Ante la ausencia de varios senadores como consecuencia del clima, se constituyó este miércoles la Comisión de Legislación General del Senado siendo designado al frente de la misma el liberal Bartolomé Abdala (San Luis).

La mendocina Mercedes Jury (UCR) propuso a Abdala porque “es un senador recientemente incorporado a la Casa, pero ha demostrado ampliamente su vocación de diálogo, de trabajo en conjunto y nos ha manifestado particularmente su interés y aún en momentos personales de mucha dificultad de integrar esta comisión tan importante para el Senado de la Nación”. Por el lado de Unión por la Patria reservaron los nombres de la vicepresidencia y la secretaría.

Tras ser ungido presidente, el puntano expresó: “Muchas gracias a los senadores que componen esta comisión que me han elegido”, y propuso como día y horario de reunión los miércoles a las 16 ya que “si no hubiera sesión, es un horario que generalmente estamos los senadores del interior presentes en la Casa”.

A continuación, la santacruceña Alicia Kirchner (UP) sugirió que “el día y la hora se consolide cuando estén presentes el resto de los senadores de Unión por la Patria que están ausentes, porque participan de otras comisiones para no generar superposiciones”.

En contraposición, Jury planteó: “Ya que estamos reunidos y se ha constituido la comisión y teniendo atento que queremos poner en funcionamiento las comisiones de forma rápida, dejar aprobado miércoles a las 16 horas porque si vamos dejando pendiente los días y horarios de todas va a ser muy difícil el cronograma. En caso de que se superpusiera, lo cambiamos”.

La senadora opositora Cristina López (Tierra del Fuego) expresó: “Coincidimos totalmente con la senadora y que el próximo miércoles terminar de definir con el resto de senadores que no pudieron llegar por tema de vuelos y el clima, no es algo de mala predisposición”.

Así, el titular de la comisión aseguró: “Es una razón más que lógica y entendible el motivo por el cual no están presente la mayoría”, y comentó que instruirá al secretario para que “conforme una reunión de asesores, ya que hay 84 proyectos de ley, 4 de declaración, 2 de comunicación con el estado parlamentario. Considero que es propicio para que los asesores empiecen a funcionar para agilizar el trámite que tendremos por delante”.

Antes de dar por concluida la reunión, Abdala retomó las palabras de Juri y expresó con dolor: “Acaba de fallecer mi compañera de vida, fueron 35 años. quiero agradecer a todos porque en el día del velorio todos se hicieron presentes, me mandaron flores. cuesta hablar de estas cosas, pero algunos lo hicieron a nivel personal como la vicepresidenta (Victoria) Villarruel, el senador (Pablo) Blanco, (Gabriela) Valenzuela, hasta la Cámara de Diputados estuvo presente y vale la pena destacarlo”.

“También a quienes aprobaron el minuto de silencio en la sesión que no pude estar, les agradezco tan alto honor y en especial al senador (José) Mayans que hizo la mención especialmente”, agradeció.

La Comisión de Legislación General del Senado, presidia por Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes), avaló dos proyectos de la senadora pampeana Norma Durango (FdT), uno sobre el régimen de proyección de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial, mientras que el otro fue tratado en un plenario con la Comisión de Salud, cuyo titular es el radical Mario Fiad, que propone armonizar las disposiciones del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica sancionado a través de la Ley 26.130 el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Es un acto de que las personas con discapacidad puedan ser reconocidos en su propio consentimiento en forma igualitaria y ejercicio igualitario de sus derechos”, señaló Almirón y explicó que “este expediente modifica normas del Código Civil y Comercial establece una regulación legal para todos los actos de autoprotección y de las directivas participadas concomitantes. Establece poder plasmar el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales de todas las personas más allá de las circunstancias y tener la decisión de su vida, diversidad y unicidad”.

A su vez, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) remarcó “la importancia de poder avanzar en este proyecto. Tiene y contiene una profunda sensibilidad respecto de las personas vulnerables, yo diría que atiende a esos derechos humanos incorporados a la Constitución, a ese bloque constitucional, al que también forman parte los tratados internacionales. Les da un espacio en el derecho de autoprotección de forma acabada a todas las personas vulnerables que quizás no alcanzaban la protección en el actual código”.

“Hay una ampliación en la autonomía de la voluntad. Va más allá de lo sanitario esto, tiene que ver con el resto de la vida de las personas y que ayuda a clarificar los alcances de los instrumentos como el de poder dejar sentado cual es la voluntad de la persona a que sobrevenga algún tipo de incapacidad que impida expresar su voluntad”, agregó.

Y continuó: “También considero que contribuye a la uniformidad nacional del tema lo cual es importante porque garantiza que todas las personas tengan un pie de igualdad y un perfeccionamiento de lo que significa el acto de autoprotección. Tiene que ver con el profundo respeto de lo que consideramos como los derechos humanos. A veces se infantiliza a las personas que tienen un tipo de discapacidad y se toman decisiones que van en contra de lo que quieren hacer voluntariamente”.

“El proyecto de ley para las intervenciones de contracepción quirúrgica sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad viene con media sanción de Diputados”, remarcó la presidenta de la comisión de Legislación General y explicó que “tiene su antecedente en la Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica que garantiza a toda persona mayor de edad el derecho a acceder a las prácticas ligaduras de trompas, de Falopio, deferentes o vasectomía. El derecho a limitar la procreación es un derecho personalísimo para las personas con discapacidad, el respeto de la decisión personal”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Salud Mario Fiad (UCR -Jujuy) manifestó de forma breve que “damos cuenta del valor que tiene el proyecto”. “Para darle un marco regulatorio y reconocer el ejercicio igualitario para todas las personas en los actos de proyección en salud, bienes o cualquier tipo de acción”, concluyó Almirón.

La Comisión de Legislación General del Senado ratificó a sus autoridades este lunes en una reunión remota. Ana Claudia Almirón (FdT-Corrientes) continúa en la presidencia, Silvia Del Rosario Giacoppo (UCR-Jujuy) en la vicepresidencia y Juan Mario Pais (FdT-Chubut) en la secretaría. Además, se organizaron algunas cuestiones del plan de trabajo de la comisión.

💻Quedan ratificadas las autoridades de la Comisión de Legislación General con @AnaAlmironCtes como presidenta y @giacopposilvia como vicepresidenta

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 22, 2021

Almirón destacó del año pasado que “estuvimos a la altura de las circunstancias en cada uno de los temas que se han establecido” en “un año sumamente intenso con temas inéditos”. En cuanto al día y hora de reuniones se apeló a la flexibilidad según disponibilidad, al igual que en las demás comisiones. Las reuniones de asesores, por su lado, serán los jueves a las 15 hs.

La senadora Eugenia CatalfaMO (FdT-San Luis) pidió la palabra para expresar la necesidad de “dar pronto tratamiento de la Ley Nacional de Juventudes”. “Es una ley que nosotros hemos presentado en 2019 y que la volvimos a presentar ahora. El objetivo es que nuestro país cuente con una Ley Nacional Federal de Juventudes. La hemos adaptado a los nuevos tiempos respecto de 2019. Le pido presidenta que podamos darle pronto tratamiento”, solicitó la senadora.

Por último, el senador Pais también pidió tratamiento a un proyecto propio. En su caso, sobre la modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. “Considero que es muy urgente por los recientes fallos y por la necesidad de que todos los tribunales del país, empezando por la Corte en todos sus fallos, aún cuando aceptan la jurisdicción o cuando la rechazan. tengan una decisión suficientemente fundada. Constituye un derecho constitucional de todos los ciudadanos”, argumentó el senador.

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el Frente de Todos pasó a la firma el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de prohibir cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios.

Pese al pedido de Juntos por el Cambio de dar más tiempo al debate y convocar a distintos sectores para que den su opinión, además de incorporar otra comisión al análisis, el oficialismo se mantuvo firme en su decisión de avanzar de inmediato con la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (FdT), explicó al abrir la reunión los puntos del proyecto y dijo que este año “la Argentina ardió en llamas”, y recientemente en su provincia, Corrientes, hubo “varias localidades tuvieron focos de incendios”, destacándose la situación en la localidad de Virasoro. “Es sumamente necesaria (esta ley) porque tenemos que proteger nuestro medioambiente”, afirmó.

Por Juntos por el Cambio, la macrista Gladys González repasó todos los argumentos en contra de la iniciativa. “Lejos de cumplir con el objetivo de proteger, es contrario al principio de no regresividad. La Ley de Bosques no habla de plazos, sino que protege a perpetuidad, y este proyecto lo que hace es ponerle un plazo. Estaríamos retrocediendo en la protección”, señaló.

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable remarcó además que la iniciativa “avanza sobre facultades provinciales”, porque “prohíbe usos que en realidad son las provincias las que tienen que determinar, en función de una categorización general, así que es claramente inconstitucional”.

También criticó que “no distingue entre los incendios provocados y los accidentales o naturales”, por lo que apuntó que con su aplicación se podría hacer “pagar al dueño de un terreno por un incendio que provocó otro”.

González enfatizó que la iniciativa tiene características de “inconstitucionalidad, desproporcionalidad, injustificación, no protección”.

“Avancemos en la Ley de Humedales, pongámosle presupuesto a Ley de Bosques y a la Ley de Manejo del Fuego, pensemos proyectos juntos de prevención y mayor concientización sobre el tema, incorporemos delitos ambientales al Código Penal, pero no avancemos en esta norma que además de ser inconstitucional no soluciona el tema de fondo“, completó.

A su turno, el entrerriano Alfredo De Angeli advirtió que “un incendio en un campo muy pocas veces es que sea intencional”. En ese sentido, el macrista ejemplificó que “en un día de mucho calor, como hoy, un vidrio hace prisma y puede prender fuego un campo y sería injusto penalizar al dueño de un campo porque un vidrio prendió fuego”, o “una chispa de un caño de escape con 40 grados” que causa fuego al pasar un camión por un campo.

El legislador reclamó que se le dé giro a la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque “las mejores leyes son las más discutidas”. “Yo creo que esta ley no es buena”, agregó.

En tanto, la radical Silvia Giacoppo reclamó que el proyecto pase por asesores y habló de “la preocupación de muchos productores agropecuarios” al respecto. Por eso, la jujeña resaltó que “por la importancia, el impacto y algunos artículos que tiene, merece ser trabajado” y no dictaminarse sin antes “escuchar a las partes” y “discutir el tema como amerita”.

Almirón defendió entonces que el proyecto no haya pasado por asesores, dado “el trabajo fructífero del Senado”, donde “ya no teníamos tiempo” porque “está colapsado el horario, porque todas las comisiones pidieron trabajar”.

En defensa de la iniciativa, la santafesina María de los Ángeles Sacnun destacó que la ley tiene como objetivo “defender los derechos medioambientales y colectivos de toda la sociedad”. “Como en toda ley existen tensiones y distintos intereses a proteger. Es lógico que haya que escuchar a los intereses particulares, pero hay derechos colectivos, protegidos expresamente por la Constitución Nacional”, manifestó la oficialista.

En la misma posición que sus pares, el macrista Esteban Bullrich llamó a dar “una discusión más profunda” y “escuchar más voces”, porque “esta norma tiene problemas”. “La velocidad es importante, pero la calidad también, sobre todo cuando hablamos de leyes. No entiendo que estemos sacando una ley de cualquier manera; la podemos corregir, para eso somos cámara revisora”, subrayó el bonaerense.

Durante el debate, el chubutense Mario Pais aseguró que la iniciativa se da “en función de la manda constitucional del artículo 41” y negó que se esté “avanzando sobre las facultades provinciales”. “Esta ley está estableciendo una suerte de restricciones administrativas sobre superficies en el marco de las potestades que tiene la Nación y las provincias”, indicó el oficialista y argumentó que “apunta a dar una respuesta a una situación que ha sido verdaderamente emergencial”.

Finalmente, Almirón comunicó la decisión del Frente de Todos de avanzar con el dictamen y consideró que hubo “tiempo” de análisis porque “la reunión fue convocada la semana pasada” y “son solamente tres artículos que se modifican”.

“Es una herramienta de control positivo que tiende a desalentar los incendios intencionales”, expresó y abogó por el “trabajo conjunto”, tal como lo planteara su par Nora del Valle Giménez, entre la Nación y las provincias, porque “si no tenemos una aplicación efectiva en cada una de las provincias efectivamente la ley va a caer en saco roto”.

Qué plantea la iniciativa con media sanción

El proyecto modifica el artículo 22 bis de la Ley 26.815, de modo de establecer una serie de prohibiciones por el término de 60 años “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

De acuerdo al nuevo texto, no se podrá “realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; y la división, subdivisión, excepto cuando resulten de división o participación hereditaria, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.

Tampoco, “la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio”.

Todo ello “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”.
Además, se incorpora el artículo 22 ter que reza que esta prohibición “será extendida si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente”.

En tanto, el nuevo artículo 22 quáter se refiere a los incendios en “zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”.

En esos casos, la prohibición será por 30 años y no se podrán realizar emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.

La Comisión de Legislación General del Senado dictaminó con modificaciones el proyecto de ley que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras, el cual tenía media sanción de la Cámara de Diputados desde el 31 de julio pasado.

Los cambios se introdujeron en el artículo 1ro. de la iniciativa, de modo de ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 -el texto original estipulaba el 31 de marzo-; aclarar que los beneficiarios podrán ser quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.

Al comienzo de la reunión se leyó por secretaría una nota del titular del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, quien advirtió por algunos aspectos del proyecto, entre ellos que, si no se estableciera un período determinado, habría empresas que concursaron con anterioridad a la pandemia y se verían beneficiadas, como ser el caso Vicentin.

La presidenta de la comisión, la oficialista Ana Almirón, explicó que estos reparos habían provocado una “demora del tratamiento” del proyecto y por esa razón se analizaron los cambios, de modo de evitar que “haya empresas que podrían verse indebidamente beneficiadas”.

La santafesina María de los Ángeles Sacnun consideró que el proyecto debe “ser certero en cuanto a quienes quedan incluidos y quienes no en la ley”. “Esta es una norma tendiente a proteger a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente”, dijo e indicó que por la pandemia “estamos contando por miles las empresas afectadas y conjuntamente los puestos de trabajo que se ven afectados”.

La oficialista señaló entonces que esta norma “es una manera de protegerlos y cuidarlos” y opinó que “es absolutamente racional”, dado la extensión de la situación sanitaria, “que extendamos hasta el 30 de junio de 2021” el plazo, el cual estaba previsto según la sanción de Diputados hasta el 31 de marzo de 2021.

En tanto, su par del Frente de Todos Oscar Parrilli sostuvo que “es imposible no reconocer la situación de emergencia que ha generado el Covid” y, en ese marco, se toma “una medida de excepción motivada por un hecho de excepción”.

“En todo lo que tiene que ver con el dólar especulativo, el dólar que se fuga y atenta contra los programas económicos, desde el Estado tenemos la obligación de, por lo menos a esos que realizan ese tipo de operaciones, no darle beneficios”, expresó, en referencia a las modificaciones propuestas.

Crítico del proyecto, el senador del Pro Ernesto Martínez analizó que “la ley está mal hecha, viene mal hecha de Diputados”, porque “el problema no es la presentación del concurso, si fue anterior o posterior al 20 de marzo, el tema es el tamaño de las empresas y sociedades que se concursan”.

“El cuidado que se busca está mal planteado”, agregó y advirtió que con la extensión del período de emergencia se producirá “una ruptura de la cadena de pagos” y “un reguero de cesaciones de pagos y presentaciones de concursos de aquellas unidades que son menores”. “Cuando las cosas vienen mal son difíciles corregirlas”, lamentó.

A su turno, el oficialista Mariano Recalde sugirió “excluir del beneficio a aquellas actividades que no hayan sido alcanzadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, al haber sido declaradas esenciales, ya que en el período de pandemia “hay sectores que han tenido enorme rentabilidad, por ejemplo el sector agroexportador”.

No de acuerdo con esta propuesta salió un senador del propio Frente de Todos. El chubutense Mario Pais dijo que entendía el planteo realizado por Martínez y la sugerencia de su par Recalde, pero remarcó que todas las actividades “se han visto impactadas”, porque la pandemia “alteró consecuencias y parámetros del mercado” con “ruptura de la cadena de pagos y caída de precios internacionales”, como sucedió en el sector petrolero. “No podemos hacer esta discriminación en la norma”, afirmó.

Luego, Parrilli coincidió en “sacar el despacho” y agregó: “Tenemos tiempo hasta el recinto de poder incluir otra modificación”.

Las modificaciones

Según el nuevo texto del artículo 1ro., se declara “hasta el 30 de junio de 2021” la emergencia “de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir de que el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria por medio del decreto 297/20, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.

Quedarán exceptuados “los sujetos que entre el período de sospecha que fija el artículo 16 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y hasta dos años siguientes de la entrada en vigencia de la ley realicen” una serie de operaciones, como “giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados”.

También quienes realicen “erogaciones a países categorizados como no operantes o de nula o baja tributación” de acuerdo a lo descripto en la Ley de Impuesto a las Ganancias; “adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero”; y “constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período”.

El resto del articulado, por el momento, quedó igual a como salió aprobado de la Cámara baja. De esta manera, durante el plazo que dure la emergencia, se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522, en lo dispuesto al denominado “período de exclusividad” previsto en el artículo 43 de esa norma.

Se establece, además, que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.

En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.

También, se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.

Y se contempla la suspensión de “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, al tiempo que se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.

Otros proyectos

Durante la reunión se pasó a la firma además un proyecto del senador Mario Pais -vuelto a presentar por haber perdido estado parlamentario una media sanción-, respecto a modificaciones en el Código Civil y Comercial sobre acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.

También se avaló una iniciativa del senador del Frente de Todos Sergio “Oso” Leavy, que introduce un párrafo al artículo 15 de la Ley de Bomberos Voluntarios (25.054), para establecer que “durante la declaración de catástrofes, epidemias y/o pandemias las empresas prestadoras de servicios esenciales no podrán disponer la suspensión o el corte de servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, internet o televisión por cable”.

La Comisión de Legislación General del Senado, que preside la correntina Ana Almirón (FdT), se reunirá de manera remota este martes, a partir de las 15, para analizar la nueva ley de alquileres que cuenta con media sanción de la Cámara baja desde noviembre pasado.

El temario del encuentro incluye otras iniciativas vinculadas al tema, entre las que se encuentra una presentada por Silvina García Larraburu (FdT), quien fue autora de un proyecto aprobado en la Cámara alta en 2016, pero que se trabó en Diputados, donde finalmente -tras varias idas y vueltas- se sancionó un nuevo texto.

El proyecto, avalado en el recinto de la Cámara baja el pasado 20 de noviembre por amplia mayoría, extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).

También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario; entre otros puntos.

Además, en la reunión se tratará un proyecto del senador Oscar Parrilli que propoe suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

Se reunirá este martes a partir de las 15 la Comisión de Legislación General que preside la correntina Ana Almirón para analizar una serie de proyectos que incluyen modificaciones relacionadas con el tema alquileres

Uno de ellos es un proyecto de ley proveniente de la Cámara baja que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación. Asimismo analizarán un proyecto de ley de la senadora Silvina García Larraburu, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la Ley de Alquileres, y otro de los senadores nacionales (MC) Magdalena Odarda y Fernando “Pino” Solanas, de Ley de Defensa de las Inquilinas e Inquilinos.

Asimismo tratarán un proyecto de ley de Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.