Referentes sindicales respaldan reducir la jornada laboral, frente al rechazo de empresarios y académicos

El sector gremial hizo hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la norma vigente. Desde el sector empresarial, abogados y especialistas académicos criticaron los proyectos, coincidieron en que “bajar las horas de trabajo no implica mayor productividad” y que “no es el momento adecuado del país para hacerlo”.

La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo de la oficialista Vanesa Siley, llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa para debatir la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo, con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.

El encuentro contó con la participación y disertación de representantes gremiales que respaldaron la iniciativa la hacer hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la normativa vigente. Por el contrario, del sector empresarial, académicos y abogados criticaron los proyectos, señalaron que no hay evidencia técnica que demuestre que “reducir las horas de trabajo implica mayor productividad”, y plantearon que “no es el momento adecuado del país” para lleva adelante esta propuesta.

Al inicio, Siley sostuvo que el tema “ha generado en la vida social repercusión y gran debate”, y recordó que en la reunión anterior asistieron nueve expositores, entre ellos la ministra de Trabajo Kelly Olmos. También informó que se contactaron desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quienes manifestaron sus ganas de poder asistir, pero aclaró que “quedará para las próximas reuniones informativas porque requiere de todo un tiempo de preparación”.

Así, la titular de la comisión enumeró algunos puntos que surgieron del debate anterior para poder incorporarlos al dictamen futuro, tales como la desconexión digital por una necesidad de “programación progresiva”, y la discusión de las diferentes realidades laborales del país para que “puedan ser contempladas”.

También confirmó una tercera reunión en dos semanas, debido a que la que va del 9 al 12 (porque es fin de semana largo) habrá sesión de la cámara.

La palabra de funcionarios y gremialistas

Héctor Daer, secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) despojó la iniciativa de una cuestión electoral al recordar que su sindicato en el 1ro de mayo anunció que “este año íbamos a trabajar la reducción de la jornada laboral”. “No es bueno que se pongan cuestiones terminantes de ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’”, indicó y mostró datos de un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde México tiene 48 horas laborales que “tramita la reducción”, Chile 45 horas “que ya la redujo posterior a esto”, y los demás están en 40 horas como Francia.

“Argentina aún tiene 48 horas y eso nos tiene que hacer pensar que estamos fuera del mapa”, señaló y se refirió a la falta de igualdad entre el hombre y la mujer al explicar que “cuando se habla del tiempo de trabajo es la mayor cantidad de tiempo de su vida activa que realiza. Todos pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa con la familia porque, no solo tenemos la jornada laboral sino también horas de viaje. Esto también cambió con el tiempo hace 100 años la cercanía al trabajo era mucho mayor que ahora y esto se modificó en los últimos 40 años”.

Daer consideró que “es fundamental discutir también la distribución de la jornada sobre cómo adecuarlo que tiene que ir por la vía de los convenios colectivos. Hay que establecer una jornada mínima, plazos para que se articule en los convenios y estoy de acuerdo en que hay que profundizar el debate”.

“Cuando hablamos de productividad empecemos a desagregar quién a lo largo del tiempo se llevó las ganancias y por ahí vamos a entender el camino que estamos buscando, que no hay que acelerar ni condicionar porque si no, no sale más esta ley. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental en la reducción de hora”, concluyó.

En su intervención, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que el debate sobre licencias parentales -al cual también asistió- está relacionado con la reducción de la jornada laboral algo que “es fundamental”.

“Era hora que empecemos a debatir una jornada laboral que se definió hace 100 años, mismo con las licencias que es algo que se definió hace décadas y es necesario plantearlo”, indicó y asimiló: “Debemos pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado y el trabajo reproductivo y de cuidados, por eso los relaciono a ambos temas”.

Díaz planteó que cuando se habla de jornada laboral: “Tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos el tema y hay que ser precisos en relación a todas las características que esta ley tenga”, y señaló que “cuando debatimos el trabajo también tenemos que tener en consideración las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo”.

“Cuando hablamos de jornada laboral hablamos del trabajo productivo, pero también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado”, reiteró. Así, comentó que un informe de Brechas de Género Laborales de Ingresos de 2023 elaborado por Hacienda bonaerense da un impacto donde “las mujeres promedio trabajamos mucho menos en el primer trimestre que varía según las edades”.

En tanto, detalló que “los varones en promedio trabajan 40 horas, pero sabemos que hay subocupaciones, aunque las mujeres trabajan 28 horas y hay brechas horarias en el trabajo formal muy significativas. Cuando hay sobreocupación las realizan los varones y eso hace a las brechas de ingresos, a la feminización de la pobreza y el tiempo de trabajo no remunerado”. Asimismo, precisó que las mujeres en promedio trabajan 6 horas y media en un trabajo no remunerado, que es el 75%, en cambio los varones la mitad.

“Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, nos parece que es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, consideró y analizó: “Vamos a un núcleo de desigualdad estructural de ingresos que hace al 27% promedio menor de los ingresos de las mujeres”, por lo que sugirió que la “reducción de la jornada mirando estas consideraciones es un factor que va a contribuir en el camino con otras medidas como la reducción de las brecas laborales y la división sexual en el trabajo y avanzar en una transformación cultural”.

A su turno, el exdiputado nacional y abogado laborista, Héctor Recalde, no coincidió con la postura que manifestaron desde la UIA y, por el contrario, destacó: “Volver a una limitación de la jornada como se está proponiendo después de casi 100 años, ¿vamos a esperar al 2029? felicito la iniciativa porque lo intentamos varias veces que se lleve a la práctica y seguimos con una legislación antigua que no comparece con la realidad”.

“No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Si aumenta la producción a los empresarios les tiene que interesar”, contradijo y agregó: “Reducir los accidentes laborales también reduce los costos del trabajo”.

En ese sentido, sostuvo que “no se justifica que sigan existiendo las aseguradoras de trabajo que son entidades de lucro”. “Seamos modernos, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años”, pidió y mencionó que hay muchas actividades que ya cuentan con una reducción de horas.

En sintonía con las declaraciones de Díaz, manifestó que “es difícil alcanzar una igualdad por cuestiones sociales y culturales, es una utopía llegar a esa igualdad, pero vamos escalonando para llegar a esa igualdad”. “No entiendo que hoy en día se niegue a trabajar un poco menos, si el derecho laboral no creo ni destruye empleo, lo que hace es regular las jornadas, la economía es la que genera empleo. Probemos esta decisión por unos meses a ver si da resultados, si estuvimos 6 años con este sistema, porque para nosotros si aumenta la productividad”, cerró.

Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cuestionó que en algunas exposiciones se plantea la reducción laboral con la productividad “o sea las con las ganancias de las empresas y capitalistas, de eso se trata cuando se habla de productividad del trabajo. Es la plusvalía que se les extrae a los trabajadores, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos, de eso se trata”.

“Se trata de los trabajadores que en sus lugares de trabajo tienen que soportar pésimas condiciones laborales que no tiene seguridad que les garantice su propia vida, esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, sino también en la sangre de los trabajadores”, denunció.

Para Dellecarbonara el planteo “no se puede hacer si a la empresa, al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias o una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado porque se ha dicho que en las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de la productividad enorme y eso significa que los trabajadores somos más pobres, trabajando lo mismo o más”.

“Tenemos la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado”, expresó y criticó a “las empresas y a los bloques que los defienden los intereses de los patrones plantean todo como costos laborales. Son horas del trabajador sin ver a la familia, sin poder estudiar, sin poder tener ocio, algo que si se dan el lujo los empresarios. Ellos tienen el derecho a navegar, a andar en caballo”.

Al igual que los expositores preopinantes, reiteró: “Son los mismos que nos dicen que no podemos discutir una reducción de la jornada que tiene más de 100 años en el país”, y lo comparó con “la lucha” de los trabajadores del subte. Propuso una reducción laboral de 30 horas semanales sin afectación del salario que sea equivalente a la canasta básica, para “la creación de puestos de trabajo genuino ante un ajuste que sufrimos hace años de distintos gobiernos”. En tanto, invitó a los representantes gremiales a que cada uno baje la discusión en su sector para “imponerlo y lograr un avance”.

En su presentación, Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, celebró esta iniciativa de reforma y cuestionó que cuando se habla de reformas “ciertos sectores de centroderecha piensan en ir para atrás para preservar el statu quo. Esta es una reforma inclusiva”.

“Es una tendencia mundial, no es un capricho es algo que pasa en el mundo. El impacto de la reforma es en el bienestar del trabajador y de forma distributiva son centrales, no sé si tiene tanto impacto en la formación de trabajo. Incentiva al empresario a buscar rentabilidad no vía la intensificación del trabajo, sino de otra manera como afectando la organización del trabajo o aplicando tecnología. Solo afecta a los trabajadores sobre ocupados, no a todos, no es algo general”, precisó y cerró: “Esto no va a afectar al trabajador informal”.

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Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de FATICA, insistió en que es una ley que tiene casi 100 años y que en el mundo se discute y se debate la reducción de la jornada laboral y en algunos países ya la han implementado que “generaron condiciones favorables a los trabajadores”.

Sostuvo que los datos que se dieron de las jornadas semanales en Latinoamérica son “incorrectos” porque “la jornada laboral más extensa la tenemos acá en Argentina con el máximo permitido que son 48 horas semanales y la anual superan la de los países industrializados”.

Entre los beneficios destacó la “recomposición salarial, la salud y la calidad de vida, disminución de la ART para las empresas, redistribución de los cuidados de forma equitativa y equilibrada domésticos, tendrían más tiempo disponible, aumento de la productividad, reducción de combustión y de energía, circulación de personal, creación de puestos de trabajo, entre otras”.

“La jornada reducida existe en el marco de la realidad y existe hace muchos años porque existe la solidaridad de los trabajadores entre sí a través de las organizaciones laborales”, cerró.

En su alocución, Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA, destacó la autocrítica del sector empresarial cuando “expone que no pueden tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo, la precarización del trabajo”.

“Quieren poner arriba de la mesa argumentaciones que carecen de una realidad efectiva. Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achuicar derechos estaríamos al revés porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no. Se trata de mejorarles la calidad de vida a las personas y darle una mejor calidad integral a la sociedad”, criticó.

En esa línea, remarcó que la reducción de la jornada no debe ir en sintonía con una reducción salarial porque “estamos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cierta medida, se lo aumentamos”. Así, aclaró que “no son medidas electorales, son los momentos que vive el país y lo necesita y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para dar empleo a millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad”.

“Hay cosas por revisar, lo sabemos porque una legislación de esta naturaleza amerita que se vea todo completo. Disiento con algunos de mis compañeros respecto de la productividad que se logra con organizar el trabajo y la tecnología, y debemos estar preparados porque vamos a tener un año de crecimiento y la economía se va a potencia gobierne quien gobierne y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se deuda rápidamente distribuir y que saquen de la informalidad a millones de ciudadanos”, expresó y finalizó: “Tenemos que mirar para adelante”.

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La visión cordobesa

El vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, afirmó que van a colaborar “en las iniciativas que generen mas trabajo, despejen las trabas que existen”, pero cuestionó que la discusión sobre la reducción de la jornada “es inoportuna en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica”.

“Debe darse en un marco de consenso, sin presiones ni contexto electoral. No podemos discutir esto sin antes pensar en condiciones de base como el acceso al trabajo, un problema estructural de ahora”, enfatizó y enumeró: “La política económica sin control como inflación, gasto público, política de cambio, la perspectiva de trabajo es hacia la retracción de la actividad”.

Respecto de la informalidad, sostuvo que “no es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según INDEC con un índice de ocupación que esconde formas de trabajo informal como el monotributo, familiar no remunerativo. Además, 3,6 millones de trabajadores asalariados no poseen descuentos jubilatorios”.

Hay que enfocarse primero en reducir la informalidad en vez de la jornada laboral. Argentina es en el cono sur el país con menos creación de empresas por cantidad de habitantes seguido de Venezuela, por ende, si no hay oferta de empleo no se supera la demanda”, detalló y remarcó que el empleo de baja calidad, informal y público “nunca puede ser la oferta en un país que quiere crecer”.

Según Uribarren en los últimos 6 años se incorporaron al mercado 3,2 millones de personas, solo el 10,8% son asalariados formales, el 47% son cuentapropistas y el 41% son asalariados no registrados. “El empleo crece en el monotributo y la informalidad donde no hay reducción de la jornada. No hay eficiencia de la formación”, cerró. También disertó Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.

“Menos horas no implica más productividad”

En contraposición al proyecto, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, ratificó la exposición del vicepresidente de la entidad Julio Cordero la semana pasada, señaló que “no es adecuado el momento en el que se ha decidido avanzar en este complejo tema”.

“En la actualidad el país atraviesa una innegable crisis económica y con casi el 40% del empleo informal. Por ende, no parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos sin las debidas consultas, análisis técnicos y económicos necesarios”, planteó.

En esa línea, advirtió que esa reforma “solo aumenta la presión sobre el sector formal y no consideran a los trabajadores no registrados”, al tiempo que indicó que “el foco debería estar en hacer los máximos esfuerzos en formalizar el empleo”.

“Una discusión de esta naturaleza debe hacerse con una estructura socioeconómicas estables y previamente deben estabilizarse las condiciones macroeconómicas y reducir el empleo informal”, ratificó y expresó: “Nos cuesta entender cómo un tema de esta magnitud y trascendencia en materia laboral, relaciones y costos no haya sido precedido de un efectivo diálogo social tripartito para discutir de manera adecuada y pormenorizadamente todas las alternativas y efectos que la norma implica”.

Etala recordó que fue la OIT el que determinó la jornada laboral de 8 horas y 48 semanales, por lo que consideró que “un tema de esta magnitud hubiera requerido necesariamente otro tipo de tratamiento tripartito que no puede ser comparencia de sectores empresariales al Congreso, es algo que se tiene que tratar de forma macro y con diálogo social”.

A su vez, cuestionó que algunos proyectos “están pensados para el marco de la pandemia que hoy ya no existen y otros analizan la necesidad de descanso que ya existen con las normas de limitación jornadas, y a la siniestralidad se la combate con el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad”. También afirmó que es “voluntarista de todo fundamento técnico” que la reducción de la jornada mejora la productividad.

“No se puede reducir genéricamente todas las jornadas de las diversas modalidades de trabajo. No es justificable reducir una jornada de seis horas porque es la adecuada, lo mismo sucede con los trabajos que requieren mayor tiempo de trabajo y diversidad de descanso. Bajar la jornada alegal manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36% y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente aumenta el costo de los productos”, explayó.

El empresario alertó que “en las actuales condiciones reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y más inflación. Los países que lo jornada tiene una realidad distinta a la de Argentina, ya que la producción se encuentra estancada hace 10 años, la inflación es alta y no se generan empleos de calidad. La actividad privada contrata a 6 millones de trabajadores, por lo tanto, se crean empleos informales”.

“En este escenario reducir la jornada solo generará más inconvenientes y, no solo no se va a generar empleo, sino que va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo”, advirtió y remarcó que “no se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas de país lo permiten. Argentina tiene un índice de desempleo del 6%. Una ley así solo recaerá sobre los trabajadores formales, mientras que los informales no tendrán reducción de jornada o los otros beneficios, la legislación recae solo en una parte de los trabajadores que son los registrados y que deberán aceptar el cumplimento de la ley”.

Y cerró: “Cada actividad o empresa regula la jornada de acuerdo a su realidad y eso no puede establecerse de forma genérica. Esta norma afecta seriamente a la productividad y la competitividad, no es cierto que trabajar menos aumenta la producción porque es algo que carece de sustento técnico”.

Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que proyectos generales “no son representativos de la realidad de cada sector y de cada actividad”, al tiempo que afirmó comprender la inquietud del empleador, pero “no vemos que sea el momento para discutir esto. Las leyes zona temporales, no se pueden regir por un momento y en las PyMEs no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.

Del lado de los referentes académicos Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que son proyectos que tratan de reducir una jornada legal que establece un máximo de 8 horas, sin reducción salarial cuyo costo “debe afrontar el empleador”, sin previsión de realizar horas extras, pero “es probable que sigan trabajando la misma cantidad de horas, pero se las van a facturar como horas extras”.

“Las buenas intenciones de decir que los trabajadores van a trabajar menos, es realidad van a trabajar igual y cobrar un poco más y se va a traducir en un aumento de salario compulsivo que va a tener que cubrir el sector privado como todas las decisiones de pandemia de cerrar la empresa, pero seguir pagando las prestaciones dinerarias y cumplir con todas las obligaciones”, criticó.

Yasín coincidió con Etala respecto de que “si uno trabaja menos horas, producirá más”, y dejó entrever que “puede pasar”, pero “habría que introducir otros elementos porque técnicamente la inercia normal es que si trabajo menos produzca menos”. También, compartió la idea de que hay que ver cada actividad, ya que “se ha generalizado todo esto y es un defecto esto porque hay actividades que pueden soportar costos y otras no”.

“Tenemos problemas con la economía, pero no con problemas de ocupación de acuerdo a los índices que publica INDEC”, chicaneó y subrayó que Argentina no ratificó el convenio de la OIT que establece las 40 horas semanales.

Yasín cuestionó que se eludió el derecho comparado en los proyectos, y ejemplificó: “Europa y los países nórdicos donde han bajado la jornada, pero la realidad es distinta, hay mucha productividad, los sueldos son buenos y se trabaja un día menos”. Recordó que el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo que “bajó lo siniestralidad laboral”.

Por otor lado, señaló que, de acuerdo a un informe de hogares, el 66% trabaja menos de 40 horas de la jornada legal, el 19% entre 40 y 48 horas y 15% más de 48 horas, por lo que 2 de cada 3 trabajadores trabaja menos de 40 horas.

Estos proyectos no tienen ninguna utilidad, no contribuyen a disminuir el trabajo no registrado que es el 42% laboral según INDEC. No van a generar empleo porque el empleado va a preferir pagar horas extras”, precisó y opinó: “No sería aconsejable dictar este tipo de normas pese que las intenciones son buenas en estas condiciones del país”.

También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.

Con muchos invitados, siguen debatiendo sobre la reducción de la jornada laboral

Será este miércoles a partir de las 16.30, en el marco de una reunión a la que han sido invitados a una comisión de Diputados representantes gremiales y especialistas.

La segunda reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo para continuar con el tratamiento de los proyectos de ley de reducción de la jornada laboral se realizará este miércoles a partir de las 16.30.

Será una reunión informativa a la que fueron invitados a exponer Héctor Daer, secretario General de la CGT; Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA; Ricardo Diab, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires; Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA); Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina; Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, y Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.

También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA); Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, y los dirigentes Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.

Con esta nómina de invitados, se espera continuar con el esquema de diálogo social tripartito con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.

Con representantes gremiales invitados, Diputados vuelve a debatir sobre la reducción de la jornada laboral

La reunión está prevista para el próximo miércoles a las 16.30. Será la segunda reunión informativa para debatir entre siete proyectos que establecen reducir la carga laboral entre 40 y 36 horas semanales.

A cargo de Vanesa Siley, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles a las 16.30 para continuar con el debate de los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral.

Las siete iniciativas que hay sobre el tema se dividen en, cinco de los oficialistas Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo, y las dos restantes de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y el socialista Enrique Estévez.

En la primera reunión estuvieron invitados: Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma; Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores; Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Pablo Anino, editor de la sección economía de La Izquierda Diario; y la ministra de Trabajo Kelly Olmos.

Para la próxima semana fueron invitados representantes gremiales y especialistas quienes expondrán sobre la Ley de Régimen de Jornada Laboral y las modificaciones sobre jornada máxima laboral.

Los proyectos a considerar

La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de 6 horas diarias o 30 semanales; mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky -quien había anticipado el 11 de septiembre pasado el inicio de este debate-, propone que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales.

Por otro lado, el socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

Con voces de todos los sectores, arrancó en Diputados el debate sobre la reducción de la jornada laboral

Fue en una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde hubo numerosos invitados que incluyeron la experiencia internacional. Muchas voces a favor, las dudas planteadas y el cuestionamiento de la UIA.

En el marco de una reunión informativa, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas,  uno de la izquierda y el restante del socialismo.

Fue el primer encuentro desarrollado en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, cuya presidenta, Vanesa Siley (FdT) aclaró en el inicio de la reunión que este será el primer encuentro, pero no el último, e informó que “la CGT va a estar presente en la próxima reunión y también algunas cámaras empresariales que nos pidieron participar”.

“Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales”, señaló la oficialista y dijo entonces que se trata de “modernizar y actualizar la legislación laboral, que cumpliría dentro de cinco años 100 años”. “Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral”, expresó.

Al comparar lo que ocurre en otros países, detalló que “hoy acaba de tener dictamen en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de México y está próximo a pasar a recinto; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador fue en el año 1983 que se redujo a 40 horas”.

Por otra parte, en Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo “solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días”. De acuerdo con los resultados, “se ve notablemente incrementada la productividad, una baja en el ausentismo, baja en accidentes laborales, lo que trae como consecuencia la baja de un costo”, destacó. Y añadió que además apunta a “mejorar la calidad de vida no solamente en términos físicos, sino de salud mental”. “Todavía no se ha encontrado en todas las experiencias del mundo ningún aspecto negativo”, sumó.

Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que “hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada” y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia “era necesario sentarse y pensar en este derecho”. “Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina”, apuntó.

La dirigente de La Bancaria defendió que “es una medida que tiene que ver con mirar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la salud de los mismos”. “Un horario de trabajo que pueda ser mejor compaginado con la vida personal”, remarcó y aclaró que “esta ley, como cualquier otra, no es que viene a prometer cantidad de puestos de trabajo. Esta ley lo que sí va a hacer es una mejor distribución del trabajo y, por supuesto, en algunos sectores de la economía, creación de puestos”.

Al subrayar el aspecto clave de que “este avance no implique una reducción en el salario”, la oficialista afirmó que “las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde”. Por último pidió, sacarse “la mirada desde lo partidario para que esto se convierta en una ley que mejore la vida de todos”.

Los expositores

El primer expositor en hablar fue Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, quien argumentó que reducir la jornada laboral contribuye “en la responsabilidad familiar compartida” entre hombres y mujeres, al tiempo de recordar que “la pelea por la jornada laboral es constitutiva del movimiento sindical; está en el ADN de nuestras organizaciones esta pelea”.

“Tenemos internacionalmente experiencia, pero la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región”, manifestó y aseguró que “no es una cuestión que se nos ocurre ahora”, sino que “se está aplicando y discutiendo en todo el mundo”. Para el líder de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, “indudablemente es tiempo de avanzar y profundizar nosotros en este tema” porque esta medida está “directamente relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo”, además de generar una “mayor igualdad en esta sociedad”.

En contra de la propuesta, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó a los legisladores: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”.

A continuación, Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores, solicitó que se separe la cuestión del “tiempo de trabajo” de la “productividad” porque “sino parece que la productividad depende del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador”, por lo que remarcó que “ese no es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad”.

Así, definió a la productividad como “lo que se puede lograr en la producción a partir de aplicar determinadas técnicas, herramientas y capacitación requiere una inversión por el lado patronal para poder lograr una productividad que no necesariamente tiene que ver con la extensión de la jornada ni la carga del trabajo”.

“Cuando los sindicatos formamos parte de la organización del trabajo, cuando el propietario invierte la productividad y eso no quiere decir que haya que trabajar de más. O sea, lograr mayores resultados no implica una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una discusión pobre”, señaló el secretario de FOETRA.

En tanto, planteó que “la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada. Es absolutamente necesario que el Congreso pueda llevar adelante una normativa general donde los sindicatos podamos discutir en cada ámbito la implementación sobre la base de una ley que motiva, dispara y da un marco necesario”.

A su turno, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”, expresó que “el trabajo es fundamental para ordenar una sociedad, pero el trabajo con derechos”. “Son derechos humanos consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional”, afirmó.

En relación a las causas porque las que se mostró a favor de la reducción de la jornada de trabajo, explicó que “si hubo un síntoma de reducir las jornadas fue la salud de los laburantes”, y amplió: “Luego de ver la salud deplorable de los trabajadores que eran de 16 y 17 horas, vino la reducción”, a principios de siglo XX.

“Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable”, concluyó.

El otro integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de julio”,

Luis Padín, mencionó que “la disminución de la jornada laboral debe ser sin pérdida y que reparta el trabajo existente”. En tal sentido, sostuvo que “la creación de derechos ni la destrucción no genera empleo”.

A su vez, destacó que “los operativos pilotos demuestran que la reducción de las aumentan la productividad y reducen el ausentismo”. Finalmente advirtió que “no debe ser aceptado que el convenio colectivo perfore derechos de los trabajadores en distintos contextos”.

La experiencia española

La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. “La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas”, precisó.

“Desde las comisiones obreras defendemos la reducción del tiempo de trabajo por muchas razones que ya se han apuntado. Tiene comprobado efectos positivos, tanto para las empresas como los trabajadores, es la parte más importante. Además, da respuesta a las necesidades manifestadas por los propios trabajadores y da una autonomía. Racionaliza los tiempos, hay que pensar en los usos del tiempo más allá del trabajo, en forma global como escuela, televisión, fútbol”, detalló Faciaben.

A su vez, afirmó que España es uno de los países donde los trabajadores tienen una jornada para comer de 2 horas y donde las personas “más trabajan a partir de las seis de la tarde, o evitar trabajos nocturnos o a contra turno”. “Facilita y equilibra la vida laboral y personal, la corresponsabilidad entre progenitores, también puede reducir la dualidad de los mercados de trabajo donde los hombres tienen jornadas muy largas y horas extras mientras que las mujeres tienen horas reducidas, ayuda a las empresas a dar puestos de trabajo, reduce el ausentismo y las faltas en el trabajo, también impacta en la sustentabilidad del ambiente al reducir los desplazamientos y tiene impactos positivos en la salud física y mental”, enumeró.

“Puede llevar a mejoras de la productividad por todas las ventajas y la calidad del empleo y el salario, son factores positivos que permiten más ese ser más productivo”, destacó y advirtió que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, que sea una negociación mediante acuerdos, no debe ser “una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición”, no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque “no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales”.

Pablo Anino, editor de la sección economía de La Izquierda Diario, colaboró en el proyecto que presentó el diputado nacional Nicolás Del Caño (FIT) y expresó: “es tratar esto porque contrapone a la agenda de la ultraderecha”, como así también agregó que “los salarios se cayeron el gobierno de Mauricio Macri y por la devaluación de Sergio Massa y el FMI”.

“Nosotros planteamos que, además de la reducción de la jornada, que nadie ganes menos de la canasta básica, sin flexibilidad y sin bajas de salarios”, señaló Anino, y añadió: “Bajo estas condiciones, esto debe ir con una lucha del sector trabajador”.

Del mismo modo, remarcó que “reivindicamos la lucha mediante una discusión en el Congreso”, pero advirtió que “las centrales sindicales defienden corporativamente los derechos en un país donde hay trabajadores informales y desocupados”.

A su vez, consideró que, en caso de darse la reducción de la jornada de trabajo, “en las 12.000 grandes del país, se podrían generar 1,1 millón de nuevos trabajadores”. “Esto mejoraría las condiciones de vida de la clase trabajadora porque el trabajo bajo el capitalismo es sometido a la explotación”, cerró.

Kelly Olmos a favor del proyecto

El cierre del tramo destinado a oradores invitados correspondió a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, quien adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector.

la funcionaria señaló que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.

“No es un tema ideológico”

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que “veo que los países de mayor índice Gini que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca”, y afirmó que “no es un tema ideológico porque lo discute la derecha inglesa”.

Asimismo, planteó que “las empresas más importantes fueron al calor de esos derechos laborales y los líderes del mundo se lo están debatiendo y se lo están planteando”. “Argentina tiene prestigios en el mundo con los derechos humanos y laborales”, indicó.

“El mundo está planteando nuevos desafíos y hay menos fuentes de trabajo. Ojalá esta reducción permita que se tomen otros trabajadores que quedaron fuera del mercado de trabajo. Bienvenido este debate”, cerró Valdés.

Desde la oposición, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar “a favor de la reducción”, y explicó que “los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir”.

Sin embargo, propuso que “se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada”. “No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos”, señaló.

Del mismo modo, planteó: “Hay sectores que no tienen sentido por ejemplo en tareas de cuidados y una serie de empleos, donde la norma no puede ser de carácter general”. A su vez, añadió: “Los incentivos son el camino correcto y el Estado debe llevar ese experimento que son de participación voluntaria”.

“El conjunto de regulaciones puede tener un impacto, pero estaría bueno crear condiciones para que las empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4 días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”, concluyó.

En el cierre, Daniel Arroyo (FdT) agregó: “Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos”, pero aclaró: “Celebro que trabajemos ordenadamente”.

Luego, la diputada María Rosa Martínez (FdT) le respondió a Tetaz respecto a los incentivos que propuso en su intervención y le recordó el tratamiento del proyecto del Empleo MiPyME: “Reducir tareas de cuidado es mejorar la calidad de las horas de trabajo y estamos discutiendo en un país con productividad”, añadió.

Yasky y el proyecto que se viene

El diputado nacional Hugo Yasky afirmó que “nos preocupa resolver la informalidad”, y dejó abierta una posibilidad que contemple una solución que pase por el Congreso: “Estamos trabajando con un proyecto que tiene un objetivo ambicioso, informalidad cero”.

“Sabemos que va a generar resistencias de los sectores empresarios, pero nos va a permitir poner en debate un tema que se utiliza como argumento para postergar avances en la legislación laboral”, explicó respecto la iniciativa en la que se encuentran trabajando desde su bloque.

Para terminar, manifestó que “queremos que la gente trabaje menos para que viva mejor y que viva menos alienado”. “Europa demostró que no hay impacta positivamente en la productividad, es un avance para el sector empresario y la vida es eso que pasa mientras que uno está ocupado haciendo otras cosas”, concluyó.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, dio por terminada la reunión y anticipó que habrá más reuniones informativas con nuevos expositores.

El Ministerio de Trabajo respalda la reducción de la jornada laboral

Así lo expresó la titular de esa cartera al presentarse en Diputados en el inicio del debate de las propuestas que hay sobre el tema.

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, concurrió este martes por tercera vez en pocos días a la Cámara de Diputados para exponer ante una comisión sobre un proyecto puesto a debatir. En este caso, la reducción de la jornada laboral, y al respecto la funcionaria adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, no se puede hacer de un día para otro, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad”.

La funcionaria manifestó de entrada que le era “grato” participar de esa discusión, porque la norma relativa a la jornada laboral “es una de las que en la Argentina ha quedado más rezagada”. En ese sentido comentó que la OIT acepta la existencia de 48 horas de jornada laboral como máximo de jornada semanal. “Con el tiempo, desde el origen de la OIT a la actualidad, ha habido otras normas, como la que plantea como  objetivo para combatir el desempleo la posibilidad de reducirlo a 40”, señaló.

Contó también que en donde se ha planteado la posibilidad de avanzar hacia una reducción, eso ha sido de manera paulatina, atendiendo no solo la posibilidad de descanso, sino también de recreación y planteando un rebalanceo de la distribución de las tareas de cuidado en cada uno de los hogares.

“Si uno ve el mapeo mundial, todavía no hay una posición común, porque tampoco hay un desarrollo homogéneo. Pero mirando por ejemplo las estadísticas de la OCDE, uno puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de la productividad de la economía”, sostuvo.

Sobre el final, la ministra dijo que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.

Desde la UIA dejaron en claro su postura en contra de la reducción de la jornada laboral: “¿Para qué?”

En la Comisión de Legislación del Trabajo, Julio Cordero, representante de la organización de empresarios, cuestionó que “el Estado disponga una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas”.

En el comienzo del debate sobre los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), dejó en claro su postura en contra y se preguntó “¿para qué?” avanzar en este sentido, al tiempo que pidió debatir en el marco de “la realidad y los problemas que tenemos”. 

En su presentación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el representante de la organización que nuclea a empresarios se mostró “a favor del diálogo social” y dijo que este debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”. 

“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó. 

Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó. 

En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”. 

El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó. 

También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó. 

Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”. 

“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”. 

Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista. 

Arrancó el debate de la reducción de la jornada laboral

En el marco de una sesión informativa se inició el análisis de siete proyectos presentados sobre el tema, en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Licencias Parentales: sin acuerdo entre oficialismo y oposición, tres dictámenes llegarán al recinto

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Desde cada espacio defendieron sus dictámenes. También se brindaron detalles de la carga impositiva.

Luego de cuatro encuentros, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este martes para emitir dictamen al proyecto que, en cuestión, fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 para la ampliación de licencias laborales de cuidado, pero al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento.

Al inicio del encuentro, llevado a cabo en el Anexo “C”, y con el quórum reglamentario de cada comisión, Vanesa Siley -titular de la Comisión de Legislación del Trabajo- pasó a enumerar cada proyecto que se puso a consideración y agradeció la presencia de Walter Correa, ministro de trabajo bonaerense, y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, y a representantes de la CGT.

Luego, Siley explicó que son tres los dictámenes a firmar: el de mayoría oficialista, otro de JxC y el restante del interbloque federal. “Sintetizamos 55 proyectos de ley que son de todos los bloques parlamentarios”, resaltó y explicó: “Esto que estamos regulando abarca un universo según las proyecciones del Ministerio de Trabajo de 32.926 personas un universo anualizado, beneficiaríamos a esta cantidad de trabajadores tanto del sector registrado como monotributistas y autónomos”.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo recordó los antecedentes legislativos al respecto y detalló: “Se ha intentado regular, y esperemos que esta sea la última vez, cuatro veces en la Cámara de Diputados en el año 2006,2008,2013 y 2014. También se le dio media sanción en el 2006 y en el Senado de la Nación se ha dictaminado tres veces también esta temática de ampliación de licencias”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, aclaró que JxC presentó un dictamen propio y que han pedido tener hasta mañana miércoles para poder ingresarlo.

Luego fue el turno de la diputada nacional y secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, quien procedió a leer un documento explicando los motivos del texto propio del espacio. “Uno de los signos propios del deterioro de la economía argentina, pero sobre todo de las condiciones de vida de los argentinos es la creciente precarización de nuestro mercado laboral”, arrancó.

“Cada vez son menos los trabajadores que acceden a un empleo estable bien remunerado, con beneficios laborales como la indemnización por despido, la cobertura médica, la ART y las licencias. Casi la mitad de los trabajadores argentinos se encuentran ocupados en puestos de baja productividad, ingresos y con escasa o nula protección social”, alertó Lospennato.

Así, remarcó que en el último semestre el salario real “cayó al nivel más bajo de los últimos 12 años. El 30% de los trabajadores en general y el 30% de los formales son pobres. Son millones de argentinos que, a pesar de trabajar todo el día, no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades básicas de sus familias. Solo el 31% de las personas ocupadas tienen empleos formales en el sector privado, mientras que más de 8 millones de trabajadores son informales. Esta es la realidad que no podemos desconocer y de la que debemos ocuparnos prioritariamente”.

“Pese a los esfuerzos del interbloque de JxC para que la Comisión de Trabajo inicie un debate a esta altura imprescindible sobre la modernización laboral del país, el oficialismo se ha negado sistemáticamente a poner nuestros proyectos en tratamiento”, acusó Lospennato y apuntó: “Pretenden avanzar con una modificación al sistema de licencias que, entendemos, agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social. Otra vez promoviendo leyes sin la correspondiente asignación presupuestaria y desoyendo las advertencias del sector privado respecto de las modificaciones que se pretenden incluir en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Así, adelantó: “Entendemos que no podemos acompañar semejante irresponsabilidad ni en el plenario de comisiones ni mucho menos frente a un eventual tratamiento en el recinto”. Al respecto, Lospennato planteó la necesidad de seguir dando un debate y un análisis presupuestario “que garantice las condiciones de sustentabilidad de la propuesta, vamos a presentar un dictamen alternativo cuya característica principal tiene que ver con la gradualidad en la implementación de las propuestas que aquí están en debate”.

“Es tiempo de debatir profundamente cómo recuperamos la recomposición salarial de millones de argentinos condenados a la pobreza y a la informalidad”, cerró la diputada del Pro.

Por el interbloque Federal tomó la palabra el diputado santafecino Enrique Estévez resaltó el poder debatir “más de 50 proyectos vinculados a licencias. Estamos debatiendo nuevos paradigmas que se están dando en la sociedad que tienen que ver con la posibilidad de ser una sociedad más igualitaria. Este es un debate que se viene dando en torno a la corresponsabilidad a las tareas de cuidado y el desafío de debatir y encontrar un horizonte para los cambios vertiginosos de la economía”, y anticipó que también presentarán un dictamen de minoría.

Por el dictamen de mayoría, habló la diputada Marisa Uceda (Mendoza) remarcó que hubo proyectos de todo el arco político y señaló: “Antes de este momento parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y visibilizar algo que es un secreto a todas voces, la desigualdad que existe en el mundo laboral entre la permanencia y la calidad de empleo”.

“En clave electoralista algunos han olvidado sus propios proyectos que presentaron y los debates que han dado a lo largo del trabajo”, apuntó y subrayó que es “urgente” mejorar la calidad y el acceso del empleo de las mujeres “no puede ser una discusión en clave electoralista. La defensa de los derechos y de las mujeres no puede tener un clima de época, tiene que ser una construcción colectiva, consciente y con compromiso que se sostenga en el tiempo”.

Sobre el proyecto, resaltó que “viene a intentar garantizar esa igualdad de oportunidades porque va a terminar con esas brechas y segregación que sufren mujeres y diversidades a la hora de acceder a los empleos”, y detalló: “La brecha de ingresos ronda en un 30% menos para mujeres, la tasa de actividad 18,4% en puntos porcentuales menos las mujeres, ni hablar de la informalidad donde las mujeres tenemos un 40% de empleo no registrado”. Uceda no dejó pasar el momento para remarcar la ausencia de la oposición: “Hoy no se sientan acá a dar el debate necesario para que esas mujeres accedan a empleos mejores y con registración”.

La diputada mendocina planteó que el proyecto viene a “corregir inequidades” que tiene la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente en el Régimen de Licencias especiales. Así, explicó que “se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija; y 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto”.

También, contó que se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días anuales calendario para tal fin. Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, habrá 3 días corridos, con un máximo de 15 anuales.

Entre las licencias propuestas, Uceda informó que se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable por una única vez por otro período igual, ante una situación de violencia de género y/o de violencia laboral.

Además, remarcó que plantea que “queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período posterior, de modo tal de completar los 126 días”.

Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo; en caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida.

El anteproyecto crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto.

Los restantes dictámenes

El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes. Para personas no gestantes se elevaría escalonadamente (a lo largo de 6 años) de 15 días hasta 45.

En caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del bebé, la persona gestante tendrá una licencia laboral de 30 días para recuperarse. No se suman licencias especiales y en su lugar se otorgan 30 días sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como “razones particulares no planificadas”.

El proyecto de Mónica Fein estipula un término medio, con licencias para personas gestantes de 110 días (entre 15 y 45 días antes del parto y el resto después del nacimiento) y de 15 días para progenitores no gestantes.

En caso de padres adoptantes, plantea una licencia de 65 días para uno de los dos, y para la pareja o persona con la que comparte la responsabilidad parental, 15 días.

El costo impositivo

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, procedió a brindar detalles de la carga impositiva del proyecto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso al analizar el preliminar del texto, afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%, y expresó: “Compartimos todos esos objetivos, para los que hablan de desequilibrio fiscal. Esto aumenta derechos, pero medido en términos de PBI tiene un pequeño impacto. La discusión verdadera es si aumentamos o no derechos, no el costo fiscal, se trata de más o menos derechos”.

“Acá hay dos cuestiones, una de derechos que ha sido ampliamente explicada y otra que se esgrime permanente del impacto fiscal”, sostuvo Heller y se remitió al informe de la OPC

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Tratarán en comisión proyectos de indemnización para trabajadores afectados por las privatizaciones en los ’90

Será en una reunión de Legislación del Trabajo, donde se debatirán iniciativas respecto de exagentes de Gas del Estado y SEGBA.

Por impulso de diputados oficialistas, se tratarán este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años ’90. La reunión será a las 15 en la Sala 1 del Anexo, previo a un plenario que habrá para debatir sobre licencias laborales.

Una de las iniciativas, presentada por Hugo Yasky (FdT), busca reconocer “una indemnización económica a los exagentes de la Empresa Gas del Estado que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada”.

“Toda vez que los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas continuadoras de Gas del Estado S.E. se articularon con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de YPF -puestos al descubierto por la Corte Suprema-, y por las quejas que nos han hecho llegar y el número de causas judiciales que hemos podido relevar, el impacto en el caso de Gas del Estado S.E. fue significativamente menor que en YPF, sin perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente es responsabilidad del Estado Nacional, a través de este Congreso de la Nación, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia”, sostuvo en los fundamentos el diputado.

El otro proyecto, impulsado por Juan Marino (FdT), propone establecer “una indemnización a favor de los y las exagentes de la exEmpresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.) o sus derechohabientes que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992”.

“Las gestiones de los Programas de Propiedad Participada fueron diversas. En la mayoría de los casos terminaron en conflictivos procesos judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones de participar, o para indemnizar los daños por los respectivos incumplimientos. En el marasmo de juicios, también abundaron diversas interpretaciones sobre plazos de prescripciones y causales de caducidad que, en definitiva, consumaron la violación al derecho a la propiedad participada de los exagentes de las empresas participadas y particularmente de los de SEGBA”, señaló Marino en su iniciativa.

A través de un comunicado, el colectivo de trabajadores damnificados recordó que a lo largo de estos años han impulsado “diferentes iniciativas legislativas” para “resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba”.

“Como tantas veces hemos movilizado al Congreso reclamando por el tratamiento de las leyes, en esta oportunidad celebramos y apoyamos este gran paso que retoma el debate y la discusión por las leyes de reparación”, agregaron. En tanto, este martes se congregarán en las puertas del Anexo de la Cámara baja.

Licencias laborales: buscarán el dictamen de un proyecto consensuado en un plenario de comisiones

Será en una reunión conjunta de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, que se llevará a cabo este martes a las 16. Qué prevé el borrador de la iniciativa.

A más de un mes del plenario donde expusieron los autores de distintos proyectos sobre el tema, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de Diputados buscarán el dictamen de un texto consensuado sobre ampliación de licencias laborales. La reunión se realizará este martes, a partir de las 16, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

El 16 de mayo pasado se comenzó el debate sobre medio centenar de propuestas presentadas y, finalmente, tras el trabajo en asesores, se arribó a una iniciativa que contiene 39 artículos.

Según el borrador del proyecto, al que accedió parlamentario.com, además de modificaciones a la Ley de Contrato de Contrato de Trabajo (20.744), también se proponen reformas, para garantizar las licencias, a la Ley 26.844, de Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y a la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario. Asimismo, en la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares.

De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso -dado que el proyecto debe pasar en tercer orden por la Comisión de Presupuesto y Hacienda- “las modificaciones propuestas generarían un impacto fiscal producto de las asignaciones parentales correspondientes ya sea por la necesidad de cubrir más días de licencia respecto a la norma vigente o bien por la creación de nuevas licencias anteriormente no previstas”.

Sobre ello, “el impacto fiscal de la propuesta legislativa se estimó en un gasto aproximado de $75.604,65 millones, lo que equivale al 0,045% de PIB para 2023”, calculó la OPC.

Algunos de los principales puntos de la propuesta de dictamen:

-La licencia por matrimonio se extiende de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial.

-La licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo afín o hija afín será de 10 días.

-Por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto será de 3 días.

-Para el cuidado por enfermedad de un o una miembro del grupo familiar, persona a cargo, o referente afectivo/a habrá un máximo de 20 días, que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua. Esta licencia podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.

-Para el cuidado, atención o acompañamiento de un o una miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, ya sea por causas congénitas o sobrevinientes, será de 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.

-Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, será de 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.

-Por interrupción del embarazo, será de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. La persona trabajadora deberá presentar certificación médica que acredite dicha situación.

-Para la asistencia a audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, de 2 días corridos con un máximo de 12 días anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.

-Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), conforme lo establecido en la Ley N° 26.862, será de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.

-Por encontrarse atravesando una situación de violencia de género, será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.

-Por cuidado de niño, niña o adolescente como medida excepcional de protección, de 15 días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción.

-Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, 1 día por año calendario, mediante la presentación del certificado médico expedido por el o la profesional o centro de salud interviniente.

-Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.

Personas gestantes, no gestantes y adoptantes

-Las mujeres o personas gestantes tendrán licencia 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Con autorización médica, se podrá extender hasta 126 días.

-Los varones o personas no gestantes “podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior al nacimiento y completar los 30 días restantes, en forma continua o discontinua, dentro de los 180 días posteriores al nacimiento o 15 días anteriores a la fecha probable de parto”.

-En ambos casos los días pueden extenderse por nacimiento múltiple.

-Queda prohibido el trabajo de la persona adoptante por 90 días corridos. La prohibición computará a partir de la fecha en que se notifica la resolución judicial por la que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente. La persona adoptante podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior a la fecha de notificación de guarda y completar los 75 días restantes dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.

Monotributistas y autónomos

Otro de los artículos establece la “creación de asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos”.

En este sentido, se incorpora el artículo 11 bis a la Ley 24.714, de modo de estipular que “las trabajadoras y los trabajadores inscriptos en el Régimen General de Autónomos, las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y aquellas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social podrán solicitar las asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes y adoptantes”.

Para el goce de las asignaciones, “se requerirá que tengan efectivamente abonadas las imposiciones mensuales correspondientes al sistema de seguridad social, con una antigüedad mínima y continuada en el régimen no inferior a 18 meses previos a la solicitud”.

El monto mensual de la asignación “será equivalente al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil neto, vigente en cada período”, agrega.

Arrancó en Diputados el debate de las políticas de cuidados

Con casi medio centenar de proyectos puestos a analizar, la Cámara baja comenzó a analizar proyectos que proponen modificar las licencias contempladas en la Ley del Contrato de Trabajo.

Diputados comenzó el debate sobre el Sistema Integral de Políticas de Cuidados

Fue en un plenario de comisiones en donde se empezó a abordar los proyectos que proponen modificar las licencias contempladas en la Ley del Contrato de Trabajo. La próxima semana presentarán un borrador unificando todas las iniciativas presentadas.

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para comenzar el debate para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que surgió a partir de una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado, que complementan la iniciativa que había presentado el Poder Ejecutivo hace más de un año que contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

En el encuentro de las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, celebrado en la Sala 1 del 2° piso del Edificio Anexo A, se puso a consideración un total de 48 proyectos de ley.

El temario contempló 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. Asimismo, se tuvo en cuenta como base un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado el 3 de mayo de 2022, y fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Siley explicó que en esta primera etapa se trabajará sobre licencias vinculadas a normativas ya existentes, mientras que quedará para más adelante la creación de licencias para monotributistas, autónomos y monotributistas sociales. En tanto, asesores serán convocados en las próximas semanas para iniciar el tratamiento del otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias.

También adelantó que la próxima semana volverán a reunirse y presentarán un borrador con las ideas principales en común de cada proyecto. Siley celebró que hay “más coincidencias que diferencias. Si nos vamos a parar en las coincidencias vamos a avanzar rápido”.

La palabra de los diputados

Al comienzo del plenario, el secretario de la Comisión de Legislación del Trabajo procedió a leer que por la Resolución 558/23 de la presidencia se efectuaron, a partir de la fecha, las siguientes modificaciones: se designó a la diputada Natalia Souto en reemplazo de José Pablo Carro; la diputada Macha ingresó por Gisela Marziotta; y la diputada Estela Hernández en reemplazo de Sergio Palazzo.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Mujeres leyó la designación de Silvana Ginocchio en reemplazo de Lucila Masin, Marisa Uceda ingresó por Leonardo Grosso. También se designó a Siley en reemplazo de Gabriela Estévez, a Daniel Arroyo en reemplazo de Florencia Lampreabe; Varinia Lis Marín por Mara Brawer.

FOTO: HCDN

“El secretario acaba de mencionar 48 proyectos de ley de distintos diputados y diputadas. Además de estos 48 mencionados y convocados para la orden del día, hay cuatro más de la diputada Carla Carrizo y uno del diputado Lucas Godoy que también los vamos a incluir, pero como no están en el boletín de asuntos entrados todavía no los hemos circulado por comisión”, aclaró Siley.

Respecto a la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación remarcó que el tema de cuidados “nos atraviesa socialmente a las mujeres y a las disidencias. Es un tema muy importante. Si encontramos tantos proyectos de ley, es porque los representantes del pueblo nos hacemos eco de las demandas de las realidades que tiene nuestra sociedad que necesitamos resolverlas. No resueltas son problemas”.

“Una ley no resuelve nada, pero es el comienzo de muchas cosas”, opinó Siley y explicó que “luego tienen que articularse los tres poderes del Estado y la sociedad toda, incluso el sector privado para abordar los temas tan importantes como los cuidados”.

“Los cuidados se tratan de un trabajo, que es un trabajo no reconocido y cargamos muchas veces individualmente y en soledad las mujeres, las madres, las abuelas, y se trata de algo sustancial para la humanidad porque todos recibimos cuidados en algún momento de nuestra vida de forma necesaria y todos en algún momento cuidamos a otros que necesitan asistencia específica, un cuidado particular a nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestras sociedades y también a la memoria de nuestras sociedades en cabeza de las personas mayores”, explayó la oficialista.

En esa línea, agregó que es un cuidado que “también se destina a las personas con discapacidad”. “Esta discusión puede ser muy grande e infinita y nunca llegar a resolverse porque tenemos los cuidados realizados en los hogares. La necesidad de regular las leyes laborales en función de armonizar la vida privada con la vida productiva. Tenemos los cuidados en las comunidades. Tenemos distintos universos”, detalló Siley.

“Hemos decidido comenzar por uno, no significando esto que se vaya a dejar de lado el resto de las discusiones, sino que metodológicamente y por técnica legislativa necesitamos comenzar por partes. Por eso vamos a abordar los proyectos que refieren a licencias y que tocan normativas existentes como ley de contrato de trabajo, ley de asignaciones familiares, la 24.241 del Sistema Previsional, y otras leyes especiales que no están contenidas en al Ley del Contrato de Trabajo como la Ley del Trabajador de Casas Particulares y Ley del Trabajo Agrario”, aclaró.

Al respecto, indicó que “tenemos el trabajo comunitario que también tenemos un montón de proyectos de ley para regular el trabajo de otras tantas mujeres en otros ámbitos y de otras maneras, pero vamos a comenzar por estas normativas de licencias con el objetivo de llegar a un dictamen y avanzar en una discusión hacia el recinto”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, explicó las estrategias que utilizaron para pensar el tratamiento de las distintas dimensiones que implican el cuidado en el país.

“Hoy comenzamos con el tema de licencias y en pocos días vamos a convocar a asesores para trabajar el otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias tanto monotributistas como cooperativas. La intención es avanzar con ese tratamiento pensando que hoy vamos a estar trabajando la situación de las personas que están en un contexto de trabajo formal y, del otro modo, vamos a trabajar y generar instancias para que esas personas que dedican mucho tiempo a esta tarea que es parte de ganarse la vida también puedan ir adquiriendo instancias de trabajo formal”, manifestó.

En suma, Macha resaltó que es un tema de “agenda política, social y cultural” y “poder mejorar las condiciones de trabajo para poder mejorar las condiciones de cuidar y es algo que también tiene que ver con la distribución de la renta”.

Sin ser parte de ninguna comisión, pero en carácter de autora de una de las iniciativas, la primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, consideró que “teniendo en cuenta la propuesta del Ejecutivo Nacional que es más completo, mi propuesta en el proyecto es puntual tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica”.

Además, citó la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 158 “hace referencia al nacimiento biológico y a las licencias que pueden tener las trabajadoras solamente en casos de maternidades biológicas”. En esa línea, Banfi remarcó que ha presentado tres veces el proyecto en la posibilidad de “reconocer los derechos que tienen los niños adoptados a poder también contar con la licencia de sus padres o no gestantes, en función de la construcción familiar, la posibilidad de contar con todo ese tiempo equiparable a la maternidad biológica”.

“Cuando hablamos de licencias, y en este caso por adopción, es principalmente necesaria para el niño que se lo incluye en un nuevo grupo familiar y todo ese tiempo es extremadamente valioso, sin duda para un bebé también, pero que se da en otro contexto. Creo que un concepto que en el Congreso debemos trabajar cuando hablamos de inclusión es cómo identificar las diferencias y a partir de ahí poder ser inclusivos”, manifestó la radical y celebró que el proyecto del Ejecutivo contemple la adopción equiparable a la licencia por maternidad biológica.

A su turno, la diputada de izquierda Myriam Bregman celebró el tratamiento de las iniciativas por temas, pero hizo algunas consideraciones. La legisladora planteó que América Latina “viene muy atrasada y desfasada en esta cuestión incluso de las discusiones que se están dando en otros lugares como en algunos países de Europa”.

“En Argentina estamos en mora, tenemos una de las legislaciones más atrasadas de la región. Hasta UNICEF cuestiona el tema de las licencias y tareas de cuidado en el país. Claramente la extensión del trabajo precario feroz tiene que ver con esto”, expresó Bregman y contó que a ella le tocó parir siendo monotributista: “Trabajé hasta el momento que tuve dolores de parto y no veía la hora de poder volver a hacerlo porque no tenes manera de poder sostenerte. Esto se agravó y muchísimo”.

En tanto, preguntó: “¿Cuál es el compromiso con este debate? Yo creo que hoy tiene que quedar claro cuál es el compromiso. Sobre todo, las fuerzas mayoritarias. Veo que la mayoría somos mujeres nuevamente”, y cuestionó: “Me gustaría saber qué compromiso van a poner las fuerzas mayoritarias en el debate para que no pase como en otros temas como, por ejemplo, hipotecados UVA que se debate, se debate y nunca se llega a una situación a pesar de lo apremiante que es para las familias”.

“Queremos que esto tenga un costo para las empresas y que podamos empezar a discutir todo tipo de protección en los trabajos incluso para las mamás que amamantan, que tengan un lugar para dejar a sus hijos, etc. Tenemos que aclarar cuál va a ser la agenda y hasta dónde estamos dispuestos a debatir porque en un país regido por la bota del FMI tenemos que ser claros”, planteó la diputada de izquierda.

Además, cuestionó: “¿por qué se tardó tanto en llegar a esta agenda? ¿Por qué se tardó tanto en poner este tema? ¿Por qué no podemos discutir seriamente acá con la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas con un salario que alcance y la creación de trabajo genuino? Pero acá la agenda que primó es la del FMI”.

“En este Gobierno del FdT con el ajuste que está llevando adelante con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que es el que menos presupuesto recibe. ¿Cómo se condice con esto?”, criticó Bregman y detalló que durante la gestión de Cambiemos y el actual Gobierno “se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital 87 mil millones de dólares. Eso es lo que se le sacó del bolsillo de los trabajadores y se transfirió a los sectores más concentrados. Más de 57 mil millones durante el Gobierno del FdT siendo las principales perjudicadas las mujeres”.

Por último, explicó: “Queremos una sociedad donde las tareas de cuidados sean socializadas desde la alimentación hasta el lavado de la ropa sin cargárselo individualmente a las mujeres en el hogar. Le vamos a poner mucho fervor al debate”.

La diputada radical Carla Carrizo bregó para que “este cuarto intento sea con éxito porque esto atravesó distintos gobiernos. Hace 18 años que está en estado parlamentario este tema. 2005 se presentaron 22 proyectos nunca llegó al recinto. En 2011 tuvimos media sanción del Senado, tuvimos dictamen, pero no llegó al recinto. 2013 tuvimos 23 expedientes, tuvimos dictamen, pero tampoco llegó al recinto. Hoy 35 expedientes a la vista y 2 en tratamiento, creemos que esta tiene que ser la oportunidad de llegar al recinto”.

“Si así hiciéramos lograríamos terminar con la profunda desigualdad entre las mujeres porque hay licencias distintas de acuerdo al lugar donde se trabaje, mundo formal e informal, pero dentro de la formalidad hay enormes asimetrías. Sector público y privado y dentro del público hay enormes asimetrías. Nación, provincia, tipo de poder. No va así, no somos iguales ante la ley, necesitamos tener un piso mínimo en un tema básico como es la igualdad en el derecho y la obligación de cuidar”, alertó Carrizo y se distanció de Bregman al considerar que las licencias “no” son un costo, sino que “son una inversión”.

Y cerró: “Tenemos que avanzar porque no se trata de los partidos de Gobierno, sino que se trata de los derechos de varones y mujeres en el país que es el cuidado compartido. Tenemos que terminar en el país con ese enfoque absolutamente biologicista filiar amorosa. No puede ser esa mirada sesgada. Me encantaría que licencias sea ley antes de que los candidatos terminen el mandato presidencial”.

De la vereda de enfrente, la mendocina del FdT Marisa Uceda planteó que “la carga horaria que representa para las mujeres las tareas de cuidado podemos ver que no es equitativo. La Constitución nos ordena en el artículo 14 bis garantizar condiciones dignas y equitativas de trabajo para todos y esa situación no está ocurriendo con las mujeres”.

“Hablar de tareas de cuidado es algo amplio, pero hay que empezar por uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres a la hora de acceder al empleo porque nos contratan menos porque la carga de cuidados de los chicos recae sobre nosotros de manera casi exclusiva y accedemos a empleos más precarizados, a condiciones de empleos menos dignas por la necesidad de acceder a un empleo. Esto pasa en todas las esferas”, manifestó Uceda.

Al respecto, remarcó que en el país “no puede seguir siendo una contradicción el crecimiento laboral con el deseo maternal y eso hoy es una limitación. Se no asignó el rol de madres cuidados que nos limitó al acceso al trabajo. Hay que empezar a visibilizar la carga que representan los cuidados”.

“¿No nos hizo ruido que 7 de cada 10 mujeres no lleguen a los 30 años de aportes?”, preguntó Uceda y precisó que esto tiene que ver con la “no posibilidad de acceder a empleos genuinos y en blanco. Tenemos que avanzar con esto porque Argentina merece tener una legislación laboral avanzada”. También coincidió con Banfi sobre las licencias por adopción porque “la Ley de Contrato de Trabajo en materia de licencias es discriminatoria. Tenemos que avanzar en una ley equitativa, igualitaria y que ponga a las mujeres en una situación de equidad en los empleos”.

En su disertación, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) adhirió a lo expresado por sus pares porque “es un tema que nos tiene que traer unión”. “Hay algunos temas que me parecen imprescindibles que estén en el proyecto que finalmente salga. Uno es de las licencias prenatales porque casi nadie se toma los 45 días antes y casi todos nos tomamos lo máximo después que tenemos a nuestros hijos. Es evidente que hay muchos mecanismos para cambiar las fechas y muchas madres lo hacen porque no quieren tomarse un mes antes cuando no es un embarazo de riesgo, creo que es importante permitir que se puedan tomar desde 15 días antes”, propuso.

“Es evidente que 3 días, 5 días no sirven para ningún duelo si quieren que esa persona vuelva a funcionar en su trabajo porque el trabajo emocional que eso requiere no tiene un tiempo. Hay que tener en cuenta los casos de fallecimiento perinatal que se considero un tiempo para que el cuerpo de una pueda de a poco transformarse”, expresó al recordar su experiencia hace un año tras el fallecimiento de uno de sus bebés.

Al finalizar, coincidió en que las licencias por maternidad y paternidad “no solo son una injusticia para las madres, sino para los varones porque la gran mayoría han empezado a cambiar y quieren ser parte esencial de la vida doméstica de los hijos”.

“Esto es una problemática que nos preocupa”, expresó la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y agregó: “Esto ha trascendido gestiones y no podemos estar como legisladores ausentes de esa conexión con la realidad dura que vivimos”. Al respecto, consideró que “hay que darle el debate necesario, con tiempo y en cada punto en común que podemos encontrar entre los 50 proyectos que abarquen distintas cuestiones para dar una respuesta a la realidad porque el cuidado está compartido”.

En el tramo final, hizo uso de la palabra la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, consideró que “el problema con las licencias no lo tienen los que tienen 90 días, sino que tienen 0 días como monotributistas, informales. Pero por un lado hay que empezar y esto también es una deuda que la venimos pateando y me parece que, si hay vocación de trabajar de manera racional y acotada una reforma a lo que ya existe en los convenios, de lo que ya existe para el empleo público en muchos municipios y provincias y dependencias del Estado, es de alguna manera un primer paso que necesitamos hacer”.

“Tenemos que hacer con absoluta seriedad y hay que despejar algunos temores que puede generar este tema. El primero es pedir un dictamen a la Oficina de Presupuesto para que se vea que esto no es un enorme impacto fiscal inabordable. Este régimen no solo lo pensamos para las empresas grandes, sino para las PyMes y Micro Pymes también porque la mayoría de las mujeres se inserta en la informalidad porque el 62,9% de las mujeres que trabajan no registradas trabajan en esas Micro PyMes y 19,7% más llegan al 82% más cuando le sumamos las PyMes. Ahí está el 88%. Este es el problema más grande que tenemos con la informalidad”, precisó Lospennato.

Además, indicó que “cuando hablamos de las registradas los números son 32,6% y 27,1% el 60% está en ese sector”.

Los proyectos presentados sobre cuidados y licencias:

Diputados de todos los bloques habían presentado sus propias iniciativas, a saber:

FdT: Estela Hernández, Claudia Ormachea, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Tanya Bertoldi, Alicia Aparicio, Itaí Hagman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda.

JxC: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, María Sotolano, Marilú Quiroz, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada.

Otros: Romina del Plá, Myriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Estévez y Mónica Fein.

El presidente de la Nación lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2022, con estas palabras: “Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”.

Cabe consignar que, en nuestro país, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).

El proyecto del PEN tiene 91 artículos y contempla los siguientes ítems: Derechos; Reconocimiento y valoración de los cuidados; Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados; trabajo de cuidados remunerado; licencias igualitarias.

También incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo; modificación a la ley de asignaciones familiares; modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; modificaciones a la Ley de Obras Sociales; y modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.

Tipos de licencias previstas

  • Para víctimas de violencia de género.
  • Para conciliación de la vida personal, familiar, cuidados y laboral con perspectiva de género.
  • Para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico uterino.
  • Licencias laborales para el acompañamiento de personas en alto riesgo de suicidio.
  • Destinadas al cuidad familiar.
  • Por nacimiento y ampliación de licencias por paternidades y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental.
  • Madre de hijo con discapacidad.
  • Licencia especial por nacimiento de hijo pretérmino y de alto riesgo.
  • Por nacimientos múltiples.
  • Protección de la maternidad y conservación del empleo.
  • Ampliación de la prohibición de trabajo de la madre durante los 45 días anteriores al parto y hasta los 53 posteriores.
  • Para trabajadoras madres con hijo que tenga síndrome de Down.
  • Por responsabilidades familiares y tarea de cuidado.

En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos).

Arranca el debate del Sistema Integral de Políticas de Cuidados

El proyecto del Poder Ejecutivo presentado hace más de un año será analizado en el marco de un plenario, junto a casi medio centenar de otras iniciativas, de donde surgirá un dictamen unificado.

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunirá el martes que viene a partir de las 16 para tratar una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado. Todos ellos servirán para complementar el presentado por el Poder Ejecutivo hace poco más de un año por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA).

La reunión prevista para realizarse en la Sala Nº 1, sita en el 2° piso del Edificio Anexo A, tiene nada menos que 47 proyectos de ley en el temario.

El proyecto del Ejecutivo contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

El temario que analizará  las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha contempla 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. La reunión conjunta ha sido convocada a los efectos de iniciar el estudio de todos los proyectos sobre el tema, con el fin de elaborar un dictamen unificado.

Se prevé que concurran al encuentro de este martes todos los autores de las iniciativas, a saber: Soledad Carrizo, Estela Hernández, Romina del Plá, Claudia Ormachea, Myriam Bregman, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Graciela Camaño y Tanya Bertoldi.

También estarán Alicia Aparicio, Itai Hagman, Enrique Estévez, Graciela Ocaña, Graciela Caselles, Soher El Sukaria, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, María Sotolano, Marilú Quiroz, Hernán Pérez Araujo, Mónica Frade, Facundo Manes, Carlos Cisneros, Blanca Osuna, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi, Leonor Martínez Villada, Marisa Uceda y Mónica Fein.

Las iniciativas giran en torno a la equidad laboral, licencias para víctimas de violencia de género, licencias para conciliación de la vida personal, familiar, cuidados y laboral con perspectiva de género, y licencias para estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico uterino.

Hay licencias laborales para el acompañamiento de personas en riesgo de suicidio, ampliación de licencias por nacimiento y filiales y de cuidado, entre otras decenas de iniciativas.

A continuación, publicamos el detalle del temario previsto para este martes 16 de mayo:

1.- 0008-PE-2022  MENSAJE NRO: 0021/22 Y PROYECTO DE LEY. DE FECHA 3 DE MAYO DE 2022 POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRAL DE POLÍTICAS DE CUIDADOS DE ARGENTINA – SINCA   MODIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE LICENCIAS MATERNALES, PATERNALES Y PARENTALES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD/ PRESUPUESTO Y HACIENDA

                0460-D-2022  CARRIZO, SOLEDAD; CAMPAGNOLI, MARCELA; LENA, GABRIELA Y ASCARATE, LIDIA INES: DE LEY. EQUIDAD LABORAL. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 14250 Y 20744. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

               1587-D-2022 HERNANDEZ, ESTELA: DE LEY. LICENCIA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. MODIFICACION DE LA LEY 20744. LEGISLACION DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

               2368-D-2022  DEL PLA, ROMINA; DEL CAÑO, NICOLAS; BREGMAN, MYRIAM Y VILCA, ALEJANDRO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIÓN DE LOS ARTICULOS 158 Y 159, SOBRE INCORPORACIÓN DE LA LICENCIA POR VIOLENCIA DE GENERO Y CALCULO DEL SALARIO, RESPECTIVAMENTE. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                2687-D-2022  ORMACHEA, CLAUDIA BEATRIZ: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES, SOBRE LICENCIAS E INCORPORACIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                2736-D-2022  BREGMAN, MYRIAM; DEL CAÑO, NICOLAS; VILCA, ALEJANDRO Y DEL PLA, ROMINA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 158, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES.  LEGISLACION DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                 3548-D-2022 OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES, SOBRE LICENCIA POR VIOLENCIA DE GENERO.  LEGISLACION DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                  2740-D-2022 BREGMAN, MYRIAM; DEL CAÑO, NICOLAS Y VILCA, ALEJANDRO: DE LEY. LICENCIAS LABORALES PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. RÉGIMEN.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                 6215-D-2022 GINOCCHIO, SILVANA MICAELA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES SOBRE LICENCIAS PARA CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR, CUIDADOS Y LABORAL CON PERSPECTIVA DE GENERO. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                 0030-D-2023 CAMAÑO, GRACIELA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO –    LEY 20744 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 158, INCORPORANDO LA LICENCIA POR VIOLENCIA DE GENERO.   LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD

                 5583-D-2022  BERTOLDI, TANYA; SILEY, VANESA RAQUEL; CARNAGHI, GUILLERMO OSCAR; GOLLÁN, DANIEL; FEIN, MONICA; DEL PLA, ROMINA; YASKY, HUGO; CARRIZO, ANA CARLA; BREGMAN, MYRIAM; OSUNA, BLANCA INES; MARZIOTTA, GISELA; TEJEDA, MARIA VICTORIA; BROUWER DE KONING, GABRIELA Y ANTOLA, MARCELA: DE LEY. LICENCIA ANUAL ESPECIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVENTIVOS DE CÁNCER DE MAMA Y CÉRVICO UTERINO. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

               0099-D-2023 APARICIO, ALICIA N.: DE LEY. REGIMEN DE LICENCIAS LABORALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS EN ALTO RIESGO DE SUICIDIO.  LEGISLACION DEL TRABAJO / PRESUPUESTO Y HACIENDA

UNIFICADOS

Teniendo a la vista los siguientes proyectos de ley:

               0293-D-2022  APARICIO, ALICIA N.: DE LEY. LICENCIAS LABORALES DESTINADAS AL CUIDADO FAMILIAR. RÉGIMEN. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

               0424-D-2022 HAGMAN, ITAI; YASKY, HUGO; GROSSO, LEONARDO; MOREAU, CECILIA; MACHA, MONICA; BRAWER, MARA; CARRO, PABLO; PÉREZ PLAZA, EBER ALBANO; BERTONE, ROSANA ANDREA; CALIVA, LIA VERONICA; HERNANDEZ, ESTELA Y PAPONET, LILIANA: DE LEY. LICENCIAS POR NACIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAS PARA PATERNIDADES Y PERSONAS NO GESTANTES QUE EJERCEN LA CORRESPONSABILIDAD PARENTAL. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 20744, 24185, 26727 Y 26844. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

              0875-D-2022 ESTEVEZ, ENRIQUE Y FEIN, MONICA: DE LEY. RÉGIMEN DE          LICENCIAS FILIALES Y DE CUIDADO. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 20744, 24714, 26727 Y 26844.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                1167-D-2022 OCAÑA, GRACIELA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL CAPITULO II. DEL TITULO VII, QUE QUEDARA REDACTADO DE LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SOBRE LICENCIAS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                 1257-D-2022 CASELLES, GRACIELA MARIA: DE LEY. MADRE DE HIJO CON DISCAPACIDAD. DERECHO DE ACCEDER A LICENCIA POR SEIS MESES SIN GOCE DE SUELDO. LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                  1749-D-2022  EL SUKARIA, SOHER; STEFANI, HECTOR ANTONIO; RUARTE, ADRIANA NOEMI; CRESCIMBENI, CAMILA; SOTOLANO, MARIA; SANTOS, GUSTAVO; REY, MARIA LUJAN; REZINOVSKY, DINA; MARTINEZ, ALVARO; VIDAL, MARIA EUGENIA; ORREGO, HUMBERTO MARCELO; LACIAR, SUSANA ALICIA; BRAMBILLA, SOFIA; FRIGERIO, FEDERICO Y ROMERO, ANA CLARA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO LEY 20744. MODIFICACION DEL ARTICULO 177 BIS, SOBRE LICENCIA PARA LA INTEGRACION FAMILIAR. GUARDA CON FINES DE ADOPCION Y ADOPCION DE INTEGRACION LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                 1935-D-2022 PONCE, CARLOS YBRHAIN; CARRO, PABLO; CISNEROS, CARLOS ANIBAL; MARTINEZ, MARIA ROSA; YASKY, HUGO; LANDRISCINI, SUSANA GRACIELA; MOISES, MARIA CAROLINA; MOYANO, NILDA; FERNANDEZ, EDUARDO Y SELVA, CARLOS AMERICO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 177 BIS Y 177 TER, SOBRE LICENCIA ESPECIAL POR NACIMIENTO DE HIJO PRETERMINO Y DE ALTO RIESGO, RESPECTIVAMENTE. LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                1938-D-2022 PONCE, CARLOS YBRHAIN; CARRO, PABLO; CISNEROS, CARLOS ANIBAL; MARTINEZ, MARIA ROSA; YASKY, HUGO; LANDRISCINI, SUSANA GRACIELA; MOISES, MARIA CAROLINA; MOYANO, NILDA; FERNANDEZ, EDUARDO Y SELVA, CARLOS AMERICO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. INCORPORACION DEL ARTICULO 177 BIS, SOBRE LICENCIA ESPECIAL POR NACIMIENTOS MULTIPLES. LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                2007-D-2022  YUTROVIC, CAROLINA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES, SOBRE RÉGIMEN DE LICENCIAS PRENATAL Y POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, ADOPCIÓN Y FAMILIARES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

               2017-D-2022  SOTOLANO, MARIA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

               2371-D-2022  DEL PLA, ROMINA; DEL CAÑO, NICOLAS; BREGMAN, MYRIAM Y VILCA, ALEJANDRO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 177, SOBRE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                 2739-D-2022 BREGMAN, MYRIAM; DEL CAÑO, NICOLAS; VILCA, ALEJANDRO Y DEL PLA, ROMINA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 177, SOBRE LICENCIAS PARENTALES.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                3551-D-2022 OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES.  LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                3844-D-2022 OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744- MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 177 BIS SOBRE LICENCIAS PARENTALES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

               3845-D-2022  OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744-. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 177, SOBRE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                3846-D-2022 OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO: DE LEY. RÉGIMEN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO -LEY 22248- MODIFICACIONES SOBRE AMPLIACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE TRABAJO DE LA MADRE DURANTE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS ANTERIORES AL PARTO Y HASTA LOS CINCUENTA Y TRES POSTERIORES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                3847-D-2022  OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO: DE LEY. LEY NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO – LEY 26727-. INCORPORACIÓN DEL ARTICULO 113 BIS SOBRE LICENCIA POR PATERNIDAD O MATERNIDAD NO GESTANTE. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                 4303-D-2022 QUIROZ, MARILU Y ASSEFF, ALBERTO: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 158, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

               4952-D-2022 PEREZ ARAUJO, HERNAN: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744-. MODIFICACION DEL ARTICULO 177, SOBRE PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y CONSERVACION DEL EMPLEO. LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

5186-D-2022. CARRIZO, ANA CARLA: DE LEY. LICENCIA PARA TRABAJADORAS MADRES CON HIJO QUE TENGA SÍNDROME DE DOWN – LEY 24716 -. MODIFICACIONES INCLUYENDO A AMBOS PROGENITORES EN EL ALCANCE DE LA LICENCIA. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / DISCAPACIDAD / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES            

 5452-D-2022 FRADE, MONICA EDITH; LOPEZ, JUAN MANUEL; FERRARO, MAXIMILIANO; BORREGO, VICTORIA; MANZI, RUBEN; STILMAN, MARIANA; OLIVETO LAGO, PAULA Y CAMPAGNOLI, MARCELA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 158, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                     5821-D-2022 MANES, FACUNDO; BANFI, KARINA; ARROYO, DANIEL; CARRIZO, SOLEDAD; LENA, GABRIELA; FERRARO, MAXIMILIANO; SANTORO, LEANDRO; COLI, MARCELA; TAVELA, DANYA; BRAWER, MARA Y OCAÑA, GRACIELA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES SOBRE LICENCIAS PARENTALES Y PROTECCION DEL TRABAJO. LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES / MUJERES Y DIVERSIDAD

                  0111-D-2023 CISNEROS, CARLOS ANIBAL: DE LEY. CONTRATO DETRABAJO – LEY 20744 -. SERVICIO DOMESTICO – LEY 26844 -. ASIGNACIONES FAMILIARES – LEY 24714-. MODIFICACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE LICENCIAS POR PARENTALIDADES Y LOS CUIDADOS. AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y DE LOS TRABAJADORES Y LA PROTECCION DE SUS FAMILIAS Y DE LAS INFANCIAS.   LEGISLACION DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                     0295-D-2023 OSUNA, BLANCA INES: DE LEY. LICENCIAS LABORALES PARA TAREAS DE CUIDADOS. RÉGIMEN. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 20744, 26727 Y 26844. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                    1554-D-2023 OBEID, ALEJANDRA DEL HUERTO. CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744-. MODIFICACION DEL ARTICULO 177, SOBRE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y CONSERVACIÓN DEL EMPLEO.   LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                     0396-D-2023   RITONDO, CRISTIAN ADRIAN; REY, MARIA LUJAN; JOURY, MARIA DE LAS MERCEDES; OCAÑA, GRACIELA; MORALES GORLERI, VICTORIA; LOSPENNATO, SILVIA GABRIELA; TORELLO, PABLO Y CORNEJO, VIRGINIA: DE LEY. LICENCIA ESPECIAL PARA TRABAJADORES CON HIJOS E HIJAS DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER.   LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                     0539-D-2023 CARRIZO, SOLEDAD: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO- LEY 20744-. MODIFICACIONES SOBRE LICENCIA DE PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD E INDEMNIZACIÓN AGRAVADA EN CASO DE DESPIDO INCAUSADO. LICENCIA ESPECIAL POR MATERNIDAD. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                    0733-D-2023  CRESCIMBENI, CAMILA; CARRIZO, ANA CARLA; FERRARO, MAXIMILIANO; CAMPAGNOLI, MARCELA; GARCIA, XIMENA; TAVELA, DANYA; ASCARATE, LIDIA INES; AJMECHET, SABRINA; LENA, GABRIELA; BROUWER DE KONING, GABRIELA; ANTOLA, MARCELA; KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA; BARLETTA, MARIO; SOTOLANO, MARIA Y MARTINEZ, DOLORES: DE LEY. LICENCIAS FAMILIARES. RÉGIMEN.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                   0762-D-2023  FRADE, MONICA EDITH; LOPEZ, JUAN MANUEL; FERRARO, MAXIMILIANO; CAMPAGNOLI, MARCELA; MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA; OLIVETO LAGO, PAULA; MANZI, RUBEN Y STILMAN, MARIANA: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO -LEY 20744- MODIFICACION DEL ARTICULO 158 SOBRE LICENCIAS ESPECIALES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                 1497-D-2023  BANFI, KARINA; LENA, GABRIELA; REYES, ROXANA; GARCIA, XIMENA; ASCARATE, LIDIA INES Y CARRIZO, SOLEDAD: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 158, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                  0580-D-2023  CASELLES, GRACIELA MARIA: DE LEY. LICENCIA PARA TRABAJADORAS MADRES CON HIJO/A QUE TENGA SÍNDROME DE DOWN – LEY 24716 -. MODIFICACIONES.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / DISCAPACIDAD / PRESUPUESTO Y HACIENDA

                  0609-D-2023  MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA; CASTETS, LAURA CAROLINA; FRADE, MONICA EDITH; OLIVETO LAGO, PAULA; LOPEZ, JUAN MANUEL Y STILMAN, MARIANA: DE LEY. LICENCIA PARA TRABAJADORAS MADRES CON HIJOS/AS QUE TENGAN SÍNDROME DE DOWN. -LEY 24716 -. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1° Y 3°, SOBRE LICENCIA ESPECIAL POR NACIMIENTO DE UN HIJO CON DISCAPACIDAD.  LEGISLACION DEL TRABAJO / DISCAPACIDAD/ PRESUPUESTO Y HACIENDA

                  0666-D-2023 UCEDA, MARISA LOURDES Y ESTEVEZ, GABRIELA BEATRIZ: DE LEY. CONTRATO DE TRABAJO – LEY 20744 -. MODIFICACIONES, SOBRE LICENCIAS POR RESPONSABILIDADES FAMILIARES Y TAREAS DE CUIDADO.  LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / MUJERES Y DIVERSIDAD / FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

                   2737-D-2022  BREGMAN, MYRIAM; DEL CAÑO, NICOLAS; VILCA, ALEJANDRO Y DEL PLA, ROMINA: DE LEY. PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES. CREACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA LEY 20744. MUJERES Y DIVERSIDAD / LEGISLACIÓN DEL TRABAJO / PRESUPUESTO Y HACIENDA

                        1010-D-2023  FEIN, MONICA: DE LEY. ASIGNACIONES FAMILIARES – LEY 24714 -. MODIFICACIONES, INCORPORANDO COMO BENEFICIARIA A LAS FAMILIAS MONOMARENTALES. PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL / LEGISLACION DEL TRABAJO / PRESUPUESTO Y HACIENDA

Legislación del Trabajo debatirá sobre Comités Mixtos y régimen previsional para brigadistas

La comisión a cargo de la diputada oficialista Vanesa Siley tratará ambos proyectos este miércoles desde las 16.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Vanesa Siley, retomará este miércoles el debate sobre el proyecto de ley que propone la creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo.

El tema fue analizado por última vez en agosto pasado, en ocasión de la tercera reunión informativa con invitados. Pero la iniciativa cuenta con larga data, pues fue presentada el año pasado por los exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad).

El proyecto, que sigue lineamientos de la OIT, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La creación de ese comité será obligatoria en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”, establece.

En un principio, el temario de la comisión incluía ese único proyecto, pero luego se sumó otra iniciativa, la que busca crear un régimen previsional diferencial para los brigadistas de incendios forestales, que días atrás fue despachada de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. También le falta la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa, con media sanción del Senado, involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Tuvieron dictamen varios proyectos laborales, entre ellos uno de la izquierda

En el marco de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja se avanzó con la firma de dictámenes de casi una decena de proyectos.

Al cabo de la reunión informativa con invitados para exponer sobre el proyecto de Comisiones Mixtas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que preside Vanesa Siley se abocó al rápido debate de una serie de proyectos que no ameritaban controversia.

No hubo debate con ninguno de los proyectos, sobre los cuales solo expusieron sucesivamente sus autores, como fue el caso de Claudia Ormachea, quien aceptó los cambios introducidos al proyecto que incorpora la individualización del correo electrónico del empleador/a y el convenio colectivo aplicable al trabajador. Contó la legisladora oficialista que habá quienes solicitaban que la empresa tuviera la posibilidad de que además del domicilio electrónico se pusiera el de la empresa. “Este proyecto tiene otro artículo importante: los derechos y obligaciones necesarios corren por las partes y la modificación en el recibo de haberes, nos pareció importantísimo que esté asentado el último domicilio registrado por el trabajador de la empresa, pero fundamentalmente el convenio colectivo aplicable al trabajador, para que sepa los derechos que le asisten en cuanto a liquidaciones”.

Después fue el turno de un proyecto para que establece la gratuidad de los telegramas y cartas documentos para los trabajadores y sus derechohabientes. El proyecto era originalmente del radical Luis Petri, pero perdió estado parlamentario en 2021, por lo que volvió a presentarlo el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos), quien lo defendió diciendo que si bien la gratuidad está establecida para todos los telegramas en cuanto a los trabajadores, tenemos un caso, que es un inciso, el segundo, por el cual se amplía ese derecho para los derechohabientes y pasa en la práctica más a aquellos que nos ha tocado ser delegados de establecimientos, nos ha marcado a fuego cuando fallece el trabajador y quedan situaciones con la familia”.

El diputado contó que hay “empleadores muy responsables que acompañan a la familia, no hace falta mandarles carta documento; pero otros que muchas veces se hacen los distraídos, les niegan la liquidación final, y el trabajador al haber fallecido el derechohabeinte queda con ese problema y empiezan las dificultades. Por eso nos parece muy atinado legislar en ese sentido”. 

Luego fue el turno de un proyecto impulsado por los diputados de la izquierda, Romina del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Milman, que incluye iniciativas de los diputados del Frente de Todos Gustavo González, Paola Vesvessian y Jorge Verón. La iniciativa instituye el 17 de junio de cada año como Día nacional de los trabajadores caídos y desaparecidos en el mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte, y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades. Asimismo establece a todo el mes de junio como de memoria para los tripulantes desaparecidos en el Mar Argentino.

Habló la diputada Del Plá, para recordar que a este proyecto solo le faltaba tener dictamen de esta comisión (también pasó por Legislación General y Asuntos Marítimos), y contó que había sido unificado con el proyecto de los citados legisladores oficialistas. La idea es, contó, “visibilizar la problemática y contribuir a evitar que estas situaciones se repitan”.

Comentó también que “en los últimos veinte años hubo 52 hundimientos y hay más de 1340 tripulantes muertos o desaparecidos en el mar. En general, no hay registro de la magnitud de los hundimientos que se producen. Es un problema muy serio y por eso nos parecía muy importante que se apruebe este dictamen.

Valoró la tarea de los familiares de víctimas, uno de cuyos logros fue, dijo, constituir en 2020 un organismo técnico descentralizado que entre otras cosa logró establecer que “cada barco que sale tiene la obligación de que haya trajes de abandono para todos los integrantes de la tripulación.

También tuvo dictamen un proyecto de Vanesa Siley y otros diputados de su bancada que instituye el 23 de agosto como el Día de la Militancia Sindical, en homenaje a Felipe Vallese.

Con el hijo de Felipe Vallese presente en la reunión, María Rosa Martínez contó que “Felipe fue un militante sindical, de la UOM, también militante territorial, perteneciente a la Juventud Peronista, en años de gobiernos de dictaduras y gobiernos democráticos condicionados. Era un participante muy activo, muchas veces detenido, luchando por la vuelta del peronismo y la eliminación de la proscripción”.

Comentó luego que Vallese desapareció con otros militantes, pero fue el único que no volvió a aparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado y la policía jamás reconoció haberlo detenido. “Se supone que falleció en un hecho de tortura. También detuvieron al hijo y al hijo de 8 años de una compañera, todos brutalmente torturados”.

También tuvo dictamen un proyecto de equidad laboral que unifica iniciativas de diputadas como Silvia Lospennato, María Lucila Masín y Vanesa Siley, que deroga una iniciativa que prohíbe el trabajo de mujeres en diferentes sectores como en la actividad marítima y portuaria.

Además, se aprobó un proyecto del diputado del Frente de Todos Sergio Palazzo, que busca modificar el artículo 256 de la Ley Contrato de Trabajo respecto a los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones por créditos laborales, llevando a 5 años ese plazo que se origina durante la vigencia de la relación laboral y ampliando a 3 años el lapso de prescripción por los créditos que derivan de su extinción.

Al defender su iniciativa, Palazzo habló de “dejar de lado una ley originada de una dictadura”, y sugirió que “en algún momento todos los legisladores tenemos que dar por tierra con leyes que fueron pergeñadas por una dictadura militar”.

Asimismo se avanzó con la firma de un proyecto del diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone que el trabajador puede prestar servicios para otras empresas o por cuenta propia, salvo que ello derive de un daño cierto y determinado para su empleador o que la exclusividad de su trabajo hubiese sido expresamente pactada a cambio de una compensación económica.

Por último, se suscribió el dictamen de un pedido de informes impulsado por la  oposición sobre cuestiones relacionadas con el decreto 144/22 para que establecimientos de trabajo ofrezcan espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y  3 años de edad. Lo defendió la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) que para conseguir la firma de sus pares aclaró que la iniciativa no tenía ningún componente ideológico.

Moroni y Gómez Alcorta defendieron en Diputados el proyecto sobre seguridad laboral

Los ministros expusieron ante la Comisión de Legislación del Trabajo sobre la iniciativa del Gobierno para promover la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

Durante una reunión presencial que se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendieron este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto de ley que promueve la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

En primer lugar, Moroni señaló que “Argentina tiene una larga tradición en reparación de los accidentes de trabajo”, pero “en lo que no ha habido mucho avance es en el tema de la prevención”. “La implementación de criterios que ayuden a tener un ambiente sano de trabajo no han tenido, salvo algunas excepciones, políticas muy eficaces”, continuó.

El funcionario recordó que provincias como Buenos Aires y Santa Fe tienen leyes similares a la que se presenta, “hay empresas que han avanzado y otras no tanto, hay un grado de implementación heterogénea”, por lo que consideraron desde el Gobierno la necesidad de tener “una norma general para todo el país”.

“Generar un ambiente sano de trabajo no requiere solamente las normas de prevención, sino un mecanismo dentro de la empresa”, apuntó, en referencia a la creación de los comités, y ponderó que en la tradición de la relación entre empleadores y trabajadores el país tiene “muy incorporada” la instancia paritaria.

En ese sentido, el titular de la cartera laboral resaltó que “Argentina durante el peor año de su historia económica, que fue el año pasado, mantuvo vigente las negociaciones paritarias y la verdad que el nivel de conflictividad fue bajísimo”. “Hemos tenido un muy bajo nivel de contagios de Covid en los lugares de trabajo gracias al trabajo paritario”, agregó.

Y sostuvo que los protocolos Covid “casi todos fueron realizados en modo conjunto entre sindicatos, trabajadores, y en algunos casos con participación del Estado”.

Por eso, insistió que para la política de prevención de accidentes de trabajo “el mejor método es el método con el que manejamos gran parte de las relaciones laborales en Argentina, que es la negociación paritaria”.

Además, Moroni subrayó que a través de distintos convenios y recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene “planteando la necesidad de que haya ámbitos de diálogo para la prevención de accidentes dentro de la empresa”.

El ministro admitió que la implementación de esta ley “va a requerir mucho esfuerzo, tanto de sindicatos, como de empresarios y el Estado”.

Sobre la obligatoriedad de la creación de comités en empresas que tengan más de 100 trabajadores, el funcionario calificó como “una medida razonable” ese número, aunque aclaró que en los lugares con menos trabajadores se mantendrán “los mismos criterios” para la participación de los delegados.

“Un ambiente de trabajo sano no es solo aquel que no tiene ruido, sino aquel en el que se trabaja en una comunidad con parámetros razonables de convivencia”, argumentó Moroni, en referencia a la violencia y el acoso laboral.

Finalmente, opinó que es “un momento oportuno” para tratar esta ley que “no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores” y “no faculta ninguna intervención estatal”, enfatizó. “Es un proyecto muy razonable, muy adecuado a normas internacionales y muy necesario”, cerró.

Por su parte, Gómez Alcorta dijo que esta norma “coloca en primer lugar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras” desde “una perspectiva integral de la salud” que contemple no solo “los factores físicos, sino también los psíquicos y emocionales”.

“Incorpora de un modo cabal la perspectiva de género dentro del mundo laboral”, celebró y remarcó que “Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta a nivel nacional con comités que incluyan la participación de trabajadores y trabajadoras”.

También, la funcionaria indicó que la OIT, a través de diferentes convenios “insta a los Estados a que se establezcan mecanismos de participación a estos fines” y expresa que “la creación de estos mecanismos es una de las maneras de cumplir” con estos convenios.

“Si bien el sujeto empleador es quien tiene la responsabilidad del cuidado y la protección en el ámbito del trabajo, son los trabajadores y trabajadoras los que mejor conocen los riesgos físicos y psicosociales de cada una de las actividades”, explicó.

En esta línea, la ministra afirmó que “las mujeres trabajadoras de todo el mundo, y las argentinas claramente no son la excepción, continúan infrarepresentadas en los órganos y en los procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral y en los espacios de trabajo, incluso en aquellos que son mayoría en la fuerza de trabajo”, lo cual “no solamente es injusto para las mujeres y las personas LGBTIQ+, es contraproducente para las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto”.

Puntualmente, Gómez Alcorta valoró que los comités tendrán facultades para la prevención y la atención de los riesgos de trabajo vinculados a la violencia, el hostigamiento y el acoso por cuestiones de género, situaciones que generan “daños psicofísicos”.

No solo deberán elaborarse “protocolos de prevención para poder erradicar la violencia en el ámbito laboral”, sino también “canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales para que se puedan llevar a cabo las denuncias”, señaló.

En su exposición, la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que estos casos perjudican “en el modo en que las trabajadoras llevan adelante las tareas”, además de ser “un obstáculo para la permanencia en los puestos laborales”.

La palabra de los “dipusindicales”

En el tramo de las intervenciones de diputados, la legisladora de extracción sindical Patricia Mounier (FdT) señaló que tiene presentado un proyecto similar, con algunas diferencias, y consideró que “la implementación de los comités mixtos es un derecho que tenemos que ampliar para todos y todas. Cuanto más ampliemos la posibilidad de participación para trabajadores y trabajadoras me parece que más justicia vamos a hacer”.

“Me parece muy atinado -en el proyecto del Ejecutivo- que cuando no se llegue al mínimo de trabajadores sean los delegados de prevención los que participen y se implemente de todos modos”, coincidió.

Por su parte, otro “dipusindical”, Walter Correa (FdT), recordó que proviene del partido bonaerense de Moreno y pidió que en la ley se tenga en cuenta “el reconocimiento a Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), dos compañeros que han fallecido víctimas de la desidia”, durante la explosión de la Escuela Primaria N°49 en 2018. “Tal vez si estos comités hubieran estado articulados, por ahí se hubiera evitado”, dijo.

Para el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (FdT), esta ley “nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo, y esto hay que resaltarlo, porque no hay dolor más grande que la muerte de un compañero o una compañera en el lugar de trabajo”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Dolores Martínez (UCR) lamentó que el ministro Moroni se haya retirado tras su exposición y manifestó la solicitud de enviarle preguntas por escrito, a lo que Siley asintió. En alusión a la exposición de Gómez Alcorta, la radical apuntó que “si bien este proyecto establece canales de denuncias y capacitación, no explica claramente cuáles van a ser esas herramientas que favorezcan el acompañamiento, la asistencia y reparación a las víctimas” de violencia y acoso laboral, como establece el Convenio 190 de la OIT, al que Argentina adhirió recientemente.

“Las actuaciones y decisiones del comité mixto no desplazan las disposiciones del Convenio 190” que “están dirigidas tanto al Estado como a los privados”, respondió Gómez Alcorta; mientras que Eduardo Álvarez, asesor del Ministerio de Trabajo, reveló que se encuentra en elaboración un proyecto complementario que sea un “marco normativo” sobre el Convenio 190 y funcione como “una ley de operatividad” que tenga “coherencia con esta ley de comités mixtos”.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y prevé la creación de los comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, en aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y/o trabajadoras y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

Avanzó proyecto para derogar ley de 1924 que prohíbe a las mujeres trabajar en ciertas actividades

Oficialismo y oposición en la Cámara baja coincidieron en avanzar en una iniciativa para dejar sin efecto la Ley 11.317, que rige desde 1924. Se aclara que se mantienen las prohibiciones sobre el trabajo infantil.

“Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.

Así lo consideró la diputada santafesina Patricia Mounier (Frente de Todos) y graficó la situación de lo que se debatió y consiguió el aval de todos los espacios políticos en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja.

Con esta última firma, el proyecto que deroga la ley 11.317 de 1924 está listo para llegar al recinto de Diputados.

En esta misma jornada obtuvo el respaldo en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

En este cambio, lo que se hace es sustituir la denominación de “infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y el trabajo de menores de la ley 11.317” por “infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años”.

También en la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 – se realizan modificaciones sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.

Todos a favor

La presidenta de la Comisión de Familia, Roxana Reyes (JxC), argumentó que esta ley es “para que las mujeres podamos avanzar, y toda la sociedad en su conjunto, es nuestro deber romper estos techos de cristal y eliminar, derogar, estas herramientas legislativas que claramente generar discriminación en el acceso de la mujer al mercado laboral”.

En tanto, la dirigente gremial y diputada santafesina señaló que “el trabajo no tiene género y por eso no hablamos ni de hombres ni de mujeres sino de personas. Aunque se aclara en el proyecto de ley de que no está permitido el trabajo en menores a 18 años”.

“Estamos reformando una ley de 1924 en la que se prohibía el trabajo pesado a las mujeres, pero también vender bebidas alcohólicas, por ejemplo”, explicó.

Y luego remató: “Tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.

Mounier concluyó que “es un reconocimiento y ampliación de derechos para todas las mujeres”.

Por su parte, la diputada bonaerense Silvina Lospenato (JxC) manifestó que “esta ley pone en parte del foco en el debate que todavía tenemos que dar en esta comisión y es sin dudas sobre las tareas de cuidado como parte de la incorporación de las mujeres al sector de la población económicamente activa”.

“Esta ley que vamos a sancionar quita una rémora en nuestra legislación del Trabajo que imposibilita que las mujeres ingresen a ciertos empleos porque hay sectores que utilizan esta normativa para discriminar a las mujeres en trabajos calificados anteriormente insalubres”, fundamentó.  

La primera comisión

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados avanzó este lunes con el dictamen de un proyecto que deroga la Ley 11.317, que rige desde el año 1924, con el objetivo de terminar con las prohibiciones para la contratación de mujeres en ciertas actividades y promover la equidad laboral.

El texto -unificado entre iniciativas de Vanesa Siley, Lucila Masin (FdT) y Silvia Lospennato (Pro)- aclara que se deroga la norma pero sin perjuicio de la legislación posterior que se sancionó para evitar y castigar el trabajo infantil en tareas peligrosas o insalubres -el otro sector que incluía la ley centenaria, titulada como Régimen Legal del Trabajo de Niños y Mujeres.

Al comienzo de la reunión, la diputada Vanesa Siley (FdT) destacó: “Es importante que sepamos todos que estamos hablando de una ley que impide el trabajo de mujeres en diversas actividades. Una norma que tiene 28 artículos, de los cuales subsisten solo 8 porque fueron derogados a lo largo del tiempo, incluso muchos de ellos devinieron abstractos”.

“En 1924 tal vez era una ley justa, pero a lo largo del tiempo devino en una norma discriminatoria para acceder al trabajo con libertad y también para contratar con libertad”, sostuvo la presidenta de la comisión y mencionó algunas de las actividades que estaban y están prohibidas, como “destilación del alcohol y la fabricación o mezcla de licores; fabricación de colorantes tóxicos, explosivos; carga y descarga de navíos; canteras o trabajos subterráneos; maquinistas; engrasado o limpieza de maquinaria; fundición de metales”, entre otras.

La legisladora oficialista explicó que “en muchas actividades estas prohibiciones han devenido en abstracto por el solo hecho de la práctica, pero en muchísimas otras, como la industria pesada, metalmecánica, actividad portuaria o ferroviaria, todavía siguen siendo lugares a los que las mujeres todavía no pueden acceder”.

Incluso, en el sector portuario, “sigue siendo alegada esta ley para impedir la contratación de trabajadoras mujeres”. Y, en ese sentido, Siley explicó que se trata de tareas de las “mejores remuneradas”, por lo que hace a la reducción de la brecha salarial la derogación de esta norma.

“Es un tema que se viene trabajando en consenso y en una armonía muy buena entre todos los bloques”, celebró.

Por su parte, el diputado Albor Cantard (UCR), vicepresidente de la comisión, valoró la ley sancionada en su momento al comparar los diferentes contextos. “No es lo mismo los ojos con los que se la ve hoy, casi 100 años después, con los que se la vio en su sanción”, manifestó.

En esa línea, el radical dijo que si bien la modificación se debe a que la sociedad ha avanzado “en todos los temas vinculados a la cuestión de género, las condiciones laborales no eran las mismas que tenemos hoy”.

“Por más que nos falte mucho por trabajar y hacer, hemos evolucionado muchísimo en estos aspectos”, señaló y recordó que esa norma “tenía lógicamente un carácter netamente proteccionista, que tuvo un valor” para esa época.

A su turno, la diputada Silvia Lospennato (Pro) remarcó que los artículos que continúan vigentes “siguen siendo utilizados para discriminar a mujeres en algunas actividades”. “Tenemos que volver a ponernos como uno de los objetivos centrales como país la necesidad de aumentar la cantidad de mujeres en la población económicamente activa”, planteó.

La macrista detalló que durante la pandemia se profundizó la desigualdad laboral, ya que “más de 1.200 millones de mujeres dejaron de trabajar” y son las mujeres las que ocupan puestos en “sectores informales, sectores de menor remuneración y nos cuesta mucho atravesar el techo de cristal para insertarnos en los lugares dirigenciales de empleo”.

Sobre las cifras de brecha salarial, la legisladora indicó que es de un 30%, pero “eso no es comparando las mismas ocupaciones”. “Hay tareas feminizadas en el mercado laboral que son siempre las tareas de menor remuneración y menor reconocimiento”, agregó.

Durante la reunión, realizada en el Anexo “C” de la Cámara baja, la diputada Lucila Masin aseguró que “es oportuno, necesario y urgente derogar esta ley” porque con esta legislación se “acentúan la discriminación, la estigmatización y, sobre todo, la asignación de tareas en base al género que nos autopercibimos”. También convocó a debatir leyes que hagan a “mayores oportunidades” en el mercado laboral y terminen con “las asimetrías”.

Moroni y Gómez Alcorta se presentan este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo

En una reunión que se realizará a partir de las 12, en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados, los ministros expondrán sobre el proyecto del Gobierno referido a seguridad laboral.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expondrán este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

La reunión se realizará desde las 12 en el Anexo “C” de la Cámara baja y, en ese contexto, los funcionarios informarán sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno referido a la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

La iniciativa, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de estos comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La propuesta apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención, en tanto que la implementación de los comités será obligatoria para las empresas en las que se desempeñan más de cien trabajadores.

En tanto, en las unidades productivas de dimensiones inferiores se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, junto con la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la participación de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

La Legislatura porteña sigue debatiendo la actualización de las asignaciones familiares

La Comisión de Legislación del Trabajo volvió a evaluar las modificaciones que propuso el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para el régimen de asignaciones familiares para el personal de la administración pública.

Desde hace varias semanas, la Comisión de Legislación del Trabajo –presidida por el peronista Santiago Roberto (FdT)- continúa analizando un proyecto de ley impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que busca modificar el Régimen de Asignaciones Familiares para el personal de la administración pública y crear una nueva asignación por violencia de género.

Al respecto del debate en comisión, Roberto planteó que “es urgente que se actualicen los montos de las asignaciones familiares que están estancados desde el 2013 con montos que son irrisorios (de 270 pesos)” e insistió en que “necesitamos una ley superadora, consensuada para que abarque a todas y todos los trabajadores del estado”.

El texto presentado busca introducir modificaciones en la norma, a fin de hacerlo más inclusivo e incorporar las diversidades, dado a que “el sistema de asignaciones familiares actual tiene un fuerte arraigo en la composición familiar tradicional que necesita ser replanteado a la luz de las transformaciones sociales”, por lo que es “necesario reconocer los distintos tipos de conformaciones familiares que existen – parejas del mismo sexo, adoptantes, hogares monoparentales y otros tipos de configuraciones familiares no hegemónicas- así como contemplar las diversas necesidades de cuidado que tienen las familias. Por ello, introducir la perspectiva de género y diversidad”.

En este sentido, el presente proyecto propone modificar la redacción de algunos conceptos con un fuerte sesgo maternalista, como “maternidad” o “mujer embarazada” utilizando términos más inclusivos y como “nacimiento de hijo/a” o “persona gestante”, y eliminar ciertos condicionamientos y requisitos hoy vigentes como, por ejemplo, la acreditación del vínculo conyugal para la persona no gestante en el caso de la asignación por embarazo, o la presunción de que uno de los/las progenitores/as se ocupa del cuidado de los hijos en el hogar para el caso de la asignación por hijo menor de cuatro años.

Asimismo la iniciativa propone la creación de una asignación especial por violencia de género, que consiste en un apoyo económico para afrontar gastos generados por una situación de violencia por razones de género en el ámbito familiar, “con el objetivo promover la autonomía de todas las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ víctimas de violencia de género que trabajan en el Gobierno de la Ciudad”, sostiene la misma.

La propuesta del jefe de Gobierno también se propone la creación de un nuevo régimen de carácter progresivo, dotado de bandas determinadas por rangos mínimos y máximos de ingresos, así como un tope o límite máximo de ingresos que determinen tanto el acceso como la cuantía de las asignaciones a percibir para cada trabajador.

En los fundamentos del texto, Larreta sentenció que “la ley de asignaciones familiares cuyo proyecto se eleva en el presente, busca reemplazar el régimen actual con una versión superadora, que contemple a cada uno de los trabajadores en su contexto particular, no sólo en relación a sus ingresos, sino también a su configuración familiar, que busque una distribución proporcionada de los recursos priorizando a quienes más lo necesitan”.

La Legislatura debatirá la creación de la asignación por violencia de género

La Comisión de Legislación de Trabajo se reunirá este miércoles para analizar las modificaciones que propuso el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para el régimen de asignaciones familiares para el personal de la administración pública.

Tal y como lo adelantó parlamentario.com días atrás, la Comisión de Legislación del Trabajo –presidida por el peronista Santiago Roberto (FdT)- se reunirá este miércoles a las 15.30 en el salón San Martín de la Legislatura porteña para analizar un proyecto de ley que busca modificar el Régimen de Asignaciones Familiares para el personal de la administración pública y crear una nueva asignación por violencia de género.

La iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con la intención de actualizar la norma e incorporar otras asignaciones como, por ejemplo, la de violencia de género.

El texto presentado busca introducir modificaciones en la norma, a fin de hacerlo más inclusivo e incorporar las diversidades, dado a que “el sistema de asignaciones familiares actual tiene un fuerte arraigo en la composición familiar tradicional que necesita ser replanteado a la luz de las transformaciones sociales”, por lo que es “necesario reconocer los distintos tipos de conformaciones familiares que existen – parejas del mismo sexo, adoptantes, hogares monoparentales y otros tipos de configuraciones familiares no hegemónicas- así como contemplar las diversas necesidades de cuidado que tienen las familias. Por ello, introducir la perspectiva de género y diversidad”.

En este sentido, el presente proyecto propone modificar la redacción de algunos conceptos con un fuerte sesgo maternalista, como “maternidad” o “mujer embarazada” utilizando términos más inclusivos y como “nacimiento de hijo/a” o “persona gestante”, y eliminar ciertos condicionamientos y requisitos hoy vigentes como, por ejemplo, la acreditación del vínculo conyugal para la persona no gestante en el caso de la asignación por embarazo, o la presunción de que uno de los/las progenitores/as se ocupa del cuidado de los hijos en el hogar para el caso de la asignación por hijo menor de cuatro años.

Asimismo la iniciativa propone la creación de una asignación especial por violencia de género, que consiste en un apoyo económico para afrontar gastos generados por una situación de violencia por razones de género en el ámbito familiar, “con el objetivo promover la autonomía de todas las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ víctimas de violencia de género que trabajan en el Gobierno de la Ciudad”, sostiene la misma.

La propuesta del jefe de Gobierno también se propone la creación de un nuevo régimen de carácter progresivo, dotado de bandas determinadas por rangos mínimos y máximos de ingresos, así como un tope o límite máximo de ingresos que determinen tanto el acceso como la cuantía de las asignaciones a percibir para cada trabajador.

En los fundamentos del texto, Larreta sentenció que “la ley de asignaciones familiares cuyo proyecto se eleva en el presente, busca reemplazar el régimen actual con una versión superadora, que contemple a cada uno de los trabajadores en su contexto particular, no sólo en relación a sus ingresos, sino también a su configuración familiar, que busque una distribución proporcionada de los recursos priorizando a quienes más lo necesitan”.