La Comisión de Legislación Penal unificó en un solo despacho los textos sobre cambios al derecho a la legitima defensa en cumplimiento del deber y la iniciativa de Brouwer de Koning que tipifica el delito de plantación de armas por parte de las fuerzas de seguridad.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la modificación de los artículos del Código Penal de la Nación vinculados al cuidado del orden público. También fueron anexados, en el despacho, un texto que eleva las penas por alteración de escenas del crimen por parte de las fuerzas de seguridad, y otro relacionado al derecho a la legitima defensa en cumplimiento del deber.
En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) anunció el pase a la firma del dictamen que incluye a la modificación de los artículos 34, 237 y 238 del Código Penal, sobre resguardo del orden público, con la incorporación del texto de agravamiento de los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias e incorporación como nuevo tipo penal su utilización.
En representación de Unión por la Patria, Martín Soria, vicepresidente de la comisión, anunció que su bloque rechaza el dictamen de mayoría y acusó que “el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional quiere criminalizar la protesta y habilitar el gatillo fácil”. En ese punto, criticó la gestión de los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado) y Patricia Bullrich (Seguridad).
El diputado de UP, Martín Soria, fustigó a los integrantes del Gabinete nacional y agregó que "se quiere insistir con la doctrina chocobar".
En tal sentido, remarcó que el propósito del proyecto es la “persecución, represión y criminalización”, y aseveró: “Se nota mucho que la propuesta del 237 busca profundizar la represión de la protesta”. Cargó, además, que “con este proyecto se aumentan las penas de delitos a resistencia de la autoridad”.
“Aquellos ministros que la vienen pifiando desde el 2001, eran aquellos que sus propios vecinos los querían linchar”, reiteró Soria, quien también cuestionó que se busca aplicar un “in dubio pro policía” y que el texto “básicamente vuelve a insistir con la ‘doctrina chocobar’ para avalar ejecuciones extrajudiciales”.
Antes de terminar, trajo a colación del caso del hombre con brote psicótico arrollado cuatro veces por un patrullero de la policía correntina que le provocó la muerte. Para terminar, anexó: “Hubo más de 9.000 muertes en casos de violencia institucional desde 1983 hasta acá y las víctimas tienen un promedio de 14 años”.
En la misma línea, el diputado nacional Christian Castillo (FIT) cuestionó: “Están dando manos libres para el gatillo fácil, para que la autoridad criminalice a cualquiera que participe de una manifestación donde las policías ejercen su acción discrecional”, y añadió: “Las prácticas de gatillo fácil recorren a nuestro país. Ahora las Policías van a tener las manos más libres y que no pase nada. Los jóvenes de barrios populares son las principales víctimas”.
En virtud del contenido del otro proyecto incorporado al dictamen, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) señaló que “hubo un camino muy largo y extenso con responsabilidad enorme”, y agregó que se trabajó “comprometidos con la memoria de un joven al que le arrebataron la vida las fuerzas de la seguridad”.
Asimismo, indicó que “es una práctica que se viene llevando en el país a lo largo y ancho del país”, y cargó que el fin de este proyecto de ley es para que “el que manipula la escena del crimen, no viva tranquilo y pueda ser sancionado como corresponde”. “Protegemos a quienes hacen su accionar de manera como la ley indica”, agregó la diputada cordobesa.
Antes de culminar su breve intervención, destacó que la iniciativa tiene el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y mencionó que va a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo sobre legítima defensa.
La iniciativa permitiría juzgar a acusados de delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos. Tras varias reuniones informativas, habría un dictamen en el que se tendrían en cuenta algunas modificaciones sugeridas desde la oposición.
Dentro de la profusa actividad en materia de comisiones prevista para este “supermartes” en Diputados, la centralidad se la lleva obviamente el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero una atención importante la tendrá también un proyecto de sumo interés como es el de juicio en ausencia, impulsado por el Poder Ejecutivo.
Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia buscará este martes emitir dictamen, para llevar la cuestión al recinto en fecha a determinar. Que no será seguramente este año, pero seguramente quedará entre los pendientes importantes para debatir en el próximo período ordinario.
La cita es este martes a partir de las 15 en el Salón Delia Parodi, y será la cuarta reunión convocada con la intención de darle un corte a este debate que se inició el 18 de septiembre pasado. Hubo además otras dos reuniones, el 25 de septiembre y el 16 de octubre.
El proyecto del Ejecutivo ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de julio, con las firmas de los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), y busca establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.
La modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.
De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.
A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.
Según confiaron fuentes consultadas por parlamentario.com, no se sabe si el oficialismo le introducirá modificaciones al texto, pero aclararon que el Ejecutivo aceptó todos los comentarios que les pasaron, en cuyo caso no habría problemas para avanzar con el dictamen.
En la Comisión de Legislación Penal, diputadas del Pro presentaron el contenido de proyectos sobre robo automotor y bloqueo de empresas hechos por personas ajenas a empresas y sindicatos. También, una misionera habló de una iniciativa vinculada al caso de Germán Kiczka.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados llevó a cabo una reunión informativa con el fin de presentar varios proyectos sobre modificaciones al Código Penal de la Nación. En esta oportunidad, fueron explicados los textos sobre portación de armas de fuego en fuerzas de seguridad; robo de transportes; delitos cometidos por empleados públicos durante su mandato; bloqueo a empresas; y actualización de montos mínimos del régimen penal tributario.
El primer proyecto presentado fue el impulsado por la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), quien recordó el caso de Blas Correa, un joven de 17 años asesinado por la Policía en 2020, hecho por el cual hay 11 agentes (2 a prisión perpetua y 9 penas de 5 años) condenados por haber plantado un arma de fuego para simular que existió un enfrentamiento.
En tal sentido, agregó: “Las fuerzas de seguridad plantaron un arma y simularon un crimen, pero una mujer policía decidió contar lo ocurrido”. En relación a esos modos denunciados desde las fuerzas policiales, añadió: “hay muchísimos casos de estas prácticas macabras de la policía y es una práctica diseñada y utilizada por las fuerzas de seguridad, y son hechos utilizados en situaciones que 'se le van de las manos' para lograr impunidad”.
Trayendo a debate la desconfianza de la opinión pública en las fuerzas de seguridad, afirmó que “mucha gente le tiene miedo a la policía”, pero aclaró que “el sistema se erosiona por culpa de algunos”. En ese punto, reiteró la idea de incorporar el nuevo tipo delictivo al que propuso llamar “alteración de escena del crimen por parte de las fuerzas de seguridad”.
Establece, de ese modo, una de 10 a 20 años con inhabilitación perpetua en función pública y tareas de la seguridad privada. Explicó, Brouwer de Koning, que con esas maniobras se busca “perjudicar a terceros y lograr la impunidad”, y aseveró que “no puede ser considerado 'encubrimiento' -tal como lo establece el Código Penal actualmente- porque ya es un atentado contra la función pública”.
“La policía es la primera en llegar a la escena del crimen”, remarcó la diputada radical quien, además, acusó a las fuerzas policiales de operar estas maniobras bajo tenencia de armas ilegales. “Toda la sanción posible contra los policías que no cumplen la ley”, enfatizó.
Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, destacó la labor realizada en comisiones.
De igual manera, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro) presentó el contenido de su proyecto vinculado a los robos de motos y autos. “A nadie le escapa la realidad que vivimos en la Argentina y es obsceno el crecimiento de robo en auto y moto”, afirmó al mostrarse crítica de la situación en materia de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
En medio del debate presentó datos oficiales de la Superintendencia de Seguros: “El último registro informó que hubo 42.133 robos de autos y 57.137 robo de motos, y el 60% se dio en AMBA”. Agregó, además, que “creció 167% en últimos 10 años”; y en el último año ocurrieron “8.200 de máxima violencia por delincuencia que atracan en moto con 18 muertos”.
“Basta con ver las noticias, en lugares de la provincia de Buenos como La Matanza, Jose C. Paz y Moreno que son ‘tierra de nadie’”, fustigó Vásquez, quien cuestionó la gestión provincial de Axel Kicillof (sin nombrarlo): “La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando se ausenta el Estado, por eso proponemos modificar el Código Penal porque el 98% ocurren en la vía pública”.
En tal sentido, la diputada del Pro reiteró que el propósito de la iniciativa es para “agravar penas por robo automotor”. Asimismo, cargó que el robo automotor, en algunos puntos, “ha beneficiado al mercado legal porque es parte del circuito delictivo”.
“El Código Penal quedó desactualizado y no contempla lo que está pasando y trabajadores que pierden la vida”, señaló Vásquz, quien sugirió que “demos respuesta a la ciudadanía”. En el cierre de su exposición, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, recordó el texto tiene giro a Transporte y por ende, deberá ser dictaminado en reunión plenaria.
En tercera instancia, la diputada nacional Verónica Razzini (Pro – Santa Fé) amplió detalles respecto a su iniciativa sobre bloqueo a empresas y presentó: “Hay organizaciones que se apañan en el derecho a la huelga y cometen delitos” porque “bloquear es delito”, reiteró. A su vez, detalló que “es moneda corriente y son víctimas pymes y trabajadores” y cargó contra lideres gremiales.
En medio de su relato, refirió que los bloques cuestionados “lo llevan a cabo con o sin participación de los empleados de la empresa porque viene gente de otros lugares que no son trabajadores o del sindicato y pudimos comprobarlo”. Llamó a esos bloques como “acciones para negociar con empresarios” a modo de “si haces lo que te digo vas a volver a trabajar”, añadió.
Por último, explicó que “buscamos la figura penal porque cualquier persona va a bloquear empresas y esa es la violencia inaceptable por la que obtienen beneficios”. “Si logramos técnica legislativa clara, cuidamos a quienes tienen derecho a protestar y damos herramientas a fiscales para actuar mejor porque buscamos la prevención”, cerró.
Con referencias al caso del legislador misionero Germán Kiczka, acusado y detenido por presunta actividad dentro de una red de pedofilia, la diputada nacional Yamila Ruíz (FR – Misiones) amplió el contenido de su proyecto referido a elevar penas a por delitos cometidos por funcionarios públicos. En primer término, señaló que “no requiere presupuesto”.
“Es un proyecto sencillo con gran impacto social en materia política y criminal con el fin de devolver al pueblo la confianza en las instituciones”, afirmó Ruíz, quien añadió que “el espíritu es hacer una incorporación al Código Penal para elevar al tercio del minimo cuando el autor de un delito sea una persona que se desempeñe en la función pública o tenga un cargo político”, y concluyó: “Esta reforma contribuirá en recuperar la confianza de la ciudadanía”.
En el final, fue mencionado el proyecto para modificar la Ley 24.769, sobre evasión tributaria y se tendrá a la vista la actualización de montos mínimos del régimen penal tributario del diputado cordobés Oscar Agost Carreño, quien no pudo asistir al encuentro por una demora con el vuelo. En ese punto, Rodolfo Tailhade (UP – Buenos Aires) pidió que vuelva a asesores y refirió que se trata de un mecanismo de actualización porque “hay casos de cárcel efectiva por una deuda de un millón y medio de pesos”, refirió.
Así se desprende de un informe de los ministerios de Seguridad y de Justicia, que informó el oficialista José Luis Espert durante un plenario de comisiones. Nueva tanda de especialistas invitados.
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Tras varias semanas de impasse, se retomó en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil. Además de participar una nueva tanda de especialistas invitados, desde el oficialismo trajeron este miércoles cifras sobre cuál sería el costo fiscal de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo: más de 200 mil millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, dio detalles de un informe realizado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con el Ministerio de Justicia sobre el impacto que tendría el proyecto. En el mismo se contempla la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores que deberán intervenir en procesos penales que tramiten en el fuero federal y penal; y toma como referencia para la base de cálculo el flujo de causas correspondientes al año 2022.
“Los funcionarios se tomarán de la planta de empleados de la administración pública, asignándoles un plus salarial”, dijo el oficialista y estimó que “cada supervisor representaría un costo fiscal mensual de 482.680 pesos” y “cada uno tendrá a su cargo un máximo de 25 casos mensuales”.
Sobre el costo de los programas incluidos (como medidas complementarias para la reinserción), el libertario señaló que se estima que “todos los jóvenes imputados accederán a al menos uno de los programas”, por lo que se calculan “241.813 pesos en programa por joven”.
“El costo de la implementación del nuevo sistema para la justicia nacional y federal es el 5% del total de casos a nivel país”, apuntó y dijo que “se requerirían adicionales para 12 supervisores, lo que representa un costo de 75.298 millones de pesos por año”.
Espert detalló que “deberían preverse 300 programas nacionales socio-educativos, laborales, deportivos o culturales, lo que representa un costo de 72.500 millones adicionales”.
Para casos de reincidencia, habría “8 supervisores adicionales, con un costo anual de 50 mil millones de pesos”.
“Para los 179 casos estimados, el costo total de los programas asciende a 43.283 millones de pesos”, precisó el diputado e indicó: “Hablamos de un total anual de 241.320.407 pesos, lo que equivale al 0,42 por mil del Producto Bruto Interno, aproximadamente el 0,34% del presupuesto que se ejecutaría en total durante 2024 para la administración nacional”.
Al tomar la palabra, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó la falta del cálculo “de todo el trabajo que se tiene que realizar en el territorio, en las provincias argentinas” y pidió por una reunión para debatir el tema específicamente. En tanto, su par Graciela Parola apuntó que Espert “hizo alusión al ámbito federal”, pero “debería hacerse una estimación teniendo en cuenta todos los delitos comunes”.
También desde UP, Martín Soria advirtió que entre la cifra estimada por supervisor y los 25 casos que tendría, “estamos hablando de menos de 18 mil pesos por mes”. Además, observó que el costo de implementar este nuevo régimen penal juvenil representa “más del doble del costo para financiar las universidades”.
A su turno, Victoria Tolosa Paz cuestionó que “acá vino la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y vendió en este plenario que era enorme el crecimiento de los delitos cometidos en Argentina por adolescentes”, cuando del informe dado por Espert se desprende que “han sido números muy menores, 300, el 5% de los casos”. “Son confusos los números que ha manifestado”, señaló la legisladora de UP.
Por otra parte, en lo que fue la séptima reunión de debate, se recibió a un nuevo grupo de especialistas, entre los que expuso Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Si bien se está discutiendo si la edad de imputabilidad va a ser menor a los 16 años, estos menores no punibles en general son alcanzados por medidas tutelares”, apuntó.
A continuación, opinó que el nuevo régimen debe “hacerse en base a los principios que derivan del derecho internacional de los derechos humanos” y, sobre esto, apuntó que según el Comité de Derechos del Niño “señala que la edad de punibilidad no debe ser menor a los 14 años dado que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 y 13 años, respecto a que la parte de frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando”. También, según recomendación de UNICEF, “no hay evidencia que demuestre que la baja de edad de imputabilidad impacte favorablemente en mayor seguridad de la población”.
Carmen Ibarra, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, provincia de Buenos Aires, consideró que el “gran desafío es sacar una ley que sea con un enfoque interdisciplinario, donde nos den las herramientas a los operadores del Poder Judicial, y que nos permita que los jóvenes terminen con la infracción a la ley penal, que puedan incluirse en la comunidad de una forma armónica, porque no nos olvidemos que los jóvenes infractores son el futuro de nuestro país”.
Alejandrina Barry, exlegisladora porteña de la izquierda e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, manifestó: “Dentro de este proyecto no hay ni una sola política que ataque las causas sociales e impida que los pibes sean víctimas del narcotráfico. No sólo estoy hablando de derechos básicos como la alimentación, sino también de derechos integradores sociales; que en cada barrio se construyan polideportivos, centros culturales, bolsa de trabajo”.
En el cierre, Rocío Alfonsín Alconada, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que hay una “distorsión de los datos” porque “los delitos de los menores han descendido” y “las sentencias de los menores respecto a los mayores significan el 0,3”, un total de 15.
Al resaltar que el organismo recorre todo el país, la nieta del expresidente Raúl Alfonsín advirtió que “las diferencias en las provincias es muy grande” y “hay provincias que tienen un joven detenido, otras ninguno; hay provincias que no tienen centro de detención”. “Cuando hablamos de cuál es el presupuesto estamos hablando como si la realidad fuera homogénea y es muy heterogénea”, enfatizó.
“La totalidad de los chicos hoy en conflicto con la ley penal es de alrededor de 4.200, hay detenidos 850, de los cuales 710 están en centros de privación y los otros en centros de restricción”, precisó la abogada. En ese sentido, sostuvo: “Es difícil decir que con esos números vamos a combatir la inseguridad; que los menores están poniendo en jaque la seguridad de los argentinos”.
La representante del Comité de Prevención de la Tortura alertó que “las celdas de aislamiento deberían estar prohibidas”, sin embargo existen y allí se dan “torturas, violaciones, autolesiones y suicidios”. Valoró que en el proyecto se las prohíba.
“Hay lugares donde los chicos no salen al exterior en todo el día y donde el régimen es no hacer nada en todo el día. También el contacto con las familias es muy limitado”, agregó sobre la situación actual.
En una reunión de la Comisión de Legislación Penal, los diputados nacionales Oscar Agost Carreño y Mónica Macha presentaron una iniciativa para ampliar el alcance de la Ley Belén. “Se busca castigar el ciber flashing sobre difusión indebida de material íntimo”, explicó la integrante de UP.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para avanzar con la modificación de los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación con el fin de elevar considerablemente las penas a quienes cometan delitos contra la seguridad pública por incendios. El despacho salió por unanimidad con la rúbrica de 23 legisladores.
El tratamiento se dio en medio de la declaración de la emergencia ambiental -sancionada por el Congreso- por los incendios forestales en la provincia de Córdoba, los cuales ocasionaron la destrucción de 77 mil hectáreas quemadas, con un impacto significativo en la fauna y flora local, así como en las comunidades que dependen de estos ecosistemas.
El texto despachado en la reunión de este miércoles señala que quien causare incendio, explosión, inundación o dilapidación de agua, derrumbe o cualquier otro proceso destructor capaz de producir estrago, será reprimido con penas de 10, 12, 15 y hasta 20 años si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.
Asimismo, establece que será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio, u otros estragos; y si el hecho u omisión culpable causare la muerte de alguna persona, se impondrá prisión de dos a seis años.
Antes de pasar a la firma, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning destacó el trabajo en conjunto y señaló que en Córdoba hubo “una situación de emergencia y mucho dolor, donde se perdieron 70.000 hectáreas”. En virtud del proyecto aprobado, cargó que “aumentar las penas es importante, pero debemos trabajar en la prevención y en la reparación”.
También, le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que se cumpla con la Ley Nacional del Manejo del Fuego porque la preservación del medio ambiente “es un tema constitucional”, y “no debe quedar solamente en los bomberos heroicos”, concluyó.
En el inicio de la reunión, la diputada nacional Mónica Macha presentó el contenido del proyecto para elevar penas por delitos sobre difusión, distribución de grabaciones, imágenes de contenido sexual y suplantación de identidad, contemplados en la “Ley Belén”, haciendo mención del caso de Belén San Román, una joven que fue inducida al suicidio por viralización, sin su consentimiento, de contenido íntimo.
“Ley Belén es un proyecto para prevenir estas formas de violencia”, ratificó Macha, quien agregó que “se busca castigar el ciber flashing sobre difusión indebida de material íntimo”, y explicó que “proponemos que se llame violación de secretos de la privacidad y la imagen”.
En relación al contexto actual, relató que “lo más importante tiene que ver con el crecimiento exponencial de estos casos de violencia”, mencionó dos casos recientes en Longchamps y en San Martín (localidades del conurbano bonaerense) y cerró: “Necesitamos intervenir con legislación porque es necesaria”.
Finalmente, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño señaló, en virtud de la iniciativa impulsada junto a la legisladora de Unión por la Patria, que “las modernas tecnologías cambiaron las relaciones humanas” y dejan “tremendas consecuencias”. Mencionó, también, que muchos casos son realizados por “venganza”.
Añadió a la problemática, “la extorsión por difusión de imágenes y contenido sexual, y los montajes con Inteligencia Artificial”. “Uno manda una foto siendo adolescente y nunca sabe cuánto puede durar en un dispositivo”, reiteró el cordobés, quien en el cierre de su intervención le pidió a Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, “ayuda para dictaminar rápido”.
En una nueva reunión informativa realizada en comisiones de la Cámara de Diputados expuso también el padre de una de las víctimas del atentado contra la AMIA.
En una nueva reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de Diputados, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, instó a los legisladores a que “se pongan de acuerdo” y avancen con la ley para implementar el juicio en ausencia, que sería clave para el avance de la causa AMIA.
“Hace muchos años que venimos a reuniones como estas”, arrancó Knoblovits durante su presentación. “Todos hemos perdido en el atentado a la AMIA, toda Argentina perdió, pero Luis y Ana perdieron a una hija”, dijo en referencia a Luis Czyzcwsky, quien estaba a su lado.
El titular de la DAIA observó que “nos hemos puesto de acuerdo para resolver el terrorismo de Estado, y ha sido un alivio, y no nos ponemos de acuerdo para resolver el terrorismo internacional, en medio de una situación espantosa en el mundo como la vivida a partir del ataque a Israel el 7 de octubre de 2023”.
“Argentina se debe una legislación de este tipo. Es un deber del Estado el deber de justicia”, agregó y cerró: “Lo importante que es que si tienen que dejar algún detalle de lado para que la ley avance, lo hagan”.
A su turno, Luis Czyzcwsky sostuvo que “hace 30 años que venimos peleando por verdad y justicia y no nos fue bien, y por algo es. Acá lo que tenemos es una deuda de los poderes públicos frente a la sociedad argentina desde hace 30 años”.
Para el padre de Paola, víctima del atentado a la AMIA, instaurar el juicio en ausencia “va a traer que hoy la causa AMIA, que está trabada por la no comparecencia de los imputados, pueda seguir adelante”. “Hoy, el procedimiento judicial argentino, yo no diría la palabra protege, pero sí beneficia al terrorista que se logra profugar o no se presenta. ¿Y la víctima, cuál es la consideración que se tiene?”, expresó.
Autora de proyectos en este sentido desde el año 2014, la exdiputada Graciela Camaño consideró que “es inaceptable que a 10 años sigamos encontrándole la quinta pata al gato para resolver el tema”. Apuntó que en el proyecto deben contemplarse los delitos de lesa humanidad, porque “si metemos más delitos no vamos a lograr los consensos que nos posibiliten tener una ley. En los delitos de lesa humanidad la víctima es la sociedad”.
“No podemos permitir que la ausencia del imputado, que se sustrae voluntariamente de la Justicia y se coloca en mejores condiciones de aquel que está a derecho, nos prive del proceso penal”, manifestó y aseveró: “El Poder Legislativo está privando al Poder Judicial de poder asegurar la Justicia”. “No hay inconstitucionalidad en la incorporación del instituto de juicio en ausencia”, sumó.
Luego de la intervención del diputado radical Julio Cobos, quien presentó una iniciativa en tres oportunidades, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la bullrichista Laura Rodríguez Machado, aseguró que el deseo es “llegar a buen puerto”. “La mayoría de los integrantes de la comisión de alguna manera tienen proyectos presentados sobre la materia, entonces esto hace que haya un consenso de base de legislar”, destacó y anticipó: “Tenemos la voluntad de corregir el proyecto del Ejecutivo”.
Proyectos sobre juicio en ausencia tuvieron dictamen en comisiones por última vez en 2019, pero no avanzaron en el recinto. A lo largo de varios años se presentaron más de una veintena de proyectos, según indicó Franco Fiumara, juez del Departamento Judicial de La Matanza, quien expuso también en el plenario de este miércoles. Ahora, el tema volvió a activarse a partir del envío de una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo.
En el cierre, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria manifestó que “ojalá que esta vez podamos avanzar y ponernos de acuerdo todos los sectores para sacar una ley que sea en beneficio de todos los argentinos”; mientras que el libertario Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó: “Para nosotros esto no es un tema de oficialismo-oposición, entendemos que es una cuestión de Estado”.
Fue durante una reunión informativa de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes. Hubo observaciones de varios legisladores a la redacción. Mariano Borinsky explicó los cambios que se proponen.
Foto: HCDN
Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados comenzó con el debate del proyecto de ley que busca tipificar el delito por compra y venta de menores, a la vez de establecer duras penas.
En el encuentro, que fue de carácter informativo, surgieron algunas observaciones por parte de los diputados a la redacción de la media sanción, que fue votada en la Cámara alta el pasado 22 de agosto.
Autora de uno de los dos proyectos que se tomaron para el dictamen en el Senado, la radical Carolina Losada asistió al plenario y afirmó que esta iniciativa “tiene que ver con una necesidad de la Argentina” porque en el país “se venden y se compran niños, es algo lamentable, pero sucede”.
La senadora indicó que el proyecto “apunta a que se tipifique el delito” y remarcó que “tipificar el delito nos permite que podamos llegar a los culpables, las redes y todos los que hacen dinero”. Además, mencionó que “hoy en Argentina hay 1.777 búsquedas activas de chicos” y eso respecto a los casos que fueron denunciados.
También recordó el caso Fornerón, que fue “el único que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y “en 2012 se sancionó a la Argentina por no tener legislación al respecto”. Según Losada, en caso de aprobarse, esta ley “va a hacer que antes de comprar y vender un niño se piense dos veces, porque las penas son muy graves”.
Partícipe del debate que se dio en la Cámara alta, también estuvo este miércoles el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, quien señaló que “tenemos una legislación penal que está muy desactualizada”, con un Código Penal sancionado -aunque actualizado por leyes complementarias- hace más de 100 años y, por eso, “es necesario trabajar para actualizar la legislación en relación a desafíos contemporáneos”.
Luego explicó aspectos del proyecto, entre ellos que se decidió ubicar al delito “dentro de los delitos contra el estado civil, porque tiene que ver con la identidad y filiación”. “Este delito, por la gravedad, la entidad y la valoración que hizo la Corte Interamericana está bien que sea de competencia de la justicia federal”, agregó.
A su turno, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria expresó que “efectivamente es una deuda pendiente del Estado argentino la tipificación de un delito tan aberrante como es la compra y venta de niños y adolescentes”. Y recordó que desde el año 2000 se presentaron más de 50 proyectos, siendo “uno de los más completos” el que envió el Poder Ejecutivo en 2022, cuando él era ministro de Justicia. Sobre esto, dijo que esa iniciativa había surgido de una mesa de trabajo compuesta por la SENAF, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Ministerio Público Fiscal, entre otros.
“El caso Loan no fue el primero y segura y tristemente no será el último”, sostuvo el rionegrino, que agregó que “es un buen momento para que el Congreso de la Nación tenga esta tipificación”.
Al momento de las consultas, el diputado de UP Ramiro Gutiérrez preguntó a Borinsky por qué no se incluyó la conducta de “ofertar”. “Ofertar es un delito de mera actividad, y esta práctica estructurada comienza con la mera oferta”, apuntó y dijo que así se estaba “dejando afuera a todos los que negocian con la vulnerabilidad” y son “el primer escalón de la punibilidad”.
“En los tipos penales no podemos estar tipificando las conductas previas, porque para eso hay una norma de la parte general que habla de la tentativa; sino en cada conducta deberíamos estar tipificando la conducta precedente”, respondió el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.
Por otra parte, en referencia a interrogantes que surgieron en torno al término “al que entregare ilegítimamente”, la diputada de la UCR Karina Banfi resaltó que “la adopción ilegal no existe; la adopción es un instituto jurídico, que tiene que estar bajo los parámetros de la legalidad”.
Además, respecto a observaciones por parte de UP y el cordobés de Encuentro Federal Juan Brügge, Borinsky afirmó que el delito “está tipificado como trata”, al comprender si se tratara de un delito con pena más severa. “Si el juez verifica que en la compra y venta además hay un determinado fin de explotación sexual, laboral, está tipificado como trata y se hace un envío a esa figura de los delitos contra la libertad. Lo que no podemos hacer es tipificar esta conducta en el de trata, porque estamos mezclando dos situaciones diferentes”, explicó.
Caso Fornerón
Durante el plenario, el doctor Gustavo Moreno, amicus curiae del caso Fornerón, subrayó que “tiene que salir un tipo penal” porque “hace 22 años no salió ningún proyecto sobre esto y la Argentina está condenada a dictar tipo penal por el caso Fornerón”.
En su opinión, la palabra incorporada "ilegítimamente" trae un “peligro” porque “hay que tener en cuenta toda la doctrina de la Corte Interamericana”. “La compra y venta de niños tiene que ser tipificada rápidamente y hay que legislarla como trata. Este tipo penal le tiene que servir a los chicos como el derecho le tiene que servir al pueblo”, manifestó.
En 2012, la CIDH condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija”, ocurrido hace 22 años a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre.
La CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija. En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.
La modificación al artículo 139 bis del Código Penal cuenta con media sanción de la Cámara alta desde el 22 de agosto pasado. Será tratado en plenario de las comisiones de Legislación Penal y Familia, Niñez y Juventudes.
Las comisiones de Legislación Penal y Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se reunirán este miércoles 18 de septiembre en el Salón Delia Parodi para iniciar el tratamiento del proyecto que modifica al artículo 139 bis del Código Penal de la Nación que endurece las penas por compra y venta de niños.
El proyecto cuenta con media sanción desde el 22 de agosto cuando el Senado aprobó la incorporación del artículo 139 ter, donde establece la pena de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o de cualquier modo intermedie en la comisión de los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, siempre que no se encuadre la conducta en un delito con pena más severa.
También se añadió, a ese mismo artículo, que recibirá la misma pena quien entregue y/o reciba a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente, exista o no un precio, promesa de retribución o cualquier contraprestación.
El proyecto fue impulsado por los senadores Carolina Losada (UCR) y Antonio Rodas (UP) en medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño correntino desaparecido desde el 12 de junio pasado. El texto fue levado al recinto el 4 de julio, cuando se aprobó en general, pero no hubo acuerdo para la incorporación del 139 ter, que terminó siendo avalado en la sesión del 22 de agosto.
Por este tema, desde la Cámara baja hay proyectos impulsados por Sofía Brambilla y María Eugenia Vidal del Pro; Ramiro Gutiérrez, Martín Soria y Eduardo Valdés (UP); la radical Carla Carrizo; y Carolina Píparo, recientemente incorporada al bloque oficialista.
El dictamen pasó a la firma con disidencias y se propondrán modificaciones cuando sea llevado al recinto de la Cámara baja. Antes, la Comisión de Legislación Penal comenzó el debate del texto sobre reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reunieron este martes en un encuentro plenario para dictaminar el proyecto que modifica el Código Penal de la Nación e incorpora el artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.
Impulsor de la iniciativa, el diputado nacional Matías Molle (UP – Buenos Aires) explicó que “es un proyecto muy simple”, y afirmó que “está escrito a partir de la práctica (fue director del Registro Nacional de Armas) y una problemática que veíamos es la cantidad de armas decomisadas en depósitos de las fuerzas de seguridad”.
Asimismo, planteó que “la mayoría de las armas tenían causas resueltas y que se mantenían de dos a diez años los depósitos”. “Este proyecto viene a resolver que se saquen armas de circulación, viejas con números limados secuestradas en la calle y que no tienen registro”.
“Estamos tratando de ordenar un problema que termina con el problema de que las armas terminen en la calle y estos depósitos son bocas del mercado negro”, reveló Molle, quien añadió que “tenemos que resolver ese problema porque es un problema que está en la calle y antes lo hacía una autoridad con la Corte provincial, pero ahora lo resolverá una ley”.
La diputada nacional Marcela Campagnoli mencionó el proyecto de su autoría y el oficialista Álvaro Martínez (LLA – Mendoza) planteó modificaciones, pero confirmó que “vamos a acompañar este dictamen”. Por su parte Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) solicitó agregar cambios en los tiempos de procedimiento para resolver el decomiso a través de la justicia y anunció cambios a proponer en el recinto.
Brevemente, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció el pase a la firma del dictamen, pero anticipó que las modificaciones propuestas serán consensuadas en el recinto, una vez que el proyecto tenga tratamiento en una próxima sesión de la Cámara de Diputados.
Antes del plenario, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados recibió a Mariano Leguiza Capristo, asesor del Ministerio de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y actual secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, para exponer sobre el texto que modifica el Código Procesal Penal Federal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
Para iniciar su intervención, el funcionario municipal mencionó los aportes realizados para legislar en CABA y explicó que la idea partió de que “observamos a personas con muchos procesos abiertos, pendientes de resolución, que cuando llegaban al delito más grave, el cual tomaba estado público, se observaban los antecedentes que se hacen referencia en medios de comunicación, que no son antecedentes, sino son causas pendientes de resolución”.
Mariano Leguiza Capristo sostuvo que el proyecto busca que "no se acumulen procesos".
“Habiendo trabajado en el sistema de flagrancia (sorprender al autor de un delito cuando lo está cometiendo) de la provincia de Buenos Aires, intentamos el proyecto de reiterancia con dos presupuestos, el objetivo y el subjetivo, por los cuales, la causa abierta es la existencia de un delito probado, y luego acreditar la probabilidad”, siguió.
Por otro lado, amplió que “dentro de los delitos procesales encontramos la reiterancia”, por la cual indicó que “no es un elemento nuevo y es cuando el imputado recibe el beneficio de la excarcelación”. “Ocurre el hecho delictivo, el ciudadano declara, pero no es imputado, y el proceso queda en el aire porque no se dispuso la aprehensión”, señaló.
Finalmente, defendió el espíritu de la iniciativa y relató que se trata de “un proceso rápido que acumula los últimas dos (imputaciones) y que resuelva en base al primero o al último y se decida la aprehensión”. “La idea es que no se acumulen más procesos, se resuelva rápido y de manera práctica porque eso le quita eficacia al sistema criminal”, concluyó.
Fue durante el sexto plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que se abocan a la discusión. “Es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, opinó uno de los especialistas.
Conrado Estol explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años”. (Fotos: HCDN)
Durante el sexto plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó una nueva tanda de especialistas, entre los que hubo profesionales de la salud, quienes se refirieron a la consciencia en los adolescentes.
El debate se puso en marcha a fines de julio a partir del envío de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, pero hay además una docena de iniciativas de los propios legisladores que se han presentado (y re-presentado) a lo largo de los años.
En la jornada de este martes, Conrado Estol, reconocido médico neurólogo, explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años” y diferenció “la madurez y el desarrollo biológico del cerebro” de “la madurez que nos da el ambiente socio-cultural en el que crecemos”. “El circuito que tiene más impulsividad, que mide menos las consecuencias, es el que en la adolescencia está cargado de dopamina”, apuntó, mientras que “el circuito de control cognitivo madura más tardíamente que el anterior; eso es lo que explica la conducta de los adolescentes con menor control de impulsos”.
El especialista afirmó que “el cerebro de un chico de 12, 13, 14, 15 años” ya razona y “en esa época el pensamiento de un chico tiene capacidad de abstracción y de hipotetizar situaciones”, por lo cual “definitivamente” sabe “diferenciar el mal y el bien”. “El lóbulo frontal tiene impulsos y dificultad para medir consecuencias, pero definitivamente a los 13, 14 años tiene claro que está bien y que está mal”, dijo.
Por su parte, el psiquiatra Andy Blake precisó que “toda conducta humana, desde los 3 años, depende de tres cosas: la situación en la que está la persona, la emoción que experimenta en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción”. “El cerebro es una máquina de aprender y una vez que aprendemos algo tomamos eso que sabemos consciente a lo inconsciente. De cómo nosotros aprendemos, depende cómo vamos a regular nuestras emociones en función de la situación que vivamos”, continuó.
El también doctor en Neurociencias Cognitivas Aplicadas expresó que “entre los 11 y 12 años la corteza prefrontal tiene el tamaño más grande que va a tener, la cantidad más abundante de neuronas que va a tener en toda nuestra vida” y a partir de ahí “empieza un declive que tiene que ver con la poda neuronal”. Así, “a partir de los 15 y 16 años la persona empieza a acelerar nuevamente su capacidad de decisión”, continuó.
Para Blake la respuesta “simple” sobre si el adolescente sabe lo que está bien y mal es decir que “sí”, pero ahondó: “Cómo van a actuar va a depender de su contexto social, que podríamos denominarlo situación, y de cómo aprendió a procesar las emociones”. “La respuesta no es tan sencilla: aunque sí tienen plena capacidad y conocimiento, la conducta es algo más sofisticada”, sumó.
No obstante, resaltó que “en la adolescencia la plasticidad es tal que puede cambiar esa conducta sin problema”. “Yo no creo que la respuesta sea sí o no a la edad (de imputabilidad), sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida”, sostuvo.
El psiquiatra indicó que “las recomendaciones a los padres es que les pongan límites a los adolescentes y no importa qué tan estrictos sean, porque eso le sirve para organizarse al adolescente, aunque lo desafíe; de hecho busca desafiarlo para establecer su propia identidad”. “Cuál y cómo es el límite, eso es algo que ustedes tendrán que pensar, pero sí es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, concluyó.
Por otra parte, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, aseveró que hay un “acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoridad” y advirtió que “la sola definición de una edad de punibilidad no soluciona de ninguna manera el problema”, ya que “tiene que ser una norma clara para toda la población, aunque es un régimen diferenciado”.
“El cambio de paradigma hoy queda corto, llega tarde, si no se considera la evolución de las diferentes realidades en todos los territorios. Ya no es sólo el delito adolescente, es el delito adulto organizando también el delito adolescente” como sucede con el narcotráfico, explicó.
Al hacer alusión a la legislación que ya existe en algunas provincias, recomendó “lograr una consistencia entre lo nacional y lo provincial”. “Tiene que ser un marco que integre un debido proceso, un conjunto de garantía mínimas federales, la definición taxativa de cuáles van a ser los delitos, y la prohibición de aprehensión en comisarías, alcaldías y cárceles de adultos”, enumeró Stulchik, que además sobre esto último aportó datos a lo largo y ancho del país de adolescentes privados de la libertad.
En el plenario también dieron su opinión Pedro López Martucci, especialista en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y Marcela Durga Angulo, abogada.
La discusión continuará con la invitación de especialistas el próximo martes, según informó la titular de la Comisión de Legislación Penal. El proyecto del Gobierno propone llevar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Foto: HCDN
Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.
Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.
En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.
Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: "La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena".
"Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo", afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue "hecha en la dictadura" y "es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma".
Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto "va a ser de carácter disuasivo". "Entendemos que menos menores van a cometer delitos", dijo y agregó que "se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves". Habló de la necesidad de "una intervención temprana por parte del Estado" para "para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia", al tiempo de "generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual".
El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, "Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad", mientras que con 12 años están "Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras". "Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal", aseguró.
Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo "no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil", sino que "tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables". "La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización", apuntó.
La exlibertaria remarcó que "la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia". En ese sentido, "considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas", expresó.
Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, "los organismos de derechos humanos decían que 'ningún pibe nace chorro'. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros". "Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía", enfatizó.
Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar "la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno".
Además, subrayó que esta debe ser una ley que "tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar". "No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone", dijo y aclaró que "esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado".
Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que "no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos". "No estamos a favor del delito", manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una "propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia".
"Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad", opinó y reclamó "invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal". "La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel", sumó.
La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, "urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio".
En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe "a la crisis de familia que tenemos". "Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas", entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. "Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles", afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar "la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo".
El diputado cordobés Juan Brügge explicó en la Comisión de Legislación Penal su iniciativa para que se contemplen las finalidades implícitas de explotación.
La trata de personas es un tema que volvió a la agenda parlamentaria a raíz del caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi dos meses. En ese marco, y a la espera de un proyecto del Senado sobre compra y venta de menores, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados mantuvo una breve reunión informativa sobre una iniciativa del cordobés Juan Brügge.
El legislador de Hacemos Coalición Federal explicó su proyecto ante sus pares, mediante el que se busca modificar la redacción del artículo 145 bis del Código Penal. El nuevo texto plantea que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El agregado se refiere a “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”.
“El delito de trata de personas es uno de esos delitos que se llaman dinámicos, porque están constantemente en cambio y evidentemente va mutando en sus técnicas, en sus medios, en sus formas de llevar adelante. Es un delito transnacional que impacta en lo más profundo del ser humano, que es la dignidad de la persona”, sostuvo el diputado.
En su exposición, señaló que “a raíz de los hechos lamentables del caso Loan” concluyó en que “nuestra legislación no está del todo actualizada”. “Más allá de lo que ha avanzado el Senado en la tipificación concretamente de la venta de niños, nosotros entendíamos que el actual artículo que tipifica a la trata en el Código Penal, el 145 bis, está también desactualizado en función de lo que dice el derecho comparado”, explicó.
A continuación, mencionó que el Parlamento Europeo ha sancionado recientemente una nueva normativa que va en ese sentido. También dijo que el agregado al Código Penal que propone va en línea con lo que establece el Protocolo de Palermo, al que Argentina está adherida hace más de 20 años.
La reforma es para que el artículo se refiera “no sólo a la finalidad explícita de explotación, sino a las finalidades implícitas”, apuntó Brügge. “Viene a agregar una herramienta más para la Justicia y sirve también para combatir a la delincuencia organizada. La trata interna existe y es algo que tenemos que combatir, no solamente con la prevención, sino dándole herramientas concretas en el Código Penal a los jueces y fiscales”, finalizó.
El diputado estuvo acompañado por Darío Vezzaro, con quien trabajó el proyecto. El abogado penalista puso como ejemplo que “en la justicia de Córdoba se ha iniciado un proceso acusando de trata de personas a los titulares de clínicas de fertilidad asistida, por la vulnerabilidad de mujeres donantes de óvulos”, un tema en torno al cual “se plantea la discusión de si hay o no trata”, algo que podría estar contemplado así si el artículo hablara de “otras finalidades”, como plantea la iniciativa, señaló Vezzaro.
Así bautizó a su proyecto uno de los impulsores del tema, el bullrichista Damián Arabia. Una iniciativa similar presentó el radical Pablo Juliano. La Comisión de Legislación Penal se reunirá este miércoles.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la macrista Laura Rodríguez Machado, comenzará tratar proyectos que proponen actualizar la Ley 14.346 sobre maltrato animal. La reunión se realizará este miércoles, desde las 11, en el Salón Delia Parodi.
Una de las iniciativas es impulsada por el bullrichista Damián Arabia, quien la bautizó como "Ley Conan", algo que no pasó desapercibido para el presidente Javier Milei, con quien mantuvo un intercambio al respecto en las redes.
Hola Damián querido...!!!
Felicitaciones por tu enorme trabajo y esperemos que La Ley CONAN se haga realidad...
Abrazo gigante— Javier Milei (@JMilei) June 19, 2024
El proyecto establece una pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa de 5 a 30 veces el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil para quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.
En un texto similar, el diputado radical Pablo Juliano propone una pena de prisión de 6 meses a 3 años, y multa de 1 a 50 veces el valor del SMVM a quien hiciere víctima de malos tratos a los animales.
Actualmente, la pena va de 15 días a 1 año de prisión. La última vez que la Cámara de Diputados intentó avanzar con una actualización de la Ley 14.346 fue en julio de 2019, cuando se alcanzó un dictamen consensuado, pero luego no fue tratado en el recinto.
Ambos proyectos estiman también un incremento en las penas por abusos, torturas, mutilaciones, envenenamiento y muerte. Los autores de estos delitos tendrán inhabilitación especial para la custodia de animales.
Con estado parlamentario también hay proyectos de los diputados María Sotolano (Pro) y Manuel Aguirre (UCR).
Ante un plenario de comisiones expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y los expertos en derecho penal y criminología Gabriel Ganón y Enrique Font.
Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presididas por los diputados del Pro José Núñez y Laura Rodríguez Machado, se reunieron este miércoles a fin de considerar el proyecto de ley sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado, más conocida como “Ley Antimafias” con la presencia de invitados a exponer.
El encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo C, se retrasó media hora debido al plenario de comisiones que previamente trató la prórroga de entrega de armas de forma voluntaria. En la reunión informativa expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el profesor en Criminología, Enrique Andrés Font; y Gabriel Elías Ganon especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología.
El primero en disertar fue el profesor titular interino de Criminología y docente investigador, Enrique Font, quien indicó: “El anteproyecto que estamos debatiendo no es ‘antimafia’ sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados. No hay un abordaje de los vínculos de esas actividades con actividades económicas legales o ilegales que es algo básico del crimen organizado. Mirar esa relación existente y la penetración de las actividades legales e ilegales, eso no está en la ley”.
También señaló que “no hay preocupación por la participación del Estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafia”, y criticó: “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar qué hacemos con las poblaciones penitenciarias”.
“Me llamó la atención la cantidad de representantes de Rosario que hubo porque no es realmente un fenómeno de crimen organizado, es una anomalía criminal en términos de delitos por la tasa de delitos que hay, pero no es un fenómeno vinculado con el crimen organizado”, planteó y pidió “desagregar lo que se cuenta de Rosario en relación a la ley porque se está falsificando la situación de Rosario porque no es un fenómeno de narcotráfico ni de crimen organizado”.
Así, Font manifestó: “Preocupémonos por resolver los problemas institucionales antes de sacar leyes que van a producir grandes conflictos, por ejemplo, aumentando las poblaciones penitenciarias sin pensar qué vamos a hacer con ellas”.
Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.
“Esta ley en el mejor de los casos sería inocua, en el peor de los casos sería contraproducente. El delito se entiende en relación al control y cuando se pone esa variable es que buena parte del fenómeno de Rosario se explica, no tanto por el delito, sino por las características del control del delito por parte de la administración de justicia provincial, federal y la policía”, precisó y contó que en el 2014 realizó, en conjunto con la universidad, una investigación vinculados a delitos del mercado local de drogar en la justicia federal, fragmentación de causas, falta de estrategia de persecución uniforme y elección azarosa de las fuerzas de seguridad que llevaban adelante las investigaciones, inadecuado control por parte de fiscales y jueces de las investigaciones delegadas, y la carga de trabajo. “Una gran dificultad de articulación entre el ejecutivo provincial y la justicia federal”, indicó.
También contó que en el 2015 hicieron un relevamiento de homicidios para ver qué hacía la justicia provincial con ello y descubrieron que “había casos perdidos, homicidios dolosos fueron remitidos a otros juzgados. De 141 casos de homicidio que relevamos en el periodo 2008-2012 en dos barrios en el 64% de los casos hubo indagatoria, 34% hubo procesamiento y en el 23% condenas. Esto no cambió, Rosario es una jurisdicción donde hay impunidad para homicidios, Buenos Aires esclarece 9 de cada 10, hoy se esclarece 6 de cada 10 en Santa Fe”.
Font denunció que “la policía provincial no solo habilita el delito, sino que trabaja para las bandas, está cuentapropizada”.
Vía zoom el intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.
Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.
En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.
En tanto, instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.
Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.
“Creo que el fortalecimiento de la actividad persecutoria estatal, tomando a las bandas en su integralidad y en toda su operatoria, es la justificación más clara que tiene esta legislación”, cerró.
Por su parte, el especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología y ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganon, explicó: “Uno de los grandes problemas de Santa Fe es no haber analizado correctamente cuáles eran las causas del crecimiento de los homicidios y eso tiene que ver con la baja tasa de esclarecimiento y castigo; 7 de cada 10 homicidios quedan impunes”.
“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.
A pesar de que UP logró introducir más de una decena de cambios al dictamen de mayoría, presentó su propio despacho con una modificación en el financiamiento. Luego, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales.
Finalmente, la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pese a incorporar las modificaciones solicitadas por Unión por la Patria, el bloque opositor presentó su propio despacho.
Tal como adelantó parlamentario.com, el dictamen de mayoría salió del texto con las modificaciones propuestas durante las reuniones informativas. Previo a la firma, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), confirmó que este despacho lleva comprendidas “11 modificaciones de Unión por la Patria, 8 de Hacemos Coalición Federal, 5 del radicalismo y 4 de Innovación Federal”.
Pese a introducir las modificaciones exigidas en el dictamen de mayoría, el vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria (UP), anticipó que el bloque opositor presentó un despacho propio donde puntualizaron que la iniciativa “tiene que tener el financiamiento para que las provincias que adhieran puedan nutrir esa base de datos genéticos”.
“Decíamos que el catálogo (de la base de datos) debía regir sobre delitos graves y una de nuestras propuestas fue de la comisión de huellas genéticas para que no sea netamente conducido por la política, sino por especialistas en la materia”, refirió el rionegrino en relación a los cambios solicitados en anteriores reuniones.
En contraposición a todo el proyecto de ley, la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ratificó su rechazo a la iniciativa y explicó que “se está creando un banco de sospechosos”, y cuestionó a la labor en comisiones: “Nadie pudo defender qué significa y justifique para que existe y los expositores de las provincias sumaron dudas”.
A su vez, enlistó una serie de atributos del proyecto que observó de forma negativa: “Están la inclusión de menores, la violación del principio de inocencia, el manejo de la muestra y la violación de principio constitucionales”. Además, cargó que “no quedó claro si va a ser un solo banco o dos bancos con la búsqueda de personas desaparecidas”.
Dirigida a la ministra de Seguridad, Bregman afirmó que “quieren hacer un gran hermano”. “Van a estar personas imputadas y personas con delitos graves con personas desaparecidas porque Patricia Bullrich quiere que todos seamos sospechosos”. “Me parece que es una herramienta grave”, cerró.
Por otra parte, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) propuso: “Si Vucetich implementó la identificación por huella en 1891 ¿Por qué no podemos avanzar con esto en el Siglo XXI?”. “Si no tenemos confianza en las instituciones, no podemos sancionar ninguna ley directamente”, disparó.
Mencionó, además, a la inseguridad y al narcotráfico como “causales de daño”, y señaló que “esta es una herramienta para resolución para identificar culpables e inocentes”. Finalmente, añadió: “implementaría la identificación por nuestro ADN sin tener relación con un delito”.
También, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (UCR) planteó una observación sobre el dictamen: “No sé si fue un error involuntario en el artículo 4 inciso f que habla de los perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales, de seguridad federal, funciones y empleados de los poderes judiciales que intervengan podrán solicitar la remoción de sus datos del registro tras cinco años del cese de sus actividades”.
Por último, el presidente de Seguridad Interior, José Núñez (Pro – Santa Fe) cerró: “Hemos trabajado con respeto y todos hemos apartado, por unanimidad nos llevamos este dictamen (o dictámenes) y seguiremos discutiendo hasta que se sancione la ley”.
Al término del plenario, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales respecto al protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima; y la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977. Todos provenían con el aval del Senado.
Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de Diputados. Se trata de una de las iniciativas del paquete enviado por la ministra Bullrich.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, se buscará avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. El encuentro se realizará este martes, desde las 17, en el Salón Delia Parodi.
Tras varias reuniones informativas, por las que pasaron numerosos expositores, el tema será abordado por los legisladores. Según pudo saber parlamentario.com ya se trabajaron en modificaciones al texto original, que fue enviado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa forma parte del paquete que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye también la ley antimafias, tema por el cual expuso en la última reunión el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El proyecto busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879.
El objetivo es abarcar la identificación genética de todos los delitos. "Es una herramienta judicial altamente útil para la dilucidación de los delitos", sostuvo el PEN en los argumentos.
Asimismo, indicó que podría servir para la búsqueda de personas perdidas o desaparecidas. Actualmente se estima que hay más de 6.000 en todo el país.
El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, según estima el proyecto original.
En los fundamentos, el Gobierno consideró que esta ampliación constituiría "una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”.
Este miércoles se reunirá la Comisión de Legislación Penal a las 11 que tendrá 12 expositores. Luego se llevará a cabo un plenario junto a Seguridad Interior para continuar con el tratamiento de los cuatro proyectos de ley a partir de las 12.30.
Con abogados, docentes, asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.
La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
Entre los invitados a exponer están:
A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones, con los siguientes invitados a exponer:
En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.
Primero se reunirá la Comisión de Legislación Penal a las 11 y luego se llevará a cabo un plenario junto a Seguridad Interior para continuar con el tratamiento de los cuatro proyectos de ley de seguridad que envió el Ejecutivo.
Con funcionarios y asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.
La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.
En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.
Ante un plenario de comisiones el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación resaltaron: “Es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.
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Mientras se llevaba a cabo la sesión en minoría en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Anexo “C” comenzó en comisión el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país con funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron y explicaron los lineamientos de las iniciativas.
El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.
Pasadas las 14.20 se reunió primero la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), la cual completó la integración de autoridades siendo designados para la secretaría primera y segunda la libertaria Alida Ferreyra y Rodolfo Tailhade (UP) respectivamente. Luego se sumó la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del santafecino Alejandro Bongiovanni.
La titular de la comisión procedió a comentar que en la próxima reunión se “va a abrir a las exposiciones” por lo que pidió que, a través de las autoridades de la Cámara, cada bloque exprese a qué organismos, miembros de distintas organizaciones o técnicos quienes manifestar para que expongan sobre los cuatro proyectos en tratamiento.
Por otra parte, informó que “hay muchos proyectos de los diputados que tocan la temática de hoy. Algunos de ellos fueron revisados y no tienen estado parlamentario”, por lo que solicitó que los vuelvan a ingresar para “poder incluirlo en el temario de la sesión que viene para poner a la vista a la par de los proyectos del Ejecutivo las iniciativas de los legisladores”.
Hecha esas consideraciones, procedió a explicar que los proyectos en tratamiento son sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
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El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, quien planteó que “abordamos en estos momentos un fenómeno harto complejo en el país que ya lo han vivido otras naciones que es el crimen organizado”, y explicó que “consiste en la irrupción de bandas de narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero nada hace prever que no se vayan a extender en la medida que no se los ataque con los instrumentos correspondientes”.
Sobre ese último punto, indicó que “es abordar el tema de una manera completa y no parcializada a los delitos que individualmente comente cada uno de los miembros de estas mafias”.
“Previmos en el proyecto una especie de asociación ilícita que no es exactamente la que conocíamos hasta ahora en el Código Penal, sino que abarca determinados tipos de delitos que son los que más frecuentemente cometen estas mafias”, explicó y ejemplificó: “Tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos”.
Al respecto, Monfroni precisó que para este tipo de delitos están previendo una pena de prisión de 8 a 20 años por la mera integración de la asociación ilícita. Además, buscan que “todos los miembros de una banda de este género puedan ser penados con la pena máxima que corresponde al mayor delito cometido por la organización”. También hay previsto un artículo sobre extinción de dominio con orden judicial y pasa de forma inmediata al dominio del Estado nacional. “Si la persona resulta inocente, el Estado deberá indemnizarla con la reposición del valor del bien”, aclaró.
También se prevé que “con declaración de las autoridades judiciales de determinadas circunstancias que se pueda declarar una zona sujeta a investigación especial que la Procuraduría de Narco criminalidad procurar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Unidad Especializada en Narco criminalidad Organizada y el Ministerio de Seguridad podrán determinar la necesidad de una investigación especial que deberá ser declarada por la autoridad especial competente”. En esa línea, precisó que en esa zona delimitada se podrá detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos con autorización del Ministerio Publico Fiscal, incautar mercadería, realizar requisas en establecimientos penitenciarios federales y movilizar activos, realizar allanamientos encadenados.
Otro de los proyectos que explicó fue el que “implica una ampliación significativa del marco de la Legítima defensa frente al delito y el cumplimiento del deber”, y explicó: “Muy frecuente nos encontramos con policías o gendarmes que son encarcelados por haber intervenido para impedir un hecho ilícito con el argumento de que hubo un exceso en la Legítima Defensa”.
“Estos excesos en la Legítima Defensa son frecuentemente opinables. Los jueces hacen una valoración de la actuación del miembro de una fuerza de seguridad como si hubiesen podido pensar su jugada sin contar con el momento de rapidez que se les exige para impedir un delito y defender la vida de otra persona”, planteó y apuntó: “A veces hay disparates judiciales y abusos que ponen siempre a la policía en una situación de temor a actuar, de inhibición de conducta a la que la ley lo obliga”.
El funcionario sostuvo: “Necesitamos políticas, no de gatillo fácil, pero seguros del cumplimiento de su deber sin que haya interpretaciones alocadas de la Ley Penal que los pongan tras las rejas o que les hagan perder la carrera”.
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Monfroni precisó que la modificación recae sobre el artículo 34 sobre Legítima Defensa y cumplimiento del deber “mantiene las demás causales de justificación, introducimos un principio que, en realidad ya está en los principios constitucionales, que ante la duda el juez tiene que estar siempre en favor de quien se defiende”.
“Estamos introduciendo en favor de cualquier civil algunos elementos más de la Legítima Defensa porque muchas veces se mide la razonabilidad valorando si una persona está armada y que el que ataca está desarmado. Hay que estar en favor de quien se defiende porque no es quien ha iniciado la acción delictiva”.
También contó que buscan ampliar la condición de escalamiento de muros para cualquier circunstancia, al que defiende su integridad sexual y algunas limitaciones para demandar o querellar a quienes hubieran iniciado el curso de un delito.
Sobre los artículos referidos a resistencia de la autoridad, Monfroni explicó que han aumentado las penas porque “los delitos de atentado a la autoridad agravada tienen penas que no son de cumplimiento efectivo. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde se puede golpear a un policía sin que ocurra nada”. Está previsto una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo “si el hecho se cometiere a mano armada, por 3 o más personas cuando mediare fuerza contra el funcionario”, y cerró: “Son lógicas de reglas que existen en todas partes del mundo y cobrar consciencia de que golpear a un policía es algo muy grave. Necesitamos que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano. La policía es una institución que debe ser respetada. Si se excede habrá normas para enjuiciarlo, pero necesitamos que sea respetado y terminar con ese espectáculo horroroso de gente pegándole a la policía sin consecuencia alguna”.
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Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, cuestionó las normas de reincidencia porque “todos los días escuchamos noticias cometidas por personas que tienen más de 14 delitos”, e ironizó: “Se tienen que alinear los planetas para que alguien sea declarado reincidente son muy pocas”. Así, recordó que en el Código Penal original de 1921 “no era así” y contó que funcionó hasta 1984 y se cambió a instancias del Dr. Eugenio Zaffaroni.
Soto criticó que los jueces “no ven el expediente de antecedentes, no lo valoran”. “Estamos proponiendo estos casos con pauta objetivos para determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga u obstaculización del proceso. El juez va a tener la facultad de evaluar si, con las pautas, existe la posibilidad de que no accedan una libertad anticipada, sino que cumplan el proceso en detención por las pautas de un mayor aumento de peligro de fuga”, planteó y señaló que en el país ya existe este tipo de pautas en la provincia de Mendoza y agregó: “Es sentido común, pero son costumbres judiciales que no están incorporadas”.
Por último, hizo referencia a otra pauta que tiene que ver con el Concurso de Delitos y Unificación de Penas donde “quien comete delitos tiene un beneficio reduciéndole la pena. La lógica es que cumplan más pena”.
En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.
Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.
“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.
La palabra de los diputados
La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada de izquierda Myriam Bregman quien cuestionó el “desguace” del DNU porque “estamos viendo que aquellas normas incluidas en el DNU ahora aparecen fraccionadas”. En esa línea, apuntó: “Veo que les gustaría más bien vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación, no veo lo mismo en la persecución narco”, y planteó que los proyectos buscan “legalizar y profundizar políticas de represión”.
Además, cuestionó: “El proyecto antimafias no se entiende cómo se conjuga con el Derecho Penal, no se entiende cómo van a beneficiar a los narcos con el blanqueo de capitales. No pueden venir con una ley antimafias porque es mentira, solo buscan incrementar la represión a la protesta social”. También planteó que “el aumento de penas no sirvió para nada cuando el narcotráfico no ha parado de crecer”.
Bregman sostuvo que “quieren blindar a las fuerzas policiales para que sigan reprimiendo, no es efectivo”, pero advirtió que ello “debilita el control judicial y todo tipo sobre la policía contradiciendo todos los tratados, les dan una carta blanca para que armen causas, reiterancia, aumento de castigo arbitrario”.
Por su parte, el santefecino Roberto Mirabella (UP) solicitó que el proyecto que refiere al Régimen de Criminalidad Organizada y Narcoterrorismo sea tratado aparte junto con una iniciativa de su autoría. En tanto, sobre la extinción de dominio el santafecino se mostró a favor y propuso que sea incorporado al debate un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez que “tiene el apoyo de todos los bloques y enriquecería más el artículo referido a ese tema en la ley”.
Al hacer uso de la palabra, la bonaerense Patricia Vásquez (Pro) le respondió a Bregman y le pidió pensar en “las víctimas que tenemos todos los días en todo el país de enorme cantidad de delitos. No me parece seguir atados al pasado”.
“Parece que los únicos hechos que importan desde otra mirada política son las manifestaciones y el estado de lucha permanente”, cuestionó y preguntó: “¿No nos importa a cada uno de nosotros cada familia que todos los días tengamos este tipo de episodios que nos tiene superados como sociedad, estar en riesgo de muerte cada día que salimos a la calle?”.
“Estamos en una enorme emergencia de inseguridad, tenemos que dar respuesta a la gente no a la política, no al resalte del derecho manifestarse, es más importante darle respuesta a los 46 millones de argentinos que nos piden que pongamos todas las reglas necesarias y ajustemos todas las normas sin excepción y dar respuesta al problema concreto”, planteó Vásquez.
Y cerró: “Estamos dando una herramienta precisa para atacar el crimen organizado en determinadas zonas y características particulares. No hablamos de persecución social cuando hablamos de reiterancia, terminemos con el resentimiento barato no hablamos de perseguir a alguien porque no nos gusta su forma de pensar”.
El radical Manuel Aguirre (Corrientes) preguntó: “¿Cómo podemos aplicar un código que, en definitiva, no tenemos las herramientas necesarias sin institutos para llevar a los detenidos, tenemos fiscales suficientes para actuar en estos casos?”, y resaltó que “la norma penal necesita precisión”. El correntino sugirió que incluyan definiciones dentro del proyecto porque “el Código Penal es de 1921, es muy viejo y hay que actualizarlo no presentar proyectos sueltos”.
Por su parte, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que a los expedientes les faltan giro a otras comisiones como la de Justicia y cuestionó: “Están haciendo cualquiera con los giros a las comisiones y no es algo reglamentario nada más sino de vida y práctica de funcionamiento parlamentario”.
El santafecino reclamó que “hay que hacerse cargo de la cuestión de inseguridad. Hay que discutir los temas de seguridad pública en profundidad y las cuestiones de Rosario también porque sino nos agarramos de Rosario cuando nos conviene”. Así, lamentó: “Hubo siete homicidios en la semana en la ciudad”.
Se trata de los cuatro proyectos de ley de seguridad que envió el Ejecutivo y serán debatidos en el seno de un plenario de comisiones el próximo miércoles 24 de abril, con funcionarios invitados a exponer.
La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).
El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.
A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.
El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.
Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.
Ley Antimafias
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.
Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:
En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.
En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.
Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.
A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.
Nuevo Registro de Datos Genéticos
Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.
Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.
Orden público y Legítima Defensa
El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.
Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.
Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.
La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.
Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.
La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.
En la jornada de este jueves se espera que sean seis más las comisiones conformadas, entre ellas Justicia y la de Economía. Ya quedó constituida Legislación Penal, Agricultura y Ganadería y Análisis de Normas Tributarias.
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Por tercer día consecutivo la Cámara de Diputados continúa su intensa actividad legislativa con la integración de sus comisiones, debido a que este jueves está previsto que se conformen seis más y, de esta manera, tendrá más del 70% del total de las comisiones permanentes armadas.
Bien temprano pasadas las 9 se conformó la Comisión de Legislación Penal. Desde el bloque Pro, en nombre del santafecino Alejandro Bongiovanni, postularon para su presidencia a Laura Rodríguez Machado quien es “abogada recibida en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó su actividad legislativa en su provincia, tras cumplir dos mandatos como diputada desempeñó funciones en la municipalidad como secretaria de Desarrollo Económico y de Economía y Finanzas. En 2015 fue senadora, fue presidenta del bloque en la Cámara alta y vicepresidenta segunda del Senado de la Nación. Fue autoridad en distintas comisiones lo que la hace más solvente para hacer el trabajo de las comisiones y es autora de diversos proyectos de penalizaciones”.
Tras ser ungida titular de la comisión, la diputada del Pro chicaneó: “Veo que hubo unanimidad y no se suspendió la comisión”, haciendo alusión a lo acontecido en el encuentro de este miércoles con la Comisión de Juicio Político.
Por su parte, la cordobesa Soledad Carrizo, en representación de la UCR, nominaron al tucumano Mariano Campero para la vicepresidencia primera quien fue intendente de Yerba Buena en “dos oportunidades”. También se desempeña como “profesor de la cátedra de derecho penal de la Universidad Nacional de Tucumán”. “Su carrera política siguió creciendo, fue legislador provincial y estos años nos acompaña dentro del bloque”, agregó Carrizo en la presentación.
Por Unión por la Patria la diputada Silvana Ginocchio postuló al exministro de Justicia Martín Soria como vicepresidente segundo y lo describió como “abogado de la UBA. En sus inicios trabajó en la Justicia Federal en el fuero criminal y correccional de la capital federal. Entre 2007 y 2011 fue legislador provincial en Rio Negro, dos veces intendente de General Roca entre 2012 a 2019, diputado nacional entre 2019 y 2021 para asumir luego como ministro de Justicia y Derechos Humanos en 2021 hasta el 2023. Ha presentado numerosos proyectos de ley”.
La secretaría primera quedó en reserva por LLA, al igual que la secretaría segunda por UP. En cambio, la secretaría tercera fue para la diputada Carolina Píparo (Buenos Aires Libre) que, según explicó Rodríguez Machado, fue por “acuerdos parlamentarios”.
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Soria agradeció la designación y expresó: “Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y esta es la comisión que muchas veces tiene que debatir, analizar y decidir antes de llevar al recinto proyectos que tienen que ver con la restricción sobre la libertad de las personas. Es un arduo trabajo lo que significa esta responsabilidad”.
A su turno, Campero sostuvo que “en este momento histórico tenemos el enorme desafío de hacer reformas profundas en el Código Penal que forman parte de la discusión de todos los argentinos. Tenemos un enorme trabajo por delante respecto de nuestra legislación penal”.
Por último, Rodríguez Machado afirmó: “No escapa a quienes integramos la Cámara de Diputados la importancia de esta comisión. Lo primero de todo es la libertad, pero también tenemos que entender que la norma penal no es una norma pétrea que debe quedar intocable a lo largo del tiempo, sino que debe aggioarnarse a las nuevas modalidades delictivas y a las nuevas tipologías de organizaciones criminales. Va a ser una de las comisiones más importantes en función de lo que ocurre en el país y la demanda de la gente que pide que la normativa se ajuste a las nuevas realidades”.
“Nos espera un relevante trabajo para aprobar leyes necesarias en materia de seguridad para los argentinos”, cerró y propuso como día y horario de reunión los martes a las 15.30, pero aclaró que “está sujeto a disponibilidad de sala y otras cuestiones”.
Agricultura y Ganadería
Pasadas las 10.30 se eligieron las autoridades de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Desde la UCR el entrerriano Pedro Galimberti propuso para presidir la misma a su coterráneo Atilio Benedetti es licenciado en Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tiene una amplia y dilatada trayectoria en materia política, ha sido concejal de su ciudad, ha sido intendente, tres veces diputado nacional, integró el directorio del Banco de Nación Argentina, presidió la comisión entre 2017-2019, fue presidente del Concejo Empresario de Entre Ríos, ha integrado en diferentes cargos la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Siempre estuvo vinculado al sector agropecuario”.
En nombre de la Libertad Avanza el santafecino Nicolás Mayoraz propuso como vicepresidente primero al ingeniero en producción agropecuaria Beltrán Benedit (Entre Ríos) que “vivió toda su vida en el campo y ha representado los intereses en diferentes organizaciones gremiales. Actualmente como director de la Sociedad Rural Argentina. Hombre comprometido con el crecimiento del sector y agroindustrial en su provincia”.
Por el bloque Pro, la santafecina Germana Figueroa Casas propuso a la correntina Sofía Brambilla como vicepresidenta segunda que es “licenciada en Ciencias Políticas, integra la comisión desde que fue electa diputada en 2017 y viene trabajando con el sector productivo de su provincia”.
La formoseña María Parola en representación de UP postuló por la secretaría primera a Luis Basterra que es ingeniero agrónomo, fue ministro de Producción de Formosa, fue dos veces diputado nacional y entre 2011-2015 presidió la comisión. También se desempeñó como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entre 2019-2021. En tanto hicieron reserva de la segunda secretaría.
Por la tercera secretaría, desde el bloque Hacemos Coalición Federal postularon al diputado Carlos Gutiérrez que “fue concejal de Río Cuarto, presidente de su bloque en Córdoba, dos vece diputado nacional, ministro de Agricultura durante la 125 y ha presentado numerosos proyectos que tienen impacto positivo en la materia sobre retenciones, corte de biocombustibles, entre otros”, lo calificó su par Victoria Borrego.
La cuarta secretaría fue para el diputado del Pro Martín Ardohain (La Pampa) que fue “diputado provincial entre 2019-2023, es cuarta generación de productores agropecuarios”. Por último, fijaron los martes a las 17.30 como día y horario de encuentro.
De forma breve, Ardohain afirmó que tienen “un gran desafío” porque es un sector que “sabemos lo que produce y el potencial que tiene y en los últimos días cuando el productor se involucra y participa se producen grandes cosas”, y destacó la baja de precio en un 25% de la vacuna aftosa. “Tenemos muchos desafíos, cuidar el ambiente, mejorar la producción, los caminos, las vías hídricas”.
En el uso de la palabra, Gutiérrez reiteró la importancia de contribuir a “una verdadera agenda agroindustrial que tanto necesita nuestro país que ha sido predicada y parcialmente practicada por distintas gestiones y aspiramos a que esta comisión realmente le entre de lleno a los temas que son muy importantes para el verdadero desarrollo y aporte que el complejo agroindustrial tiene que hacer”.
El diputado Basterra expresó: “Vivimos tiempos complejos y sin duda esta comisión se ha caracterizado por alcanzar acuerdos”, recordó que desde 2011 al 2015 se han logrado 43 medias sanciones, de las cuales 24 fueron ley. “Eso gracias a acuerdos y a la comprensión del rol que tiene la agricultura en todo el país. Es la expresión más clara del federalismo porque tenemos que estar orgullosos de nuestro sector agrícola ganadero y de pesca”, destacó.
El formoseño alertó que “hay profundas transformaciones en el Estado que ha tenido el rol de profundizar en equidad e inclusión, pero estamos viendo desfinanciamientos apura áreas críticas como agricultura familiar tiene que ser debatida y comprendida para que validemos la importancia que tiene el rol de nuestros pequeños y medianos productores en la generación de alimentos, de la ocupación”.
A continuación, Brambilla manifestó que el campo “es el motor del país” y se mostró optimista de “desburocratización que el campo nos solicita”, porque “es un sector productivo fundamental del país que nos pide que le quitemos el freno. Están preparados para competir y necesitan que le saquemos las ataduras que le pusieron durante años”.
El libertario Benedit expresó: “Llegará el momento de darnos cuenta la importancia que tiene el sector productivo que traen el bienestar y la prosperidad”, y calificó al campo como “un sector noble” que “arriesga e invierte todos los años no menos de 20 mil millones de dólares, y los invierte acá. Eso hay que cuidarlo”.
“Es un sector que tiene territorialidad, produce de punta a punta y significa soberanía. Hay que trabajar en aras de un campo próspero. Ningún gobierno ha visto el potencial que tiene el sector con el viento a favor. Cuando al campo le va bien, al país le va bien. Es uno de los sectores más generosos porque todo lo que produce queda acá. Hay que impulsar políticas para la cadena agroindustrial para contribuir a ellos”, cerró.
Por último, el flamante titular de la comisión coincidió con sus pares y remarcó que “es una actividad promesa para el desarrollo del país, pero que por distintos motivos no pudo hacerlo”. Así, alertó: “Cuando nos comparamos con los países vecinos nos están llevando por delante, nosotros éramos el granero del mundo, principales productores de carne estamos siendo dejados atrás. Tenemos un enorme desafío”.
Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales
Al mediodía fue el turno de la constitución de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, la cual quedó en manos de Unión por la Patria. Designado como presidente resultó el chaqueño Juan Manuel Pedrini, quien fue propuesto por Guillermo Snopek.
Snopek repasó su trayectoria política, "que se inicia en la Municipalidad de Resistencia; fue presidente del Concejo Deliberante, también presidente de la Lotería chaqueña; ministro de Justicia y Seguridad de su provincia, también diputado nacional", pero además destacó su "trayectoria personal" y recordó que es escribano.
Luego, Pedrini devolvió los elogios a Snopek, que fue nombrado vicepresidente primero. "En estos tiempos esta comisión va a tener una función trascendente", dijo el jujeño.
Pedrini agradeció la nominación y expresó: "Espero estar a la altura de las circunstancias. Esta es una comisión muy especial, de las tantas que componen nuestro Parlamento. Una comisión que actúa después que las normas ya están sancionadas; también podemos lógicamente hacer las propuestas para mejorar, actualizar y perfeccionar estos dos tipos de normas".
Durante la reunión, La Libertad Avanza hizo reserva del nombre para la vicepresidencia segunda, mientras que UP hizo lo propio en el caso de dos secretarías. Uno de los secretarios que sí fue designado, aunque no estaba presente, fue el diputado del Pro Luciano Laspina, propuesto por Damián Arabia, quien repasó su trayectoria.
Finalmente, los días y horario para reuniones de la comisión quedaron establecidos los martes a las 10.30.
Economía
Al conformarse la Comisión de Economía, fue elegido como presidente el pampeano Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria. "Es contador público y en su provincia cumplió varias funciones como tesorero General, subsecretario de Hacienda, ministro de Hacienda y Finanzas, ministro coordinador de Gabinete, diputado provincial, diputado nacional en el período 2017-2021 y luego ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y nuevamente diputado nacional. Para nosotros es un honor que ocupe la presidencia de esta comisión", propuso su colega Julia Strada.
En tanto, la vicepresidencia primera, también para UP, se solicitó reserva, al igual que la vicepresidencia segunda correspondiente al bloque de Innovación Federal. Asimismo, quedaron pendiente de designación dos secretarías, una para UP y otra para la UCR.
Desde La Libertad Avanza, Carlos Zapata propuso como uno de los secretarios a su comprovinciano Julio Moreno Ovalle, quien es "doctor en Administración y Economía, contador público" y "una persona muy trabajadora que conoce los vericuetos de la economía desde adentro". Además es profesor universitario, formó parte del Tribunal de Cuentas de Salta, fue diputado provincial y fundador del partido Ahora Patria.
Tras establecerse los jueves a las 11.30 como día de reunión, Ovalle tomó la palabra y expresó: "Creo que va a ser una comisión muy importante por las condiciones que tenemos de la economía en este momento en el país; vamos a contribuir de la mejor forma posible, aportando proyectos e ideas y apoyando la gestión del Gobierno nacional".
"En estos tiempos tan difíciles por los cuales está atravesando la Argentina celebro tener un equipo de trabajo, más allá de las ideas políticas de todos, de donde surjan propuestas y aportes para ver si entre todos podemos mejorar la calidad de vida de los argentinos", cerró por su parte Rauschenberger.
A las 15, la Comisión de Justicia designó a Manuel Quintar (LLA – Jujuy) como su nuevo presidente. La salteña y jefa de bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, quedó como vicepresidenta primera, y Patricia Vásquez vicepresidenta segunda.
Al ser elegida, la diputada Vásquez manifestó: “Tengamos como único norte hacer de una vez y para siempre que la Justicia de nuestro país recupere la honorabilidad y la confianza que se merece el ciudadano argentino”. “Trabajemos para que sea eficiente y rápida”, agregó.
También, remarcó que está trabajando en proyectos de ley para “terminar con los curros y las mediaciones de burocracia que le hacen la vida imposible a la gente”.
Las Secretarías primera y tercera fueron para Unión por la Patria, mientras que la segunda fue para la Unión Cívica Radical. Sin embargo, las tres quedaron en reserva. La fecha designada para las reuniones quedó para los martes, pero el horario no fue consensuado, por lo que sería entre las 16 y las 18.
Finalmente, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas designó a la socialista Mónica Fein como presidenta, mientras que las Vicepresidencias primera y segunda, fueron reservadas.
Del mismo, la diputada nacional Belén Avico (Pro – Córdoba) quedó a cargo de la Secretaría primera, mientras que las restantes no fueron designadas.
El tema se intentará debatir en la sesión de este miércoles. Con disidencias, el Pro firmó junto al FdT. La CC-ARI, los radicales y el interbloque Federal, otro.
Pese a los meses de trabajo en busca de consensos y a las modificaciones que se aceptaron incorporar al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, no hubo este martes un solo dictamen sobre el proyecto que busca reformar la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos.
Se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Al concluir el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, el dictamen de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los legisladores del Pro, que lo hicieron con disidencias. Por su parte, la CC-ARI y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios, que finalmente concluyeron en uno solo, que también fue acompañado por la UCR y Evolución Radical.
En el comienzo de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (FdT), destacó que se esté avanzando en “un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados”, los cuales “requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales”.
La oficialista valoró el “trabajo que se hizo desde hace muchos meses con aportes valiosísimos de los distintos bloques” y “el diálogo y la apertura” que hubo por parte de los legisladores. Luego, leyó una amplia cantidad de modificaciones que se hicieron a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.
Tras informarse todos los cambios, el diputado Pablo Tonelli (Pro-JxC) ponderó: “Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”. Sin embargo, aclaró que tanto en el plenario como en la sesión iban a “insistir” con “dos o tres puntos respecto de los cuales tenemos disidencias”.
“Nos parece que esta es una buena oportunidad para mejorar la ubicación institucional de la UIF y dotarla de una autonomía que al día de hoy, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló y apuntó también que sería favorable avanzar en “modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente”.
En esa línea, el macrista expresó: “Nos parece que le daría al organismo una jerarquía y una independencia que aseguraría de manera mucho más efectiva la calidad de la tarea que el organismo debe realizar”. “Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo”, dijo sobre otro de los cambios reclamados. Con todo, afirmó que “estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos a acompañar”.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) reconoció “el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo”, no obstante lo cual adelantó que iba a presentar un dictamen de minoría por diferencias en la redacción de algunos artículos.
“Estamos en presencia de un organismo que resultó novedoso hace 20 años en Argentina cuando propiciamos su creación. El tema de la autonomía no es un tema nuevo”, recordó, pero resaltó que “desde el primer momento del debate algunos sostuvimos que debería ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad”. “Voy a seguir reclamando la autonomía, me parece que este organismo tiene que funcionar con autonomía no solamente por las cuestiones de los delitos, sino por la experiencia recogida. Y en esa experiencia recogida, no estoy de acuerdo cómo se plantea la cuestión de la denuncia frente a la Procuración; creo que la acción tiene que estar en manos de la Procuración”, enfatizó.
Para la legisladora bonaerense, “debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, apuntó en alusión a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
También al anunciar un dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) destacó “el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho”, pero “para nosotros esas poquitas diferencias son ‘las’ diferencias”, subrayó, para cuestionar luego que la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”.
“Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos, y al que joda, que joda; hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al gobierno que venga”, manifestó y continuó: “Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y seriamente colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”.
La cívica observó que “el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora”. “No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice”, agregó.
Visiblemente molesto con la postura inflexible de un sector de la oposición, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, mencionó que “se ha trabajado muchísimo este proyecto” que va en pos de contribuir a las evaluaciones que tendrá el país, las cuales “no le hacen al Gobierno, le hacen al Estado argentino”. Haciendo un repaso del trámite, recordó que el FdT esperaba poder tratarlo en diciembre del año pasado, pero no se pudo, al igual que durante extraordinarias.
“No es que no estuvimos dentro de esos meses trabajando para intentar avanzar en este tema. A los cambios que ya teníamos consolidados en noviembre le hemos agregado otros cambios”, reveló y afirmó que “prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de controversia. Sí lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original del Ejecutivo y que hay diputados y diputadas que consideran se podrían haber incorporado”. A continuación, aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”.
El santafesino se preguntó “¿por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”. “¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó.
“Le pido que consideren los bloques que estando tan cerca están planteando solamente las diferencias que tengan también la actitud que tenemos nosotros: no hay que mezclar los temas”, pidió, haciendo alusión a qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera buscado agregar a la iniciativa el tema de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada).
Para el presidente de la bancada oficialista, “nadie de los que está acá tiene dudas que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente. No hay ningún retroceso, solamente hay avances”. “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quién favorece la posibilidad que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen, porque la política no se pone de acuerdo?”, señaló y pese al compromiso de “seguir conversando” para acercar posiciones de cara a la sesión, dejó una advertencia: “Sinceramente las actitudes que yo estoy viendo en esta comisión hacen peligrar su aprobación mañana”.
Modificaciones al proyecto
Mónica Litza fue la encargada de enumerar todos los cambios que se hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó el que se refiere a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. “Ello, a los fines de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido”, dijo la diputada.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó.
Sobre la UIF, “se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades”, apuntó entre los cambios que enumeró.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, “no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación”.
“Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas”, subrayó Litza.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
Y prevé también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión.
En un plenario de comisiones, diputados dieron dictamen a un proyecto consensuado entre los distintos bloques que representan a la provincia. Resta que se trate en Presupuesto y Hacienda. Admiten que es una medida que tendrá impacto en el mediano y largo plazo.
En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados aceleró un proyecto de ley que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.
Un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal dieron dictamen este miércoles a una iniciativa que fue consensuada entre los distintos representantes de la provincia, y que se había presentado en mayo de 2022, es decir, hace 10 meses. Solo en noviembre pasado se había realizado una reunión informativa.
El texto, que prevé la creación de cargos de fiscales, defensores y jueces (de garantías, revisión y ejecución) en distintas localidades, deberá ser tratado ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Durante la discusión, que se extendió por tres horas, uno de los puntos que más se escuchó fue el reclamo para que se conforme la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que se reunió por última vez en febrero de 2021. Actualmente, el Senado todavía no designó a sus representantes, por eso, hubo críticas varias a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner.
También, al reconocer que esta medida tendrá un impacto en el mediano y largo plazo, se puso el eje en la demora de designaciones judiciales pendientes y en el postergado nombramiento de un procurador general de la Nación.
Autor del proyecto que se presentó en mayo del año pasado con la firma de 18 de los 19 diputados por la provincia de Santa Fe, el diputado Roberto Mirabella (FdT) recordó que este fue “un tema que lo empezamos a tener en la agenda a fines de 2021” tras una reunión con el gobernador Omar Perotti, en la que trabajaron “varios meses en una mesa donde estaban representados todos los bloques” para “poder llegar a un punto de acuerdo y un texto unificado”.
La iniciativa “va en la perspectiva de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que rige desde 2014” y hasta ahora “solo se implementó en las jurisdicciones de Salta y Jujuy”, dijo. “Estamos ansiosos de que (el Código) se ponga en marcha en mi provincia”, expresó.
El oficialista detalló que “viene a crear fiscalías federales, que van a tener en cabeza la investigación y persecución criminal, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución”.
“Todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia, y en particular en la ciudad de Rosario, con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad; por la cantidad de homicidios que se producen, cuadriplica la media argentina; porque el 80% de esos homicidios están producidos por bandas narcos; y además porque en los últimos meses se han producido con mayor frecuencia actos que generan terror en la población”, señaló el santafesino.
Mirabella precisó que “según la PROCUNAR, en Rosario se tramitan de cinco a diez veces más causas por drogas que en cualquier provincia argentina. De hecho, el 20% de las causas se tramitan en Rosario”. “Todos sabemos que con este proyecto no va a venir la solución mágica, ni se va a implementar mañana”, reconoció, pero afirmó que ante la situación actual hay que tomar medidas “y realizarlas todas a la vez, porque todas son importantes”.
A su turno, el diputado Juan Martín (UCR) lamentó que “Santa Fe duplica la media nacional de homicidios, y en conglomerados como Rosario la triplica y cuadriplica”. “Llegamos tarde a este momento. En este momento parece que estamos corriendo detrás de la pelota. Parece una respuesta espasmódica, pero aspiro a que sea un antes y un después”, manifestó.
En esa línea, el radical aclaró que el proyecto tendrá un impacto en el “mediano y largo plazo”, mientras que “en lo inmediato hace falta decisión política, con mayores recursos, mayores efectivos federales y un plan para ayudar a pacificar la provincia, que por supuesto también tiene que hacer su aporte”.
El santafesino remarcó que hay cargos vacantes en tribunales de Rosario y mencionó el retraso en la conformación de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. “Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer cuanto antes”, consideró y pidió que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna “y cuanto antes llevarlo al recinto” para poder “mostrar que estamos haciendo un pequeño aporte”.
Otro santafesino que habló, desde el oficialismo, fue Marcos Cleri (FdT), quien opinó que este puede ser “un proyecto de muy buen ejemplo para trabajar en el resto de las provincias y regiones”. A partir de la iniciativa, se crean 27 fiscalías, 9 cargos de defensores y cargos de jueces en Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto.
“Es muy valioso y muy importante porque viene a atender una necesidad que estamos teniendo. Y más valioso y más importante es el compromiso de todos los actores políticos de nuestra provincia para poder lograrlo”, destacó.
También, el camporista reclamó al Senado el avance de pliegos al solicitar que “en marzo se puedan terminar de designar dos jueces que están ya con el proceso finalizado en la Comisión de Acuerdos, y que también el Senado sesione y le pueda dar ingreso (a los pliegos) de una fiscal, un defensor y un juez, atento que pasaron el proceso del Consejo de la Magistratura y fueron enviados por el Poder Ejecutivo”.
En una crítica indirecta a algunos dirigentes de la oposición, Cleri sostuvo: “Nosotros que vivimos en la ciudad de Rosario padecemos estos hechos de inseguridad, como lo padecen todos los rosarinos y rosarinas, y el turismo electoral político es un carancheo que solicitamos que dejen de hacer. Porque con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días contra el crimen organizado”.
Además, el legislador apuntó que “uno observa que tenemos que tener un Estado presente, cercano, que resuelve los conflictos, para lo cual se necesitan muchas veces recursos y cuando hay modelos neoliberales, o modelos económicos que retiran el Estado del rol donde tiene que estar, lo que avanza es el crimen organizado”.
Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) subrayó que “no solo deberíamos instar la implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe, sino en todo el país”. “Estamos atrasados con el cronograma que originariamente se había marcado”, recordó.
Si bien ponderó el proyecto, el porteño aclaró que “con esto no alcanza” ya que, por ejemplo, “hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe” de las cuales “solo tres están tramitando el concurso en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o el Senado”.
“Para tratar de resolver de manera definitiva y efectiva no solo es necesaria nuestra tarea, sino que también es necesario que el Poder Ejecutivo asuma las responsabilidades que le corresponden”, observó e insistió: “Es un buen proyecto, debemos dictaminarlo hoy mismo, pero tengamos conciencia que falta mucho más, de parte de nosotros, del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema”.
En su intervención, el diputado Eduardo Toniolli (FdT) remarcó que “para evitar generar falsas expectativas, está claro que este proyecto no aborda la emergencia, sino que en todo caso sienta las bases para, como dice el título, fortalecer la justicia federal”. “Y si hay que fortalecerla es porque tiene un grado de debilidad. Hace 40 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario”, graficó el santafesino.
Avanzado el debate, el diputado Fernando Carbajal (UCR) expresó que “la urgencia y la emergencia” de la situación aceleró el tratamiento, pero ponderó que “si ha habido consenso en esto es porque ha habido actores políticos que han estado dispuestos a hacer concesiones de sus propias posturas”. En esa línea, opinó que los consensos son “el camino que tenemos que empezar a recorrer para llegar a acuerdos sobre políticas de Estado”.
Si bien, “es una ley que no sirve para resolver ni la emergencia ni la urgencia, tiene importancia simbólica sin ninguna duda”, señaló el formoseño y, en sintonía con lo dicho durante la reunión, aseguró: “Todos somos perfectamente concientes que hasta que se concrete el armado de esta estructura van a pasar, siendo optimistas, muchos meses, y siendo más realistas, muchos años”.
Al igual que sus pares de JxC, reclamó que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal porque “si no entendemos que la desburocratización de la investigación penal es el único camino para luchar contra el crimen organizado vamos a, como dijo el ministro (Aníbal Fernánez), perder la batalla”. Por eso, solicitó que en “10 o 15 días” se pueda reunir a la comisión bicameral encargada de la implementación del Código y también que se designe de una vez al procurador general de la Nación.
“Si bien es positivo que hoy estemos tratando esto acá, si las instituciones funcionarán como corresponde, no deberíamos estar acá tratando este proyecto”, sostuvo el diputado Enrique Estévez (PS), quien cuestionó la parálisis de la comisión bicameral y cargó: “Esto es responsabilidad de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, porque la Cámara de Diputados designó a sus representantes”.
Por eso, el santafesino exigió “tener una explicación de por qué no se constituye esa comisión y tener una explicación pública de por qué no se elige al procurador general de la Nación”. “No vamos a poder combatir el narcotráfico si nuestras instituciones no son transparentes, y si quienes tenemos responsabilidades concretas no las cumplimos”, enfatizó.
Sobre la situación en su provincia, el socialista aseveró que “lo que pasa en la ciudad de Rosario tiene explicaciones, pero no es el único lugar del país en el que esto sucede. Todavía en Rosario y la provincia de Santa Fe no hubo enfrentamiento entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, cosa que sí ocurrió por ejemplo en Buenos Aires”.
Estévez mencionó que “el 33% de cargos en la justicia federal de Santa Fe están vacantes” y lleva “más de 30 años con exactamente la misma infraestructura”. Sobre ello, planteó que habría que replantearse las formas sobre cómo se designan las vacantes de manera de agilizarlas. Además, apuntó el bajo presupuesto nacional en seguridad asignado para Santa Fe y que, pese a los barrios vulnerables que tiene, “la ciudad de Rosario es la número 44” en el reparto de los recursos del Fondo de Integración Socio-Urbana.
Partícipe de la reunión, se le dio la palabra al senador Dionisio Scarpin (UCR), quien felicitó a la Cámara baja por la rápida convocatoria y manifestó: “No hay dudas que es importantísimo este proyecto para el futuro de la seguridad y el servicio de justicia. No es la solución inmediata del problema, pero es una señal política muy importante para la sociedad santafesina, para el Senado de la Nación y también para los poderes ejecutivo nacional y provincial”.
Al valorar los consensos que se alcanzaron, el santafesino consideró que esta metodología “tiene que ser una vuelta de página para todos” ya que “a los ciudadanos no les interesan los partidos políticos, las campañas electorales, sino vivir bien”. Asimismo, advirtió que “si no nos tomamos en serio este tema, esto se va ir agravando día a día”.
En la reunión también habló la diputada Graciela Camaño (IB), quien observó que “no estamos hablando de inseguridad, pese a que probablemente la hora nos lleva a inclinarnos por el discurso de la inseguridad”. En su discurso, afirmó que entre la reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández y esta iniciativa “hay una diferencia abismal”, sobre todo porque “este proyecto viene trabajado por el Poder Judicial”.
En alusión al retraso en la aplicación del sistema acusatorio, la legisladora recordó que el expresidente Mauricio Macri a los pocos días de asumir suspendió por decreto “la implementación del Código Procesal Penal y se comete una sobrevaloración muy grande del Poder Legislativo. Nos pasan la responsabilidad al Poder Legislativo, que tiene el drama existencial de la falta de diálogo”, en referencia a fijar el cronograma de implementación en las distintas provincias.
“Nosotros no estamos pudiendo dialogar en torno a los intereses de nuestro pueblo hace muchos años. Hace 20 años nos falta el defensor del pueblo, no nos hemos puesto de acuerdo en algo tan significativo”, subrayó, dando por descontado que por eso era tan complicado ser efectivos entonces en la monitorear la implementación del Código.
Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (Pro) se preguntó: “¿Estaríamos acá hoy si no hubieran baleado el supermercado de la familia (Lionel) Messi? La respuesta sincera es que no”. “El año pasado Rosario registró 288 homicidios y ninguno de esos homicidios conmovió a este Congreso lo suficiente para que se sancionara este proyecto”, reprochó.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la macrista detalló que de esos 288 homicidios, “hay 33 homicidios que fueron de niños menores de 14 años, que claramente nada tienen que ver con el narcotráfico. Y además 64 de esos homicidios fueron mujeres”. “Las estadísticas desde 2014 hasta ahora indican que se duplicaron los homicidios de mujeres”, añadió.
Uno de los últimos oradores fue el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), quien recordó el historial de episodios de balaceras en la última década y señaló: “Lo que nos está pasando en Rosario no admite chicanas no ahora, desde hace 10 años”. “Tenemos una oportunidad renovada”, dijo al celebrar que se pueda avanzar con el proyecto, más allá de todo lo que no se hizo en los últimos meses y algunos remarcaron.
“Como militantes políticos nosotros no podemos, no solo dejar de creer, sino de trabajar para que las cosas cambien”, expresó el santafesino, que relató que “en realidad el espíritu de derrota alrededor de este tema en la ciudad de Rosario es muy fuerte, pero hay una amplia cantidad de rosarinos y rosarinas que no se quieren dejar vencer”.
“Si nosotros no queremos que esto sea parte de esfuerzos que parece que aparecen con fuerza y después se desvanecen rápido, creo que nosotros tenemos que seguir afinando el diagnóstico de lo que está pasando en la provincia”, sumó.
Lo que propone el proyecto:
-La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
-La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
-La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
-Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.
-Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación Penal a la que asistieron miembros de la asociación Madres del Dolor e informaron que “en Argentina por día mueren 20 personas como consecuencia de hechos viales”.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunió este martes para abrir el debate sobre una ley que propone modificar el Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales.
Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.
Al comienzo de la reunión la presidenta de la Comisión informó que “hace más de 2 años entraron dos proyectos que tenían que ver con agravar las penas para aquellos que corrieran pruebas de velocidad ilegal o las conocidas ‘picadas’. Uno de ellos fue días después de que Tahiel Contreras fuera asesinado en el conurbano bonaerense. Es un proyecto que presentó el expresidente de la Casa, Sergio Massa”, y agregó: “El otro proyecto es el de Kevin Sedano y a la lucha que ha llevado adelante, desde su fallecimiento, su mamá Viviam Perrone desde Madres del Dolor”.
“Se ha trabajado mucho en la unificación de esos dos proyectos, que lamentablemente, no tuvieron dictamen y por eso en esta Comisión uno de los primeros proyectos que teníamos en saldar la deuda”, afirmó Luján Rey y explicó: “La idea es escuchar a quienes vienen promoviendo, impulsando que estos proyectos lleguen al recinto y para eso tienen que tener el dictamen de la Comisión”, señaló Luján Rey quien reconfirmó su compromiso de lograr pronto un dictamen unificado para darle una respuesta a las familias que “lo están pidiendo”.
La primera en hablar fue Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, quien agradeció por la invitación y recordó que su hijo “fue víctima de un siniestro vial en Ruta 21 y Soldado Sosa, por una picada ilegal un domingo 13 de septiembre. Fuimos embestidos los tres, Luciano que es el papá, yo y el que pagó en vida fue mi nene de 6 años que teníamos muchos sueños por cumplir. Mi único hijo”.
Sobre los responsables, informó que “están detenidos”, y que están “esperando la fecha de juicio”. “Estamos muertos en vida hasta el día de hoy y siempre también”, manifestó con angustia la mamá de Tahiel. “
En esa línea, adelantó que “el 13 de septiembre se van a cumplir 2 años”, por lo que realizarán “concientización vial y educación vial hacia los chicos para transformar el dolor en algo para que no siga pasando. Un aprendizaje”.
Por otro lado, procedió a leer el proyecto presentado por el entonces presidente de la Cámara baja: “Nos propusieron esta ley de sanción que crea el delito del homicidio vial, denominada Ley Tahiel, que determina que quien cause la muerte haciendo picadas ilegales tendrá una pena de 8 a 25 años. Asimismo, con los mismos montos para el homicidio vehicular del momento cero de la investigación”.
“Sergio Massa consideró que quien tiene el desprecio a la vida tiene que tener el mismo castigo del Código Penal. Es importante que este Congreso se aboque a fijar penas para que los jueces no puedan escaparse por los vericuetos de la ley”, explicó y reclamó que “esto es lo que nos presentó Massa y hasta el día de hoy no tenemos novedades. A nosotros esta ley ya no nos sirve, pero si a los casos que siguen pasando lamentablemente día a día que son uno atrás de otro”.
En ese sentido, contó que “desde el momento que mataron a mi hijo sucedieron muchísimos casos más y sigue avanzando esto”, por lo que consideró que “este proyecto les va a servir muchísimo a las víctimas que se aproximan lamentablemente”. Al finalizar, Contreras pidió que “no caduque” el tratamiento y “no quede en la nada como otros proyectos porque no queremos que haya más casos”.
A continuación, tomó la palabra Viviam Perrone,presidenta de Madres del Dolor, quien también se sumó a los agradecimientos hacia los legisladores que presentaron estos proyectos porque “si se transforman en ley, lo que queremos es poder salvar vidas y queremos evitar que otras personas estén en nuestro lugar”, ya que “hay muchas ONG que están pidiendo que se modifiquen estas leyes”.
“Las muertes viales son una muerte por goteo, es como que uno abre una canilla y todos los días mueren entre 15 y 20 personas y no hay nadie que vaya a cerrar esa canilla porque son todos hechos evitables, son todos hechos prevenibles. Es toda una sociedad que debido a estos hechos se les arruina la vida”, ejemplificó Perrone.
A su vez, asimiló: “Kevin tenía 14, Tahiel tenía 6 años. Ambos tenían toda una vida por delante. Y ellos no pudieron decidir ni por sus vidas ni por su muerte, fue alguien que pisó el acelerador y terminó con sus vidas”.
“Acá no estamos hablando de casos de alguien que van conduciendo y que en lugar de ir a 80 iba a 90. Alguien que quizás se equivoca, porque te puede pasar, pero acá no. Estamos hablando de casos, de personas que piensan con anterioridad que van a correr una carrera ilegal, saben que es ilegal y, a pesar de eso, se ponen de acuerdo, preparan los autos. Hay toda una planificación. Corren en Panamericana, en los accesos y saben perfectamente que le pueden quitar la vida a alguien. Sin embargo, no les importa el resultado de esa decisión que toman ellos”, manifestó.
A su vez, aclaró que “no estamos prohibiendo ni cuartándole la libertad a nadie, si quieren correr vayan al autódromo. Estamos poniendo el lugar para que todos en sociedad podamos vivir mejor. Los talleristas también saben si están preparando un auto para correr en el Gálvez o en la Panamericana, así que ellos también están involucrados en estas carreras clandestinas”.
“Desde Madres del Dolor en el 2008, con quien era diputada Paola Spátola, logramos que se tipifiquen estas carreras ilegales porque antes no existían en el Código Penal. Ahora ya están tipificadas, hay una sanción, pero no alcanzan a quienes matan”, sostuvo Perrone.
En ese contexto, comparó con la situación de otros países: “Chile que tiene la Ley Emilia quien participa de las carreras ya se lo considera un delito penal. En España también se modificó la ley para que se puedan considerar homicidios simples porque convertís a tu auto en un arma y sabes que podes matar con ese auto”.
“Hace falta educación vial, hace falta controles, pero sin legislación, sin este tipo de cambios en las leyes no se logra absolutamente nada”, remarcó al finalizar su intervención.
En el uso de la palabra, el abogado y asesor de Madres del Dolor, Natalio Nicodemo, contó: “Hace 24 años me toca acompañar a las familias que pierden hijos en hechos viales”. “Si a alguno de ustedes les pasara lo que a ellas les pasó, no tengo dudas de que también estarían ahí reclamando también esto”, indicó.
Acto seguido, Nicodemo procedió a explicar las reformas que proponen a la legislación que “en la parte práctica y judicial serían muy importantes”. “La primera parte es preguntarnos si sirve solamente agravar penas y la respuesta es no. No hay dudas de que tiene que ir acompañado de más educación vial, prevención y controles, no hay duda de eso. Pero creemos que, agravando las penas para los homicidas viales, porque acá no hablamos de mera imprudencia, acá hablamos de gente que corre picadas que sabe que puede matar y lo acepta y matan”, consideró.
“Estos son casos reales, vidas que se fueron y no vuelven ¿Qué pasa en Tribunales? vamos a juicio oral y quizás el asesino de su hijo se va a la casa con una pena en suspenso. Ni siquiera tiene una pena de prisión. Sabía que podía matar, corrió una picada y terminó matando y quizás esta en la casa y en muchos casos siguen manejando”, subrayó indignado el doctor y sumó: ““Ir a tribunales es eso, decirles a los papas que la persona que mató a sus hijos no va a ir preso, tiene una condena, pero no va preso. Mató sabiendo que podía hacerlo y no va preso. Esto es lo que pasa hoy en Argentina”.
Además, alertó que “tenemos casi una muerte por hora en el país por hechos viales. 20 muertes por día y no baja el número”, por lo que consideró que “elevar las penas si podría ser disuasivo en este tipo de delitos. Es gente que sabe que puede matar y no les importa”. Asimismo, opinó que “las condenas judiciales no sirven, las familias sienten impunidad porque el asesino se va a su casa como si nada porque las penas van de 3 a 6 años. A veces es de 2 años si no tiene antecedentes”.
“Estas reformas que se está introduciendo en el artículo 84 bis va a ser muy importantes porque es plasmar por escrito que quien corre una picada en la calle sabe que puede matar donde la pena se eleva, porque hoy la pena, aunque corras picadas, pases semáforo en rojo, consumas drogas o alcohol y mate, es de 3 a 6 años. Es lo que establece el Código Penal y ustedes lo pueden cambiar”, insistió el abogado y finalizó: “El agregado al artículo 193 bis es muy importante que es que esa persona ya pueda tener una pena de prisión, no están esperando que esa persona choque y mate, es excelente ese agregado y ojalá lo puedan votar. Sería un paso importante. Esta ley va a salvar vidas”.
La palabra de los legisladores
Tras escuchar a los invitados, hizo uso de la palabra la diputada oficialista Mara Brawer quien consultó por datos al aplicar el tipo penal que está tipificado sobre correr picadas. Fue el abogado Nicodemo quien respondió: “Son muy pocos los casos. La mayoría de las picadas ilegales, la denunciante fue Viviam Perrone. Ha ido ella personalmente a General Paz a detener picadas ilegales. Tuvo que ir ella con la policía. No hay detenciones, solo casos puntuales muy conocidos. No existe la prevención. No hay estadísticas porque no se trabaja la prevención”.
Brawer retrucó: “No creo que el cambio en el monto de la pena sea la que determine o no la conducta del delincuente o asesino. Si creo que las penas van de acuerdo a la vulnerabilidad de la persona. Las cárceles están llenas de gente pobre, gente morocha y sabemos que los delitos en nuestro país no son privativos de una clase social y sabemos que es una única clase social la que esta presa”, y cerró: “Creo que a uno que le gusta correr, le puede molestar más sacarle el auto que esa pena en suspenso que la justicia da”.
Por su parte, el diputado Francisco Sánchez (Pro -Neuquén) reflexionó que “muchas veces la letra fría nunca termina de abarcar lo que en definitiva se trata de situación humana que padecen las personas y que podríamos ser cualquiera de nosotros”, y expresó: “Es doloroso escucharlas, pero nos dan elementos para poder legislar como corresponde”, y pidió avanzar “rápidamente” con el tema.
Por último, el mendocino Álvaro Martínez (Pro) le contestó a Brawer: “El derecho penal no se aplica de acuerdo a la cara del cliente, la delincuencia no es característica de ninguna clase social. Si el aumento de penas sirve o no, es una discusión que se viene dando en el Derecha Penal. A mayor pena tiende a que la persona que lo realiza tendrá una sanción a media de lo que hizo”, y coincidió con su par de Neuquén en trabajar “rápido” para tener dictamen.
La madre de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió luego de ser atropellado en Laferrere, será una de las que expondrá en la reunión de la Comisión de Legislación Penal que se realizará este martes.
La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunirá este martes a las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, donde se abrirá el debate sobre una ley para castigar a quienes corren picadas.
Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.
Desde ese momento, su familia reclama que se trate una ley que lleve su nombre y que prevé condenas más duras para los responsables de este tipo de crímenes.
El temario de la comisión señala que la reunión será “a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales”.
La madre de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió luego de ser atropellado en Laferrere, será una de las que expondrá en la reunión de la Comisión de Legislación Penal.
La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada María Luján Rey (Pro), se reunirá el próximo martes a las 14 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, donde se abrirá el debate sobre una ley para castigar a quienes corren picadas.
Al encuentro fueron invitadas integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor y Noemí Contreras, mamá de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió en septiembre de 2020 luego de ser atropellado durante una picada en Gregorio Laferrere.
Desde ese momento, su familia reclama que se trate una ley que lleve su nombre y que prevé condenas más duras para los responsables de este tipo de crímenes.
El temario de la comisión señala que la reunión será "a fin de abordar modificaciones al Código Penal en relación a la conducción imprudente de vehículos automotor e imposición de penas específicas en el caso de carreras ilegales".
Será este miércoles, a partir de las 15, durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos y Garantías.
Funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación expondrán este jueves, a partir de las 15, ante diputados sobre las recomendaciones realizadas por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre los lugares de detención.
El encuentro será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos, que presiden los diputados oficialistas Carolina Gaillard y Hugo Yasky, respectivamente.
Durante el encuentro participarán por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazabal -presidente-, Diana Conti, Gustavo Federico Palmieri, María Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín, Diego Jorge Lavado, Ricardo Nioi, Alejandro Armoa, Francisco Mugnolo, Alex Ziegler, María Laura Leguizamón y Alan Lud.
También lo hará la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.
Además, expondrá la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez; y el defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Guillermo Todarello.
La iniciativa, impulsada por la diputada María Luján Rey, incorpora un artículo al Código Procesal Penal de modo de establecer que los fallos deberán conocerse con un tiempo máximo de 90 días hábiles, prorrogable por 20 días más.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, avanzó con el dictamen -unánime- de un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.
La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que "en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones", el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo "dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto".
Asimismo, el texto, al que tuvo acceso parlamentario.com, indica que "la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar".
"Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave", sostiene y agrega que "también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados".
Durante la reunión, la diputada del Pro María Luján Rey -madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once-, expresó que "hemos escuchado muchas veces que la justicia lenta no es justicia", y esto lo "padecen los acusados y de igual forma o más las víctimas y familiares", quienes "ven que solo avanzan las causas por su propio empuje".
"La búsqueda de justicia desgasta al ciudadano común, lo pone en una situación en la que el tiempo se detiene en la búsqueda de responsables y, en ese recorrido, se ve afectada la salud física y emocional", subrayó la autora del proyecto, que agregó los casos de "depresión o suicidios" de personas "esperando fallos que nunca llegan".
La legisladora señaló que "es en Casación donde las causas se detienen" y los tiempos de espera son "los que a las víctimas revictimizan".
Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade consideró que pese a "las buenas intenciones" del proyecto, "no hay ninguna posibilidad de que la Cámara de Casación Penal cumpla con esto, si no cumplen con un montón de normas que ya están vigentes desde hace muchos años".
"La Cámara de Casación no funciona mal solamente porque tardan años en sacar sentencias", dijo y lanzó: "Para mí es un bochorno. Hay jueces trasladados ilegalmente, como (Carlos) Mahiques. Hay jueces que todavía no sé qué siguen haciendo como jueces de la Cámara, Liliana Catucci, Eduardo Righi, que dejan en libertad a los represores; Righi, sospechado de haber participado de un acto de corrupción contra la causa de Mariano Ferreyra".
Para el oficialista, "ahí están los principales problemas de la Cámara de Casación". "Si tuviéramos jueces más o menos serios no sería necesario que desde la Cámara de Diputados le estemos poniendo un plazo a que cumplan con su trabajo", completó.
Más tarde, el macrista Jorge Enríquez rechazó que "se quiera poner un manto de sospecha sobre distintos funcionarios judiciales que tienen una trayectoria intachable". "No puedo dejar pasar por alto esta situación", expresó y rechazó las "chicanas absurdas".
El despacho avanzó con las firmas del oficialismo, mientras que la oposición criticó la letra de la media sanción del Senado y aseguró que "no tiene perspectiva de género". Avanzó otra iniciativa sobre abuso sexual infantil.
Sin lograr acuerdo en torno al tema, avanzó este viernes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto -con media sanción del Senado- que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.
El despacho de mayoría alcanzó 13 firmas del Frente de Todos, mientras que 7 legisladores de Juntos por el Cambio y la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño votaron a favor de un dictamen de minoría, impulsado por la cívica Marcela Campagnoli.
Al comienzo de la reunión, Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la comisión, informó que en asesores se había avanzado con un dictamen único que reunía varias propuestas de diferentes bloques, pero "es importante avanzar en esta media sanción que ya sacó el Senado sobre el tema". "Es un proyecto perfectible", admitió, sin embargo dijo que esa era la decisión del oficialismo.
En defensa de la iniciativa, el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) consideró que "es una figura que urge que tengamos que legislar" y "no lo podemos dejar pasar por alto". "Debemos compartir la aprobación de esta media sanción del Senado", agregó y opinó que "todo el andamiaje jurídico de nuestro país debe tener una perspectiva de género".
Muy crítica, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que "basta leer el proyecto para darse cuenta de que lamentablemente la media sanción que envía el Senado debería completarse con los aportes que le hacemos los diputados".
En ese sentido, valoró la redacción elaborada en asesores y lamentó que se va a "perder la oportunidad" de "legislar en torno a la materia", porque "el bloque oficialista se obceca de no hacer las correcciones".
"Creo que estamos en condiciones de hacerle un aporte valioso y darle realmente una perspectiva de género, es muy lamentable que no lo hagamos", reiteró y afirmó que la iniciativa posee "una falencia muy grande: no tiene perspectiva de género".
También en contra de la media sanción, la diputada Gabriela Burgos (UCR) recordó que el tema se había trabajado en 2016, alcanzando una media sanción, que finalmente no se aprobó. Luego vino una media sanción del Senado, que "tenía graves defectos" y "perdió estado parlamentario porque no se tomaron las modificaciones".
Al igual que Camaño, la jujeña señaló que el texto "no habla de la cuestión de género" y advirtió sobre "aprobar algo que no va a resolver la problemática". Por eso, pidió un cuarto intermedio para la semana próxima avanzar con un dictamen con cambios ya que es "un tema que nos preocupa a todos". Finalmente no prosperó.
De hecho, reveló las observaciones hacia el proyecto por parte de Daniela Dupuy, fiscal penal especializada en delitos informáticos de la Ciudad, a quien recomendó que "sería más que interesante escucharla". "No porque venga del Senado significa que la tenemos que aprobar, tiene graves errores", insistió la radical y abogó por un dictamen con unanimidad y "de consenso; que sea coherente y tenga una verdadera perspectiva de género".
Por su parte, el mendocino Luis Petri (UCR) alertó que "de no legislarse correctamente podríamos dejar de abarcar en el tipo situaciones que necesariamente tienen que ser comprendidas y contempladas". "Este proyecto no tiene perspectiva de género", coincidió con sus pares y se preguntó qué sucederá en el caso de los menores de edad, a quienes "no los va a contemplar el artículo 128" sobre pornografía infantil, cuando se trate de este tipo de imágenes.
"Es muy malo el proyecto del Senado", enfatizó la legisladora Marcela Campagnoli (CC-ARI), que señaló que "no es menor que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres; no es menor que podamos consensuar en esto". "Estamos perdiendo una oportunidad. No es bueno sacar una mala ley", agregó.
En igual sentido, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien no integra la comisión pero tenía un proyecto al respecto, expresó que "se había hecho un esfuerzo para alcanzar un dictamen consensuado que corregía la media sanción". "Lamento muchísimo que este tema no vuelva a asesores", añadió y apuntó que la media sanción "excluye absolutamente la mirada central de la mujer como víctima", por lo cual "esta modificación no tiene perspectiva de género".
La oficialista Gaillard volvió a decir que el proyecto era "perfectible", pero manifestó "el compromiso de seguir trabajando sobre los proyectos que existen" para "tener un abordaje integral" sobre la temática. Al finalizar la reunión, finalmente se avanzó con la firma de la iniciativa, obteniendo el oficialismo el dictamen de mayoría.
Qué dice la media sanción del Senado
El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.
El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.
“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.
Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años.
Proyecto sobre encubrimiento al delito de abuso sexual infantil
En la reunión también avanzó un proyecto de ley del rionegrino Martín Soria (FdT), que propone modificar el artículo 277 del Código Penal de manera de eliminar la eximición de la responsabilidad en el delito de encubrimiento en el caso de abuso sexual infantil.
El dictamen de mayoría obtuvo las 15 firmas del Frente de Todos y de la diputada Graciela Camaño, mientras que 8 legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría, por diferencias con la redacción.
Soria precisó que, según datos de la Organización Mundial de Salud, "una de cada cinco niñas es abusada antes de los 18 años; y uno de cada 13 niños es abusado sexualmente antes de los 18 años". "El 75% de los casos de abuso de niñas y niños se da dentro del propio seno familiar", resaltó, con lo cual esta iniciativa "busca fomentar la colaboración de aquellos potenciales testigos dentro del seno familiar para impedir que se sigan cometiendo este tipo de delitos".
Un dato saliente de la iniciativa es que no cargará con pena cuando "la autora del encubrimiento fuese una mujer que haya actuado en el marco de un contexto de violencia de género por parte del autor del delito".
