La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por el senador Alfredo Luenzo (FdT), recibió este miércoles a especialistas que expusieron sobre la presentación del documento elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre "La protección del espacio cívico en línea. Un repaso a las amenazas actuales a la libertad de expresión en Internet".

Eduardo Ferreyra, abogado especialista egresado de la Universidad de Tucumán y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina por la Universidad Nacional de San Martín, habló de cuatro aspectos centrales que son "la criminalización del discurso online; el monitoreo de redes sociales, más conocido como ciberpatrullaje; la toma de decisiones de las plataformas en cuanto a generación de contenido; y las expresiones violentas de funcionarios políticos".

"Las primeras dos se enfocan más que nada en el accionar estatal, y las otras dos tienen el acento en el accionar de las plataformas privadas", explicó. En relación a la regulación pública sobre los comentarios en redes, aseguró que "una regulación pública debería llevar a ampliar las voces, no restringirlas y, en ese sentido, los estándares de derechos humanos nos dan una base sobre el cual se puede regular de manera conducente".

Para Ferreyra, "cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente. Un cambio de las reglas sin alterar el statu quo puede dar como resultado fenómenos contraproducentes".

Por otra parte, agregó que "una regulación pública tiene que apuntar a que las personas sean involucradas de manera significativa en la toma de decisiones" y puso el ejemplo de Wikipedia.

El abogado subrayó que "nos debemos una discusión" sobre "temas controversiales" como "los discursos de odio, la desinformación, la violencia de género". "Se corre el riesgo que las interpretaciones (sobre esos temas) que son de las plataformas comiencen a influenciar en la toma de decisiones", alertó.

Y continuó: "Es tiempo que los poderes públicos empiecen a dar una discusión de una manera abierta y democrática, es necesario empezar a elaborar criterios propios, sobre todo en una región como Latinoamérica".

En otro tramo de su exposición, el especialista apuntó que la mayoría de las causas por intimidación pública contra personas por sus mensajes en redes "terminan en la nada, son sobreseídas en la Justicia porque llegan a la conclusión de que no había delito alguno". "El informe remarca que cualquier tipo de aplicación de un delito penal tiene que estar sometido a los estándares de libertad de expresión", indicó y recomendó a la comisión dar debate sobre cómo "adaptar los delitos penales al ámbito online y evitar que interfiera con la libertad de expresión".

En tanto, Damián Loreti, abogado por la UBA y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que "es difícil" ponernos "de acuerdo en las cosas que decimos", por eso "hay una necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora; no alcanza solo con la transparencia, nos pueden contar cómo se constituye un logaritmo y salir más ignorantes que antes. Lo que hay que ver es si ese logaritmo genera algún tipo de discriminación en términos de ciertos tipos de discurso".

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo una convocatoria en materia de discutir estándares" y "de qué modo salir del dilema de las cosas que circulan por internet", reveló. En ese sentido, consideró que "los Estados deben establecer mecanismos regulatorios que los daños a los derechos humanos que generan las plataformas tengan un recurso efectivo para hacer ejercicio de sus derechos".

Dictamen para un conjunto de proyectos

Tras la exposición de los especialistas, Luenzo anunció que pasaban a la firma -sin debate- un conjunto de proyectos de ley, de comunicación y de declaración.

El temario incluyó un proyecto de ley de la senadora santacruceña Ana María Ianni (FdT) que dispone la emisión de una estampilla postal en conmemoración del "Centenario de las Huelgas Patagónicas".

En la misma línea, se avanzó con una iniciativa de la senadora entrerriana Stella Maris Olalla (UCR) que propone la creación de una estampilla postal en conmemoración del 200° aniversario del fallecimiento de Francisco Ramírez, "el supremo entrerriano".

Además, pasaron a la firma un pedido de informes sobre la prestación básica universal y obligatoria (PBU) para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija; y una iniciativa que solicita la implementación de una campaña de comunicación destinada a concientizar a la población sobre los diversos modos de estafas telefónicas.

También, un pedido del senador salteño Sergio Leavy (FdT) por la "pronta gestión ante la empresa Personal/Telecom de encontrar una respuesta a la falta de conectividad y renovación de tecnología para la señal de telefonía móvil en la localidad San Antonio de los Cobres"; y un pedido de informes sobre la implementación del servicio de telecomunicaciones móviles de 5G.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió de forma virtual este miércoles bajo la consigna "Libertad de expresión y desinformación. Herramientas y acciones frente a las fake news que atentan contra la salud pública", a partir de la cual expusieron expertos sobre el tema. Bernarda Llorente de la agencia Télam declaró que las fake news “existen porque hay un montón de intereses en juego”, ya sean políticos, económicos o de rating.

El presidente de la comisión, el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos-Chubut), inició el encuentro con la afirmación de que “estamos luchando contra  los trolls y los teóricos de la conspiración, que impulsan la desinformación y socavan la respuesta del brote” y “es una situación que hoy nos afecta a diario”.

El legislador del oficialismo citó a la UNESCO para definir el concepto de fake news como “toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables”.

La primera expositora fue la presidenta de la Agencia Télam y de la plataforma CONFIAR, Bernarda Llorente. Señaló que “uno no puede mentir si no conoce la verdad”, y explicó que entonces las fake news “existen porque hay un montón de intereses en juego, hay intereses políticos, hay intereses económicos y también por supuesto hay intereses hasta de rating”.

Llorente instaló además el término de la OMS “infodemia”, que explicó como “una pandemia informativa” que acompaña a la pandemia del virus. Advirtió que “lo que se puso en juego a partir de noticias falsas fue la salud, la salud física y mental” y ejemplificó con el caso de las vacunas. “Parte de la circulación de información falsa con respecto a las vacunas tiene que ver con intereses concretos en términos económicos”, sentenció.

Natalia Aruguete, investigadora del Conicet y autora junto a Ernesto Calvo del libro "Fake news, trolls y otros encantos", ejemplificó su teoría a partir de las noticias sobre la presencialidad o no presencialidad en la escuela como diálogo polarizado. Concluyó que “las fake news y las violencias en redes sociales son una de las formas específicas de las campañas negativas en donde se está jugando es la fuertísima polarización en el discurso político”. 

Laura Zommer, directora de chequeado.com, se enfocó en el fact checking, es decir “verificación de hechos” que se centra en identificar las noticias falsas en los medios de comunicación. Expuso que “el fact checking funciona. La gente no necesariamente cambia de opinión o de idea cuando ve la publicación de una verificación que desmiente un contenido que circula pero sí cambia, y esto aplica tanto para oficialismo como oposición, aún en el contexto de polarización del que sí hablamos, sí cambia su comportamiento. O sea, comparte menos aquello que fue señalado como falso”.

“A los sospechosos de siempre, que incluyen a los medios de comunicación, políticos oficialistas y opositores y los desinformadores, se suman los que no siempre dan la cara y usan las redes para aumentar las operaciones de desinformación o generan nuevas campañas”, disparó la directora de chequeado.com.

En consonancia, Ramiro Álvarez Ugarte del Centro de Estudios en Libertad de Expresión también habló de las campañas de desinformación. “Es difícil de identificar”, admitió, y agregó que “más en contextos electorales”. “Lo mismo ocurrió en la pandemia. Está el ejemplo típico de tomar cloro para curarse del coronavirus. Ese es un tipo de ejemplo de desinformación con un riesgo para la salud, pero después hay otro tipo de desinformación por ejemplo sobre modalidades de contagio”, expuso.

El presidente de la comisión cerró las exposiciones: “Creo que aprendiendo de esta manera e intercambiando opiniones es la única forma que tenemos de defendernos de las informaciones maliciosas, en el marco de la salud pública y en el marco también de la propia democracia”.

El jefe del bloque oficialista en la Cámara alta, el senador José Mayans (Frente de Todos-Formosa) aprovechó la ocasión para mencionar el caso de Aníbal Fernández y su falsa difusión como culpable del triple crimen de General Rodríguez. “No sé de qué forma tendrían que pedirle disculpas a Aníbal por la falsa información y por la destrucción que le hicieron a su persona, porque en definitiva le hicieron un daño irreparable”. 

Por su lado, la senadora María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) no dejó pasar el espacio para expresar su rechazo al comentario de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, sobre la entrega de las Islas Malvinas a cambio de la vacuna Pfizer. “Repudio plenamente los dichos de Patricia Bullrich pero también hago el llamado de atención a esos periodistas que estaban en esa mesa -por no haber respondido-”, declaró la legisladora fueguina.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió de manera remota este martes para ratificar a sus autoridades.

Alfredo Luenzo (Frente de Todos) continuará en la presidencia, mientras que Juan Carlos Marino (UCR) seguirá como vicepresidente y Guillermo Snopek (FdT-Jujuy) como secretario.

Durante el encuentro se abrió el debate sobre las "asimetrías" en términos de conectividad, que se evidenciaron durante la pandemia.

Luenzo señaló que “tenemos un gran desafío este año, que es recuperar el marco regulatorio que está inspirado en lo que en algún momento se denominó la Ley de Contenidos Audiovisuales. Pero ahora, en una propuesta de ampliar por servicios”. 

“Las plataformas digitales” hacen que haya una “asimetría cada vez más profunda” y “la desinformación en el marco de la pandemia se sigue analizando. Esto abre un debate acerca de la co-regulación de las plataformas entre los Estados y las propias corporaciones tecnológicas”, agregó el titular de la comisión.

Por su parte, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, habló del 5g. Aseguró que “el tema de las comunicaciones se ha convertido en el gran negocio del mundo” y “se va a avanzar con el tema 5g que trae otras posibilidades, para la industria, la medicina”.

Para el formoseño, esto “crea una puerta muy grande de servicios y es también un mundo de transferencias. Es oportuno que, como Estado, tengamos una visión completa de este tema y esta comisión tiene que trabajar mucho porque este tema avanza a pasos agigantados. Me parece interesante invitar a expertos en materia de comunicaciones”.

En tanto, Ana Almirón (FdT) felicitó a las autoridades “por llevar adelante una tarea tan importante como es la democratización de la comunicación”, aunque también mencionó la urgencia de la “democratización de la conectividad”. 

La senadora oficialista remarcó la “brecha” y “asimetría” que existe, “sobre todo en las provincias del norte”. “Es el trabajo que tenemos que realizar desde esta comisión” porque “algunos chicos no pudieron tener acceso a todos los contenidos escolares por falta de conectividad. Además, se mal informa acerca de cuántas vacunas llegan, a dónde llegan, a quién se aplican y eso genera desinformación”, argumentó.

El debate de la conectividad continuó. Al respecto, Oscar Parilli (FdT) expresó su “apoyo a la decisión del ENACOM de haber comenzado con un largo compromiso muy demorado, incluso desde la gestión anterior no se había utilizado este fondo, en desmedro de todas las comunidades pequeñas para que tengan infraestructura”.

Recogió el guante el fueguino Pablo Blanco (UCR), que señaló: “Me parece muy bien la distribución de recursos, me gustaría que sea más federal. ¿Cuáles son los criterios que se van a tomar para la distribución? En Tierra del Fuego tenemos serios problemas de conectividad. El ENACOM tiene un criterio muy poco federal”.

Representantes de diferentes sindicatos de la industria audiovisual expusieron este lunes ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, donde relataron la problemática actual de la empresa Polka y del sector en general. Asimismo, pidieron por una ley que reactive la producción.

En primer lugar expuso el secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor, quien resaltó que "la industria de contenidos está paralizada; lo ven en las pantallas, no hay ficción que se está realizando". Por eso, consideró que "es una oportunidad importante poder a la salida de esta pandemia contar con herramientas para que la industria arranque con todo".

En ese sentido, abogó en ser "como los países México o Colombia, que producen 35, 40 series por año", mientras que "nosotros apenas estamos haciendo tres o cuatro" teniendo en cuenta las del año pasado.

Respecto a Polka, el sindicalista señaló que "es la principal empresa de producción de ficción del país", que tiene "más de 300 empleados" y "ha sido una potencia" realizando "productos muy famosos".

"Hoy estamos cobrando el 75% del salario, con ATP", informó y valoró que "la ayuda que se le está dando desde el Estado es realmente importante". Pero reclamó que "es fundamental que Clarín (dueño del 55% del paquete accionario) mantenga los empleos y salarios".

Arreceygor agregó que están "optimistas" de las reuniones que se están realizando con representantes del Poder Ejecutivo, donde se analiza la inclusión de la industria audiovisual dentro de "las 60 medidas reactivar el empleo y la economía".

A su turno, Pablo Storino, secretario de Cultura y delegado gremial en Polka, recordó que a los pocos días de iniciado el aislamiento obligatorio -en marzo pasado- la empresa comunicó "su dificultad de poder pagar los salarios en forma ordenada" en ese mes, mientras que en los primeros días de abril informaron a los trabajadores de la intención de pagar solo el 50%.

"Por desgracia la intención de la productora no estaba siendo la misma que nosotros creíamos que debería ser", expresó y mencionó la "fastuosa fiesta de 25 años" que la empresa celebró el año pasado.

Storino manifestó que "no ha sido fácil para nosotros hacer que Polka pague los salarios a los trabajadores en los últimos tiempos", a pesar de haber registrado "ingresos formidables" que en los últimos años fueron "dividendos por 800 millones de pesos".

Por su parte, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, relató que recurrieron al Ministerio de Trabajo para oponerse a la solicitud de conciliación obligatoria y pedir la intervención "ante el cercenamiento de un derecho básico, como lo es el cobro del salario en tiempo y forma".

Al leer un texto, la actriz criticó la "la sorpresiva actitud de la empresa a negarse a cumplir con sus obligaciones" y omitir "pagar los salarios desde el inicio de la pandemia". "Tanto Polka como Canal 13 sabían que nuestra actividad no estaba exceptuada por ser altamente riesgosa, de contactos estrechos", subrayó.

Darín enfatizó que buscan "visibilizar el atropello cometido por la empresa no solo con nuestro gremio, sino con el de técnicos, vestuaristas, maquilladoras, peinadoras, extras, etc." y "exponer a quienes en nuestro país no apuestan a la industria nacional, al sostenimiento de nuestra cultural y, en definitiva, a la libertad de expresión".

"Cuando ante la primera dificultad priorizan sus intereses económicos por sobre derechos laborales y puestos de trabajo. Negando la identidad nacional no dudan en invadir la pantalla con ficción extranjera", continuó.

La presidenta de AAA afirmó que "no es cierto que la empresa Polka S.A., cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín, que ha recibido incluso la ayuda del Estado a través de ATP, no pueda sostener el funcionamiento de la misma". Asimismo, opinó que "la insensibilidad y la especulación empresarial explican que esta fuente de trabajo tradicional para nuestro gremio deje de producir".

Por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Manuel Rodríguez destacó el significado que Polka tiene para ese gremio que nuclea a actores de extras. Al brindar cifras, detalló que en 2018 dio 7.500 puestos de trabajo; en 2019, 11.331; y en lo que corría de 2020, antes de la pandemia, unos 1.347. "En los últimos 20 años Polka dio alrededor de 200 mil puestos de trabajo", dijo y llamó a "pelearla hasta el final" por "la excelencia de nuestros actores, técnicos y trabajos".

Ricardo Rodríguez, del Consejo Profesional de TV Argentores, remarcó que "ninguna empresa en Argentina llegó a producir lo que produjo Polka", pero advirtió que la situación actual de la empresa "no tiene que ver específicamente con la pandemia" sino que "viene de años".

"Estamos preocupados por la situación de nuestros autores porque no tienen trabajo", sostuvo y pronosticó que "si las condiciones no cambian, si el Estado no participa, lamentablemente esto no va a cambiar". "Los autores que están trabajando están trabajando para afuera", resaltó.

En tanto, el vicepresidente de Argentores, Sergio Vainman, analizó: "Que desaparezca Polka en sí mismo para los trabajadores de Polka es una situación trágica, pero que desaparezca la última productora audiovisual importante para la industria es una catástrofe".

"Nuestra producción audiovisual ha venido decayendo en los últimos años y hoy es nada. Está castigada, está prácticamente desierta y, no quiero ser apocalíptico, pero el destino de los que trabajamos en industria audiovisual es incierto. Nuestra situación es una situación terminal", alertó.

Y observó que "si no pensamos en que la industria audiovisual debe reactivarse y no hacemos que el Estado y ustedes particularmente, a través de leyes, sean los actores fundamentales de esta recuperación, el puntapié inicial para que empiecen a aparecer las nuevas posibilidades de producción en Argentina, realmente no tenemos de donde agarrarnos. Es un llamado a la solidaridad a los legisladores".

Finalmente, Guillermo Tello, coordinador general de la multisectorial audiovisual DOAT, señaló que "al contenido audiovisual le falta un programa industrial para el desarrollo estratégico de la producción de cultura audiovisual; eso sin duda nos debemos hace muchos años".

Tello ponderó que durante los gobiernos kirchneristas hubo "un gran impulso en el desarrollo de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Televisión Digital", lo que provocó "un crecimiento para todo el sector" y "un marco de federalización". Sin embargo, "en estos últimos años hemos perdido un terreno tremendo", aseguró.

Además, evaluó que "es muy importante entender a la producción de contenidos audiovisuales como una soberanía cultural". "Es mucho lo que se nos valora como artistas en el mundo exterior y es una pena que esa soberanía cultural no alcance al resto del país", añadió.

También expusieron Luis Alí (Asociación Argentina de Actores) y Rolando Conte (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público).

Hacia el final, el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo (Frente de Todos), ratificó: "Nuestro Gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, está trabajando en proyectos que tienen que ver con potenciar la industria audiovisual". Y manifestó "todo el compromiso para que podamos recuperar identidad y trabajo".

Las comisiones de la Banca de la Mujer y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado avanzaron este lunes con un proyecto de ley que propone la equidad de género en los medios públicos, e invita a los privados a que adhieran a la norma.

Tras un debate en el que se cuestionaron algunos puntos de la iniciativa, oficialismo y oposición acordaron pasar a la firma el dictamen con el compromiso de que haya aspectos que sean modificados en la redacción antes de su llegada al recinto.

La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, destacó que el proyecto original "se ha enriquecido" con el aporte de funcionarias de medios públicos, representantes del colectivo trans, de sindicatos y de Periodistas Argentinas, entre otros.

"Las mujeres son minoría en las redacciones, en las emisoras de radio y televisión", enfatizó la impulsora de la iniciativa, quien detalló que si bien "el 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres", solo "un 30% de las personas que trabajan en las empresas periodísticas son mujeres, y el 24% de las personas afiliadas al sindicato de prensa son mujeres".

La pampeana sostuvo que "la mirada de la mujer no es mejor que la del hombre, pero es diferente. Por lo tanto, creemos que tener esta equidad de género va a cambiar la mirada de los medios".

A continuación, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) -presidente de la Comisión de Medios- advirtió que el artículo referido a las sanciones podía resultar "un exceso" al incluir "la inhabilitación del funcionario" en caso del incumplimiento de la ley.

Por su parte, María Belén Tapia (UCR) consideró que "no se ha escuchado" al sector privado, y remarcó que "no es lo mismo tener un medio de comunicación en Capital Federal que en el interior". En ese sentido, la santacruceña explicó que la inclusión del colectivo lgbt puede resultar "un impedimiento" para medios pequeños de distintas provincias y se preguntó: "¿Estamos legislando algo que se va a poder cumplir en el país?".

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) alertó sobre el artículo referido a las sanciones y opinó que sería mejor impulsar "un mecanismo de promoción", al tiempo que coincidió que "en algunas localidades puede no haber posibilidad de incorporar el cupo trans", más allá de estar a favor de que la ley lo contemple.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) señaló que la iniciativa "claramente está incluyendo" a los medios privados, al expresar que "quedan alcanzados por las disposiciones de la presente todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y privado".

También afirmó que "la sanción de la inhabilitación de un medio es absolutamente extrema" e insistió en que hay medios del interior "donde hay solamente dos personas que trabajan". Por eso, sugirió escuchar a representantes de los medios públicos "con poca gente" sobre "la aplicabilidad" que tendría la norma.

Desde el oficialismo, Luenzo garantizó que en el proyecto "no estamos obligando a los medios privados a dar cumplimiento. No están obligados bajo ningún punto de vista". "Lo público está claramente diferenciado", dijo, al hacer referencia de que se trata de dos capítulos distintos.

Durante el debate, la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) consideró que debería incluirse que "el cupo sea cubierto cumpliendo con las condiciones de idoneidad; no discriminando, pero sí garantizando que no podemos tampoco, por imponer un cupo, no tener en cuenta que estamos hablando de medios". "La idoneidad es la capacitación mínima para cumplir un cargo", agregó.

Sobre el cupo para personas trans y del colectivo lgbt, la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos) manifestó que "incluir al colectivo trans y las disidencias es un avance enorme", mientras que su par Nancy González opinó que este punto, en relación a los medios del interior, es "algo que se puede subsanar en la reglamentación".

"Si en una localidad nadie (del colectivo) se presente, no pasaría nada", expresó y subrayó que "estos colectivos están en el interior del país y es donde más se le vulneran los derechos".

Para Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), "esta ley es más que necesaria". "A nosotras como mujeres se nos pide siempre como una doble prueba", sostuvo y criticó: "Me extraña mucho y me llama a la reflexión que el tema idoneidad haya sido de nuevo puesto sobre eje en la Banca de la Mujer".

"Claramente cualquier persona que quiera ingresar a trabajar a un medio va a tener que requerir idoneidad, lo que nosotros intentamos es que no se le exija el triple o el doble de idoneidad por su identidad sexual o género", añadió.

Hacia el final de la reunión, Durango, Luenzo y Rodríguez Machado acordaron en que se realicen las modificaciones sobre el artículo referido a las sanciones y una mejor aclaración de que los medios privados podrán "adherir" y no estar obligados, y de esta manera se pasó a la firma el dictamen.

Luego de la denuncia que presentaron ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, senadoras y senadores del Frente de Todos repudiaron los dichos del periodista "Baby" Etchecopar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la conformación de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

La correntina Ana Almirón (FdT) trajo el tema a la reunión, al pedir que se pudiera debatir a futuro sobre "la democratización de la comunicación y la responsabilidad que tienen los periodistas a la hora de emitir opinión".
"No puedo dejar de repudiar los dichos del periodista (sin nombrarlo) hacia nuestra vicepresidenta", dijo la oficialista y pidió avanzar en un debate al respecto para que "la libertad de expresión no se transforme en una libertad de violencia, sobre todo a las mujeres".

Desde la oposición, el salteño Juan Carlos Romero consideró que "más allá de opiniones imprudentes o agresivas, el valor de la libertad de prensa está por encima de otros valores". "Si bien es cierto que la perspectiva de género es muy importante, me parece que estamos cayendo en el riesgo de que cualquier opinión, que hace a la libertad de prensa y que involucre a una mujer, pueda considerarse que es un ataque a la Ley de Protección que existe", apuntó.

El jefe del interbloque Parlamentario Federal comparó entonces la tensa entrevista que mantuvo el presidente Alberto Fernández con la periodista Cristina Pérez y señaló que "fue muy duro". "No querría que en la comisión nos viéramos envueltos en limitar la libertad de prensa", advirtió.

Inmediatamente, el chubutense Alfredo Luenzo (FdT), quien fue elegido presidente, afirmó que se puede debatir sobre "los excesos" en este tipo de dichos, pero garantizó que "la libertad de expresión es una figura sagrada que siempre vamos a respetar".

"Lo peor que podríamos hacer es poner una comisión mordaza en el Senado, a donde cada vez que un periodista diga algo que no nos gusta, salgamos nosotros a reprocharlo", remarcó la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR), y agregó: "Bajo ningún punto de vista que se cercene la libertad de expresión de ningún periodista".

Por el Frente de Todos retomó la palabra la fueguina María Eugenia Duré, quien reveló que en su provincia se está trabajando sobre "la capacitación a los medios de comunicación y periodistas en lo que refiere la violencia hacia las mujeres", y es algo que se podría abordar desde la comisión.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, sostuvo que "hay algunas personas que hacen abusos de espacios de medios, que buscan escrachar o humillar a las personas, y eso nada tiene que ver con la comunicación social o el buen periodismo".

Y cargó contra Etchecopar, al decir: "Este periodista se especializa en la provocación, en la humillación, en la descalificación y en buscar la forma de despretigiar a las personas". "Estos abusos no pueden permanecer en los medios, prácticamente destrozando la reputación de las personas", completó.

Autoridades y conformación

En la reunión de este martes fue elegido presidente el chubutense Alfredo Luenzo (FdT). En tanto, como vicepresidente fue designado el pampeano Juan Carlos Marino (UCR) y como secretario, el jujeño Guillermo Snopek (FdT).

Luenzo aseguró que la comisión tendrá "una tarea muy intensa por delante" y expresó que la temática del teletrabajo es "un tema que nos urge". "El marco de la pandemia ha colocado a la conectividad en un eje central", señaló y pronosticó que habrá que "poner en función el debate sobre las plataformas digitales".

"El Estado tiene una tarea enorme por desarrollar de acá en adelante", dijo y agregó que "hay una agenda muy amplia y este contexto internacional la ha puesto como una necesidad inmediata".

La comisión quedó conformada por los senadores Alfredo Luenzo, Ana Almirón, Oscar Parrilli, Beatriz Mirkin, José Mayans, María Eugenia Duré, Guillermo Snopek, Dalmacio Mera, Mariano Recalde y María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos); Juan Carlos Marino, Silvia Elías de Pérez, Stella Maris Olalla, Oscar Castillo (Juntos por el Cambio); Juan Carlos Romero y Lucila Crexell (Interbloque Parlamentario Federal).