Por tercer día consecutivo la Cámara de Diputados continúa su intensa actividad legislativa con la integración de sus comisiones, debido a que este jueves está previsto que se conformen seis más y, de esta manera, tendrá más del 70% del total de las comisiones permanentes armadas.

Bien temprano pasadas las 9 se conformó la Comisión de Legislación Penal. Desde el bloque Pro, en nombre del santafecino Alejandro Bongiovanni, postularon para su presidencia a Laura Rodríguez Machado quien es “abogada recibida en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó su actividad legislativa en su provincia, tras cumplir dos mandatos como diputada desempeñó funciones en la municipalidad como secretaria de Desarrollo Económico y de Economía y Finanzas. En 2015 fue senadora, fue presidenta del bloque en la Cámara alta y vicepresidenta segunda del Senado de la Nación. Fue autoridad en distintas comisiones lo que la hace más solvente para hacer el trabajo de las comisiones y es autora de diversos proyectos de penalizaciones”.

Tras ser ungida titular de la comisión, la diputada del Pro chicaneó: “Veo que hubo unanimidad y no se suspendió la comisión”, haciendo alusión a lo acontecido en el encuentro de este miércoles con la Comisión de Juicio Político.

Por su parte, la cordobesa Soledad Carrizo, en representación de la UCR, nominaron al tucumano Mariano Campero para la vicepresidencia primera quien fue intendente de Yerba Buena en “dos oportunidades”. También se desempeña como “profesor de la cátedra de derecho penal de la Universidad Nacional de Tucumán”. “Su carrera política siguió creciendo, fue legislador provincial y estos años nos acompaña dentro del bloque”, agregó Carrizo en la presentación.

Por Unión por la Patria la diputada Silvana Ginocchio postuló al exministro de Justicia Martín Soria como vicepresidente segundo y lo describió como “abogado de la UBA. En sus inicios trabajó en la Justicia Federal en el fuero criminal y correccional de la capital federal. Entre 2007 y 2011 fue legislador provincial en Rio Negro, dos veces intendente de General Roca entre 2012 a 2019, diputado nacional entre 2019 y 2021 para asumir luego como ministro de Justicia y Derechos Humanos en 2021 hasta el 2023. Ha presentado numerosos proyectos de ley”.

La secretaría primera quedó en reserva por LLA, al igual que la secretaría segunda por UP. En cambio, la secretaría tercera fue para la diputada Carolina Píparo (Buenos Aires Libre) que, según explicó Rodríguez Machado, fue por “acuerdos parlamentarios”.

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Soria agradeció la designación y expresó: “Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y esta es la comisión que muchas veces tiene que debatir, analizar y decidir antes de llevar al recinto proyectos que tienen que ver con la restricción sobre la libertad de las personas. Es un arduo trabajo lo que significa esta responsabilidad”.

A su turno, Campero sostuvo que “en este momento histórico tenemos el enorme desafío de hacer reformas profundas en el Código Penal que forman parte de la discusión de todos los argentinos. Tenemos un enorme trabajo por delante respecto de nuestra legislación penal”.

Por último, Rodríguez Machado afirmó: “No escapa a quienes integramos la Cámara de Diputados la importancia de esta comisión. Lo primero de todo es la libertad, pero también tenemos que entender que la norma penal no es una norma pétrea que debe quedar intocable a lo largo del tiempo, sino que debe aggioarnarse a las nuevas modalidades delictivas y a las nuevas tipologías de organizaciones criminales. Va a ser una de las comisiones más importantes en función de lo que ocurre en el país y la demanda de la gente que pide que la normativa se ajuste a las nuevas realidades”.

“Nos espera un relevante trabajo para aprobar leyes necesarias en materia de seguridad para los argentinos”, cerró y propuso como día y horario de reunión los martes a las 15.30, pero aclaró que “está sujeto a disponibilidad de sala y otras cuestiones”.

Agricultura y Ganadería

Pasadas las 10.30 se eligieron las autoridades de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Desde la UCR el entrerriano Pedro Galimberti propuso para presidir la misma a su coterráneo Atilio Benedetti es licenciado en Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tiene una amplia y dilatada trayectoria en materia política, ha sido concejal de su ciudad, ha sido intendente, tres veces diputado nacional, integró el directorio del Banco de Nación Argentina, presidió la comisión entre 2017-2019, fue presidente del Concejo Empresario de Entre Ríos, ha integrado en diferentes cargos la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Siempre estuvo vinculado al sector agropecuario”.

En nombre de la Libertad Avanza el santafecino Nicolás Mayoraz propuso como vicepresidente primero al ingeniero en producción agropecuaria Beltrán Benedit (Entre Ríos) que “vivió toda su vida en el campo y ha representado los intereses en diferentes organizaciones gremiales. Actualmente como director de la Sociedad Rural Argentina. Hombre comprometido con el crecimiento del sector y agroindustrial en su provincia”.

Por el bloque Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas propuso a la correntina Sofía Brambilla como vicepresidenta segunda que es “licenciada en Ciencias Políticas, integra la comisión desde que fue electa diputada en 2017 y viene trabajando con el sector productivo de su provincia”.

La formoseña María Parola en representación de UP postuló por la secretaría primera a Luis Basterra que es ingeniero agrónomo, fue ministro de Producción de Formosa, fue dos veces diputado nacional y entre 2011-2015 presidió la comisión. También se desempeñó como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entre 2019-2021. En tanto hicieron reserva de la segunda secretaría.

Por la tercera secretaría, desde el bloque Hacemos Coalición Federal postularon al diputado Carlos Gutiérrez que “fue concejal de Río Cuarto, presidente de su bloque en Córdoba, dos vece diputado nacional, ministro de Agricultura durante la 125 y ha presentado numerosos proyectos que tienen impacto positivo en la materia sobre retenciones, corte de biocombustibles, entre otros”, lo calificó su par Victoria Borrego.

La cuarta secretaría fue para el diputado del Pro Martín Ardohain (La Pampa) que fue “diputado provincial entre 2019-2023, es cuarta generación de productores agropecuarios”. Por último, fijaron los martes a las 17.30 como día y horario de encuentro.

De forma breve, Ardohain afirmó que tienen “un gran desafío” porque es un sector que “sabemos lo que produce y el potencial que tiene y en los últimos días cuando el productor se involucra y participa se producen grandes cosas”, y destacó la baja de precio en un 25% de la vacuna aftosa. “Tenemos muchos desafíos, cuidar el ambiente, mejorar la producción, los caminos, las vías hídricas”.

En el uso de la palabra, Gutiérrez reiteró la importancia de contribuir a “una verdadera agenda agroindustrial que tanto necesita nuestro país que ha sido predicada y parcialmente practicada por distintas gestiones y aspiramos a que esta comisión realmente le entre de lleno a los temas que son muy importantes para el verdadero desarrollo y aporte que el complejo agroindustrial tiene que hacer”.

El diputado Basterra expresó: “Vivimos tiempos complejos y sin duda esta comisión se ha caracterizado por alcanzar acuerdos”, recordó que desde 2011 al 2015 se han logrado 43 medias sanciones, de las cuales 24 fueron ley. “Eso gracias a acuerdos y a la comprensión del rol que tiene la agricultura en todo el país. Es la expresión más clara del federalismo porque tenemos que estar orgullosos de nuestro sector agrícola ganadero y de pesca”, destacó.

El formoseño alertó que “hay profundas transformaciones en el Estado que ha tenido el rol de profundizar en equidad e inclusión, pero estamos viendo desfinanciamientos apura áreas críticas como agricultura familiar tiene que ser debatida y comprendida para que validemos la importancia que tiene el rol de nuestros pequeños y medianos productores en la generación de alimentos, de la ocupación”.

A continuación, Brambilla manifestó que el campo “es el motor del país” y se mostró optimista de “desburocratización que el campo nos solicita”, porque “es un sector productivo fundamental del país que nos pide que le quitemos el freno. Están preparados para competir y necesitan que le saquemos las ataduras que le pusieron durante años”.

El libertario Benedit expresó: “Llegará el momento de darnos cuenta la importancia que tiene el sector productivo que traen el bienestar y la prosperidad”, y calificó al campo como “un sector noble” que “arriesga e invierte todos los años no menos de 20 mil millones de dólares, y los invierte acá. Eso hay que cuidarlo”.

“Es un sector que tiene territorialidad, produce de punta a punta y significa soberanía. Hay que trabajar en aras de un campo próspero. Ningún gobierno ha visto el potencial que tiene el sector con el viento a favor. Cuando al campo le va bien, al país le va bien. Es uno de los sectores más generosos porque todo lo que produce queda acá. Hay que impulsar políticas para la cadena agroindustrial para contribuir a ellos”, cerró.

Por último, el flamante titular de la comisión coincidió con sus pares y remarcó que “es una actividad promesa para el desarrollo del país, pero que por distintos motivos no pudo hacerlo”. Así, alertó: “Cuando nos comparamos con los países vecinos nos están llevando por delante, nosotros éramos el granero del mundo, principales productores de carne estamos siendo dejados atrás. Tenemos un enorme desafío”.

Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales

Al mediodía fue el turno de la constitución de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, la cual quedó en manos de Unión por la Patria. Designado como presidente resultó el chaqueño Juan Manuel Pedrini, quien fue propuesto por Guillermo Snopek.

Snopek repasó su trayectoria política, “que se inicia en la Municipalidad de Resistencia; fue presidente del Concejo Deliberante, también presidente de la Lotería chaqueña; ministro de Justicia y Seguridad de su provincia, también diputado nacional”, pero además destacó su “trayectoria personal” y recordó que es escribano.

Luego, Pedrini devolvió los elogios a Snopek, que fue nombrado vicepresidente primero. “En estos tiempos esta comisión va a tener una función trascendente”, dijo el jujeño.

Pedrini agradeció la nominación y expresó: “Espero estar a la altura de las circunstancias. Esta es una comisión muy especial, de las tantas que componen nuestro Parlamento. Una comisión que actúa después que las normas ya están sancionadas; también podemos lógicamente hacer las propuestas para mejorar, actualizar y perfeccionar estos dos tipos de normas”.

Durante la reunión, La Libertad Avanza hizo reserva del nombre para la vicepresidencia segunda, mientras que UP hizo lo propio en el caso de dos secretarías. Uno de los secretarios que sí fue designado, aunque no estaba presente, fue el diputado del Pro Luciano Laspina, propuesto por Damián Arabia, quien repasó su trayectoria.

Finalmente, los días y horario para reuniones de la comisión quedaron establecidos los martes a las 10.30.

Economía

Al conformarse la Comisión de Economía, fue elegido como presidente el pampeano Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria. “Es contador público y en su provincia cumplió varias funciones como tesorero General, subsecretario de Hacienda, ministro de Hacienda y Finanzas, ministro coordinador de Gabinete, diputado provincial, diputado nacional en el período 2017-2021 y luego ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y nuevamente diputado nacional. Para nosotros es un honor que ocupe la presidencia de esta comisión”, propuso su colega Julia Strada.

En tanto, la vicepresidencia primera, también para UP, se solicitó reserva, al igual que la vicepresidencia segunda correspondiente al bloque de Innovación Federal. Asimismo, quedaron pendiente de designación dos secretarías, una para UP y otra para la UCR.

Desde La Libertad Avanza, Carlos Zapata propuso como uno de los secretarios a su comprovinciano Julio Moreno Ovalle, quien es “doctor en Administración y Economía, contador público” y “una persona muy trabajadora que conoce los vericuetos de la economía desde adentro”. Además es profesor universitario, formó parte del Tribunal de Cuentas de Salta, fue diputado provincial y fundador del partido Ahora Patria.

Tras establecerse los jueves a las 11.30 como día de reunión, Ovalle tomó la palabra y expresó: “Creo que va a ser una comisión muy importante por las condiciones que tenemos de la economía en este momento en el país; vamos a contribuir de la mejor forma posible, aportando proyectos e ideas y apoyando la gestión del Gobierno nacional”.

“En estos tiempos tan difíciles por los cuales está atravesando la Argentina celebro tener un equipo de trabajo, más allá de las ideas políticas de todos, de donde surjan propuestas y aportes para ver si entre todos podemos mejorar la calidad de vida de los argentinos”, cerró por su parte Rauschenberger.

Justicia

A las 15, la Comisión de Justicia designó a Manuel Quintar (LLA – Jujuy) como su nuevo presidente. La salteña y jefa de bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, quedó como vicepresidenta primera, y Patricia Vásquez vicepresidenta segunda.

Al ser elegida, la diputada Vásquez manifestó: “Tengamos como único norte hacer de una vez y para siempre que la Justicia de nuestro país recupere la honorabilidad y la confianza que se merece el ciudadano argentino”. “Trabajemos para que sea eficiente y rápida”, agregó.

También, remarcó que está trabajando en proyectos de ley para “terminar con los curros y las mediaciones de burocracia que le hacen la vida imposible a la gente”.

Las Secretarías primera y tercera fueron para Unión por la Patria, mientras que la segunda fue para la Unión Cívica Radical. Sin embargo, las tres quedaron en reserva. La fecha designada para las reuniones quedó para los martes, pero el horario no fue consensuado, por lo que sería entre las 16 y las 18.

Pequeñas y Medianas Empresas

Finalmente, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas designó a la socialista Mónica Fein como presidenta, mientras que las Vicepresidencias primera y segunda, fueron reservadas.

Del mismo, la diputada nacional Belén Avico (Pro – Córdoba) quedó a cargo de la Secretaría primera, mientras que las restantes no fueron designadas.

Pese a los meses de trabajo en busca de consensos y a las modificaciones que se aceptaron incorporar al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, no hubo este martes un solo dictamen sobre el proyecto que busca reformar la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos. 

Se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Al concluir el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, el dictamen de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los legisladores del Pro, que lo hicieron con disidencias. Por su parte, la CC-ARI y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios, que finalmente concluyeron en uno solo, que también fue acompañado por la UCR y Evolución Radical.

En el comienzo de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (FdT), destacó que se esté avanzando en “un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados”, los cuales “requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales”. 

La oficialista valoró el “trabajo que se hizo desde hace muchos meses con aportes valiosísimos de los distintos bloques” y “el diálogo y la apertura” que hubo por parte de los legisladores. Luego, leyó una amplia cantidad de modificaciones que se hicieron a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado. 

Tras informarse todos los cambios, el diputado Pablo Tonelli (Pro-JxC) ponderó: “Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”. Sin embargo, aclaró que tanto en el plenario como en la sesión iban a “insistir” con “dos o tres puntos respecto de los cuales tenemos disidencias”. 

“Nos parece que esta es una buena oportunidad para mejorar la ubicación institucional de la UIF y dotarla de una autonomía que al día de hoy, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló y apuntó también que sería favorable avanzar en “modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente”.

En esa línea, el macrista expresó: “Nos parece que le daría al organismo una jerarquía y una independencia que aseguraría de manera mucho más efectiva la calidad de la tarea que el organismo debe realizar”. “Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo”, dijo sobre otro de los cambios reclamados. Con todo, afirmó que “estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos a acompañar”. 

A su turno, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) reconoció “el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo”, no obstante lo cual adelantó que iba a presentar un dictamen de minoría por diferencias en la redacción de algunos artículos. 

“Estamos en presencia de un organismo que resultó novedoso hace 20 años en Argentina cuando propiciamos su creación. El tema de la autonomía no es un tema nuevo”, recordó, pero resaltó que “desde el primer momento del debate algunos sostuvimos que debería ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad”. “Voy a seguir reclamando la autonomía, me parece que este organismo tiene que funcionar con autonomía no solamente por las cuestiones de los delitos, sino por la experiencia recogida. Y en esa experiencia recogida, no estoy de acuerdo cómo se plantea la cuestión de la denuncia frente a la Procuración; creo que la acción tiene que estar en manos de la Procuración”, enfatizó.

Para la legisladora bonaerense, “debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, apuntó en alusión a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

También al anunciar un dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) destacó “el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho”, pero “para nosotros esas poquitas diferencias son ‘las’ diferencias”, subrayó, para cuestionar luego que la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”. 

“Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos, y al que joda, que joda; hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al gobierno que venga”, manifestó y continuó: “Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y seriamente colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”. 

La cívica observó que “el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora”. “No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice”, agregó. 

Visiblemente molesto con la postura inflexible de un sector de la oposición, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, mencionó que “se ha trabajado muchísimo este proyecto” que va en pos de contribuir a las evaluaciones que tendrá el país, las cuales “no le hacen al Gobierno, le hacen al Estado argentino”. Haciendo un repaso del trámite, recordó que el FdT esperaba poder tratarlo en diciembre del año pasado, pero no se pudo, al igual que durante extraordinarias. 

“No es que no estuvimos dentro de esos meses trabajando para intentar avanzar en este tema. A los cambios que ya teníamos consolidados en noviembre le hemos agregado otros cambios”, reveló y afirmó que “prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de controversia. Sí lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original del Ejecutivo y que hay diputados y diputadas que consideran se podrían haber incorporado”. A continuación, aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”. 

El santafesino se preguntó “¿por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”. “¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó. 

“Le pido que consideren los bloques que estando tan cerca están planteando solamente las diferencias que tengan también la actitud que tenemos nosotros: no hay que mezclar los temas”, pidió, haciendo alusión a qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera buscado agregar a la iniciativa el tema de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada). 

Para el presidente de la bancada oficialista, “nadie de los que está acá tiene dudas que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente. No hay ningún retroceso, solamente hay avances”. “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quién favorece la posibilidad que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen, porque la política no se pone de acuerdo?”, señaló y pese al compromiso de “seguir conversando” para acercar posiciones de cara a la sesión, dejó una advertencia: “Sinceramente las actitudes que yo estoy viendo en esta comisión hacen peligrar su aprobación mañana”. 

Modificaciones al proyecto

Mónica Litza fue la encargada de enumerar todos los cambios que se hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó el que se refiere a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. “Ello, a los fines de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido”, dijo la diputada.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó. 

Sobre la UIF, “se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades”, apuntó entre los cambios que enumeró.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, “no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación”. 

“Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas”, subrayó Litza. 

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. 

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

Y prevé también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. 

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados aceleró un proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal. 

Un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal dieron dictamen este miércoles a una iniciativa que fue consensuada entre los distintos representantes de la provincia, y que se había presentado en mayo de 2022, es decir, hace 10 meses. Solo en noviembre pasado se había realizado una reunión informativa.

El texto, que prevé la creación de cargos de fiscales, defensores y jueces (de garantías, revisión y ejecución) en distintas localidades, deberá ser tratado ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Durante la discusión, que se extendió por tres horas, uno de los puntos que más se escuchó fue el reclamo para que se conforme la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que se reunió por última vez en febrero de 2021. Actualmente, el Senado todavía no designó a sus representantes, por eso, hubo críticas varias a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. 

También, al reconocer que esta medida tendrá un impacto en el mediano y largo plazo, se puso el eje en la demora de designaciones judiciales pendientes y en el postergado nombramiento de un procurador general de la Nación. 

Autor del proyecto que se presentó en mayo del año pasado con la firma de 18 de los 19 diputados por la provincia de Santa Fe, el diputado Roberto Mirabella (FdT) recordó que este fue “un tema que lo empezamos a tener en la agenda a fines de 2021” tras una reunión con el gobernador Omar Perotti, en la que trabajaron “varios meses en una mesa donde estaban representados todos los bloques” para “poder llegar a un punto de acuerdo y un texto unificado”. 

La iniciativa “va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que rige desde 2014” y hasta ahora “solo se implementó en las jurisdicciones de Salta y Jujuy”, dijo. “Estamos ansiosos de que (el Código) se ponga en marcha en mi provincia”, expresó. 

El oficialista detalló que “viene a crear fiscalías federales, que van a tener en cabeza la investigación y persecución criminal, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución”. 

“Todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia, y en particular en la ciudad de Rosario, con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad; por la cantidad de homicidios que se producen, cuadriplica la media argentina; porque el 80% de esos homicidios están producidos por bandas narcos; y además porque en los últimos meses se han producido con mayor frecuencia actos que generan terror en la población”, señaló el santafesino. 

Mirabella precisó que “según la PROCUNAR, en Rosario se tramitan de cinco a diez veces más causas por drogas que en cualquier provincia argentina. De hecho, el 20% de las causas se tramitan en Rosario”.  “Todos sabemos que con este proyecto no va a venir la solución mágica, ni se va a implementar mañana”, reconoció, pero afirmó que ante la situación actual hay que tomar medidas “y realizarlas todas a la vez, porque todas son importantes”. 

A su turno, el diputado Juan Martín (UCR) lamentó que “Santa Fe duplica la media nacional de homicidios, y en conglomerados como Rosario la triplica y cuadriplica”. “Llegamos tarde a este momento. En este momento parece que estamos corriendo detrás de la pelota. Parece una respuesta espasmódica, pero aspiro a que sea un antes y un después”, manifestó. 

En esa línea, el radical aclaró que el proyecto tendrá un impacto en el “mediano y largo plazo”, mientras que “en lo inmediato hace falta decisión política, con mayores recursos, mayores efectivos federales y un plan para ayudar a pacificar la provincia, que por supuesto también tiene que hacer su aporte”. 

El santafesino remarcó que hay cargos vacantes en tribunales de Rosario y mencionó el retraso en la conformación de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. “Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer cuanto antes”, consideró y pidió que  la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna “y cuanto antes llevarlo al recinto” para poder “mostrar que estamos haciendo un pequeño aporte”. 

Otro santafesino que habló, desde el oficialismo, fue Marcos Cleri (FdT), quien opinó que este puede ser “un proyecto de muy buen ejemplo para trabajar en el resto de las provincias y regiones”. A partir de la iniciativa, se crean 27 fiscalías, 9 cargos de defensores y cargos de jueces en Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto. 

“Es muy valioso y muy importante porque viene a atender una necesidad que estamos teniendo. Y más valioso y más importante es el compromiso de todos los actores políticos de nuestra provincia para poder lograrlo”, destacó. 

También, el camporista reclamó al Senado el avance de pliegos al solicitar que “en marzo se puedan terminar de designar dos jueces que están ya con el proceso finalizado en la Comisión de Acuerdos, y que también el Senado sesione y le pueda dar ingreso (a los pliegos) de una fiscal, un defensor y un juez, atento que pasaron el proceso del Consejo de la Magistratura y fueron enviados por el Poder Ejecutivo”. 

En una crítica indirecta a algunos dirigentes de la oposición, Cleri sostuvo: “Nosotros que vivimos en la ciudad de Rosario padecemos estos hechos de inseguridad, como lo padecen todos los rosarinos y rosarinas, y el turismo electoral político es un carancheo que solicitamos que dejen de hacer. Porque con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días contra el crimen organizado”. 

Además, el legislador apuntó que “uno observa que tenemos que tener un Estado presente, cercano, que resuelve los conflictos, para lo cual se necesitan muchas veces recursos y cuando hay modelos neoliberales, o modelos económicos que retiran el Estado del rol donde tiene que estar, lo que avanza es el crimen organizado”. 

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) subrayó que “no solo deberíamos instar la implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, sino en todo el país”. “Estamos atrasados con el cronograma que originariamente se había marcado”, recordó. 

Si bien ponderó el proyecto, el porteño aclaró que “con esto no alcanza” ya que, por ejemplo, “hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe” de las cuales “solo tres están tramitando el concurso en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o el Senado”. 

“Para tratar de resolver de manera definitiva y efectiva no solo es necesaria nuestra tarea, sino que también es necesario que el Poder Ejecutivo asuma las responsabilidades que le corresponden”, observó e insistió: “Es un buen proyecto, debemos dictaminarlo hoy mismo, pero tengamos conciencia que falta mucho más, de parte de nosotros, del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema”. 

En su intervención, el diputado Eduardo Toniolli (FdT) remarcó que “para evitar generar falsas expectativas, está claro que este proyecto no aborda la emergencia, sino que en todo caso sienta las bases para, como dice el título, fortalecer la justicia federal”. “Y si hay que fortalecerla es porque tiene un grado de debilidad. Hace 40 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario”, graficó el santafesino. 

Avanzado el debate, el diputado Fernando Carbajal (UCR) expresó que “la urgencia y la emergencia” de la situación aceleró el tratamiento, pero ponderó que “si ha habido consenso en esto es porque ha habido actores políticos que han estado dispuestos a hacer concesiones de sus propias posturas”. En esa línea, opinó que los consensos son “el camino que tenemos que empezar a recorrer para llegar a acuerdos sobre políticas de Estado”. 

Si bien, “es una ley que no sirve para resolver ni la emergencia ni la urgencia, tiene importancia simbólica sin ninguna duda”, señaló el formoseño y, en sintonía con lo dicho durante la reunión, aseguró: “Todos somos perfectamente concientes que hasta que se concrete el armado de esta estructura van a pasar, siendo optimistas, muchos meses, y siendo más realistas, muchos años”. 

Al igual que sus pares de JxC, reclamó que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal porque “si no entendemos que la desburocratización de la investigación penal es el único camino para luchar contra el crimen organizado vamos a, como dijo el ministro (Aníbal Fernánez), perder la batalla”. Por eso, solicitó que en “10 o 15 días” se pueda reunir a la comisión bicameral encargada de la implementación del Código y también que se designe de una vez al procurador general de la Nación. 

“Si bien es positivo que hoy estemos tratando esto acá, si las instituciones funcionarán como corresponde, no deberíamos estar acá tratando este proyecto”, sostuvo el diputado Enrique Estévez (PS), quien cuestionó la parálisis de la comisión bicameral y cargó: “Esto es responsabilidad de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, porque la Cámara de Diputados designó a sus representantes”. 

Por eso, el santafesino exigió “tener una explicación de por qué no se constituye esa comisión y tener una explicación pública de por qué no se elige al procurador general de la Nación”. “No vamos a poder combatir el narcotráfico si nuestras instituciones no son transparentes, y si quienes tenemos responsabilidades concretas no las cumplimos”, enfatizó.  

Sobre la situación en su provincia, el socialista aseveró que “lo que pasa en la ciudad de Rosario tiene explicaciones, pero no es el único lugar del país en el que esto sucede. Todavía en Rosario y la provincia de Santa Fe no hubo enfrentamiento entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, cosa que sí ocurrió por ejemplo en Buenos Aires”. 

Estévez mencionó que “el 33% de cargos en la justicia federal de Santa Fe están vacantes” y lleva “más de 30 años con exactamente la misma infraestructura”. Sobre ello, planteó que habría que replantearse las formas sobre cómo se designan las vacantes de manera de agilizarlas. Además, apuntó el bajo presupuesto nacional en seguridad asignado para Santa Fe y que, pese a los barrios vulnerables que tiene, “la ciudad de Rosario es la número 44” en el reparto de los recursos del Fondo de Integración Socio-Urbana. 

Partícipe de la reunión, se le dio la palabra al senador Dionisio Scarpin (UCR), quien felicitó a la Cámara baja por la rápida convocatoria y manifestó: “No hay dudas que es importantísimo este proyecto para el futuro de la seguridad y el servicio de justicia. No es la solución inmediata del problema, pero es una señal política muy importante para la sociedad santafesina, para el Senado de la Nación y también para los poderes ejecutivo nacional y provincial”. 

Al valorar los consensos que se alcanzaron, el santafesino consideró que esta metodología “tiene que ser una vuelta de página para todos” ya que “a los ciudadanos no les interesan los partidos políticos, las campañas electorales, sino vivir bien”. Asimismo, advirtió que “si no nos tomamos en serio este tema, esto se va ir agravando día a día”. 

En la reunión también habló la diputada Graciela Camaño (IB), quien observó que “no estamos hablando de inseguridad, pese a que probablemente la hora nos lleva a inclinarnos por el discurso de la inseguridad”. En su discurso, afirmó que entre la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández y esta iniciativa “hay una diferencia abismal”, sobre todo porque “este proyecto viene trabajado por el Poder Judicial”. 

En alusión al retraso en la aplicación del sistema acusatorio, la legisladora recordó que el expresidente Mauricio Macri a los pocos días de asumir suspendió por decreto “la implementación del Código Procesal Penal y se comete una sobrevaloración muy grande del Poder Legislativo. Nos pasan la responsabilidad al Poder Legislativo, que tiene el drama existencial de la falta de diálogo”, en referencia a fijar el cronograma de implementación en las distintas provincias.  

“Nosotros no estamos pudiendo dialogar en torno a los intereses de nuestro pueblo hace muchos años. Hace 20 años nos falta el defensor del pueblo, no nos hemos puesto de acuerdo en algo tan significativo”, subrayó, dando por descontado que por eso era tan complicado ser efectivos entonces en la monitorear la implementación del Código.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (Pro) se preguntó: “¿Estaríamos acá hoy si no hubieran baleado el supermercado de la familia (Lionel) Messi? La respuesta sincera es que no”. “El año pasado Rosario registró 288 homicidios y ninguno de esos homicidios conmovió a este Congreso lo suficiente para que se sancionara este proyecto”, reprochó. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la macrista detalló que de esos 288 homicidios, “hay 33 homicidios que fueron de niños menores de 14 años, que claramente nada tienen que ver con el narcotráfico. Y además 64 de esos homicidios fueron mujeres”. “Las estadísticas desde 2014 hasta ahora indican que se duplicaron los homicidios de mujeres”, añadió. 

Uno de los últimos oradores fue el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), quien recordó el historial de episodios de balaceras en la última década y señaló: “Lo que nos está pasando en Rosario no admite chicanas no ahora, desde hace 10 años”. “Tenemos una oportunidad renovada”, dijo al celebrar que se pueda avanzar con el proyecto, más allá de todo lo que no se hizo en los últimos meses y algunos remarcaron.  

“Como militantes políticos nosotros no podemos, no solo dejar de creer, sino de trabajar para que las cosas cambien”, expresó el santafesino, que relató que “en realidad el espíritu de derrota alrededor de este tema en la ciudad de Rosario es muy fuerte, pero hay una amplia cantidad de rosarinos y rosarinas que no se quieren dejar vencer”. 

“Si nosotros no queremos que esto sea parte de esfuerzos que parece que aparecen con fuerza y después se desvanecen rápido, creo que nosotros tenemos que seguir afinando el diagnóstico de lo que está pasando en la provincia”, sumó. 

Lo que propone el proyecto: 

-La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

-La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

-Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 

-Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”. 

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunió este martes para abrir el debate sobre una ley que propone modificar el Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales.

Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.

Al comienzo de la reunión la presidenta de la Comisión informó que “hace más de 2 años entraron dos proyectos que tenían que ver con agravar las penas para aquellos que corrieran pruebas de velocidad ilegal o las conocidas ‘picadas’. Uno de ellos fue días después de que Tahiel Contreras fuera asesinado en el conurbano bonaerense. Es un proyecto que presentó el expresidente de la Casa, Sergio Massa”, y agregó: “El otro proyecto es el de Kevin Sedano y a la lucha que ha llevado adelante, desde su fallecimiento, su mamá Viviam Perrone desde Madres del Dolor”.

“Se ha trabajado mucho en la unificación de esos dos proyectos, que lamentablemente, no tuvieron dictamen y por eso en esta Comisión uno de los primeros proyectos que teníamos en saldar la deuda”, afirmó Luján Rey y explicó: “La idea es escuchar a quienes vienen promoviendo, impulsando que estos proyectos lleguen al recinto y para eso tienen que tener el dictamen de la Comisión”, señaló Luján Rey quien reconfirmó su compromiso de lograr pronto un dictamen unificado para darle una respuesta a las familias que “lo están pidiendo”.

La primera en hablar fue Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, quien agradeció por la invitación y recordó que su hijo “fue víctima de un siniestro vial en Ruta 21 y Soldado Sosa, por una picada ilegal un domingo 13 de septiembre. Fuimos embestidos los tres, Luciano que es el papá, yo y el que pagó en vida fue mi nene de 6 años que teníamos muchos sueños por cumplir. Mi único hijo”.

Sobre los responsables, informó que “están detenidos”, y que están “esperando la fecha de juicio”. “Estamos muertos en vida hasta el día de hoy y siempre también”, manifestó con angustia la mamá de Tahiel. “

En esa línea, adelantó que “el 13 de septiembre se van a cumplir 2 años”, por lo que realizarán “concientización vial y educación vial hacia los chicos para transformar el dolor en algo para que no siga pasando. Un aprendizaje”.

Por otro lado, procedió a leer el proyecto presentado por el entonces presidente de la Cámara baja: “Nos propusieron esta ley de sanción que crea el delito del homicidio vial, denominada Ley Tahiel, que determina que quien cause la muerte haciendo picadas ilegales tendrá una pena de 8 a 25 años. Asimismo, con los mismos montos para el homicidio vehicular del momento cero de la investigación”.

“Sergio Massa consideró que quien tiene el desprecio a la vida tiene que tener el mismo castigo del Código Penal. Es importante que este Congreso se aboque a fijar penas para que los jueces no puedan escaparse por los vericuetos de la ley”, explicó y reclamó que “esto es lo que nos presentó Massa y hasta el día de hoy no tenemos novedades. A nosotros esta ley ya no nos sirve, pero si a los casos que siguen pasando lamentablemente día a día que son uno atrás de otro”.

En ese sentido, contó que “desde el momento que mataron a mi hijo sucedieron muchísimos casos más y sigue avanzando esto”, por lo que consideró que “este proyecto les va a servir muchísimo a las víctimas que se aproximan lamentablemente”. Al finalizar, Contreras pidió que “no caduque” el tratamiento y “no quede en la nada como otros proyectos porque no queremos que haya más casos”.

A continuación, tomó la palabra Viviam Perrone,presidenta de Madres del Dolor, quien también se sumó a los agradecimientos hacia los legisladores que presentaron estos proyectos porque “si se transforman en ley, lo que queremos es poder salvar vidas y queremos evitar que otras personas estén en nuestro lugar”, ya que “hay muchas ONG que están pidiendo que se modifiquen estas leyes”.

“Las muertes viales son una muerte por goteo, es como que uno abre una canilla y todos los días mueren entre 15 y 20 personas y no hay nadie que vaya a cerrar esa canilla porque son todos hechos evitables, son todos hechos prevenibles. Es toda una sociedad que debido a estos hechos se les arruina la vida”, ejemplificó Perrone.

A su vez, asimiló: “Kevin tenía 14, Tahiel tenía 6 años. Ambos tenían toda una vida por delante. Y ellos no pudieron decidir ni por sus vidas ni por su muerte, fue alguien que pisó el acelerador y terminó con sus vidas”.

“Acá no estamos hablando de casos de alguien que van conduciendo y que en lugar de ir a 80 iba a 90. Alguien que quizás se equivoca, porque te puede pasar, pero acá no. Estamos hablando de casos, de personas que piensan con anterioridad que van a correr una carrera ilegal, saben que es ilegal y, a pesar de eso, se ponen de acuerdo, preparan los autos. Hay toda una planificación. Corren en Panamericana, en los accesos y saben perfectamente que le pueden quitar la vida a alguien. Sin embargo, no les importa el resultado de esa decisión que toman ellos”, manifestó.

A su vez, aclaró que “no estamos prohibiendo ni cuartándole la libertad a nadie, si quieren correr vayan al autódromo. Estamos poniendo el lugar para que todos en sociedad podamos vivir mejor. Los talleristas también saben si están preparando un auto para correr en el Gálvez o en la Panamericana, así que ellos también están involucrados en estas carreras clandestinas”.

“Desde Madres del Dolor en el 2008, con quien era diputada Paola Spátola, logramos que se tipifiquen estas carreras ilegales porque antes no existían en el Código Penal. Ahora ya están tipificadas, hay una sanción, pero no alcanzan a quienes matan”, sostuvo Perrone.

En ese contexto, comparó con la situación de otros países: “Chile que tiene la Ley Emilia quien participa de las carreras ya se lo considera un delito penal. En España también se modificó la ley para que se puedan considerar homicidios simples porque convertís a tu auto en un arma y sabes que podes matar con ese auto”.

“Hace falta educación vial, hace falta controles, pero sin legislación, sin este tipo de cambios en las leyes no se logra absolutamente nada”, remarcó al finalizar su intervención.

En el uso de la palabra, el abogado y asesor de Madres del Dolor, Natalio Nicodemo, contó: “Hace 24 años me toca acompañar a las familias que pierden hijos en hechos viales”. “Si a alguno de ustedes les pasara lo que a ellas les pasó, no tengo dudas de que también estarían ahí reclamando también esto”, indicó.

Acto seguido, Nicodemo procedió a explicar las reformas que proponen a la legislación que “en la parte práctica y judicial serían muy importantes”. “La primera parte es preguntarnos si sirve solamente agravar penas y la respuesta es no. No hay dudas de que tiene que ir acompañado de más educación vial, prevención y controles, no hay duda de eso. Pero creemos que, agravando las penas para los homicidas viales, porque acá no hablamos de mera imprudencia, acá hablamos de gente que corre picadas que sabe que puede matar y lo acepta y matan”, consideró.

“Estos son casos reales, vidas que se fueron y no vuelven ¿Qué pasa en Tribunales? vamos a juicio oral y quizás el asesino de su hijo se va a la casa con una pena en suspenso. Ni siquiera tiene una pena de prisión. Sabía que podía matar, corrió una picada y terminó matando y quizás esta en la casa y en muchos casos siguen manejando”, subrayó indignado el doctor y sumó: ““Ir a tribunales es eso, decirles a los papas que la persona que mató a sus hijos no va a ir preso, tiene una condena, pero no va preso. Mató sabiendo que podía hacerlo y no va preso. Esto es lo que pasa hoy en Argentina”.

Además, alertó que “tenemos casi una muerte por hora en el país por hechos viales. 20 muertes por día y no baja el número”, por lo que consideró que “elevar las penas si podría ser disuasivo en este tipo de delitos. Es gente que sabe que puede matar y no les importa”. Asimismo, opinó que “las condenas judiciales no sirven, las familias sienten impunidad porque el asesino se va a su casa como si nada porque las penas van de 3 a 6 años. A veces es de 2 años si no tiene antecedentes”.

“Estas reformas que se está introduciendo en el artículo 84 bis va a ser muy importantes porque es plasmar por escrito que quien corre una picada en la calle sabe que puede matar donde la pena se eleva, porque hoy la pena, aunque corras picadas, pases semáforo en rojo, consumas drogas o alcohol y mate, es de 3 a 6 años. Es lo que establece el Código Penal y ustedes lo pueden cambiar”, insistió el abogado y finalizó: “El agregado al artículo 193 bis es muy importante que es que esa persona ya pueda tener una pena de prisión, no están esperando que esa persona choque y mate, es excelente ese agregado y ojalá lo puedan votar. Sería un paso importante. Esta ley va a salvar vidas”.

La palabra de los legisladores

Tras escuchar a los invitados, hizo uso de la palabra la diputada oficialista Mara Brawer quien consultó por datos al aplicar el tipo penal que está tipificado sobre correr picadas. Fue el abogado Nicodemo quien respondió: “Son muy pocos los casos. La mayoría de las picadas ilegales, la denunciante fue Viviam Perrone. Ha ido ella personalmente a General Paz a detener picadas ilegales. Tuvo que ir ella con la policía. No hay detenciones, solo casos puntuales muy conocidos. No existe la prevención. No hay estadísticas porque no se trabaja la prevención”.

Brawer retrucó: “No creo que el cambio en el monto de la pena sea la que determine o no la conducta del delincuente o asesino. Si creo que las penas van de acuerdo a la vulnerabilidad de la persona. Las cárceles están llenas de gente pobre, gente morocha y sabemos que los delitos en nuestro país no son privativos de una clase social y sabemos que es una única clase social la que esta presa”, y cerró: “Creo que a uno que le gusta correr, le puede molestar más sacarle el auto que esa pena en suspenso que la justicia da”.

Por su parte, el diputado Francisco Sánchez (Pro -Neuquén) reflexionó que “muchas veces la letra fría nunca termina de abarcar lo que en definitiva se trata de situación humana que padecen las personas y que podríamos ser cualquiera de nosotros”, y expresó: “Es doloroso escucharlas, pero nos dan elementos para poder legislar como corresponde”, y pidió avanzar “rápidamente” con el tema.

Por último, el mendocino Álvaro Martínez (Pro) le contestó a Brawer: “El derecho penal no se aplica de acuerdo a la cara del cliente, la delincuencia no es característica de ninguna clase social. Si el aumento de penas sirve o no, es una discusión que se viene dando en el Derecha Penal. A mayor pena tiende a que la persona que lo realiza tendrá una sanción a media de lo que hizo”, y coincidió con su par de Neuquén en trabajar “rápido” para tener dictamen.

La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunirá este martes a las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, donde se abrirá el debate sobre una ley para castigar a quienes corren picadas.

Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.

Desde ese momento, su familia reclama que se trate una ley que lleve su nombre y que prevé condenas más duras para los responsables de este tipo de crímenes.

El temario de la comisión señala que la reunión será “a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales”.

La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunirá el próximo martes a las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, donde se abrirá el debate sobre una ley para castigar a quienes corren picadas.

Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.

Desde ese momento, su familia reclama que se trate una ley que lleve su nombre y que prevé condenas más duras para los responsables de este tipo de crímenes.

El temario de la comisión señala que la reunión será “a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales”.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación expondrán este jueves, a partir de las 15, ante diputados sobre las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre los lugares de detención.

El encuentro será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos, que presiden los diputados oficialistas Carolina Gaillard y Hugo Yasky, respectivamente.

Durante el encuentro participarán por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal -presidente-, Diana Conti, Gustavo Federico Palmieri, María Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín, Diego Jorge Lavado, Ricardo Nioi, Alejandro Armoa, Francisco Mugnolo, Alex Ziegler, María Laura Leguizamón y Alan Lud.

También lo hará la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.

Además, expondrá la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez; y el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Guillermo Todarello.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, avanzó con el dictamen -unánime- de un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.

La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Asimismo, el texto, al que tuvo acceso parlamentario.com, indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.

“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.

Durante la reunión, la diputada del Pro María Luján Rey -madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once-, expresó que “hemos escuchado muchas veces que la justicia lenta no es justicia”, y esto lo “padecen los acusados y de igual forma o más las víctimas y familiares”, quienes “ven que solo avanzan las causas por su propio empuje”.

“La búsqueda de justicia desgasta al ciudadano común, lo pone en una situación en la que el tiempo se detiene en la búsqueda de responsables y, en ese recorrido, se ve afectada la salud física y emocional”, subrayó la autora del proyecto, que agregó los casos de “depresión o suicidios” de personas “esperando fallos que nunca llegan”.

La legisladora señaló que “es en Casación donde las causas se detienen” y los tiempos de espera son “los que a las víctimas revictimizan”.

Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade consideró que pese a “las buenas intenciones” del proyecto, “no hay ninguna posibilidad de que la Cámara de Casación Penal cumpla con esto, si no cumplen con un montón de normas que ya están vigentes desde hace muchos años”.

“La Cámara de Casación no funciona mal solamente porque tardan años en sacar sentencias”, dijo y lanzó: “Para mí es un bochorno. Hay jueces trasladados ilegalmente, como (Carlos) Mahiques. Hay jueces que todavía no sé qué siguen haciendo como jueces de la Cámara, Liliana Catucci, Eduardo Righi, que dejan en libertad a los represores; Righi, sospechado de haber participado de un acto de corrupción contra la causa de Mariano Ferreyra”.

Para el oficialista, “ahí están los principales problemas de la Cámara de Casación”. “Si tuviéramos jueces más o menos serios no sería necesario que desde la Cámara de Diputados le estemos poniendo un plazo a que cumplan con su trabajo”, completó.

Más tarde, el macrista Jorge Enríquez rechazó que “se quiera poner un manto de sospecha sobre distintos funcionarios judiciales que tienen una trayectoria intachable”. “No puedo dejar pasar por alto esta situación”, expresó y rechazó las “chicanas absurdas”.

Sin lograr acuerdo en torno al tema, avanzó este viernes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto -con media sanción del Senado- que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.

El despacho de mayoría alcanzó 13 firmas del Frente de Todos, mientras que 7 legisladores de Juntos por el Cambio y la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño votaron a favor de un dictamen de minoría, impulsado por la cívica Marcela Campagnoli.

Al comienzo de la reunión, Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la comisión, informó que en asesores se había avanzado con un dictamen único que reunía varias propuestas de diferentes bloques, pero “es importante avanzar en esta media sanción que ya sacó el Senado sobre el tema”. “Es un proyecto perfectible”, admitió, sin embargo dijo que esa era la decisión del oficialismo.

En defensa de la iniciativa, el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) consideró que “es una figura que urge que tengamos que legislar” y “no lo podemos dejar pasar por alto”. “Debemos compartir la aprobación de esta media sanción del Senado”, agregó y opinó que “todo el andamiaje jurídico de nuestro país debe tener una perspectiva de género”.

Muy crítica, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que “basta leer el proyecto para darse cuenta de que lamentablemente la media sanción que envía el Senado debería completarse con los aportes que le hacemos los diputados”.

En ese sentido, valoró la redacción elaborada en asesores y lamentó que se va a “perder la oportunidad” de “legislar en torno a la materia”, porque “el bloque oficialista se obceca de no hacer las correcciones”.

“Creo que estamos en condiciones de hacerle un aporte valioso y darle realmente una perspectiva de género, es muy lamentable que no lo hagamos”, reiteró y afirmó que la iniciativa posee “una falencia muy grande: no tiene perspectiva de género”.

También en contra de la media sanción, la diputada Gabriela Burgos (UCR) recordó que el tema se había trabajado en 2016, alcanzando una media sanción, que finalmente no se aprobó. Luego vino una media sanción del Senado, que “tenía graves defectos” y “perdió estado parlamentario porque no se tomaron las modificaciones”.

Al igual que Camaño, la jujeña señaló que el texto “no habla de la cuestión de género” y advirtió sobre “aprobar algo que no va a resolver la problemática”. Por eso, pidió un cuarto intermedio para la semana próxima avanzar con un dictamen con cambios ya que es “un tema que nos preocupa a todos”. Finalmente no prosperó.

De hecho, reveló las observaciones hacia el proyecto por parte de Daniela Dupuy, fiscal penal especializada en delitos informáticos de la Ciudad, a quien recomendó que “sería más que interesante escucharla”. “No porque venga del Senado significa que la tenemos que aprobar, tiene graves errores”, insistió la radical y abogó por un dictamen con unanimidad y “de consenso; que sea coherente y tenga una verdadera perspectiva de género”.

Por su parte, el mendocino Luis Petri (UCR) alertó que “de no legislarse correctamente podríamos dejar de abarcar en el tipo situaciones que necesariamente tienen que ser comprendidas y contempladas”. “Este proyecto no tiene perspectiva de género”, coincidió con sus pares y se preguntó qué sucederá en el caso de los menores de edad, a quienes “no los va a contemplar el artículo 128” sobre pornografía infantil, cuando se trate de este tipo de imágenes.

“Es muy malo el proyecto del Senado”, enfatizó la legisladora Marcela Campagnoli (CC-ARI), que señaló que “no es menor que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres; no es menor que podamos consensuar en esto”. “Estamos perdiendo una oportunidad. No es bueno sacar una mala ley”, agregó.

En igual sentido, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien no integra la comisión pero tenía un proyecto al respecto, expresó que “se había hecho un esfuerzo para alcanzar un dictamen consensuado que corregía la media sanción”. “Lamento muchísimo que este tema no vuelva a asesores”, añadió y apuntó que la media sanción “excluye absolutamente la mirada central de la mujer como víctima”, por lo cual “esta modificación no tiene perspectiva de género”.

La oficialista Gaillard volvió a decir que el proyecto era “perfectible”, pero manifestó “el compromiso de seguir trabajando sobre los proyectos que existen” para “tener un abordaje integral” sobre la temática. Al finalizar la reunión, finalmente se avanzó con la firma de la iniciativa, obteniendo el oficialismo el dictamen de mayoría.

Qué dice la media sanción del Senado

El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.

El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.

“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.

Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años.

Proyecto sobre encubrimiento al delito de abuso sexual infantil

En la reunión también avanzó un proyecto de ley del rionegrino Martín Soria (FdT), que propone modificar el artículo 277 del Código Penal de manera de eliminar la eximición de la responsabilidad en el delito de encubrimiento en el caso de abuso sexual infantil.

El dictamen de mayoría obtuvo las 15 firmas del Frente de Todos y de la diputada Graciela Camaño, mientras que 8 legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría, por diferencias con la redacción.

Soria precisó que, según datos de la Organización Mundial de Salud, “una de cada cinco niñas es abusada antes de los 18 años; y uno de cada 13 niños es abusado sexualmente antes de los 18 años”. “El 75% de los casos de abuso de niñas y niños se da dentro del propio seno familiar”, resaltó, con lo cual esta iniciativa “busca fomentar la colaboración de aquellos potenciales testigos dentro del seno familiar para impedir que se sigan cometiendo este tipo de delitos”.

Un dato saliente de la iniciativa es que no cargará con pena cuando “la autora del encubrimiento fuese una mujer que haya actuado en el marco de un contexto de violencia de género por parte del autor del delito”.