos y pidió invitar a trabajadores despedidos. Por su parte, la diputada Blanca Osuna (UP) expresó preocupación por la postergación de la sesión especial para tratar los temas educativos que pasaron para el mes de agosto.

Promediando el breve encuentro que duró menos de media hora, el presidente de la Comisión anticipó: “Vamos a dar la semana que viene una discusión entre diputados sobre los distintos proyectos a los efectos de ir a buscar un dictamen”.

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En la ronda de exposiciones, el primero fue Juan José Etala (UIA) quien recordó su presencia en septiembre del 2023 por el mismo tema, por lo que ratificó que “en un país con el 40% del empleo informal discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno”.

“Los países que lograron estas modificaciones tienen realidades socio económicas muy diferentes a las argentinas. Una modificación de la estructura legal como lo establece, como sería la modificación de la estructura legal de la reducción de la jornada, requiere de un debate responsable con la participación de todas las partes indispensables”, comparó.

Etala sostuvo que “es indispensable generar consensos y no apresurarnos con el tratamiento con presiones coyunturales y tener más confianza, así como tenerle más trascendencia a la autonomía colectiva”, y sumó: “La brecha de productividad y tecnológica que nos separa con los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia donde otros países implementaron recursos y políticas muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global”.

“Por lo tanto, Argentina debería estabilizar su condición macroeconómica, reducir el empleo informal, generar empleo formal el cual prácticamente no crece desde 2012 y promover incentivos al empleo entre otras medidas antes de discutir una reforma de esta naturaleza”, consideró.

“El contexto del país es de incertidumbre en general. Una situación macro débil, altos niveles de pobreza, informalidad, restricciones externas, y una brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países más desarrollados”, resumió y planteó: “Hoy Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar más en incorporar puestos en el sector empleador formal”.

“El principal creador de empleo registrado en los últimos 20 años ha sido del sector público cuando habría que fomentar el potencial del sector privado para crear empleo de calidad, productivo y que responda a las nuevas tecnologías”, planteó.

A su vez, señaló: “Quienes han presentado iniciativas sostienen que con una menor jornada se mantiene o mejora la productividad. Estas afirmaciones son meramente voluntaristas y desprovistas de todo fundamento técnico”.

En ese sentido, explicó que “bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones implica un inédito descenso de la productividad. Si reducimos la jornada de 8 a 6 horas, la producción debería incrementarse por lo menos en un 33%. Y si la productividad no compensa el incremento de costos que ello generará implicará necesariamente un sustancial aumento de los precios de los productos en un contexto inflacionario y una pérdida de competitividad”.

Etala cuestionó que al ser un tema “de gran trascendencia” no haya sido precedido por “un diálogo social tripartito para una discusión “adecuada” obre todas las alternativas y efectos de la norma.

“Desde la UIA proponemos la creación de empleo formal reduciendo la presión fiscal sobre el sector empleador dictando normas que fomenten la contratación de empleados en blanco, simplificando los tributos locales y nacionales, combatiendo la extrema litigiosidad en las relaciones de trabajo. Proponemos aumentar la participación de trabajadores en programas de formación profesional. Que la reducción de jornadas surja de convenios colectivos de trabajo”, explayó.

Así, cerró: “Mientras no se superen los problemas de los costos de la industria del juicio, el anacronismo de una legislación que estimula la informalidad y la falta de competitividad de los sectores industriales no parece oportuno encarar esta discusión, solo va en desmedro de las empresas y PyMES y del empleo formal y protegido. Esta norma es para ser aplicada en empleo formal y no para el 40% de empleo en negro”.

El economista y columnista Pablo Anino de Radio Con Vos apuntó contra el Gobierno por los despidos y contra quienes “votaron a favor de quitar derechos con la reforma laboral de la Ley Bases”.

“Me parece importante que podamos discutir la reducción de la jornada laboral. El proyecto que presentamos plantea la reducción a 6 horas diarias, máximo 30 horas semanales, sin reducción salarial y se produzca un reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados”, contó.

En tanto, desmintió los datos del expositor preopinante porque “practican políticas anti obreras”, por el contrario, sostuvo que “planteamos la reducción de la jornada con reparto de las horas de trabajo por lo cual no va a caer la producción, incluso puede aumentar”.

“Si se redujera la jornada laboral en las 12.000 empresas principales del país se podrían generar un millón de nuevos puestos de trabajo en una situación de crisis económica que aumenta la desocupación”, precisó.

El economista manifestó que Argentina aún tiene “una de las jornadas laborales más legales altas del mundo. La precarización ha aumentado enormemente de niveles menores al 10% a una informalidad cerca del 40%”.

En representación del Instituto de Derecho Social expuso Eduardo Curutchet quien opinó: “El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador algunas condiciones dignas y equitativas, entre ellas la limitada jornada de trabajo”.

Curutchet sostuvo que es un “mandato dirigido al legislador y no puede ser delegado a la negociación colectiva. No puede este Congreso delegar esa responsabilidad primaria”. También, consideró, teniendo en cuenta la Convención Constituyente, que “no establecer en forma petria una jornada de trabajado en el artículo 14 bis, sino dejarla librada a que fuera reducida por el legislador paulatinamente en función de los avances técnicos y mejora de productividad”.

El diputado nacional Alejandro Vilca (FIT-U) solicitó incorporar al temario de la Comisión de Legislación del Trabajo el tema de los despidos laborales y acusó al Gobierno de hacer “persecución política”.

En el arranque de la reunión de este martes para tratar la reducción de la jornada laboral, el jujeño planteó: “El Frente de Izquierda tiene proyectos sobre la reducción de la jornada laboral y nos parece muy importante los expositores que van a venir, pero nos preocupa una situación particular que por la situación económica y la crisis que se está desarrollando en el país hay un aumento de la desocupación y despidos”.

“Nos interesaba que en la agenda de la comisión se pueda incorporar y tratar. Nosotros tenemos presentado dos proyectos el 4992-D-2023 y el 3339-D-2024 en el cual se plantea la emergencia laboral y la prohibición de los despidos”, propuso.

Vilca comentó que “en los últimos días hemos visto por los grandes medios los despidos en el Hospital Posadas, en el INTI, en el ex Ministerio de la Mujer, en el INCA, pero en sectores privados”.

Así, cuestionó: “Nos parece urgente que esto se discuta en la comisión porque vemos cómo el vocero presidencial habla de limpieza en organismos públicos, lo cual nos parece un desprecio en medio de una situación como esta donde aumenta la desocupación. Los índices de INDEC en los cuales los lugares donde mayor ha crecido la desocupación es en Gran Buenos Aires, La Plata, ciudades como las de mi provincia. No podemos dejar pasar esto y menos la respuesta del Gobierno que es con burla y represión”.

Por último, ratificó su pedido de convocar a una reunión informativa en donde se escuche a los trabajadores despedidos “injustamente”, y cerró: “Se están violando las normativas legales y paree una limpieza y persecución política e ideológica a quienes pelean contra el ajuste”.

Finalizado el tratamiento de la Ley Bases, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados convocó a una nueva reunión informativa para continuar el debate sobre la reducción de la jornada laboral para este martes 2 de julio a las 11.

Será la tercera en este período y fueron invitados representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias, y especialistas para ampliar el tratamiento de la modificación de la Ley 11.544, la cual está vigente desde 1929, tal como ocurrió en el anterior encuentro donde discreparon abogados laboralistas.

La comisión presidida por el radical Martín Tetaz busca avanzar en el tratamiento de nueve proyectos de ley que comenzó a analizar desde octubre del 2023. Los textos son impulsados por Unión por la Patria, el radicalismo, el Frente de Izquierda y el socialismo santafesino.

El detalle de cada proyecto

Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.

A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.

Del mismo modo, será tratado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto ya fue aprobado por Diputados en 2014, pero no fue tratado en el Senado y perdió estado parlamentario.

Por su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz y otro de Julio Cobos. La iniciativa presentada por el economista ya había sido tratada por esta comisión en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este nuevo texto unifica ambos proyectos.

Así las cosas, el proyecto presentado por el titular de la comisión propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el plazo de 3 a 6 meses.

Mientras que el del mendocino impone la efectivización de las propinas a través de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al BCRA generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido.

Con voces a favor y en contra, un grupo de especialistas se presentó este jueves en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer sobre los proyectos de ley que proponen la reducción de la jornada laboral. Hay en tratamiento nueve iniciativas referidas al tema y una más sobre desconexión digital, para quienes realizan teletrabajo.

La reducción de la jornada laboral fue un tema que estuvo ya en debate el año pasado, pero sin avances. Ahora, además de las propuestas de Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda se sumó una de la UCR, en cabeza de Martín Tetaz, quien justamente preside la comisión. Su texto fue acompañado también por legisladores del Pro y Hacemos Coalición Federal.

El proyecto promovido por Tetaz plantea la creación de la "Jornada Laboral Alternativa", permitiendo que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad.

Este sistema "tendrá una duración máxima de 48 horas semanales en las que cada sector, en función de las características de la actividad, definirá cómo distribuirlas, pudiendo existir jornadas diarias más largas durante menos días de la semana o bien jornadas más cortas durante mas días de la semana", reza uno de sus artículos.

Por su parte, el proyecto impulsado por Hugo Yasky (UP) establece que la jornada no deberá exceder las 8 horas diarias o las 40 semanales; mientras que los propuestos por Sergio Palazzo y Julia Strada (UP) hablan de 6 horas diarias o 36 semanales, al tiempo que fijan límites a la jornada de trabajo nocturna e insalubre.

La iniciativa del diputado Nicolás del Caño (FIT) habla de 6 horas diarias como máximo y 30 semanales.

Por otro lado, un proyecto de Vanesa Siley (UP) establece el derecho a la “desconexión digital”, referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.

En el arranque de la reunión informativa, Tetaz aclaró que todos los oradores no iban a exponer este jueves, porque además algunos de ellos se encuentran participando de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual concurrirán a otro encuentro que se realizará el próximo 25 de junio. 

La ronda se abrió con la participación virtual de Gonzalo Iparraguirre, antropólogo e investigador de la Universidad de San Andrés, quien señaló que en el mundo este tema se enmarca dentro de "las políticas del tiempo, que incluyen todos los usos que las personas tenemos en nuestra vida cotidiana, no solamente lo laboral, entra en juego nuestra vida familiar, recreativa, el ocio, el esparcimiento, la educación".

En Argentina, "nos estamos regulando por una política que es totalmente anacrónica, que no responde a la época que estamos viviendo. Las políticas del tiempo, sobre todo en Europa, hace ya 30 años que se vienen discutiendo", agregó.

El antropólogo también subrayó que "ya no tiene sentido la jornada laboral de ocho horas pensada en un ambiente fabril" porque "hoy en día los teléfonos, las computadoras, los mails ponen el trabajo permanentemente 'en línea'. Pareciera que nunca terminamos de trabajar. Y eso tiene un impacto en la salud".

En contra de las propuestas, Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, sostuvo: "Nosotros creemos que no debe modificarse el régimen de jornada laboral, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial". "No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción de la jornada", dijo y aseguró que sí "van a aumentar los costos laborales, en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo".

Sobre las iniciativas que hablan de reducir a 6 horas diarias y 36 o 30 semanales, "sin que esto implique reducción salarial, significa aumentar el costo de la hora trabajada para el empleador", aseveró Juárez Ferrer y consideró que "deben desecharse los proyectos que reducen la jornada laboral sin reducción de coste salarial".

En la misma línea, Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, afirmó que "ya dos de cada tres trabajadores en Argentina hacen una jornada laboral reducida, con lo cual un punto a favor es que la ley se adecuaría a algo que ya está sucediendo". Sin embargo, "solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo asalariado registrado", indicó.

La economista precisó que los trabajadores argentinos trabajan en promedio "40,2 horas semanales". "Los potenciales beneficiados por un cambio en la legislación van a ser un 15% de los ocupados", apuntó y estimó que "pasar de ocho a seis horas tendría un costo laboral de 33% para las empresas".

Giordano insistió que estos cambios "no van a tener muchos efectos e incluso pueden traer dolores de cabeza a las empresas"; aunque sí se mostró a favor que se fomente el teletrabajo, "que sí tiene evidencias de mejorar la productividad".

A su turno, Julián Marchisotti, de la Comisión Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, expresó que a este tema "no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad, sino de un punto de vista social y humano, porque atrás de esto hay personas, que no son consideradas mercancía -por suerte- desde hace siglos". "Hay que buscar medidas para que la calidad de vida vaya en aumento y no en retroceso. Un trabajador fatigado es más propenso a sufrir accidentes de trabajo. Una jornada reducida va a tener un trabajador más predispuesto", añadió.

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Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, disintió con Juárez Ferrer y Giordano, al observar que "se analiza a la jornada de trabajo simplemente como un instrumento de política de empleo o de mejora de la productividad. Bueno, no es eso. La jornada de trabajo es una garantía constitucional y convencional, elevada a la categoría de derecho humano básico".

En el mismo sentido, Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, resaltó que "es el trabajador o la trabajadora el sujeto de preferencia en tutela constitucional" y "el mercado se debe sujetar a los trabajadores y no al revés", basado en fallos como Vizzotti o Aquino de la Corte Suprema.

"Es necesario modificar el régimen de jornada laboral porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a aquella prevista hace 100 años, pero esta modernización debe realizarse dentro de un marco constitucional y respetando los convenios de la OIT suscriptos", expresó.

En la reunión también expuso María Agustina Chaves, delegada de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, quien arrancó: "La derecha y la clase empresarial, a través de los distintos gobiernos que la representan, como es el caso del gobierno de Javier Milei, intentan quitar derechos a la clase trabajadora, que los ha conseguido a través de los años con lucha y organización, para de esta manera seguir favoreciendo a un puñado de multimillonarios".

Recordó que en 2003 el gremio logró la reducción de la jornada laboral a seis horas para el sector de tráfico y un año después para el sector de boleterías, lo que otorgó a los trabajadores "tiempo para estudiar, tiempo de ocio, tiempo con los hijos e hijas". "Todo eso que decían de que la empresa se iba a fundir y se iba a ir, era una mera extorsión, porque la empresa no sólo se quedó y tuvo que contratar muchísima gente, sino que hoy, a 21 años, sigue al frente de la concesión del subte", subrayó.

En referencia al proyecto de "desconexión digital", Alelí Prevignano, del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, celebró esta iniciativa porque "en este concepto de 'Onlife' que se está estableciendo en el marco de las relaciones de trabajo, el trabajador está todo el día a disposición del empleador. No importa qué límite de jornada tenga". "El WhatsApp lo tenemos todos 7x24 y hay una mala adecuación y mala responsabilidad empresaria de no prohibir el uso de esa herramienta, que es tan común y humana, en el marco de las relaciones laborales", señaló.

Avanzado el encuentro, el abogado Jorge Samouelian expresó: "Mi convencimiento es que con estos proyectos lo que producimos es lo contrario a reducción de costos". "Hoy el tema es mejor dejarlo como está y respetar los regímenes vigentes y la autonomía colectiva. La jornada ha sido adecuada a la realidad de cada actividad por la negociación entre sindicatos, quienes defienden los derechos de los trabajadores, entidades empresarias y avaladas por el Ministerio. Cuando queremos hacerlo por ley, abarcando a todos los trabajadores y sectores, pecamos por los hechos", opinó.

De izquierda a derecha, los diputados de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni, Manuel Quintar y Gabriel Bornoroni (Foto: HCDN)

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para este martes 28 a las 10, con el fin de retomar el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Los proyectos prevén la modificación de la Ley 11.544, la cual está vigente desde 1929. También se completará la designación de una secretaría, que está reservada para el bloque Hacemos Coalición Federal. Según pudo saber paralmentario.com, ese lugar será ocupado por el diputado Jorge Avila (Chubut).

Este debate será retomado tras casi siete meses desde el último encuentro en octubre del año pasado.

Este debate ya tuvo dos reuniones cuando la titular de la comisión era Vanesa Siley. En la primera, expusieron organizaciones de empresarios, quienes se opusieron rotundamente a la reducción de la jornada laboral. En contraposición, la segunda reunión tuvo como invitados a referentes gremiales quienes avalaron la propuesta.

El actual presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el radical Martín Tetaz, se había mostrado a favor de la cuestión, pero propuso entonces que “sería bueno crear condiciones para que las empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4 días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”. Esto se ve reflejado en el proyecto que finalmente impulsó.

Con relación a la propuesta de la reducción de la jornada de trabajo y otras modificaciones al régimen laboral, en el temario de la reunión hay once proyectos impulsados por: siete de Unión por la Patria (en ese entonces Frente de Todos); uno del Frente de Izquierda, de Nicolás Del Caño; uno presentado por el exdiputado socialista Enrique Estévez; y dos de la Unión Cívica Radical.

El detalle de cada proyecto 

Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el Socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.

A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.

Del mismo modo, será tratado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto ya fue aprobado por Diputados en 2014, pero no fue tratado en el Senado y perdió estado parlamentario.

Por su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz y otro de Julio Cobos. La iniciativa presentada por el economista ya había sido tratada por esta comisión en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este nuevo texto unifica ambos proyectos.

Así las cosas, el proyecto presentado por el titular de la comisión propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el plazo de 3 a 6 meses.

Mientras que el del mendocino impone la efectivización de las propinas a través de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al BCRA generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido.

Una vez confirmado que las modificaciones a la legislación laboral impulsadas desde el radicalismo se sumarán al proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se dispuso este martes la convocatoria a una reunión de comisión para comenzar el debate del tema en la Cámara baja.

Así, tal cual había adelantado parlamentario.com el fin de semana, este miércoles por la mañana habrá una reunión informativa, con representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias, que expondrán en el marco del análisis y consideración de la reforma laboral.

La novedad es que será en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, lo que implica que la misma se sumará al plenario que tratará el proyecto de ley de Bases.

Completado este trámite informativo, si hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista respecto de los temas más ríspidos que quedan para analizar y se garantiza así que el proyecto cuente con los votos suficientes cuando llegue al recinto, se convocará para la misma tarde del miércoles al plenario de comisiones que emitiría entonces dictamen de la ley de Bases.

Para el día siguiente quedará el análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce José Luis Espert del paquete fiscal, llamado Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Las dos leyes que buscará aprobar el oficialismo entre el lunes y martes venidero.

En la intensa jornada de este miércoles en Diputados, se conformó la Comisión de Legislación del Trabajo bajo la presidencia del radical Lisandro Nieri (Mendoza) y será clave para llevar a cabo el tratamiento de la reforma laboral que propone el Poder Ejecutivo, un tema que es reclamado por la oposición dialoguista y que se encontraba en el mega DNU 70/23, cuyo capítulo fue anulado por la Cámara Nacional del Trabajo.

Desde el Anexo "C", la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, propuso a Nieri al frente de la comisión y destacó que es economista de la Universidad Nacional de Cuyo, que ocupó cargos oficiales representando a su provincia tales como ministro de Hacienda de Mendoza entre el 2017-2018 y entre 2018-2019 se desempeñó como ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en Mendoza.

“Creemos todo el bloque que es muy merecido el lugar para el diputado. Nos honra y sabemos que va a traer debates estratégicos, democráticos y, por sobre todo, va a generar los cambios profundos que la sociedad argentina necesita en materia laboral”, argumentó.

En tanto, por el bloque Unión por la Patria la diputada Vanesa Siley comunicó que harán reserva de lo nombres para los cargos de vicepresidente y secretaria. La Libertad Avanza, en nombre de su titular Oscar Zago, también dejó reservado el nombre de la secretaría segunda, al igual que Hacemos Coalición Federal por la secretaría tercera.

La vicepresidencia segunda fue para el diputado del Pro Sergio Capozzi (Rio Negro), quien fue definido por su espacio como abogado de “sobrada” experiencia en la materia, que cuenta con especializaciones y cursos en la Universidad Austral y de Buenos Aires.

Tras ser elegido, Capozzi agradeció la postulación y expresó entre risas y de forma breve: “Espero no defraudarlos. Algunos que están acá vamos a compartir aviones. Gracias por la confianza”.

Al tomar la palabra, Nieri celebró la constitución de la comisión “sumamente importante que tiene un montón de desafíos pendientes reconociendo las dificultades que tiene el trabajo, la altísima informalidad, la altísima contingencia con la que se enfrentan nuestras PyMEs nos obliga y compromete a una agenda bastante extensa en la comisión”.

Así, propuso que las reuniones sean los días miércoles a las 10 y eventualmente los días de sesión llevar a cabo el encuentro previamente.

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para recibir consideraciones sobre el proyecto de ley sobre Comité Mixtos y avanzar en el tratamiento del proyecto.   

Según se informó, durante el encuentro se hizo hincapié sobre la importancia del diálogo para continuar en la construcción del proyecto con la participación de todas las partes. 

“Nos reunimos con representantes de la Cámara Argentina de Comercio para dialogar sobre el proyecto de ley de Comités Mixtos que venimos tratando en la Comisión de Legislación Laboral”, expresó al cabo del encuentro la diputada Siley, para quien resulta “clave” el intercambio entre los legisladores y los diversos actores que intervienen en este tema “para enriquecer el proyecto con la participación de todas las partes”.

Cabe recordar que el pasado 6 de julio se realizó precisamente en la Comisión de Legislación del Trabajo la segunda reunión para analizar los proyectos que existen sobre el tema. El debate se había iniciado el año pasado con la presencia de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y en esa segunda reunión participaron representantes de todos los sectores que expusieron sus posturas, en general favorables a la creación de los comités mixtos.

Hay cinco proyectos en consideración -entre ellos uno del Ejecutivo-, sobre los que se trabaja para elaborar un proyecto definitivo sobre la creación de comités mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar accidentes laborales y afirmar el derecho a un dominio sindical seguro y saludable. 

El proyecto del Ejecutivo fue presentado el 7 de octubre de 2021, luego de una reunión que mantuvo el presidente con dirigentes de la CGT y la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa. “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”, dijo en esa oportunidad el presidente Alberto Fernández.

Qué dice el proyecto

La creación de ese comité será obligatoria en los lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.