Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presididas por Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Gladys González (Pro-JxC), debatirá el próximo miércoles respecto de los procedimientos para un plan de cierre de minas y sobre presupuestos mínimos de protección ambiental ante esos casos.

El encuentro será desde las 17, en el Salón Illia, y se pondrán a la vista proyectos presentados por González, la catamarqueña Lucía Corpacci (FNyP-FdT) y el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT).

Al plenario fueron invitados a exponer Marcelo Murua Palacio, ministro de Minería de Catamarca, y Olga Teresita Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de esa provincia.

También están convocados Rodolfo Micone, profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales de la Faculta de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca; Mario Juárez, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas; y representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).

El Senado continúa a paso firme con la conformación de comisiones, retrasada para el comienzo del año parlamentario, pero no al nivel de lo que ocurre en la Cámara de Diputados.

A las 11 comisiones que ya hay constituidas (son 27 en total), se sumaron este miércoles dos más: Infraestructura, Vivienda y Transporte; y Minería, Energía y Combustibles.

La primera reunión que se realizó en el Salón Illia fue para elegir las autoridades de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que continuará en manos de la formoseña Teresa González (FdT), mientras que en la vicepresidencia resultó designada la mendocina Mariana Juri (UCR). El santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) será el secretario.

Tras agradecer haber sido reelecta, González señaló que esta comisión “como nunca adquiere una verdadera y justa trascendencia, tanto en la situación que está viviendo nuestra patria como la que está viviendo el mundo entero”. “La infraestructura, el transporte, son ejes fundamentales en materia de desarrollo de todos los pueblos”, agregó.

“Enfrentamos un desafío muy importante para todas las provincias, para todas las regiones”, expresó la oficialista y abogó por tratar proyectos que contribuyan “a una Argentina más inclusiva y más grande para todos y todas”.

Por su parte, Juri afirmó que “tenemos que ser capaces entre todos de encontrar ejes comunes”. “El tema de la federalización de los fondos públicos para los tres temas que convocan a esta comisión” es una de las cuestiones a tratar, consideró, como también “la grave crisis de política aerocomercial”.

En tanto, Lewandowski señaló que la comisión “tiene aspectos que para quienes representamos a las provincias son fundamentales”. En esa línea, sobre transporte, mencionó “la lucha que se viene dando por los subsidios” y las diferencias que existen entre el AMBA y las provincias. Y pidió “poner esas diferencias sobre la mesa para ser un país federal e igualitario”.

Asimismo, el oficialista resaltó que “la vivienda es una de las grandes deudas que tiene la democracia” y, en cuanto a la infraestructura en general”, apuntó que la pandemia puso al descubierto las dificultades en cuanto a la conectividad en la totalidad del país.

La comisión está integrada por los senadores del Frente de Todos Teresa González, Ana María Ianni, Carlos “Camau” Espínola, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Mariano Recalde, Maurice Closs y Marcelo Lewandowski.

Mientras que por Juntos por el Cambio se encuentran Beatriz Ávila, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Pablo Blanco, Alfredo De Angeli, Dionisio Scarpin y Luis Naidenoff. También son miembros las monobloquistas Clara Vega y Magdalena Solari Quintana.

Minutos después se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que también tendrá al mismo presidente que estuvo durante los dos años anteriores: el sanjuanino Rubén Uñac (FdT). En tanto, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) será vicepresidente y la neuquina Silvia Sapag (FdT), secretaria.

Al tomar la conducción de la reunión, Uñac agradeció a su bloque “por la confianza y la ratificación. Para mí es un grato honor presidir esta comisión”. “Espero que podamos trabajar en la generación de consensos y de esta manera emitir los mejores dictámenes”, expresó.

Fama aseguró que en su provincia “la minería es un hito fundamental” y “estamos viviendo un momento muy especial”, por eso “es importante para nosotros estar discutiendo” estos temas. También abogó por “los consensos que son tan necesarios para temas tan importantes del país”.

En la misma línea, Sapag apuntó a sacar “leyes que sean beneficiosas para toda la Nación, no solamente para Neuquén” y que “tengamos un buen desarrollo de la industria porque hay una buena legislación”.

Por el oficialismo integran la comisión Rubén Uñac, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, José Mayans, Sergio “Oso” Leavy, Martín Doñate, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Guillermo Snopek y Carlos Linares.

Por su parte, por Juntos por el Cambio fueron nombrados Eduardo Costa, Humberto Schiavoni, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Gladys González, María Belén Tapia, Lucila Crexell y Flavio Fama. La nómina se completa con el rionegrino Alberto Weretilneck.

Tras las elecciones PASO, el Senado retomó su actividad con un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, en el marco de una reunión informativa a la que asistió el secretario de Energía, Darío Martínez, para defender el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre promoción de inversiones hidrocarburíferas.

“El mandato ha sido muy claro por parte del presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) en cuanto a tener una herramienta legislativa que nos permita asegurar el autoabastecimiento, en este caso de hidrocarburos”, destacó el funcionario en el arranque de su exposición este miércoles.

En ese sentido, afirmó que “toda la normativa debe leerse entendiendo que el autoabastecimiento es la prioridad número uno. Resolver el mercado interno y luego de esto ir por un aumento de producción que nos permita generar saldos exportables y de esta manera conseguir divisas y fortalecer el Banco Central de la República Argentina, pero atravesado también por un esquema de sinergia entre trabajadores en sus puestos de trabajo y no suspendidos, por PyMEs incorporándose a una cadena de valor, y una industria nacional creciente, produciendo los bienes necesarios”.

Durante la reunión virtual, el neuquino subrayó que “las provincias que son las dueñas del recurso” figuran “administrándolo y fortaleciéndose en cuanto a ese aumento de producción va a ser reflejado en mayores regalías”, mientras que la Secretaría de Energía actuará como “un vehículo necesario” para la reglamentación de la ley.

Al explicar el proyecto, Martínez apuntó que los primeros artículos establecen esta idea de “ir por encima de la demanda del mercado interno y así conseguir esos saldos exportables”. “El producido de ese incremento y de esas exportaciones va a aumentar los ingresos y reservas del BCRA”, insistió.

“Garantizar el autoabastecimiento es un eje que atraviesa toda la normativa, lo mismo que promover el desarrollo regional”, enfatizó y remarcó la participación que tendrán las provincias, en cuanto se garantizan “sus derechos en cuanto a sus recursos y las potestades tributarias, por eso no se ha modificado ni hemos tocado nada de eso”.

Entre otros puntos, el secretario mencionó que la iniciativa promueve, en sus artículos del 67 al 73, “la perspectiva de género dentro del sector hidrocarburífero”. Además, busca “potenciar los planes de sustentabilidad energética”, de los artículos 62 al 66, algo que “para nosotros es fundamental”, sostuvo. En su exposición, también ponderó “la puesta en producción de pozos inactivos mediante un régimen de ventajas”.

“Estamos en un mundo de incertidumbre, con una pandemia y una economía global que tiene mucha incertidumbre”, expresó y, entonces, valoró que se apunta a “dar previsibilidad, estabilidad y reglas claras” con este régimen a 20 años, además de “la estabilidad tributaria federal”, de modo que “los que inviertan sepan que no se van a modificar las reglas de juego”.

Por otra parte, Martínez subrayó que se establece la “institucionalidad del plan Gas.Ar”, el cual “viene dando excelentes resultados”. “Hemos logrado frenar el declino que teníamos. Estamos con una producción por encima y 11.000 puestos de trabajo recuperados, con PyMEs sumándose. Se ha logrado un ahorro fiscal de 78 mil millones de pesos y 150 mil millones de dólares (divisas)”, añadió.

“Entre los beneficios adicionales que tienen los proyectos especiales están los cambiarios, los arancelarios con una reducción hasta del 40 por ciento de la importación de bienes que no se pueden producir acá que está entre los objetivos que se plantea el proyecto de ley, es decir, el desarrollo de la industria nacional también para exportar conocimientos, bienes y servicios. Y los tributarios que tienen una amortización acelerada en impuesto a las ganancias y devolución del IVA”, explicó y agregó que “todos los proyectos son importantes y el lugar dónde se desarrollan, la actividad por lo que los montos de inversión y los plazos son diferentes”.

De esta manera, procedió a detallar los proyectos y los costos de inversión de los cuales precisó: “Para Exploración y Sísmica para Explotación Convencional la inversión es de 6 millones en un plazo de 3 años. Para Refinación e Industrialización de Hidrocarburos en la cuenca de origen hay una inversión mínima de 10 millones en 3 años, para Almacenamiento Subterráneo de Gas 30 millones de dólares y plazo máximo de 3 años. Para GNL 50 millones de dólares en un plazo de 3 años, para Explotación de Petróleo y Gas Natural convencional 100 millones de dólares en 4 años”

En esta línea, continuó: “Para la Industrialización, separación, tratamiento, transporte y refinación de Hidrocarburos son 300 millones de dólares en 5 años. Para la Explotación de Origen no convencional tiene la mayor exigencia de inversión en un plazo de 5 años con 300 millones de dólares. En los no convencionales esta la mayor exigencia en costos y plazos”.

“Entre los objetivos generales del Gobierno de la sustentabilidad energética está crear un incentivo adicional a las empresas que presentan un plan de sustentabilidad energética y crear un fondo para desarrollar este tipo de proyectos”, destacó el secretario de Energía de la Nación e informó que “también la perspectiva de género atraviesa todo y es importante”, por lo que “se creó un fondo para becas de grado para perspectiva de genero que busca tener mas profesionales. Buscara facilitar tener esta perspectiva. Las empresas que presentan este tipo de plantilla tendrán reducción de aportes patronales”

Por último, Martínez manifestó que “lo que atraviesa todo es el incremento del Valor Agregado Nacional y hay que desarrollar que las Pymes se sumen a la cadena de valor de manera creciente”, y remarcó que la única modificación que se realizó a la Ley 17.319 es para que las provincias puedan realizar concesiones de almacenamiento subterráneo porque “no estaba la posibilidad y nos pareció una buena medida y hay varias provincias que están trabajando con eso. También se modificó la Ley 23.966 para establecer un impuesto que sea una alícuota”.

En un trámite veloz, el Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva ley de biocombustibles, a la que la Cámara de Diputados dio media sanción la semana pasada. Con todo, y atento a sugerencias surgidas desde todos los bloques, incluso del oficialismo, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, estableció un compromiso.

Lo hizo a propósito de observaciones hechas por ejemplo por el oficialista santafesino Roberto Mirabella, y expresó en ese sentido que “vamos a firmar el despacho, pero con la visión de que si existen aportes que podamos hacer, o en el caso de la propuesta que hizo el senador (Carlos) Caserio de un compromiso que se pueda tomar en el tema de la reglamentación” se atenderán esas cuestiones. “Vamos a firmar el dictamen, pero vamos a buscar en este tiempo el aporte necesario para ser justos en este esquema de la producción que la República Argentina necesita y de la generación de empleo que necesitan los estados provinciales. Y más después de esta crisis que estamos teniendo, en la que lo que más cayó fue el empleo”, agregó el senador formoseño.

Entre sus principales puntos, la iniciativa establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-, con un 6% para la caña de azúcar y otro 6% para el maíz.

La reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Rubén Uñac y Carlos Caserio -respectivamente-, contó este miércoles con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien defendió el proyecto, asegurando que contempla aspectos similares a la actual Ley 26.093.

En el arranque de la reunión, la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro), reclamó que el tema no pase por su comisión. En un sentido similar, el entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) observó la falta de intervención de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, el legislador propuso convocar a expositores, pero Uñac dejó clara la postura del oficialismo de avanzar con el dictamen este mismo miércoles.

“En unos días más nos quedamos sin marco regulatorio, la premura con la que estamos tratando el proyecto es por esas razones”, señaló el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en alusión a que el próximo 12 de julio vence la prórroga de la ley que el Poder Ejecutivo dispuso por decreto.

Al consultar a Martínez, De Angeli afirmó que con esta ley “se va a resentir la producción de maíz” y “va a haber menos bioetanol y mucha menos producción de maíz para alimento animal”, cuando esta materia prima “está en casi todas las provincias argentinas”. “¿Usted cree que va en contra o va a favor de la producción de maíz?”, le preguntó.

El secretario de Energía argumentó que el proyecto “mantiene el mismo corte que tenemos hoy, con lo cual no debería resentirse la producción”, por el contrario opinó que “sí creo que ha habido problemas cuando no tuvimos herramientas”.

Y al momento de la repregunta, De Angeli le planteó si él será quien “decida si aumenta o baja el corte”. “La autoridad de aplicación va definiendo el esquema permanentemente, hoy es así el esquema actual”, sostuvo el funcionario, que insistió con que “hemos utilizado como base el 12% que tiene hoy el bioetanol”.

Además, justificó: “Nos parece importante tener una diferenciación entre maíz y azúcar, porque no evolucionan de la misma manera, quizás el azúcar es más constante, y el maíz tiene vaivenes”.

A su turno, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) recordó que el Senado, por unanimidad, había decidido el año pasado prorrogar la actual ley y la Cámara de Diputados “una vez más desoyó, dejó de lado, ni siquiera tomó en cuenta la decisión que se había tomado”. “Lo que se necesitaba era una discusión profunda”, resaltó la radical.

La tucumana, que reconoció que “la caña de azúcar está salvaguardada” (cabe recordar que en Diputados los legisladores tucumanos de JxC votaron a favor), rechazó que la ley deje “en discrecionalidad de la autoridad de aplicación, sea quien fuere” la decisión de aumentar o bajar los cortes. “Hay un retroceso”, sostuvo y le preguntó sobre “el cambio en las emisiones de gases de efecto invernadero que tendría el país”.

Respecto a que “la autoridad de aplicación define el corte y precio es tal cual está en el régimen actual, tal cual está en lo que votaron ustedes en la prórroga”, argumentó Martínez, y “en cuanto a las emisiones, como es el mismo corte, no deberíamos tener ninguna diferenciación”, dijo.

Con fuertes críticas, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) aseveró que “esta ley no tiene consenso de todos los actores. Yo represento a una provincia que se va a ver tremendamente afectada por esta ley. En mi provincia no tiene el consenso”.

La macrista cuestionó la “discrecionalidad” que tendrá la Secretaría de Energía, al establecer la autorización “sin decir cuál es el criterio, de bajar solamente a quienes producen biocombustibles en base al maíz”.

“El campo en su conjunto ha recibido fuerte embate del kirchnerismo en todos los proyectos que presenta”, reclamó y consultó a Martínez “si hay previstos hacer aprietes a las empresas que presentaron cautelares”, algo que el funcionario rechazó al responder.

También muy dura, la radical Pamela Verasay (UCR) criticó que en la exposición de Martínez “no se ha escuchado el costo fiscal, el impacto en la balanza comercial” y “no se aportó un solo número al debate” ni tampoco “cuál es el sustento técnico” de la propuesta.

Mientras que la bonaerense Gladys González le replicó: “Esto es un retroceso en todos los aspectos que usted mencionó como positivos; no alcanzo a ver qué es lo positivo de esta norma”. “Es mentira que no estamos reduciendo, hoy el corte del biodiésel es del 10%, no es del 5%”, enfatizó, y consideró que al no subir los porcentajes de corte “vamos a quedar afuera del mundo” porque “el mundo está descarbonizando”.

En la reunión, recogió el guante por los dichos de Rodríguez Machado -aunque sin nombrarla- la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT), quien pidió que a la política de biocombustibles “la quitemos, la saquemos de la campaña electoral”. Y dijo que sobre la supuesta “posición en contra del campo” del peronismo “de ninguna manera puedo permitir que esto pase como una afirmación alegre”.

Por el contrario, la legisladora kirchnerista manifestó que es una afirmación “refutable, tanto desde el punto de vista conceptual como de los datos concretos”. “A los sectores productivos de nuestro país siempre le ha ido mejor con nosotros que con la oposición”, remarcó y apuntó contra “los campeones de la industrialización del país” que “se llevaron puestos en cuatro años 230 mil puesto de trabajo, 24.537 PyMEs y ni que hablar del poder adquisitivo de los salarios”.

Martínez insistió que el proyecto contiene similitudes con la actual ley

En su exposición inicial, el secretario de Energía recordó que la Ley 26.093 “fue empujada e iniciada por un expresidente (Néstor Kirchner) que venía de ser gobernador de una provincia petrolera. Sin embargo entendía ese diversidad que tiene nuestra matriz energética y la potencialidad de poder avanzar y generar energía y puestos de trabajo en nuestro país”.

“Ese sigue siendo el espíritu de este proceso: transición energética, generar recursos, cuidar y generar puestos de trabajo”, afirmó sobre el proyecto que en la Cámara baja impulsó Máximo Kirchner, el jefe de la bancada oficialista.

Para el funcionario, “era importante volver a tener un régimen que establezca un plazo que le dé un horizonte a los inversores, los trabajadores, las regiones y el sistema en general”.

“Estoy muy contento con el trabajo que se hizo en Diputados”, reveló y apuntó que “el vaivén de los precios hacía que, en algunos casos, (los productores) tenían corte pero no tenían precio, entonces las plantas no estaban trabajando”.

Y defendió que el actual esquema de precios fue lo que “les permitió a todos reactivar la actividad”. “Hoy los niveles de corte y precio han sido solicitados y consensuados por los sectores, para buscar la posibilidad de que hoy las plantas estén en plena producción”, agregó.

Martínez además insistió, en varios pasajes de su exposición, que los porcentajes de cortes son “los que tenía la ley” y consideró que esta norma permitirá que “las plantas sigan funcionando, se sigan modernizando y se mantengan los puestos de trabajo”.

Minuto de silencio por Reutemann

Minutos después de las 14, al conocerse la noticia del fallecimiento del senador santafesino Carlos Reutemann, el presidente del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, intervino en la reunión para pedir un minuto de silencio “en homenaje a esta gran persona que ha trabajado con nosotros”, al que todos los presentes en la reunión virtual se sumaron.

Más tarde, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) homenajeó al “Lole”, quien “fue dos veces gobernador de mi provincia, de la provincia de Santa Fe” entre 1991 y 1995, y de nuevo entre 1999 y 2003, y “fue electo senador nacional en cuatro oportunidades”. “Ocupaba una banca por el peronismo federal. Había sido electo por Cambiemos. Más allá de estar sosteniendo otro ideario político, no puedo menos que hacer un homenaje a quien fue electo por el pueblo santafesino en tantas oportunidades”, completó.

El oficialismo en el Senado avanzó con el trámite exprés del proyecto de ley que amplía el régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades del país al beneficio de tarifas diferenciales de gas, con reducciones entre un 30% y 50%.

Luego de la exposición del interventor del ENARGAS, Federico Bernal, se pasó a la firma la iniciativa que tuvo media sanción de Diputados el pasado 10 de junio. De esta manera, el Frente de Todos tiene previsto sancionar la ley la semana que viene en el recinto de la Cámara alta.

Durante un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, Bernal explicó que el régimen “se financia con un recargo sobre el precio del gas natural en PIST aplicable al volumen comercializado en el país que no puede superar el 7,5%. Actualmente el nivel del recargo se ubica en 4,46%”.

“Se prevé que para 2021 el recargo sea de 5,44%, un punto porcentual de aumento; esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios, un promedio de 0,5% por factura”, agregó y aclaró que “la propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional”.

El funcionario detalló los descuentos del 30% al 50% “dependiendo de la vulnerabilidad económica de los usuarios” y destacó que “el beneficio, que reconoce una demanda histórica, se extiende al 44% de los usuarios de gas por redes del país”.

En la actualidad, hay 849.965 beneficiados con el régimen que contempla a la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), al que con esta ley se sumarían “3,1 millones de nuevos beneficiarios, con lo cual pasamos a un total de 4 millones, con una potencialidad de incorporación de 181 mil usuarios”.

“De 10 provincias y 79 departamentos se pasa a 15 provincias y 231 departamentos, con la potencialidad de incorporar dos provincias (Tucumán y Catamarca)”, precisó el interventor del ENARGAS, que dijo que la clasificación de zonas bioambientales “nos han permitido fijar criterios para la incorporación de las nuevas zonas que se suman”.

En una exposición pormenorizada, Jorge Deferrari, gerente de distribución del ente, detalló las zonas incluidas de acuerdo a una norma del IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) de 2012.

Al respecto, Bernal informó que se “está trabajando en la actualización de estas normas”, porque la de 2012 “se basa en la recopilación de datos del acumulado de diez años atrás”. En esa línea, ejemplificó que la nevada registrada este miércoles en Córdoba Capital también se dio “en el sur de Punilla, que hoy por hoy no entra en la ampliación”.

“Este proyecto representa una contribución extraordinaria, inédita”, consideró, al afirmar que se trata de ver a “un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos”. “Tenemos una inmejorable oportunidad para adentrarnos en el debate de fondo que requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país”, continuó.

A modo de ejemplo, señaló que en el consumo promedio, una casa en una zona no fría gasta 850 pesos por mes, mientras que un hogar de similares características en una zona fría consume el doble, 1.500 pesos. A partir del ingreso disponible en hogares de zona fría por la reducción en la tarifa de gas, esos usuarios tendrán 650 pesos más por mes, 8.500 pesos más por año, para poder destinar “a educación, salud, ropa y calzado, alimentos, recreación y cultura”.

“La Argentina se colocará a la vanguardia mundial de países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos y está muy bien que así lo haga, para ser más precisos es una obligación que lo haga dado nuestra geografía”, expresó, y mencionó que “Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, tienen monumentales programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población”.

Para Bernal, “en Argentina no tenemos una tarifa diferenciada de invierno, pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior y entiendo que es único en los países de nuestras latitudes”. Sobre ello, dijo que “el reclamo histórico” de usuarios “no es porque quieran derrochar, sino que lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo”.

A través de la iniciativa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, se incluyen a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y La Rioja.

Con gráficos, el funcionario apuntó que la provincia de Buenos Aires “recibe 1,25 millones de nuevos usuarios por este beneficio, eso equivale al 31%” de los usuarios. En el caso de Córdoba, “la ampliación impacta sobre el 85% de usuarios de gas. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial”.

“Lo mismo para la provincia de Santa Fe: 76% de los usuarios de gas beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población”, añadió y ponderó que en el caso de Mendoza se alcanza “prácticamente al 99%” de los usuarios.

Para la provincia de Salta estarán contemplados “el 70% de los usuarios de gas por redes, 400 mil personas, el 28% de su población”; para San Juan, “el 91% de los usuarios, el 45% de su población”; y para San Luis “también casi la totalidad de los usuarios” con “300 mil personas, el 57% de la población”.

Los números de la gestión Macri

Al igual que sucedió en Diputados, el debate del proyecto se vio marcado por cruces entre oficialismo y oposición por la política tarifaria durante el gobierno de Mauricio Macri. “En los cuatro años del gobierno anterior el pueblo argentino fue empobrecido energéticamente”, lanzó Bernal.

Entre varias de las preguntas que hicieron los senadores, sacó el tema el neuquino Oscar Parrilli (FdT) que consultó sobre “cuál fue el porcentaje de aumento que hubo en gas de 2016 a 2019; cuál fue la inflación en ese período y el aumento de salarios; la cantidad aproximada de nuevas incorporaciones de usuarios de 2011 a 2015 y los que se incorporaron desde 2016 a 2019; y el índice de morosidad”.

Entonces, el funcionario recordó que durante la gestión de Cambiemos “el tipo de cambio, que se utilizó para actualizar las tarifas, pasó de 11 pesos a casi 60, es decir un incremento del 424%; el índice de precios internos al por mayor se elevó 340%; el IPC -inflación-, se incrementó aproximadamente un 300%. Los salarios no acompañaron los incrementos de precios, subieron un 215%”.

Sobre la suba de las tarifas, el interventor del ENARGAS remarcó que de diciembre de 2015 a 2019 aumentaron un “1.000% para residenciales y 3.150% para PyMEs”. “El incremento sideral de las tarifas y la asfixia en materia económica que registró el país y el mercado interno implicó, en cuanto a nuevos usuarios incorporados, que entre 2016 y 2019 se consiguiera el mínimo histórico de 410 mil”.

Además, “se desconectaron 13 mil pequeñas y medianas empresas del sistema de redes” y la morosidad de “usuarios residenciales endeudados por no poder pagar se incrementó 1.283% entre 2015 y 2019, más de 3,1 millones usuarios residenciales endeudados. De cada 10 hogares, cuatro terminaron endeudados por no poder pagar la tarifa. Y de cada 10 PyMEs, cinco terminaron endeudadas”.

Hacia el final de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, la mendocina Pamela Verasay (UCR), lamentó que no asistieran funcionarios de la Secretaría de Energía, porque esta medida “impacta en toda la matriz energética del país” y también subrayó que “hubiera sido correcto que el ENARGAS ya estuviera normalizado para poder opinar de una manera independiente sobre el tema”.

En ese sentido, la radical criticó haber escuchado “muchos descargos de una gestión contra la otra” y no preguntarse “en qué momento Argentina perdió el desabastecimiento energético y cuándo empezaron los problemas estructurales, porque la energía afecta a la economía y la balanza comercial”.

Sobre el proyecto, la senadora observó que “no determina en su articulado la forma en que se va a aplicar el subsidio a las personas que hoy tienen gas por garrafa. No hay gas más caro que el que paga una persona que está por fuera de la red”. “Hay una caída de usuarios no solo desde la gestión pasada, sino desde 2007“, afirmó, cosa que negó Bernal, quien volvió a repetir las cifras durante el gobierno pasado, “los peores indicadores de la historia”.

En respuesta a Verasay sobre el costo fiscal de la ley, el funcionario dijo que “los 5.000 millones de costo fiscal que tendría el Fondo Fiduciario son los 5.000 millones que se obtienen del recargo” de un punto porcentual sobre el precio del gas natural en PIST. “Esos 5.000 no los tiene que poner el Estado, vienen de la recaudación por ese recargo. Aproximadamente la mitad va a provenir de CAMMESA. No hay subsidio cruzado, porque no va a haber un incremento de las tarifas de electricidad”, argumentó.

No conforme, la legisladora advirtió que “la diferencia la va a complementar CAMMESA, deficitaria, ¿significa que lo vamos a pagar cómo? ¿Todos?”. “Esos miles de millones que faltan para implementar la medida hay que aclararlos”, reclamó.

En el cierre, otra mendocina, pero en este caso la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (FdT), disparó contra los senadores de Juntos por el Cambio: “No pueden decir que no están de acuerdo con este proyecto de ley porque saben que beneficia a muchos argentinos, incluso a las provincias que representan”.

La senadora enfatizó que en la gestión de Cambiemos “se dolarizó la tarifa, se dolarizó uno de los principales precios de la economía, se llevó a la pobreza energética a más de 3 millones de personas, y hubo una transferencia fenomenal del bolsillo de cada unos de los argentinos y argentinas a grandes empresas y grandes poderosos de la Argentina, que además fugaron esos dólares que hoy nos faltan”.

Para Fernández Sagasti, los legisladores de Juntos por el Cambio tienen “la oportunidad de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente, como no hicieron cuando votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos”.

“Esta ley es una de las leyes más importantes de los últimos 40 años para la provincia de Mendoza. Es un reclamo histórico de la provincia. Estoy feliz de poder votar esta ley”, completó.

El Frente de Todos en el Senado buscará este miércoles emitir dictamen favorable del proyecto de ley que amplía el régimen de zona fría, y tiene como objetivo la rebaja en las tarifas de gas para distintas localidades de varias provincias del país.

La iniciativa -que tuvo media sanción de Diputados la semana pasada por 190 votos positivos, 16 en contra y 43 abstenciones- se debatirá a partir de las 12 en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Rubén Uñac y Carlos Caserio, respectivamente.

El encuentro, que será de manera remota, contará con la participación de Federico Bernal, interventor del ENARGAS, quien también expuso días atrás en la Cámara baja. Tras su participación, el oficialismo pasará a la firma el dictamen para poder aprobarlo en el recinto la próxima semana.

El proyecto sumará al beneficio, del que ya goza la región de la Patagonia, a la provincia de Mendoza (en su totalidad) y a distintas localidades de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba y Santa Fe. Además, estarán alcanzados 54 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2031 el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), aumentando de esta manera los departamentos y localidades del país con temperaturas bajas.

Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad.

En las nuevas zonas, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.

El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.

Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.

En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.

Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.

Por otra parte, se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios previa revisión integral cada dos años, como plazo máximo, y con previo dictamen técnico emitido por el ente regulador.

Asistencia a transportistas escolares

Previo al plenario, a las 11, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará un proyecto con media sanción de Diputados que busca garantizar la asistencia a transportistas escolares de la región del AMBA, a través de la modificación de un artículo del Presupuesto Nacional.

La iniciativa propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto -impulsado por la diputada María Luján Rey (Pro)- se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.

Durante una breve reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, oficialismo y oposición coincidieron en citar en el corto plazo al secretario de Energía, Darío Martínez, para que brinde respuestas e información sobre los proyectos que el Gobierno tiene pensado impulsar en materia energética.

El sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), ratificado como presidente de la comisión, confirmó que se le cursará una invitación al funcionario, porque “creemos que hay temas muy interesantes” para abordar.

“Nosotros sancionamos por unanimidad el año pasado la prórroga de la ley de beneficios y promociones de los biocombustibles, que está en Diputados con media sanción y esperando qué se va a hacer. Todos sabemos que desde el Poder Ejecutivo se está trabajando en una reforma integral o casi integral de la ley. Todos estamos pendientes de esta situación”, sostuvo.

Además, el oficialista abogó por un año “más agitado en cuanto trabajo” respecto del anterior, a raíz de “los anuncios que hizo el presidente de los proyectos que enviará al Congreso” sobre electromovilidad, hidrocarburos y emergencia de los servicios públicos. En ese sentido, dijo que habrá que “darle la premura a todos estos temas”.

Por su parte, la mendocina Pamela Verasay (UCR) resaltó que “tenemos un desafío sumamente interesante de poder motorizar esta comisión pensando en la idea tan importante como es rediscutir la ley de hidrocarburos”.

“Y en particular en el Senado, sabiendo que estamos hablando de una competencia donde claramente el federalismo tiene que tener participación, opinión, justamente para respetar la soberanía de las provincias en materia de recursos no renovables”, agregó la radical.

También, la senadora, que continuará como vicepresidenta de la comisión, señaló que “sería buena la visita de los funcionarios del área de Energía, sabiendo que ya se han cerrado las dos audiencias públicas en materia tarifaria”, y ante los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre los aumentos segmentados que habrá este año en luz y gas.

Verasay consideró que es necesario abordar la discusión de la energía “no solo como materia de servicio para los consumidores, sino también para la industria, y también pensando que es una de las causales de los grandes déficit en Argentina”. Por eso, llamó a debatir “ideas que nos hagan crecer y nos hagan mirar y marchar para adelante”.

A su turno, el salteño Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos), que seguirá como secretario de la comisión, destacó que en su provincia se constituyó recientemente “la mesa del litio” y afirmó, además, que “hay mucho trabajo para hacer con respecto al petróleo y también a los biocombustibles, que todavía no logramos que la ley se ratifique en la Cámara de Diputados”. “En las provincias del NOA causa un efecto multiplicador” esta industria, remarcó.

“Una nueva ley de hidrocarburos nos tiene que encontrar a todos, más allá de nuestros colores políticos, trabajando juntos por los intereses de nuestros recursos naturales, de nuestras provincias, y también por una actividad tan valiosa e importante”, expresó durante el encuentro la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos).

Senadores del interbloque Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Silvia Elías de Pérez, le enviaron una nota a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que solicitan se constituya la Comisión de Minería y Energía, para comenzar a debatir sobre la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

Elías de Pérez consideró que esta iniciativa “es urgente” porque “estamos a pocos meses de que se venza el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles y el sector se encuentra en una incertidumbre sobre cuáles serán las reglas de juego en las que podrán desenvolverse”.

“La Ley de Biocombustibles fue sancionada en 2006 y estableció un régimen de promoción por 15 años que alentó́ inversiones, producción y consumo”, recordó la tucumana y agregó que “hay otros beneficios indirectos, como el de ciudades que ya tienen un avanzado proceso de aplicación del biodiesel a sus flotas del transporte público urbano. En Rosario, por ejemplo, hay 800 colectivos que operan con biodiesel al 100%”.

La legisladora de la oposición señaló que “la prórroga del régimen ha sido solicitado por los diversos sectores de la actividad”, y que “incluso a fines de abril hubo un compromiso público del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para acompañar dicha medida”.

“El régimen que se estableció en 2006 fue una acertada decisión que abrió́ un horizonte de oportunidades en el campo de la bioenergía, que se ha traducido en varios e importantes logros. Pero este proceso está en serio riesgo de colapso, la situación nacional y la complicada situación específica del sector genera un congelamiento de inversiones para este grupo que impulsa diversas economías regionales. El inminente vencimiento de la ley torna necesario que este Congreso sancione una prórroga que asegure al sector que las reglas de juego no van a cambiar en el corto plazo”, argumentó.

La nota dirigida a la presidenta del cuerpo fue firmada por Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni, Alfredo de Angeli, Mario Fiad, Pamela Verasay, Claudio Poggi, Gladys González, Julio Martínez, Silvia Giacoppo, María Belén Tapia, Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Pedro Braillard Poccard, Julio Cobos, Martín Lousteau, Juan Carlos Marino, Stella Olalla y Víctor Zimmerman.